Sentencia 30525 de julio 22 de 2010

 

Sentencia 30525 de julio 22 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 230

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera:

1. El artículo 212 del Código de Procedimiento Penal del año 2000, establece los requisitos a cumplir por toda demanda de casación, los cuales de no ser íntegramente reunidos determinan su rechazo por la Corte.

Entre los presupuestos de admisibilidad de que se viene hablando, se destaca el relacionado con la carga de indicar clara y precisamente los fundamentos de la causal que se aduzca para demandar el derrocamiento del fallo.

2. Esta claridad y precisión no se aprecia en la demanda presentada a nombre de la procesada Everlides Yance Martínez, pues si bien el cargo que se postula al amparo de la causal tercera de casación aparece correctamente enunciado, en la medida en que parte de denunciar que la sentencia fue proferida en juicio viciado de nulidad por violación del principio de investigación integral, determinante a su vez, de la transgresión al derecho de defensa como componente del debido proceso constitucional, y también se cumple con la carga de indicar las normas procesales que pudieron haber resultado infringidas a causa del desacierto, el posterior desarrollo de la censura no se compadece con el rigor técnico con que se da comienzo al libelo que persigue sustentar la impugnación, y en particular a la enunciación del cargo que se pretende formular.

3. En relación con la causal tercera o de nulidad, la jurisprudencia insistentemente ha dicho(18) que los motivos de ineficacia de los actos procesales no son de postulación libre, sino que, por el contrario, se hallan sometidos al cumplimiento de precisos principios que los hacen operantes.

De acuerdo con estos, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento (trascendencia); y, además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).

De manera que en sede de casación, no basta con solamente invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado, sino que compete al demandante precisar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura, y la trascendencia frente al fallo cuestionado.

Tiene establecido, además, que si lo que se persigue es denunciar la presencia de varias irregularidades, cada una de ellas con entidad suficiente para invalidar la actuación o parte de ella, resulta indispensable que se sustenten en capítulos separados y de manera subsidiaria si fueren excluyentes, pues solo así puede acatarse la exigencia de claridad y precisión en la postulación del ataque y respetarse los principios de autonomía de los cargos y de no-contradicción.

3.1. En relación con la solicitud de nulidad derivada de la violación del debido proceso, la Corte tiene precisado que una tal pretensión debe necesariamente apoyarse en la identificación concreta del acto irregular, señalando si el vicio que concurre es de estructura o de garantía; la concreción sobre la forma como el acto tildado de irregular afectó la integridad de la actuación o conculcó garantías procesales; la demostración del agravio y la definitiva trascendencia de este, por afectar negativamente los intereses del procesado, y el señalamiento del momento a partir del cual debe reponerse la actuación.

Esto por cuanto, como ha sido indicado por la Sala(19), el artículo 29 de la Carta Política, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a ley preexistente, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la “plenitud de las formas propias de cada juicio”. La Constitución igualmente se refiere a otros principios que complementan esta garantía, tales como el de favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la asistencia profesional de un abogado, la publicidad del juicio, la celeridad del proceso sin dilaciones injustificadas, la aducción de pruebas en su favor y la posibilidad de controversia de las que se alleguen en contra del procesado, el derecho a la doble instancia en caso de condena —salvo que se trate de casos de única instancia—, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho así se le dé una denominación jurídica distinta.

También ha señalado que el concepto de debido proceso se integra por el de “las formas propias de cada juicio”, esto es, por el conjunto de reglas y preceptos que le otorgan autonomía a cada clase de proceso y permiten diferenciarlo de los demás establecidos en la ley. Es así como por vía de ejemplo, de acuerdo con la Ley 600 de 2000 en materia penal la estructura está dada por dos ciclos claramente definidos, uno de investigación —a cargo de la Fiscalía General de la Nación salvo los casos de fuero constitucional—, y otro de juzgamiento —por cuenta de los jueces según las normas que reglan su competencia—. Dentro de la etapa de instrucción, asimismo se observa la necesidad de surtir aquellos pasos de ineludible cumplimiento, tales como los actos de apertura de investigación, de vinculación del procesado, definición de su situación jurídica, de cierre de investigación, y de calificación; dentro del juicio, el rito legal establece dos etapas, una probatoria y otra de debate oral, de formulación de cargos y de sentencia.

3.2. Pero también la jurisprudencia(20) ha sido insistente en indicar que cuando en sede extraordinaria se postula violación del principio de investigación integral por omisión en la práctica de pruebas, para que el ataque pueda entenderse completo resulta indispensable concretar en la demanda los medios de prueba que fueron dejados de practicar por el funcionario instructor; demostrar la procedencia de su práctica; y, finalmente, acreditar su trascendencia.

La primera exigencia implica que el demandante debe señalar, en concreto, las pruebas que los funcionarios judiciales soslayaron en su recaudo, y no limitarse a consignar afirmaciones generales sobre la existencia de una supuesta inactividad probatoria, sin descender al campo de las concreciones.

La segunda, dice relación con los conceptos de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad de la prueba o pruebas no practicadas, e implica acreditar que son legalmente permitidas; que guardan relación con los hechos, objeto y fines de la investigación; que son razonablemente realizables; y, que no son superfluas. La tercera, impone confrontar, dentro de un plano racional de abstracción, el contenido objetivo de las pruebas omitidas con las que sustentan el fallo, en orden a demostrar que sus conclusiones sobre los hechos o la responsabilidad del procesado habrían sido distintas y opuestas de haber sido aquellas practicadas(21).

“Se hace esta primera precisión, ha sido dicho, para dejar sentado que la demostración de esta especie de reparo no se agota con el simple señalamiento de las pruebas que los funcionarios judiciales omitieron practicar en concreto dentro de una determinada investigación, ni mucho menos en la presentación de una variedad de hipótesis probatorias producto de la capacidad imaginativa del demandante, sobre las que se especula a partir de la certeza de los resultados del proceso, sino en el cumplimiento claro y preciso de los requerimientos que viene de ser indicados.

“Sostener que las cosas habrían sido distintas si la investigación se hubiese enderezado en tal o cual sentido, o hubiesen sido practicadas tales o cuales pruebas, o que se violó el principio de investigación integral porque las pruebas que teóricamente podrían haberse recaudado no se realizaron, nada demuestra. Es necesario acreditar, frente al caso concreto, que las pruebas omitidas surgían necesarias o trascendentes para la definición del asunto, que eran jurídicamente procedentes, que eran materialmente realizables, y que dejaron de practicarse por inactividad endilgable a los funcionarios judiciales encargados del adelantamiento de la investigación”(22).

3.3. De otra parte ha sido dicho, que si se alega la violación del derecho de defensa técnica, se impone demostrar que el procesado careció totalmente de asistencia profesional durante las fases de la investigación o el juzgamiento por falta de designación de un abogado, o que pese a contar nominalmente con uno, el profesional encargado de su ejercicio desatendió por completo los deberes que el cargo le impone, generando una situación de desamparo total del imputado.

También ha indicado, que la ausencia de actos de contradicción probatoria, impugnación, o alegación, no siempre implica vulneración del derecho de defensa, ni por tanto nulidad del proceso, puesto que el silencio expectante, dentro de los límites de la racionalidad, es también una forma de estrategia defensiva, no menos efectiva que una activa postura controversial, y que por esta razón, solo cuando adicionalmente se advierte que el abogado defensor no ha desarrollado tampoco actos de vigilancia del acaecer procesal, es posible afirmar que se está en presencia de una situación de abandono de la gestión encomendada(23).

A este respecto no puede olvidarse que el defensor, sea de confianza, de oficio o vinculado al servicio de defensoría pública, en ejercicio de la función de asistencia profesional goza de total iniciativa, pudiendo presentar las solicitudes que considere acordes con la gestión encomendada, o interponer los recursos pertinentes, o incluso a pesar de tener una actitud vigilante del desarrollo de la actuación, asumir una pasiva por estimar que esa puede ser la mejor alternativa de defensa, y no por estar en desacuerdo con la estrategia asumida, o haber sido adversos los resultados del juicio, hay lugar a sostener que el derecho de defensa ha sido violado por ausencia de defensor idóneo, pues la ley no le impone al abogado derroteros en torno a la estrategia, contenido, forma o alcance de sus propuestas, ni la aptitud de estas gestiones se establece por los resultados del debate(24).

Sobre dicha temática, pertinente resulta traer a colación que la jurisprudencia de esta Corte(25) ha reiterado:

“... que si la nulidad se vincula a la vulneración del derecho de defensa, porque el profesional a cargo dejó de solicitar pruebas, o no interpuso los recursos de ley; o si la causa generadora de invalidez se refiere al desconocimiento del principio de investigación integral, porque los funcionarios judiciales no decretaron algunas pruebas, para la correcta formulación de la censura, corresponde al demandante ocuparse de los siguientes aspectos:

1. “Especificar cuáles son aquellos medios probatorios cuya ausencia extraña, verbi gratia testimonios, experticias, inspecciones, verificación de citas, etc.

2. “Explicar razonadamente que tales medios de convicción eran procedentes, por estar admitidos en la legislación procesal penal; conducentes, por relacionarse directamente con el objeto de la investigación o del juzgamiento; y factibles de practicar, puesto que ni los abogados defensores ni los funcionarios están obligados a intentar la realización de lo que no es posible lógica, física ni jurídicamente.

3. “En cuanto esté a su alcance, el demandante debe aproximarse al contenido material de las pruebas omitidas, para brindar a la Sala la oportunidad de confrontar el aporte de aquellos elementos de convicción con las motivaciones del fallo y así poder concluir si en realidad se han vulnerado las garantías fundamentales del procesado.

4. “Además, es preciso que el casacionista discierna acerca de la manera cómo las pruebas dejadas de practicar, por la postura negligente del antiguo defensor, o por la ausencia de investigación integral, tenían capacidad de incidir favorablemente en la situación del procesado, ‘bien sea en cuanto al grado de responsabilidad que le fue deducido, o frente a la sanción punitiva que le fue impuesta o simplemente porque el conjunto probatorio que se echa de menos podría desvirtuar razonablemente la existencia del hecho punible o acreditar circunstancias de beneficio frente a la imputación que soporta’ (sent. dic. 4/2000, rad. 14.127).

“Cada uno de estos tópicos debe abordarse separadamente, debido a que su comprobación implica desarrollo y sustentación específicos.

5. “Por supuesto, no todo aspecto que se mencione en el proceso debe ser objeto de prueba indefectiblemente; y la omisión de cualquier diligencia no constituye quebrantamiento automático de la garantía fundamental de la defensa, ni de la investigación integral, si se tiene en cuenta que el funcionario judicial en sana critica debe seleccionar, de oficio o a petición de los sujetos procesales, únicamente los medios conducentes al esclarecimiento de la verdad, como lo disponía el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), y ahora lo establece el artículo 331 del nuevo régimen procedimental (L. 600/2000), en armonía con los principios de economía y celeridad.

“Por consiguiente, la omisión de diligencias inconsecuentes, dilatorias, inútiles o superfluas, no constituye menoscabo de los derechos a la defensa o al debido proceso.

6. “En cuanto a la trascendencia del vacío dejado por la prueba cuya práctica se omitió, es preciso recordar que la posibilidad de declarar la nulidad no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con las que sí fueron tenidas en cuenta por el sentenciador como soporte del fallo, ‘para a partir de su contraste evidenciar que las extrañadas, de haberse practicado, derrumbarían la decisión, erigiéndose entonces como único remedio procesal la invalidación de la actuación censurada a fin de que esos elementos que se echan de menos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso’ (auto mar. 12/2001, rad. 16.463).

7. “Si el menoscabo del derecho a la defensa por la inactividad de los abogados se hace consistir en no haber interpuesto recursos ordinarios contra las providencias, no es suficiente postular esta frase de manera genérica. Es indispensable que el demandante individualice las decisiones que era necesario impugnar, que en cada caso identifique los argumentos que en su criterio podían rebatirse, y que exponga las razones por las cuáles la decisión adoptada tenía que ser sustancialmente más favorable a los intereses que representa”.

4. Lo anterior por cuanto las nulidades no surgen por la sola circunstancia de haberse incurrido en una irregularidad, sino porque habiéndose configurado el desacierto y siendo este de carácter sustancial, afecta realmente garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción o juzgamiento.

5. Estos derroteros, ampliamente desarrollados por la jurisprudencia, suficientemente difundidos, por ende conocidos, no son acatados en la demanda formulada por el defensor de la procesada Everlides Yance Martínez.

5.1. No obstante sostener que formula, con apoyo en la causal tercera o de nulidad, un cargo contra la sentencia del tribunal, para afirmar que en el caso de su asistida se presentó la violación del derecho de defensa técnica y que ello amerita que la Corte declare la nulidad de lo actuado, es lo cierto que deja la censura en su solo enunciado en cuanto no le da ningún desarrollo ni demostración como era de su cargo hacerlo.

Al efecto debe decirse que si bien sostiene que el defensor no pidió y tampoco los juzgadores decretaron la práctica de pruebas a favor de su representada y que las que ella demandó en la audiencia preparatoria fueron rechazadas por el funcionario de conocimiento, no menciona para nada el cumplimiento de los presupuestos de pertinencia, conducencia, aptitud demostrativa, utilidad, posibilidades de realización y trascendencia de los medios que echa de menos, lo cual, como resulta apenas obvio, hace que el cargo resulte inidóneo para admitirlo al trámite casacional por presentar vacíos insuperables en su fundamentación.

Esto, por cuanto, como ha sido dicho en la providencia que párrafos arriba ahora se evoca, “el vicio que concita la nulidad por inactividad investigativa no se demuestra afirmando simple y llanamente que la investigación dejó de incorporar determinadas pruebas, sino explicando y acreditando que los medios que dejaron de practicarse eran necesarios o importantes para resolver el asunto, que su práctica estuvo al alcance de los funcionarios investigadores, que nada se hizo, o que no se hizo lo suficiente para allegarlas, y desde luego, que su práctica es todavía posible”.

5.2. Pero aún si la Corte llegase a suponer que la propuesta impugnatoria es formalmente completa, se advierte que la misma resulta insustancial, en cuanto lo que dice pretender con tales medios es que con ellos se podría dilucidar si la razón estaba de parte de la procesada —quien dijo que, pese a haber sostenido una riña con la víctima, esta fue apuñalada por un tercero—, o le daba la razón al testigo presencial —quien señaló que la agresora tenía un cuchillo pequeño en su mano— y a los demás medios de convicción en que se fundó la sentencia declarando la responsabilidad penal de la acusada, pero no la afirmación categórica que con las pruebas que extraña, el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y opuesto al ameritado, pues no especifica la pruebas que echa de menos, y tampoco indica qué objetiva y racionalmente podría establecerse de los medios presuntamente omitidos.

Entonces, ni desde el punto de vista de cumplimiento de las solas formalidades exigidas en la ley, ni desde la óptica de la substancialidad del reparo, se cumplen los requisitos para que la demanda resulte admitida por dicho concepto.

Esta misma situación concurre en relación con el argumento en el que, al decir que “la defensa a lo largo y ancho del sumario y plenario brilló por su ausencia”, se sugiere que el anterior defensor no pidió pruebas a favor de su asistida, no alegó de conclusión, ni recurrió las decisiones adversas, con lo cual entiende violado el derecho de defensa técnica, toda vez que la sola afirmación del casacionista, formulada en términos genéricos y vagos, no resulta indicativa de que evidentemente la garantía a que alude ha sido conculcada.

Es de tal entidad la precariedad en la formulación de los reparos, que el demandante ni siquiera se toma el trabajo de indicar por qué era procedente practicar las pruebas que en su criterio debieron ser pedidas por el defensor, y en tales condiciones no se halla en posibilidad alguna de acreditar la eventual trascendencia que su recaudo podría reportar para la definición del juicio.

No logra percatarse, que tenía por deber indicar qué concretamente se establecería de ellas, ni las razones por las cuales de haber procedido la defensa en la forma como lo propone, interviniendo activamente en la práctica de pruebas y pidiendo el recaudo de aquellas que echa de menos, al realizar la confrontación de lo que dichos medios aportarían en un plano de razonabilidad, con las demás válidamente allegadas a la actuación, se habría dado lugar a variar las conclusiones en cuanto a la declaración de responsabilidad contenida en la sentencia, nada de lo cual siquiera ensaya.

Tampoco indica, cuáles habrían de ser los motivos de inconformidad para sugerir que las decisiones adoptadas en el curso de las instancias debieron ser recurridas por la defensa, ni las razones por las cuales con ocasión de los recursos, las providencias judiciales debían ser modificadas favorablemente a los intereses del procesado en primera o en segunda instancia, ni cuál el sentido concreto de unos tales pronunciamientos.

Lo que la demanda evidencia, es que el casacionista apenas exterioriza su desacuerdo con el fallo de segunda instancia tan solo porque resultó adverso a los intereses que representa, pero no la pretensión de enunciar, desarrollar y demostrar la existencia de un concreto yerro de garantía y su definitiva incidencia en las conclusiones del fallo.

6. Siendo entonces ostensibles los defectos técnicos y de fundamentación que la demanda acusa, y no pudiendo la Corte corregirla por virtud del principio de limitación que rige su actuación, lo procedente será inadmitirla y ordenar la devolución del expediente al despacho de origen, conforme así se establece de los artículos 197 del Decreto 2700 de 1991 y 213 de la Ley 600 de 2000.

Esto último, si se considera que de la revisión de lo actuado tampoco se observa violación de garantías fundamentales que tornen viable el ejercicio de la oficiosidad por parte de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de la procesada Everlides Yance Martínez, por lo anotado en la motivación de este proveído.

Contra este auto no procede recurso alguno.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(18) Casación Agosto 1º de 2002. Rad. 12091.

(19) Cfr. auto casación diciembre 5 de 2002. Rad. 18683.

(20) Cfr. por todas, Cas. de 11 de julio de 2007. Rad. 27778.

(21) Cfr. casación de 27 de febrero de 2001. Rad. 15402.

(22) Cfr. Sentencia de casación mayo 4 de 2006. Rad. 22328.

(23) Casación de marzo 15 de 2001. Rad. 13372.

(24) Casación de junio 13 de 2002. Rad. 11324.

(25) Sentencia de julio 28 de 2004. Rad. 15670.