Sentencia 31069 de marzo 3 de 2010

 

Sentencia 31069 de marzo 3 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31069

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Aprobado en Sala 65

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

De la competencia

1. De conformidad con el artículo 235 de la Constitución Política, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para proferir el fallo dentro de la presente causa, sin que por lo demás se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado.

2. El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, exige que el fallo condenatorio debe apoyarse en prueba que ofrezca certeza sobre la realización de la conducta definida en la ley como delito, y la responsabilidad del acusado. Según lo establece el artículo 238 del citado ordenamiento, los medios de prueba deben apreciarse en conjunto y en consonancia con las reglas de la sana crítica de modo que, bajo esos postulados, emprenderá la Sala el escrutinio que corresponda.

3. El reproche penal que se edifica contra el enjuiciado Carlos Alberto Palacios Palacio, en su condición de ex gobernador del departamento del Putumayo, se contrae a su abierta intervención en política en las elecciones celebradas en el municipio de Orito en el año 2004, como que públicamente expresó su apoyo al candidato, para ese entonces a la alcaldía, Alirio Martínez Vega. La conducta punible por la que se le acusó en la resolución de acusación, es la consagrada en el artículo 422 de la Ley 599 de 2000:

“… Intervención en política. El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público…”

4. Corresponde establecer, si se satisface el elemento de la certeza en relación con la conducta jurídicamente reprochable. De acuerdo con la reseñada descripción típica, son supuestos para la realización del tipo objetivo: i) ostentar la calidad de servidor público que satisfaga uno de dos requisitos: que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, o, incluso, que desempeñe un cargo de dirección administrativa; o, que se desempeñe en los órganos judicial, electoral o de control y ii) desarrollar la conducta prohibida, la que se ofrece alternativa, por cuanto se puede concretar por dos vías diversas: formar parte de los comités, juntas o directorios políticos; o, utilizar el poder del que está investido para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.

Bajo los parámetros trazados se tiene que, efectivamente, el señor Carlos Alberto Palacios Palacio, para el año 2004, ostentaba la calidad de servidor público como gobernador del departamento del Putumayo y, por tanto, concurría en él la condición de autoridad civil, dentro del ámbito de su competencia territorial conforme a las precisas facultades que le confieren los artículos 303 a 306 de la Constitución Política.

Entonces, es claro que era potencial sujeto activo para cometer el delito previsto en el artículo 422 del Código Penal. Lo que sigue ahora es establecer si conforme a la adecuación típica efectuada en el pliego de cargos, el acusado intervino en actividades de carácter político; conducta reprochable que se traduce, como lo tiene entendido la jurisprudencia de la Sala(5): “lo cual significa, no una interdicción para dedicarse a esa actitud reflexiva orientada a postular el bien común, o la más aconsejable estructura de gobierno, o los mejores planes de administración del Estado o las condiciones de ejercicio de la libertad y cumplimiento de la justicia, sino, como lo dice inequívocamente el mismo artículo 127 de la Constitución, “tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”.

Así, lo que constituye objeto de recriminación al interior del proceso penal está relacionado con la segunda parte de la prohibición, o lo que es lo mismo, el pliego de cargos se le elevó por haber utilizado “… su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político”. De cara a este puntual aspecto se tiene:

i) Cuando el legislador elevó a la categoría de delito esta conducta, obedeció a una razón palmaria: la necesidad de salvaguardar la imparcialidad que deben mantener los funcionarios estatales en aras de propender por la total transparencia que ha de orientar las contiendas electorales. Ello, obviamente, preserva la confianza de la sociedad en sus instituciones, consolida el Estado social de derecho y garantiza que ellas se desenvuelvan en planos de total igualdad entre sus participantes o contendores.

Igual, se hace necesario destacar que el legislador privilegió el interés general de la comunidad frente a las preferencias del servidor público; por esa senda envía un mensaje puntual al conglomerado, la forzosa necesidad de tramitar con total neutralidad y transparencia los comicios electorales, con un único propósito: el candidato que resulte elegido, debe serlo como resultado de un proceso electoral diáfano, donde se consolide el poder del pueblo que en forma libre participe activamente en los comicios, expresando sin cortapisas su preferencia.

Ese ideal, ese deber ser, no se cumplió en las elecciones para la alcaldía del año 2004 en el municipio de Orito (Putumayo), como lo patentiza la acusación a partir de la prueba recaudada.

El mensaje que el entonces gobernador del departamento trasmitió a la comunidad fue de total contubernio con el entonces candidato a la alcaldía de Orito, Alirio Martínez, quebrando el equilibrio que debe prevalecer en todo certamen electoral. Si bien es cierto que se incorporó la declaración del para ese entonces candidato a la alcaldía, a quien se le interrogó sobre tan puntual aspecto, nada aportó al trámite su atestación, toda vez que sus respuestas no se ofrecieron categóricas, muy por el contrario se muestran vacilantes y confusas(6):

“…PREGUNTADO: De manera directa o indirecta recibió usted apoyo político del doctor Carlos Alberto Palacios Palacio en el camino de su aspiración de (sic) la alcaldía de Orito. CONTESTO. No, directamente no recibí ningún apoyo de tipo político del señor Carlos Alberto Palacios, durante mi campaña…”

A partir de esa respuesta, se pregunta la Sala si acaso el apoyo fue indirecto, como apuntan a señalarlo los medios probatorios que dan cuenta del público y decidido respaldo que a su aspiración a la alcaldía de Orito dio a conocer el inculpado desde su condición de gobernador del Putumayo. Como puede verse, la atestación de Martínez Vega no tiene el suficiente mérito para predicar la inexistencia del hecho punible y la correlativa inocencia del procesado.

Ahora bien, para disipar una de las dudas planteadas en sus alegatos por el defensor, en cuanto censuró que por parte alguna se había establecido que las dos personas a quienes se les obligó a apoyar la candidatura en mención eran realmente funcionarios de la gobernación, precisa anotar que el propio Alirio Martínez expuso:

“… si supe y conocía que laboraban para la Gobernación del Putumayo, pero desconocía que cargo ocupaban dentro de la misma o si era (sic) contratista (sic)(7).”

Y es que, como lo tiene dicho la Sala(8), su condición de autoridad departamental le imponía mantenerse al margen de la contienda, no interferir en su desarrollo de suerte que, si al amparo de su investidura contrarió la prohibición existente, debe deducirse que intervino indebidamente en política.

iii) La notitia criminis, que dio cuenta de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad judicial, se circunscribe al escrito que presentaron algunos miembros y activistas políticos(9) de la comunidad de Orito, quienes revelaron los acontecimientos reprochables sucedidos en el mes de junio de 2004(10). Ponen de presente que se llevó a cabo una reunión con el entonces gobernador del departamento del Putumayo Carlos Alberto Palacios Palacio, a fin de determinar algunas políticas relacionadas con su gestión, específicamente con el hospital del municipio.

El evento transcurre en plena normalidad, hasta cuando el propio gobernante decide, de viva voz(11) conminar a funcionarios de su administración, bajo amenaza de perder el empleo, a apoyar la candidatura para la alcaldía de Orito, de Alirio Martínez Vega.

Los términos de la denuncia se exhiben categóricos cuando señalan sin vacilación que el propio mandatario les confesó haber participado activamente en la campaña de Alirio, y que, adicional a ello, obligó a algunos de sus funcionarios a proceder en esa dirección.

iv) La prueba testimonial acopiada es contundente y certera en punto a acreditar que efectivamente el gobernador del departamento de Putumayo, en actitud que los presentes procedieron a censurar, manifestó públicamente: a) que había apoyado el proyecto político de Alirio Martínez Vega, tal y como se había comprometido, y que, b) había conminado a algunos funcionarios a proceder de idéntica manera, so pena de perder el empleo.

En este sentido se ofrecen plenamente concordantes las declaraciones rendidas por los señores Alejandro Goyes Laytón(12), Leonidas Meza Meza(13), Paulo Otoniel García Ortega(14) y Ramiro Lideo Rivadeneira.

Sus relatos, coinciden cuando refieren lo que escucharon de labios del propio gobernador sobre su participación en política. Muestra palpable de ello la ofrece la declaración de Leonidas Meza Meza(15):

“... entonces nos dijo que había obligado a Jorge Andrés Arcos, secretario de agricultura del departamento, y al doctor Fabio Largo, director de alguna institución de salud del estado, que no recuerdo, dijo que prácticamente los había obligado para que bajaran a Orito e hicieran campaña al entones candidato Alirio Martínez, pues ellos son de Orito y son muy conocidos en la región, entones dijo que les había dicho que los votaba de los cargos, eso fue lo que dijo”.

La prueba de cargo que reposa desde los albores del proceso, fincada en las declaraciones rendidas por los denunciantes, se fue consolidando en el curso del proceso, sin que resultara posible al procesado y a su defensor desvirtuar tan puntuales señalamientos.

Aunque al proceso se aportó la declaración de Jorge Andrés Arcos Caicedo(16), a la sazón funcionario de la gobernación, de quien se denunció fue obligado a participar activamente en la campaña de Alirio Martínez, y que negó haber sido objeto de presiones indebidas, subrayando que desde los cargos que ha ocupado, ninguna injerencia ha tenido para apoyar a un candidato en particular, su postura se ofrece vacilante y débil frente a la firmeza de las incriminaciones, soportadas en medios cognitivos que dan cuenta de la realidad de la pública conminación a otorgar decidido apoyo al entonces candidato a la alcaldía de Orito.

Ahora bien, importa destacar que algunos de los participantes en la señalada reunión no eran abiertos opositores del señor gobernador, pues como lo advierten los denunciantes, apoyaron su proyecto político, luego esta circunstancia deja notar la inexistencia de razones o motivos que eventualmente pudieran ofrecerse para colocar en entredicho la veracidad de sus afirmaciones, pues se trata de sus copartidarios políticos, con propósitos y causas comunes. De ello da cuenta Paulo Otoniel García Ortega en su segunda intervención en el proceso:

“… En ningún momento porque todos nosotros lo apoyamos a la candidatura para la gobernación, prueba de ello es la votación de la comunidad de Orito que prácticamente el ganó la gobernación, era muy querido y conocido de la gente de Orito(17)”.

v) Así, las disculpas ofrecidas por el acusado se tornan deleznables, precarias para derruir los términos de la denuncia en relación concreta a lo expresado públicamente en la citada reunión alrededor del abierto apoyo a la candidatura de Alirio Martínez Vega. Es más, en la audiencia pública el procesado, en confuso e impreciso discurso, dejó notar que sí dijo lo que en su boca colocan los denunciantes.

vi) A la denuncia se anexó un CD que contiene la grabación que uno de los participantes realizó en el referido encuentro. En relación con ese medio, la legalidad en su consecución, aporte y capacidad probatoria, la Sala destaca: 1) el hecho de que uno de los participantes hubiera efectuado el proceso de grabación, no es razón suficiente para calificarla de ilegal y en ello comparte la Sala ampliamente la argumentación efectuada por el señor Procurador en audiencia pública; 2) se trató de un encuentro de carácter público, que no reservado, luego nada impedía que cualquiera de los concurrentes quisiera conservarla e incluso divulgarla; 3) la intención del personaje que la efectúo, como él mismo lo señaló, buscaba conservar un registro histórico de tan importante certamen(18); 4) no estuvo orientada a preconstituir prueba de responsabilidad en contra del ex gobernador, en la medida en que la razón del encuentro era dialogar con el gobernante.

En lo que tiene que ver con su capacidad probatoria y no obstante lo dicho, una vez se dispuso la transliteración a texto escrito, se descalificó por: 1. presentar regulares condiciones de audio; 2. ruido ambiental; 3. voces simultáneas; 4. interferencia sonora; 5. bajo nivel de audio(19).

Empero, ahí no se agota lo que importa respecto a este elemento. La Corte participa ampliamente de lo señalado por el señor Fiscal General de la Nación en el pliego acusatorio, en cuanto a que confluyen puntuales circunstancias, asomadas por los testigos, que deben conjugarse con el medio auditivo, ellas son:

1) La existencia de la reunión pública, en la cual participaron diferentes activistas políticos del municipio de Orito (Putumayo), convocada por el gobernador del departamento de ese entonces y dirigida a tratar distintas cuestiones de interés para la comunidad.

2) Los temas coinciden con los referidos por los testigos.

3) La alusión a dos funcionarios de la administración departamental se muestra irrefutable en el audio.

vii) A lo anotado, tampoco le resulta oponible el frustrado cotejo de voz(20) toda vez que, como ya se anunció, y en ello, tan solo en ello, le asiste razón al letrado de la defensa, la calidad del audio impidió acometer tal labor, así lo certificaron los funcionarios encargados de tal menester(21):

“… la posibilidad de éxito de utilizar la voz como un medio par (sic) identificar a las personas en el campo de la investigación criminal, depende en un alto porcentaje de la CALIDAD de las grabaciones dubitadas e indubitadas. Teniendo en cuenta que el material de estudio DUBITADO presenta insuficiencia cualitativa debido a la ausencia de estructuras formánticas necesarias para llevar a cabo la lectura espectral, este se considera NO APTO para desarrollar el análisis de identificación de hablantes solicitado por su despacho”.

viii) Un aspecto adicional sobre la transliteración a texto de los distintos diálogos: no obstante los inconvenientes que surgieron, la Sala se detiene en forma particular en dos párrafos que permiten apuntalar aún más el juicio de reproche elevado contra el ex gobernador, como que idénticas circunstancias se extractan de los testimonios recaudados(22):

“…H(23). En liderar los trabajo (sic) que ha (sic) realizado eeh (sic) quiero también, decirles como, (TI)(24) estábamos muy interesados también en en (sic) los (TI) donde está, el doctoor (TI) que no se pues porque eh si el doctor (TI) se fue por el lado de Alirio (TI) fue porque yo se lo pedí, no se lo pedí se lo exigí”.

Y, más adelante,

“H. (VS)(25) El secretario (TI) de agricultura, él los quiere mucho a ustedes decía gobernador pero para mí es muy berracho mejor déjeme quietito (TI) no uste’ se compromete conmigo o se va, así es ¿si? Entonces por qué él me decía no gobernador es que se es mi grupo ellos son, son de mi (TI) de mi alma cómo me va poner uste’ (TI) con mi gente (TI) una actitu’ política yo no quiero que los culpen a ellos, como (TI) no (TI)” (resaltado fuera del texto).

De la lectura desprevenida de las transcripciones realizadas y resaltadas por la Corte, ninguna duda asoma sobre las semejanzas con la versión suministrada por los denunciantes, en cuanto a que fue el propio gobernador el que asintió, ora, aceptó haber participado en política, en la modalidad de obligar a dos de sus empleados a que votaran por el candidato de su preferencia.

ix) Frente a las exculpaciones del acusado, y más exactamente respecto a lo sostenido en la indagatoria, cuando calificó a Alirio Martínez como su contradictor político(26), debe precisarse que se trata de una afirmación carente de asidero probatorio, un intento fallido de asomar distancias con el referido candidato, en la aspiración de salir airoso del trance penal que sobre él se cierne. Una muestra de ello:

“... eh de gobernación yo recuerdo muy bien cuando, estaba en Orito, yo hablé ahí en las (TI) con el negro Alirio y fui y le dije (sic), al negro mire si usted se mete a una consulta, yo con mucho gusto, yo voy por usted’.

Con esa evocación puntual, la Corte, quiere significar particulares circunstancias que desmienten al procesado:

1. No es cierto que fuera contradictor político de Alirio Martínez.

2. El tema relacionado con la campaña política de aquel y el acompañamiento del gobernador sí fue asumido en la reunión.

3. Se trató lo relacionado con el hospital y la súplica de los participantes relacionada con que se convirtiera en un organismo de segundo nivel.

Las versiones del procesado en sus distintas intervenciones —tres en total—, se muestran contradictorias, faltas de verdad, sin ningún apoyo probatorio de modo que, contrario a lo pretendido, esto es, derrumbar el juicio de reproche existente en su contra, surten un efecto distinto: fortalecen la prueba testimonial con que se edificó el reproche penal.

Tan cierto resulta lo señalado, que en la versión suministrada en audiencia pública, su postura difiere de las anteriores, en cuanto ya no se muestra enfático, sino irresoluto a punto de expresar “que quizás lo pude haber dicho(27)”, actitud que envuelve tácita aceptación de haber expresado lo que la denuncia le atribuye.

De admitir que lo dijo “por salir del paso”, que nunca se materializó, o lo que es lo mismo que no participó en política en los comicios para la alcaldía en el año 2004 en Orito y que era contradictor político de Alirio Martínez, no se explica la Sala por qué razón desde los albores de la investigación no lo enfatizó en esos términos, ni qué lo llevó a negar, inclusive, el reconocimiento de su propia voz en el audio, cuando todos los denunciantes sin dubitación alguna se afianzaron en sostener que era su voz. Todo ello constituye serio indicio de participación en el reato.

A esa postura evasiva y vacilante del procesado, se opone la prueba testimonial, entre ella, la atestación de Paulo Otoniel García Ortega, quien al referirse a la participación activa e ilegal del gobernador en la contienda electoral, manifestó:

“...Sabemos que el gobernador Carlos Palacios en la campaña de aquí para la alcaldía se escuchaba que él estaba presionando a los empleados del hospital, a los empleados de la empresa de energía de Orito, para que votaran por el candidato de su privilegio Aliro Martínez”.

Y más adelante:

“... El apoyaba al candidato Alirio Martínez, yo se que lo apoyaba porque en la campaña de alcaldía para Orito él había viajado en diferentes oportunidades a Orito a reunirse con el candidato Martínez Vega, no sé en dónde se reunían, sé que se reunían por información de amigos que lo veían y a veces de los mismos seguidores del hoy en día alcalde, pero no recuerdo los nombres, ellos manifestaban que el gobernador apoyaban (sic) al candidato Aliro Martínez y eso lo pudimos comprobar en las reuniones que tuvimos en su despacho donde él manifestó que cumpliría la palabra de apoyar al candidato o liberal que ganara en la consulta, y el candidato que ganó la consulta fue Alirio Martínez”.

En esa misma dirección, se destaca el testimonio de Henry Benavides Enríquez(28), quien refiere que presenció una reunión en la sede de Alirio Martínez donde estuvo presente el señor gobernador(29), circunstancia que viene a corroborar que el gobernador del departamento, desoyendo claras prohibiciones de la ley, participó activamente en la campaña de Alirio Martínez a la alcaldía de Orito, apelando además al poder de su investidura para exigir a algunos de sus funcionarios el apoyo a ese proyecto político, so pena de la pérdida del cargo. Que si está acreditada o no la calidad de los mismos, como lo subrayó el letrado defensor, es asunto que se ofrece irrelevante al proceso.

De ese acompañamiento político que realizaba el entonces gobernador en favor del candidato a la alcaldía, también da cuenta la versión jurada del líder indígena José Engelberto Martínez Garzón(30), quien asegura que, si bien no recibió ningún tipo de presión por parte del entonces gobernador Palacios, este, en conversación que tuvieron en el aeropuerto de Ecopetrol en Orito le manifestó: “vea apoyen a Alirio Martínez Vega, eso es un compromiso de todos los liberales”.

Para la Sala, la denuncia no se aprecia huérfana, pues las distintas declaraciones en torno a la participación de Carlos Palacios en política en el año 2004, la corroboran con suficiencia. Así mismo, no se trató de frases sueltas e inopinadas, de un mero dicho o expresión intrascendente lanzada en la citada reunión y no es cierto que ese apoyó paladinamente expresado no se hubiera materializado, pues de la mano del testimonio de Paulo Otoniel García Ortega, se sabía que el gobernador estaba presionando a distintos empleados de la capital para que apoyaran al candidato de su preferencia.

Tanto el acusado como su defensor pretendieron —sin conseguirlo— plantear una hipótesis que consistía en que de asentirse el contenido de la grabación, la misma no podía comprometer penalmente al encausado porque, de una parte, no puede catalogarse como confesión, en cuanto no satisface las exigencias que la ley procesal consagra, y de otro lado, porque quedó en una simple enunciación, una mera alocución, una frase sin trascendencia jurídica emitida en una reunión política que nunca se materializó. Muy por el contrario, la totalidad de la prueba, tanto testimonial como documental allegada, permite la construcción de sólidos elementos de juicio que desvirtúan íntegramente la estrategia defensiva planteada en la audiencia pública.

No está demás advertir, en relación con el bien jurídico tutelado, que no es otro que la administración pública(31), y en cuanto hace al contenido de la prohibición, la neutralidad que se exige en el proceso electoral y que constituye el deber ser de los servidores públicos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, o que tengan cargos de dirección administrativa, o que se desempeñen en los órganos judicial, electoral o de control, por expreso mandato legal, constituye el ingrediente que garantiza al conglomerado la imparcialidad en el ejercicio del cargo, condición indispensable para el pleno disfrute de los derechos ciudadanos.

Ahora bien, la culpabilidad en el evento examinado reside en la conciencia y voluntad de ejecutar la actividad partidista que la ley prohíbe al servidor público. El señor ex gobernador del departamento del Putumayo, dirigió su voluntad a la intervención arbitraria e ilegal en los comicios electorales del año 2004 en el municipio de Orito.

Las precedentes consideraciones llevan a la Sala a concluir que se encuentran acreditadas suficientemente, en grado de certeza, tanto la materialidad de la conducta por la que fue convocado a juicio Carlos Alberto Palacios Palacio, como su responsabilidad en calidad de autor del delito de intervención en política, lo cual impone proferir sentencia condenatoria.

Proceso de individualización de las penas a imponer

El proceso de determinación e individualización de la pena constituye la más palmaria demostración del ius puniendi del Estado, como que es a través suyo que se castiga al infractor de la ley penal con la imposición de una sanción. En ese proceso, insiste la Sala, el órgano represor satisface tanto los principios de las sanciones penales como de las funciones de la pena, siendo de la esencia de los primeros la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tanto que en los segundos se ubica la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

El quantum o guarismo que finalmente se determine y, no en arreglo a lo dispuesto por el Código Penal de 2000 sobre la materia, ha de ser justo, desprovisto de cualquier tipo de arbitrariedad judicial.

En ese contexto, el marco riguroso a seguir es el señalado en la resolución de acusación. Se procede entonces por la conducta punible de intervención en política, de que da cuenta el artículo 422 del Código Penal, cuya pena consiste en multa y pérdida del empleo o cargo público, en cuyo caso se impone su determinación bajo las previsiones consagradas en el artículo 39 ibídem.

En la actual legislación penal se han establecido tres grados de multa, los que dependen exclusivamente, en orden a su determinación, de los ingresos económicos del condenado, en la medida en que se le impone el pago de un mayor valor a quien cuenta con mayores recursos económicos, lo que se torna propio y equitativo de un Estado social y democrático del derecho.

Bajo estos parámetros y a tenor de la información con que se cuenta al interior del proceso, se ha de fijar la pena de multa en contra de Carlos Alberto Palacios Palacio en la unidad de multa de primer grado, como que este ha sostenido que en la actualidad no percibe ningún tipo de ingresos económicos.

Entonces, bajo el marco del primer grado de unidad multa, el ámbito de punibilidad es el siguiente:

Intervención en políticaArtículo 422 del Código Penal
Límites punitivos1 a 10 unidades multa
Valor unidad multa en el primer grado1 Salario mínimo legal mensual ($ 515.000)
Ámbito de punibilidad$ 4.635.000
Factor$ 1.158.750

Efectuado lo anterior, los cuartos punitivos serán:

Primer cuartoSegundo cuartoTercer cuartoCuarto máximo
515.000 a 1.1.58.7501.158.750  más 1 peso a $ 2.317.500  2.317.500 más 1 peso a 3.476.2503.476.250 más 1 peso a 4.635.000

 

Como no se dedujo ninguna circunstancia de mayor punibilidad de las previstas en el artículo 58 del

Código Sustantivo, la Sala habrá de moverse dentro del cuarto mínimo, cuya sanción pecuniaria fluctúa entre $ 515.000 a $ 1.158.750.

Ahora bien, con apego a las circunstancias que rodearon el hecho, a la gravedad que el mismo envuelve, como que fue realizado por persona que para la sociedad es de reconocida prestancia, a quien designaron por voto popular para orientar los destinos de un departamento; cuyo daño se ofrece real al sorprender a la comunidad con un comportamiento abiertamente reprochable que lesiona una actividad insigne de la democracia como son los comicios electorales, se ha de fijar como pena de multa en contra de Carlos Alberto Palacios Palacio la suma de $ 1.158.750, suma que constituye el máximo aplicable al cuarto mínimo, la que deberá cancelar, a más tardar, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del presente fallo.

Del mismo modo, se impondrá la pena de pérdida del empleo o cargo público, la que a términos del artículo 45 del Código Penal inhabilita al penado hasta por cinco años para desempeñar cualquier cargo público u oficial.

Indemnización de perjuicios

La Corte se abstendrá de disponer la indemnización de perjuicios, porque no se demostró dentro del proceso su dimensión económica.(CPP., art. 55).

Finalmente, ningún pronunciamiento debe realizar la Sala sobre los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad toda vez que la sanción impuesta no apareja este tipo de punición.

Una vez suscrita esta sentencia, se remitirán copias de ella a la Procuraduría General de la Nación conforme al numeral tercero del artículo 472 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR penalmente responsable al ciudadano Carlos Alberto Palacios palacio, identificado con la cedula de ciudadanía número 18.523.398 del Valle del Guamuez, y quien fungió como gobernador del departamento del Putumayo por el período constitucional 2004-2007, de la conducta punible de intervención en política, prevista en el artículo 422 de la Ley 599 de 2000, comportamiento realizado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

2. Imponer a Carlos Alberto Palacios Palacio, de anotaciones civiles y personales arriba señaladas, la pena principal de multa por valor de $1.158.750 a favor del Tesoro Nacional, en la cuenta especial del Consejo Superior de la Judicatura, la que deberá cancelar a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de este fallo.

De la misma manera, y como pena principal, se impone la pérdida del empleo o cargo público, la que inhabilita al penado hasta por cinco años para desempeñar cualquier cargo público u oficial.

3. No se le condena a pago alguno por concepto de perjuicios, por las previas razones anotadas.

4. LIBRAR por la secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472, numeral 3º de Ley 600 de 2000.

5. COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos del recaudo de la multa impuesta.

6. Una vez suscrita esta decisión, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de mayo de 1999.

(6) Cfr. Folio 49 cuaderno de la Corte.

(7) Folio 50.

(8) Sala de Casación Penal, 19 de mayo de 1999, radicación 13922: “… Mientras ostentaba la investidura oficial de contralor, el funcionario debía observar un comportamiento neutral y aséptico (sine ira et studio) frente al proceso electoral, permanecer al margen de él, pues, aunque por el mero encargo oficial no se le suprimen ipso facto sus preferencias políticas o partidistas, ellas solo podían expresarse, en su condición funcional, a través del respectivo voto…”.

(9) Vale anotar que la gran mayoría eran concejales del municipio de Orito.

(10) O acaso a finales de mayo.

(11) Paulo Otoniel García Ortega, en su primera intervención al trámite, así lo expuso: “… sorpresivamente el gobernador hace una intervención donde el nos pide que no culpemos al médico Largo y al secretario de Agricultura Jorge Arcos…”

(12) Folio 17.

(13) Cfr. Folio 151.

(14) Folio 155.

(15) Cfr. folio 151.

(16) Folios 194 a 196 cuaderno de la Fiscalía.

(17) Cfr. Folio 160.

(18) Así lo expresó en forma categórica Paulo Otoniel García Ortega, cfr. folio 21: “… nosotros en ningún momento la grabación con ese objetivo de poner denuncias, repito, el objetivo era una prueba de que el gobernador si nos iba a cumplir con el hospital…”.

(19) Cfr. Folio 39 cuaderno Fiscalía.

(20) Cfr. Folio 70.

(21) Cfr. Folio 70.

(22) Cfr. Folio 46.

(23) Conforme a las convenciones significa voz masculina.

(24) Se traduce en texto intelegible (no se entiende una o más palabras)

(25) Significa voces simultáneas.

(26) Cfr. Folio 257. “… Con Alirio Martínez, en el momento de las elecciones teníamos diferencias políticas, éramos contradictores políticos…”

(27) Record 6:51 y finaliza en el 7:10 correspondiente al audio.

(28) Cfr. Folio 168.

(29) Para la Sala importante se le ofrece destacar que es el mismo Alirio Martínez en su declaración quien afirma este puntual aspecto: “… Si me entreviste (sic) varias veces en público (sic) con el mencionado ya que en la época de los hechos teníamos la misma filiación política dentro del partido liberal y por lo tanto los temas que tratamos fueron de índole políticos, (sic) ya que ambos éramos aspirantes a candidatos, tanto alcaldía como gobernación y tratamos temas que se conocían dentro del partido como la consulta liberal que era lo que se priorizaba en ese momento”.

(30) Cfr. Folio 178.

(31) El delito por el que se le llamó a juicio a Carlos Alberto Palacios Palacio, corresponde al título XIV, capítulo octavo del Código Penal.