Sentencia 30978 de marzo 17 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXTRACTOS: «Los teóricos del derecho procesal siempre se han preocupado por la vigencia de los principios de economía y celeridad procesal en la definición de los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces.

En desarrollo de lo anterior y teniendo en cuenta que el delito es reconocido en el derecho civil como fuente de obligaciones, los códigos de procedimiento penal colombiano permitieron la intervención de la víctima en el proceso penal y el capítulo regulatorio de la materia se le denominó “acción civil” en el proceso penal (18) .

La intervención de las víctimas en el proceso penal constituía una extensión de la acción civil, razón por la cual la jurisprudencia (19) durante mucho tiempo entendió que el interés de la parte civil en el proceso penal se limitaba al resarcimiento de los perjuicios, y entonces cuando se le indemnizaba en los términos de su pretensión económica quedaba excluida del proceso y no podía intentar acciones que desmejoraran la situación del procesado.

Fue a partir de 2002 que se autorizó a la víctima a intervenir en el proceso con finalidades diversas a las estrictamente económicas (20) , momento a partir del cual se hizo común resaltar que dicha parte o interviniente era titular de un derecho constitucional fundamental que además de garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, asegura (ii) la obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y (iii) un acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad (21) .

Posteriormente la Corte Constitucional (22) estableció que existen tres tipos de daños completamente diferenciables, a saber: el daño individual, que afecta derechos patrimoniales, extrapatrimoniales y fundamentales de un solo individuo identificado e identificable; el daño de grupo, que afecta a una porción de individuos o a un grupo de individuos que forman parte de una comunidad determinada o determinable; y el daño colectivo, que no afecta directamente a un individuo o a un grupo de individuos, pero sí a una comunidad determinada o determinable.

La anterior clasificación resulta útil en cuanto en tratándose de delitos contra la administración pública, como en el sub examine, se configura un daño colectivo dado que la acción del servidor público afectó la finalidad de la función pública consistente en satisfacer con imparcialidad las necesidades generales de todos los habitantes y, un daño individual, en el caso específico de la concusión, la libre autodeterminación del ciudadano constreñido, de modo que la reparación del agravio tiene que consultar los intereses resarcitorios de la administración y del particular lesionado.

Como para los efectos del incidente de reparación, el particular Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude manifestó no tener ningún interés económico y estar satisfecho con la aceptación de cargos por parte del acusado, surge evidente que para esta víctima resultó suficiente la obtención de verdad y la aplicación de justicia que conlleva la pena derivada del acuerdo suscrito entre el acusador y el acusado.

Y como la víctima Dirección Nacional Ejecutiva de Administración Judicial, expresó por medio de su apoderado que a título indemnizatorio resultaba suficiente una declaración expresa de arrepentimiento y perdón por parte del procesado, lo que en efecto ocurrió al aceptar este tal medio de resarcimiento y proceder inmediatamente dentro de la audiencia correspondiente a expresar su solicitud de perdón y el dolor que le ha causado el incumplimiento de sus deberes oficiales al utilizar su función de fiscal para constreñir a un ciudadano (23) , se entiende plenamente realizada la justicia y satisfechas las exigencias que de la misma hicieron las víctimas dentro del presente asunto, además, se estima que este tipo de acción condujo a la recuperación institucional de la Fiscalía General de la Nación.

La Sala resalta que administración pública ordinariamente no puede renunciar a la reparación económica derivada de algunos delitos, como ocurre por ejemplo cuando las acciones delictivas generan al menoscabo de su patrimonio, pero en punibles como la concusión es posible que se satisfagan los derechos de las víctimas con manifestaciones de arrepentimiento y contrición por parte del enjuiciado, resarcimiento simbólico que cada día cobra más fuerza y que genera un positivo y profundo impacto social que permite realizar algunas de las funciones preventivas que cumple el derecho penal.

Es bien conocido que las cortes internacionales de derechos humanos han venido utilizando mecanismos de reparación a favor de las víctimas concurrentes pero diferentes a los de orden económico, porque en algunas ocasiones el interés de ellas se concentra en conocer la verdad, mantener la memoria de lo ocurrido u obtener garantías de no repetición (24) .

Siguiendo la anterior línea argumentativa la jurisdicción contencioso administrativa interna ha considerado que la indemnización patrimonial es apenas una parte de la reparación integral, de modo que en un caso —en el que se demostró que agentes estatales realizaron actos constitutivos de grave violación a los derechos fundamentales— consideró viable la aplicación de medidas restaurativas como la rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y el restablecimiento simbólico que comprende presentación pública de excusas por los hechos ocurridos, medidas de promoción y divulgación de los derechos de las víctimas y publicidad a lo resuelto por la justicia (25) .

De lo anterior se sigue que en materia penal la reparación simbólica se erige en un instrumento idóneo, adecuado y proporcional de restablecimiento de los derechos de las víctimas cuando ellas no pueden o renuncian a acceder a compensaciones patrimoniales, cumpliendo de esa manera la jurisdicción penal una importante labor promocional».

(Sentencia de única instancia, 17 de marzo de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

(18) CPP de 1936, artículos 125 a 148; CPP de 1987, artículos 37 a 57; CPP de 1991, artículos 43 a 55; y CPP de 2000, artículos 45 a 55.

(19) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por ejemplo, sentencias del 21 de enero de 1998, radicación 10166 y del 7 de octubre de 1999, radicación 12394. Tal línea jurisprudencial fue acogida en la sentencia C-293/95 por la Corte Constitucional y se mantuvo hasta el año 2002.

(20) Corte Constitucional, sentencia C-228/02.

(21) Véase Corte Constitucional, sentencia C-209/07. En esta providencia se hace un resumen de la forma como ha discurrido la jurisprudencia en materia de los derechos de las víctimas. Especial mención se hace de las sentencias C-580/02 (estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de la acción penal, siempre que no se hubiera identificado e individualizado a los presuntos responsables); C-004/03 (garantía jurídica con que cuentan las víctimas para controvertir decisiones que sean adversas a sus derechos); C-979/05 (derecho de las víctimas a solicitar la revisión extraordinaria de las sentencias condenatorias en procesos por violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando una instancia internacional haya concluido que dicha condena es aparente o irrisoria); C-1154/05 (derecho de las víctimas a que se les comuniquen las decisiones sobre el archivo de diligencias); C-370/06 (los derechos de las víctimas en procesos inscritos en contextos y modalidades de justicia transicional de reconciliación); y, C-454/06 (la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que estos entran en contacto con las autoridades; señala que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación las autoriza a solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía).

(22) Sentencia T-325 de 2002.

(23) El procesado dijo: “Pido perdón a mi familia... soy un ser humano... me equivoqué, por eso cuando se dio la orden de captura me entregué y por eso acepto mi delito, porque estoy arrepentido... pido perdón a la administración de justicia, a ustedes (magistrados) que fueron mis profesores, y pido perdón a las víctimas que pudieron resultar afectadas con mi conducta”, lo que llevó al apoderado de la administración judicial a manifestar su satisfacción por la reparación obtenida.

(24) Convención Europea de Derechos Humanos, suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950, artículos 32, 46 y 54. El Tribunal Europeo se mantiene por regla general dentro de los estrechos marcos de lo económico en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido modalidades de reparación que conllevan la indemnización de perjuicios (reparación económica) complementadas con la efectividad de los derechos a la verdad y la justicia. Ejemplos de ello son los asuntos contenciosos tramitados contra la República de Colombia: Caso 19 comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, sentencia de 12 de septiembre de 2005; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, sentencia de 15 septiembre de 2005; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006; Caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007; y, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2009, rad. 30340 (R-20030015801).

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