Sentencia 3087 de agosto 16 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NORMAS DE CARACTER LOCAL

PRUEBA

EXTRACTOS: «El artículo 141 del Código Contencioso Administrativo dispone: ``Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondienté''. Determina así la ley que las normas de carácter local son hechos sujetos a prueba, sometidos a lo dispuesto en los artículos 137, 209 y 214 del Código Contencioso Administrativo, sobre la oportunidad legal para pedirlas, decretarlas, así como su procedencia y frente a estas categóricas disposiciones, no le es dable al juzgador cambiar la necesidad de su demostración y aceptarlas como un hecho probado.

Se censura en el presente caso la actuación de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, en cuanto tomó como ingresos sujetos a impuesto de industria y comercio, la utilidad que obtuvo la demandante durante el año gravable de 1985 en venta de activos fijos —acciones—, así como los dividendos y participaciones producidos por inversiones en otras sociedades. Se afirmó en la demanda, que con esta actuación se violaron precisas disposiciones de la Ley 14 de 1983 y los artículos 1o, 7o, 8o, 9o, 15 y 16 del Acuerdo 47 de 1983, expedido por el Concejo Municipal de Medellín. Con el fin de cumplir con la exigencia legal de acompañar copia del acuerdo con la demanda, se acompañó a la misma una fotocopia autenticada ante notario, la cual no fue aceptada como válida por el tribunal y lo llevó a proferir una decisión inhibitoria.

Por su parte, el recurso de apelación se centra sobre la petición que se consignó en la demanda, que en el evento que los documentos aportados a ella —incluido el Acuerdo 47 de 1983— no eran considerados “suficientes” por el tribunal, se pidiera a la oficina del caso el envío del original o copia auténtica del acto. Se afirma que si el tribunal omitió dar cumplimiento a esta petición, el hecho no puede dar lugar a una decisión inhibitoria.

Definido se encuentra ya por la jurisprudencia, que la obligación que tienen los demandantes de acompañar a su libelo la prueba de la existencia de las normas jurídicas de alcance no nacional, no puede considerarse simplemente como un medio probatorio más, sino como uno de los elementos esenciales de las demandas que se encuentren dentro de estos casos específicos. Su procedencia ante la jurisdicción depende del momento y la forma como haya sido pedida y el cual no pude ser otro que el señalado en el numeral 5º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

No puede en consecuencia pretenderse que con la simple afirmación condicionada al "evento de no ser suficienté" el documento aportado, pueda considerarse como configurada la posibilidad consignada en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo de "solicitar del ponente que obtenga la copia correspondienté", por no haber sido ésta una solicitud expresa, sino condicionada y por tanto sujeta a la discrecionalidad del fallador.

La omisión del cumplimiento de la obligación del demandante dentro de la oportunidad procesal, impidió que la copia aportada con el memorial por medio del cual se sustentó el recurso de apelación, pudiera ser objeto de análisis y confrontación en la segunda instancia, por no encontrarse justificada su presentación en ninguna de las causales exigidas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo sobre procedencia de las pruebas en la segunda instancia. Así lo decidió el ponente en auto de fecha diciembre 18 de 1990, el cual, al no ser recurrido, se encuentra debidamente ejecutoriado.

Es así como, a pesar del principio consagrado en el artículo 228 de la Constitución Nacional, que exige que en las decisiones de la administración de justicia debe prevalecer el derecho sustancial, ante la imposibilidad física y jurídica de efectuar la confrontación de la operación administrativa acusada, con el texto debidamente autenticado de la norma regional que se afirma violada y por cuanto el estudio de la violación de normas de carácter nacional, tendría que basarse en la aplicación que de estas disposiciones generales se hizo en el acuerdo municipal, es necesario negar las súplicas de la demanda y no un fallo inhibitorio como lo decidió el tribunal, pues para demostrar los cargos de violación señalados en ella, debió primero probarse la existencia de la norma local».

(Sentencia de agosto 16 de 1991. Radicación 3087. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

ACLARACION DE VOTO

La exigencia del artículo 141 de la norma de alcance local, no la considero un hecho sometido a las normas que regulan la petición y práctica de las pruebas de los hechos en que se funda la demanda, como uno de los elementos de la causa petendi y por ello no comparto el párrafo inicial de la página 5, que remite a los artículos 137, 209 y 214.

Más bien estimo que la prueba de la norma local es uno de los requisitos formales a los cuales está condicionada la aceptación de la demanda cuando el art. 143 se refiere a ``los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores'''' y dentro de ellos está el del 141.

No todas las “pruebas'''' que pide el proceso son pruebas de los hechos en que se fundamenta la demanda. Hay algunos requisitos de la demanda para que ésta pueda considerarse “en formá” que exigen una prueba como la copia del acto acusado, la existencia y representación de las personas jurídicas, privadas o el comprobante del depósito (arts. 139 y 140) que siendo pruebas, no son de aquellas a que se refieren los artículos 168, 209 y 214.

Su falta en la demanda debe tener el tratamiento procesal del incumplimiento de los requisitos y condiciones de la demanda, o sea: la posibilidad de devolución para corregir (art. 143), la excepción por parte del demandado (CCA, art. 144 y CPC, 97-7). De no lograrse por alguno de estos medios habrá lugar a fallo inhibitorio.

Jaime Abella Zárate. 

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