Sentencia 30772 de diciembre 3 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 050012331000199701645 01 (30.772)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Demandado: Municipio de Vegachí e Inpec.

Actores: María Rosmira Bravo Villa y otros.

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil siete.

Asunto: Acción de de reparación directa (consulta).

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

1.1. El 27 de junio de 1997, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Blanca Miriam Montoya Rúa, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Edublis Alberto, Viviana Marcela, Nelson Andrés, Didian Alberto y Dubyan Alexander Montoya Rúa, y además, la señora Marta Eugenia Henao Montoya, formularon demanda en contra del municipio de Vegachí, Antioquia y de la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Luis Evelio Montoya Rúa ocurrida el 27 de junio de 1995, en la Cárcel Municipal de Vegachí, Antioquia.

A título de indemnización solicitaron: (i) por perjuicios morales, el equivalente en pesos a 2.000 gramos de oro puro, para cada uno de los demandantes; (ii) para la señora Blanca Miriam Montoya Rúa, una indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, correspondiente a la suma que tuvo que pagar por los servicios exequiales de su hijo Luis Evelio, debidamente actualizada, de acuerdo con los índices de inflación certificados por el DANE, junto con los intereses autorizados por la Superintendencia Bancaria; (iii) también para la señora Blanca Miriam Montoya Rúa, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las cuotas de ayuda económica que le brindaba su hijo, capitalizadas las rentas, junto con los intereses, desde la fecha de los hechos, hasta el día de ejecutoria de la sentencia. En subsidio si no hubiere bases suficientes para hacer el cálculo de estos perjuicios, una indemnización en el equivalente en pesos del día de ejecutoria de la sentencia, de 4.000 gramos de oro, y (iv) para cada uno de los demandantes, lo que les llegare a costar el pleito, incluyendo lo que tendrán que pagar a sus abogados para hacer valer sus derechos, cuyo monto debía establecerse con base en las Tarifas de los Colegios Antioqueño de Abogados, y de Abogados de Bogotá. En subsidio, los honorarios de los abogados se deberían fijar en aplicación a lo dispuesto en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887.

1.2. Con fundamento en los mismos hechos, el 27 de junio de 1997, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora María Rosmira Bravo Villa, actuando en nombre propio y en representación de los menores Ibony Yuliana, Vicky Alejandra y Joan Aristides Sánchez Bravo y María Verónica Bravo Villa, formularon demanda en contra de las mismas entidades, por los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Aristides Sánchez.

A título de indemnización se solicitó: (i) el equivalente en pesos a 2.000 gramos de oro puro, para cada uno de los demandantes; (ii) para la señora María Rosmira Bravo Villa, una indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, correspondiente a la suma que tuvo que pagar por los servicios exequiales de su compañero permanente Arístides Sánchez, debidamente actualizada, de acuerdo con los índices de inflación certificados por el DANE, junto con los intereses autorizados por la Superintendencia Bancaria; (iii) para la señora María Rosmira Bravo Villa, y los menores Ibony Yuliana, Vicky Alejandra y Joan Aristides Sánchez Bravo y María Verónica Bravo Villa, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las cuotas de ayuda económica que les brindaba su compañero y padre, capitalizadas las rentas, junto con los intereses, desde la fecha de los hechos, hasta el día de ejecutoria de la sentencia. En subsidio si no hubiere bases suficientes para hacer el cálculo de estos perjuicios, una indemnización en el equivalente en pesos del día de ejecutoria de la sentencia, de 4.000 gramos de oro, y (iv) para cada uno de los demandantes, lo que les llegare a costar el pleito, incluyendo lo que tendrán que pagar a sus abogados para hacer valer sus derechos, cuyo monto debía establecerse de acuerdo con las Tarifas de los Colegios Antioqueño de Abogados, Colegas, y de Abogados de Bogotá. En subsidio, solicitó que los honorarios de los abogados se fijen conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887.

Mediante auto proferido el 3 de diciembre de 2001, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se decretó la acumulación de los procesos.

(...).

II. Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, esta corporación es competente para conocer en grado de jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó - Sala de Descongestión, en tanto la condena impuesta al municipio de Vegachí, superó los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la época del fallo (1) .

Dado que la consulta que se tramita en este caso ha sido dispuesta por la ley en favor de las entidades públicas que resulten condenadas, se revisarán todos los aspectos de la sentencia que resulten desfavorables al municipio de Vegachí, Antioquia, sin que, por lo tanto, pueda hacerse más gravosa su situación.

Teniendo en cuenta este marco de decisión y las pruebas que obran en el expediente, se anticipa que la Sala confirmará la sentencia impugnada, en la cual se declaró la responsabilidad patrimonial del municipio de Vegachí, por la muerte de los señores Luis Evelio Henao Montoya y Aristides Sánchez, pero modificará la decisión para actualizar la condena por el perjuicio material impuesta por el a quo a favor de algunos de los demandantes, conforme a la variación de precios al consumidor certificada por el DANE.

Se advierte que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes, y las testimoniales practicadas en el proceso, así como las pruebas documentales trasladadas de la investigación penal adelantada por la Fiscalía Seccional 96 de Yolombó, Antioquia, por la muerte de los señores Arístides Sánchez y Luis Evelio Henao Montoya, puesto que en relación con éstas se surtió el principio de contradicción, por cuanto han estado dentro de este proceso a disposición de la parte contra la cual se oponen, sin que le hayan merecido réplica alguna (fls. 58-93 cdno. 1 y 99-47 cdno. 2).

1. El daño.

1.1. Está acreditado que los señores Luis Evelio Henao Montoya y Arístides Sánchez fallecieron en el municipio de Vegachí, Antioquia, el 27 de junio de 1995. Así consta en el acta de levantamiento de los cadáveres practicado por el inspector de policía, en una de las celdas de la cárcel de esa entidad territorial (fls. 60-61 cdno. 1); la copia de los protocolos de las necropsias practicadas por el médico del Hospital San Camilo de Lelis de Vegachí, en las cuales se concluyó que los mencionados señores fallecieron por anemia aguda, secundaria a heridas por arma de fuego (fls. 105-107 cdno. 1 y 92-93 cdno. 2), y los certificados del registro civil de su defunción (fls. 4 cdno. 1 y 2 cdno. 2).

1.2. Igualmente, está demostrado el perjuicio moral que adujeron sufrir las personas que demandaron por esos hechos, según las siguientes pruebas:

1.2.1. Quienes demandaron por la muerte del señor Luis Evelio Henao Montoya pretendieron acreditar su condición de madre y hermanos de la víctima, con los registros civiles de nacimiento de Luis Evelio, Edublis Alberto, Viviana Marcela y Didian Alberto Montoya Rúa, y Nelson Andrés y Duvian Alexander Montoya, en los cuales consta que todos ellos eran hijos de la señora Blanca Miriam Montoya Rúa (fls. 3, 5, 7-11 cdno. 1).

El municipio de Vegachí formuló la excepción de falta de legitimación en la causa de quienes demandaron por la muerte del señor Luis Evelio Montoya Rúa, porque no fue la persona que falleció el 27 de junio de 1995, en la cárcel municipal de Vegachí, habida consideración de que en el registro civil de defunción consta que el fallecido fue el señor Luis Evelio Henao Montoya.

Considera la Sala que las pruebas que obran en el expediente permiten confirmar que la persona que falleció en la cárcel de Vegachí fue la misma registrada por su madre como Luis Evelio Montoya Rúa.

En efecto se advierte que en varias piezas del proceso penal se hace referencia al señor Luis Evelio Montoya Rúa. Así, en auto 2 de agosto de 1995, mediante el cual la Unidad Seccional de Fiscalía de Yolombó, Antioquia dispuso la comisión a la Unidad Local de Fiscalía de Vegachí, para que practicara algunas pruebas, ordenó: “Solicitar a la Unidad de Salud de ese municipio, las diligencias de necropsias practicadas a los cadáveres de Luis Evelio Montoya Rúa y Arístides Sánchez” y en auto de 19 de septiembre de 1995, proferido por la unidad local de comisionada, se dispuso: escuchar “en declaración jurada a la señora Blanca Miriam Montoya Rúa madre del occiso Luis Evelio Montoya Rúa”.

En las declaraciones rendidas en este proceso por las señoras Ofelia Gómez Monsalve, María Bertha Piedrahita Yarce y Carmen Julia Zea Osorio, vecinas y amigas de la demandante (fls. 116 a 118 cdno. 1), afirmaron conocer a la señora Blanca Miriam Montoya Rúa, como madre del señor Luis Evelio, a quien conocían como “paterrana” y aseguraron que al mismo lo habían matado en la cárcel.

De igual manera, en la diligencia de levantamiento de los cadáveres se dejó constancia de que conforme a lo manifestado por los reclusos José Nolasco Rodríguez y Javier García y del guardia de la prisión Alonso Vidal Tobón, los desconocidos que le dieron muerte a Luis Evelio, lo identificaron con el alias “paterrana” (fl. 108 cdno. 2).

Con fundamento en las pruebas anteriores se concluye que Luis Evelio Montoya Rúa y Luis Evelio Henao Montoya eran la misma persona, que falleció el día 27 de junio de 1995 en la cárcel municipal de Vegachí y que, por lo tanto, su madre y hermanos estaban legitimados para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrieron con su muerte.

1.2.2. De otra parte, se demostró que los demandantes Ibony Yuliana, Vicky Alejandra y Joan Arístides Sánchez Bravo eran hijos de los señores Aristides Sánchez y María Rosmira Bravo Villa, porque así consta en las copias auténticas de los certificados de los registros civiles de su nacimiento (fls. 4-6 cdno. 2).

Y con el testimonio rendido en el proceso por los señores Luz Nelly Hernández, Francisco Cadavid Uribe, Betty del Socorro Cadavid Jaramillo, Rosa Pastora Jaramillo, Alexandra María Velásquez y Rubén Darío Arias Suárez, quienes aseguraron ser amigos y vecinos de la demandante (fls 164 a 169 cdno. 2), se acreditó que la señora María Rosmira Bravo Villa era la compañera permanente del fallecido Aristides Sánchez y que éste era el padre de la menor María Verónica Bravo Villa, quien nació pocos meses antes de su muerte.

La Sala da crédito a las versiones de los testigos por advertir que sus afirmaciones son claras, concisas, uniformes y verosímiles. Por lo tanto, considera debidamente acreditada la calidad de damnificadas de María Rosmira y María Verónica Bravo Villa con la muerte del señor Arístides Sánchez.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha inferido el dolor moral de la prueba del parentesco con la víctima hasta el segundo grado de consanguinidad o civil, así como de la calidad de compañero permanente o cónyuge de la víctima del hecho (2) . Considera la Sala, además, que en el caso concreto, las personas a favor de quienes se reconoció en la sentencia consultada la indemnización por perjuicios morales, los acreditaron con prueba testimonial e indiciaria.

De igual manera, se considera acreditado con los testimonios rendidos en este proceso, a los cuales se acaba de hacer referencia, que la compañera e hijos menores del fallecido Arístides Sánchez sufrieron los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reconocidos por el a quo.

2. Régimen de responsabilidad por daños a personas privadas de la libertad.

En tratándose de los daños sufridos por quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios, la Sala en decisión reciente, luego de hacer un recuento de la evolución jurisprudencial sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, concluyó que éste no era otro diferente al incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, en desarrollo de normas y principios constitucionales, por lo que en cada evento se requería determinar si dichas obligaciones fueron o no incumplidas, para establecer si el daño era o no imputable al Estado. Dijo la Sala:

“... se considera adecuado hablar mejor de un mal funcionamiento del servicio carcelario a fin de imputar responsabilidad al Estado, sobre todo porque a través de la responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo puede hacer un diagnóstico de la prestación de dicho servicio, en relación con las condiciones de los internos y respecto de si la finalidad de resocialización de las penas privativas de la libertad se cumple; con ello la jurisprudencia actúa como indicador de los niveles o estándares de eficiencia del aparato administrativo, con miras a la formulación de políticas públicas, en tanto ejerce una labor de pedagogía hacia la administración y propende porque el servicio que evalúa, se preste en las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico y por los principios y valores superiores que lo inspiran.

“En efecto, la Constitución de 1991 señala en su artículo 1º, que Colombia es un Estado fundado en el respeto a la dignidad humana y, en su artículo 2º dispone que es fin del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Así mismo, en el artículo 11 establece que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte y, en el artículo 12, que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“En desarrollo de esos principios y derechos fundamentales, se expidió la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario, el cual reitera en los artículos 2º a 6º aspectos tales como: el principio de legalidad, el derecho a la igualdad, el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los retenidos y, señala cuáles son las penas y tratos proscritos, así mismo, en su artículo 10, dispone que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. De igual forma, establece como deberes de las autoridades carcelarias, entre otros la custodia y vigilancia de los internos...

(...).

“En consecuencia, una referencia lógica para evaluar y analizar si el servicio carcelario funcionó o no adecuadamente y por tanto, declarar o no la responsabilidad estatal en esta materia, es la normatividad referida, en la cual se determinan tanto las obligaciones y cautelas que deben tener las autoridades en este campo tan delicado de su actuación, como los derechos y garantías a que son acreedores los internos, independientemente de su situación de sujeción y confinamiento y que, deberán ser analizadas en cada caso concreto” (3) .

Se advierte en esa evolución jurisprudencial sobre el fundamento de la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por los retenidos, que partió de concebir las obligaciones que se asumían frente a los mismos como las derivadas del depósito necesario de personas y concluyó en la idea que hoy sostiene la Sala de que la fuente de esa responsabilidad no es otra que la ley, y que la misma pasó por considerar que se trataba de una obligación legal de resultado, o de presumir en tales eventos la falla del servicio y hasta la misma responsabilidad, o de imputar dicha responsabilidad, inclusive, con un criterio objetivo.

Pero en todos esos criterios teóricos, que finalmente han conducido en los casos concretos a condenar al Estado por los daños sufridos por los retenidos, subyace la idea de que éste debe responder por su seguridad, en tanto que al privarlos de libertad, los privó también de la posibilidad de asumir su propia defensa, al punto de no dejarles ni siquiera la opción ele huida del peligro que los amenace, es decir, que frente a los retenidos la obligación de protección, que por mandato constitucional deben brindar las autoridades públicas a todas las personas, se mide con un rasero diferente y, por lo tanto, para exonerarse de responsabilidad no le basta al Estado demostrar el haber puesto en funcionamiento todos los recursos que en un momento dado tenía a su alcance, dado que en tales eventos, el sólo daño es prueba del incumplimiento de dicha obligación.

En el caso concreto, al margen de la controversia que pudiera plantearse sobre la responsabilidad solidaria del Inpec (4) , que en este caso no puede ser objeto de decisión, por los límites que se tiene en esta instancia, ese deber de protección frente a los reclusos estaba radicado en el municipio de Vegachí, por tratarse de una cárcel municipal, conforme al artículo 17 la Ley 65 de 1993, que establecía:

“Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

(...).

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

“En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

“Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

“La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario”.

3. El municipio de Vegachí es patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes, porque el daño se produjo como consecuencia de una falla del servicio.

Se demostró en el expediente que para el 27 de junio de 1995, los señores Aristides Sánchez y Luis Evelio Montoya Rúa se hallaban recluidos en la cárcel del municipio de Vegachí; que en esa fecha ingresaron al penal tres hombres provistos de armas de fuego, a quienes el guardia de turno, por error les abrió la puerta del penal; que al ingresar obligaron al mismo guardia a abrirles las celdas y al verificar la identidad de los retenidos Luis Evelio y Aristides procedieron a dispararles repetidamente, hasta causarles la muerte.

Sobre esos hechos se dejó constancia en la diligencia de levantamiento de los cadáveres, practicada por el Inspector Municipal de Policía de Vegachí, la cual obra en copia auténtica en el expediente (fl. 108 cdno. 1), así:

“Los acompañantes de celda del occiso son José Nolasco Rodríguez y Javier García (reclusos), quienes manifestaron que los tipos, al parecer como tres, llamaron a Paterrana, él se levantó y en esas ellos le pegaron una patada a la puerta y la abrieron y el guardián Alonso les abrió porque lo tenían encañonado. Nolasco de inmediato se echó el colchón encima y Javier se cubrió y en eso comenzaron a dispararle a Paterrana. Aducen que los sujetos estaban encapuchados. El señor Alonso Vidal, guardián de la cárcel manifiesta que a esos de las 3:25 de la mañana tocaron la puerta de entrada y dijeron que abriera, yo pensé que era la policía que de pronto iban a meter unos retenidos y abrí y en esas me encañonaron y me ordenaron seguir y me trajeron hasta aquí y me obligaron a abrir la puerta del patio y después las celdas y les preguntaron que dónde estaban Paterrana y Arístides, yo les dije y ellos los llamaron y en esas los dos presos les decían que no los mataran, eran tres tipos de civil y enmascarados y armados con revólveres y no dijeron nada, si pertenecían a algún grupo, es decir, que no se identificaron. Es de anotar que no se encuentra violencia sobre las cerraduras de la cárcel”.

Con esa actuación, el municipio de Vegachí comprometió su responsabilidad porque la misma fue constitutiva de falla del servicio de protección y vigilancia que se debía brindar a los retenidos, deber que era aún más evidente en el caso concreto, dado que sólo unos pocos meses atrás esa cárcel ya había sido objeto de otro hecho de violencia contra un retenido y, sin embargo, las medidas de seguridad que se adoptaron con posterioridad al mismo fueron mínimas.

En el proceso penal obra el oficio remitido el 2 de octubre de 1995 por el Alcalde de Vegachí al Fiscal Local 48 (fls. 84-85 cdno. 1), en el cual relató ese antecedente en términos similares, señaló cuáles habían sido las medidas de seguridad adoptadas en esa oportunidad; afirmó que su propuesta de no recibir internos en las horas de la noche había sido rechazada por las demás autoridades públicas locales y que la cárcel carecía de mejores medidas de seguridad, debido a dificultades de orden presupuestal. El contenido del documento es el siguiente:

“A raíz del atentado perpetrado el 23 de marzo del presente año en la cárcel de esta municipalidad donde resultó gravemente herido el recluso Gildardo Antonio Cano se optó por sustituir la puerta de entrada principal en la cárcel por una metálica, puesto que la que había de madera fue violentada por los delincuentes.

“Respecto a los hechos del 27 de junio donde (sic) perdieron la vida violentamente otros dos reclusos dentro del penal, según el guardián de turno procedió a abrir la puerta porque creyó que eran miembros de la Policía Nacional que iban a recluir un capturado...

“Debido a este último suceso se les ordenó a los señores guardianes mediante oficio del 16 de agosto recibir capturados en horas de la noche, previa plena identificación de los agentes de la policía mediante carné, de lo contrario, no se permitiría abrir la puerta del penal.

“En reunión que efectué con los señores fiscal, juez, personero, inspector y comandante de la estación de policía se propuso que los capturados en flagrancia en horas de la noche fueran conducidos a las instalaciones del comando de la policía respondiendo el comandante C.S. Justo Pastor Rodríguez Comber que eso no era posible ya que tenía orden expresa del señor Comandante Departamental de División Antioquia, prohibiendo tener retenidos en las instalaciones del comando.

La seguridad de la cárcel es regular debido a que por falta de presupuesto no se ha podido adecuar. Igualmente es insegura por lo que en la noche se cuenta únicamente con un guardián y el comando se encuentra a unos 800 metros de la misma, por lo que se le ha solicitado al Comandante de Policía de Antioquia la ubicación de un CAI en el centro de la localidad, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna” (resaltado fuera del texto).

En conclusión aparece demostrado en el expediente que en la cárcel de Vegachí, para el momento de los hechos de que trata este proceso, no se brindaba a los internos la seguridad que requerían y que el Estado tenía el deber de brindarles desde el momento en que los privó de su libertad. Por lo tanto, al faltar a ese deber el Estado debe reparar patrimonialmente a los damnificados con la muerte de los señores Luis Evelio Montoya y Arístides Sánchez, sin que constituya causal de exoneración de responsabilidad las dificultades económicas las que pudiera estar atravesando el municipio, porque los efectos de esas deficiencias no pueden recaer sobre los retenidos en centros carcelarios.

Finalmente, cabe señalar que a pesar de que para el momento de los hechos, quienes se hallaban retenidos en la cárcel de Vegachí estaban sindicados de, delitos de hurto, porte de arma y lesiones personales, por cuenta del Juzgado Promiscuo Municipal y la Fiscalía Seccional de Segovia, según se acreditó con las certificaciones expedidas por el Secretario de Gobierno Municipal de Vegachí (fls. 65-68 cdno. 2) y del Juez Promiscuo Municipal de Vegachí (fl. 69 cdno. 2), y no de delitos diferentes como los de narcotráfico o terrorismo, u otros similares, existía el deber del Estado de brindarles seguridad efectiva a los retenidos. La posibilidad de que pudieran ser víctimas de ataques de violencia era previsible, particularmente porque ya había ocurrido un caso similar, como se señaló antes, y también que esos hechos eran resistibles para la entidad si se hubieran adoptado medidas de seguridad realmente eficaces. Por lo tanto, no hay lugar a considerar que el hecho fue constitutivo de fuerza mayor, como lo pretendió la entidad demandada.

En síntesis, como la muerte de los señores Arístides Sánchez y Luis Evelio Montoya Rúa, fue causada al interior de la Cárcel del Circuito Judicial de Vegachí, como consecuencia de la omisión de ese municipio en adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier daño a los internos, se confirmará la sentencia consultada, en cuanto declaró responsable a la entidad pública demandada por la ocurrencia del daño, pero se actualizará la indemnización por perjuicios materiales, como pasa a exponerse.

4. La indemnización de los perjuicios.

4.1. La indemnización de los perjuicios morales.

En el caso concreto, el a quo condenó al municipio de Vegachí a pagar por perjuicios morales a favor de la madre, compañera, hijos y hermanos de los fallecidos, respectivamente, una indemnización equivalente a 100 SMLMV para los tres primeros, y a 50 SMLMV para los últimos.

La Sala confirmará la condena porque el daño, como ya se señaló, fue acreditado y la indemnización se impuso, conforme a los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646.

4.2. Perjuicios materiales.

4.2.1. Daño emergente.

El a quo accedió a condenar al municipio de Vegachí al pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor de la señora Blanca Miriam Montoya Rúa, por valor de $ 213.760.00, correspondientes a la actualización de la suma de $80.000, por gastos del sepelio de su hijo Luis Evelio, daño que fue acreditado con el original de la factura de pago a la Funeraria Moderna de Vegachí (fl. 13, cdno. 1). Por lo tanto, se confirmará la condena pero se actualizará el valor a la fecha de esta sentencia, conforme a la variación de precios al consumidor certificada por el DANE, según la siguiente fórmula:

 

Igual situación se presentó respecto de la señora María Rosmira Bravo Villa en relación con los gastos del sepelio de su compañero Arístides Sánchez, que conforme a la certificación dada por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Vegachí (fl. 8, cdno. 2), tuvo un costo de $ 34.200, los cuales fueron actualizados a la fecha de la sentencia de primera instancia, conforme al índice de variación de precios al consumidor, para un total de $ 91.382, suma que también será actualizada a la fecha de esta sentencia con la misma base.

 

4.2.2. Lucro cesante.

El a quo reconoció una indemnización por lucro cesante a favor de la compañera e hijos menores del señor Arístides Sánchez, por un total de: $ 40.369.426, para la señora María Rosmira Bravo Villa; $ 7.457.715, para la menor Vicky Alejandra Sánchez Bravo; $ 10.414.043, para Joan Arístides Sánchez Bravo, y $ 3.847.591.

Los criterios empleados por el a quo para la liquidación de estos perjuicios fueron: (i) la suma de $ 358.000.00 correspondiente al salario mínimo mensual vigente a la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, suma de la cual se extrajo el 25% que se consideró que era el porcentaje que la víctima dedicaba para sus propios gastos. La diferencia se partió en dos partes iguales, para la compañera y otra se distribuyó entre los cuatro hijos menores; (ii) en el caso de la compañera el período de la indemnización abarcó hasta el término de vida probable del occiso, que fue establecido en 33 años, por el médico legista, en la necropsia (11.93, cdno. 2) y en relación con los menores, el período cubrió hasta la fecha en la cual cumplirían los 18 años de edad; y (iii) las fórmulas financieras adoptadas por la jurisdicción.

Las sumas otorgadas a favor de los demandantes fueron liquidadas conforme a las pruebas que obran en el expediente y no exceden los valores ni períodos señalados por la corporación, por lo cual se procederá a actualizar esos valores, conforme a los índices de variación de precios al consumidor certificados por el DANE, así:

Para María Rosmira Bravo Villa

 

Para Vicky Alejandra Sánchez Bravo

 

Para Joan Arístides Sánchez Bravo

 

Para Ibony Yuliana Sánchez Bravo

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia consultada, esto es, aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó — Sala de Descongestión, el 30 de septiembre de 2004, la cual quedará así:

1. NO PROCEDEN las excepciones propuestas por la parte demanda.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por no estar legitimado en la causa por pasiva.

3. SE DECLARA al municipio de Vegachí, Antioquia, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la muerte de los señores Aristides Sánchez y Luis Evelio Montoya Rúa en la cárcel de dicho municipio.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA al municipio de Vegachí, Antioquia, a pagar a los actores los siguientes conceptos:

Para el grupo familiar de Luis Evelio Montoya Rúa:

Por perjuicios morales: Para Blanca Miriam Montoya Rúa la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para Edublis Alberto, Viviana Marcela, Nelson Andrés, Didian Alberto y Dubyan Alexander Montoya Rúa la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por perjuicios materiales, a título de daño emergente, para Blanca Miriam Montoya Rúa la suma de doscientos cuarenta y seis mil quinientos diecisiete pesos ($ 246.517).

Para el grupo familiar de Aristides Sánchez:

Por perjuicios morales: Para María Rosmira Bravo Villa, Ibony Yuliana, Vicky Alejandra Y Joan Aristides la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para María Verónica Bravo Villa la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, para María Rosmira Bravo Villa la suma de ciento cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 105.385).

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para María Rosmira Bravo Villa la suma de cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos m.l. ($ 46.557.837); para Vicky Alejandra Sánchez Bravo la suma de ocho millones seiscientos mil quinientos cincuenta y un pesos ($ 8.600.551); para Joan Aristides Sánchez Bravo la suma de doce millones nueve mil novecientos trece pesos ($ 12.009.913), y para Ibony Yuliana Sánchez Bravo, la suma de cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cuatro pesos ($ 4.437.204).

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Según lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, corresponde al Consejo de Estado conocer en el grado jurisdiccional de consulta, las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condenas en concreto a cargo de cualquier entidad pública, siempre que excedan de 300 salarios mínimos mensuales, o cuando hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, y tales sentencias no fueren apeladas, y también procede ese grado jurisdiccional contra las sentencias que impongan condena en abstracto, pero junto con el auto que las liquide. Cabe señalar que la providencia sujeta a consulta no queda ejecutoriada mientras ésta no se surta, y que siempre se entenderá interpuesta a favor de las entidades públicas o de la persona representada por curador ad litem condenadas en primera instancia. La consulta no es un recurso sino un grado de jurisdicción, que se surte en forma forzosa por efecto de la ley en los eventos en los que ésta lo prevé para el contencioso administrativo, lo cual significa que para su procedencia no se requiere que alguna de las partes en el proceso presente una solicitud para que la sentencia sea conocida por el ad quem. Es más, en los supuestos anteriores es indispensable que la sentencia no hubiera sido apelada, pues lo que se busca con el grado jurisdiccional es la salvaguarda del patrimonio del Estado.

(2) En estos eventos, se parte de un hecho conocido, el parentesco debidamente acreditado, en el primero y segundo grado de consanguinidad, o la relación marital, y las reglas de la experiencia que enseñan que entre las personas que existen vínculos tan cercanos existe amor, por lo que la pérdida o enfermedad de uno de ellos causa grave afectación a los demás, lo cual permite inferir el dolor moral que les produjo el daño sufrido por aquél. En caso de no llegar a demostrarse el parentesco, quienes se consideren afectados de alguna manera con el daño sufrido por otro, corren con la carga de demostrar el dolor que afirman haber sufrido. En sentencia de 26 de abril de 2006, expediente 14.908, la Sala señaló: “...Es pertinente aclarar que en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, la cual no deriva de su calidad de heredero, y es la condición de damnificado la que se debe acreditar el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que en los eventos de mayor gravedad, como los daños que se generan con la muerte, las lesiones corporales graves, o la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha inferido el dolor moral, en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima. En otros términos, no es la condición de pariente de la víctima la que da derecho a la indemnización por los perjuicios derivados del daño sufrido por ésta; ese derecho se reconoce cuando se acredita la existencia del perjuicio que le ha causado al demandante el daño sufrido por la víctima directa; es sólo que en los eventos de daños de mayor gravedad, que de la condición de pariente más próximo se infiere la existencia del daño, prueba indiciaria que puede ser desvirtuada con cualquier medio probatorio...”.

(3) Sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 21.511.

(4) El Inpec fue absuelto en primera instancia, decisión que se encuentra en firme al no haber sido objeto de impugnación y esta corporación sólo conoce del grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor del municipio de Vegachí, única situación a revisar en esta instancia.

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