Sentencia 310-02 de septiembre 22 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ALIMENTOS A MENORES

SIGUE VIGENTE LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO DEL MENOR

EXTRACTOS: «Sexto cargo. Con estribo en la causal primera, denuncia violación directa por indebida aplicación de los artículos 16 inciso 2º de la Ley 75 de 1968, 411-5 del Código Civil, 25 de la Ley 45 de 1936 (con la reforma del citado artículo 31), 155 y 156 del Código del Menor y por falta de aplicación del parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 446 de 1998.

Asevera que el tribunal, al confirmar la sentencia del a quo, le impuso indebidamente una condena de alimentos aplicando el artículo 155 del Código del Menor, que permitían presumir que devengaba por lo menos el salario mínimo legal mensual, sin tomar en cuenta que dicho precepto fue reformado por el parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 446 de 1998, que dispone que para condenar en alimentos debe estar demostrada la capacidad económica.

En esa perspectiva, si no están demostrados los ingresos reales del demandado, reitera, no podía fulminarse esa condena a pagar alimentos con base en la previsión reformada; lo que traduce el desconocimiento de la norma que habla de “ingresos reales” y no de los presuntos.

Consideraciones

La inconformidad que el recurrente trae en el cargo despega de la idea de que el artículo 155 del Código del Menor (*) fue abolido en virtud de la regulación que en el punto aparejó el último parágrafo del artículo 26 de la Ley 446 de 1998, norma que, ciertamente, cual lo preconiza la acusación, estableció que “en asuntos de familia, al obligado a suministrar alimentos se le considerarán sus otras obligaciones alimentarias legales y sus ingresos reales para la tasación”.

Y es precisamente fincado en esa derogación que emplaza al tribunal por haber cometido error jurídico en la aplicación de la norma que, a su modo de ver, fue extirpada del ordenamiento jurídico a cuenta de la expedición de la predicha Ley 446; sin embargo, basta reparar en los enunciados de que ambos preceptos dan cuenta para colegir que sobre ese planteamiento no es posible edificar el quebrantamiento directo de la ley.

La razón de tan terminante colofón subyace en que, aparte de que el artículo 155 salió avante del examen de constitucionalidad a que fue sometido casi dos años después de promulgada la ley, vale decir, en el 2000 (C-388/2000), situación que de antemano está diciendo que la derogatoria no es criterio absoluto para definir en qué medida pudo el tribunal infringir la otra norma, lo cierto es que el dicho precepto 155 instituye una presunción que, mirada en el contexto que ofrece el Código del Menor cuando reglamenta lo tocante con las obligaciones alimentarias, donde afloran motivos incontestables de razonabilidad y proporcionalidad que la justifican, impone una aplicación preferente de cara al parágrafo 3º del artículo 26 en comento.

Y no simplemente porque allí está regulada una temática que involucra derechos de la niñez, en cuya protección, sábese, la Carta Política y todo el ordenamiento jurídico ponen su mayor empeño, sino porque en buenas cuentas, entender que por virtud del artículo 26 quedó derogada la norma especial que en la materia trae el Decreto 2737 de 1989 no consulta bajo ninguna óptica ni la filosofía del nombrado código, ni la ley misma, cuyo objetivo, como bien se tiene establecido, lejos estuvo de modificar las normas del primero.

Lo que a ojos vistas sucede con este parágrafo de la Ley 446, cuya inconexidad con la temática abordada en el dichoso artículo 26 es manifiesta, es que acabó formando parte del mismo sin un análisis suficiente; y en verdad que no otra cosa puede sostenerse, porque basta repasar la norma para admitir cómo el propósito del legislador no fue distinto al de zanjar de una vez por todas una disputa doctrinal que venía dándose a raíz de la aplicación del numeral 12 del parágrafo 1º del Decreto 2272, en relación con cuáles eran los asuntos cuyo conocimiento correspondía a los jueces de familia; acaso sea esa desconexión lo que explica que la exposición de motivos no ofrezca elementos de juicio para saber a qué su presencia allí.

Algo que, en definitiva, no acontece frente al artículo 155, disposición cuyo escrutinio permite ver que su inclusión en el Código del Menor responde a razones ponderadas, fruto de estudios profundos y amplios debates, circunstancias que lucen suficientes para deducir que, tratándose de una norma especial, en que regulado viene el tema de las obligaciones alimentarias de los menores, imponía, como bien lo hizo el tribunal, su aplicación en el caso de ahora, motivo que descarta el yerro jurídico que se le achaca. La existencia de la norma está más que justificada, como también se lee en aquel juicio de constitucionalidad.

En consecuencia, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 22 de septiembre de 2004. Expediente 1999-0310-02. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez).

(*) El artículo 155 del Código del Menor dice: “Cuando no fuere posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes o circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal” (N. del D.).

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