Sentencia 30612 de febrero 3 de 2010

 

Sentencia 30612 de febrero 3 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 30612.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., febrero tres de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Por otra parte, la intervención en el juicio del experto en siquiatría fue el mecanismo para introducir al juicio una pericia, medio de prueba de naturaleza científica pues, como tal, involucra conocimientos técnicos en su práctica y conclusiones. De allí que pueda afirmarse que el dicho del profesional de la salud mental, como tampoco su estudio científico allegado, no configuran en este caso pruebas de referencia(8).

Y aunque es cierto que el dictamen siquiátrico supone una entrevista al examinado, dentro de la cual el experto escucha, registra y analiza las manifestaciones de este último, ello no permite calificarlo como prueba de referencia, pues su esencia no es otra que el análisis de las manifestaciones y comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método científico el de deslindar o asignar responsabilidades según las manifestaciones del sujeto cuyo comportamiento es objeto de estudio por el perito forense.

Es así que el peritaje está encaminado a ofrecer un elemento de juicio de corte científico que, en todo caso, está sometido al tamiz de la sana crítica por parte del funcionario judicial.

Naturalmente, por las características de su intervención, al perito no le corresponde deponer sobre los hechos particulares del caso, pues evidentemente no le constan, pero su conocimiento sobre un tema particular —en este caso, el comportamiento humano, en particular el de los menores que han sido víctima de abuso sexual— le permite al funcionario judicial comprenderlos en su verdadero contexto. En consecuencia, no es acertado afirmar que el experto en sicología o siquiatría deponga en el juicio oral sobre los hechos del caso particular, con fundamento en lo que el individuo explorado le ha referido.

Fenómeno similar al anterior tiene lugar con el reconocimiento médico legal de lesiones personales, pues uno de sus elementos es la anamnesis del examinado, expresión que corresponde al relato que de los hechos hace este último. No obstante, como es sabido, ello no permite tener el peritaje de lesiones personales como prueba de referencia, pues su fundamento se encuentra en el análisis científico de aquello que el legista percibe.

Ahora bien, una interpretación en el sentido de que los expertos en sicología y siquiatría que examinan a la víctima resultan ser testigos de referencia, deja ver una confusión entre los conceptos de testigo perito y testigo técnico, aspecto que conviene distinguir con apoyo en la jurisprudencia de la corporación:

“Así mismo, no se puede confundir la diferencia entre testigo perito y testigo técnico, toda vez que este último es aquel sujeto que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso, de acuerdo con la teoría del caso, mientras que el primero se pronuncia no sobre los hechos, sino sobre un aspecto o tema especializado que interesa en la evaluación del proceso fáctico.

Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona experta en una determinada ciencia o arte que lo hace especial y que, al relatar los hechos por haberlos presenciado, se vale de dichos conocimientos especiales”(9).

Así, en tratándose del denominado testigo técnico —según la anterior distinción—, se dirá que este puede eventualmente ser un testigo de referencia, en la medida en que con su dicho se trata de introducir hechos que no le constan pero ha escuchado de terceros. No obstante, insiste la Corte, esa condición no puede predicarse del perito, pues este interviene en el debate oral introduciendo y soportando las conclusiones de su propio estudio científico que ha sido elaborado con anterioridad.

Por lo tanto, la realidad probatoria de la actuación permite ver con claridad que el juicio de condena no se soporta en prueba de referencia, pues ni el testimonio de Liliana Gómez Montoya, como tampoco el testimonio rendido en el juicio oral por los expertos en sicología y siquiatría, a través del cual se introdujo la prueba pericial, constituyen la prueba de referencia a la que hace relación el artículo 405 de la Ley 906 de 2004, y fue así como, de manera acertada, el juzgador apreció su contenido.

Es necesario reiterar que en verdad la Corte observa que los profesionales referidos no presenciaron los hechos sino que realizaron una valoración al menor y, en tal virtud, apoyaron las conclusiones de su estudio en el juicio oral, esto es, aportaron su conocimiento científico, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 402 estatuto penal adjetivo.

Más aún, sobre la naturaleza del testimonio del perito sicólogo o siquiatra, la corporación ha dicho:

“De allí que el conocimiento que por vía directa e indicial permite superar duda alguna sobre la existencia del delito y de la responsabilidad de (...), como lo ordena el artículo 381 y 372 del Código de Procedimiento Penal, sin que sea procedente reflexión posible en torno a la prueba de referencia”.

Así, al resolver la misma inquietud que aquí plantea el censor, expresó lo siguiente:

“… todos los profesionales que valoraron a (…) rindieron su testimonio en calidad de peritos. Se trata entonces de testimonios de peritos que debieron valorarse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que comparecieron a la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus informes.

En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita comparar la posterior manifestación de (…) negando los hechos, porque para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque el punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su progenitora, en las diferentes etapas del proceso”(10).

En consecuencia —insiste la Sala—, la censura planteada a través del segundo cargo parte de un fundamento equivocado, motivo por el cual no logra desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que ampara la decisión impugnada».

(8) En el mismo sentido, sentencia del 29 de febrero, radicación 28257.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de abril de 2007, radicación 26128.

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 29 de febrero de 2008, radicación 28257.