SENTENCIA 3116 DE ABRIL 5 DE 1991

 

Sentencia 3116 de abril 5 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENClOSO ADMlNlSTRATlVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

NO SE APLICAN CON PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

EXTRACTOS: «Al respecto se considera:

1. Aplicación del principio de favorabilidad a las sanciones de índole administrativa.

— No se comparte la tesis de la apelante en el sentido de que este principio se debe aplicar cuando quiera que se impongan sanciones administrativas, pues, en esa materia, y específicamente en relación con el derecho económico, prevalece un interés relacionado con el orden público económico, que exige el que sus normas tengan efecto general inmediato, sin que haya lugar a pretender las consecuencias que se predican a este respecto de las normas penales. Clara es la norma constitucional cuando refiere la aplicación de la favorabilidad exclusivamente “en materia criminal” (artículo 26). No desconoce la Sala que en algunos aspectos administrativos se aplica el principio de la favorabilidad pero ello acontece por virtud de la existencia de leyes que específicamente lo consagran para tales áreas, como sucede, por ejemplo en el campo tributario. Por lo demás, se reitera lo que sirvió de fundamento a la sentencia del Tribunal para desestimar el cargo, esto es, el hecho de que el demandante ni siquiera hizo mención a las normas que se consideraban “más favorables”.

2. Aplicación de las normas penales a los casos del derecho administrativo sancionador. 

Es ya reiterada la jurisprudencia de esta superioridad en el sentido de excluir del derecho administrativo sancionatorio la normatividad y por ende la metodología penal. Es claro que el derecho administrativo es independiente respecto de aquél, aun en su aspecto sancionatorio, dada la existencia de una normatividad regulada por principios propios, autónomos que consultan unas finalidades y procedimientos muy distintos de los del derecho penal.

Este, según la dogmática, escoge institutos jurídicos que considera dignos de tutela, por los más variados motivos, aun de índole moral, supone que al imputar una sanción de tipo penal (prisión, arresto, multa, etc.) a las conductas que puedan poner en peligro o afectar tales institutos, los protege de dichos ataques, dado desestímulo que ello implica para el potencial sujeto activo del hecho punible.

Como la pena es por lo general privativa de la libertad, es esencial para su procedimiento sancionatorio la contemplación clara y específica de unas notas características, por ejemplo: principio de favorabilidad, el derecho de defensa, la legalidad del delito, del procedimiento y de la pena, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en los hechos punibles, etc. Es una metodología y técnica propias de ese derecho.

El derecho administrativo sancionatorio, por contrario, tiene finalidades propias, que en el campo económico, consultan, como se dijo al orden público económico, y por lo mismo utiliza mecanismos para hacer cumplir sus preceptos que en general tienen que ver con sanciones de índole patrimonial. En materia económica por ejemplo, no se puede sacrificar el superior interés del Estado so pretexto de aplicar principios extraños, que no cumplen utilidad alguna en el ámbito administrativo y sí, entorpecen la actuaciones administrativas, impidiéndoles cumplir con los objetivos para los cuales se adelantan.

No se quiere decir que no existan en común, eventualmente, algunas notas características de ciertos principios, ejemplo de lo cual pueden ser los principios orientadores definidos en el artículo 3° Código Contencioso Administrativo, entre los cuales está el de contradicción, ligado estrechamente al derecho de defensa tanto como que es su reflejo en materia administrativa, pero una cosa es advertir tal similitud y otra pretender, a raíz de ella, la plena intromisión de la metodología, técnica y aun la normatividad penal en el campo administrativo.

Es decir, se evidencia la semejanza, pero se deja claro dónde termina ésta, y dónde comienzan las órbitas particulares de cada rama del derecho».

(Sentencia de abril 5 de 1991. Expediente 3116. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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