Sentencia 3103 de mayo 19 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 3103

Consejero Ponente:

Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez

Actor: Reinaldo Chavarro Buriticá

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

Como quiera que de la lectura de los cargos primero y segundo de la demanda resulta que ambos se refieren a la inconstitucionalidad de los actos acusados, bajo el argumento de que ellos modifican y transgreden el artículo 28 de la Ley 99 de 1993 y, por la misma razón, el ejecutivo se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria a él atribuida, la Sala los analizará en su conjunto pues la violación de las normas constitucionales que en ellos se indican, vale decir, los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Carta Política, sólo podrá predicarse en la medida en que se concluya sobre el desconocimiento de la indicada disposición legal.

Para tal efecto, se considera:

Mediante el Decreto 1768 de 1994, del cual hacen parte de las disposiciones acusadas, “se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993”.

El literal h) del artículo 116 de la ley citada, que constituye, en consecuencia, el fundamento de las disposiciones acusadas, expresa:

“ART. 116.—Autorizaciones. El Presidente de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, procederá a:

“...

h) Dictar las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la presente ley y de conformidad con lo en ella dispuesto; y proveer lo necesario para la transferencia de bienes e instalaciones de las entidades que se trasforman o liquidan; para lo cual contará con diez y ocho (18) meses contados a partir de la vigencia de esta ley”.

El artículo 28 de la Ley 99 de 1993, norma que aduce el actor como infringida por los actos cuya declaratoria de nulidad se impetra, es del siguiente tenor:

“ART. 28.—Del director general. El director general será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el consejo directivo para un período de tres (3) años, contados a partir del 1º de enero de 1995, siendo reelegible.

PAR. TRANS.—El Presidente de la República nombrará o ratificará a los directores generales de las corporaciones autónomas regionales para el año de 1994”.

A su vez, los mencionados actos disponen lo siguiente:

— Inciso segundo del artículo 22 del Decreto Reglamentario 1768 de 1994:

“La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el consejo directivo se efectuará para un período de tres (3) años. La elección se efectuará en la sesión ordinaria del año, que deberá realizarse en la primera semana del mes de febrero. El director anterior continuará su período hasta la fecha de esta elección” (se subraya la parte cuya nulidad se solicita).

— Parágrafo transitorio del artículo 18 del Decreto Reglamentario 1768 de 1994:

“Los alcaldes elegidos a los consejos directivos en 1994 extenderán su período hasta la primera asamblea corporativa ordinaria de 1996”.

Ahora bien, en el auto admisorio de la demanda y como fundamento para decretar la suspensión provisional del inciso segundo del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994 y para denegar igual solicitud respecto del parágrafo transitorio del artículo 18 ibídem, esta sección concluyó lo siguiente, luego de realizar el análisis comparativo o confrontación directa entre dichos actos y el artículo 28 de la Ley 99 de 1993:

“1. Asiste razón al actor en cuanto a la manifiesta infracción del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, por parte del inciso segundo del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994, en las frases demandadas, ya que mientras la primera norma, que es de categoría legal, establece que el período de tres años del director general de las corporaciones autónomas regionales se contará a partir del 1º de enero de 1995, las disposiciones acusadas, que son de naturaleza reglamentaria, prevén que la elección de los citados funcionarios se efectuará en el mes de febrero, contrariando así expresamente y de manera manifiesta el régimen legal sobre la materia.

En consecuencia, la Sala procederá a decretar la suspensión provisional de la parte acusada del inciso segundo del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994.

2. Por el contrario, la Sala considera que no asiste razón al solicitante en cuanto a la presunta contrariedad manifiesta del parágrafo transitorio del artículo 18 del Decreto 1768 con el citado artículo 28 de la Ley 99 de 1993, pues es evidente que la disposición acusada se refiere expresamente a la extensión del período de los alcaldes elegidos a los consejos directivos de las corporaciones en 1994 hasta la primera asamblea corporativa ordinaria de 1996, mientras que la norma legal presuntamente infringida hace relación exclusiva al período del director general, sin que existan elementos de juicio que sustenten la afirmación del actor en el sentido de que aquella disposición se expidió “con el único objeto de hacer posible el nuevo mecanismo de elección que incluye la modificación del período de ejercicio del cargo de los directores generales previsto en el artículo 28 de la ley”.

Por lo tanto este cargo no prospera”.

Como se observa de la transcripción anterior, desde el inicio del proceso la Sala tuvo una clara visión del problema de fondo sometido a su estudio, y fue en virtud de ello que sin hesitación alguna, como era lo debido, procedió a adoptar las mencionadas decisiones, sin que sus fundamentos hayan sido siquiera cuestionados por la parte demandada, en razón de su no comparecencia al debate judicial a pesar de habérsele notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda, así como tampoco por el actor, dado que no hizo uso del derecho que le asistía de alegar de conclusión, cuyos planteamientos hubieran permitido a la Sala reexaminar las consideraciones con base en las cuales denegó la solicitud de suspender provisionalmente el parágrafo transitorio del artículo 18 del Decreto 1768 de 1994.

De consiguiente, la Sala reitera en esta oportunidad los planteamientos expresados en el auto admisorio de la demanda, para concluir, sobre la violación de las disposiciones constitucionales y legal que se indican en los cargos bajo estudio por parte del inciso segundo del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994, parcialmente acusado, más no así en cuanto se refiere al parágrafo transitorio del artículo 18.

En relación con el segundo cargo, en el cual se plantea la violación del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, la Sala considera que adolece de vocación de prosperidad, pues sus mandatos hacen referencia a la obligatoriedad de los preceptos allí indicados y a su aplicabilidad mientras no sean contrarios a la Constitución y las leyes pero no a una causal de ilegalidad que pueda ser objeto de las acciones de nulidad, como la ejercida por el actor, cuya finalidad es la de obtener, mediante su anulación, el restablecimiento del orden jurídico vulnerado por dichos actos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su sección primera, oído el concejo del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los siguientes apartes del inciso segundo del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994:

“La elección se efectuará en la sesión ordinaria del año, que deberá realizarse en la primera semana del mes de febrero. El director anterior continuará su período hasta la fecha de esta elección”.

2. DENIÉGASE la pretensión de la demanda relativa a la declaratoria de nulidad del parágrafo transitorio del artículo 18 del Decreto 1768 de 1994.

3. Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

4. En firme esta sentencia, comuníquese a la señora Ministra del Medio Ambiente y archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

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