Sentencia 3088 de octubre 26 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONCEPTOS JURÍDICOS

SON DEMANDABLES

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado Edgar Guillermo Parra Camargo, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del CCA, ha ocurrido ante esta Corporación a fin de que mediante sentencia se declare la nulidad del Concepto Nº 000178 del 1º de septiembre de 1993, dirigido por la delegada - división de doctrina, subdirección jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al jefe de la división de operaciones aduaneras - subdirec-ción operativa de la misma entidad.

Para la Sala el acto acusado constituye un acto administrativo, por las siguientes razones:

Cuando el concepto acusado se refiere a que “...En el evento planteado por el consultante no opera ni la corrección ni la modificación de la declaración, por el contrario, la administración debe proceder a imponer la multa establecida por el artículo 3º inciso 1º del Decreto 1750 de 1991, sin perjuicio de la aprehensión y decomiso de la mercancía, salvo que se hubiere presentado declaración de legalización y pagado el respectivo rescate...”, la subdirección jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está haciendo una declaración de voluntad, en ejercicio de una función administrativa, capaz de producir efectos jurídicos, ya que le está imponiendo a la jefatura de la división de operaciones aduaneras de la subdirección operativa el criterio a aplicar en caso de que haya habido un error mecanográfico al diligenciar la casilla de descripción de la declaración de importación, en tratándose del número de motor de un vehículo.

Cabe señalar que, al tenor del parágrafo del artículo 57 del Decreto 2117 de 1992, los conceptos emitidos por la subdirección jurídica de la citada dirección sobre la interpretación y aplicación de la legislación aduanera, que sean publicados, constituyen interpretación oficial para los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y su desconocimiento podrá acarrear sanción disciplinaria. Esta característica, a juicio de la Sala, torna obligatoria para la administración la interpretación que allí se haga.

Es del caso resaltar que el concepto acusado aparece publicado en el boletín contentivo de los conceptos de septiembre de 1993 de la división de relatoría de la mencionada subdirección jurídica.

De otra parte, cabe puntualizar que la enumeración de actos demandables que hace el inciso 3º del artículo 14 del Decreto-Ley 2304 de 1989 (subrogatorio del artículo 84 del CCA) no es taxativa y los conceptos son enjuiciables en la medida en que contengan una decisión capaz de producir efectos jurídicos y emanen de una entidad pública o persona privada que cumpla funciones administrativas.

Las consideraciones precedentes descartan la posibilidad de un pronunciamiento inhibitorio en el caso sub examine y conducen a la Sala a rectificar lo expresado en auto de 6 de mayo de 1994 (expediente Nº 2811, actor: Edgar Guillermo Parra Camargo).

En lo que respecta al fondo del asunto, advierte la Sala lo siguiente:

Según el acto acusado frente al caso planteado en la consulta que dio origen al mismo, la única solución posible es la del pago de una multa del 50% del valor de la mercancía, sin perjuicio de la aprehensión y decomiso, salvo que se hubiere presentado declaración de legalización y pagado el respectivo rescate.

En otras palabras, ante la presencia de un error mecanográfico respecto del número del motor de un vehículo en la declaración de importación, la solución posible es la imposición de la sanción de multa, aplicable a las conductas que tipifican contrabando, en los términos del literal a del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991.

Para la Sala la solución jurídica que a través de la interpretación de las normas aduaneras se le dio el asunto objeto de la consulta es violatoria del artículo 83 de la Constitución Política, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda.

En efecto, si la buena fe debe presumirse en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, resulta atentatorio de dicho principio fijar como criterio de solución para un error mecanográfico, como el antes anotado, la imposición de una multa, que en este caso constituye una sanción para una conducta que, precisamente por estar precedida del error (ausencia de dolo), descarta la mala fe o la intención de defraudar al Estado, que es lo que pretenden castigar las normas aduaneras, cuando de contrabando se trata (art. 1º lit. a del Decreto Nº 1750 de 1991).

Si bien es cierto que, como lo señala el acto acusado, el parágrafo del artículo 59 del Decreto Nº 1909 de 1992 prevé que no procede la declaración de corrección para modificar la descripción amparando mercancías diferentes; y que la declaración de modificación está reservada para los casos a que se contraen los artículos 35, 43, 44 y 45 ibídem, no lo es menos que los eventos a los cuales se refieren los incisos 1º y 3º del artículo 72 ibídem, de donde extrae la solución la entidad demandada, tampoco encuadran dentro del problema planteado, el del error mecanográfico del número del motor de un vehículo en la casilla de descripción de la mercancía en la declaración de importación, pues dichos eventos sancionan una conducta de mala fe, que difiere, por lo mismo, de la que es fruto de un error involuntario.

De otra parte, cabe resaltar que si, como en el caso planteado que dio origen al acto acusado, el único error mecanográfico involuntario radica en el número del motor de un vehículo, al coincidir todas las demás características del mismo (marca, color, modelo, chasis, serie, etc), se evidencia aún más la ausencia de dolo o mala fe, pues el número del motor no es el único elemento de juicio que permite identificar un vehículo.

Por lo demás, si existen vacíos en las normas aduaneras para la solución de situaciones que obedezcan a errores involuntarios y, por cierto, de común ocurrencia, la manera de llenarlos no es la de la aplicación analógica, pues sabido es que, en tratándose de sanciones, está proscrita la analogía, por ser ellas de consagración expresa, y, en consecuencia, de interpretación restrictiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del Concepto Nº 000178 de 1º de septiembre de 1993, dirigido por la delegada - división de doctrina, subdi-rección jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al jefe de división de operaciones aduaneras - subdirección operativa de la misma entidad».

(Sentencia de octubre 26 de 1995. Expediente 3088. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

____________________________________