Sentencia 31146 de mayo 9 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 176

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., mayo nueve de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Los exservidores de policía judicial aquí procesados, ¿verificaron en desarrollo de sus funciones información relacionada con actividades de narcotráfico y, como consecuencia, capturaron en flagrancia a varios traficantes e incautaron 23.584 gramos de base de cocaína que se dirigían a dejar a disposición de la Fiscalía cuando los capturó la policía? O, aprovechándose de los datos aportados por delatores y fingiendo que eran compradores, ¿se apropiaron de la droga?

Se trató de las hipótesis de lo ocurrido, respecto de las cuales se polemizó en el presente caso. Los acusados Robinson Rojas González, Carlos Buelvas Ramos, Yahair Rodríguez Burgos y Alfonso Yesid Mejía Mojica, desde luego, expresaron que su conducta se ciñó a la primera. Los juzgadores, tras la evaluación probatoria correspondiente, consideraron demostrada la segunda. Esta conclusión, en la sentencia de primera instancia, se fundamentó en los siguientes argumentos, casi todos respaldados por el fallo de confirmación proferido por el Tribunal Superior de Montería:

1.1. Según Carlos Alberto Jaimes Villamizar, comandante del escuadrón móvil de carabineros que realizó la captura, los miembros de la policía judicial le explicaron que estaban en un procedimiento de incautación de estupefacientes y que llevaban retenidos a dos traficantes de cocaína. Sin embargo, no exhibieron la autorización pertinente para efectuar el operativo, ni ningún otro documento relacionado con el decomiso de la droga. Le pareció extraño, además, porque no obedecía a los estándares previstos en procedimientos policiales como ese, que los aprehendidos fuesen custodiados únicamente por un detective y esposados de una sola mano.

El oficial se comunicó —vía telefónica— con los superiores jerárquicos de los investigadores y constató que los mismos carecían de autorización para actuar legalmente en la zona rural de Tierralta (Córdoba). Tampoco informaron de las supuestas labores de verificación emprendidas por iniciativa propia en ese lugar con problemas de orden público, respecto del cual la directora del CTI Rosalba Negrete Flórez señaló que sería un acto irresponsable de su parte enviar allí funcionarios a su cargo, sin la debida coordinación con otros organismos del Estado.

1.2. Se deduce que los implicados operaban al margen de la ley, por el hecho de utilizar en el supuesto operativo un vehículo de propiedad de uno de ellos, al cual le habían sido acondicionadas placas que no le correspondían, desde luego sin la debida autorización.

1.3. En armonía con el testigo Carlos Alberto Jaimes Villamizar, el patrullero de la policía José Luis Arroyo Mercado señaló que tras ser informados de la presencia en la zona de dos vehículos sospechosos, instalaron un puesto de control en la Apartada de Valencia. Le pidieron detenerse a un taxi y luego a un carro gris, en los cuales se transportaban los procesados. En el segundo automotor, conducido por un detective del CTI, en la silla del lado del conductor, se encontraba una bolsa llena de fajos de billetes falsos.

1.4. Rigoberto Suaza Medina le comentó al patrullero de la policía Óscar Luis López Osorio, que “un amigo” le contó que “unas personas” que se movilizaban en dos vehículos le robaron “una mercancía”. Se procedió, en consecuencia, en compañía de Suaza y de otros uniformados a buscarlos en Tierralta. No los encontraron y, entonces, se dirigieron a la Apartada de Valencia. Allí, en un puesto de control, ya los tenían inmovilizados.

Las personas esposadas en uno de los vehículos señalaron que sus aprehensores los habían instruido para explicar, en caso de encontrarse con un retén de control, que iban retenidos por violar a “una chinita”. Les preguntaron a los miembros de policía judicial por la bolsa negra que contenía dinero falso y “manifestaron no tener conocimiento acerca de esos billetes”.

1.5. De forma similar a como lo hicieron los anteriores, declararon los uniformados Dairo Javit Cabrera Arteaga, Alfredo Alfonso Ramos Pérez y Atilio Óscar Zabala Padilla. El último, en particular, en relación con Suaza Medina, dijo que le suministró la siguiente información: “… que había recibido la llamada de un amigo, que la droga estaba en una finca en las afueras de Tierralta, que habían llegado unos hombres armados y que le habían robado la mercancía al amigo, y cuando salimos los interceptamos en el puesto de control que queda a la entrada a Valencia…”. En este lugar, según aseguró más adelante el declarante, Suaza expresó que los acusados “habían sido los que habían hurtado la droga”. Y las personas que ellos llevaban esposadas “… decían que les habíamos salvado la vida porque ellos pensaban que los iban a matar”.

1.6. A todos los testigos relacionados se les otorgó credibilidad, deduciéndose de sus dichos la conducta criminal imputada a los implicados. Así razonó el a quo:

“Su presencia en la zona sin dar aviso a las autoridades del orden; la nocturnidad en que se movilizaban en una zona de alto riesgo militar, en la cual hacían presencia grupos paramilitares y delincuencia común; sin una orden de trabajo, ni autorización de sus superiores; el hecho de no indicar con exactitud el lugar donde incautaron el alijo; no saber a quién pertenecía el bolso negro, con dinero espurio; la versión que suministraran los dos ‘supuestos retenidos’: que si los paraban dijeran que habían violado una chinita o que si no se los llevaban para Planeta Rica’; como también la versión que suministró el denunciante Rigoberto Suaza Medina, en el entendido que un amigo, lo había llamado y le dijo que unos sujetos armados que se movilizaban en dos automotores, se habían robado una mercancía, con creces esas pruebas indirectas —indicios—, nos confirma esta hipótesis delictiva como lo que realmente sucedió”.

1.7. Carlos Enrique Cardona Duque, director del DAS en Córdoba, y José Norbey Duque Giraldo, coordinador operativo, expusieron que no autorizaron ni sabían que Yahair Rodríguez Burgos y Alfonso Yesid Mejía Mojica realizaran en Tierralta un procedimiento de policía judicial.

Cardona Duque aseguró, además, que el día de los hechos, entre 7 y 8 de la noche, Yahair Rodríguez le pidió “avalarle” un operativo que había realizado con Yesid Mejía, en el cual habían incautado una droga y capturado a dos personas. Se negó a hacerlo. Llamó enseguida al coordinador operativo y este le comunicó que no tenía conocimiento acerca de alguna misión de esos funcionarios en la zona de Tierralta. Eso mismo le comunicó el director al coronel González de la Policía y a la directora del CTI, cuando le preguntaron telefónicamente si sabía del procedimiento.

Surge inequívoco de tales relatos que los acusados pretendieron que sus superiores respaldaran su actuación ilegal, cuya finalidad era apropiarse del cargamento de cocaína.

1.8. Otra evidencia de que la actividad de los miembros de la policía judicial era ilícita y obedeció a un plan, se deriva igualmente del testimonio del director seccional del DAS. Dijo que Yahair Rodríguez, hacia las 4 de la tarde de la fecha de los sucesos, le pidió permiso por teléfono para realizar una diligencia personal. De acuerdo al testigo “de la misma manera que solicitó un permiso si tenía una información o alguna actividad para salir a hacer verificaciones debía haberme informado”. Agregó, de otro lado, que durante su tiempo en el cargo nunca se llevaron a cabo trabajos conjuntos con el CTI.

1.9. La directora seccional del CTI, doctora Rosalba Rebeca Negrete, señaló en su declaración jurada que Carlos Buelvas y Robinson Rojas estuvieron el día de los hechos, en la tarde y hasta aproximadamente las 6:30 de la tarde, en una reunión con ella. Por tanto, no dijo la verdad el primero cuando expresó que en esa fecha lo llamó “su supuesto informante” hacia las 4:30 de la tarde e inmediatamente se comunicó por celular con el segundo, dirigiéndose enseguida al coliseo de la ciudad para entrevistarse con el delator.

Esa misma funcionaria aseguró que los investigadores de la entidad a su cargo carecían de autorización para actuar en la zona rural de Tierralta, indicó que misiones de esa naturaleza las manejaban a través de la oficina seccional de información y análisis, para así evitar que el personal de la entidad “tenga como excusa” historias parecidas a las de los implicados.

Agregó la declarante que ninguna misión se cumplía en carros que no fueran de la Fiscalía, que no era costumbre enviar a una zona de orden público tan delicada como aquella donde sucedieron los hechos a funcionarios de la institución sin apoyo del Ejército o la Policía y que un cambio de placas entre vehículos de la entidad requería visto bueno del jefe inmediato y autorización de la dirección.

1.10. Diego Antonio Vargas, coordinador del área de protección del DAS, adujo que Alfonso Yesid Mejía Mojica estaba asignado como escolta del secretario de gobierno departamental de Córdoba y es la labor que debería encontrarse cumpliendo en la noche de su captura.

1.11. Luis Carlos Yáñez Bula, coordinador de seguridad del CTI, afirmó que las placas que portaba el vehículo particular de Carlos Buelvas Ramos no eran del grupo a su cargo y no lo había autorizado para utilizarlas.

1.12. Se estableció a través de información suministrada por la dirección administrativa de la Fiscalía en Montería, que las placas puestas al carro de Carlos Arturo Buelvas, sin permiso, le pertenecían a un vehículo de la Fiscalía General de la Nación.

1.13. Según el relato que Rigoberto Suaza Medina brindó a los policías que aprehendieron a los acusados, una vez el amigo suyo le comentó del hurto de la droga por parte de unos “sujetos” que no se identificaron, se trasladó a la estación de Policía de Tierralta y transmitió esa información. Después de ello se produjo la captura de los miembros del DAS y del CTI aquí procesados.

Aunque en su indagatoria modificó esa versión, suprimiendo de ella la alusión a la base de cocaína, cuidándose de no auto incriminarse, no se creyó que fuese ajeno al tráfico del estupefaciente. Por el contrario, era “uno de los personajes motorizados que estuvo en la finca de la vereda Carrizola, negociando el narcótico”, concluyó el juzgador de primer grado.

“Sin la imprescindible colaboración de Rigoberto (Suaza) —se agregó en esa instancia—, los investigadores hubiesen cruzado el retén policial, sin requisa alguna en la Apartada de Valencia, pues solo les bastaba exhibir el carné que los acreditaba como pertenecientes al DAS y CTI, logrando hacerles creer que se trataba de un operativo legal y que estaban ejerciendo funciones de policía judicial, ante un acto de flagrancia; pero lo que en realidad pretendían, era apoderarse del alcaloide para su posterior tráfico, e incrementar de manera fraudulenta su patrimonio con la venta; de otro lado, posiblemente no sabríamos qué hubiese sucedido con los otros retenidos, que en el momento del retén policial, adujeron al unísono, que les salvaron la vida”.

1.14. Se deduce del testimonio de Erdulo Manuel Agámez Petro y del de su esposa Ana Bertilde Aldana Tordecilla, que varios motociclistas que llegaron a su predio y pidieron permiso para permanecer debajo de un palo de mango donde iban a realizar “un negocio”, pretendían la venta de un cargamento de base de cocaína. Sus clientes, sin embargo, aprovechándose de la oscuridad, los engañaron con “el paquete chileno”. Y una vez descubiertos plagiaron a dos traficantes.

El rol de compradores lo cumplieron “los presuntos informantes” y los agentes del CTI y del DAS eran “los encargados de simular el atraco”, de la forma como por entonces solía operar en el municipio de Tierralta el grupo delincuencial denominado “Los Traquetos”. El método del proceder criminal de esa banda de malhechores, “emergente de las autodefensas”, lo relató Jorge Luis Aleán Martínez, en declaración que rindió en otro expediente y que se trasladó a esta actuación.

1.15. La experiencia enseña que una información como la que los procesados dicen haber recibido, si su actuación fuese legal, la habrían transmitido a sus superiores para someterla al análisis y verificación pertinentes. Enseña, igualmente, que el operativo, de haberse decidido su realización, se habría llevado a cabo con las medidas de seguridad correspondientes, de ser necesario con el concurso de personal de la fuerza pública.

1.16. Según la versión de los acusados, no informaron a sus superiores acerca del decomiso de la droga y la captura de dos traficantes, por falta de señal. El estudio pen-link allegado al expediente, relacionado con la utilización de los teléfonos celulares de los involucrados durante la ocurrencia de los hechos, desvirtúa esa excusa. Se estableció con ese examen que en la mayoría de sus comunicaciones usaron celdas que operaban en la zona rural de Tierralta.

1.17. Del análisis pen-link, a la vez, se deduce que existió relación directa o indirecta entre los acusados y los traficantes de la cocaína, inclusive con algunos no identificados todavía.

Para la primera instancia, en fin, los procesados perpetraron el atentado contra la fe pública objeto de la acusación.

2. El Tribunal Superior de Montería compartió esa conclusión, con apoyo en los siguientes argumentos:

2.1. Se probó que los funcionarios de policía judicial procesados carecían de autorización de sus superiores para desplazarse al municipio de Tierralta, que omitieron informar acerca de las supuestas labores de verificación que decidieron realizar por iniciativa propia en una zona donde el orden público se encontraba alterado y que utilizaron en el desplazamiento el carro particular de uno de los agentes.

No fueron las anteriores, simples irregularidades de tipo administrativo. Contradice el “sentido común” y “la praxis” que de cara a una operación relacionada con “narcotráfico en gran escala”, no solicitaran el apoyo de la policía de Tierralta. De regreso, inclusive, evitaron pasar por el frente del comando, utilizando en el recorrido la calle de atrás.

2.2. No se trató de una casualidad que los dos miembros del CTI se hayan encontrado con los dos pertenecientes al DAS, en el kilómetro 15 de la vía Montería - Planeta Rica. Justo en el punto donde deriva la carretera a Tierralta. El encuentro —todo lo indica— obedeció a un plan y, por consiguiente, no fueron conjeturas los argumentos de la primera instancia. Las “múltiples coincidencias” anteriores a la reunión y el comportamiento siguiente de los procesados, hasta cuando los capturaron, “denota una acción conjunta” a espaldas de las instituciones para las cuales laboraban.

2.3. Se equivocó el Juzgado del conocimiento al “inferir” que a las personas que llevaban esposadas los investigadores, “probablemente” las matarían con la pistola no oficial que portaban, “hábilmente sustraída” en las pesquisas iniciales. Podrían también ser puestas en libertad antes de llegar a Montería. Lo claro es, en todo caso, que no serían dejadas a disposición de la Fiscalía.

2.4. La aprehensión de los agentes de la policía judicial ocurrió en situación de flagrancia. Se les sorprendió con 24 kilos de base de coca, no indicaron satisfactoriamente dónde los incautaron, las dos personas que transportaban “esposadas” comunicaron que se les instruyó para decir que su retención “era por la violación de una china” y un particular que hizo presencia en el lugar informó que esos eran “Los Traquetos que se habían robado la droga”.

2.5. Es evidente que los acusados, al “incautar” la cocaína, “no actuaron como funcionarios judiciales” sino como civiles al margen de la ley. “Ello explica el motivo por el cual el señor Rigoberto Suaza Medina, propietario o al menos comercializador del alcaloide se atrevió a informar a la estación de Policía de Tierralta acerca del robo de la mercancía, acompañando, inclusive, a un agente de la policía para perseguir a los dos vehículos, los cuales alcanzaron en el retén que el escuadrón de carabineros tenía montado en la Apartada de Valencia. Era tal la creencia de Suaza Medina en ese sentido que al llegar al lugar donde se inmovilizaron los automotores se atrevió a gritar, según el procesado Robinson Rojas González, ‘mayor esos son Los Traquetos que me robaron la droga’. Por ese hecho la Fiscalía delegada ante el tribunal compulsó copias para que se investigara al mayor Carlos Alberto Jaimes Villamizar, ya que no procedió a capturar a Suaza Medina”.

2.6. El testigo Eduardo Manuel Agámez Petro, según su declaración, supo de la presencia de dos carros en la parcela “Los Agámez”, por comentarios que le hicieron. Ese hecho se demostró con el dicho de José Alberto Agámez Padilla, quien afirmó que hacia las 7 de la noche vio llegar los vehículos, notó el ingreso de varias motocicletas y pensó que se trataba de una parranda.

2.7. Ana Aldana Tordecilla, habló de varias motos que llegaron a la parcela hacia las 4 de la tarde. Y aunque sostuvo que no vio ningún automóvil e intentó no comprometerse como testigo de cargo, “la traicionó el subconsciente” al expresar que escuchó decir a los motociclistas “se la llevaron” y que, tras ello, salieron “todas las motos detrás de los carros”.

2.8. Los testimonios de los policías que participaron en la captura y los de la estación de Tierralta, no son de referencia. Relataron aquello percibido por ellos, desde cuando se informó de la existencia “de dos vehículos sospechosos hasta la inmovilización de estos con sus ocupantes”. Manifestaron lo mismo que obra en el informe de policía mediante el cual los investigadores fueron puestos a disposición de la Fiscalía. El mismo no fue tenido como prueba.

2.9. De conformidad con el testimonio de Jorge Luis Alean Martínez, recaudado en otra investigación y trasladado a este expediente, a Rigoberto Suaza Medina —quien “hizo que cogieran a los del CTI y DAS”— “le quitaron la mercancía”, “dio parte a la policía” del hecho y a los ocho días lo retuvieron, junto a su hermano Hernán.

Aunque la expresión “se la quitaron” puede traducir que le hurtaron la cocaína o que se la incautaron, el análisis de la prueba en su conjunto confirma que el declarante se refería a lo primero. Al respecto, recuérdese que Suaza Medina, al llegar al retén donde tenían capturados a los procesados, le dijo a la policía que ellos eran “Los Traquetos” que le “robaron” la droga. Ana Aldana, por su parte, escuchó a los motociclistas que salieron detrás de los carros decir “se la llevaron”. Y la experiencia enseña que frente a la incautación de una sustancia estupefaciente “con plena identificación de la autoridad que la realiza”, sus dueños “no salen en persecución de quienes hicieron el operativo” y “mucho menos informan a la autoridad del hurto” de la mercancía.

2.10. El conjunto probatorio, en fin, señala con certeza que los acusados, aprovechándose de información obtenida en relación con sus cargos, se desplazaron “a título personal” a la parcela Los Agámez, con el propósito de apropiarse de varios kilos de base de coca. En consecuencia, cometieron el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cuando los sorprendió la Policía Nacional en poder de la sustancia.

3. Con la claridad aportada por la síntesis de las sentencias, las cuales forman una unidad jurídica inescindible al encontrarse construidas con idéntica orientación y similares fundamentos probatorios, para la Sala es notable que ninguno de los cargos formulados en la demanda tiene vocación de éxito.

3.1. En el primero, dejando de lado la equivocación consistente en desarrollar una censura de naturaleza probatoria invocando como causal de casación la violación directa de la ley sustancial, no consiguió el recurrente acreditar ningún error trascendente del juzgador —de hecho o de derecho—, en el análisis de los medios de convicción.

Aunque es cierto que no se valoró el informe de policía del 7 de julio de 2005, como lo advirtió el censor, claramente era improcedente hacerlo porque no se trataba de un medio de prueba, sino apenas de un elemento guía de la investigación. Aparte de relacionar en el mismo las identidades de los capturados, los bienes incautados y las características de la sustancia estupefaciente hallada en poder de los agentes de la policía judicial aquí procesados, expresó el mayor Carlos Alberto Jaimes Villamizar, quien lo suscribió en calidad de comandante del Escuadrón Móvil de Carabineros del Departamento de Policía de Córdoba, que “de acuerdo a lo informado” por Rigoberto Suaza Medina a la Estación de Tierralta, un amigo suyo le dijo que “alertara a la policía” pues “varios sujetos que se desplazaban en dos vehículos”, uno amarillo y otro gris oscuro, “al parecer” armados, “minutos antes le habían hurtado una mercancía”. Fue la razón del operativo que culminó con la aprehensión de los acusados y de otras cuatro personas.

En ese informe son mencionados Atilio Óscar Zabala y Óscar Luis López dentro de los uniformados que realizaron el procedimiento. Ellos declararon bajo juramento en el proceso y confirmaron lo dicho en el documento. En lo que interesa, para la respuesta del cargo, que Rigoberto Suaza Medina les contó que un amigo le pidió denunciar a la policía el hurto de “una mercancía” del que acababa de ser objeto por parte de unos desconocidos armados, quienes se desplazaban en dos carros, de los cuales transmitió algunos detalles.

Es claro que Suaza, según esos elementos de juicio, le dijo al policía Zabala que “la mercancía” sustraída correspondía a droga ilegal. Así lo precisó el servidor público en su testimonio:

“él me informó del caso, que había recibido la llamada de un amigo, que la droga estaba en una finca en las afueras de Tierralta, que habían llegado unos hombres armados y que le habían robado la mercancía al amigo, y cuando salimos los interceptamos en el puesto de control que queda en la entrada a Valencia”(10).

Cuando capturaron a los miembros de la policía judicial en poder de los casi 24 kilos de base de cocaína, de conformidad con Zabala, el informante “dijo que ellos habían sido los que habían hurtado la droga, los dueños de los carros, ya que según la información que recibió los vehículos tenían las mismas características descritas por el amigo que le había hecho la llamada”(11).

Las instancias, con respeto del contenido material del medio de prueba, le otorgaron credibilidad al testimonio y en ello no advierte la Sala ninguna transgresión de la sana crítica, que desde luego el recurrente tampoco acreditó.

Ahora bien: si de la información inicial con la cual contó la Policía Nacional, podía deducirse que Suaza Medina era uno de los traficantes de droga que tras la simulación de una compra con un “paquete chileno” fue despojado del cargamento de cocaína por varios hombres armados, su no aprehensión en el acto en manera alguna traduce que los acusados hayan sido víctimas de un complot.

Suaza, según el informe de la policía y los testigos antes mencionados, fundó la denuncia en lo sucedido a “un amigo” y señaló a los dueños de los carros inmovilizados en el retén como los causantes del robo de la droga, no porque los hubiera visto antes —como sugirió el censor—, sino en consideración a que las características de los vehículos correspondían a las señaladas por su fuente de conocimiento.

Robinson Rojas González, es cierto, manifestó en su indagatoria —bajo juramento por hacer cargos contra terceros— que al ser capturado con sus compañeros llegó al lugar en una motocicleta sin placas “una persona de civil y un policía de la Estación de Tierralta uniformado, el de civil se bajó de la moto se dirigió al mayor Jaimes Villamizar y de forma enfurecida le gritó: ‘Mayor esos son los traquetos que me robaron la droga’, al escuchar nosotros esto le dijimos al mayor que esa persona quedaba capturado por nosotros porque está aseverando que la droga que acabamos de incautar era suya, y el mayor no permitió que nos acercáramos a ese sujeto y lo protegió con sus policías, sin permitir ni siquiera saber sus nombres”(12).

En razón de lo anterior, conforme lo recordó el ad quem, en segunda instancia la Fiscalía expidió copias para investigar al oficial Jaimes Villamizar(13) por la hipótesis de no haber capturado a Rigoberto Suaza Medina.

En conclusión, aún en el supuesto de que el mayor de la Policía Nacional haya incumplido con su deber de aprehender al informante, se trata de una circunstancia que por sí misma no resquebraja el sustento probatorio de la sentencia. Mucho menos cuando el impugnante la complementa en reivindicar como verdad el dicho de sus representados.

La censura, en fin, no está llamada a prosperar.

3.2. La suerte del segundo cargo es la misma. Quedó claro en la resolución acusatoria de primera instancia, proferida el 8 de mayo de 2006 y obrante en el expediente a partir del folio 162 del cuaderno 4, que los exfuncionarios de policía judicial procesados —a favor de los cuales su defensor presentó la demanda de casación—, tras la elaboración y ejecución de un plan criminal y desde luego sin ninguna intención de poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales la sustancia estupefaciente, se apoderaron de los casi 24 kilos de base de cocaína que llevaban consigo cuando la policía los interceptó y capturó.

Esa conclusión la respaldó la Fiscalía en segunda instancia el 24 de julio de 2006 y en ambas determinaciones, al igual que pasó en la sentencia condenatoria, se dedujo el supuesto de hecho de la imputación de consideraciones probatorias similares.

Así las cosas, no existió incongruencia fáctica en el caso sometido a consideración de la Sala y, bajo tal circunstancia, como también lo concluyó la Procuraduría, el cargo examinado no tiene vocación de éxito.

3.3. Es evidente, por último, que no se presentaron los errores de hecho por falso juicio de identidad denunciados en el tercer cargo. Ninguna de las pruebas en las que se hicieron recaer, como enseguida se verá, fue objeto de tergiversación por el juzgador.

3.3.1. Testimonio de Ana Aldana Tordecilla.

A esta declarante se refirió el a quo al evocar el informe de la policía judicial de la Sijín obrante a folio 44 del cuaderno 2, en el cual se alude a una entrevista que se le hizo, presentada en el documento no de forma textual sino a través de una síntesis de los investigadores. Según ese resumen, la señora Aldana Tordecilla afirmó que hacia las 3 de la tarde del día de los hechos arribaron al lugar donde sucedieron, en motocicletas, aproximadamente 10 hombres. Pidieron permiso para quedarse en el sitio, debajo de los árboles. Más tarde, hacia las 7:30 de la noche, llegaron dos carros, sin las luces puestas. Bajaron de ellos 5 personas, se dirigieron a donde estaban los motociclistas, después de 5 minutos regresaron a los vehículos “y salieron del lugar a gran velocidad al igual que las motos”.

En la sentencia se transcribió el aparte pertinente del informe, no incurriéndose respecto de este, en consecuencia, en alteración de su contenido de ningún tipo. Y por el hecho de que en la declaración jurada suministrada por la mujer en el proceso no haya sostenido exactamente lo mismo que le dijo a los detectives, conforme a la percepción del censor, no está bien su afirmación de que se hizo expresar a la testigo lo que jamás dijo.

La primera instancia, con relación al testimonio en concreto(14), reprodujo en un párrafo afirmaciones de la declarante realizadas en diferentes momentos de la diligencia, conectadas a través de puntos suspensivos(15). Esa forma de registrar el relato, sin embargo, en manera alguna representó acomodar “partecitas” de la narración para modificarla y así fundamentar, artificiosamente, la condena de los acusados.

No se dejaron de lado en el pronunciamiento recurrido, entonces, las manifestaciones de la testigo, quien —como dice el fallo— escuchó hacia las 7 de la noche que los motociclistas decían “se la llevaron, se la llevaron” y enseguida “todas las motos salieron detrás de los carros”. La existencia de estos fue mencionada en la casa de José Alberto Agámez, donde “vieron salir dos carros, que eran carros pequeños, ellos dicen que eran dos carros”, precisó la deponente.

3.3.2. Testimonio de Erdulo Manuel Agámez Petro.

En ningún momento el juez del conocimiento puso en labios de este declarante expresiones no dichas por él.

Como en el caso anterior, se transcribieron en el fallo apartes de su dicho. Específicamente, que “cuando llegaron esos vehículos” al predio donde tiene su casa, no estaba en ella. Y cuando volvió, “ya ahí no había nada”. Su esposa Ana Aldana Tordecilla, relató más adelante Agámez, le contó “que ahí llegaron dos carros y se fueron con las motos”. En la mañana de ese día los primeros motociclistas que llegaron al sitio, ya ubicados “debajo del palo de mango” sembrado al lado de la residencia del testigo, le pidieron permiso para “pasar un rato ahí porque iban a hacer un negocio”.

Si como contempló el medio de prueba el juzgador es exactamente como declaró el testigo, resulta evidente que el contenido material de la prueba no fue objeto de distorsión. En ningún momento, por tanto, se hizo decir a Agámez Petro que vio carros o presenció los hechos. Le contaron que dos automóviles hicieron presencia en el lugar y, cuando regresó a su morada, “ya ahí no había nada”, ya todo había sucedido. Así las cosas, está fuera de lugar deducir, con apoyo en su dicho, que las supuestas capturas llevadas a cabo por los acusados se verificaron en cierto lugar, cuando lo manifiesto es que se encontraba ausente de donde se produjo el encuentro entre los ocupantes de los carros con los motociclistas cuando el mismo tuvo lugar.

No se hizo decir al declarante, de otra parte, las demás expresiones relacionadas en el cargo. Vale decir, que los hombres en motocicleta le manifestaran que “el negocio” que iban a hacer era vender cocaína, que les hayan hecho a los traficantes “el paquete chileno”, que los compradores fuesen Pedro Mercado y Eduardo Sierra, que los investigadores de la policía judicial procesados hayan simulado un atraco y que al verse descubiertos se llevaran contra su voluntad a dos traficantes. Tampoco que los implicados ocultaran su condición de miembros del DAS y del CTI, ni que formaran parte del grupo criminal “Los Traquetos”.

En la sentencia se dedujo que el “negocio” al cual se refirió el declarante “era entregar” la base de cocaína “a cambio de dinero”. Así finalmente lo revelaron muchas circunstancias comprobadas con otros medios probatorios e igual que la actividad desplegada por los detectives de policía judicial se encontraba orientada a apoderarse de la sustancia estupefaciente.

Adicionalmente, todos los argumentos planteados por el juzgador para concluir que los acusados actuaron al margen de la ley y no en ejercicio legítimo de sus cargos, cuya razonabilidad no se desvirtuó y de la que la Corte carece de motivo para dudar, llevaron a entender que los gritos de “se la llevaron, se la llevaron” escuchados por Ana Aldana Tordecilla a los motociclistas, significaban que “les habían tumbado la mercancía”.

No es cierto, por último, que en la sentencia se haya expresado que los implicados fuesen parte del grupo criminal “Los Traquetos” o se hayan presentado así ante los narcotraficantes. No podía ser distinto en tanto ninguna prueba señala una situación así. Se dijo en el pronunciamiento, en consonancia con el testimonio trasladado de Jorge Luis Aleán Martínez, en el cual contó el modo de operar de “Los Traquetos”, de los que él hizo parte, que el procedimiento empleado por los aquí procesados se le parecía. Solo eso. Nunca se advirtió, de otra parte, que los miembros de la policía judicial acusados hayan recibido instrucciones en el actuar criminal de Aleán Martínez.

3.3.3. Testimonio de José Alberto Agámez Padilla.

El falso juicio de identidad que el recurrente hizo recaer en este medio de convicción tampoco se configuró.

Si bien es cierto que en el informe de la Sijín del 23 de julio de 2005 (fl. 44/2) se consignó que el antes mencionado vio ingresar al predio de su primo Erdulo Agámez Petro “dos vehículos con las luces apagadas” y que en su declaración ante el instructor afirmó que no los vio entrar(16), ello por sí mismo no constituye el error de hecho mencionado.

Si el testigo vio salir los carros, uno “amarillo como taxi de servicio público y el otro… un carro pequeño”, eso significa que habían ingresado al lugar de los hechos y aunque el juzgador, sin ser cierto, hubiese expresado que Agámez Padilla aseguró en su declaración jurada que vio entrar los dos vehículos con las luces apagadas, sería una circunstancia por completo carente de trascendencia.

3.3.4. Testimonio de Rigoberto Suaza Medina.

No es deducible en relación con el relato bajo juramento que rindió Suaza Medina el 7 de julio de 2005 ante el comando de la Estación de Policía de Tierralta, que la expresión entre paréntesis “base de coca”, escrita después de la palabra “mercancía”, dicha por el testigo al contar de la llamada del “amigo” víctima del hurto que supuestamente le pidió solicitar la intervención de la policía, haya sido escrita por el entrevistador. Suaza firmó la diligencia en los términos indicados, la leyó antes según se hizo constar al final de la misma y, en esa medida, carece de fundamento la crítica del censor, que de todas formas no acredita el error de juicio denunciado en la demanda de casación, ni ninguno otro con capacidad de resquebrajar la sentencia.

Ahora bien: si el mencionado en sus posteriores intervenciones procesales, incluida su indagatoria, modificó la versión sobre lo acontecido, se entiende que fue para no auto incriminarse “o señalar de manera directa a persona alguna”, como con sensatez lo concluyó el fallador. Ese cambio en la versión, entonces, no alteró la convicción judicial consistente en que los miembros de la policía judicial aquí juzgados, valiéndose de la treta referida en el pronunciamiento objeto de la casación y con el propósito de obtener beneficio personal, despojaron de los casi 24 kilos de base de coca a varios traficantes de droga, entre los que precisamente se encontraba Rigoberto Suaza Medina.

Cabe advertir, para finalizar, que la tesis del censor relativa a que el comandante de la Policía de Tierralta se inventó lo del “hurto de la droga”, tiene como sustento exclusivo su particular análisis de los medios probatorios. No la acreditación —es claro— de ningún error de juicio del fallador. El cargo, en consecuencia, no tiene vocación de éxito.

4. Todo indica que el posible secuestro de que habrían sido objeto Jairo Martínez Rosales y Jairo Enrique Mejía Restrepo, no fue objeto de investigación. Para esa averiguación, en consecuencia, si en realidad no se ha adelantado una, se ordena que la segunda instancia expida copias de lo pertinente con destino a la Fiscalía en Montería.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Superior de Montería el 1º de abril de 2008.

2. Expedir las copias a que se hizo referencia al final de las consideraciones.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Folio 242/1.

(11) Folio 243/1.

(12) Folio 70/1.

(13) En su testimonio el mayor Jaimes Villamizar negó que los sucesos relatados por el procesado Rojas González hubieran ocurrido en realidad (fl. 227/1).

(14) Aparece a partir del folio 47/4.

(15) Página 51 de la providencia (fl. 142/6).

(16) Folio 46/4.