Sentencia 30883 de febrero 29 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 30883

Aprobado Acta 62

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Sea lo primero precisar que a la Sala le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con la competencia que le asigna el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, toda vez que la sentencia fue proferida, en este caso, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, como fallador de primer grado, tal como lo prevé el numeral 2º del artículo 76 del mismo estatuto.

2. Se trata aquí de determinar si se acreditan los elementos que configuran el tipo penal de prevaricato por acción, en particular la contrariedad a derecho de la decisión adoptada en providencia del 8 de septiembre de 2005, mediante la cual el fiscal Javier Alberto Rodríguez Rosales revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesaba en contra de los sindicados de concierto para delinquir Wilfredo Hurtado Sepúlveda y Carlos Eberto Higuita Usuga, según así lo dispuso la resolución del 7 de febrero del mismo año. En particular, se examina si la resolución cuestionada se ajustó a los lineamientos fijados en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal de 2000, es decir, si en verdad la revocatoria se fundó en prueba sobreviniente.

El fiscal recurrente no discute que con posterioridad a la providencia que impuso la detención preventiva se practicaron otras pruebas; no obstante, asegura que dichos medios de convicción, al contrario de lo que apreció la corporación de primer grado, no modificaban la situación de los investigados. Por su parte, el a quo, tras considerar que no es necesario que la prueba sobreviniente sea frontalmente opuesta a la que fundó la decisión a revocar, pues, según explica, basta con que los nuevos elementos de juicio justifiquen una nueva ponderación de las pruebas que sustentaron la determinación cuestionada, sostiene que los elementos de juicio allegados con posterioridad a la resolución que impuso la medida de aseguramiento sí permitían la revocatoria de tal determinación.

3. Previo a abordar el análisis del caso concreto, conviene señalar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal tiene dicho(1) que para que se materialice la conducta punible de prevaricato por acción se requiere una resolución, dictamen o concepto —en este caso una resolución revocatoria de una medida de aseguramiento— manifiestamente contrario a la ley, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente el deber de sujeción al imperio de la ley (C.P., art. 230), que debe guiar la actividad de todo servidor público.

Tal situación se presenta, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno del texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, entre otros casos, por responder a una palmaria motivación sofística, grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles(2).

Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la tenida como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede(3).

4. Pues bien, de cara a los planteamientos anteriores, la Sala anticipa su postura en el sentido de que confirmará la sentencia recurrida, pues en verdad la providencia del 8 de septiembre de 2005 no resulta abierta y frontalmente contraria a la ley, en la medida que en su fundamento se encuentra una apreciación de prueba sobreviniente que, según la particular visión de su autor, concluye en la duda en torno a la existencia de los presupuestos para mantener la medida de aseguramiento.

Así mismo, la Corte habrá de formular algunas precisiones en torno a la apreciación de las pruebas sobrevinientes y de las que sustentaron la decisión objeto de revocación.

4.1. Sea lo primero indicar que la providencia revocatoria que se ha calificado de prevaricadora fue el producto de la petición que, en tal sentido, formularon las defensoras de los sindicados con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento, a través de sendos memoriales del 31 de agosto de 2005, luego de que, también a iniciativa de las mismas, se practicaran e incorporaran a la actuación numerosas pruebas.

Así, la apoderada de Higuita Usuga, a través de memoriales del 24 de febrero y 5 de abril de 2005, solicitó la práctica de los testimonios de Domingo Cantor, Beller Barreto, Ernesto Martínez Córdoba y Óscar Murcia, los cuales fueron ordenados en resoluciones del 4 de marzo y 8 de abril de 2005; así mismo, la de Hurtado Sepúlveda pidió los testimonios de Carlos Alberto González, Sulain Puneme Guacaneme, Pedro Julio Lemus López, Nubia Bautista Rincón, Domingo Cantor, Máximo Pan y la ampliación de indagatoria de Andrés Felipe Pino Saldarriaga, al tiempo que solicitó la incorporación de unos certificados laborales y académicos, todo lo cual fue decretado en resoluciones del 25 y 29 de agosto de 2005.

Además de las anteriores, fueron practicadas otras pruebas dispuestas por el funcionario judicial, entre ellas, el testimonio del mayor Camargo Tamayo, comandante del Gaula, al igual que se allegaron diversos informes de inteligencia.

4.2. Ahora bien, para el fiscal acusado la revocatoria de la detención preventiva de Wilfredo Hurtado Sepúlveda y Carlos Eberto Higuita Usuga era justificable, con apoyo en la valoración mancomunada de las siguientes pruebas sobrevinientes:

i) De los informes de inteligencia de la Sipol y Sijín, de fechas 11 de febrero de 2005 y 19 de marzo del mismo año se aprecian inconsistencias en los alias de los capturados. Además, según la decisión calificada de ilegal, los dos organismos de inteligencia manejan información diversa, la cual no es idónea para corroborar la versión del comandante del grupo Gaula Casanare.

ii) En ampliación de declaración del 29 de agosto de 2005, el inspector de policía de Orocué Pedro Julio Lemus Gómez dijo no haber visto en la tienda donde ocurrió el operativo de captura adelantado por el Gaula al individuo conocido por el alias de Carrifle o Carriflas, comandante de finanzas de las autodefensas; así mismo, la descripción morfológica que el deponente hizo de dicho individuo no corresponde con la fisonomía de los aprehendidos.

iii) De las certificaciones provenientes de la Universidad Cooperativa de Colombia (incorporadas ago. 18/2005), se desprende que Wilfredo Hurtado Sepúlveda se encontraba estudiando en ese establecimiento en el programa de tecnología en administración; del mismo modo, de la constancia laboral allegada, se infiere que aquel mantenía un vínculo laboral para el mes de julio de 2004. Lo anterior, apreció el fiscal procesado, desestima la versión incriminatoria del desmovilizado González Achagua, pues, al contrario de lo que este afirma, Hurtado Sepúlveda evidentemente no se hallaba en Algarrobo, Casanare, para las épocas reseñadas.

iv) La declarante Nubia Bautista Rincón (ago. 29/2005), aseguró que Higuita, al momento de su captura, se hallaba dormido sobre una mesa producto del consumo de bebidas embriagantes, circunstancia que apoya la tesis de su defensora, según la cual aquel fue privado de la libertad por meras sospechas.

v) El fiscal especializado de Yopal configuró un argumento que no se funda en una prueba sobreviniente, sino que constituye la corrección de un evidente yerro de apreciación probatoria. Fue así como el funcionario judicial admitió que la afirmación contenida en la resolución de detención preventiva, según la cual el capturado Higuita Usuga portaba un arma de fuego, no corresponde a la realidad y constituye un verdadero ‘lapsus mental’.

La anterior, excluida la corrección de apreciación probatoria reseñada, fue la prueba sobreviniente que, en criterio del acusado, justificó la revocatoria que afectaba la libertad de Wilfredo Hurtado Sepúlveda y Carlos Eberto Higuita Usuga, sindicados del delito de concierto para delinquir. De allí, entonces, que aun cuando es cierto, como así lo sostiene el fiscal recurrente, que la providencia cuestionada no analizó el testimonio del mayor Tamayo Camargo ni la ampliación de indagatoria de Niño Díaz (el informe de inteligencia de mar. 19/2005, al contrario de lo que afirma el apelante, sí fue considerado, como viene de verse), también lo es que el funcionario judicial procesado acudió a otros elementos de juicio allegados con posterioridad a la resolución del 7 de febrero de 2005 que definió la situación jurídica de Hurtado Sepúlveda e Higuita Usuga, como también formuló una nueva apreciación de la prueba antecedente a la medida de aseguramiento, proceder este que reprocha el fiscal apelante.

Ello permite concluir que la determinación de revocatoria se apoya en prueba sobreviniente, como también que la apreciación que sobre ella elaboró el fiscal especializado, que puede ser discutible, como en efecto lo fue a través de los recursos legales que condujeron a su revocatoria, en todo caso no configura una abierta y ostensible ilegalidad.

4.3. Ahora bien, aun cuando es cierto que el fiscal procesado fundó la decisión revocatoria en la apreciación de prueba sobreviniente, también lo es que recurrió, además, a una nueva ponderación de la prueba antecedentes a la imposición de la medida de aseguramiento, práctica esta que censura el fiscal apelante. Por su parte, el tribunal de Yopal no halló en ello irregularidad alguna, y fue así como en sustento de su postura señaló que no se requiere que las pruebas sobrevinientes destruyan frontalmente las iniciales, sino que basta que las nuevas, aun cuando no contradigan las anteriores, justifiquen un nuevo estudio de estas últimas, “como si se dijese que deben sopesarse de nuevo porque las pruebas recientes así lo aconsejan”.

Respecto de un tal razonamiento, la Corte debe precisar que aun cuando al tenor de lo normado por el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, según el cual “durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”, ello no impide que la prueba sobreviniente pueda incidir en la apreciación de la existente al momento de adoptar la revocación.

Ello es así, porque las pruebas del proceso conforman un conjunto que no admite parcelaciones; afirmar lo contrario llevaría a concluir que solamente la prueba practicada con posterioridad a la resolución de situación jurídica es idónea para sustentar la acusación, o que la aducida en el juicio fundaría exclusivamente el fallo; es decir, como si la preclusividad de las diferentes fases del proceso permitiera afirmar que los elementos de juicio únicamente pueden servir para edificar las determinaciones adoptadas dentro de la etapa en la cual fueron practicados o incorporados.

Así las cosas, cuando el precepto legal (CPP de 2000, art. 363) alude a prueba sobreviniente que desvirtúe la medida de aseguramiento(4), no quiere significar que para el único efecto de estudiar la revocatoria deba parcelarse el acervo probatorio, de modo tal que se excluya la prueba antecedente, la cual puede ser ponderada al lado de la sobreviniente, siempre y cuando esta última tenga la aptitud para desestimar las apreciaciones que sobre ellas se edificaron y condujeron a adoptar la determinación que se revoca.

En tal virtud, dígase, a manera de ejemplo, que si la detención preventiva se sustentó sobre el dicho de un cierto testigo presencial y, más adelante, la prueba sobreviniente de carácter documental acredita que el declarante no estaba en condiciones de presenciar los hechos, se dirá, entonces, que la prueba sobreviniente permite ponderar de una mejor manera el fundamento probatorio de la decisión que amerita ser revocada.

Tal situación fue la que ocurrió en el caso que ocupa la atención de la Sala, pues en la providencia del 8 de septiembre de 2005, las pruebas sobrevinientes reseñadas en acápite anterior, en criterio del fiscal acusado, permitieron desestimar las pruebas que, en su momento, contribuyeron a sustentar la detención preventiva, en particular la declaración del comandante del Gaula a cargo del operativo de captura y la del informante Luis Achagua.

4.4. En dicha ponderación la Sala no encuentra una evidente ilegalidad, pues en verdad resulta razonable apreciar (sin que necesariamente se excluyan de plano otras valoraciones probatorias) que si la detención preventiva se fundó en la delación de un informante, un tal sustento pierde fuerza si la versión de aquel aparece contradicha por prueba sobreviniente documental de la que se desprende que sus aseveraciones, en torno a la ubicación del capturado, pueden no ser ciertas. Si a lo anterior se agrega la escasa claridad relacionada con la correspondencia entre la identidad de los capturados y los alias que se les atribuyen, la duda se presenta como razonable.

Frente a la anterior apreciación se dirá, como lo alega el fiscal apelante, que las declaraciones de conducta nada demuestran, pues los integrantes de las autodefensas desempeñan algún oficio lícito dentro de la comunidad en que desarrollan el comportamiento ilegal. Tal consideración, si bien puede ser válida, de todos modos debe ponderarse al lado de los demás elementos de juicio, pues en nuestro sistema probatorio no existe una tarifa legal que obligue a apreciar esta clase de prueba de una determinada manera.

5. En cuanto a los argumentos que ofrece el fiscal apelante en sustento de su pretensión condenatoria, la Sala tiene que decir que carecen de idoneidad para ese propósito.

En primer lugar, porque, como bien lo detectó el sujeto procesal no recurrente, se limita a repetir las posturas de los sujetos procesales y funcionarios judiciales, en cuanto consideraron en su momento que se acreditaban las circunstancias que permitían mantener la medida de aseguramiento, argumento que no trae nada nuevo a las inconformidades ya resueltas dentro del proceso y plasmadas en las diferentes decisiones adoptadas a lo largo de su trámite. Un tal estilo de argumentación naturalmente no reviste ilegalidad alguna, pero por las razones anotadas, en este caso particular resulta inútil para mutar la decisión controvertida.

Por otra parte, el discurso del recurrente no atina a demostrar, como es su intención, que la decisión revocatoria supuestamente ilegal se fundó exclusivamente en prueba antecedente y, en contraste, olvida los elementos de juicio reseñados en el cuerpo de este proveído que, siendo sobrevinientes, apoyaron la determinación liberatoria. Ahora bien, que en su sentir, la certificación académica y la constancia laboral eran falsas y, por lo tanto, no podían concurrir a soportar la resolución del 8 de septiembre de 2005, no pasa de ser una particular apreciación que, por sí misma, no torna en ostensiblemente ilegal, como así se exige para que se materialice la conducta punible de prevaricato, la determinación adoptada por el fiscal especializado.

Por último, tampoco el hecho de que tiempo después de la revocatoria de la detención preventiva los sindicados del delito de concierto para delinquir Wilfredo Hurtado Sepúlveda y Carlos Eberto Higuita Usuga se hubieran acogido a la política de desmovilización puede tenerse como un elemento de juicio idóneo para convertir en manifiestamente ilegal la decisión referida.

Lo anterior es así, por cuanto la misma naturaleza y lógica de la dinámica procesal supone necesariamente que las determinaciones que se adoptan en su desarrollo se fundan en las pruebas existentes al momento de su proferimiento, sin que le sea dado al funcionario judicial apoyarse en la hipotética e incierta posibilidad de que en un futuro la realidad procesal o probatoria tome un giro distinto.

Así, aun cuando el fiscal impugnante se esfuerza en concluir lo contrario, lo cierto es que, si se admitiera su particular postura, necesariamente al funcionario judicial habría de exigírsele el poder de adivinar el futuro para así ajustar las providencias que profiere a los acontecimientos que aún no han tenido ocurrencia. Por lo tanto, solamente ante el acaecimiento de una realidad distinta, al juez o fiscal le está dado adecuar a ella el curso procesal, por medio de la adopción de las determinaciones que en cada caso sean pertinentes. Dicho de otra manera, el análisis probatorio sobre el que se apoyan las diferentes determinaciones judiciales, así como la apreciación de los elementos de juicio que permiten inferir su contrariedad con la ley, opera ex ante y no ex post.

6. En conclusión, con fundamento en los razonamientos precedentes, la Corte confirmará el fallo de primera instancia proferido por el la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo apelado de primera instancia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de segunda instancia del 10 de agosto de 2010, Radicación 34175.

(2) Cfr. Sentencias de segunda instancia del 8 de octubre de 2008. Radicación 30278 y del 18 de marzo de 2009, Radicación 31052.

(3) Cfr. Sentencia de segunda instancia del 23 de febrero de 2006, Radicación 23901.

(4) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 4 de febrero de 2009, Radicación 31167: “... nada en el ordenamiento jurídico ni en su hermenéutica enseña que la revocatoria de la medida de aseguramiento proceda nada más que por dárseles a los mismos elementos valorados para imponerla un alcance diferente, siendo, por el contrario, la jurisprudencia vigente muy clara al señalar que una tal consecuencia se produce bajo condición del aporte de novedosos pilares que consoliden la mutación del estado de cosas imperante cuando la cautela fue impuesta, esto es, que ilustre que no se hace necesario mantenerla...”.