Sentencia 30887 de mayo 12 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 30887

Magistrada Ponente:

Dra. María Del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta 152

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. Conforme lo disponen los artículos 235, numeral 3º Superior, y 75 de la Ley 600 de 2000, la Corte tiene competencia para adoptar la decisión correspondiente, por cuanto el doctor Rodrigo Lara Restrepo ostenta la calidad de congresista como certificó la secretaría general del Senado de la República.

2. Con el propósito de ofrecer respuesta al escrito remitido por el señor Rodrigo Hernán Jiménez González, corresponde precisar, en primer término que este se limita a enunciar su inconformidad con la valoración de las pruebas allí plasmadas, señalando, adicionalmente y respecto de los documentos que aporta, su particular análisis sobre ellos.

En ese sentido, su pretensión de revivir una controversia ya agotada está llamada al fracaso, en tanto la oportunidad para hacerlo ya precluyó sin que hiciera uso de ella pues, ya se dijo, no impugnó la decisión inhibitoria.

Sin embargo, como algunos de los documentos que aporta no fueron allegados durante el trámite y, en ese orden constituyen nuevos elementos de juicio, estima la Sala necesario verificar si se está ante la situación prevista en el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal.

Ello porque este se avizora como el fin último del libelista al enunciar su interés en que se valoren nuevos elementos de juicio y se aduzcan otros, aun cuando dada su condición de lego en estos temas, no acierte a proponerlo en aquellos precisos términos.

Pues bien, según la preceptiva citada, la decisión inhibitoria, a pesar de haber cobrado ejecutoria formal, puede ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, cuando surja prueba que desvirtúe los fundamentos tenidos en cuenta para proferirla.

De acuerdo con el texto legal, el examen de la revocatoria del auto inhibitorio no consiste en volver a valorar las pruebas apreciadas al momento de emitirlo, pues tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, ese análisis resulta incuestionable después de su ejecutoria formal, incluso si llega a mostrarse errado.

La ejecutoria formal también reviste la providencia de las presunciones de legalidad y acierto como consecuencia de la seguridad jurídica ofrecida por el Estado a sus asociados, a partir de tales decisiones.

En consecuencia, debe tratarse de nuevas pruebas allegadas, una o varias, distintas de las recaudadas, apreciadas y valoradas por el funcionario judicial al momento de adoptar la decisión inhibitoria que, adicionalmente, desvirtúen sus fundamentos(5).

Ahora, el auto inhibitorio se originó en la atipicidad de la conducta investigada frente a la hipótesis delictiva de enriquecimiento ilícito de particular, comportamiento en el cual encontraría adecuación típica el supuesto recibo, por el candidato al Senado Rodrigo Lara Restrepo con destino a su campaña, de dineros cuya procedencia ilícita se pregona por causa de la acusación efectuada a Jeiner Guilombo por el mismo delito y de su vinculación a investigaciones por sus gestiones ante Cajanal, para obtener el pago, en apariencia irregular, de pensiones a docentes.

La efectiva ocurrencia de tal hecho, analizada a partir de los datos suministrados por el señor Hernán Jiménez González en declaración ante un magistrado del Tribunal Superior de Buga comisionado por la Sala, fue descartada por cuanto se demostró que su relación con Jeiner Guilombo Gutiérrez se originaba no en gestiones políticas, sino en la promoción, contratada por este, de los artistas Juan Carlos Zarabanda y Diego Luis Lara.

Así mismo, porque Gilberto Enrique Jiménez Castro, Claudia Rocío Cruz y Juan Carlos Zarabanda, mencionados por Jiménez González como quienes le ayudaron a impulsar la candidatura de Rodrigo Lara Restrepo y recibieron, a través suyo, los dineros supuestamente entregados por Jeiner Guilombo, no lo acompañaron en esa afirmación.

Así, el primero de ellos, domiciliado en Cartagena, sostuvo en su testimonio que no realizó labor distinta a promover entre sus parientes cercanos al candidato, para lo cual recibió de Rodrigo Hernán Jiménez en fecha próxima a las elecciones, tres afiches y un millón de pesos, invertidos en los refrigerios y el transporte de sus allegados durante los comicios.

La segunda de los mencionados, con sede en Tuluá, admitió haber cumplido alguna labor proselitista frente a los vigilantes comunitarios de esa ciudad, a quienes coordinaba, y respecto de dos vendedoras por catálogo ubicadas en San Andrés y Leticia, recibiendo en ese cometido unas llantas para las bicicletas de aquellos y doscientos mil pesos para refrigerios, dineros que no envió a la vendedora de San Andrés a quien se destinaba, pues compensó una deuda adquirida por esta.

El tercero, a su turno, negó la realización de cualquier actividad en ese sentido y haber recibido recursos para ello.

En ese contexto, aún cuando los señores Guilombo y Lara aceptaron su conocimiento mutuo y que el primero relacionó al segundo con el señor Jiménez González, la tesis de la entrega de dieciocho millones de pesos por parte del primero al último mencionado para inyectarlos a la campaña del aspirante Lara se advirtió sin mayor sustento, en tanto, además de ser negada por el supuesto benefactor, tres de las cuatro personas a quienes el quejoso mencionó como sus colaboradores en el impulso a la candidatura y destinatarios de esos recursos en su respectiva región, no acusaron el recibo de una suma siquiera comparable con aquella y negaron cualquier contacto con el candidato o con los miembros de su campaña.

A tal punto, que la señora Claudia Rocío Cruz informó cómo en la reunión cumplida con los vigilantes comunitarios en Tuluá, el señor Jiménez González intentó comunicarse a través de su celular con el candidato, quien nunca respondió a sus llamadas.

Adicionalmente, el doctor Lara Restrepo si bien aceptó haber recibido del señor Jiménez González la oferta de promocionar su campaña, negó haber prohijado cualquier actuación suya en ese sentido, pues el precio fijado a esa labor era excesivo y esta no consultaba su forma de hacer política.

Se consideró, además, la ausencia del elemento subjetivo de la conducta analizada, en tanto la ilegalidad atribuida a las actividades profesionales de Jeiner Guilombo solo fue conocida en diciembre de 2006, meses después de culminada la campaña, a través de labores de investigación propias de las autoridades y, en ese orden, su real naturaleza no era fácilmente perceptible ni aún para quienes como Jiménez González, laboraban directamente con aquel.

Ahora bien, entre los documentos aportados por el memorialista se encuentran los extractos de su cuenta personal, en la cual, según afirmó en su testimonio, Jeiner Guilombo consignó recursos en cuantía cercana a $ 18.000.000, destinados a financiar las actividades proselitistas del doctor Lara Restrepo.

Su examen permite advertir que entre enero y marzo de 2006, esto es en época preelectoral pues los comicios se realizaron el 12 de marzo de dicho año, en la cuenta mencionada se hicieron sucesivos depósitos en cuantía que duplicó los efectuados en los restantes períodos, dineros retirados paulatinamente en el mismo lapso.

Así, en el primer trimestre de 2006 la cuenta tuvo depósitos y notas crédito por $ 24.889.856; entre julio y septiembre de 2005, el mismo rubro solo fue de $ 7.805.371; entre octubre y diciembre del mismo año ascendió a $ 11.347.336; entre abril y junio de 2006 alcanzó $ 2.676.509 y entre julio y septiembre de 2006 ascendió a $ 10.336.612.

El comportamiento financiero detectado durante el período inmediatamente anterior a las elecciones de corporaciones públicas, no parece estar justificado en la promoción de artistas, si se tiene en cuenta que el titular de la cuenta, señor Jiménez González, ejercía esa actividad desde 2005, sin que, como se advierte, sus extractos revelen movimientos semejantes, antes ni después del período comentado.

Entonces, si como informó aquel, los dineros allí depositados provienen de Jeiner Guilombo y precisamente en la antesala de los comicios referidos superan en un 100% lo destinado usualmente a los gastos propios de impulsar a los artistas, el uso de tales recursos despierta todo el interés.

Más aún si a ello se suma otra situación que pone de manifiesto la existencia de mayores vínculos, para esa misma época, entre el doctor Lara Restrepo y el promotor Jiménez González.

En efecto, este aportó también una constancia expedida por la empresa Servientrega, alusiva a un envío efectuado el 8 de marzo de 2006 por el doctor Rodrigo Lara desde el Centro de Soluciones Unicentro, en esta ciudad, al señor Jiménez en Tuluá, hecho indicativo de la existencia entre ellos, también en época preelectoral, de una relación no limitada a los dos encuentros aceptados por el candidato, el primero circunscrito al almuerzo donde se vincularon y, el segundo en Cali, donde solo conoció al grupo de trabajo que ofrecía impulsar su candidatura en el Valle del Cauca y el costo de esa tarea, cuyo desarrollo no autorizó.

La situación descrita, surgida de los elementos de juicio allegados, muestra probable la hipótesis según la cual dineros provenientes de Jeiner Guilombo Gutiérrez, vinculado con fraudes a Cajanal, depositados entre los meses de enero y marzo de 2006 en la cuenta de Hernán Jiménez y cuya cuantía es superior a $ 24.000.000, hayan podido utilizarse por él para auspiciar la campaña del doctor Rodrigo Lara Restrepo, situación conocida y aceptada por este, pero no incluida en los registros correspondientes a sus cuentas de campaña, hecho eventualmente constitutivo de otras conductas penalmente relevantes.

Súmese a ello que con el escrito también se aportó un recibo emitido el 2 de marzo de 2006 por el almacén Ciclo Valle, con sede en Tuluá, a nombre de Rodrigo Hernán Jiménez, donde se hace constar el pago de unas llantas y neumáticos por $ 1.413.000, gasto que no se advierte ligado a labores de promoción de artistas sino, en apariencia, a la ayuda ofrecida por aquel a vigilantes comunitarios de la misma ciudad, entre quienes realizó algún proselitismo en favor del candidato Lara.

En conclusión, aun cuando los elementos de prueba sobrevinientes a la resolución inhibitoria no desvirtúan de plano los fundamentos tenidos en cuenta para proferirla, sí dejan la investigación previa en el mismo estado de duda que determinó su adelantamiento y en ese orden, se justifica la reanudación de esa etapa procesal, tal como se encuentra previsto en el inciso segundo del artículo 328 de la Ley 600 de 2000.

A ello se procederá y en su curso se adelantarán las siguientes diligencias:

1. Oír en ampliación de su testimonio a los señores Rodrigo Hernán Jiménez y Jeiner Guilombo Gutiérrez y en ampliación de su versión libre al doctor Rodrigo Lara Restrepo.

Se comisiona a la magistrada auxiliar Martha Lucía Peña Manosalva para la práctica de estas diligencias, con la facultad de señalar fecha y hora ello.

2. Solicitar al Partido Cambio Radical copia integral del informe individual de ingresos y gastos de la campaña al Senado de la República presentado por Rodrigo Lara Restrepo, con sus respectivos soportes, documentos que debe remitir en el término de diez (10) días.

3. Librar orden de trabajo al grupo del CTI que apoya la unidad de fiscalía delegada ante esta corporación, para que en el término de un (1) mes realice las siguientes labores:

3.1. Identifique el número de los teléfonos celulares a nombre del doctor Rodrigo Lara Restrepo y del señor Jeiner Guilombo Gutiérrez entre los meses de noviembre de 2005 y noviembre de 2006.

3.2. Obtenga los listados de las llamadas efectuadas desde y hacia esos números, al igual que las realizadas en el número 311 7696156.

3.3. Confronte la información obtenida y realice la gráfica link correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Revocar el auto inhibitorio proferido el catorce (14) de octubre de 2009 en relación con el senador Rodrigo Lara Restrepo.

2. Ordenar la continuación de la investigación previa iniciada en este caso.

3. Disponer la práctica de las diligencias y pruebas señaladas en la parte motiva de esta decisión.

Contra lo resuelto en los numerales 1º y 2º procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Cfr. autos 26 de enero de 2005, radicado 21458; 23 de agosto de 2005, radicado 21015; 20 de junio de 2007, radicado 24053.