Sentencia 3049 de marzo 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 1500123310002000295202

Rad. int. 3049

Consejero Ponente:

Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

Actor: José Antonio Cortés Higuera y otros. Acumulado: 2949, 2950, 2951, 2952.

Apelación sentencia.

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo establecido en los artículos 128-13 y 231 del Código Contencioso Administrativo, tal como lo autoriza el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998. Las demandas se presentaron dentro del término señalado en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo.

Antes de iniciar el análisis del asunto objeto de decisión advierte la Sala que contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, tanto el demandante como uno de los demandados presentaron recurso de apelación; sin embargo, en el auto de 5 de noviembre de 2002 esta Sala admitió el recurso interpuesto por el señor Marco Tulio Leguizamón Roa, pero guardó silencio respecto del presentado por la señora María Helena Fernández Ricaurte y la demandante no sustentó el recurso, ni apeló el auto conforme lo dispone el artículo 251 del Código Contencioso Administrativo, y por lo tanto quedó en firme. No obstante dado que el recurso fue interpuesto en tiempo, en salvaguarda del derecho constitucional de acceso a la justicia, dicha apelación será estudiada en esta instancia.

El asunto previo

Las excepciones

La Sala, en reiterada jurisprudencia (1) , ha determinado que en los procesos contencioso administrativos las excepciones propuestas se deciden en la sentencia conforme lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo; hechos como la falta de los presupuestos procesales de la acción o de la demanda, requeridos para que el proceso se desenvuelva válidamente y que en el proceso civil constituyen las denominadas excepciones previas, conforme a lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 del Código de Procedimiento Civil, constituyen impedimentos procesales que en el proceso electoral se deciden en la sentencia.

(1) Ver, entre otras, sentencia de 7 de marzo de 2002, expediente 2818. Sentencia de 8 de febrero de 2002, expediente 2785.

Con las anteriores precisiones se procede al examen de aquellas propuestas por los demandados en la contestación de la demanda.

“Inepta demanda” Expediente 2951 (fl. 69)

La sustenta en el hecho de que la demanda no incluyó el acápite de concepto de violación ni los fundamentos de derecho en que se apoya y por lo tanto, no se cumplieron los requisitos previstos por el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Al respecto la Sala constata que es cierto que la demanda no contiene un capítulo específico con estos dos temas, pero en su desarrollo el demandante precisa las normas que considera violadas y las razones de dicha transgresión que permiten entender las razones de su inconformidad frente al acto acusado: si bien la demanda carece de rigor técnico, el mismo no es muy estricto en relación con este tipo de demandas por tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona; por lo tanto, no le asiste razón al demandado.

“Falta de individualización del acto acusado”. Expediente 2952 (fl. 91)

Considera que se omitió individualizar el acto acusado con lo cual se contravienen los artículos 229 y 138 del Código Contencioso Administrativo. A folio 44 del expediente se observa que el demandante individualiza con precisión el acto acusado lo cual demuestra que no es cierto lo aseverado por el demandado.

“Indebida acumulación de pretensiones”, expediente 2950 (fls. 256, 275, 289)

Las razones de los demandados son de un parte, que al no haberse individualizado el acto acusado, la demandante dio lugar a una exagerada acumulación de pretensiones que contraría los artículos 138 y 229 del Código Contencioso Administrativo; además, que como pretende obtener una curul en la asamblea departamental que le fue negada por el acto acusado, se está frente a un restablecimiento del derecho, porque en este evento desaparece el carácter público de la acción para convertirse en un interés particular.

La Sala constata que el acto acusado se encuentra individualizado en la demanda razón por la cual el fundamento de la alegación desaparece. Además las pretensiones expuestas en la demanda tienen como finalidad obtener la declaración de nulidad del acto de elección de los diputados del departamento de Boyacá para el período 2001-2003, y se advierte que las pretensiones de la demanda que obran a folio 198 y 199 del expediente no se orientan a que en la sentencia se le otorgue a la demandante el derecho a ser elegida diputada del departamento, sino, como ya se dijo, a la nulidad del acto de elección, la práctica de un nuevo escrutinio y el otorgamiento de la credencial a quienes resulten elegidos, razones suficientes para desestimar la solicitud del demandado.

“Falta de valor probatorio de los documentos aportados como soportes de la demanda” (Exp. 2950, fl. 275)

Como fundamento aduce el demandado que el actor allegó copia simple de las actas electorales y de escrutinios, documentos que carecen de autenticación de las autoridades competentes y por lo tanto de valor probatorio, quedando sin sustento la supuesta alteración de los resultados electorales.

Al respecto se precisa que los hechos planteados no constituyen en rigor una excepción (otros hechos orientados a extinguir, modificar o posponer la exigibilidad de la pretensión) sino alegaciones sobre el valor probatorio de los medios de prueba allegados al proceso que deberá ser calificado por el juez en la decisión del asunto de fondo.

“Falta de competencia por no agotamiento de la vía gubernativa”

Se fundamenta en el hecho de que como el demandante no interpuso el recurso de apelación ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, según lo dispone el artículo 139 del Código Electoral, el tribunal no es competente para conocer del asunto pues no se trata de una acción pública de nulidad fundamentada en las causales expresas del artículo 223 del C.A.A., sino en la reclamación encaminada a impugnar el acto administrativo que resolvió en forma negativa las reclamaciones efectuadas por el demandante.

Para la Sala es claro que la acción incoada por el demandante es la electoral que pretende la nulidad del acto administrativo que declaró la elección de los diputados del departamento de Boyacá para el período 2001 a 2003, como también lo es que no existe normatividad que establezca como requisito previo para acudir en acción electoral, el agotamiento previo de la vía gubernativa, precisamente por tratarse de una acción pública.

Sobre el tema, esta Sección se pronunció en los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa sólo es exigible cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo, de contenido particular y se pretende el restablecimiento de un derecho. En otras palabras, el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto de la acción, es imperativa en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y no en la acción de nulidad de carácter electoral. En efecto, ha sido criterio uniforme de esta Sección afirmar que en los procesos electorales no hay lugar al agotamiento de la vía gubernativa, puesto que el acto administrativo de contenido electoral involucra el interés general que subyace a la elección o el nombramiento que la demanda reprocha” (2) .

(2) Sección Quinta. Sentencia de 8 de febrero de 2002, expediente 2575.

Las excepciones denominadas por el demandante: “Inexistencia de causales de nulidad alegadas por la actora, de adulteración, determinación o sumatorios de los datos electorales recopilados y/o sufragados tanto por los electores, como por las diversas registradurías municipales” (exp. 2950 fls. 241, 248 y 256); “No determinar la norma actual vigente artículo 299 de la C.N., adicionada y aclarada por el acto legislativo N° 1 de 1999 en su artículo 1º” porque la norma en mención no especifica ni cuantifica aumento de población frente a la integración de las dumas departamentales y no existen justificación para que se incrementen” (exp. 241, 248 y 256), “Improcedencia de la causal de nulidad del acta de escrutinio alegada por el accionante” (Exp. 2949, fl. 66), “Inexistencia de causales constitucionales y legales inhabilitantes para que un trabajador particular pueda ser elegido diputado” (Exp. 2949, fl. 66); “Inexistencia de la calidad de empleados públicos de los señores Héctor Ángel Ortiz Núñez y Jairo Armando López Nieto” (Exp. 2949, fl. 66), “Inexistencia de la calidad de servidor público” (Exp. 2951, fl. 77); “Inexistencia de inhabilidad'' (Exp. 2951, fl. 78); “excepción de petición antes de tiempo” (Exp. 2951, fl. 78); constituyen negaciones destinadas a controvertir el fondo del asunto a decidir y por lo tanto serán parte de dicho análisis.

El asunto de fondo

Los demandantes pretenden la nulidad del acto que declaró la elección de los diputados del departamento de Boyacá para el período 2001 a 2003 porque se presentaron irregularidades en varias de las mesas de votación, como también, porque algunos de los diputados que resultaron elegidos se encontraban incursos en causales de inhabilidad.

Procede la Sala a analizar los temas que fueron materia de la demanda presentada por la demandante señora María Helena Fernández Ricaurte.

1. Apelación presentada por la señora María Helena Fernández Ricaurte. Expediente 2950.

Primer cargo

Se presentaron irregularidades en varias mesas de votación en los municipios de Boyacá, al consignarse los datos en los formularios E-14 por parte de los jurados de votación, con lo cual se incurrió en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Al expediente se aportaron, entre otros, las actas de escrutinio de los jurados de votación formularios E-14, los formularios E-13 “Acta de instalación del jurado de votación y de constancias sobre el escrutinio”, el acta general de escrutinio municipal de algunos de los municipios y la diligencia de inspección judicial ordenada por el a quo, en la cual estuvieron presentes la demandante y su apoderado, los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 10 de los diputados demandados con el fin de revisar los formularios E-14 de los municipios de Samacá, Tunja, Jenesano, Ventaquemada, San Luis de Gaceno, Güicán, Duitama, Puerto Boyacá, Turmequé, Garagoa, San José de Pare, Sáchica, Chitaraque, La Capilla y Nuevo Colón que reposan en la delegación departamental de la registraduría y cotejarlos con los que se encuentran en el expediente para determinar si se presentaron las irregularidades denunciadas en la demanda.

Del análisis de los mencionados documentos se observa lo siguiente:

En el municipio de Samacá:

a) Dice el demandante que la suma de los formularios E-14 tiene una diferencia con el acta de escrutinio final de 59 votos más para el candidato Marco Antonio Moreno López (N° 131), votos que no son ciertos sino falsos.

b) Que existen dos actas de escrutinio una con fecha 30 de octubre de 2000, con una votación para el Nº 131 da 1.359 votos y otra posterior al escrutinio departamental con una votación para el Nº 131 de 1.418 votos o sea con fraude de 59 votos más.

c) “Con el ultimo reporte de fecha 9 de noviembre de 2000, la suma total de votos da 4.403; restándole las sumas de los formularios E-14 sin corregir los errores o enmendados, nos darían una diferencia de 111 votos menos, porque daría 4.292, corrigiendo los errores aritméticos sin tener en cuenta los enmendados daría realmente un total de votos en Samacá de 4.136 con una diferencia de 267 votos”.

d) Tenemos varios datos enmendados para el N° 131, nos borraron el dato de la zona 00, puesto 00, mesa 5, para el Nº 111.

e) “En varios formularios E-14 se encuentra una X frente al Nº 131 y a las carpetas no marcadas apreciándose el arreglo de los datos del Nº 131 especialmente.

f) “Hay casi en todos los formularios E-14 errores en las sumatorias (sic) que corregir (sic) porque no coinciden.

g) “Las tarjetas no marcadas según el reporte del 9 de noviembre de 2000 no tienen número de tarjetas no marcadas y según el del 30 de octubre de 2000 es 887 y en los formularios E-14 éstas suman 937 con una diferencia de 60 tarjetones no marcados y según el E-24 las tarjetas no marcadas dan 926 con una diferencia de 11 tarjetas no marcadas”.

Sobre los cargos formulados, se pudo verificar de la suma de los votos contenidos en los formularios E-14 para las 22 mesas del municipio de Samacá correspondientes al candidato 131, que el total es de 1.359 votos; no obstante lo anterior, a folios 305 a 308 del anexo que contiene el acta general de escrutinio municipal, de fecha 31 de octubre de 2000, se dejó constancia por parte de la comisión escrutadora sobre las inconsistencias encontradas en el diligenciamiento de los formularios y conteo de la votación para este municipio. En el acta se lee que en la votación para asamblea departamental al candidato 131, en la mesa 9 se le anotaron 53 votos y el número correcto era de 56: en la mesa 13 se le habían anotado 6 votos y el número correcto es de 61 y en la mesa 20 tenía anotados 55 votos y el número correcto es 56; esto explica la diferencia de los 59 votos que el demandante dice que se le registraron de más. De otra parte, en la diligencia de inspección judicial también se detectó esta situación, tal como se hizo constar a folios 433 del expediente (cdno. 1) cuando se hizo la revisión de la mesa Nº 13, así: “Se verificó que el original coincide con la copia y su sumatoria arrojó un total de 269 votos los que una vez verificados por la funcionaria de la registraduría da un resultado de 214, es decir, que hay una diferencia de 55 votos”, es decir los mismos que en dicha mesa, la comisión escrutadora municipal detectó se habían dejado de anotar en los formularios E-14, al candidato Nº 131.

Estos hechos no comportan irregularidad alguna que pueda dar lugar a la nulidad de los registros electorales, pues precisamente la función de la comisión escrutadora es revisar los documentos electorales y corregir los posibles errores en que hayan incurrido los jurados de votación.

Sobre las enmendaduras que el demandante dice se presentaron en los formularios E-14 para el candidato Nº 131, se observa que en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de haberse presentado una tachadura en la mesa Nº 9, hecho que pudo comprobarse con el formulario que se aportó al expediente, como también, que existe una enmendadura en la mesa 4 para este candidato. Sin embargo, estos hechos por sí solos no constituyen causal de nulidad sino de reclamación que debió agotarse en la instancia administrativa ante las autoridades electorales.

La afirmación del demandante en relación con el hecho de que se borraron los datos del candidato Nº 111, no es cierta, porque se constató que tiene anotados 8 votos a su favor, aunque el número se encuentra corregido (fl. 1517 del anexo de formularios E-14).

El detalle de la letra X que se observa escrito en las mesas 4 y 20 es un hecho que puede obedecer al proceso de cotejo que hacen los jurados para contar los votos, pero que de ninguna manera constituye por sí solo causal de nulidad de los registros electorales.

El cargo de errores en la suma de los formularios E-14 no puede estudiarse como causal de nulidad porque fue formulado en forma general y en tales condiciones no es posible hacer pronunciamiento alguno. Tampoco existe cargo respecto de las tarjetas electorales.

2. Municipio de Tunja.

El demandante manifiesta los siguientes cargos:

“a) Hay tarjetas E-14 con números repisados especialmente para el Nº 121, pues hay números muy diferentes a los otros, que se venían haciendo, el caso de la mesa 12, puesto 01, zona 01”.

“b) No concuerdan los resultados totales con el acta final”.

“c) Corrigieron formularios del E-14 sin arreglarlos en el espacio abajo y firmar (sic) los jurados”.

“d) Ver formularios zona 01, puesto 02, mesa 9”.

“e) Ver formulario E-14, zona 90, puesto 01, mesa 16 el total de votos 150, tarjetas no marcadas igual a 150”.

“f) Al sumar los E-14 tarjetas no marcadas igual 3.279 y según el E-24 igual a 3.158, con una diferencia de 121 tarjetas de diferencia o sea tarjetones”.

Sobre las enmendaduras que el demandante dice se presentaron en el formulario E-14 de la mesa 12 de la zona 1, puesto 1, del municipio de Tunja, se procedió a examinar el formulario E-14 de esta mesa que obra a folio 13 del anexo que contiene las actas de escrutinio municipal, y se constató que no hay tachadura ni enmendadura para el candidato Nº 121; en dicho formulario se ha registrado en forma clara un total de 8 votos, por lo tanto, no le asiste razón al demandante.

Las afirmaciones del demandante relacionadas con el literal c) no precisan en qué mesas de votación se presentaron las inconsistencias de los resultados totales con el acta final, ni respecto de qué candidatos, y en qué número, por lo tanto, no puede considerarse como un cargo que conlleve a su análisis.

Sobre los literales d) y e) se procede a analizar lo pertinente a las mesas 9 de la zona 01 del puesto 02 y 16 de la zona 90 del puesto 01, con el fin de establecer si en ellas se presentan las irregularidades indicadas por el demandante.

Mesa Nº 9 de la zona 01 del puesto 02

En el formulario E-14 aportado al proceso y que obra a folio 130 del anexo de formularios E-14 para el municipio de Tunja, se aprecia que en las casillas de los candidatos 121 y 122 el número escrito no es claro pero corresponde a los números 8 y 6 respectivamente, hecho que se constató en la diligencia de inspección judicial (fl. 509, cdno. 1); en ella se dejó constancia que al sumar los votos del E-14 el resultado es de 210 votos que coincide con el totalizado en el mismo formulario.

Mesa Nº 16 de la zona 90 del puesto 01

Revisado el formulario E-14 allegado al proceso (fl. 68 del anexo de formularios E-14, municipio de Tunja) en él aparecen anotados los votos correspondientes a cada candidato sin enmendadura alguna. Al contabilizar los votos su total es de 150, que corresponde al número que fue registrado en este formulario, sin embargo aparece en la casilla de tarjetas no marcadas el número 150, lo cual es evidente que corresponde a un error de los jurados de votación al hacer la anotación del total de los votos, porque no es lógico que si se anotaron votos para cada uno de los candidatos a la vez se esté registrando que ninguna de las tarjetas fue marcada. Este hecho debió ser materia de reclamación por parte de los interesados ante las autoridades electorales, pero el hecho por sí solo no constituye causal de nulidad de la elección.

Sobre el cargo del literal f) se procedió a sumar los números registrados en las casillas de tarjetas no marcadas de los formularios E-14 de todas las mesas de Tunja y se contaron 3.139 tarjetas no marcadas sin sumar las 150 de la mesa Nº 16 de la zona 90 del puesto 01, que como ya se mencionó, corresponden a un error de los jurados de votación; tampoco se sumaron los registros de la mesa 1 de la zona 1 del puesto 2 y de las mesas 21 y 26 de la zona 90, puesto 1; porque la fotocopia del formulario E-14 aportada al plenario no está completa. La cifra de 3.139 que se constató se aproxima bastante a la registrada en el formulario E-24 de 3.158, con una diferencia de tan solo 19 tarjetas no marcadas que pueden corresponder a aquellas que no pudieron ser contabilizadas por las razones expuestas.

El hecho no es constitutivo de causal de nulidad de la elección y debió ser materia de reclamación ante las autoridades administrativas competentes.

3. Municipio de San Luis de Gaceno.

La inconformidad del demandante en este municipio se refiere a los siguientes hechos:

“a) Al verificar la sumatoria (sic) de los E-14 para el candidato Nº 131 hay una diferencia de 30 votos menos porque los E-14 suman 564 votos y el acta de escrutinio 594 votos para el Nº 131”.

“b) Tenemos también formularios E-14 con datos enmendados en el formulario E-14 de la zona 00, puesto 00, mesa 8, hay varios errores (sic) corrigen el Nº 121 y en los datos de votos en blanco, nulos y tarjetas no marcadas las escriben en la columna de los votos 0 y en el número le colocan un valor que no tienen en cuenta para el dato total de votos”.

“c) Se observan números como borrados y corregidos en varios formularios E-14”.

Sobre la acusación formulada en el literal a) se procedió a la contabilización de los votos contenidos en los formularios E-14 para el candidato Nº 131 y se comprobó que suman 594 votos, los mismos que el demandante dice fueron consignados en el acta de escrutinio, la cual no se allegó al proceso; por lo tanto, el cargo no prospera.

Se revisó el formulario E-14 de la mesa 8 zona 1 puesto 1 de este municipio y se pudo constatar que los números se encuentran repisados para los candidatos Nº 121 a quien se le anotaron 3 votos y para el 124 a quien se le registró 1 voto; igualmente se observa que los votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas se anotaron en la casilla contigua, situación que también fue establecida en la diligencia de inspección judicial (fls. 455 y 456 del cdno. 1) pero la suma de todos los votos da un total de 167, los mismos que se anotaron en el formulario E-14.

Los hechos reseñados no constituyen por sí solos causal de nulidad de la elección; se aprecia en defecto de prueba en contrario, que ellos obedecen a error de los jurados al hacer las respectivas anotaciones y los mismos debieron ser objeto de reclamación ante las autoridades electorales tal como lo ordena el Código Nacional Electoral.

Sobre el hecho que se acusa en cuanto que aparecen números borrados y corregidos en los formularios de las diferentes mesas de este municipio, se observa que en la diligencia de inspección judicial, al revisar los formularios E-14, se dejó constancia de la existencia de números repisados, cifras que aparecen consignadas en tinta y lápiz registrándose una diferencia que no es más de 1 voto; estas irregularidades no evidencian fehacientemente una actitud dolosa y debieron ser materia de reclamación ante las autoridades electorales, pero esto no se hizo por parte de los interesados.

“4. Municipio de Güicán.

“a) Los formularios E-14 en su gran mayoría quedan sin llenar porque no les escriben 0 raya, ni tampoco el número de votos en blanco, ni marcados lo cual aparece igual en los formularios E-24”.

El demandante no concreta el cargo, cuya generalidad impide estudiarlo.

“5. Municipio de Duitama.

“a) En el reporte 29 es 793 votos, en el reporte noviembre 789 votos, en el 10 Nº 789 ¿cuál es el verdadero?”.

El hecho expuesto no puede considerarse como un cargo, en la medida en que no es claro si se refiere a los reportes de los boletines informativos que no constituyen documentos electorales y sobre los cuales no es procedente hacer pronunciamiento alguno.

“Municipio de Puerto Boyacá.

“a) Según la sumatoria (sic) de los formularios E-14, las tarjetas no marcadas igual 2.761, según el E-24 igual 2.815, con una diferencia de 54 tarjetones”.

En el formulario E-24 aparecen registrados 2.479 votos (fl. 326 cdno. 1) y se sumaron 2.811 tarjetas no marcadas, pero el cotejo de estos guarismos no conlleva a ninguna conclusión ni constituyen causal de nulidad de la elección.

Municipio de Ventaquemada

Mesa Nº 1

Señala el demandante que “Con referencia a la asamblea el candidato Nº 124 fue repisado. Igualmente el Nº 131, la caligrafía del número uno (1) es diferente con respecto a los demás. Las tarjetas no marcadas están repisadas con lápiz rojo el original según observamos”.

Del contenido del documento allegado al proceso se aprecia que el número de votos del candidato Nº 124 de esta mesa se encuentra enmendado (fl. 1957 del anexo de formularios E-14) pero no es posible constatar en el formulario E-14, los demás aspectos que indica el demandante. En la diligencia de inspección judicial se dejó la constancia de este hecho como también de haberse verificado el número de votos obtenidos en esta mesa el cual corresponde al que se anotó en el formulario E-14 (fl. 438 cdno. 1).

Las enmendaduras y tachaduras no constituyen por sí solas causal de nulidad de la elección y ellas debieron ser materia de reclamación ante las autoridades electorales.

Mesa Nº 2

Dice el actor “Con extrañeza aparece el Nº 111 identificado con un punto, igualmente los números aparecen rayados con lápiz rojo”.

El formulario E-14 de esta mesa, que fue allegado al expediente en fotocopia (fl. 1.956 del anexo de formularios E-14), no permite detectar los hechos señalados por el demandante, no obstante, para la Sala ellos no comportan irregularidad alguna ni constituyen causal de nulidad de la elección.

“Mesa Nº 3

“El Nº 131 aparece enmendado y en los totales están tachados y fueron escritos nuevamente como se pudo observar en su original”.

No es cierto lo afirmado por el demandante; en este formulario no aparecen enmendaduras ni tachaduras en los registros del candidato 131, ni en los totales de votos recaudados en esta mesa (fl. 1955 del anexo de formularios E-14). En la diligencia de inspección judicial (fl. 438, cdno. 1) no hay constancia de este hecho.

Mesa Nº 4

“a) Nuevamente aparece el lápiz rojo, chuleando casa número (sic)”.

Se reitera que este hecho no constituye causal de nulidad y en el formulario E-14 allegado al proceso (fl. 1954 del anexo de formularios E-14), no es posible verificarlo, además en la diligencia de inspección judicial no consta esta situación, por el contrario se establece que no hay enmendaduras en el formulario E-14 de esta mesa.

Mesa Nº 7

“a) Esta hoja (sic) aparecen todos los números de votos repisados”.

No es cierta la acusación del demandante; en el formulario E-14 de esta mesa no aparece ningún registro de candidato con enmendaduras; aunque el primer número de la totalización de la votación está repisado (fl. 1951 del anexo de formulado E-14), así se verificó en la diligencia de inspección judicial (fl. 439 del cdno. 1) y se dejó constancia que este número corresponde al total de los votos. El hecho no constituye causal de nulidad.

Mesa Nº 8 y mesa Nº 11

“a) Aparecen enmendados los números casi en su totalidad”.

No es cierto el cargo formulado por el demandante, en los formularios E-14 de las mesas 8 y 10 (fls. 1950 y 1948 del anexo de formularios E-14) no se aprecian enmendaduras en la totalidad de los números, solo aparece una corrección en la mesa Nº 11 para el candidato 107; además, en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de que en la mesa Nº 8 no hay borrones (fl. 439 del cdno. 1) y que en la mesa Nº 11 hay una sola enmendadura en la casilla 107 (fl. 440 del cdno. 1). El hecho no es constitutivo de causal de nulidad.

Mesa Nº 13

“a) Identificado el candidato Nº 111 y enmendaduras. En varios números, borrones y tachones. Adulteraron el Nº 106”.

“b) La grafología es dudosa con respecto al número uno”.

No son ciertas las afirmaciones del demandante, en el formulario E-14 de esta mesa el candidato Nº 111 aparece con 1 voto sin enmendadura alguna, al candidato 106 se le anotaron 8 votos, aunque el número no es claro y en la casilla de votos nulos aparece corregido el número, hechos que se constataron en la diligencia de inspección judicial (fl. 440), los mismos no constituyen irregularidades que den lugar a la nulidad de la elección, como tampoco la dudosa caligrafía, la cual sólo podría constituirse en sustento de un cargo de nulidad merced a una prueba técnica que no obra en el proceso.

Mesas Nos 14, 15, 16 y 18

“a) Identificado con el Nº 111 con varios números repisados”.

No es cierto lo afirmado por el demandante; en ninguno de los formularios E-14 de estas mesas aparecen enmendaduras en los registros consignados para el candidato Nº 111 (fls. 1944, 1943, 1942, 1940 del anexo de formularios E-14). En la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de no existir enmendaduras en estas mesas (fls. 440 y 441 del cdno. 1)

“Mesa Nº 19

“a) La suma total de votos es de 230 según el formularios (sic), pero, realizada la suma su número total es de 236, hay una diferencia de 6 votos”.

Es cierto el hecho, y de ello se dejó constancia en la diligencia de inspección judicial, pero este error en la suma de los votos no constituye causal de nulidad de la elección y debió ser alegada en la instancia administrativa ante las autoridades electorales para que hiciera la respectiva corrección, dado que el error aritmético constituye causal de reclamación (C.E., art. 192).

Vereda El Carmen:

Mesa Nº 1: zona 99. Puesto 35:

Dice el demandante “Identificado el Nº 111 con intención. A partir de los votos en blanco, hay borrones. Hay duda en el Nº 131 en su total, pues entra en desconfianza por la caligrafía del Nº 1 donde obtuvo 135 votos”.

No se considerará el cargo sobre el candidato 111, porque no se concreta cuál es el motivo de inconformidad.

En cuanto al cargo de borrones que aparecen en las casillas a partir de votos en blanco, se pudo constatar, al examinar el formulario E-14 aportado al proceso (fl. 1937 del anexo de formularios E-14) que el hecho es cierto. También se dejó constancia de ello en la diligencia de inspección judicial (fl. 442 cdno. 1); sin embargo, este hecho por sí solo no constituye causal de nulidad de la elección y debió ser materia de reclamación ante las autoridades administrativas.

Del examen del formulario E-14 de esta mesa se pudo constatar que el candidato 131 obtuvo 135 votos en esta mesa, número que aparece anotado sin tachaduras ni enmendaduras; y en la diligencia de inspección judicial no se dejó constancia de irregularidad alguna sobre los votos de este candidato; en dicha diligencia se constató que la suma de votos de esta mesa es de 281 que coincide con la totalizada en el formulario E-14, por lo tanto, el cargo no prospera.

Mesa Nº 2, Zona 99 misma vereda:

“El candidato Nº 131 obtuvo 15 votos. Hay extrañeza en la cantidad de votantes en la mesa 1 con respecto a la 2 de la misma vereda. En la mayoría de los formularios hay enmendaduras tapadas, con corrector que al sacar fotocopia no se alcanza a notar, pero el documento original sí se observa claro”.

Es cierto que el candidato Nº 131 obtuvo 15 votos en esta mesa pero ello no constituye cargo alguno, como tampoco la apreciación del demandante sobre la cantidad de votantes.

Respecto de las enmendaduras, ellas no se aprecian a simple vista en el formulario E-14 aportado al proceso (fl. 1936) y en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de no existir enmendaduras (fl. 442 cdno. 1). En consecuencia el cargo no prospera.

“Municipio de Jenesano:

Mesa Nº 2:

“Identificación con punto del Nº 111; en el 113 aparece enmendado el Nº 8 y el Nº 115 tenía corrector”.

Del examen del formulario E-14 allegado al proceso se concluye que no son ciertas las aseveraciones del demandante (fl. 1002 del anexo de formularios E-14) y en la inspección judicial solamente se dejó constancia de que en el registro del candidato 105 hay un borrón. El hecho no constituye por sí solo causal de nulidad.

“b) En la mesa Nº 3: Nuevamente identificado el Nº 111 con punta de dudosa caligrafía el Nº 131”. En el total de votos suman 245 en el formulario y en realidad la suma es solamente 225, hay una diferencia fraudulenta de 20 votos aumentados”.

El hecho referido al candidato Nº 111 no puede considerarse como un cargo y no será analizado.

Sobre el número total de votos de esta mesa, se verificó en el formulario E-14 que se anotaron 245 pero al contabilizarlos sólo son 225 votos, situación que se constató en la inspección judicial. En el acta general de escrutinio municipal de esta mesa (fls. 425 y 426 del anexo de actas de escrutinio), no consta modificación alguna en este sentido tampoco obra constancia de reclamación de la parte interesada para que se hubieran hecho las correcciones del caso. No obstante lo anterior, se procedió a sumar los guarismos registrados en los formularios E-14, descontando los 20 votos que fueron registrados de más en la mesa 3 y se obtuvo la cifra de 2.986 votos, la cual concuerda con la registrada en el formulario E-24 (fl. 334 del cdno. 1). En consecuencia el cargo no prospera.

Mesa Nº 5:

“Identificado el Nº 111”.

Esta afirmación no constituye un cargo y no será considerado.

Mesa Nº 6:

A partir de los votos en blanco fue borrado.

De los documentos allegados al plenario (fl. 998 del anexo de formularios E-14) no es posible establecer si en efecto han sido borrados los números correspondientes a estas casillas: no obstante en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia que hay algunos borrados en las casillas correspondientes a votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas (fl. 437 del cdno. 1), aunque advierte que los números coinciden. Este hecho no constituye causal de nulidad y debió ser materia de reclamación ante las autoridades administrativas.

Mesa Nº 7:

Manifiesta el demandante que el registro del candidato Nº 128 se encuentra enmendado y que “en el 131, el número 2 es dudosa su caligrafía”.

Es cierta la afirmación del demandante en cuanto al candidato Nº 128 y así se confirmó al revisar el formulario E-14 (fl. 997 del anexo de formularios E-14) como también se dejó constancia de esta irregularidad en la diligencia de inspección judicial, pero este hecho por sí solo no constituye causal de nulidad de la elección.

En cuanto a que el número 2 es de dudosa caligrafía; es un enunciado impreciso que no constituye un cargo.

Mesa Nº 8

“Identificado el Nº 111 y enmendaduras en varios números. La caligrafía no concuerda con las demás en el 131”.

En el formulario E-14 que obra a folio 996 (anexo formularios E-14) no se aprecia la irregularidad denunciada por el demandante y en la diligencia de inspección judicial no se dejó constancia de la existencia de este hecho. Por lo tanto no prospera el cargo.

Mesa Nº 9:

“No registraron en los formularios el total de votos”.

El hecho es cierto, según consta en el formulario E-14 y se constató en la diligencia de inspección judicial, pero el hecho no constituye causal de nulidad de la elección.

Mesa Nº 10

El cargo es el siguiente: “Enmendadas, las tarjetas no marcadas doble vez marcado 72. En el Nº 131 dudosa caligrafía del 6. Falma (sic) firma del vocal. Con corrector algunos formularios con distinción el Nº 111”.

En el documento aportado al proceso se observa que al registrar en el E-14 el número de tarjetas no marcadas se incurrió en error y por eso en la casilla paralela se escribió el número correcto (fl. 994 del anexo de formularios E-14) como también que no está firmada por el vocal; sin embargo, en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de no existir enmendaduras (fls. 438 cdno. 1). Estos hechos no se encuentran previstos como causal de nulidad de la elección.

Sobre los registros del candidato 111, el demandante no concretó el cargo, además se precisa que para esta mesa sólo hay un formulario E-14.

Municipio de Turmequé

El cargo que se imputa el demandante es el siguiente.

“a) El Nº 111 sigue con distinción privilegiada en este municipio”.

El hecho no constituye cargo alguno y por esta razón no será considerado.

Mesa Nº 3:

“b) Hubo diferencia de un voto en la suma total”.

Al verificarse en el formulario E-14 el número de votos de esta mesa, se comprobó que son 317 y no 316 (fl. 1889 del anexo de formularios E-14) es decir, se registró un voto menos; sin embargo, se desconoce si la comisión escrutadora dejó alguna observación sobre el hecho por cuanto no se allegó el acta general de escrutinio municipal; en el formulario E-24 se registraron 3.429 votos, que corresponden a la suma de los votos totalizados en las mesas del municipio de Turmequé, cifra que no incluye el voto que se dejó de anotar en el formulario E-14. El hecho obedece a un error aritmético en que incurrieron los jurados de votación, pero no constituye causal de nulidad de la elección y debió ser materia de reclamación ante las autoridades electorales.

Mesa Nº 7:

El demandante manifiesta que “Hay tachones ostensibles en algunos números. El vicepresidente no firmó”.

En efecto, el formulario E-14 no se encuentra firmado por el vicepresidente (fl. 1893 del anexo de formularios E-14) sin embargo, no se observan a simple vista tachones o enmendaduras; no obstante en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de existir borrones en las casillas 111, 129 y 131 (fl. 443 del cdno. 1) pero tal hecho debió ser alegado en la oportunidad debida ante la instancia administrativa y no constituye causal de nulidad de la elección.

Mesa Nº 9:

“No hay totalización de votos”.

La afirmación es cierta (fl. 1895 del anexo de formularios E-14) , pero este hecho no está previsto como causal de nulidad de la elección.

Mesa Nº 10:

“El 131 la cifra la tiene repisada”.

No es cierta la afirmación del demandante, en el formulario E-14 (fl. 1896 del anexo de formularios E-14) no aparece repisada la cifra y en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de no haberse presentado enmendaduras en esta mesa (fl. 444 del cdno. 1).

Mesa Nº 11:

“Su formulario está totalmente repisado a excepción del total de votos y con hincapié el Nº 131 la cifra denota más repisadas”.

Revisado el formulario E-14 (fl. 1897 del anexo de formularios E-14) se observa que los números se han repisado pero no hay correcciones, así mismo se hizo constar en la diligencia de inspección judicial (fl. 444 del cdno. 1) hecho que no está previsto como causal de nulidad de la elección.

Mesa Nº 12:

“Con referencia a los 115, 130 y 131, el número 1 es dudosa legitimidad”.

Esta afirmación no constituye cargo alguno, en consecuencia, no se considera, además en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de no existir enmendaduras (fl. 444, cdno. 1).

Municipio de Garagoa:

Los cargos del demandante en esta mesa de votación son los siguientes:

Mesa Nº 1: (zona 00 puesto 00)

“con referencia al Nº 131 el número no corresponde a la caligrafía de los otros números”.

Este hecho no puede considerarse como cargo y por lo tanto no se hará pronunciamiento alguno.

Mesa Nº 2: (zona 00 puesto 00)

“se encuentran repisados algunos números el total: 105, 131, y el total”.

En el formulario E-14 aportado al proceso (fl. 962 del anexo de formularios E-14), no se observa esta irregularidad, pero en la diligencia de inspección judicial (fl. 450 del cdno. 1) se dejó constancia de un tachón en la casilla 105, como también que se tomó como número real el 1. Este hecho debió ser alegado ante las autoridades electorales por parte de los interesados, además no está previsto por la ley como causal de nulidad de la elección.

Mesa Nº 3: (zona 00 puesto 00)

“con referencia al 131 la caligrafía no corresponde al inicial y al final”.

Este hecho no se considera como un cargo y por lo tanto la Sala se abstiene de pronunciarse.

Mesa Nº 9: (zona 00 puesto 00)

“Con referencia al Nº 131 la caligrafía no corresponde a la de los números iniciales enmendados y borrados en los datos finales”.

Se hace la misma observación anterior.

Mesa Nº 11: (zona 00 puesto 00)

“Con referencia al 131 la caligrafía de los otros números no corresponde”.

El hecho no puede considerarse como un cargo y por lo tanto no se hará pronunciamiento alguno.

Mesa Nº 4: (zona 00 puesto 00)

El número 109 el número (1) se convierte 8, para aumentar cifra 8 veces más.

Verificado el formulario E-14, en la casilla del candidato 109 aparecen registrados 82 votos, el número no tiene tachadura ni enmendadura (fl. 948 del anexo de formularios E-14), ni en él se aprecia que se haya repisado el número 1 para convertirlo en 8; en dicha mesa se totalizaron 292 votos, cifra que corresponde al número de votos que se constataron. En el acta de escrutinio se dejó constancia que hubo recuento de votos para esta mesa y que el total de las tarjetas es de 292 (fl. 463 del anexo de actas de escrutinio), número que coincide con el registrado en el formulario E-14.

Mesa Nº 1: (zona 99 puesto 09)

“La caligrafía de los números no corresponde al número total (sic) votos”.

Se reitera lo ya expuesto.

Mesa Nº 8: (zona 00 puesto 00)

“Se registra en tarjetas no marcadas 690-530 = 160”.

El demandante no concreta cargo alguno, en consecuencia no se considera.

“11. Municipio de San José de Pare.

El demandante acusa las siguientes irregularidades:

“a) En la mesa Nº 10: (zona 00 puesto 00) con referencia al Nº 121 el Nº aparece antepuesto.

“b) En la mesa Nº 6: (zona 00 puesto 00) con referencia al Nº 121 el número se encuentra borroneado y enmendado.

“c) Mesa Nº 7: (zona 00 puesto 00) con referencia al Nº 121 está enmendado el número”.

Revisados los formularios E-14 y el acta en donde consta la diligencia de inspección judicial se observa lo siguiente:

En la mesa Nº 10 la casilla correspondiente al candidato 121 no se encuentra enmendada, en ella aparecen 14 votos (fl. 1529 del anexo de formularios E-14) y en la diligencia de inspección judicial no se dejó constancia de enmendaduras.

En la mesa Nº 6 en la casilla del candidato 111 se ha corregido el número 0 y en su lugar superpuesto aparece el número 2 (fl. 1533 del anexo de formularios E-14) y en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de este hecho (fl. 452). Se totalizaron 264 votos, cifra que se verificó y pudo constatarse que incluyó los dos votos del candidato 111. En el acta de escrutinio se dejó constancia de no haberse presentado reclamación alguna al igual que se dejó constancia que el total de tarjetas en esta mesa fue de 264, número que coincide con el registrado en el formulario E-14.

En la mesa Nº 7, en las casillas de los candidatos 113 y 118, aparecen enmendaduras (fls. 1532 del anexo de formularios E-14) y así se verificó en la diligencia de inspección, judicial (fl. 452 cdno. ppal.), el total de votos es de 247, cifra que coincide con la constancia que aparece en el acta general de escrutinio sobre el total de tarjetas para la asamblea departamental.

Los hechos anteriormente indicados debieron ser materia de reclamación ante las autoridades electorales por parte de los interesados, pero no fue así, y en el acta general de escrutinio municipal, se dejó constancia de no haberse presentado reclamaciones (fl. 285 del anexo de actas de escrutinio). La enmendaduras, correcciones o tachaduras en los formularios E-14 no son constitutivas de causal de nulidad, sino de reclamación ante las autoridades electorales, por lo tanto, el cargo no prospera.

Municipio de Sáchica:

El motivo de inconformidad del demandante se refiere a que en la mesa Nº 4: (zona 00 puesto 00), el formulario E-14 se encuentra en su totalidad repisado y adulterado.

En el formulario E-14 aportado al proceso (fl. 1496 del anexo al proceso 2952) no se detectó el hecho denunciado por el demandante y en la diligencia de inspección judicial se dejó constancia de que los números fueron escritos primero con lápiz y luego con lapicero y que en la casilla del candidato 130 aparece el “número 31 corrido” (se refiere a la tinta) (fl. 453 del cdno. ppal.). En el formulario E-14 se contabilizaron 344 votos, cifra que fue verificada y corresponde a la suma de los votos que se totalizaron. En el acta general de escrutinio se dejó constancia de no haberse presentado reclamación alguna, como también que el total de tarjetas es de 345, número que coincide con el registrado en el formulario E-14.

El hecho de que las cifras hayan sido escritas primero a lápiz y luego repisadas con tinta no es constitutivo de causal de nulidad como se ha reiterado y debió ser materia de reclamación ante las autoridades electorales.

“13. Municipio de Chitaraque:

El demandante expone los siguientes cargos:

Mesa Nº 2: (zona 00 puesto 00)

“con referencia al Nº 121 el número no corresponde con la caligrafía de los otros, las sumas totales no están bien (313), números adulterados”.

El hecho de que haya distinta caligrafía no puede considerarse como un cargo y en cuanto que hay 313 números adulterados, el cargo carece de fundamento, por cuanto no se precisa en qué consistió la adulteración; de otra parte se pudo constatar que en el formulario E-14 se encuentran registrados el número de votos de cada candidato sin que se observe enmendadura o tachadura alguna; el total de votos es de 315, cifra que fue verificada y es correcta. Por su parte, en el acta general de escrutinio se dejó constancia que él número de tarjetas de esta mesa fue de 316 y que se incineró una (fl. 498 del anexo de actas de escrutinio).

Mesa Nº 5:

“Con referencia, el Nº 121 lo mismo que sucedió en la mesa Nº 2, o sea que los números están adulterados”.

El cargo carece de fundamento, porque no se precisa la adulteración, además se examinó el formulario E-14 allegado al proceso (fl. 650 anexo de formularios E-14) y en él no se aprecian tachaduras o enmendaduras en ninguna cifra que permitan deducir adulteración; se constató que el número de votos totalizados de 310 es correcto y en el acta general de escrutinio se dejó constancia que el total de tarjetas fue de 311 y que se incineró una de ellas (fl. 501 del anexo de actas de escrutinio).

Mesa Nº 8: (zona 00 puesto 00)

“El último numero del total enmendado esta ostensiblemente modificado. El Nº 121 está enmendado”.

En el formulario E-14 se observa una enmendadura en la casilla del total de votos, pero no se aprecia enmendadura en la casilla correspondiente al candidato Nº 121 (fl. 653 del anexo de formulario E-14 proceso 2952); en la diligencia de inspección judicial no se dejó constancia de enmendadura en esta casilla (fl. 453 del cdno. 1) y en el acta general de escrutinio municipal se hizo constar que no hubo observaciones o reclamaciones de ninguna naturaleza (fl. 495 del anexo de actas de escrutinio). Se reitera que las enmendaduras o tachaduras por sí solas no constituyen causal de nulidad y debieron ser materia de reclamación ante las autoridades administrativas.

Municipio de la Capilla

Mesa Nº 4: (zona 00 puesto 00).

“Con referencia al Nº 121 el número no corresponde a la caligrafía de los otros números de la misma mesa”.

Mesa Nº 5: (zona 00 puesto 00).

“Para las votaciones de las asambleas los números 112, 122 y 125 las tarjetas no marcadas abundan y el total de votos para los candidatos es diferente a los iniciales”.

En la mesa Nº 6: (zona 00 puesto 00).

“Las votaciones atribuidas a las listas del Nº 118 en adelante los números de votos atribuidos a los candidatos son diferentes de los iniciales”.

Los hechos expuestos como irregulares en las mesas de votación Nº 4, 5 y 6 del municipio de “La Capilla” además de no constituir cargo alguno, carecen de fundamento, en consecuencia el cargo no prospera.

“15. Municipio Nuevo Colón.

Mesa Nº 3: (zona 00 puesto 00).

“En esta mesa se observa que los candidatos 111, 113 y 131 tienen aumentadas sus votaciones pero especialmente las dos últimas. Hay cifras repisadas”.

Revisado el formulario E-14 de esta mesa (fl. 1209 del anexo de formularios E-14) no se observa que hayan cifras repisadas, en cuanto a que los candidatos 111, 113 y 114 tienen aumentadas sus votaciones, el cargo carece de fundamento, porque no se precisa en qué consiste la afirmación “tienen aumentadas sus votaciones”. Además, se advierte que en la casilla del candidato 114 aparecen cero votos, el candidato 111 tiene registrados 6 votos y al candidato 113 se le anotaron 4 votos, sin que se pueda inferir del contenido del formulario que se les “aumentaron sus votaciones”. En la diligencia de inspección judicial no se analizó la votación de esta mesa.

Mesa Nº 4: (zona 00 puesto 00).

“Varias votaciones de los candidatos 100-101-129 y 131 tienen aumentados sus votos mediante repisamiento de sus votaciones”.

En el formulario E-14 allegado al proceso (fl. 1208 del anexo de formularios E-14) no se aprecia esta irregularidad, tampoco se observan enmendaduras que permitan establecer cambio en el número de los votos anotados, los números son legibles en su totalidad y en la diligencia de inspección judicial no se dejó constancia de enmendaduras. El cargo no tiene fundamento.

Mesa Nº 5: (zona 00 puesto 00).

“En esta mesa también hay aumentadas sus votaciones mediante el repisamiento de sus guarismos, especialmente las votaciones de los candidatos 118 y 131”.

Revisados los documentos aportados al proceso, se observa que hay una enmendadura en la casilla del candidato Nº 118, al parecer se cambió el número 3 por el número 4 (fl. 1207 del anexo de formularios E-14) que fue la cifra que se tuvo en cuenta para la totalización de votos registrados en dicho formulario y que ascienden a 255, suma que se constató y es correcta; en la diligencia de inspección judicial se detectó este hecho (fl. 455 del cdno. 1). De otra parte, en el acta general de escrutinio (fl. 415 del anexo de actas de escrutinio) se dejó constancia que el total de tarjetas fue de 255, número que coincide con el registrado en el formulario E-14; también se verificó que en el formulario E-24 se anotaron 41 votos a favor del candidato 118, cifra que es correcta y corresponde a la suma de los votos que obtuvo en el municipio de (sic) Colón, incluidos los 4 votos de la mesa Nº 5. La corrección que da lugar al cargo puede obedecer a un error de los jurados de votación a hacer las anotaciones, pero este hecho no constituye causal de nulidad de la elección y debió ser materia de reclamación ante las autoridades electorales. El cargo no prospera.

Mesa Nº 2: (zona 00 puesto 00).

“En esta mesa T. 277-257 = 20 para favorecer a un candidato. Hay que verificar esta votación únicamente para diputados”.

Mesa Nº 7: (zona 00 puesto 00).

“En esta mesa T. 283-279 = 4 y similar caso al anterior, por lo que hay que hacer también la misma verificación. Sumando los totales E-14 da 2.752 votos según últimos reportes de la registraduría 2.728 hay una diferencia de 24 deprecaciones”.

Sobre los votos adicionales totalizados en estas dos mesas se pudo constatar que en la mesa 2 se registraron 20 votos más de los que resultan de sumar las cifras de cada candidato (fl. 1210 del anexo de formularios E-14) y en la mesa 7 se registraron 4 votos más (fl. 1205 del anexo de formularios E-14). En el acta general de escrutinio municipal, la comisión escrutadora no dejó constancia de este hecho; no obstante, se pudo verificar al hacer la totalización de los votos y restando los 24 que se anotaron irregularmente, que el total de ellos es de 2.728 cifra que concuerda con la de los votos registrados en el formulario E-24 (fl. 338 del cdno. 1), por lo tanto, no le asiste razón al demandante, en cuanto no se modificó el resultado electoral.

Como quiera que los hechos anteriormente expuestos corresponden a irregularidades relacionadas con tachaduras y enmendaduras en los registros de votación, falta de firma de los jurados de votación en los formularios E-14 y error aritmético, la Sala precisa estos temas a la luz de la jurisprudencia y la ley.

Las tachaduras y enmendaduras en los formularios E-14

Sobre las tachaduras, borrones y enmendaduras que se presentan en los formularios E-14, acta de escrutinio de los jurados de votación, el Código Nacional Electoral, 163 y 164 dispone:

“ART. 163.—Al iniciarse el escrutinio, el registrador dará lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave.

(...).

En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades no se advierten, el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la respectiva acta.

ART. 164.—Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.

Estas comisiones no podrán negar la solicitud del recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político.

Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda, a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación.

Verificado el recuento de votos, por una comisión escrutadora, no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación”.

Al tenor de lo dispuesto en las normas transcritas, las comisiones escrutadoras están facultadas para realizar el recuento de votos, mesa por mesa, cuando los candidatos, sus representantes o los testigos electorales lo solicitan en forma razonada. Igualmente la comisión está obligada a efectuar el recuento de votos de oficio cuando encuentre tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas de escrutinio de los jurados de votación. En el evento en que no se adviertan irregularidades, ni las personas autorizadas para solicitar reclamaciones lo hagan en la oportunidad debida, el escrutinio de las comisiones escrutadoras deberá efectuarse con base en los registros de escrutinio de los jurados de votación.

Al expediente se aportaron las actas de las comisiones escrutadoras de algunos de los municipios, en ellas consta que fueron atendidas las diferentes reclamaciones y decididas algunas mediante resolución, como también que no se presentaron reclamaciones respecto del escrutinio en algunos de los municipios. Según las normas transcritas, de existir inconformidad por presentarse tachaduras y enmendaduras en los registros de votación, la oportunidad para solicitar el recuento de votos es en el momento en que las comisiones escrutadoras proceden a realizar el escrutinio; pero si no se hizo, el demandante no puede intentar la nulidad de los registros electorales en el juicio electoral, por presentar tachaduras o enmendaduras, porque la situación fáctica a examinar es distinta de la surgida de los comicios y los documentos electorales pueden ya no reflejar la misma realidad.

De otra parte, en el asunto objeto de estudio, las tachaduras y enmendaduras que se observaron en los formularios E-14, no permiten deducir mala fe por parte de los jurados de votación o falsedad de los registros electorales y al parecer obedecieron a error de los jurados de votación al hacer las anotaciones.

Ausencia de firma de algunos de los jurados de votación en los formularios E-14

En el proceso se comprobó la ausencia de firma del vocal en el formulario E-14 de la mesa 10 del municipio de Jenesano, como también, del vicepresidente de la mesa 7 del municipio de Turmequé, hechos que no invalidan el acta de escrutinio de los jurados de votación.

La ausencia de firma de alguno de los jurados de votación en los formularios E-14 constituye causal de reclamación, de conformidad con lo previsto con el numeral 3º del artículo 192 del Código Nacional Electoral, que a la letra dice: “cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de tres (3) de éstos”. Esta norma fue modificada, inicialmente por el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990 y, posteriormente, por el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, que estableció la exigencia de la firma de dos jurados.

La jurisprudencia de la Sección Quinta ha reiterado (2) , que las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad de los registros electorales, pero lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional y ello en razón de que el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1998, suprimió las causales de reclamación como situaciones que dan lugar a la nulidad de las actas de escrutinio.

(2) Sentencia de 7 de diciembre de 1995, radicación 1472, de 29 de junio de 2001, expediente 2477, de 25 de marzo de 1999, expediente 1932 y 9 de noviembre de 2000, expediente 2424; sentencias de marzo 8 de 1991, radicación 480, Sentencia de 31 de mayo de 1991, radicación 416, Sentencia de 14 de diciembre de 2001, expediente 2765.

Error aritmético en los formularios E-14

El artículo 192 del Código Electoral dispone, en su numeral 11, que cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético, ese hecho podrá alegarse como causal de reclamación. Las causales de reclamación son medios de defensa de que disponen los candidatos que participan en una elección popular, directamente o por intermedio de sus apoderados o sus testigos electorales, para impugnar por vía administrativa, las irregularidades que se presenten en el proceso electoral con fundamento en causales taxativamente señaladas en la ley. Tal como en reiteradas oportunidades lo ha expresado esta Sala (3) las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se discuta la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó las reclamaciones, se reproche su contenido o se discuta la omisión de la decisión administrativa, en cuyos casos podrá solicitarse la nulidad de las decisiones y, en consecuencia, de los registros correspondientes.

(3) Sentencia de 31 de mayo de 2002, expediente 2846 y Sentencia de 21 de junio de 2002, expediente 2874.

Así, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sólo puede ejercer control de legalidad sobre hechos que constituyen el sustento fáctico de las causales de reclamación a condición de que las mismas hayan sido decididas durante el trámite administrativo electoral y la acusación respectiva dentro del proceso judicial se dirija contra dichas decisiones.

Se destacan en el presente proceso los tres hechos de supuesto error aritmético en los formularios E-14 que corresponden a la mesas Nº 3 del municipio de Jenesano en donde se anotaron 20 votos más, la Nº 2 del municipio de Nuevo Colón en donde también se anotaron 20 votos adicionales y en la mesa Nº 3 de este mismo municipio en la cual se anotaron 4 votos más, es decir un total de 44 votos, pero debe precisarse que no existió error porque en los formularios E-24 se registraron las cifras correctas.

Diferencias de los resultados electorales con los boletines informativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El apoderado de la demandante aduce que hubo fraude en los resultados electorales porque en el boletín informativo Nº 23 su representada contaba con 11.886 votos que superaban en 347 a los del señor Mario Moreno López, pero al concluir el escrutinio el candidato Moreno López identificado con el número 131, la superaba en 597 votos.

La jurisprudencia de la Sección (4) ha determinado que los boletines de prensa expedidos y difundidos por las registradurías del Estado Civil tienen como finalidad transmitir una información oficial y cierta de asuntos de alto interés nacional y como tal, constituyen instrumentos de comunicación de los resultados electorales, pero de ninguna manera alcanzan a tener el carácter de documentos electorales que puedan impugnarse mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional; tampoco sobre la presunta inexactitud de dichos boletines pueden sustentarse causales de nulidad de los registros electorales. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral dispuso: “los boletines expedidos por la registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección” (Ac. 09/90)

(4) Ver, entre otras, Sentencia de 14 de enero de 2001, expediente 2765, de 12 de julio de 2001, expediente 2457.

Los documentos electorales son aquellos que han sido expedidos por las autoridades competentes como elementos de apoyo para registrar una votación; en ellos se consignan los datos que constituyen el resultado electoral y pueden ser impugnados por vía jurisdiccional. De conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, norma que se considera infringida en el presente asunto, las actas de escrutinio serán nulas “cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”; significa entonces, que en aplicación de esta causal sólo puede predicarse la nulidad de una elección cuando se demuestra que es falso o apócrifo un registro o un elemento que sirvió de base para su expedición, pero como los boletines de la registraduría no cumplen esta función, según lo ya expuesto, no puede aducirse como causal de nulidad la falta de congruencia entre ellos y los resultados electorales registrados en los formularios oficiales.

Con fundamento en lo anterior y en las constataciones anotadas en relación con cada uno de los cargos, la Sala concluye que los mismos no tienen vocación de prosperidad.

Segundo cargo

Se refiere a que el acto administrativo demandado declaró la elección de 18 diputados, pero que con base en el artículo 299 de la Constitución Política y la declaratoria de nulidad del Decreto 106 de 22 de enero de 1992 que había establecido para el departamento de Boyacá una asamblea con 18 diputados, el mencionado departamento debió elegir 20 diputados y entre ellos a la demandante quien obtuvo 11.967 votos y le sigue en votos al último elegido.

El artículo 299 superior determinó que en cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, la asamblea departamental, que estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno, es decir, este precepto constitucional dispuso el número mínimo y máximo de diputados que puede elegir cada uno de los departamentos.

La Ley 617 de 6 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial 44.188 de 9 de octubre del mismo año, dispuso en el artículo 95: “Artículo transitorio”. “Mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, o la ley que regule el régimen departamental, el número de diputados por departamento será el siguiente. (...) Boyacá 18”: norma actualmente vigente.

Las elecciones para las distintas corporaciones y autoridades territoriales y entre ellas la de diputados para el departamento de Boyacá se realizaron el 29 de octubre de 2000, es decir cuando ya se encontraba en vigencia la norma anteriormente transcrita, de donde se deduce que era aplicable a las elecciones que se adelantaran a partir de su entrada en vigor. Como quiera que esta norma determinó que el número de diputados para el departamento de Boyacá era de 18, no existe fundamento jurídico alguno para que el demandante aduzca que el número de diputados que corresponde al departamento de Boyacá es de 20 y no de 18.

2. Apelación presentada por el señor Marco Tulio Leguizamón Roa. Expedientes 2949 y 2951.

El apoderado del señor Marco Tulio Leguizamón Roa, en su recurso de apelación, impugnó el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, mediante el cual se declaró la nulidad de la elección de su representado como diputado a la asamblea del departamento de Boyacá.

Cargo

El cargo que se formuló en los procesos 2949 y 2951 en contra del acto que declaró la elección del señor Leguizamón es la violación del régimen de inhabilidades, contenido en el artículo 179 de la Constitución Política para los congresistas, aplicable a los diputados por expresa disposición del artículo 299 ibídem, porque el mencionado señor se desempeñó en el cargo de director regional 4 del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, en Boyacá, en el cual ejerció autoridad civil, política y administrativa, dentro del período de inhabilidad previsto por la norma.

Las normas constitucionales que el demandante señala como violadas son del siguiente contenido:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

1. (...).

2. “Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección.

“ART. 299—.

(...).

“El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

Por su parte, el apoderado del demandado manifiesta que estas normas no son aplicables a la situación de su representado, porque existe norma de aplicación preferente y expresa para diputados que es la Ley 200 de 1995 en cuyo numeral 5º del artículo 44 estableció como incompatibilidad para ser elegido diputado o concejal el haber sido empleado público o trabajador oficial dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, disposición que tiene respaldo en los artículos 293 y 299 superior, y como su representado renunció al cargo que desempeñaba desde el 25 de abril de 2000, es decir antes de iniciarse los seis meses anteriores a su elección, no se encontraba inhabilitado para ser elegido diputado.

El punto jurídico a resolver hace relación a la norma aplicable al caso concreto, en razón de que hay lugar a inhabilidad si las normas aplicables son las previstas en la Constitución Política; o por el contrario, el demandando no estaría incurriendo en violación del régimen de inhabilidades si la norma aplicable fuera la Ley 200 de 1995.

De conformidad con lo establecido en el artículo 299 de la Constitución Política el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley y no podrá ser menos estricto que lo señalado para los congresistas en lo que corresponda. Sobre la interpretación de esta norma existían criterios diferentes en esta corporación; la Sección Quinta sostenía que el artículo citado no hacía una remisión expresa al artículo 179 ibídem y que dicha remisión no era posible sin que existiera una ley que así lo dispusiera por cuanto el artículo 299 es una disposición de excepción y por lo tanto de aplicación restrictiva (6) , y que la condición establecida en el artículo 299, cuando dispuso que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas” es una condición dirigida al legislador —y no al intérprete— que en últimas, es a quien le corresponde fijar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, según lo dispuso la Constitución en el inciso tercero de la disposición en cita (7) .

(6) Sección Quinta, Sentencia de abril 30 de 1993, expediente 970.

(7) Sección Quinta, Sentencia de octubre 21 de 1994, expediente 1159.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Sentencia S-140 de 2000, que desató el recurso de súplica interpuesto contra la Sentencia de 18 de febrero de 1999, consideró que existían normas constitucionales y legales en materia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados, directas o por remisión (especiales o generales para todos los servidores públicos), por lo que no se requería acudir a fuentes subsidiarias jurídicas para acomodar una norma que regulara un problema similar al que se está resolviendo, ni se estaba en presencia de una aplicación por analogía. Como consecuencia de la interpretación hecha y del alcance del artículo 299 concluyó que “Mientras el legislador no dicte un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades en todos los campos para los diputados, en el cual haga más riguroso, en comparación con el de los congresistas, se acudirá al de éstos, por el reenvió que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda”; en consecuencia a los diputados les es aplicable el artículo 179 constitucional.

Esta sección acogió lo dispuesto en este fallo y así lo ha venido aplicando hasta ahora (8) ; no obstante, es útil precisar que dicha interpretación está limitada en el tiempo, toda vez que se circunscribe única y exclusivamente a las elecciones de diputados ocurridas antes del año 2001 (L. 617/2000, art. 183) habida consideración de que ya fue expedida la Ley 617 de octubre 6 de 2000, que estableció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados (publicada en el D.O. 44.188, oct. 9/2000).

(8) Sección Quinta, Sentencia de noviembre 23 de 2001, expediente 2684.

En lo que concierne a la aplicabilidad del artículo 44 numeral 5º del Código Único Disciplinario, que reclama el demandado, comprendida dentro de las causales de incompatibilidad pero que en realidad corresponde a una causal de inhabilidad por la naturaleza de su mandato (9) , la Sala concluye que no resulta aplicable porque este precepto contiene la prohibición de elegir a quienes se hayan desempeñado como empleados públicos en cualquier cargo durante los seis meses anteriores a la fecha de la elección, en tanto que la causal invocada del numeral 2º del artículo 179 constitucional, aplicable en ausencia de norma legal que regule en forma más estricta el tema, como en este caso, estableció la inhabilidad derivada del desempeño de cargos que impliquen el ejercicio de funciones de autoridad civil o administrativa, entre otras, dentro de los doce meses anteriores a la elección, presupuestos fácticos que corresponden a los hechos que son objeto de juzgamiento.

(9) La Corte Constitucional en Sentencia C-448 de 1998, así lo determinó.

Al plenario se aportaron las siguientes pruebas:

A folio 168 del expediente 2949 obra la certificación enviada por la coordinadora del grupo de recursos humanos en la cual consta que el señor Marco Tulio Leguizamón Roa prestó sus servicios en el INAT, desde el día 25 de noviembre de 1998 hasta el 25 de abril de 2000 y en el momento de su retiro desempeñaba el cargo de director regional.

Igualmente se allegó al plenario copia de las páginas 27 a 29 de la Resolución 2765 de 17 de octubre de 1996 (fls. 169 a 171 del exp. 2949) que contienen la descripción de las funciones del cargo de director regional; entre otras se encuentran las siguientes:

1. “Dirigir la ejecución de los planes y proyectos de adecuación de tierras y administrativos de la dirección regional, de acuerdo con los planes de desarrollo institucional y las políticas trazadas.

2. “Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con el área financiera, de capacitación y desarrollo, de administración de personal, suministros, almacén y servicios administrativos de la dirección regional.

3. “Dirigir la ejecución de los programas y proyectos relacionados con riego en ladera, regulación de corrientes, extensión del riego y operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras localizados en la jurisdicción de la dirección regional.

4. “Celebrar y ejecutar actos, contratos y convenios en desarrollo de las actividades de la dirección regional, en la cuantía y modalidad autorizados por el director general del instituto.

5. “Participar en la preparación de los planes y programas de inversión del instituto, definiendo, integrando y consolidando las metas de corto mediano y largo plazo, distribuyendo los recursos humanos, financieros, físicos y técnicos necesarios para cumplirlos.

6. “Ejecutar las actividades relacionadas con la administración de personal, presupuestos, contabilidad, tesorería, recuperación de inversiones y recursos físicos requeridos por la dirección regional, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

7. “Administrar el recaudo por los servicios de riego y drenaje, cuando los distritos no sean administrados por las asociaciones de usuarios.

8. “Adelantar las diligencias preliminares y procesos disciplinarios a los funcionarios de la dirección regional todo de conformidad con las normas vigentes sobre la materia”.

En el mismo acto administrativo se asignó al director regional la responsabilidad de “la correcta destinación y utilización de los fondos de la dirección regional como ordenador de gasto”.

La Ley 136 de 1994 en su artículo 188 definió el concepto de autoridad civil, en los siguientes términos:

“ART. 188.—Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones”.

El artículo 190 de la misma norma se limitó a señalar quiénes ejercen dirección administrativa pero no definió en estricto sentido el concepto de autoridad civil, sin embargo, según el diccionario, el concepto de autoridad significa “potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada”. Por ello, quien ejerce autoridad es la “persona revestida de algún poder, mando o magistratura” (9) . La jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que la función administrativa que se convierte en causal de inhabilidad está relacionada con “la facultad de imponer, decretar, mandar y hacerse obedecer” es decir el cumplimiento de actividades que hagan presumir el ejercicio de autoridad” (10) .

(9) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición, 1992, página 165.

(10) Sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de marzo de 1999. Expediente 1847.

También ha dicho la Sala (11) que el juez deberá en cada caso concreto determinar si un funcionario ejerce autoridad administrativa y para ello deberá examinar “el carácter funcional del cargo” es decir qué clase de funciones le han sido asignadas, como también “el grado de autonomía en la toma de decisiones, esto es, la estructura orgánica del empleo”. En consecuencia si las funciones y la ubicación del cargo en la estructura jerárquica le otorgan al funcionario que lo desempeña potestad de mando, de dirección y autonomía decisoria, se concluye que el servidor público ejerce autoridad administrativa.

(11) Sentencia de 28 de febrero de 2002, expediente 2804.

Del examen de las funciones que conforme a la Resolución 2765 de 17 de octubre de 1996 ejerció el señor Marco Tulio Leguizamón Roa como director regional del INAT, se desprende que ellas tienen que ver con actividades que comportan dirección de la institución en su ámbito regional, manejo de personal, de recursos del presupuesto, toma de decisiones, razón por la cual es forzoso concluir que ejerció funciones de dirección administrativa hasta al día en que le fue aceptada su renuncia.

El señor Leguizamón Roa ejerció el cargo de director regional del INAT dentro del período de 12 meses de inhabilidad que establece el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política, dado que se retiró del cargo el 25 de abril de 2000 y las elecciones se realizaron el 29 de octubre del mismo año; en el momento de su elección solamente habían transcurrido 6 meses y 4 días desde la fecha de su retiro y en consecuencia se encontraba inhabilitado para ser elegido como diputado a la asamblea del departamento de Boyacá.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto del procurador delegado en lo Contencioso Administrativo y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 17 de septiembre de 2002.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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