Sentencia 31123 de enero 20 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31123

Aprobado Acta 7

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., veinte de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones para decidir

La Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la ejecución de sentencias proferidas en otro país (exequatur), señalando que la temática a resolver comprende varios aspectos, entre ellos: i) el manejo de las relaciones exteriores, ii) la aprobación de los tratados internacionales que suscriba Colombia, iii) los principios que orientan dichas relaciones, iv) las previsiones concretas sobre la posibilidad de extraditar a sus nacionales y v) las garantías que deben ser respetadas en todo trámite que cumplan sus autoridades(4).

En cuanto al manejo y dirección de las relaciones internacionales y principios que las orientan, la Constitución Política de 1991 prevé en sus artículos 9º,189-2, 224 y 226 que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, que su dirección está encomendada al Presidente de la República, por intermedio de los funcionarios adscritos al cuerpo diplomático y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y como Estado parte de los diversos tratados y convenios que Colombia suscriba con otros Estados estará vinculado en la medida en que estos sean aprobados por el Congreso, además de expresar como principios reguladores de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional.

Igualmente, debe ser acatado, según el caso, el mandato que preveía el artículo 35 de la Carta Política al prohibir hasta la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997 la extradición de colombianos por nacimiento por hechos anteriores al 16 de diciembre de 1997, por delitos políticos o de opinión aun cuando se trate de extranjeros, prohibición que se mantiene para el caso de delitos políticos.

También resulta imperativa la observancia del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, respecto del cual la Sala ha señalado que el exequatur comprende tanto un procedimiento administrativo como otro de carácter judicial:

El primero corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el cual se formula y se tramita la solicitud y, el segundo, del resorte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto debe emitir un pronunciamiento judicial de naturaleza obligatoria, definitiva y preclusiva para el Gobierno Nacional, para el afectado con el fallo, como también para el Estado requirente, que quedará vinculado con la decisión favorable o desfavorable sobre el pedido de ejecución del fallo proferido en el país solicitante.

1. Los tratados internacionales.

La posibilidad de ejecutar sentencias emitidas por autoridades judiciales extranjeras constituye una excepción al principio de soberanía de los Estados, en desarrollo del cual solo tienen vigencia las leyes nacionales y por ende, las sentencias proferidas por sus jueces.

En consecuencia, la aplicabilidad de las proferidas por autoridades extranjeras debe ser el producto del acuerdo de los Estados expresados en tratados o convenios que hayan sido aprobados por el Congreso, de los cuales necesariamente debe hacer parte el principio de reciprocidad, esto es, que en el Estado requirente, igualmente, tengan vigencia las decisiones de los jueces colombianos, respecto de cuya existencia y vigencia el competente para señalarla es el Ministerio de Relaciones, órgano del ejecutivo que tiene a su cargo la representación del Estado en el ámbito externo. En consecuencia, de acreditarse la vigencia del tratado, serán sus disposiciones las que se acaten en el respectivo trámite.

Cuando no exista tratado, este puede ser suplido por las normas del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con lo señalado por el numeral 4º del artículo 516, siempre que se haga ofrecimiento de reciprocidad en casos similares y se acrediten los términos en que está prevista en el sistema jurídico del Estado requirente.

2. Trámite.

De conformidad con lo hasta ahora señalado, se colige que el procedimiento a través del cual se define la admisibilidad de la ejecución de las sentencias proferidas por autoridades extranjeras es fijado por la ley, quedando claro que las exigencias serán las determinadas por el tratado, o supletoriamente por el Código de Procedimiento Penal.

Respecto a la ejecución de las sentencias penales proferidas por autoridades extranjeras, la Corte Constitucional ha precisado que la autorización que emite la Corte Suprema de Justicia debe enmarcarse dentro de la filosofía señalada por la Carta Política sobre la cooperación de los países en la lucha contra el delito y de la vigencia del orden interno a favor de todas las personas, en cuanto establece los derechos fundamentales con carácter de inderogables(5), así como el acatamiento del debido proceso que vincula por igual a todas las autoridades del Estado, lo que posibilita la aplicación de la institución del exequatur.

3. Trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores

Según lo previsto por el artículo 515 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de ejecución en Colombia de sentencias proferidas por autoridades de otros países debe ser propuesta por vía diplomática, es decir, elevada por legación diplomática del Estado requirente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que como ya se dijo es el órgano de la rama ejecutiva encargado de dirigir y representar al Estado en las relaciones con otros sujetos de derecho internacional, al que corresponde definir la normatividad que regula el asunto, esto es, señalar si existe convenio o tratado entre los dos Estados sobre el particular y verificar que la documentación aportada reúna las exigencias previstas por las normas que regulen el caso, estando facultado incluso para pedir que sea complementada.

Si la citada revisión resulta satisfactoria y en tal virtud el gobierno decide, en cumplimiento de los compromisos de orden externo e interno, dar trámite a la petición del gobierno extranjero, evaluará, entonces, la conveniencia nacional que la solicitud tenga para los fines del Estado, según lo establece artículo 226 de la Constitución Nacional; luego, enviará la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, certificando en forma detallada el cumplimiento de cada uno de los requisitos que le corresponde verificar, así como la normatividad que orienta el caso.

En relación con las facultades de la Corte en el trámite del exequatur, se ha puntualizado que la Sala podrá de manera oficiosa verificar los requisitos aún no acreditados, como por ejemplo, i) establecer si la persona afectada con el fallo es nacional colombiano, ii) la existencia de actuación procesal en nuestro país por los hechos que ameritaron la condena, iii) la decisión y carácter de la misma, iv) la correspondencia de la sanción con la pena establecida por la legislación nacional y, de manera especial, v) que la sentencia no se oponga a la Constitución ni a las leyes colombianas(6).

En desarrollo de la facultad que la ley le atribuye a la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad judicial, para que decida respecto a la viabilidad de ejecutar fallos penales, su evaluación se expresará de considerarlo jurídicamente procedente, en una providencia que se equipara a un fallo judicial y no a un concepto, como ocurre en el caso de la extradición; por lo tanto, la decisión que profiere la Corte en materia de exequatur es obligatoria, definitiva, preclusiva, con igual carácter al de toda sentencia proferida por un juez del territorio nacional, lo que significa que debe ser acatada tanto por el Gobierno Nacional como por el afectado, agotándose así el trámite.

De ser aceptada la legalización de la sentencia, la Sala Penal de la Corte ordenará la ejecución del fallo, remitiendo la decisión a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del distrito judicial a que corresponda el asunto, con el propósito de que ejerzan su función como si se tratara de una sentencia proferida por un juez colombiano.

Cumplidas las exigencias que han sido puntualizadas, la Corte adquiere plena competencia para pronunciarse sobre la posibilidad de ejecutar la sentencia proferida por las autoridades extranjeras, cuando quiera que se halle de conformidad con los preceptos de carácter internacional o de acuerdo con las normas nacionales, siempre que se haya ofrecido reciprocidad en la materia.

Finalmente, cabe señalar que la Corte no cumple una función de instancia que le permita revisar la justicia del fallo, pues, su labor se circunscribe a verificar que la sentencia y la solicitud se hayan realizado en los términos referidos por los tratados o convenios internacionales o la ley colombiana, con acatamiento del debido proceso y del respeto de los derechos fundamentales.

El caso concreto

Para resolver la petición de la ejecución de la sentencia proferida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala examinará los siguientes temas:

1. Identidad del procesado.

En virtud del poder oficioso para acreditar los requisitos legales con el fin de legalizar la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia del Estado requirente, se verificó la identidad de Anderson Bryan Lever:

Se libró comunicación al señor Registrador Nacional del Estado Civil quien remitió copia digitalizada de la tarjeta decadactilar perteneciente al cupo numérico 18 004 494 expedido en San Andrés Islas, con fecha 16 de enero de 1995, a nombre de Anderson Bryan Lever, nacido el 4 de agosto de 1976 en San Andrés Islas (cfr. Ofi. 02358, feb. 4/2009, fl. 22; Ofi. DNI-CGA-00179, fls. 27 y 28).

En la nota diplomática que materializó la solicitud de exequatur se identificó al sentenciado de la siguiente manera:

“Nombre: Anderson Bryan Lever (a. Mono)

Nacionalidad: Colombiana

Originario: San Andrés Isla, departamento de Colombia

Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1976

Edad: 32 años”.

El país que solicita el exequatur anexó en fotocopia autenticada, tanto de la fotografía como el documento en el que se registraron las huellas dactilares del sentenciado (fls. 251-254); en el mismo sentido, en las notas diplomáticas Col-03514 y Col-03548 del 19 y del 24 de noviembre de 2009 procedentes de la Embajada de México se hizo llegar la copia original de las huellas dactilares, sobre las que se pidió al CTI de la Fiscalía realizar un cotejo con la cartilla dactilar que reposa en el registro civil.

El cuadernillo de anexos donde se registraron las huellas originales del procesado por parte de las autoridades judiciales mexicanas se devolverá a dichas autoridades por requerimiento expreso, no obstante, por la Secretaría de la Sala mediante auto del 1º de diciembre de 2009, se dispuso fotocopiar el antecedente (cfr. fls. 74-81, cdno. de la Corte).

En la sentencia de primera instancia, el señor juez extranjero lo individualizó de la siguiente manera:

“... nació el cuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis, originario y vecino de San Andrés Isla, departamento de Colombia, con domicilio en barrio La Loma de dicha isla, ser de veinticuatro años de edad, estado civil unión libre, que no pertenece a grupo étnico o indígena, que si habla y entiende el idioma castellano, con instrucción hasta quinto año de primaria, de ocupación pescador, con sueldo de ciento cincuenta mil pesos colombianos, equivalente a cien dólares cada quince días, con el cual sostiene a dos personas y sufraga sus gastos personales, y para datos estadísticos, agrega que ocasionalmente consume bebidas embriagantes, no es afecto a drogas o enervantes, ni al tabaco comercial, hijo de Carlos Bryan Archvol y Vierca (sic) Lever Duque (finados)” (sentencia de primera instancia, fl. 2; fl. 89 ib.).

Con esos datos, la Sala verifica que el señor Anderson Bryan Lever es ciudadano colombiano, que se identifica con la cédula de ciudadanía 18 004 494 de San Andrés - Islas, nacido el 4 de agosto de 1976 en San Andrés, Islas, hijo de Carlos Bryan Archbold y de Bierca Lever Duke, datos que, en general, coinciden con la individualización que ofreció el país solicitante.

El cotejo dactiloscópico entre las huellas originales remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y protección Civil de Chilpancingo (México) (fls. 3 y 4 cuaderno anexo devuelto al país requirente, ib. fls. 78, 79 y 79v., cdno. de la Corte), con los antecedentes que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil (cfr. fl. 27, cdno. de la Corte), en aras de establecer la uniprocedencia.

Según el resultado del informe de cotejo lofoscópico del 9 de diciembre de 2009, se estableció “que las impresiones dactilares que obran en reverso del documento con huellas dactilares a nombre de Bryan Lever Anderson, procedente de Acapulco, GRO. A 3 de abril del 2000, se identifican con las impresiones dactilares que obran en el informe de consulta AFIS a nombre de Bryan Lever Anderson, c.c. 18 004 494, de San Andrés, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil” (fls. 85-89, cdno. de la Corte).

Por lo anterior, la identidad del procesado cuenta con plena acreditación.

2. Cosa juzgada/doble incriminación.

La Sala ofició a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que certificara la existencia o no de actuación penal por los mismos hechos, en contra del procesado y que remitiera copia de la resolución en virtud de la cual el fiscal se abstuvo de decretar la captura con fines de extradición:

Con Oficio DNF 05220 del 26 de febrero de 2009, la señora Carmen Torres Malaver, fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalías, certificó que en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación (SIJUF y SPOA) no se halló anotación alguna en contra del señor Anderson Bryan Lever (fl. 33, cdno. de la Corte).

Sin embargo, como en la decisión del pasado 4 de noviembre, cuando la Sala se abstuvo de tramitar el exequatur ordenó expedir copia de la providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia (léase adelantar investigación contra Brayan Lever y otras personas involucradas en los hechos), hará lo propio en esta oportunidad con el ánimo de anunciar al organismo oficial de investigación penal colombiano que legalizará la sentencia proferida en su contra por la autoridad judicial de los Estados Unidos de México, por lo que deberá abstenerse de iniciar investigación por los mismos hechos en relación con el procesado Brayan Lever.

No obstante, la cancelación del antecedente respectivo solo deberá cobijar al sentenciado Brayan Lever, pues no se desconoce que los comportamientos referidos en la sentencia que ahora se legaliza involucran a otras personas, al parecer de nacionalidad colombiana.

3. Firmeza de la sentencia condenatoria.

Por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad judicial del Estado de México certificó que la sentencia contra Anderson Brayan Lever se halla en firme y no se encuentra prescrita de conformidad con las leyes mexicanas:

Así lo hizo mediante el Oficio SRS/268/2009 del 16 de octubre de 2009, en el que certificó que la pena privativa de libertad decretada en contra de Anderson Bryan Lever, se encuentra firme y ejecutable, restándole por cumplir 11 años, un mes y cuatro días. Firmado: el subsecretario de readaptación social, licenciado Ángel García García (fl. 80, cdno. de la Corte).

Según oficio del 17 de octubre de 2009, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales y Amparo en el Estado de Guerrero, por el cual certificó que la pena decretada en contra del inculpado, ha causado estado, y se encuentra vigente y pendiente de ejecutar:

“Sentencia condenatoria de fecha 18 de septiembre del 2001, misma que fuera recurrida por la defensa interponiendo recurso de apelación, mismo que se resolviera el quince de noviembre del año dos mil uno, con número de toca penal 334-2001, del índice del honorable Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito del Estado de Guerrero, confirmando la sentencia condenatoria dictada, causando estado, para quedar en firme el fallo de trece años nueve meses de prisión.

Actualmente no se encuentra con dato alguno sobe juicio de garantías promovido por el sentenciado”. Firmado: Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales y Amparo, licenciada María del Carmen Castillo Sánchez (fl. 81, cdno. de la Corte).

Se satisfizo de esa manera el requerimiento del artículo 516 numeral 2º de la Ley 906 de 2004, en el sentido de saber que la sentencia contra Anderson Bryan Lever se encuentra en firme, de conformidad con las disposiciones del país extranjero.

4. Devolución de documentos.

En la nota diplomática Col-03514 (fls. 71 y 72, cdno. de la Corte), la Embajada de México requirió y agradeció que... “una vez que la documentación original que se acompaña a la presente nota, sea cotejada, se devuelva a la brevedad posible, ya que forman parte integral de los registros para ejecución de sentencias penales que guarda el Gobierno del Estado de Guerrero”.

La Sala atenderá la solicitud de forma favorable, y como ya seaujeton los cotejos dactilares y registros pertinentes, por la secretaría devolverá la documentación clasificada como confidencial “Exp. SICAR 230-01-1/2009, remitida en la carpeta anexa de Anderson Bryan Lever” a la Embajada de México, con el fin de atender la petición del sub secretario de readaptación social licenciado Ángel García García, según Oficio SRS/266/2009, y la nota diplomática Col-03514/2.

Conclusión

Examinado el antecedente, la Sala concluye que la petición de ejecución de la sentencia satisface los requisitos del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. Igualmente, que es compatible con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia y con la ley penal y de Procedimiento Penal. Por tanto:

La sentencia del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, Acapulco, Guerrero, el 15 de noviembre de 2001, que confirmó la sentencia condenatoria pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero dentro del proceso penal número 33/2000, el 18 de septiembre de 2001 en contra de Anderson Bryan Lever (a. Mono) será incorporada a la jurisdicción colombiana.

La Sala ordenará la captura inmediata del procesado para que se ejecute la condena pendiente por cumplir en un establecimiento penitenciario nacional y remitirá el expediente al reparto de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, para que se verifique la ejecución de la condena en los términos anunciados, es decir, para que Anderson Bryan Lever (a. Mono) cumpla la condena de once (11) años, un (1) mes y cuatro (4) días de prisión, pendientes por ejecutar en los Estados Unidos Mexicanos (Conc. art. 38 del CPP).

En mérito de lo anterior la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INCORPORAR como parte de la jurisdicción colombiana, la sentencia de segunda instancia del 15 de noviembre de 2001, proferida por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito del Estado de Guerrero, con número de toca penal de apelación número 334-2001 (anexo prueba 2, fls. 49-235), mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero dentro del proceso penal número 33/2000, el 18 de septiembre de 2001 en contra de Anderson Bryan Lever (a. Mono), como autor responsable de un delito contra la salud pública (tráfico de estupefacientes).

2. DISPONER la captura inmediata de Anderson Bryan Lever identificado con la cédula de ciudadanía número 18 004 494 de San Andrés (Isla), para el cumplimiento en Colombia de la pena pendiente por ejecutar en México: prisión once (11) años, un (1) mes y cuatro (4) días).

3. REMITIR la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ® que corresponda, para lo de su cargo.

4. COMUNICAR esta determinación al señor Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministerio Público y al señor Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias.

5. La Secretaría de la Sala ENVIARÁ las copias del fallo a las entidades relacionadas en los artículos 462 y 463 de la Ley 906 de 2004, y DEVOLVERÁ la documentación referida en el numeral 4º, a la Embajada de México para satisfacer la solicitud del sub secretario de readaptación social licenciado Ángel García García, según Oficio SRS/266/2009, y la nota diplomática Col-03514/2.

Contra esta decisión no procede recurso alguno».

(4) Exequátur 27323 del 29 de agosto de 2007, radicación 22336 del 14 de julio de 2004, radicación 13462, del 23 de septiembre de 1997, radicación 13597 del 15 de octubre de 1997, radicación 15326 del 23 de febrero de 1999 y radicación 18 394 del 24 de julio de 2001.

(5) Sentencia C-264 del 22 de junio de 1995.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, radicación 13462 del 23 de septiembre de 1997.