Sentencia C-306 de julio 11 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

MODIFICACIÓN PARCIAL DE UNA LEY

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE SEA OBJETO DE REFORMA

EXTRACTOS: «2. A juicio del actor, la Ley 38 de 1994 debió publicarse en un solo texto conjuntamente con la Ley 179 de 1994 —que parcialmente la modificaba—, a fin de dar cumplimiento a la exigencia que en ese sentido impone el artículo 158 de la C.P. En efecto, la última frase del artículo 158 de la C.P., reza así: “La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

El constituyente que propuso la norma citada, explicó de la siguiente manera su alcance:

“eso (la norma) solucionaría todo ese problema de leyes anteriores o de normas que no fueron cambiadas o modificadas, de tal manera que siempre haya un texto sobre la materia, y no tengamos entonces el problema de esa dispersión legislativa que hoy tenemos”.

“Buscar un sistema que mantenga actualizada a la legislación que está vigente, a mí me parece muy útil...”.

“eso (la norma) lo que va a permitir es que entremos en el camino de la metodología que es sumamente buena para ponerle orden a la cuestión legislativa del país...”.

“Lo que uno quiere y lo que quiere el país es la certeza jurídica, cuáles son las normas que están rigiendo, cuáles son las normas que regulan la vida en sociedad ... tiene que decir la ley qué queda vigente y qué no queda vigente, y no dejar, a través de esa derogatoria tácita de que se derogan todas las disposiciones que sean contrarias, para que los intérpretes voten un pleito sobre cada una de las disposiciones que supuestamente estarían o no vigentes ...”(1).

En síntesis, se pretendía combatir “la dispersión legislativa” (i); propugnar la certeza jurídica (ii); abolir la incertidumbre derivada de la práctica de la derogación tácita (iii). Por lo menos, en lo que respecta al primero y al último objetivo, la norma constitucional no podrá ser plenamente eficaz, dada la multitud de causas no fácilmente controlables que determinan ambos fenómenos y en vista de que la derogación tácita no fue prohibida por el constituyente. En otras palabras, sin perjuicio del ámbito propio que delimita el enunciado normativo constitucional, el texto finalmente aprobado, no garantiza objetivamente que se alcancen los loables propósitos que se tuvieron en mente.

3. La publicación de la ley no es un requisito constitutivo para su existencia. Entre los requisitos que enumera el artículo 157 de la C.P., cuya concurrencia es necesaria para que un proyecto se convierta en ley, no figura la publicación. La publicación de la ley, en cambio, como lo ha sostenido la Corte Constitucional es “requisito indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad)” (Corte Constitucional, sentencia C-084 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz). En la misma sentencia, la corporación expresó: “Dicha función le corresponde ejecutarla al Gobierno, después de efectuada la sanción. Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, puesto que sólo con la publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas por los asociados, para luego exigir su cumplimiento”.

El Estado de derecho se funda en la publicidad y en la reconocibilidad de los actos de sus órganos y autoridades. La interdicción de la arbitrariedad y la protección de la libertad, no sería posible si rigiera un principio contrario. Igualmente, la certeza y la seguridad jurídicas reclaman que las personas puedan conocer el contenido de las normas. En fin, el pueblo como titular originario de la soberanía, debe estar siempre en posibilidad de establecer la existencia y vigencia de los mandatos dictados por los órganos representativos, tanto para asegurar su cumplimiento como para controlar el uso del poder.

La publicación de la ley, aunque presupone su existencia, es trascendental desde el punto de vista de su eficacia. De todas formas, se trata de un requisito que no se integra en el íter formativo de la ley. La publicación, en estricto rigor, constituye una operación administrativa material, reglada, que corresponde ejecutar al Gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el Diario Oficial. Los vicios que se observen en la fase de publicación de la ley, no entrañan defectos en el proceso de formación de la ley, que necesariamente es previo. En consecuencia, su conocimiento no corresponderá a la Corte Constitucional. En realidad, en punto a las leyes y a los decretos-leyes, las sentencias de exequibilidad o inexequibilidad, presuponen su vigencia; si aquéllas han sido derogadas, por lo menos la producción de efectos. En ninguno de los dos casos, dichos efectos pueden jurídicamente generarse si se ha omitido la publicación o si ésta se encuentra viciada por una grave irregularidad que por tal motivo haya impedido su cabal conocimiento social.

Pese a que la Corte aprecie que en este caso, tanto la ley reformada como la modificativa, se han sujetado al requisito de la publicación y que, de otra parte, se contempla una operación de compilación que se endereza a cumplir los fines de la disposición constitucional, por lo expuesto se deberá declarar inhibida para conocer del cargo que se formula contra la ley.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

2. Declararse INHIBIDA para conocer de los cargos en contra de la Ley 179 de 1994 en relación con el artículo 158 de la Constitución Política, en lo referente a la publicación de la ley objeto de reforma parcial en un solo texto, por carecer de competencia».

(Sentencia C-306 de julio 11 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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