Sentencia 31244 de julio 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 236

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Con los comprensibles designios de dotar de una estructura lógica a la decisión que, en estricto rigor jurídico, le corresponde proferir, y dar adecuada respuesta a todos los argumentos planteados en los alegatos finales por los intervinientes, la Sala se referirá a los asuntos centrales que a continuación se enuncian, en el mismo orden de presentación:

• Competencia de la Corte.

• Validación del acatamiento irrestricto del principio de investigación integral.

• Presencia y operación de varias estructuras criminales en el departamento del Magdalena que se configuraron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos.

• Y, posición del suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar respecto de los presupuestos exigidos para dictar sentencia de carácter condenatorio en el artículo 232 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000.

1. Competencia.

En atención a lo señalado en el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política, en concordancia con lo fijado en el ordinal 7º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República, calidad que ahora ostenta el acusado Fuad Emilio Rapag Matar.

En este punto, es preciso señalar que, en la actualidad y desde el 2 de noviembre de 2011, fecha en la que la mesa directiva del Senado de la República profirió la Resolución 63, el ciudadano mencionado tiene su investidura congresional suspendida por virtud de la imposición, por parte de la Sala, de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Tal determinación no extingue o desdibuja la calidad referida sino que la interrumpe en el tiempo, “hasta el momento que lo determine la autoridad judicial competente”, tal como se desprende del correspondiente acápite resolutivo. Por lo tanto la Corte es competente para proferir la sentencia correspondiente.

2. Validación del acatamiento irrestricto del principio de investigación integral.

2.1. Enfatícese que el acusado, en sus alegatos finales, hizo expresa su profunda extrañeza por cuanto la agenda que el magistrado auxiliar comisionado tuvo en sus manos cuando José del Carmen Gélvez Albarracín aclaró que Fuad Emilio Rapag Matar no tuvo nada que ver con el proyecto político paramilitar consolidado a través del denominado “Pacto de El Difícil”, no hubiera sido aportada al proceso. De igual manera, el defensor, en su exposición de cierre en el juzgamiento, se refirió al mismo tema señalando que el funcionario aludido (magistrado auxiliar comisionado) “se comprometió” a solicitarla a justicia y paz, sin que ello ocurriera; que si se hubiera adelantado dicha gestión su cliente no habría sido acusado y que dicho elemento no fue solicitado porque allí no aparecía referencia alguna de Rapag Matar.

Y, lo que resulta más sensible, ambos intervinientes sugirieron que el presente proceso se vincula o se encuentra relacionado con una supuesta estrategia perversa o siniestra de asedio judicial al mencionado orquestada por Trino Luna Correa y Jorge Luis Caballero Caballero y encaminada a marginarlo de la política nacional y departamental del Magdalena.

Por todo lo anterior, para la Sala, resulta imperioso que antes de abordar el fondo de la problemática que se ventila, de manera inicial, se efectúen algunas precisiones concernientes al principio de investigación integral y, luego, se especifique con absoluta claridad lo que realmente ocurrió en la diligencia de declaración rendida el 8 de octubre de 2010 por el confeso paramilitar conocido con el alias de “el Canoso”.

Y es que a través de dichos comentarios, en especial el último planteado por el representante de la defesa técnica y, mediante la insinuación ligada al presunto montaje, se entraría a cuestionar veladamente la imparcialidad de la Corte en este evento, al margen que los intervinientes referidos no hubieran concretado tal censura de forma expresa ni puntualizaran tal alcance.

2.2. En torno a dicha temática, lo primero que debe señalarse es que al principio de investigación integral se refería expresamente el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia —previo a la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 de 2002—, como una obligación a cargo de los funcionarios judiciales, y no como simple facultad u opción discrecional.

Por lo demás, en el régimen procesal por el que se gestiona esta causa (L. 600/2000) fue consagrado como norma rectora obligatoria y prevalente, y como fundamento de interpretación del ordenamiento penal adjetivo (arts. 20 y 24).

La mencionada garantía constitucional y principio rector de la Ley 600 de 2000, se encuentra vinculado de forma estrecha a la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba y a la oficiosidad en el decreto y práctica de las elementos de convicción(12), sobre todo en procesos constitucionales en donde se concentran las funciones de acusación y juzgamiento en el mismo funcionario.

En observancia de tales conceptos, el funcionario judicial, fiscal o juez, con el propósito de esclarecer o determinar la verdad, se encuentra obligado a ordenar la incorporación de los medios de convencimiento que cuenten con la potencialidad de ofrecerle la aproximación racional a lo que es objeto de debate en el proceso(13), vale decir el tema de prueba o thema probandum, actividad en cuyo desarrollo debe dilucidar con equivalente atención tanto los aspectos favorables como los desfavorables a los intereses del procesado.

Por otro lado, el principio aludido implica, como expresión de la garantía de defensa, el derecho a la prueba, de jerarquía constitucional, toda vez que todo aquél a quien se le atribuye, en el marco de un trámite criminal, la presunta comisión de un comportamiento punible, debe contar, entre otras opciones reales, con la de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.

Ello no sólo encuentra consagración a nivel constitucional sino también en el artículo 11 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los literales b), c) y e) del artículo 14-3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por todo lo que viene de destacarse es que el desconocimiento o inobservancia del principio de investigación integral, desde la perspectiva de la Constitución y del sistema de investigación y enjuiciamiento de la Ley 600 de 2000, puede constituir irregularidad sustancial que impacta negativamente el debido proceso.

En un evento tal, se entiende que los servidores judiciales han ignorado el mandato previsto en el artículo 250 Superior, así como las normas que, haciendo parte del bloque de constitucionalidad, lo desarrollan y, finalmente, lo contemplado en los artículos 20 y 234 del Código de Procedimiento Penal aplicable.

Teniendo en cuenta que en este evento, tanto el acusado como su defensor, en especial éste, incorporaron en sus alegaciones conclusivas comentarios que se dirigen a sugerir la inobservancia del principio de investigación integral, dada la inescindible relación de tal precepto con los derechos al debido proceso y de defesa, es preciso que se reitere que un defecto de contenido y alcance tal de ninguna manera se configura ni se demuestra a partir de la simple enunciación subjetiva de una o varias pruebas que:

i) Dejaron de practicarse por haber sido solicitadas y negadas.

ii) Los intervinientes estimen que han debido practicarse, evento en el que se evidencia inactividad probatoria de los sujetos procesales.

iii) Fueron pedidas, decretadas y no practicadas. Tal situación debe platearse como violación al derecho de defensa y no al principio de investigación integral. O,

iv) Pese a que en realidad demostraban algún aspecto trascendente de la base fáctica materia de investigación o juzgamiento no fueron requeridas ni ordenadas por el funcionario(14).

Y es que la adecuada y proporcionada formulación de una censura como la referida (desconocimiento del principio de investigación integral), así sea de forma velada, obliga al interesado no sólo a relacionar en concreto las pruebas que se dejaron de practicar, sino también a especificar el poder suasorio de las mismas y a demostrar de manera concreta la trascendencia de lo omitido, frente a la totalidad del conjunto probatorio, consecuencia cuya medida no es la del elemento de convicción en sí mismo considerado, sino la que deviene de su oposición a la coherencia y lógica de la determinación, pues, sólo si la altera imponiendo un sentido diverso de la que el mismo contiene, la crítica podría tener alguna posibilidad de prosperidad.

Planteado de otra manera, la nulidad se abrirá paso, siempre y cuando la prueba dejada de practicar por la alegada negación o indiferencia del funcionario judicial, tenga incidencia favorable en la situación del procesado en lo que se refiere al grado de responsabilidad deducido o porque el elemento de convicción omitido lograría desvirtuar la existencia del presunto comportamiento ilícito o dar noticia de circunstancias beneficiosas para el sujeto pasivo(15).

No obstante, un ejercicio dialéctico con tales componentes dirigido a acreditar y establecer la existencia de circunstancias favorables al procesado, en lo que se relaciona con la materialidad del comportamiento y su supuesta responsabilidad en el mismo, se enmarca dentro de los presupuestos establecidos en la ley para decretar y practicar pruebas, es decir, que éstas sean conducentes, pertinentes y útiles, en últimas que resulten procedentes y no lo contrario por ser superfluas o en atención a cualquier otra consideración.

Al respecto la Sala ha sostenido que:

“La conducencia supone que la práctica de la prueba es permitida por la ley como elemento demostrativo de la específica temática de que trata la actuación. La pertinencia apunta a que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente a los hechos y circunstancias inherentes al objeto cuya demostración se pretende, es decir, que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación”(16).

Resáltese que la consagración del derecho constitucional a la prueba, vinculado con el principio de investigación integral, no implica que dicho axioma resulte de aplicación permanente, absoluta y automática, en la medida en que su ejercicio se encuentra regulado por el legislador, sin que por ello pierda efectividad la citada garantía.

Así, pese a que el estatuto procesal penal aplicable al presente asunto contiene en su artículo 237 el principio de libertad probatoria, ello no implica que el funcionario judicial se vea compelido a recaudar todas las imaginables, pues el mismo régimen, en su artículo 234, ordena practicar tan sólo aquellas necesarias para acreditar la existencia del comportamiento punible, las que agraven o atenúen la responsabilidad del imputado, o las que tiendan a demostrar su inocencia, y consultando dichos propósitos se encuentra autorizado por el artículo 235 para rechazar las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el funcionario judicial, en el marco de sus facultades de dirección de la investigación penal, en materia de ordenación de pruebas y en desarrollo de los criterios de economía, celeridad y racionalidad, cuenta con la posibilidad de disponer de oficio o a petición de los sujetos procesales la práctica de las pruebas que considere necesarias para acceder a la verdad que se intenta reconstruir a través del proceso.

Por ello, válido se ofrece afirmar que la no realización de las que el funcionario considera razonada y fundadamente inocuas, superfluas o intrascendentes a los fines de la investigación, o de las que a pesar de haber sido decretadas no pudieron ser realizadas por circunstancias ajenas a los administradores de justicia, no puede originar menoscabo de los derechos de quien ha solicitado su realización o insistido en ella, menos aún de alguien que jamás lo requirió de forma directa ni a través de la defensa, que fue justamente lo que se verificó en este caso.

Además, debe precisarse que conforme a los criterios que orientan la anulación de la actuación, quien postula tal efecto o lo insinúa, por desconocimiento del principio de investigación integral, está obligado a demostrar que no ha dado lugar con su postura procesal a que se genere el motivo invalidante, de suerte que si se alegó que hubo cercenamiento al derecho de defensa por omisión probatoria, el impugnante debe acreditar que el procesado no contó con la posibilidad de defenderse, que la defensa técnica representada por el abogado que lo asistió en el trámite, tuvo vedados o limitados los mecanismos para solicitar pruebas, controvertir las que se adujeron en su contra e impugnar las decisiones de fondo que valoraron esos elementos, nada de lo cual ocurrió en el presente evento.

En realidad no puede aceptarse que se sugiera que el proceso se encuentra marcado por la precariedad probatoria y la inercia investigativa, cuando el conjunto probatorio consolidado evidencia justamente todo lo contrario, y, mucho menos sin que se exprese con claridad el quebrantamiento del principio de imparcialidad ni las limitaciones al derecho de defensa con las consecuencias de tales defectos en términos de significación y trascendencia.

2.3. Ahora bien, en el testimonio practicado el 8 de octubre de 2010 en las instalaciones de la cárcel “Modelo” de Barranquilla, tal como se extrae del archivo de audio correspondiente, el magistrado auxiliar comisionado, inicialmente, dejó constancia que el declarante revisaba una agenda manuscrita a manera de ayuda de memoria(17), luego, Gélvez Albarracín refirió que el 23 de septiembre (del año 2010) había entregado copia de dicho elemento a la “doctora Zenaida” en justicia y paz y permitió que el funcionario aludido la inspeccionara dejando éste constancia que se trataba de un diario del año 2003 contentivo de anotaciones de puño y letra del declarante relacionadas con su “rol” como paramilitar.

Además, el magistrado auxiliar requirió a “el Canoso” para que indicara si en dicho cuaderno existía alguna anotación relacionada con el suspendido Senador Rapag Matar(18), señalando éste que en la página del día 26 de febrero no figuraba el acusado como beneficiario de dinero ni de ron de las autodefensas(19), como si ocurría con Fulgencio Olarte Morales, registrado en la hoja del día siguiente (feb. 27/2003) y quien, según el testigo, resultó elegido como miembro de la Asamblea Departamental del Magdalena(20) y, además, suministró ayuda financiera a las autodefensas.

Finalmente, el testigo ofreció la agenda para que fuera objeto de reproducción y el magistrado auxiliar señaló que se requeriría directamente a justicia y paz con dicho propósito(21).

2.4. Conforme a la reseña procesal que viene de efectuarse, lo primero que salta a la vista es que los motivos de censura sugeridos por el acusado y su defensor resultan insostenibles y discordantes, tanto si se consideran de forma individual como si se observan de manera conjunta o relacionada.

En efecto, en su intervención, el acusado insinuó que la agenda no fue incorporada a la actuación a pesar de haber sido entregada al magistrado auxiliar comisionado. Nada más alejado de la realidad procesal en tanto, tal como ya se indicó, dicho elemento nunca fue aportado por “el Canoso” a este proceso.

Además, como la adecuada percepción del episodio se alcanza con la simple revisión de la dinámica de la diligencia de testimonio, viable es sostener que la alusión del acusado resulta no sólo falaz sino además, tendenciosa, ligera e irresponsable.

Luego, el defensor, como no podía respaldar tan desatinada apreciación, ensayó otra alternativa de reproche respecto del mismo tema consistente en que el magistrado auxiliar comisionado “se comprometió” a solicitar la agenda a justicia y paz, sin que ello ocurriera, que si se hubiera adelantado dicha gestión su cliente no habría sido acusado y que dicho elemento no fue solicitado porque allí no aparecía referencia alguna de Rapag Matar, tal como ya se anotó.

Sin embargo, contradijo a su prohijado reconociendo de manera previa que el funcionario aludido lo que hizo fue revisar la agenda para dejar una constancia y no recibirla para incorporarla a la actuación.

Frente a los comentarios de la defensa, debe añadirse que aunque el testigo Gélvez Albarracín ofreció la agenda para que fuera objeto de reproducción y el magistrado auxiliar comisionado señaló que se requeriría directamente a justicia y paz con dicho propósito, tal manifestación no implicaba, en medida alguna, ninguna clase de compromiso investigativo de obligatoria observancia sino la especificación de una simple contingencia o eventualidad que, a la postre, no se concretó al resultar inocua, superflua o intrascendente a los fines de la investigación.

Así es, si el testigo refirió que en dicha agenda no existía ninguna anotación relacionada con el suspendido Senador Rapag Matar, en estricto rigor lógico, solicitar copia de dicho elemento a justicia y paz en realidad no resultaba pertinente.

Es más, resultaba superfluo permitir que la prueba documental que el declarante consultó, a manera de ayuda de memoria, fuera reproducida luego de la correspondiente diligencia para ser allegada al expediente cuando, objetiva y materialmente, no contenía anotación alguna referida al acusado.

En realidad, si la lógica es el método con el que se cuenta para llegar a conclusiones de manera objetiva, derivándolas, sin contradicción, de los hechos y, en general, de la evidencia proporcionada por los sentidos, pretender validar una afirmación con una carencia material resulta, por decir lo menos, inconsistente y un contrasentido. Eso justamente fue lo que se pretendió en este caso con la agenda de “el Canoso” del año 2003.

Por lo demás, la Sala, como regente de la investigación, se encontraba obligada a formalizar la precisión de impertinencia cuando los sujetos procesales solicitaran el decreto y práctica de un determinado elemento de convicción, tal como ocurrió constantemente durante el sumario y en el juicio, pero no cuando dicho suceso no se verifica. Planteado de otra manera, la Corte no tenía que explicar las razones por las cuales no se decretó una prueba que no se ofrecía procedente si nadie formalizó ni exteriorizó nunca la posición contraria.

Resáltese que en el evento objeto de análisis Rapag Matar jamás requirió de forma directa que se trajera copia de la agenda ni tampoco lo hizo a través de la defensa. Por lo demás, era insustancial, y de ello se infiere que no afecta el principio de investigación integral.

Adicionalmente, imperioso se ofrece destacar que en materia penal y conforme a lo normado en el artículo 237 de la Ley 600 de 2000, cobra vigencia el principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual:

“Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad del procesado, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales”.

Como se puede advertir, en los asuntos penales no existe tarifa probatoria, y por ello, la acreditación de los aspectos que son objeto de debate en el proceso no dependen del aporte de un cierto número de testimonios, pericias, documentos, etc., además que la ley no otorga a los diferentes elementos de persuasión un grado de convicción predeterminado, ya que lo exigido por aquélla es que toda providencia se encuentre sustentada en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación, condiciones que permiten al funcionario judicial su valoración conjunta de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con el fin de adoptar la decisión que en derecho corresponda. Ello es precisamente lo que se desprende de los artículos 232, 233 y 238 de la Ley 600 de 2000.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el defensor, a manera de estrategia argumentativa, simple y llanamente sobreestima y dimensiona de forma infundada el poder suasorio de un elemento que nada adicional a lo sostenido por “el Canoso” aportaba a la investigación, señalando que si se hubiera allegado al expediente la agenda su cliente no habría sido acusado. Además, por dicha vía y como efecto colateral, termina el interviniente desdeñado el poder de convicción de las piezas restantes del acervo.

Ahora bien, según se desprende de la Sentencia de Unificación 087 del 17 de febrero de 1999, dos son los requisitos para que la omisión de pruebas constituya violación del debido proceso en materia penal, a saber:

i) Que los elementos demostrativos hayan sido solicitados por el procesado. O,

ii) Que el funcionario judicial, por capricho o para interrumpir términos legales que corren a favor del implicado y de su libertad, se sustraiga a la efectiva realización de las pruebas decretadas con el fin de tramitar las etapas subsiguientes.

Destáquese que ninguna de las dos posibilidades se configuró en el evento analizado respecto de la, tantas veces citada, agenda de “el Canoso”.

2.5. Cambiando de óptica, con el mismo propósito velado de cuestionar la imparcialidad de la Corte, el defensor llamó la atención acerca de la forma como se “introdujo” el testimonio de Carlos Enrique Pareja Mendoza, a través de un informe del CTI, en el que no se registró el nombre completo y al día siguiente, de forma “insólita”, cuando se decretó la prueba, se precisó la plena identidad.

Para la Sala, el defensor le termina atribuyendo a una situación baladí e insustancial una honda trascendencia. No obstante, el comentario amerita que se patentice qué fue lo que ocurrió.

Mediante informe de policía judicial del 5 de octubre de 2010 los investigadores del CTI comisionados concretaron que:

Carlos Pareja, tiene conocimiento de los hechos aquí investigados”(22) (resaltado del texto original).

Luego, a través de auto del 6 de octubre, se dispuso oír en testimonio a “Carlos Enrique Pareja Mendoza”, por resultar de utilidad e interés para la actuación(23), lo que en efecto ocurrió el día 13 siguiente(24).

Como se puede advertir sin mayor dificultad, razón le asiste al defensor al sostener que en el informe del CTI aludido no se registró el nombre completo del testigo y al día siguiente, cuando se decretó la prueba, se precisó la plena identidad.

Sin embargo, la situación dista mucho de ser “insólita”, como lo sostiene el representante de la defensa técnica. Al respecto, es preciso señalar que este proceso y otros más (en diversas fases) los tramita la Sala de Casación Penal en pleno, sin magistrado ponente y, por ello, aquélla, como componente corporativo, tiene conocimiento general de muchas situaciones comunes a las actuaciones que se adelantan bajo dicha metodología.

En este caso, conocía de la existencia de Carlos Enrique Pareja Mendoza por su figuración en otros trámites y, así, para evitar en esta actuación confusiones en torno a la identidad del testigo, precisó la plena identificación al momento de decretar la prueba.

Adicionalmente, en el marco de la diligencia de testimonio que contó con la presencia activa del representante del Ministerio Público y del entonces defensor de confianza del acusado, Pareja Mendoza efectuó señalamientos serios respecto de Rapag Matar, lo cual confirmó en el contexto procesal que en realidad tenía “conocimiento de los hechos aquí investigados”, tal como lo sostuvo el CTI en su informe.

Se insiste, el suceso no tiene nada de inusitado y mucho menos de irregular.

2.6. No sobra señalar que en el discurso final del acusado se refleja una propensión infundada dirigida a desacreditar la gestión investigativa de la Corte a través de la censura de la actividad desarrollada por el magistrado auxiliar comisionado, al insinuar no sólo lo que viene de ser analizado, vale decir, que la agenda de “el Canoso” no fue incorporada a la actuación a pesar de haber sido entregada al funcionario referido (situación, que se constató, no obedece a la realidad), sino además:

i) Que el primer cometido del comisionado fue trasladarse a la cárcel de Cómbita para “entrevistar” a un testigo, sin lograrlo.

ii) Que el mismo funcionario siempre estuvo “confundido” en torno al tema de la titulación de la finca “Clara Inés”. Y,

iii) Que el magistrado auxiliar comisionado debió haber interrogado a “todos los diputados” de la Asamblea del Magdalena y no lo hizo.

Respecto del primer comentario debe decirse que aunque a través de auto del 14 de mayo de 2010 se determinó que Óscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, sería escuchado en testimonio, no en entrevista, el 25 de mayo a las 9 y 30 de la mañana en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá(25), con posterioridad, concretamente, antes de la llegada de dicha fecha, es decir, el 19 de mayo, se reprogramó la diligencia para que fuera practicada al día siguiente (20), a la misma hora y en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota” de Bogotá, en atención a que se había logrado establecer que el declarante permanecía en el segundo de tales lugares y no en el primero(26).

Como se ve, el comisionado nunca se trasladó a la cárcel de Cómbita con el propósito de “entrevistar” a un testigo, sin lograrlo.

En torno a la segunda afirmación, es preciso indicar que desde el auto por cuyo medio se resolvió la situación jurídica del ahora acusado, fechado el 7 de septiembre de 2011, se especificó que en el marco de la indagatoria, éste descartó que hubiera sido titular del derecho de dominio de varias fincas con dicha denominación.

En este sentido, se agregó que Rapag Matar explicó que el fundo “Clara Inés” tuvo inicialmente una extensión de cincuenta y tres (53) hectáreas, a las que se les agregó un lote de ocho (8) hectáreas, que al terreno resultante se le asignó una nueva matrícula inmobiliaria, que en el municipio de Zona Bananera no existía oficina de registro de instrumentos públicos y que ésta se encuentra ubicada en Ciénaga.

Con fundamento en dichas explicaciones, que replicó en sus alegatos finales para sustentar la supuesta confusión del comisionado, así como en los hallazgos objetivos, la Sala especificó en la providencia mencionada que la cabida acreditada de cincuenta y dos (52) hectáreas (no 53 como lo sostuvo el indagado), correspondía al predio inicial y la de sesenta y una (61), también certificada, a la del fundo resultante de la agregación, el cual, pese a estar ubicado en el municipio de Zona Bananera, aparece registrado en Ciénaga(27).

Así, ninguna confusión existe respecto de tal tema.

En últimas, lo que evidencian dichos comentarios es el desconocimiento de la realidad procesal.

Y, en torno al tercer tema, simplemente se dirá que si lo que pretendía el acusado era que se escuchara en testimonio a “todos los diputados” de la Asamblea del Magdalena ha debido proponer dicha gestión investigativa a la Sala para que ésta, teniendo en cuenta su argumentación, especificara su procedencia consultando los criterios de pertinencia, conducencia, utilidad y racionalidad.

Ello nunca se hizo simple y llanamente porque el acusado ni su defensor especificaron la postulación correspondiente.

2.7. Cambiando de óptica, las únicas entrevistas que se realizaron en este caso fueron efectuadas por el CTI durante la fase previa de la actuación, y nunca por el magistrado auxiliar comisionado, quien únicamente, por facultad expresa otorgada por la Sala, practicó declaraciones revestidas de todas las garantías (incluyendo el ejercicio del derecho de contradicción), cuyas particularidades y contingencias quedaron registradas en archivos de audio, así como en las actas correspondientes.

Se realiza dicha precisión en atención a que el acusado, como profano en la materia, confundió permanentemente durante su discurso de clausura las entrevistas con las declaraciones que se rindieron en las condiciones anotadas bajo la gravedad del juramento.

2.8. Adicionalmente, la insinuación referida a que el presente proceso se vincula o se encuentra relacionado con una supuesta estrategia perversa o siniestra de asedio judicial al mencionado, orquestada por Trino Luna Correa y Jorge Luis Caballero Caballero, y encaminada a marginarlo de la política nacional y departamental del Magdalena, no obstante su gravedad, resulta insostenible e infundada. Además, se ofrece desobligante con la dignidad y el cometido funcional de la Sala, y con la majestad misma de la justicia.

2.9. Por último, es preciso que la Corte se refiera a una constancia que dejó el defensor cuando en la sesión del juicio del 28 de enero de 2013 fue suspendida cortamente la correspondiente fase probatoria (para continuarla en horas de la tarde), con el propósito de lograr que el testigo Arnover Carvajal Quintana contara con la asistencia de su defensor, tal como el mismo lo requirió(28).

A través de la manifestación del defensor se contrastó que la Sala sí había dispuesto la interrupción con el propósito referido, mientras que el magistrado auxiliar comisionado, cuando escuchó al mismo testigo durante la fase de investigación previa, no lo hizo, pese a que el declarante también requirió la presencia de su representante judicial.

Y, lo primero que debe anotarse respecto de dicho tema es que, en ambas ocasiones, Carvajal Quintana concurrió como simple testigo y no como indiciado o procesado, por lo tanto, en estricto rigor normativo y al margen de la pauta consuetudinaria y pragmática que algunas veces se aplica con ciertos declarantes renuentes para evitar la parálisis de las diligencias correspondientes, no era necesario que asistiera acompañado de un profesional del derecho.

Resáltese que el llamado que la justicia hace a cualquier ciudadano para que concurra a declarar tiene un carácter obligatorio y dicho apremio se preserva incluso con la conducción frente a los testigos renuentes.

Por lo demás, pese a que en las dos oportunidades Carvajal Quintana requirió la presencia de su representante judicial y fue persuadido para que declarara sin compañía, en la primera de tales ocasiones la labor de convencimiento resultó efectiva mientras que en la segunda no.

Adicionalmente, en la primera oportunidad no fue insistente en su requerimiento en tanto en la segunda sí. Ello, sumado a que en el juicio no resultó posible convencerlo que atestiguara sin compañía, motivó la corta suspensión y la diligente gestión secretarial dirigida a superar tal obstáculo.

Como se puede advertir, absolutamente nada anómalo se aprecia en la maliciosa manifestación de la defensa.

2.10. En consecuencia, no se declarará la nulidad solicitada de manera implícita por el acusado y el apoderado judicial, al no haberse corroborado la existencia de irregularidades sustanciales desconocedoras del debido proceso o la defensa que deban ser subsanadas.

Resuelto de forma adversa para el acusado y su defensor el problema jurídico propuesto veladamente en las alegaciones relacionado con la violación al principio de investigación integral, así como otras cuestiones, debe señalarse que el debido proceso penal, como método dialéctico que debe patrocinar el respeto a las garantías de los sujetos procesales, la aproximación racional a la verdad y la efectividad del derecho sustancial, implica que el juez natural, en el presente caso esta Sala de Casación Penal, absolutamente observante del principio de legalidad, defina materialmente la judicialización del acusado en el marco de las formas especificadas de manera previa en el ordenamiento superior y en la ley y al margen de cualquier otro tipo de miramiento, incluyendo uno de índole político.

3. Presencia y operación de varias estructuras criminales en el departamento del Magdalena que se configuraron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos.

La tipología delictiva por la cual la Sala, a través de providencia del 25 de abril de 2012, convocó a responder en juicio al suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar, como presunto autor, es el concierto para promover grupos armados al margen de la ley, prevista en el artículo 340, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en la posición distinguida del acusado en la sociedad por su cargo, situación económica y poder.

Desde el punto de vista teórico, para que se verifique una ilícita asociación es necesario que:

i) Varias personas se reúnan o intervengan desde el punto de vista fenomenológico. Por dicha razón resulta viable sostener que se trata de un punible de carácter plurisujetivo (por la arista activa).

ii) Que exista un compromiso, acuerdo, arreglo, trato o convenio; o una alianza, componenda o connivencia, contentiva de distintas voluntades, que, con propensión de permanencia, busque consolidar un designio compartido que no es otro distinto que la comisión de infracciones penales, en términos generales, o propósitos específicos, como los indicados en el segundo aparte del artículo 340 del Código Penal.

Ahora bien, en relación con la afectación a la seguridad colectiva evidenciada en el artículo referido (340), antes de la modificación introducida por la Ley 1121 de 2006, esta Sala cuenta con un depurado y ya afianzado perfil jurisprudencial conforme al cual dicha normativa exhibe diversos escenarios autónomos. Éstos son:

• Convenio para la comisión de delitos indeterminados —inciso primero—.

• Concertación para incurrir en los punibles de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos; o para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley —inciso segundo—. Y,

• La organización, fomento, promoción, dirección, encabezamiento, constitución o financiación de la ilícita asociación —inciso tercero—.

Es preciso señalar que esta parte final de la disposición concreta el mayor grado de injusto y de reproche para quienes efectivamente ejecutan, y no sólo acuerdan, cualquiera de los comportamientos referidos —inciso tercero—(29).

Como se puede advertir, el artículo aludido define diversas alternativas de ataque al bien jurídico mencionado que expresan la forma progresiva como se pone en peligro o se quebranta la seguridad de la colectividad.

Ello implica la descripción de conductas secuenciales (de menor a mayor), cuya lesividad, en observancia del principio de proporcionalidad, se refleja en la intensidad de la respuesta punitiva por parte del Estado.

Así las cosas, examinada la finalidad del comportamiento referido, es evidente que:

• En aquéllos eventos en los que no se logra consolidar la organización, promoción, equipamiento bélico o financiación de los grupos al margen de la ley, de todas maneras el injusto persiste mediante la anticipación de la barrera colectiva de protección del bien jurídico. Más concreto, basta el acuerdo para tener por satisfecho el juicio objetivo de tipicidad.

• Y, quien arma, financia, organiza o promueve grupos al margen de la ley, se ha concertado de manera previa para la ulterior concreción de dichos propósitos.

Ello implica que conforme a la modalidad escalonada de embate al bien jurídico (mediante la puesta en peligro o la lesión efectiva), la ejecución contiene el juicio de reproche inherente a los pasos secuenciales que le dan origen y sentido al comportamiento.

Conforme a dicho marco teórico, la Sala analizará el comportamiento atribuido al suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar, vinculándolo con los referentes geográficos y políticos, así como con el estadio histórico en que se manifestó, sin perder de vista que en la práctica judicial no resulta equivalente ni equiparable,

“(...) probar delitos cometidos en medio de una comprensiva armonía social, por razones aisladas, coyunturales, asidos a pasiones momentáneas y domésticas, inclusive si se trata de bandas criminales locales, que los que tienen lugar entre escenas de conflicto armado, inmiscuidos ejércitos ilegales, que por sí mismos suponen ámbitos de criminalidad sistemática, permanente, dura u organizada, donde se plantea una complejidad tal que frente al propósito de descubrir la verdad, se precisan parámetros igualmente especiales”(30).

3.1. Referentes demostrativos generales.

3.1.1. La diversa información procesal permite concretar que aproximadamente en el año 1985, cuando los lugareños del departamento del Magdalena optaron por no continuar cumpliendo con los requerimientos económicos efectuados por integrantes de los diversos grupos subversivos que operaban en la zona de cultivos de banano (luego de palma africana) y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, asesorados por integrantes de estructuras de autodefensas que ya se encontraban operando en la región geográfica del Magdalena Medio, organizaron unos grupos armados conformados por personas provenientes del interior del país que contaban con formación militar, con el propósito inicial de custodiar las propiedades y de contrarrestar las operaciones guerrilleras.

En el escenario descrito hicieron su aparición las agrupaciones denominadas “Los Chamizos” y “Los Rojas”, liderados, en su orden, por Hernán Giraldo Serna y Adán Alberto Rojas Ospino, estructuras que, luego, concretamente en los años 2000 y 2001, con el propósito de asumir el control de la ciudad de Santa Marta y de parte de la Sierra Nevada, sostuvieron una sangrienta confrontación armada.

En la primera de tales anualidades (2000), Miguel Adán Rojas Mendoza, alias “el Negro Rojas” (hijo de Rojas Ospino), asumió el control del grupo que, con posterioridad, sería absorbido por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá dirigidas por Carlos Castaño Gil.

Para el segundo año referido (2001), el grupo comandado por Giraldo Serna se denominaba Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira y tenía su área geográfica de influencia en la parte norte del primer ente territorial (departamento del Magdalena) y en la vereda Puente Bomba ubicada en el segundo (La Guajira).

De manera específica, las acciones de dicha organización se centraron, de manera esencial, en la totalidad del Distrito de Santa Marta.

Ya para el año 2002, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira se transformaron en el frente Resistencia Tayrona. Ello ocurrió luego del cese de la confrontación armada verificada entre las estructuras paramilitares comandadas por Rodrigo Tovar Pupo y Giraldo Serna, como resultado de la cual la organización regentada por éste pasó a integrar el bloque dirigido por aquél (Norte).

En torno al tema del conflicto que involucró a los grupos referidos, un comandante bastante cercano a la “casa Castaño”, vale decir, Salvatore Mancuso Gómez, alias “El Mono Mancuso”, “Santander Lozada” o “Triple Cero”, en declaración rendida el 1 de mayo de 2009 desde Washington(31), indicó que el hecho consistente en que personas vinculadas a las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira le hubieran atribuido falsamente responsabilidad a José Vicente Castaño Gil por varias muertes violentas, entre éstas las de unos oficiales de la Agencia Antidrogas Estadounidense —DEA— verificada el lugar conocido como “Tinajas”, en la vía a Guachaca, llevó a los cabecillas paramilitares a declararle la guerra a Giraldo Serna.

Ahora bien, la praxis judicial en general, el conjunto probatorio en particular y las investigaciones sociológicas realizadas por Priscila Zúñiga, han develado que el bloque Norte pasó rápidamente a convertirse en una

“organización sombrilla para todos los grupos de protección ilegal en la zona”(32).

Y de dicho proceso de articulación, en algunos eventos coercitivo y en otros voluntario, no se escapó la estructura que encabezó, a partir de finales del mes de marzo del año 2002, José Gregorio Mangones Lugo, conocido como “Tijeras” o “Carlos Tijeras”, vale decir, el frente William Rivas, la cual, al margen de la negación y desacreditación reiterada ensayada en sus alegatos finales por el acusado y su defensor en torno a dicho aspecto, tuvo influencia en los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación (departamento del Magdalena).

Eso y no otras situaciones contrarias o diversas, fue justamente lo que acreditó el CTI con fundamento en la información que se ha venido revelando en torno al accionar delincuencial de dicho grupo paramilitar(33).

De esta manera, la realidad procesal se contrapone a lo simplemente enunciado por el acusado, sin ninguna clase de soporte demostrativo, en el sentido que el municipio de Pueblo Viejo era manejado por Édgar Ignacio Fierro Flórez y que era “grotesco” indicar que algunos lugares del Magdalena, de difícil acceso, tuvieron influencia paramilitar.

Lo propio debe sostenerse en torno al comentario no sustentado del defensor en torno a que no es viable predicar la existencia de una sociedad paramilitarizada, vale decir, sometida previamente por las autodefensas, con la presencia de una estructura armada ilegal de tan sólo 35 o 40 hombres.

Aparte que el representante de la defensa técnica no especificó la fuente de la precisión numérica, que se contrapone a lo que sostuvo Mangones Lugo en diligencia de declaración cuando señaló que la estructura paramilitar que comandó estuvo conformada por aproximadamente 100 hombres(34), así como a la precisión de influencia geográfica especificada por el CTI y a la potencialidad demostrativa del conjunto probatorio general; incurrió en una insalvable contradicción de contexto al señalar que a los verdaderos aliados del paramilitarismo se les adjudicaron municipios con el propósito de recibir beneficios electorales. Es decir, para el defensor no existió el dominio territorial pero si el electoral en las graves condiciones que expresa.

Es claro que, en estricto rigor lógico y consultando el discurrir paramilitar, el primero (dominio territorial) fue requisito sine qua non para el segundo (electoral). Planteado de otra manera, el manejo electoral o político requería necesariamente del arraigo territorial previo a través del poder de fuego. Así, se evidencia un contrasentido en la postura defensiva que se irá acentuando con lo que a continuación será objeto de análisis.

3.1.2. Y, en este punto, la Sala se detiene en la declaración rendida ante la Corte por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”(35). Ello permite continuar acreditando el tema de la existencia y operación de los grupos paramilitares en el departamento del Magdalena.

Así es, el mencionado jefe paramilitar señaló que aproximadamente a finales del año 1998, cuando Carlos Castaño Gil le dio la orden a Salvatore Mancuso Gómez de retirarse del sur del departamento de Bolívar, en momentos en que la estrategia contrainsurgente paramilitar había prosperado en dicho territorio, asumió el mando del bloque Norte y empezó a diseñar la

“toma militar, la toma social y por consiguiente la estructuración de unos estados de autodefensa”.

Además, de manera reveladora, especificó que ejerció “soberanía” en el 70% de varios departamentos de la Costa Atlántica, entre éstos Magdalena(36).

3.1.3. Lo que viene de analizarse permite concluir que en el presente trámite se encuentra acreditado con suficiencia que el ente territorial referido no fue ajeno a la dinámica marginal paramilitar. Todo lo contrario, en dicho lugar operaron e hicieron presencia varias estructuras paramilitares. En lo que resulta de interés para la Sala es preciso dejar sentado que lo hicieron el bloque Norte, el frente William Rivas y las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (luego frente Resistencia Tayrona).

Además, es preciso recordar que en el desarrollo de la audiencia pública tanto la representante del Ministerio Público como el acusado y su defensor, señalaron (algunos implícitamente y otros de manera explícita) que la presencia de paramilitares en el departamento del Magdalena era una realidad imposible de desconocer. Así también lo indicaron la mayoría de los declarantes.

3.1.4. No sobra precisar que la formación, discurrir, transformación y consolidación de las estructuras paramilitares referidas se constituyen en referentes analíticos obligados que le permiten a esta Corte ubicar en un marco real los vínculos que se estructuraron entre la clase política y el personal paramilitar, como pasará a verse en el siguiente apartado.

3.2. Revelaciones políticas del bloque Norte y de los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona.

3.2.1. Hoy día, es un hecho conocido a través de la práctica judicial que el paramilitarismo se consolidó en observancia de un criterio expansivo relativamente frecuente que fue utilizado de forma escalonada en diversos ámbitos operativos y que en su fase de mayor apogeo, la cual se verificó luego de la toma por poder de fuego de las zonas de dominio insurgente y de la consecuente injerencia de orden territorial, posibilitó la prédica de validez de las tres expresiones de dicha problemática, a saber, la militar, la financiera y, la política.

Respecto a tales manifestaciones, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, señaló ante la Corte (en el proceso 26470) que la táctica contrainsurgente de las autodefensas inició con el “copamiento” militar de espacios geográficos de influencia subversiva a través de una confrontación irregular(37).

Añadió que luego del avance militar y de asumir responsabilidad territorial empezó el “acumulado social, pues muchas de estas regiones, en su gran mayoría, estaban totalmente abandonadas también por el estado social”; y que en dicho contexto comenzó a configurarse una “sociedad entre las autodefensas y aquellas comunidades que habían sido socias del estado guerrillero”, se desarrolló un trabajo consistente en la construcción de carreteras, puentes, colegios y hospitales que contó con una acompañamiento espiritual por parte de las “iglesias tanto católicas como cristianas” y se llevaron a cabo unos “talleres de trabajo” o “comunales” que le permitirían a las comunidades luchar “por la reconstrucción o construcción de sus sueños como sociedad”.

Explicó que los talleres referidos

“no eran otra cosa sino la reunión con mucha gente de las regiones para intercambiar ideas e implementar con ellos unas políticas que terminaran convirtiéndose en leyes de obligatorio cumplimiento”.

Especificó que:

“esos talleres se desarrollaban y se activaron por todas las regiones en donde las Fuerzas Militares de las autodefensas iban dejando espacio posible para hacer acumulado de soberanía comunitaria, pues se volvió una constante en las gentes de esas regiones, es decir, era el mismo sentir generalizado, el olvido, la exclusión, la falta de oportunidades, abandono, siempre pensamos que el estado guerrillero en vez de haber sacado a las comunidades de esos olvidos y de ese sentir, lo que quería instaurar dentro de su estado era precisamente esos sentimientos en las comunidades pensando que sólo así podrían tener a unas gentes dispuestas a cualquier tipo de levantamiento o de acompañamiento. Nosotros pensamos totalmente lo contrario, si no hacíamos nada por esta acumulado de solidaridad comunitaria, jamás nuestra soberanía popular iba a ser positiva para la construcción de ese estado de autodefensas y que si no hacíamos más, esto se convertiría en un círculo vicioso de esquemas civiles de ataque o defensa, que sería interminable. Entonces, este acumulado de solidaridad comunitaria se tenía que apersonar social y políticamente de la construcción de su futuro, pues los hombres armados que defendían a ese estado que ejercía soberanía, tenían una función principal que era la derrota militar y la seguridad y protección de esa soberanía. Luego quienes portábamos armas o (no) teníamos espacio para desarrollar la actividad política y social pues nuestra responsabilidad era solamente en el campo militar. Tenían que ser las bases sociales dentro de ese acumulado comunitario quienes construyeron de ahí para delante, su futuro y para construir ese futuro donde lo prioritario era mejorar las condiciones de dignidad humana y desarrollo, sólo se podía construir desde una posición política pues el desarrollo de las regiones es una lucha que se consigue políticamente”.

Agregó que lo que encontraron las autodefensas en los territorios dominados por la subversión fue,

“el constreñimiento de la capacidad libre de decisión del constituyente primario, constreñimiento que hacía tanto el partido liberal como el conservador en esas regiones, utilizando la manera principal que utilizaron para corromper: el derecho a elegir y ser elegido, que era el mecanismo de la compra de conciencia. Eso era lo que existía en esos estados guerrilleros, pero que también existía muchos años atrás cuando también existía el estado de derecho, o sea que aquí en Colombia la democracia viene muy violenta casi desde que se estableció el frente nacional”.

Además, puso de presente que en los “talleres” a los que se refirió,

“la gente o la comunidad empezaron a tomar conciencia de que era más importante unirse para un objetivo común que seguir desunidos por un color de trapo que era lo que no dejaba ver más allá de los intereses de quienes lideraban los procesos políticos durante tantos años en esas regiones. Y entendieron, porque esta fue una construcción mutua basada en ideas, que ellos eran la fuerza primordial que había sido siempre utilizada para beneficio de unos pocos, que les compraban la conciencia y que después los hacían acreedores del derecho al no poder exigir desarrollo para sus comunidades, pues el que vende la conciencia no tiene derecho a exigir más nada. Es decir, con la venta del voto, ellos perdían el derecho fundamental como ciudadanos de tener derecho a una vida con dignidad y empezaron a entender que si eran la fuerza determinante, era mejor utilizar esa fuerza en beneficio de ellos mismos, que seguirla poniendo a disposición en beneficio de otros y que sólo el día que ellos pudieran dirimir sus diferencias no políticas, porque ahí no había diferencias políticas sino partidistas, politiqueras que es cosa diferente, jamás iban a poder ser ellos los constructores de su propio futuro y siempre iban a estar a expensas de que otros les siguieran construyendo el mismo futuro de miseria y olvido que hasta ahora habían vivido y empezó a ser muy mentada la frase aquella de que cada pueblo se merece la historia que es capaz de construir, que si uno no lucha por hacer algo por sí mismo, nadie va a luchar por otros”.

Como se puede advertir, Tovar Pupo esgrimió una doctrina que, observante de los orígenes sociológicos de las organizaciones paramilitares, se constituyó en una indiscutible forma de apología del denominado “estado de autodefensas”.

Para dicho comandante, la ocupación armada y la consecuente imposición de pautas de comportamiento por parte de las estructuras paramilitares en las áreas geográficas dominadas, encontró en el discurso sofístico de la promoción y salvaguarda de la dignidad humana y la soberanía comunitaria su componente dinamizador más trascendental.

De esta forma, la construcción del tejido social en las zonas de control paramilitar resultó influenciada por lo que “Jorge 40” denominó “acumulados de solidaridad comunitaria”, locución que, como se verá más adelante, le permitió enmascarar sus propios intereses en los inherentes a las colectividades que fueron sometidas por vía del poder de fuego y de las armas. Eso es justamente lo que la Sala puede advertir en la esencia del consorcio que se configuró entre “las autodefensas y aquellas comunidades que habían sido socias del estado guerrillero”.

Por lo demás, la ambientación teórica que efectúa “Jorge 40” deja entrever que el fenómeno rotulado “paramilitarismo”, en realidad apuntaló un modelo de gestión de los asuntos públicos locales, regionales e incluso nacionales paralelo y multipartidista que resultó afianzado con la incapacidad e indiferencia gubernamental y la ausencia de control institucional. Dicha conclusión resultará reforzada más adelante.

3.2.2. Ahora, por resultar de interés para la decisión, la Sala se detiene en la dinámica política específica inherente a las regiones en las que el bloque norte ejerció influencia territorial.

Lo primero que debe exponerse es que Salvatore Mancuso Gómez señaló en su declaración rendida el 1º de mayo de 2009 desde Washington(38), que para el año 2000 ya era normal y habitual que las estructuras de autodefensa se involucraran en la actividad política. Incluso refirió que él apoyó a Miguel Alfonso De La Espriella y a Eleonora María Pineda Arcia en sus aspiraciones electorales.

Además, especificó que era Rodrigo Tovar Pupo el llamado a explicar lo que ocurrió a dicho nivel con la organización paramilitar que comandó en la medida en que contó con plena autonomía para gestionarla. Por eso no tuvo conocimiento de hechos que interesaron a la investigación y, ahora, al juzgamiento.

A su turno, el máximo cabecilla del bloque norte informó lo siguiente en la declaración que viene de comentarse:

“Nadie, ningún líder político, llámese presidente de junta de acción comunal, miembro de las JAL, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes a la cámara, senadores, ministros, magistrados, funcionarios de institutos descentralizados, presidente de la república, ninguno buscaron (sic) a las Fuerzas Armadas del Estado de autodefensa para hacer sociedades militares, ni políticas, ni económicas. Pero también hay que aclararle (...) que no hay presidente de junta de acción comunal, líderes comunales, líderes de las juntas administradoras locales, concejales, alcaldes, diputados, representantes a la cámara, gobernadores, senadores, ministros, magistrados, periodistas, presidente de la república, que no haya tenido que ir a hablar con el acumulado solidario comunitario que eran las bases populares de nuestro estado de autodefensa y que si querían tener algún beneficio, tenían que ir a hablar con ese acumulado sobre programas de desarrollo, programas de oportunidades y sobre futuro regional. El que diga que no habló con ese acumulado solidario comunitario y que no hizo compromiso con ellos, en las regiones donde nosotros éramos un estado de hecho le miente al país (...) porque lo que no se volvió a permitir jamás y era una ley de obligatorio cumplimiento, era permitir que quienes quisieran acceder al apoyo de las bases populares de esos estados de autodefensa, no podrían lograr el beneficio de ese constituyente primario, por los mismos mecanismos que encontramos en esas regiones desde el año 1988 (...). Allá tuvieron que llegar a hablar con todos ellos sin plata, pero con ideas, con propuestas, con oportunidades, que era el único mecanismo que a partir de esos años aceptaban esas bases populares para interlocutor”.

3.2.3. Y, para precisar el verdadero alcance de las asertivas explicaciones transcritas, se cuenta, en principio, con el testimonio del ex congresista Jorge Luis Caballero Caballero, quien aceptó de manera consciente, libre, voluntaria, espontánea, informada e incondicional su responsabilidad en la concertación para promover grupos paramilitares y, en la actualidad, se encuentra a la espera de la sentencia de rigor.

Es más, el propio convocado a juicio señaló en su discurso final que Caballero Caballero se refugió en Alemania para evadir la acción de las autoridades judiciales y “usaba el brazalete” de las autodefensas para intimidar a la gente.

Con el testimonio del citado ex Congresista se confirmó que, en el departamento del Magdalena, los aparatos organizados de poder mencionados (paramilitares) tuvieron un control militar y territorial que generó un dominio político al punto que para el año 2002 ya tenían la capacidad de impedir el libre ejercicio electoral. Así, si una persona aspiraba a ocupar un cargo de elección popular, en cualquier nivel (nacional, regional o local), tenía necesariamente que contar con un “aval” para desarrollar la actividad proselitista de rigor(39).

Con el propósito de suministrar referentes materiales relacionados con lo que viene de ponerse de presente, Caballero Caballero recordó que cuando era candidato al Congreso de la República en la referida anualidad (2002), las autodefensas dinamitaron su sede política al no contar con la correspondiente autorización para ejercer la actividad de promoción electoral y que, por ello, se vio obligado a solicitar el beneplácito.

Sin embargo, narró que ese precisamente fue su “error histórico” pues siempre se contó con la opción de declinar las apetencias y que él, de manera particular, se acercó al paramilitarismo para no perder el trabajo político que dijo haber desarrollado desde 1988 cuando se desempeñó como concejal en el municipio de El Piñón.

El mismo testigo precisó que el dominio político de las autodefensas en el departamento del Magdalena se verificó “de arriba hacia abajo”, vale decir, del nivel local al nacional pasando por el regional, que en el marco de dicha estratagema se logró el control de 26 de las 30 alcaldías municipales, que el poderío militar y territorial determinó la existencia de una clase política sometida que no tenía que ser amenazada y que ésta se equiparó a los denominados “acumulados solidarios”.

Caballero Caballero también se refirió a la lista mayoritaria (cerrada) a la Asamblea Departamental del Magdalena para el año 2003 por el movimiento político “Colombia Viva”, la cual, indicó, era la opción “de las simpatías del proyecto paramilitar”, logró sacar 8 diputados (de 13 posibles) y generó mortificación e incomodidad en algunos sectores de las autodefensas, particularmente en José Gregorio Mangones Lugo, alias “Tijeras” o “Carlos Tijeras”, ante la ubicación de Fulgencio Olarte Morales, su opción en la plancha, en el noveno reglón(40).

Reálcese que el propio Rapag Matar validó que “Tijeras” tenía un evidente interés en dicha lista.

Además, Caballero Caballero manifestó que por convocatoria efectuada por Trino Luna Correa, participó en una reunión en la finca “Alemania”, ubicada entre El Difícil y “Pueblo Nuevo”, la cual fue “prefabricada” a “espaldas” de la comandancia paramilitar, contó con la asistencia de 500 a 600 personas, tenía como propósito asegurar el apoyo a la campaña a la Gobernación del Magdalena del mencionado a través del “constreñimiento físico” y fue dirigida por un cabecilla que no tenía nada que ver con la región sino con la zona norte de la ciudad de Santa Marta y, por ende, con la estructura comandada por Hernán Giraldo Serna, es decir, José del Carmen Gélvez Albarracín, conocido como “el Canoso”.

Varios de los temas abordados por Caballero Caballero serán retomados más adelante por la Sala. Por ahora, resáltese nuevamente que nadie más apto o idóneo que una persona que ejerció la política en el departamento del Magdalena desde el año 1988, inicialmente como concejal, tal como ya se indicó, luego como diputado, gobernador y, finalmente, como representante a la Cámara por la circunscripción electoral de dicho ente territorial, para contextualizar la problemática analizada en el ámbito electoral y revelar a la Corte el proceso escalonado de aprehensión de la institucionalidad del Estado por parte de los grupos paramilitares.

Además, si Caballero Caballero tuviera algún interés dirigido de manera inequívoca a perjudicar judicialmente al acusado lo habría ubicado en el denominado “Pacto de El Difícil” y simplemente no lo hizo.

3.2.4. Adicionalmente, recuérdese que Éver Antonio Sarmiento Córdoba, alias “Serpa” o “Bigotes”, señaló que “Tijeras” tuvo una marcada “injerencia” en la campaña de su hijo Félix Antonio al concejo del municipio de Zona Bananera en el año 2003, que en dicha anualidad Mangones Lugo “postuló” a una gran cantidad de posibles candidatos a tal corporación, así como a la alcaldía, que unos, como su descendiente, aceptaron el guiño y que otros lo rechazaron; y que el comandante referido se interesó mucho en el acontecer político de dicho lugar.

3.2.5. Por su parte, “Tijeras” reconoció que el frente paramilitar que comandó, vale decir, el William Rivas, tuvo una decidida, abierta y marcada intromisión en el ejercicio político y electoral inherente al departamento del Magdalena, en los niveles locales (municipales) y regional, con el propósito de arraigar dicha realidad delincuencial.

Ello, de manera esencial, es validado con el manifiesto firmado por el confeso paramilitar, al cual se refirió el defensor en su discurso final, referido a las relaciones entre las autodefensas y las “instituciones, estamentos políticos, empresariales y sociales que estuvieron bajo nuestro control”(41), por el ex congresista Caballero Caballero, quien de manera franca indicó que en el municipio de Zona Bananera era “muy difícil” hacer política sin el respaldo de “Tijeras”, así como por Sarmiento Córdoba y Rolando René Garavito Zapata, el segundo de los cuales señaló, en ampliación de declaración, que “todos” los que fueron elegidos popularmente mientras que “el Papá”, “el Viejo” o “el Peluquero” (refiriéndose a Mangones Lugo) estuvo presente en la zona aludida fueron apoyados por la estructura paramilitar tantas veces mencionada y que dicha ayuda se concretó a través de votación.

Recuérdese que el primero de los testigos mencionados (Caballero Caballero) confirmó que Sarmiento Bermúdez fue una pieza política de “Tijeras”, así como lo fueron la mayoría de los concejales de la municipalidad aludida. Además, se refirió al interés del cabecilla referido en la lista mayoritaria a la Asamblea Departamental del Magdalena para el año 2003 por el movimiento político “Colombia Viva”, a la que Fulgencio Olarte Morales, el acusado y su defensor (en sus alegatos finales) y otros testigos, denominaron “el Planchón” o “la Aplanadora”.

3.2.6. Y es que la existencia del dominio aludido (político y electoral) del frente William Rivas también se devela con el episodio de judicialización de varios ciudadanos, entre ellos, Fulgencio Olarte Morales y Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, por articularse con la manifestación política de dicha estructura(42), el cual tuvo su origen en la interceptación de tres abonados celulares durante los primeros meses del año 2004 por parte de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Magdalena.

Resáltese que el defensor, en su discurso de clausura, dio lectura a varias transcripciones de dichas conversaciones, divulgadas en un debate de control político, y publicadas en la página de internet de la Revista Semana.

Dicha práctica resultó impropia e inadecuada al no hacer parte integrante del expediente de rigor y generar una innecesaria perturbación del principio de necesidad de la prueba previsto en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, ya destacado, conforme al cual, toda providencia debe sustentarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación, condiciones que permiten al funcionario judicial su valoración conjunta de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con el fin de adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Lo propio cabe predicar del ejercicio desplegado por el acusado durante su alegato de cierre en el juzgamiento consistente en exhibir una libreta de su campaña a la Cámara de Representantes del año 2006 contentiva de una fotografía suya cuando tenía 30 a 35 años (de la primera campaña a la Asamblea Departamental del Magdalena), fotos de supuestos paramilitares que no aparecen con barba ni “peludos”, una certificación y un plano relacionados con la supuesta inexistencia de una dirección suministrada por el testigo Pareja Mendoza; poner de presente las votaciones, según él “oficiales”, de Efraín José Cepeda Sarabia, Flor Modesta Gnecco Arregocés y Antonio Guerra De La Espriella; reproducir un aparte de un programa radial referido a un tema que tildó de “conocimiento público”, en el que José Alejandro Arias Cañón, quien ha investigado toda su vida, recalcó su inocencia; y, finalmente, presentar un ejemplar de un periódico en el que se asegura que las acusaciones de “Tijeras” contra él son falsas.

Sin embargo, la actividad enfatizada del convocado a juicio resulta comprensible al tratarse de un profano en la ciencia jurídica, lo que no ocurre con el defensor de confianza. Por ello, la situación resulta inaceptable y censurable en tratándose del segundo de tales intervinientes.

Ahora bien, Sarmiento Bermúdez, quien se desempeñó como concejal de Zona Bananera en el período 2004-2007, fue condenado de manera anticipada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta por el delito de concierto para delinquir agravado(43).

Además, respecto de Olarte Morales, quien fungió como alcalde del municipio referido por unos pocos días ante el cumplimiento de la orden de captura que se expidió en su contra como consecuencia del trámite aludido, la misma autoridad judicial, a través de sentencia del 18 de abril de 2008, le impuso una pena de seis años de prisión en su condición de coautor del punible señalado(44).

No se pierda de vista que los condenados referidos (Sarmiento Bermúdez y Olarte Morales) compartieron la parte pasiva del procedimiento con varios ciudadanos, entre ellos, los ya mencionados José Gregorio Mangones Lugo y Rolando René Garavito Zapata, alias “Nicolás”. Adicionalmente, Olarte Morales, con la pena impuesta cumplida y de manera contraevidente, aún hoy se declara inocente de los hechos por los que fue procesado y sancionado.

Nótese que en la resolución del 21 de julio de 2006, proferida por la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se dijo respecto de Sarmiento Bermúdez y Olarte Morales lo que sigue:

“queda claro que éste era un verdadero paramilitar, y que de sus actuaciones desde el concejo de la Zona Bananera, siempre buscaron su beneficio personal y de paso, la consolidación de la nefasta injerencia de aquella agrupación” (Frente a Sarmiento Bermúdez).

“Hay razones de peso para creer que la campaña de Olarte Morales, independientemente de la simpatía legítima de un buen número de ciudadanos, tuvo desde sus orígenes el apoyo de las autodefensas, apoyo que se instrumentalizaba de una parte a través del grupo de concejales liderados por Félix Sarmiento y por Florentino Olarte, y de otra con el concurso y asesoría de quien fuera su jefe de campaña, el señor Gildardo Enrique Zuluaga, persona que como se probó, tenía ‘línea directa’ con Jorge 40 y desde luego con Carlos Tijeras. De esa forma, no es de extrañar que Olarte Morales exhibiera durante varios meses el carácter de candidato único a esa alcaldía, pues cualquiera que supiera de política y de la realidad de la región, declinaría intentar aspirar a aquel cargo.

No puede considerarse una mera casualidad que Carlos Tijeras fuera el emisario de ‘Jorge 40’ en esa zona específica, y que Fulgencio fuera el candidato más opcionado y a la postre triunfador de aquellas elecciones. Tampoco el hecho de que Fulgencio Olarte fuera un reconocido empresario y hombre de buena reputación, lo hacían inmune a la injerencia e interés paramilitar a esa importante alcaldía, pues los candidatos que aquellos delincuentes escogen, proyectan o subvencionan, no deben ser necesariamente militantes de aquél grupo, ni delincuentes, sino simplemente personas que a cambio del poder y del salvoconducto de estar protegidos por aquel grupo, están dispuestos a pagar con creces desde la administración, el apoyo de aquella ‘maquinaria’.

Pero en este caso, las huestes de Olarte no contaron con el arrojo y decisión de Patricia Avendaño, quien secundada por su hermana Lorena, quisieron a desprecio incluso de los evidentes riesgos que ello implicaba, recoger las banderas de su inmolado hermano, y presentar el nombre de aquella como candidata. Y ahí fue Troya. Comunicaciones interceptadas entre otros a Félix Sarmiento y al propio Tijeras, dan fe de la incomodidad que generó la aspiración de aquella dama de Riofrío. También gracias a las pocas pero suficientes llamadas captadas, se estableció incluso que las Avendaño, por conducto de Lorena, buscaron contactos con Félix Sarmiento y con el propio Gildardo Zuluaga para por su conducto pedirles a las autodefensas que no les fuera a impedir hacer ese ejercicio democrático. Además, como lo expuso Lorena Avendaño, paralelamente obtuvieron de la fuerza pública acantonada en la zona, e incluso del propio Presidente de la República, una voz de garantía en lo que a la seguridad personal se refería. Bajo ese panorama, los otrora seguros ganadores, asumieron de lleno el papel de rivales de aquella candidata, y redoblaron sus esfuerzos, dejando sin embargo algunas huellas que permitieron luego entender que muchos de ellos, apuntaron a formalizar el importante apoyo de las AUC”.

De una vez, la Sala hace propicia la transcripción para indicar que dicho episodio judicial se centró en la campaña a la alcaldía de Zona Bananera de Fulgencio Olarte Morales y, por ello, no existe ninguna referencia relacionada con el acusado Rapag Matar.

Adicionalmente, evóquese que los dichos de José Gregorio Mangones Lugo, Ariel Segundo Padilla Polo, José del Carmen Gélvez Albarracín, Jorge Luis Caballero Caballero y Éver Antonio Sarmiento Córdoba, se ofrecen útiles y suficientes para especificar que la figuración pública de Félix Antonio Sarmiento Bermúdez resultaba equivalente a la de “Tijeras”.

3.2.7. Por otro lado, Mangones Lugo precisó que en el área geográfica de influencia del frente William Rivas, dicha estructura armada ilegal tuvo un control absoluto que se desprendía del poder de fuego, el cual, incluso, llegó a comprometer la libre movilización de los lugareños (a través de la instalación de puestos de control o ‘retenes’ y la expedición de carnés), las actividades productivas o económicas (cultivos de banano y de palma africana, comercialización de electrodomésticos, entre otras), la contratación pública y, por supuesto, la actividad política y los certámenes electorales. De forma reveladora y desvergonzada agregó que en dicha área fue “amo y señor”.

Ampliando tales afirmaciones, “Tijeras” puso de presente que la persona que se encontraba interesada en hacer proselitismo de la índole aludida tenía necesariamente que contar con la autorización o con el permiso del “estado de facto”, vale decir, de las autodefensas; que ejerció vigilancia de las elecciones que se desarrollaron, directamente y a través de Sarmiento Bermúdez, llegando al punto de auspiciar candidatos, movilizar electores en la camioneta en la que se desplazaba y efectuar escrutinios; y que en tiempos presentes, encontrándose privado de su libertad de locomoción, la gente de la zona referida le manda preguntar por quién votar.

Justamente hasta tal nivel de degradación democrático llegó el dominio del paramilitarismo en los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación (Magdalena).

Reténgase que el tema genérico del dominio político de las autodefensas, particularmente, el de los avales, fue validado por el ex congresista Caballero Caballero, quien, además, señaló que en el tercero de los municipios referidos (Zona Bananera) resultaba “muy difícil” hacer política sin el respaldo de “Tijeras”, tal como ya se precisó.

Por su parte, Éver Antonio Sarmiento Córdoba recordó la “injerencia” de Mangones Lugo en la campaña al concejo de Zona Bananera de su hijo Félix Antonio Sarmiento Córdoba en el año 2003 y la postulación de candidatos a dicha corporación y a la alcaldía del lugar referido en tal anualidad por parte del comandante mencionado. Ello ya ha sido especificado en apartes diversos de esta providencia.

Además, Arnover Carvajal Quintana, alias “Mauricio”, “Poca Lucha” o “Andrés”, en declaración rendida durante la investigación previa, señaló que escuchó que su comandante había dado instrucciones para hacerle propaganda a un aspirante a un cargo de elección popular, concretamente a Fuad Emilio Rapag Matar y que los candidatos a dichas posiciones que quisieran ganar debían contar con el “aval” de su jefe.

En dicha oportunidad, aclaró que Mangones Lugo no ejerció injerencia política a través de la coacción, que en general no se restringió la participación política pero que si se pretendía ganar se debía contar con el “aval” de su comandante y que si ello no ocurría la gente no “iba copiar” de la misma forma, que “a todos los candidatos no se les hizo propaganda”, que ello solo ocurrió respecto de aquéllos que convencieron a “Tijeras”, que lo que éste ordenaba en la zona de influencia era “voz de profeta”, que hoy día, sigue contando con muchos adeptos y con receptividad colectiva; y que relacionarse con él era considerado “un privilegio”.

En este punto, imperioso se ofrece señalar que Carvajal Quintana, durante el juicio, concretamente, en la sesión del 28 de enero de 2013, intentó, de manera inicial, sustraerse a su deber superior de declarar exigiendo la presencia de su defensor y, luego, cuando se adelantaron de manera diligente las gestiones secretariales tendientes a lograr la presencia de un profesional del derecho que lo asistiera (obteniendo la asesoría de un defensor de oficio), pretendió desvanecer lo que había afirmado en una primera oportunidad, sin lograrlo, precisando cínicamente que no sabía de la magnitud de lo declarado(45).

Así, luego de negar lo que afirmó desprevenidamente en la primera ocasión y ser confrontado con el audio correspondiente, el nivel de desfachatez de sus respuestas se incrementó al señalar que en tal ocasión fue cogido “de sorpresa” y “sin preparación”. Y, a partir de dicho momento el testigo se mostró evasivo, nervioso y comenzó a suministrar respuestas confusas.

Es más, el propio defensor destacó que el declarante fue temeroso para declarar.

Ante la gravedad de lo ocurrido, resulta inconcebible que la representante del Ministerio Público simplemente advirtiera que la declaración rendida por Arnover Carvajal Quintana en la audiencia pública ya no respaldaba la credibilidad de Mangones Lugo frente al encuentro con el acusado en el municipio de fundación.

Aprovechando dicha falencia argumentativa, de una vez se precisa que la Sala le brindará plena credibilidad a lo que manifestó Carvajal Quintana en la declaración rendida en la investigación previa, dado el nivel de confiabilidad que genera la espontaneidad, la franqueza y la falta de preparación del testimonio. Contrario sensu, desestimará el poder suasorio de lo informado por el mismo ciudadano en la sesión de audiencia de juzgamiento referida.

Y, teniendo en cuenta que la desvergonzada posición asumida por el testigo en la audiencia de juzgamiento comporta falta de contribución con la verdad, la posibilidad de configuración de una infracción penal y hasta un trato descomedido con la justicia, dada su condición de postulado, se expedirán sendas copias de las dos declaraciones rendidas por Carvajal Quintana durante la investigación previa(46) y la fase probatoria del juicio(47) (actas y archivos de audio y video), así como de esta providencia, con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías y a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el propósito que, en el escenario natural, se determine si el testigo mencionado incurrió en algún comportamiento relevante para el derecho penal y, en atención a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012, por cuyo medio se agregó el artículo 11 A a la Ley 975 de 2005, se estudie la posibilidad de exclusión del declarante del listado de postulados y, por ende, de los beneficios derivados del segundo de tales cuerpos normativos a través de la terminación del proceso penal especial de justicia y paz, respetivamente.

Volviendo sobre el tema central, el dominio objeto de análisis también resulta certificado con el episodio relacionado con la campaña de Patricia María Avendaño Miranda a la alcaldía de Zona Bananera, divulgado en el trámite judicial adelantado respecto de Fulgencio Olarte Morales y Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, entre otros.

En efecto, no se pierda de vista que Lorena Avendaño se vio obligada a contactar a Sarmiento Bermúdez y a Gildardo Enrique Zuluaga Usme, alias “Compadrito”, quien se desempeñó como gerente de la Cooperativa de Comercialización del Magdalena, Cocoama y, desde dicha posición, presuntamente, hacía las veces de enlace entre Olarte Morales y los jefes paramilitares, incluyendo “Tijeras”, con el propósito que no le fueran a truncar a su hermana Patricia María la aspiración electoral conocida, lo que no pudo evitar por la figuración como candidato de Fulgencio Olarte Morales.

Aunque Patricia María Avendaño Castellanos, durante la fase probatoria del juicio, negó que su hermana hubiera contactado a Sarmiento Bermúdez con el propósito referido, la ausencia de reconocimiento de la situación encontraría explicación en la reserva constitucional y legal de no incriminación propia y de los miembros de la familia, en tanto, ello afectaría la posición de su consanguínea e, incluso, de ella misma.

Imperioso se ofrece señalar que en el proceso referido se estableció que dicha entidad (Cocoama), perteneciente al sector solidario de la economía, se constituyó en una fachada que resguardaba paramilitares, entre ellos Edwin Alberto Ferrer González (“Ruso”), José David Carbonell Velásquez (“York”), y “La Machi” y que resultó empleada para extorsionar a los propietarios de las plantaciones de banano.

3.2.8. Por otro lado, Mangones Lugo indicó que los dueños de fincas ubicadas en la zona de influencia del frente que comandó pagaban un “impuesto de seguridad”, liquidado en función de la extensión y, en otras ocasiones, de la producción; y que dicha estructura cobraba el 10 % de la cuantía de los contratos que involucraban entidades públicas.

La existencia misma de dichas fuentes de financiación fue confirmada por alias “Nicolás” quien, como se sabe, manejaba el dinero en efectivo del frente William Rivas.

Además, Fulgencio Olarte Morales, quien aparte de la figuración política referida se ha venido desempeñado durante un tiempo prolongado en el sector agroindustrial del departamento del Magdalena, particularmente, en la parte operativa de dicha actividad productiva, precisó que los gremios económicos fueron objetivo de los grupos armados ilegales (guerrilla y autodefensas) y sintieron una presión muy grande con su accionar(48).

3.2.9. Adicionalmente, con el propósito de intentar legitimar y justificar su desempeño como paramilitar (fallido), “Tijeras” indicó que desarrolló actividades sociales y comunitarias en la zona geográfica donde permaneció (construcción de parques y puentes, instalación de redes eléctricas, etc.).

Ello fue validado, en parte, a través de labores de vecindario desarrolladas por investigadores del CTI en el casco urbano de la vereda El Palomar, perteneciente al municipio de Zona Bananera, en cuyo marco “los pobladores” indicaron que la iglesia había sido construida “por colaboración” de la estructura paramilitar dirigida por Mangones Lugo(49).

Además, al expediente se incorporaron varias fotografías de las obras civiles (aulas escolares, puente, redes eléctricas, iglesia), las cuales fueron entregadas por Mangones Lugo en una diligencia de versión libre(50).

No obstante, se resalta que tales hallazgos no desvanecen en medida alguna la marginalidad que resulta viable predicar de sus relaciones, así como de su comportamiento.

3.2.10. Ahora, se concretarán las manifestaciones políticas del frente Resistencia Tayrona, las cuales, de una vez se anuncia, resultan ser mucho más elementales y, por ende, menos estructuradas y elaboradas que las del bloque Norte.

Su cabecilla Hernán Giraldo Serna señaló que la comunidad no sólo lo percibía como un jefe paramilitar, sino también como un líder comunitario, específicamente, el de mayor notabilidad en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Explicó que comenzó desempeñándose en la segunda condición y que por ello la guerrilla se enfiló contra él.

Desde este punto se aclara que Giraldo Serna se acopla en el andamiaje delincuencial que se viene revelando en la doble condición de líder comunitario y comandante paramilitar.

El confeso paramilitar agregó que la “situación política” en la zona donde se asentó se manejaba a nivel comunitario, que las personas que aspiraban a algún cargo de elección popular se les presentaban a los dirigentes, incluyéndolo a él, “en tiempos de campañas”, y se verificaba una votación secreta para determinar el respaldo popular y que respecto a los que salían favorecidos

“se buscaba la forma para que los líderes comunitarios hicieran algunos acuerdos con ellos, como solicitarles las necesidades de la colonia de cada vereda, que eran como puestos de salud y casos más concretos la educación que es por lo que más se ha sufrido en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta”(51).

Aunque Giraldo Serna, de manera modesta, trata de restarse protagonismo en la dinámica referida, es precisamente una de las líderes comunitarias de la Sierra Nevada la que ajusta la situación a su verdadera dimensión.

Así es, Magali Patricia Ortiz Ríos informó en el proceso que se adelantó contra Trino Luna Correa(52) que Machete Pelao y Quebrada del Sol eran los núcleos de la gestión delincuencial del citado comandante, que en dichas veredas de la Sierra Nevada, específicamente, a nivel comunitario, el control que ejercía Giraldo Serna era absoluto, reunía a los líderes y disponía por quien había que votar y que siempre

“llegaba con su escolta personal, que era cinco camionetas cada una con diez u once hombres”.

Refiriéndose al apoyo paramilitar a Luna Correa agregó que nadie de la comunidad se atrevía a preguntarle a Giraldo Serna acerca de las razones que sustentaban el apoyo al mencionado ex Gobernador del Magdalena, que los líderes tenían claro que sobre sus hombros recaía la responsabilidad de procurar el cumplimiento de la orden, que si ello no ocurría se convertían en “objetivos”, y que

“los señores de la clase política sabían cómo se manejaba la zona y quiénes nos mandaban a hacer las cosas”.

Añadió Ortiz Ríos que eran los jefes paramilitares Giraldo Serna y “Jorge 40” quienes decidían qué personas de la región tenían derecho a aspiraciones políticas, fueran locales o regionales, que sin su aval no era posible el proselitismo, y que de eso los respectivos candidatos tenían consciencia.

Póngase de presente que la condición de dirigente comunitaria de Ortiz Ríos en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta permite precisar que en realidad contó con la opción de conocer las particularidades inherentes a la dinámica delincuencial desarrollada por Giraldo Serna.

Se tiene entonces que Hernán Giraldo Serna, a partir del dominio militar, ejerció influencia política en su área de predominio, en la cual, por el criterio expansivo común que tiene con el bloque Norte regentado por “Jorge 40”, resulta viable predicar la existencia de una comunidad paramilitarizada (sometida y adoctrinada) que no necesitaba ser presionada para que se articulara fácilmente a los intereses de la estructura de autodefensa, en tanto el esfuerzo coactivo ya se encontraba suficientemente consolidado.

3.2.11. Además, conforme a lo informado por Jorge Luis Caballero Caballero, José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “el Canoso” y Carlos Enrique Pareja Mendoza, se validó el interés político y electoral de las estructuras paramilitares comandadas por Hernán Giraldo Serna y Rodrigo Tovar Pupo, vale decir, el frente Resistencia Tayrona y el bloque norte, en el departamento del Magdalena.

En efecto, Caballero Caballero y Gélvez Albarracín, jefe político del segundo de tales aparatos organizados de poder, se refirieron a la reunión en la finca “Alemania”, ubicada entre El Difícil y “Pueblo Nuevo”.

Resáltese que el primero indicó que el propósito de dicho encuentro fue asegurar el apoyo a la campaña a la Gobernación del Magdalena de Trino Luna Correa, y el segundo que lo que se buscó mediante dicha concentración de personas fue controlar las alcaldías y los concejos de los municipios en tal ente territorial.

Para la Sala, se aprecia más desprevenida y, por ende, creíble, la explicación suministrada por el ex congresista respecto a lo que se denominó el “Pacto de El Difícil”. No se pierda de vista que Caballero Caballero refirió que Gélvez Albarracín desplegó “constreñimiento físico” y exigió el apoyo al candidato Luna Correa mediante frases como si

“no vota lo tiramos al piso”.

Así, la responsabilidad personal del jefe político podría estar más comprometida en dicho episodio que la del ex representante quien fue un simple asistente y se encuentra a la espera del proferimiento de una sentencia por parte de la Sala, la cual, ante la aceptación de cargos, no puede ser sino condenatoria.

Por otro lado, el momento de surgimiento de los llamados “acumulados de solidaridad” o de “soberanía comunitarios” a los que se refiere “Jorge 40”, vale decir, tras el dominio geográfico a través del poder de fuego, le permite a la Sala asociar dichos conglomerados con una sociedad paramilitarizada que no sólo se encontraba sometida, sino también adoctrinada desde el punto de vista político.

Por ello, se insiste, no resultaba necesario ejercer presión armada adicional a la que ya se había aplicado al momento de la consolidación territorial que ha sido acreditada en este proceso.

Por lo demás, enfatícese en que la reunión llevada a cabo en la finca “Alemania”, ubicada entre El Difícil y “Pueblo Nuevo”, ya mencionada, se constituye en una evidente muestra de lo que podría ser un “taller de trabajo” o “comunal”, de los que surgían “leyes de obligatorio cumplimiento”. Ello al margen que tales directrices, en realidad, se observaran posteriormente por parte de la comunidad.

Adicionalmente, Pareja Mendoza indicó que las autodefensas transmitieron la orden de apoyar electoralmente a un candidato al Congreso de la República en el año 2006 (ya se indicará a quién) y que dicha instrucción provenía de varios comandantes, entre ellos de “Jorge 40” y se cumplió de manera efectiva.

3.2.12. Por otro lado, el confeso paramilitar Ramón Antonio Prieto Jure, quien se ocupó de las relaciones políticas del bloque Norte y se desmovilizó con dicha estructura en el mes de marzo de 2006, señaló, en testimonio rendido el 22 de enero de 2013, que los candidatos a cargos de elección popular primero debían contar con el aval del partido político correspondiente y, luego, con el de las autodefensas.

Agregó que ningún comandante, incluyendo “Tijeras”, era autónomo en la parte política, que todos los asuntos de dicha índole eran gestionados directamente por “Jorge 40” como jefe del bloque norte, que las autodefensas no tenían influencia en la escogencia de los candidatos ni restringían el proselitismo y que los integrantes de la lista cerrada de “Colombia Viva” fueron seleccionados por los congresistas cercanos al confeso paramilitar mencionado, entre ellos, Jorge Luis Caballero Caballero, Salomón de Jesús Saade Abdala, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge de Jesús Castro Pacheco y José del Rosario Gamarra Sierra.

Respecto al dicho del testigo enaltecido con vehemencia por el acusado y el defensor en sus discursos de cierre del juzgamiento es preciso señalar que lo relacionado con el “aval” paramilitar encuentra pleno respaldo en el variado conjunto probatorio que viene de analizarse, de donde es posible especificar el dominio político de las autodefensas representadas por el bloque norte y los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona.

Incluso, el propio defensor reconoce tal hegemonía cuando señala que a los verdaderos adeptos de los paramilitares se les adjudicaron municipios con el propósito de recibir beneficios electorales.

Todo lo contrario ocurre con el resto de afirmaciones que entran en tensión demostrativa con el acervo estudiado. En realidad, no es posible desconocer el influjo electoral y la autonomía política que ejercieron comandantes como “Tijeras” y Hernán Giraldo Serna.

Aún más, validar o admitir la negación del interés electoral directo del primero de tales comandantes, equivaldría a restarle todo valor probatorio a los variados elementos de convicción que vienen de analizarse, pero, en especial, al testimonio de Efraín Rafael Carbonell Pérez, alias “Maikol” o “Pin”, quien se ocupó de las finanzas y la contabilidad del frente William Rivas y, en declaración rendida durante el juicio, señaló que su comandante hacía acuerdos políticos y avalaba candidatos; así como al episodio documentado de judicialización de varios ciudadanos, entre ellos, Fulgencio Olarte Morales y Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, por articularse con la manifestación electoral de la estructura aludida, el cual, se repite, tuvo su origen en la interceptación de tres abonados celulares durante los primeros meses del año 2004 por parte de la Seccional de Investigación Criminal —Sijín— del Magdalena.

Adicionalmente, resáltese que el representante de la defensa técnica se refirió a dicho evento (de judicialización) en sus alegaciones conclusivas en el juicio y que señalar que las autodefensas no tenían influencia en la escogencia de los candidatos introduce un discurso simulado y ficticio que ya ha sido interpretado y develado por la Sala relacionado con los “acumulados de solidaridad” o de “soberanía comunitarios”, el cual, a su turno, se conecta directamente con la existencia de una comunidad paramilitarizada (sometida y adoctrinada), tal como ya se ha precisado, dentro de la cual se encontraban los llamados por el declarante “parapolíticos”, como representantes de las respectivas colectividades.

De una vez, enfatícese que existe un hecho que compromete la coherencia intrínseca del testimonio de Prieto Jure y, por ende, su credibilidad. Éste consiste en señalar que alguna vez le presentaron a “Tijeras” en una discoteca en Barranquilla y que en dos oportunidades lo vio visitando a “Jorge 40” y, luego, precisar que éste “jamás” apoyó políticamente al acusado a pesar de que nunca cruzó una sola palabra con él.

En este punto, pertinente se ofrece concretar un interrogante:

¿Si Prieto Jure nunca conversó con “Tijeras” cómo puede asegurar con contundencia que dicho cabecilla “jamás” apoyó políticamente al suspendido Senador Rapag Matar?

Simplemente, no tenía forma de saberlo. Ello resulta, por decir lo menos, incomprensible y, por ende, le resta poder suasorio a su testimonio.

3.2.13. Durante la fase probatoria del juicio, no sólo Carbonell Pérez se refirió al interés electoral del frente William Rivas, también lo hicieron Nancy Villarreal de Casalín, Pedro Alberto Carbonó Díazgranados, Patricia María Avendaño Castellanos y Jairo Enrique Castillo Hincapiz.

En efecto, la primera mencionada (Villarreal de Casalín), quien en la actualidad se desempeña como concejal del municipio de El Retén e hizo parte del comité pro municipalización de dicho lugar en el año 1996 como cogestora, indicó que en el 2003 ella y las demás personas que hacían proselitismo a favor de Rapag Matar fueron atacados por “ciertos grupos” armados ilegales que les impidieron realizar dicha actividad, que la lista de “Colombia Viva” a la asamblea fue la opción arrasadora de los paramilitares, que los que no estaban en dicha plancha no podían desarrollar libremente la actividad electoral y que “Tijeras” era la persona que “mandaba” y “dominaba” el departamento, sobre todo la parte norte.

El segundo (Carbonó Díazgranados), refirió que los paramilitares tuvieron “candidatos propios” a las alcaldías y a la Asamblea Departamental del Magdalena y que en el año 2003 las autodefensas dieron la orden de apoyar políticamente a sus “pupilos”.

A su turno, la tercera (Avendaño Castellanos), precisó que Fulgencio Olarte Morales fue el candidato de las autodefensas a la alcaldía del año 2005 cuando ella también aspiró a dicha posición de poder del orden local, que en favor de su contradictor, apoyado por Jorge Luis Caballero Caballero y “Tijeras” se ejecutó un fraude electoral en el corregimiento de Orihueca, municipio de Zona Bananera, que la perjudicó consistente en la suspensión del fluido eléctrico con el propósito de cambiar los resultados.

Y, el último (Castillo Hincapiz), señaló que su aspiración a la alcaldía de Aracataca en el año 2003 se verificó en un momento complejo por el predominio de los grupos de autodefensa, que sus líderes fueron presionados, que las “fuerzas del orden” estaban alineadas con los paramilitares, que éstos ejercieron una “campaña del terror” que implicó imposición de candidatos como lo fueron los integrantes de la lista denominada “el Planchón”.

3.2.14. Estima la Corte que el contexto probatorio que viene de analizarse permite concretar que el paramilitarismo en el departamento del Magdalena, por lo menos el bloque Norte y los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona (antes Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira), se interesaron en el ejercicio político.

En este punto, es preciso resaltar que la expresión de la índole referida inherente a la primera de tales estructuras entrañaba más fundamentos ideológicos y publicidad.

Además, para lo que interesa a esta actuación, con dicha revelación se buscó la consolidación del paramilitarismo mediante la cooptación del poder público en los niveles local y regional (del Magdalena) y nacional y, por ende, la obtención de representación en la asamblea departamental, así como en el Congreso de la República.

De esta manera, lo que se ha revelado hasta el momento resulta útil para especificar que el copamiento de espacio político implicaba el fomento de candidaturas de personas asociadas o seguidoras de la causa paramilitar, lo que, lógicamente, implica una concertación previa.

3.2.15. Cambiando de óptica, imperioso resulta especificar que en atención a lo previsto en las resoluciones 17 y 41 de 2006 de la Oficina Alto Comisionado para la Paz, el bloque Norte se desmovilizó formalmente el 8 y el 10 de marzo de 2006 en el corregimiento de Chimila, municipio de El Copey, departamento del Cesar y en el caserío El Mamón, ubicado en la vereda La Mesa, municipio de Valledupar, del mismo departamento, con 2215 y 2545 hombres, respectivamente, contando con la representación, en ambas oportunidades, de “Jorge 40”.

No obstante, el confeso paramilitar señaló que en su discurso de desmovilización hizo

“una afirmación que de pronto la puede llevar a interpretar lo que fue el fenómeno en los estados de autodefensa, diciendo que era una lástima que el legislativo hubiera sido inferior a las necesidades de paz, reconciliación y desarrollo que necesitaba el pueblo colombiano, formando una ley que no invitaba a ese escenario, por eso ese escenario jurídico había dejado por fuera de la desmovilización a poblaciones enteras en muchas regiones del país, que consideraban que esa ley no favorecía a la desmovilización total de los estados de autodefensa y era una lástima que sólo se estuvieran desmovilizando las estructuras armadas, parte de las milicias y una parte demasiado pequeña de ese acumulado solidario de comunidad. La desmovilización directamente por los que pasaron por el esquema de desmovilización concertado por el gobierno, fueron tengo entendido del orden de los cuatro mil algo, repito, conformado por estructuras militares, milicia, estructuras sociales, estructuras políticas y por aquellos acumulados solidarios comunitarios que quisieron desmovilizarse”.

Para la Sala, lo que pretende dar a entender el cabecilla paramilitar es que la desmovilización del bloque que comandó no comprendió todas las personas que hicieron parte de dicha estructura ilegal.

Es más, así los integrantes del componente militar se hubieran incorporado a dicho trámite formal, éste sólo comprometió una pequeña proporción del bloque.

Así, viable resulta concluir que el accionar delincuencial del bloque referido no concluyó con el acto formal aludido.

Por otro lado, razón le asiste al defensor al sostener que el frente William Rivas nunca se desmovilizó como estructura de autodefensa.

Además, si bien su cabecilla José Gregorio Mangones Lugo fue capturado el 23 de julio de 2005, con posterioridad a dicho momento siguió ejerciendo influencia en la franja en la que operó.

Dicha conclusión se extrae de su propio dicho cuando sostiene que en tiempos presentes, encontrándose privado de su libertad de locomoción, la gente de la zona referida le manda preguntar por quién votar y con lo afirmado por Arnover Carvajal Quintana durante la investigación en el sentido que hoy día, Mangones Lugo, sigue contando con muchos adeptos y con receptividad colectiva.

Por último, precísese que el frente Resistencia Tayrona, según la Resolución 8 del 2006 de la Oficina Alto Comisionado para la Paz, se desmovilizó (como bloque) en la vereda Quebrada del Sol, ubicada en el corregimiento de Guachaca, municipio Santa Marta, departamento del Magdalena, el3 de febrero de 2006, con 1166 hombres y bajo la representación de Hernán Giraldo Serna.

En relación con dicha estructura armada ilegal no existen referentes probatorios autónomos de actividad luego de la desmovilización, sin embargo, no debe olvidarse que dicho aparato organizado de poder se encontraba articulado al bloque Norte y que el accionar delincuencial de éste no concluyó con el acto formal aludido, tal como vienen de precisarse.

3.3. Conclusión parcial.

De esta forma, viable resulta señalar que en el departamento del Magdalena ejercieron presencia y operaron varias estructuras criminales que se implementaron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos, incluyendo la afectación de la dinámica democrática-electoral a través de un proyecto político paramilitar.

La manera como encajó el acusado en dicho esquema ilícito, si es que ello ocurrió, será objeto de estudio en el acápite sucesivo.

Así las cosas, no se ajusta a la virtualidad demostrativa del conjunto probatorio sostener, como lo hizo indirectamente el defensor en su discurso final, que los acuerdos entre el paramilitarismo y los políticos no fueron una realidad.

Destáquese que, en estricto rigor lógico, señalar lo referido equivale a desconocer que en el departamento del Magdalena ejercieron presencia y operaron varias estructuras criminales que se implementaron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos, incluyendo la afectación de la dinámica democrática electoral a través de un proyecto político paramilitar. Ello, se insiste, resulta discordante con el acervo probatorio.

Por lo demás, desde el punto de vista de la técnica, resulta equivocado propugnar argumentativamente por la inexistencia de la conducta, luego, señalar que el comportamiento es atípico y, finalmente, predicar la presencia de dudas respecto a la responsabilidad del acusado. Eso justamente fue lo que hizo el defensor.

Se resalta que la segunda categoría (atipicidad), así como la tercera (duda), requieren de la primera (existencia) para su validez individual y conceptual. Planteado de otra manera, sólo si el comportamiento existe puede predicarse su atipicidad o señalarse que concurren dudas en torno a la responsabilidad del acusado, en caso contrario no resultará viable ninguna de tales precisiones.

Entiende la Sala que si lo que el defensor pretendía era señalar que su representado no se asoció políticamente con el paramilitarismo en el departamento del Magdalena, admitiendo la presencia de un dominio electoral (más no territorial), el presupuesto adecuado de argumentación para respaldar su solicitud de absolución estaba dado por la indicación o el señalamiento, exclusivo, de la atipicidad de la conducta (desde el punto de vista objetivo o subjetivo), pero no haciéndolo concurrir deductivamente con una categoría excluyente como lo es la inexistencia del comportamiento ni mucho menos con las dudas respecto a la responsabilidad del acusado.

4. Posición del suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar respecto de los presupuestos exigidos para dictar sentencia de carácter condenatorio en el artículo 232 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000.

4.1. Ya quedó acreditado que en el departamento del Magdalena, en lo que resulta de interés para el trámite, entre los años 2003 y 2006, hicieron presencia y operaron grupos paramilitares, concretamente, el bloque norte, las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira —denominadas para el año 2002 Frente Resistencia Tayrona— y el frente William Rivas, y que tales estructuras armadas ilegales tuvieron manifestaciones políticas-electorales independientes.

4.2. Acá, es pertinente recordar que en el presente evento se consideró, de manera provisional, que el suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar, probablemente, desdeñó, en dos ocasiones, el vigor del andamiaje jurídico penal, incurriendo en el delito de concierto para delinquir agravado, cuando:

i) En el año 2003, desempeñándose como diputado a la asamblea del Magdalena y aspirando a ser reelegido en dicha posición oficial del orden regional, al parecer, se concertó con el frente William Rivas dirigido por José Gregorio Mangones Lugo. Y,

ii) En el año 2006, con el propósito de ocupar una curul en la Cámara de Representantes, presuntamente, hizo lo propio con la estructura delincuencial referida así como con las comandadas por Hernán Giraldo Serna y Rodrigo Tovar Pupo, vale decir, el frente Resistencia Tayrona y el bloque norte, respectivamente.

Imperioso se ofrece evocar que pese a que Rapag Matar, al parecer, se concertó para promocionar tres estructuras de autodefensa cuando, en el año 2006, aspiró a ocupar una curul en la Cámara de Representantes, tal como ya se indicó, sólo se le imputó un concierto para delinquir agravado frente a dicho evento al predicarse unidad de acción. Así es, resáltese que todos los comportamientos tenían en común un propósito electoral (vínculo teleológico), vale decir, acceder a la posición de poder del orden nacional, para promover al grupo armado, que es la esencia del delito de concierto para delinquir agravado.

En esa línea analítica, el concierto para delinquir agravado por promover el frente William Rivas, cuando en el año 2003 el sindicado quería ser reelegido como diputado de la Asamblea del Magdalena, se apreció como una infracción penal independiente. En efecto, en este caso, la presunta finalidad del sujeto agente era mantenerse en el nivel regional de la gestión oficial, para promover al grupo armado.

Una vez recaudada la prueba necesaria para calificar el mérito de la etapa instructiva, la Sala, en la providencia acusatoria, consideró que era viable predicar unidad de acción entre los dos conciertos agravados por promocionar grupos armados ilegales que le fueron atribuidos al suspendido Senador de la República Rapag Matar, al concurrir los siguientes factores:

i) Entre las aspiraciones del orden regional (2003) y nacional (2006) del procesado no existió solución de continuidad y, por ello, no se verificó interrupción alguna en las presuntas relaciones con personas pertenecientes a las autodefensas, concretamente, a los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona y al bloque norte, como corresponde al criterio de permanencia, tan en la base de la estructura conceptual del concierto para delinquir.

Es más, resáltese que la renuncia irrevocable del procesado a la Asamblea Departamental del Magdalena para el período 2003-2007, la cual fue aceptada en sesión ordinaria del 1º de marzo de 2006, resulta indicativa de la concatenación o progresión en su plataforma política y electoral, en orden a conservar la finalidad del concierto.

Nótese que Rapag Matar cesó de manera voluntaria su desempeño oficial en la aludida corporación para aspirar a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes, lo que en efecto logró. Y,

ii) El frente paramilitar William Rivas, comandado por José Gregorio Mangones Lugo, el frente Resistencia Tayrona, dirigido por Hernán Giraldo Serna, así como otros componentes, se encontraban acoplados al bloque norte regido por Rodrigo Tovar Pupo.

Dicho de una forma más concisa, los frentes mencionados hicieron parte integrante del bloque aludido.

Así, se señaló en el pliego enjuiciatorio, que la presunta conexión del procesado a los proyectos políticos de dichas estructuras armadas ilegales, en los momentos referidos, obedecía a un único comportamiento, al resultar viable predicar identidad orgánica que se concreta en un punto de mando unificado representado o encarnado por Tovar Pupo.

Planteado de otra manera, si en el evento que ocupa la atención de la Sala se sostuvo que el suspendido Senador Rapag Matar, al parecer, promocionó las tres estructuras paramilitares mencionadas en dos momentos consecutivos, ello, conforme al enlace que se develó entre dichos componentes, equivalía a precisar, desde el punto de vista jurídico, que lo hizo con el bloque norte como órgano articulador.

Así las cosas, pese a la presunta existencia de diversos vínculos con diferentes aparatos organizados de poder (dos frentes y un bloque), el hecho que aquéllos, al parecer, hubieran sido consecutivos en el tiempo y verificados respecto de un órgano articulador o integrador le permitió a la Sala, en la acusación, predicar unidad de acción y señalar que no se estaba frente a un concurso homogéneo (dos punibles) y sucesivo de conciertos para delinquir agravados sino a una infracción total o comprensiva de dicha índole.

Se aclara que otra, contraria, hubiera sido la conclusión si los vínculos se hubieran consolidado:

i) De manera interrumpida en el tiempo y en relación con bloques independientes. O,

ii) De forma discontinua frente a la misma estructura.

En cualquiera de dichos escenarios, se insiste, sí sería viable precisar la existencia de un concurso real o efectivo homogéneo y sucesivo.

Por lo demás, recuérdese que frente al punible por el que se procede se predica la circunstancia de mayor punibilidad consistente en la posición distinguida del sindicado en la colectividad por su cargo, nivel económico y poder.

Adicionalmente, ya quedó fijado que de la infracción penal que resulta preciso analizar se ocupa el artículo 340, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002.

4.3. Ahora, con el propósito de estudiar la responsabilidad penal del suspendido Senador Fuad Emilio Rapag Matar, vale decir, si resulta viable atribuirle una pretensión de estructuración del tipo objetivo con fundamento en el principio de culpabilidad, demostrando, para el caso concreto, el conocimiento de los hechos y de la prohibición por parte del acusado y la aplicación de su voluntad, lo que se ofrece necesario es puntualizar si como diputado a la Asamblea Departamental del Magdalena y siendo, en principio, candidato a la reelección y, luego, aspirante al Congreso de la República, tuvo proximidad con miembros de las autodefensas, si tal vínculo se tradujo en acuerdos para la promoción de los grupos armados ilegales referidos y, finalmente, si dicha cercanía comportó alguna clase de beneficio para él y cómo resulta viable acreditar la ayuda en el entorno procesal.

No debe perderse de vista que en la mayoría de eventos, las alianzas con los grupos armados ilegales son clandestinas y, en dicha medida, muy complicado se ofrece obtener prueba directa de su consolidación que permita la reconstrucción en un momento posterior, así en el instante histórico en el que se verificaron se hubiera presentado como un hecho notorio o socialmente “aceptado”, tal como ocurre en el presente evento.

En torno a dicho particular, resáltese que la contundencia probatoria del indicio se encuentra ligado a su gravedad, validez, así como a su capacidad para estructurar una acertada deducción fundamentada en acontecimientos demostrados en debida forma.

Además, imperioso resulta precisar que la Sala debe efectuar un estudio diferencial en lo que se refiere a los elementos de convencimiento incorporados a la actuación, en tanto uno era el escenario vigente para la calificación del mérito del sumario y otro diverso el de ahora, cuando la Sala debe proferir sentencia luego de culminada la fase probatoria del juicio.

Así las cosas, con el propósito de continuar abordando adecuadamente el análisis de las tomas de postura evidenciadas en los discursos de cierre, se seguirá efectuando una verificación de las conclusiones derivadas de las pruebas allegadas a la actuación durante la instrucción, contrastándolas con las que se desprenden de la audiencia de juzgamiento.

En otras oportunidades, la Sala se ha referido a la prueba “con vocación de permanencia”(53) como referente para el estudio de los elementos de convicción incorporados durante la etapa probatoria del juicio. Ello en aras del hallazgo de la verdad material.

4.3.1. Revelaciones derivadas de los elementos de convicción incorporados al trámite durante la investigación vinculadas analítica y deductivamente a los hallazgos de la fase probatoria del juzgamiento.

4.3.1.1. Revisión definitiva del poder suasorio del testimonio de José Gregorio Mangones Lugo, conocido como “Tijeras” o “Carlos Tijeras”.

4.3.1.1.1. Tal ejercicio analítico resulta indispensable en atención a que en sus alegatos finales todos los intervinientes criticaron dicha prueba intensa y permanentemente.

En efecto, la procuradora delegada señaló que la “única prueba de cargo” contra el acusado es el “variable” y censurable testimonio de Mangones Lugo y que “lo único claro” de dicho testigo era que su candidato a la Asamblea Departamental del Magdalena para el año 2003 fue Fulgencio Olarte Morales.

Por su parte, el convocado a juicio se quejó por el otorgamiento de credibilidad a un “bandido” como “Tijeras” y resaltó que los únicos que lo incriminan son “desadaptados sociales”.

Y, el defensor, sostuvo que “Tijeras” incurrió en inconsistencias y mentiras.

4.3.1.1.2. Así las cosas, lo primero que debe recordarse es que el declarante mencionado(54) encabezó la estructura paramilitar referida, conformada por aproximadamente 100 hombres, a partir del mes de marzo del año 2002 y hasta el 23 de julio de 2005(55), tras haberse desempeñado como patrullero, sicario y segundo al mando en el municipio de Zona Bananera; además, según su dicho, debe la temprana asignación(56) de su apodo al ejercicio periodístico de su progenitor en el departamento de Córdoba en la “radio revista cívica la Tijera” y no porque picara a “la gente” o a sus víctimas con dicho artefacto cortopunzante; y, tal como él mismo lo informó, inició su desempeño como paramilitar luego de haber sido víctima de la acción de los grupos subversivos en momentos en que derivaba su sustento como distribuidor del producto terminado de una panificadora en un automotor de su propiedad(57).

Resáltese que investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación —CTI— de la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en la información suministrada por Darío José Pérez Ávila, almacenista de la finca denominada “Campo Verde”, de propiedad de la sociedad H & C Agroindustrias Cía. S. en C., la cual, en algún momento, perteneció al ciudadano Raúl Alberto Dávila Jimeno(58) y se encuentra ubicada en la vereda Guacamayal del municipio de Zona Bananera, lograron constatar que “Tijeras” permanecía bastante tiempo en dicho lugar, específicamente en una bodega junto a la casa que utilizaba como base militar y que, en la actualidad, es ocupada por un grupo del Ejército Nacional(59). Incluso, algunos parajes del fundo fueron registrados fotográficamente.

Destáquese que la Sala nunca ha sostenido que dicho lugar de asentamiento hubiera pertenecido a Rapag Matar. Por lo demás, de dicha circunstancia acreditada, simplemente contextual, no se desprende censura alguna para el acusado.

4.3.1.1.3. Ya se ha venido especificando que Mangones Lugo suministra información que resulta ratificada con otros elementos de convencimiento que fueron incorporados y practicados durante la actuación.

El hecho de sostener que el confeso comandante paramilitar “entrenó” a Rolando René Garavito Zapata, quien permanece con aquél en la misma “celda” de la cárcel(60), para que declarara en su contra, se constituye en una simple afirmación del acusado sin soporte probatorio de ninguna índole.

Lo único que se encuentra demostrado es que Garavito Zapata, conocido como “Nicolás”(61), permaneció con “Tijeras” en el mismo “patio especial” de la cárcel Modelo de la ciudad de Barraquilla destinado para los postulados a la Ley de Justicia y Paz, más no que hubiera compartido celda con dicho comandante. Así lo informó en la audiencia pública Efraín Rafael Carbonell Pérez, alias “Maikol” o “Pin”, quien se encargó de los asuntos financieros y contables del frente William Rivas(62).

Además, lo mismo sostuvo Carbonell Pérez respecto de Arnover Carvajal Quintana, quien se recuerda, asumió una desvergonzada posición en la audiencia de juzgamiento suministrando respuestas cínicas, evasivas y confusas para tratar, infructuosamente, de desdibujar lo que había señalado durante la investigación previa con espontaneidad y franqueza.

Como se puede advertir, el acusado supone la existencia de un acuerdo para mentir que lo perjudica, olvidando no sólo lo que ocurrió con el testigo Carvajal Quintana en el juicio, sino también con José del Carmen Gélvez Albarracín y el propio “Tijeras” en la investigación, quienes, de manera realmente forzada, trataron de desvanecer o morigerar algunos señalamientos que habían concretado respecto de Rapag Matar.

Es decir, la realidad probatoria podría llevar a concretar que lo que existió fue un arreglo, cuya motivación se desconoce, dirigido a beneficiar al procesado y no lo contrario.

4.3.1.1.4. Destáquese que el desempeño de Mangones Lugo como comandante paramilitar es un hecho acreditado con suficiencia en el trámite.

En efecto, para validar tal aserto se cuenta con la información que se ha venido develando respecto del accionar delincuencial del frente William Rivas, la cual ha sido canalizada al expediente mediante diversos informes de policía judicial y variadas revelaciones procesales, no sólo de subalternos de Mangones Lugo que aceptaron haber hecho parte de dicho aparato organizado de poder (en diferentes niveles) como lo son Ariel Segundo Padilla Polo, Arnover Carvajal Quintana, Rolando René Garavito Zapata, Nemías Moisés Sandoval Becerra, distinguido con los remoquetes de “Camilo”, “Barbas” o “Barba Roja”, Juan Carlos Chapa Yance y Éver Antonio Sarmiento Córdoba; sino también por Carlos Enrique Pareja Mendoza, quien tuvo alguna proximidad con personal paramilitar, José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “el Canoso”, enlace político de la estructura armada ilegal comandada por Hernán Giraldo Serna; Jorge Luis Caballero Caballero, ex congresista; Fulgencio Olarte Morales y, finalmente, por Carmen Julia Padilla Bustillo, propietaria del establecimiento de comercio “Detalles Julieth” de Fundación y ex esposa de Carlos Rapag Muvdi, sobrino del procesado, quien señaló que “Tijeras” visitó su negocio en aproximadamente 5 ocasiones con el propósito de comprar perfumería importada.

Además, durante la fase probatoria del juicio, Carbonell Pérez, Faidy Milena De León Arévalo, Ingrid Patricia Cuello Durán, Ramón Antonio Prieto Jure, Patricia María Avendaño Miranda y Nancy Villarreal de Casalín también confirmaron dicha situación.

Recuérdese que Villarreal de Casalín señaló que “Tijeras” era la persona que “mandaba” y “dominaba” el departamento del Magdalena, sobre todo la parte norte y que si bien Cuello Durán no pudo describir físicamente a “Tijeras” si supo de su desempeño como paramilitar.

4.3.1.1.5. De una vez, resáltese que no existe un sólo referente demostrativo que permita especificar que Carlos Enrique Pareja Mendoza hizo parte integrante del frente William Rivas. Se repite, lo que permite señalar la realidad probatoria es que dicho ciudadano tuvo algún tipo de cercanía con paramilitares.

Además, si bien la Sala, en la sentencia condenatoria proferida respecto del ex gobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, dispuso expedir copias para investigar a Pareja Mendoza por falso testimonio, ello ocurrió ante el sorpresivo develamiento procesal de un presunto episodio de manipulación de declarantes, tendiente a favorecer al sujeto pasivo del procedimiento, en el cual el mencionado ciudadano, al parecer, se vio envuelto como instrumento. Ello ya había sido aclarado en la pieza acusatoria.

4.3.1.1.6. Retomando el hilo conductor de la exposición, es claro que la activa vinculación de Mangones Lugo a un grupo paramilitar, en una posición de dominio, le permitió percatarse de las diferentes situaciones que informó, en este caso, a la Sala y a la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, su compromiso de responsabilidad penal en varios acontecimientos —ya declarado(63)—, antes que debilitar su dicho, lo vigoriza de manera evidente, como quiera que ahora, serenamente, alberga la intención de revelar su recorrido por la ilegalidad, informar quiénes lo acompañaron, de qué manera desarrolló su actividad y quiénes fueron los aliados de las autodefensas.

Ello vendría a explicar que en el manifiesto firmado por el confeso paramilitar y remitido a justicia y paz el 28 de julio de 2008, al cual se refirió el defensor en su discurso final, concerniente a las relaciones entre las autodefensas y las “instituciones, estamentos políticos, empresariales y sociales que estuvieron bajo nuestro control”(64), ya mencionado, no exista una expresa referencia al acusado.

Sin embargo, de dicho documento (destacado por la defensa) se desprende importante información de contexto que, de manera general, se articula con el esquema delincuencial que se manifestó en la presente actuación, el cual tiene que ver con el indiscutible influjo político del paramilitarismo en el departamento del Magdalena.

De manera contundente, “Tijeras” sostuvo en el mencionado documento que:

“El que diga que no habló con nosotros y que no hizo compromiso con los acumulados comunitarios donde éramos un estado de hecho, le miente al país”.

Además, contraría la exactitud procesal el hecho de sostener que en un momento inicial del proceso (fase de verificación en atención a lo normado en la L. 600/2000, art. 29), cuando “Tijeras” fue entrevistado por el CTI, no dijo nada acerca del acusado, tal como éste lo sostuvo en su discurso de cierre.

Así es, según lo plasmado en el informe 0012 del 3 de febrero de 2010, el confeso paramilitar manifestó que Rapag Matar

“le pagaba un impuesto por la Finca de Tucurinca, que sabía que él era diputado cuando Trino Luna era gobernador”.

Además, se dejó constancia que

“en las versiones de justicia y paz hablará sobre los políticos que tuvieron contacto con él”(65).

Y, eso fue justamente lo que ocurrió con posterioridad, concretamente, en la sesión de versión libre rendida el 8 de junio de 2010 que resultó incorporada a la actuación(66).

En este punto es preciso resaltar que la credibilidad del testigo no se encuentra ligada, en medida alguna, a su condición personal, en el caso analizado, a que se trate de una persona que desconoció la validez del orden jurídico penal, en tanto ello equivaldría a asignar una especie de cuota o tarifa probatoria que alejaría a dicho elemento de convicción de toda credibilidad y contrariaría de manera decidida los estudios elaborados, en torno a dicho particular, por la psicología forense.

Dicha postura valorativa es la que asume el acusado cuando se queja por el otorgamiento de credibilidad a un “bandido” como “Tijeras” y resalta que los únicos que lo incriminan son “desadaptados sociales”.

De manera que lo que debe imperar es, por un lado, la valoración conforme con los postulados de la sana crítica y, de otro, la confrontación con las demás probanzas.

La Corte, como supremo órgano de interpretación normativa, ha perfilado una insistida, estable y apacible línea jurisprudencial(67), conforme a la cual el sistema de estimación de orden probatorio libre y racional imperante descarta la tarifa legal.

De manera que no es la calidad misma del declarante sino su situación personal, sus facultades superiores de percepción, retentiva y recordación, la ausencia de intereses en el trámite o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y las restantes peculiaridades de las que pueda precisarse la correspondencia y credibilidad de su dicho, las que resultan relevantes para determinar la ocurrencia de un determinado suceso desde el punto de vista probatorio.

Asentir en una posición contraria, como la propuesta de manera expresa por el acusado e implícitamente por el defensor y la representante del Ministerio Público, conllevaría, indefectiblemente, a especificar que los cuestionamientos relacionados con la personalidad de un testigo resultarían eficaces y suficientes para negarle valor demostrativo, que la sospecha sobre la declaración de un desmovilizado o postulado inhibiría de forma automática todo efecto probatorio, que debe presumirse la falsedad en el dicho de un confeso paramilitar en atención a su prontuario delictivo o que, en cualquier caso, la retractación conllevaría a restarle toda credibilidad a los datos objetivos comprobables que se desprenden de la salida procesal, contingencias que ya han sido expresamente descartadas por la Sala en oportunidades pretéritas(68).

Resáltese que el declarante reconoció de manera expresa haber sido miembro regente de un grupo paramilitar y, por ello es que resulta conocedor de los sucesos que aquí fueron objeto de investigación y juzgamiento y sus circunstancias.

4.3.1.1.7. Por lo que viene de concretarse es que resulta viable afirmar que entre Mangones Lugo y el acusado existió algún tipo de proximidad personal que principió en el año 2003 cuando éste aspiraba a ser reelegido diputado de la Asamblea del Magdalena, fungiendo como segundo vicepresidente de dicha corporación, en un retén o puesto de control ilegal instalado en el corregimiento de Tucurinca del municipio de Zona Bananera.

La existencia del incidente fue difundida por el mismo comandante paramilitar no sólo en este trámite sino también en la sesión de versión libre rendida el 8 de junio de 2010 que resultó incorporada a la actuación(69). Además, fue reconocida por el propio procesado en la diligencia de ampliación de indagatoria del 16 de enero de 2012(70) y validada, en esencia, por los testigos Emiro Ospino Arce, Patricia María Avendaño Castellanos y Pedro Alberto Carbonó Díazgranados durante la fase probatoria del juicio.

Resáltese que las fuentes de los dichos de los testigos Avendaño Castellanos y Carbonó Díazgranados, en lo que se refiere a dicho episodio fueron, en ese mismo orden, el difunto Jesús Alberto (hermano de la declarante) y el propio acusado.

Por lo demás, Ospino Arce dijo que supo que al acusado lo habían secuestrado cuando iba “en su carro” en compañía de “Avendaño”, el “antiguo alcalde” de Zona Bananera. Nótese que dicho declarante ubica una persona que, conforme al conjunto probatorio, no se encontraba presente en el episodio(71).

Además, Carbonó Díazgranados indicó que acompañó a su jefe político a “la comandancia de policía a poner el denuncio” correspondiente por la verificación del episodio y que éste comportó una evidente alteración anímica en él (acusado)(72).

Ahora bien, señálese que Mangones Lugo indicó que Rapag Matar fue detenido y encañonado por miembros de la estructura que comandaba cuando se desplazaba en una camioneta “Burbuja” de color azul en compañía de su esposa, que ante el miedo evidenciado en el retenido, sus hombres le reportaron la situación y, por ello, se hizo presente en el lugar, que una vez acudió al sitio, el procesado descendió del vehículo, se presentó y le manifestó que se dirigía a su finca; que él, a su turno, se identificó como “Carlos Tijeras”, le pidió disculpas por el incidente y le informó que el control de circulación se efectuaba por razones de seguridad y no con el propósito de atemorizar a la población; y que, finalmente, los recién conocidos intercambiaron números telefónicos y junto con la cónyuge del imputado tomaron gaseosa en una tienda ubicada a la orilla de la vía de propiedad de un “señor que le dicen el paisa”.

Pese a que el suspendido Senador Rapag Matar reconoció la existencia misma del incidente que sorteó junto con su esposa Rosario Martínez Morales y no con Jesús Alberto Avendaño Castellanos, tal como ya se mencionó, aclaró que éste se produjo el 18 de junio de 2003 cuando se dirigía al sepelio de su amigo Carlos López Riveira en Fundación al mando de una Toyota, Land Cruiser, tipo “Machito”, con blindaje nivel V, de color azul, que le había prestado Jesús Alberto Avendaño Miranda (primer alcalde popular del municipio de Zona Bananera), que cuando fue interceptado se identificó como diputado de la asamblea, que si bien Mangones Lugo le ofreció una gaseosa que trajo de un vehículo, la recibió pero no se la tomó y que la conversación con él no tardó más de cinco minutos durante los cuales intercambiaron impresiones acerca de la eventualidad y de las condiciones de seguridad de la zona. Además, admitió que antes de arribar a su destino final haría varias escalas en fincas, entre ellas, en una denominada “Clara Inés”.

Ya quedó fijado en la providencia de definición de situación jurídica y en la acusación que desde antes de la emisión del auto de apertura de investigación previa, miembros de la unidad del CTI destacada ante la Sala lograron constatar que el suspendido Senador Rapag Matar es titular del derecho de dominio inherente a un predio llamado “Clara Inés”, de cincuenta y dos (52) hectáreas de extensión, ubicado en el municipio de Zona Bananera(73).

Además, establecieron que el congresista fue propietario inscrito, hasta el 22 de mayo de 2006, de un fundo, con la misma denominación, ubicado en sesenta y una (61) hectáreas de terreno rural del municipio de Ciénaga(74).

En las providencias aludidas también se destacó que en la indagatoria, el sindicado descartó que hubiera sido titular del derecho de dominio de dos fincas con dicha denominación. Al respecto, explicó que el fundo “Clara Inés” tuvo inicialmente una extensión de cincuenta y tres (53) hectáreas, a las que se les agregó un lote de ocho (8) hectáreas y que al terreno resultante se le asignó una nueva matrícula inmobiliaria.

Además, explicó que en el municipio de Zona Bananera no existe oficina de registro de instrumentos públicos y que ésta se encuentra ubicada en Ciénaga.

Lo dicho permitió precisar que la primera cabida de cincuenta y dos (52) hectáreas corresponde al predio inicial y la de sesenta y una (61) a la del fundo resultante de la agregación, el cual, pese a estar ubicado en el municipio de Zona Bananera, aparece registrado en Ciénaga.

Al margen de la confusión, superada con suficiencia, tal como ya se especificó de manera clara y contundente, así como de las consecuentes explicaciones y claridades, lo verdaderamente relevante es que los hallazgos objetivos referidos se concatenan deductivamente con las revelaciones de Mangones Lugo.

En principio, resultaría válido señalar que el primer encuentro entre Rapag Matar y José Gregorio Mangones Lugo configuró el injusto objetivo del delito de secuestro, cuyas víctimas fueron aquél y su cónyuge. Sin embargo, se anticipa que la desprevenida y desarticulada apreciación se desvirtúa con los acontecimientos subsiguientes que serán objeto de análisis en líneas sucesivas.

4.3.1.1.8. Ahora bien, podría especularse que la intención de “Tijeras” sea la de perjudicar a todo trance al acusado Rapag Matar (y así se ha hecho en la postura defensiva); pero aun siendo ello así (no resultando viable confirmarlo por falta de demostración), lo que probatoriamente encuentre respaldo debe ser lo que oriente la decisión que en derecho corresponda; en fin, si aquél fuese el derrotero principal del testigo, tal vez se habría referido a lo que dice saber, de manera amplia y detallada, a sucesos tales como el presunto apoyo paramilitar a la campaña del acusado al Congreso de la República en el año 2006. A cambio, prefirió guardar una prudente y relativa moderación en relación con dicho tema.

Además, no debe olvidarse que el propio “Tijeras”, en la investigación, de manera realmente forzada, trató de morigerar algunos señalamientos que había concretado respecto de Rapag Matar. Ello ya fue destacado y será retomado argumentativamente a continuación.

Por ahora, se pregunta la Sala si ¿la postura procesal de “Tijeras” que viene de resaltarse (morigeración de señalamientos) estará vinculada a la “cadena de infamias” destacada por la defensa en sus alegatos finales?

Francamente, ello no se logró dilucidar en el proceso.

Por otro lado, ante los hallazgos de índole contable efectuados por el CTI, referidos a las campañas del procesado a la Asamblea Departamental del Magdalena y a la Cámara de Representantes, en su orden, en los años 2003 y 2006, conforme a los cuales, en ninguno de los dos eventos se cumplió con los principios técnicos generalmente aceptados que dotaran de confiabilidad la información presentada, como son, entre otros, la neutralidad, la posibilidad de verificación y la representación fiel de los hechos económicos(75), “Tijeras” perfectamente se hubiera podido referir a un apoyo financiero o económico de la estructura paramilitar que comandó a las aspiraciones electorales referidas y, simplemente, no lo hizo, centrándose en lo que, para la Sala, es creíble, el presunto patrocinio político y electoral.

4.3.1.1.9. Resáltese que en las primeras salidas procesales Mangones Lugo precisó de manera sincera y contundente que entre él y el sindicado surgió una gran y profunda amistad que se prolongó incluso luego de su captura, en tanto, encontrándose privado de la libertad de locomoción, Rapag Matar le mandaba saludos; que éste, cada vez que visitaba la zona de dominio del frente William Rivas, lo llamaba requiriendo seguridad; y que el contacto entre ellos era permanente.

Luego, en ampliación de declaración que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2011 en la ciudad de Barranquilla trató, infructuosamente, de desdibujar o desvanecer lo relativo a la estrecha proximidad personal con el suspendido senador Rapag Matar descartando que entre ellos hubiera surgido una amistad y que los vínculos políticos que tuvo el procesado con el frente William Rivas se verificaron a través de Félix Antonio Sarmiento Bermúdez y no de él.

La curiosa morigeración en el señalamiento, cuya razón de ser se desconoce, no resulta atendible al no percibirse franca ni natural. Además, son las afirmaciones iniciales las que encuentran respaldo probatorio.

En relación con lo que viene de decirse, un subalterno de “Tijeras”, Arnover Carvajal Quintana, alias “Mauricio”, “Poca Lucha” o “Andrés”, quien fuera designado como primero al mando en los municipios de Fundación y Ciénaga, luego de desempeñarse como sicario, en declaración rendida el 31 de mayo de 2010, informó que se enteró que su comandante se reunió en varias ocasiones con el sindicado Rapag Matar —una de las cuales presenció al encontrarse pendiente, por instrucción de su jefe, de los movimientos en el exterior del local en el cual ésta se llevó a cabo—, hablaba frecuentemente con él y que éste fue un candidato a un cargo de elección popular en relación con quien escuchó que Mangones Lugo había dado instrucciones para hacerle propaganda política.

Ya se precisaron las razones que llevan a la Sala a desestimar el poder suasorio de lo informado por el mismo ciudadano en la sesión de audiencia de juzgamiento del 28 de enero de 2013.

Por otro lado, Rolando René Garavito Zapata, conocido como “Nicolás”, sujeto tan próximo a Mangones Lugo que, según el dicho del comandante paramilitar, contestaba sus llamadas personales, recibía los reportes de los jefes de zona y manejaba el dinero en efectivo, fue el primero que se refirió a una reunión que se llevó a cabo en el “Asadero El Banano”, ubicado en la carrera 2 # 8-25 de El Rodadero (Santa Marta) entre el procesado y su comandante y que tuvo como propósito tratar el tema de votaciones en el municipio de Zona Bananera, concretamente en el corregimiento de Tucurinca.

Luego, en la primera ampliación de declaración, Mangones Lugo fue interrogado expresamente acerca de dicho punto, ratificando a “Nicolás”.

En principio, resáltese que la existencia del vínculo personal y político entre “Tijeras” y Rapag Matar —directo y cercano y no indirecto y lejano— es validada por Carvajal Quintana y Garavito Zapata.

4.3.1.1.10. Adicionalmente, la Sala advierte que la variación de la indicación inicial por parte de Mangones Lugo involucra un evidente componente sofístico.

Es preciso señalar que a través de dichos silogismos que, en apariencia, observan las pautas de la argumentación lógica, se pretende demostrar o sostener una falacia. Así las cosas, siempre conducirán a una conclusión inaceptable, por un lado, al estimarse absurda o, de otro, al utilizar de manera intencional y equivocada las reglas de deducción (mezclar lo relativo con lo absoluto, agrupar asuntos diversos e incompatibles en un solo planteamiento, inobservar los efectos, etc.).

En efecto, Mangones Lugo fue enfático en precisar que Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, quien es hijo de Éver Antonio Sarmiento Córdoba, alias “Serpa” o “Bigotes”, militante del frente William Rivas y hermano de otro paramilitar (Camilo Sarmiento Bermúdez), fue reconocido socialmente en el área de influencia de dicho componente armado ilegal como una persona perteneciente al proyecto político de autodefensas que él mismo desarrolló, al extremo que la figuración pública del citado como concejal resultaba equivalente a la del declarante.

De manera ilustrativa, el testigo mencionado señaló que fue el promotor político de Sarmiento Bermúdez llevándolo a ocupar la presidencia del concejo del municipio de Zona Bananera y que éste era de sus “entrañas” y su “consentido”.

Por lo demás, “Tijeras” dejó entrever cierto nivel de complacencia al manifestar que el capítulo judicial que se ha dado en denominar “parapolítica” principió en el departamento del Magdalena con la captura de un alcalde y varios concejales del municipio de Zona Bananera, entre ellos Sarmiento Bermúdez y Fulgencio Olarte Morales(76).

Por su parte, Ariel Segundo Padilla Polo, quien se desempeñó como “radio chispa”, vale decir, como operario de radioteléfono que anunciaba el ingreso de personas a los lugares en los que Mangones Lugo permanecía, en declaración rendida en este trámite el 1º de junio de 2010, confirmó que Sarmiento Bermúdez era una persona bastante próxima al comandante referido y que varios de los contactos políticos de los paramilitares se hacían a través del concejal mencionado.

Es preciso señalar que en el marco de sus sesiones de versión libre, José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “el Canoso”, indicó que Sarmiento Bermúdez (junto con Olarte Morales) hizo parte del proyecto político paramilitar tendiente a controlar las alcaldías y los concejos de los municipios del Magdalena, el cual se consolidó a través del “Pacto de El Difícil”(77).

Por lo demás, el ex Congresista Jorge Luis Caballero Caballero, quien aceptó de manera consciente, libre, voluntaria, espontánea, informada e incondicional su responsabilidad en la concertación para promover grupos paramilitares y, en la actualidad, se encuentra a la espera de la sentencia de rigor, confirma que Sarmiento Bermúdez fue una pieza política de “Tijeras”, así como lo fueron la mayoría de los concejales del municipio de Zona Bananera(78).

Adicionalmente, Éver Antonio Sarmiento Córdoba, alias “Serpa” o “Bigotes”, quien se ocupó de algunos aspectos logísticos del frente William Rivas (transporte de víveres, heridos, enfermos y medicinas), refiriéndose a la campaña de su hijo Félix Antonio al concejo de la municipalidad aludida en el año 2003, indicó que “Tijeras” tuvo una marcada “injerencia” en dicha aspiración ante el vínculo o la proximidad que existió entre ellos (Félix Antonio y el comandante) en el ámbito electoral(79).

Luego, al ser requerido para que explicara el término “injerencia” precisó que en la referida anualidad (2003) Mangones Lugo “postuló” a una gran cantidad de posibles candidatos al concejo y a la alcaldía de Zona Bananera, que unos, como su hijo Félix Antonio, aceptaron la nominación y que otros la rechazaron. Y, agregó que “Tijeras” se interesó bastante en el acontecer político de dicho lugar.

Así mismo, el propio “Tijeras”, en la ampliación de declaración en la que introdujo la morigeración en el señalamiento, de forma discrepante con su evidente propósito y luego de suministrar varias respuestas evasivas y ambiguas ante preguntas efectuadas por el magistrado auxiliar comisionado que lo confrontaron con sus claras y contundentes afirmaciones iniciales, indicó que Sarmiento Bermúdez no hubiera podido apoyar electoralmente al suspendido Senador Rapag Matar sin contar con la autorización de él (Mangones Lugo).

Para concluir este apartado, en el preciso contexto descrito, sostener que Rapag Matar se vinculó con Sarmiento Bermúdez equivale a señalar que lo hizo con Mangones Lugo, de manera directa. Allí justamente radica la distracción del planteamiento.

Y es que la censura que se efectúa no está ligada a la condición de concejal del municipio de Zona Bananera de Sarmiento Bermúdez, sino a la comprobada cercanía personal y política de éste con “Tijeras”. Por ello pierde trascendencia para el análisis que viene de efectuarse la fecha en que éste accedió a dicha posición de poder del orden local.

4.3.1.1.11. Pues la situación descrita, entre otras, es precisamente la que se aprovecha, desde el punto de vista argumentativo, para precisar que la dicción de Mangones Lugo se aprecia incoherente o discordante.

Pero aun aceptando en gracia de discusión tales calificaciones, ellas, consideradas de manera aislada, no impiden que se le brinde mérito a los aportes objetivos derivados de la prueba ni mucho menos compromete la aptitud demostrativa que se ha venido especificando en esta actuación.

Al respecto, la Corte precisó, a través de sentencia del 11 de octubre de 2001, proferida dentro del radicado 16471, lo que sigue:

“Ahora bien, no puede perderse de vista que las contradicciones entre las varias versiones rendidas por un determinado testigo no son suficientes para restarle todo mérito, como destaca incluso el propio recurrente, pues en tales eventos el sentenciador goza de la facultad para determinar, con sujeción a los parámetros de la sana crítica, si son verosímiles en parte, o que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen aptitud de revelar la verdad de lo acontecido”.

4.3.1.1.12. Conforme a lo anterior, para la Sala, José Gregorio Mangones Lugo (al margen de la falacia detectada y analizada) siempre se consideró un declarante preciso y ordenado en su discurso, moderado y, sobre todo, altamente creíble e idóneo.

Además, se tiene que las manifestaciones de Mangones Lugo se advierten sosegadas, incluso, cuando el defensor del procesado ejerció el derecho de contradicción(80). Ello entra a respaldar que resulta perfectamente viable otorgarle credibilidad a su dicho siempre y cuando resulte confirmado por otros elementos de convencimiento.

No sobra destacar que los indiscutibles matices de vanidad o vanagloria que se aprecian en su dicho lo hacen incurrir en una serie de engrandecimientos nimios relacionados con aspectos accesorios que no comprometen la esencialidad y la contundencia de la información que suministró.

4.3.1.2. Repercusiones del primer encuentro entre José Gregorio Mangones Lugo y el acusado Fuad Emilio Rapag Matar.

En el acápite anterior la Sala se refirió al incidente que se verificó en un retén o puesto de control ilegal instalado en el corregimiento de Tucurinca del municipio de Zona Bananera y que, sin lugar a equívocos, determinó el primer encuentro entre “Tijeras” y el entonces Segundo Vicepresidente de la Asamblea del Magdalena Fuad Emilio Rapag Matar.

Resáltese que el estudio conjunto y relacionado de los datos suministrados por el declarante y de la información recopilada en el expediente, particularmente la referida al desempeño político de Rapag Matar en la Asamblea Departamental del Magdalena(81), permite precisar que dicho episodio tuvo lugar en el año 2003, cuando el acusado aspiraba a ser reelegido diputado fungiendo en el cargo aludido (segundo vicepresidente de dicha corporación).

Si bien la existencia misma de dicho evento fue reconocida por el procesado en la diligencia de ampliación de indagatoria y validado, en esencia, por los testigos Emiro Ospino Arce, Patricia María Avendaño Castellanos y Pedro Alberto Carbonó Díazgranados, durante la fase probatoria del juicio, tal como ya se indicó, la remembranza de rigor incorpora una serie de variaciones por cuyo medio intenta evidenciar que fue un suceso que no trascendió en punto del vínculo personal o político y que los dos encuentros siguientes entre “Tijeras” y él fueron una infortunada coincidencia. Sin embargo, la realidad probatoria permite afirmar justamente lo contrario.

Aun admitiendo que Rapag Matar hubiera concurrido a “la comandancia de policía a poner el denuncio” correspondiente por la verificación del suceso que comportó una evidente alteración anímica en él, tal como lo informó Carbonó Díazgranados, el mismo testigo señaló que a partir de dicho momento el acusado dejó de salir “por miedo”, consecuencia que no fue puesta de presente de manera expresa por éste. Es más, la situación relacionada con el trabajo proselitista que le permitió al procesado ser reelegido diputado en el año 2003 descarta contundentemente la alegada secuela de la ilegal retención.

Lo propio ocurre con el hecho que antes del desempeño del acusado como representante a la Cámara, según lo ha indicado él reiteradamente, nunca tuvo seguridad. ¿Si en realidad sintió miedo por qué no requirió protección a pesar de ser una persona públicamente expuesta?

Así, queda en evidencia una innegable contradicción entre el dicho del testigo y las explicaciones del acusado.

Además, según Carbonó Díazgranados la fuente directa de ese miedo no fue solamente la acción de los grupos paramilitares sino también de los guerrilleros.

Ahora bien, Mangones Lugo recordó que luego del acontecimiento que provocó el encuentro inicial, Rapag Matar se acercó a Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, dada su proximidad personal con él (precisada suficientemente), con el propósito de solicitarle apoyo del frente William Rivas en su aspiración electoral del orden regional, la que en efecto obtuvo luego de realizadas varias reuniones entre los tres y, por ende, el segundo mencionado (Sarmiento Bermúdez) desarrolló labores de proselitismo electoral a favor del sindicado en el área de influencia de la estructura paramilitar referida, por instrucción expresa de él (testigo).

Agregó que Sarmiento Bermúdez le comentó que cuando Rapag Matar lo abordó con la intención aludida, le dijo que era su amigo (de “Tijeras”); que si el procesado no hubiera contactado al primero de tales ciudadanos no habría podido ejercer actividad política alguna en la zona de dominio de la estructura paramilitar; que a cambio del apoyo electoral (no financiero o económico), el sindicado se comprometió a ayudar en el corregimiento de Tucurinca con alumbrado público, canchas de fútbol y un acueducto; y que éste, finalmente, no cumplió con lo convenido aprovechando su captura (la del testigo)(82).

Por lo demás, a partir de dicho esquema de contraprestaciones recíprocas se configuran una serie de distorsiones institucionales que aumentan la lesividad del comportamiento y, por ende, incrementan la intensidad del juicio de antijuridicidad material.

Ahora bien, ya se especificó que la verificación del vínculo directo y cercano (personal y político) y no indirecto y lejano (por conducto de Sarmiento Bermúdez) entre “Tijeras” y Rapag Matar resulta confirmado con los dichos de Carvajal Quintana (en su primera salida procesal) y Garavito Zapata quienes, además, dieron cuenta de la realización de dos reuniones que también fueron recordadas por el comandante paramilitar mencionado, tal como ya se concretó.

4.3.1.3. Encuentro en el “Asadero El Banano”, ubicado en la carrera 2 # 8-25 de El Rodadero (Santa Marta).

Se insiste en que el primero que se refirió a éste fue Garavito Zapata, quien precisó que tuvo como propósito tratar el tema de votaciones en el municipio de Zona Bananera, concretamente en el corregimiento de Tucurinca.

Luego, en ampliación de testimonio, Mangones Lugo fue interrogado expresamente acerca de dicho tema ratificando, en esencia, a “Nicolás”.

Así, el dicho del declarante Garavito Zapata se opuso, desde un principio, a la tesis de la infortunada coincidencia que se predica respecto a tal encuentro en la perspectiva defensiva, la cual, además, se pretende respaldar con varios testimonios y será objeto de análisis en líneas posteriores.

Ahora bien, el CTI corroboró la existencia de dicho establecimiento de comercio fijándolo en fotografías(83) y, opuesto a lo que se sostuvo en el trámite, Garavito Zapata describió físicamente al indiciado con bastante exactitud.

En relación con la última de tales precisiones, irrefutables se ofrecen las coincidencias en punto de la altura (1,70 metros), el peso (80 kilos), el color de piel (blanco), el tono (castaño) y la cantidad (abundante) de pelo, la morfología de la nariz (de base ancha y aguileña) y, finalmente, la apariencia árabe. De hecho, resáltese que Rapag Matar nació en la ciudad de Beit - Jala, territorio Palestino, el 20 de abril de 1948. Ello no se desdibuja con la ligera imprecisión descriptiva en torno a la edad.

Además, se reitera que la declaración de Juan Alberto de Jesús Diazlara Manjarrés es tachada en su potencialidad demostrativa no sólo por la cercanía personal con el procesado, la cual permite razonar en torno a la concreción de una deliberada intención del testigo dirigida a favorecerlo en el presente trámite, sino también porque se entrevistó en varias ocasiones con Rapag Matar en el establecimiento en el que éste permanece privado de su libertad de locomoción (“La Picota”) y, juntos, recordaron que una vez que almorzaron en el “Asadero El Banano” de El Rodadero(84) en compañía de otras dos personas, el procesado tuvo un enojoso choque con “Tijeras”.

Ello, al margen de la metodología de valoración adversa de tipo tarifaria que ha sido sugerida por el acusado para abordar analíticamente la declaración de Garavito Zapata, la cual, al sustentarse en la condición de transgresor del orden jurídico penal del testigo, resulta inadmisible.

Además, ya se especificó que el hecho de sostener que el confeso comandante paramilitar “entrenó” a Rolando René Garavito Zapata, quien permanece con aquél en la misma “celda” de la cárcel(85), para que declarara en su contra, se constituye en una simple afirmación del acusado sin soporte probatorio de ninguna índole.

Al respecto, en un acápite anterior se señaló que lo único que se encuentra demostrado es que Garavito Zapata, conocido como “Nicolás”(86), permaneció con “Tijeras” en el mismo “patio especial” de la cárcel Modelo de la ciudad de Barraquilla destinado para los postulados a la Ley de Justicia y Paz, más no que hubiera compartido celda con dicho comandante. Así lo informó en la audiencia pública Efraín Rafael Carbonell Pérez, alias “Maikol” o “Pin”, quien se encargó de los asuntos financieros y contables del frente William Rivas(87).

Adicionalmente, lo mismo sostuvo Carbonell Pérez respecto de Arnover Carvajal Quintana, quien, nuevamente se recuerda, asumió una desvergonzada posición en la audiencia de juzgamiento suministrando respuestas cínicas, evasivas y confusas para tratar, infructuosamente, de desdibujar lo que había señalado durante la investigación previa con espontaneidad y franqueza.

En últimas, para la Sala, si en realidad las salidas procesales de “Nicolás” estuvieran guiadas por un tergiversado y perverso sentido de lealtad a su comandante, su ampliación de declaración se hubiera acompasado con la tendencia a morigerar los señalamientos iniciales que se evidenció en la última intervención de “Tijeras”. En contraposición, Garavito Zapata ratificó de manera integral lo que él mismo informó en una primera ocasión.

Además, se resalta que no existe ninguna clase de referente procesal relacionado con la participación de Garavito Zapata en un trámite de beneficios por colaboración eficaz con la justicia.

Por otro lado, enfatícese que en un momento incipiente del trámite, concretamente en una entrevista realizada por el CTI(88), Garavito Zapata señaló que con la única persona que ejercía la política con quien tuvo alguna relación fue con Patricia María Avendaño Miranda cuando era candidata a la alcaldía de Zona Bananera. Luego, en dos diligencias de declaración, se refirió a los vínculos de su comandante “Tijeras” con el procesado. Así, ninguna discordancia se aprecia en su dicho por tal motivo. Se reitera, en un primer episodio informó acerca de sus conexiones políticas y en los dos sucesivos sobre los enlaces de dicha índole pero de su jefe.

Además, si se tiene en cuenta que la judicialización de varios ciudadanos con arraigo de diversa índole en el municipio de Zona Bananera, incluyendo José Gregorio Mangones Lugo, se verificó por razón de la interceptación de tres abonados celulares durante los primeros meses del año 2004 por parte de la Seccional de Investigación Criminal —Sijín— del Magdalena, y que la captura de éste se produjo el 23 de julio de 2005, no es viable sostener, como lo hace el Ministerio Público, que para el tiempo del encuentro analizado, vale decir, antes de las elecciones locales y regionales del año 2003, el mencionado testigo era “perseguido por la justicia”. Tal apreciación riñe con lo que se tiene acreditado en el proceso.

Adicionalmente, no se pierda de vista que ante una pregunta formulada por la representante de la Procuraduría General de la Nación a la ciudadana Faidy Milena de León Arévalo se supo que para el tiempo del encuentro analizado, “Tijeras” paseaba libremente sin ningún tipo de restricción(89).

Por ello, no logra precisar la Sala la razón de ser del juicio de valor efectuado por la misma interviniente respecto de la movilización de Mangones Lugo, cuando la propia compañera sentimental del confeso paramilitar, ante una pregunta suya, descartó en la audiencia juzgamiento la alegada restricción.

Cambiando de óptica, aunque con los testimonios de Juan Alberto de Jesús Diazlara Manjarrés, Julián Esteban Henríquez Navarro, Yosel Fernando Pérez Alfaro y Faidy Milena De León Arévalo, respecto a quienes el acusado se refirió como los cuatro “actores” del almuerzo en el restaurante “El Banano”, se pretendió presentar el encuentro analizado como una infortunada coincidencia, la valoración relacionada de tales testimonios con las explicaciones suministradas por Rapag Matar en torno a dicho asunto(90), descarta tal revelación.

Ya se anunció que la declaración de Diazlara Manjarrés era tachada en su potencialidad demostrativa, pero además, se tiene que:

• El acusado señaló en diligencia de ampliación de indagatoria que se paró de la mesa a contestar una llamada que le entró a su celular cerca de una pared del restaurante mientras que Pérez Alfaro(91) refirió que lo hizo frente a una ventana, Henríquez Navarro(92) que se dirigió hacia la puerta con dicho propósito y de León Arévalo(93) que salió del lugar ya conversando.

• Rapag Matar informó que luego de que “Tijeras” lo abordara y le reclamara agresivamente (sin gritar) por hablar por celular, volvió a la mesa y, finalmente, se retiró de manera intempestiva del restaurante en compañía de los demás comensales sin que hubiera terminado de comer mientras que Pérez Alfaro indicó que acabaron el almuerzo y se fueron.

• El acusado refirió que en la mesa lo abordó un muchacho muy joven que portaba un “Avantel” y una mochila con dos celulares y que luego fue increpado por “Tijeras”, en tanto, Pérez Alfaro no recordó que alguien se le hubiera acercado a aquél e informó que contestó la llamada y volvió a la mesa sin que se hubiera verificado algo anormal. Y,

• El acusado refirió que fue increpado por “Tijeras” mientras que Henríquez Navarro informó que cuando aquél contestó la llamada “no se le acercó nadie”.

Las destacadas constituyen variaciones y diferenciaciones significativas y trascendentes relacionadas con el discurrir del almuerzo analizado que comprometen la posición defensiva y que impiden sostener, como lo hace el acusado, que las versiones objeto de análisis coinciden plenamente.

No obstante, la espontaneidad y naturalidad evidenciada por la Sala en el dicho de Pérez Alfaro le permiten precisar que el almuerzo (con los “actores” ubicados por el acusado y no con todas las contingencias reveladas por éste), en realidad existió, pero no rechazar que el encuentro informado por Mangones Lugo y Garavito Zapata también tuvo lugar.

Planteado de otra manera más concreta, uno fue el almuerzo al que se refirió el acusado y los testigos de descargo y otro, diverso, el que involucró a Mangones Lugo y Garavito Zapata, respecto del cual nada casual o fortuito se aprecia o subyace en su dinámica.

Resáltese nuevamente que el primero que se refirió a dicho encuentro fue Garavito Zapata y luego, en ampliación de testimonio, Mangones Lugo fue interrogado expresamente acerca de dicho tema ratificando, en lo esencial, a “Nicolás”.

Así las cosas, no tiene sentido que se sostenga que Mangones Lugo “entrenó” a Garavito Zapata para que declarara en contra del acusado cuándo fue el comandante quien validó el dicho de su subalterno y no al revés. Es decir, éste refrescó la memoria de aquél en lo que se relaciona con la reunión analizada.

Además, si Garavito Zapata se sentó o no en la misma mesa con Rapag Matar y Mangones Lugo es una situación verdaderamente insustancial que no compromete la contundencia de lo señalado por el primero mencionado, lo cual, dicho sea de paso, se vincula deductivamente con el contexto delincuencial que viene de revelarse e indica que el encuentro analizado tuvo como propósito tratar el tema de votaciones en el municipio de Zona Bananera, concretamente en el corregimiento de Tucurinca.

Además, póngase de presente que aun reconociendo que Garavito Zapata no se sentó en la misma mesa con Rapag Matar y Mangones Lugo, también debe aceptarse que lo hizo en una cercana. Por ello pudo percatarse de lo que informó y sostuvo judicialmente. En últimas, otra sería la conclusión si ni siquiera hubiera ingresado al establecimiento público, pero lo cierto fue que sí lo hizo.

De esta manera, “el encuentro tachado con un carácter delictivo en el restaurante Asadero El Banano” no es el que se desprende de las declaraciones de descargo sino, otro distinto, debidamente acreditado y cuyas contingencias acaban de ser especificadas.

4.3.1.4. Encuentro en el establecimiento de comercio “Detalles Julieth”, ubicado en la calle 7 # 8-18 del municipio de Fundación.

Concretamente, tuvo lugar en el establecimiento de comercio “Detalles Julieth”, ubicado en la calle 7 # 8-18 del municipio de Fundación, de manera específica, en la misma acera del “Hotel Milán”, de propiedad de Carmen Julia Padilla Bustillo, ex esposa de Carlos Rapag Muvdi, sobrino del procesado.

Al respecto, Mangones Lugo señaló que el mismo tuvo como propósito precisar los detalles del apoyo electoral.

Por su parte, Carvajal Quintana, quien no asistió a la reunión pero sí la presenció, refirió, en una oportunidad inicial, que, por instrucción de su comandante, estuvo pendiente de los movimientos en el exterior del local mientras ésta se llevó a cabo. Además, efectuó una descripción morfológica del imputado que, de manera genérica, concuerda con la que se plasmó en la diligencia de indagatoria y con la que se desprende de las fotografías aportadas por el procesado en la ampliación de dicha diligencia(94).

Resultan incontestables las coincidencias en lo que tiene que ver con el grueso acento, las cejas pobladas y la apariencia de no ser colombiano.

Ya se concretó que la Sala le brinda plena credibilidad a lo que manifestó Carvajal Quintana en la declaración rendida en la investigación previa, dado el nivel de confiabilidad que genera la espontaneidad, la franqueza y la falta de preparación del testimonio. Contrario sensu, desestima el poder suasorio de lo informado por el mismo ciudadano en la sesión de audiencia de juzgamiento del 28 de enero de 2013.

Además, es preciso señalar que el reconocimiento por parte de Padilla Bustillo de la existencia de la reunión en su establecimiento de comercio, eventualmente le hubiera originado una serie de consecuencias legales adversas. Por ello no lo hizo. O, simplemente, puede ser que no se hubiera percatado de lo que allí ocurrió.

La segunda de tales posibilidades no puede predicarse en relación con la empleada del almacén Ingrid Patricia Cuello Durán quien, de forma evidente y desde el inicio de su testimonio en la audiencia de juzgamiento, trató de respaldar la posición defensiva, sin lograrlo. Así, el efecto demostrativo fue totalmente contrario patentizando que la mencionada ciudadana, al parecer, fue preparada o inducida de algún modo para beneficiar al acusado.

Nótese que la testigo referida, luego de indicar que lleva 13 años laborando en dicho negocio, que allí se desempeña como una “especie de administradora”, que es la encargada de abrir y cerrar y que almuerza en el almacén, trató de negar que se hubiera ausentado un sólo instante de su lugar de trabajo, desconociendo, de manera inicial, el disfrute de permisos, vacaciones y hasta alguna incapacidad por enfermedad.

Con posterioridad, ante lo sorprendente e ilógico que resultaron tales respuestas, cuando fue increpada con el propósito que reconociera que en algún momento tuvo que ausentarse de su lugar de trabajo, señaló que fue “muy poco” lo que se apartó de dicho lugar. No obstante, terminó reconociendo que el negocio continuaba abierto al público en sus cortas y prácticamente inexistentes ausencias.

Y, para rematar el cuadro, cuando era interrogada para que reconociera sus ausencias, se mostró evasiva mediante la reiterada solicitud de repetición de las preguntas que le realizaba el señor presidente de la audiencia, así como extremadamente nerviosa. Además, describió a Tijeras como una persona no muy alta, clara, blanca, ni muy bajita ni muy gordita, en últimas, como una persona “normal”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala expedirá copias de esta providencia y del primer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013 con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, con el propósito que se determine si la postura procesal de la ciudadana Cuello Durán tiene alguna relevancia para el derecho penal.

Retomando el tema principal, recuérdese que Carvajal Quintana informó que se enteró que su comandante se reunió en otras ocasiones con el procesado, hablaba frecuentemente con él y suministró instrucciones para hacerle propaganda política cuando aspiró a un cargo de elección popular.

Por otro lado, con fundamento en las revelaciones de “Tijeras”, los miembros del CTI destacados ante la Sala lograron precisar no sólo la existencia del almacén sino también los pormenores inherentes a dicho establecimiento, es decir, ubicación exacta(95), propietaria y la relación de ésta con un familiar del procesado(96).

Aunque Rapag Matar reconoció la existencia del encuentro presentándolo como una infortunada coincidencia, tal manifestación entra en evidente tensión con el conjunto probatorio que viene de analizarse y, por ende, no puede ser respaldada por la Sala.

Finalmente, no debe perderse de vista que la posibilidad, acreditada, que tenía “Tijeras”, de movilizarse libremente, permitió que los encuentros referidos se desarrollaran en un sitio público en El Rodadero y en un almacén de Fundación y no en la base militar del cabecilla, ubicada en la finca denominada “Campo Verde”. Así, pierden relevancia para el estudio las características y condiciones físicas del local (registradas en fotografías y hasta en un video aportado por la defensa), en la medida en que a través de éstas se pretendía especificar la imposibilidad de realizar una reunión clandestina con alguna persona en dicho lugar.

4.3.1.5. Otras situaciones trascendentes para el análisis.

4.3.1.5.1. Carlos Enrique Pareja Mendoza, quien tuvo algún tipo de proximidad con personal paramilitar y, según el acusado, es un “testigo profesional”(97) que ha declarado en nueve procesos, señaló que en una ocasión se desplazó al municipio de Zona Bananera en compañía de varias personas vinculadas al mercado público de Santa Marta, el cual, precisó, desde hace mucho tiempo ha sido controlado por las autodefensas, con el propósito de comprar fruta para revender y que en dicho lugar se encontró con alias “Serpa” quien le refirió que el candidato de “Tijeras” siempre había sido Rapag Matar.

Recuérdese que el interlocutor de Pareja Mendoza es Éver Antonio Sarmiento Córdoba, conocido también con el alias de “Bigotes”, militante del frente William Rivas, padre de Félix Antonio y Camilo Sarmiento Bermúdez y quien, según lo constató el CTI con fundamento en la información recibida de la Sección de Análisis Criminal —SAC—, se

“encuentra delinquiendo en los corregimientos del municipio de la Zona Bananera, Ciénaga, Fundación, Pueblo viejo y otros municipios”(98).

Aunque Sarmiento Córdoba refirió no conocer a Pareja Mendoza, lo verdaderamente revelador es que lo aseverado por éste se articula con el entorno que se viene analizando.

En el proceso, se ha intentado reiteradamente minar la credibilidad del dicho de Pareja Mendoza a través del cuestionamiento de la existencia misma de la actividad comercial consistente en comprar fruta para revender. Sin embargo, un empresario experto en el tema agroindustrial en el departamento del Magdalena, vale decir, Fulgencio Olarte Morales, la validó como realidad(99).

4.3.1.5.2. Adicionalmente, indíquese que no resulta viable tachar los testimonios de Caballero Caballero y Pareja Mendoza por apreciarse en ellos un interés por buscar protección y beneficios del Estado, pues un argumento de tal naturaleza inobserva que se está frente a una investigación en la que la sociedad debe enfrentar aparatos organizados de poder cuya probada capacidad de intimidación torna necesaria, imprescindible y legítima la protección de los testigos que en otras condiciones no estarían en capacidad de declarar.

4.3.1.5.3. Definitivamente, la presunta concreción de vínculos políticos entre el sindicado y “Tijeras” también es validada con los resultados electorales obtenidos por aquél en los municipios del departamento del Magdalena en los que el frente William Rivas ejerció influencia, cuando, en el año 2003, aspiró a ser reelegido como diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena.

Aunque en el análisis que se efectuó en la providencia por cuyo medio se definió la situación jurídica del procesado, con fundamento en las cifras concretadas por el CTI(100), no se contempló la votación obtenida en el año 2003 en la ciudad de Santa Marta por parte de Rapag Matar (4498), tal como lo resaltaron en su momento el procesado y su defensor, lo que resulta suficientemente decisivo, por articularse con la realidad delincuencial que se develó, son los nada despreciables resultados obtenidos en los seis municipios de influjo de la estructura paramilitar referida en la que no era viable desarrollar actividad proselitista sin la autorización del comandante correspondiente, tal como ya se acreditó.

Las cifras son:

MunicipioVotación
Fundación2135
Aracataca1996
Zona Bananera1017
Pueblo Viejo898
Ciénaga751
El Retén362
Total de votos obtenidos en el área geográfica de influencia del frente William Rivas.7159

De esta forma, observando la votación de la ciudad de Santa Marta, la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y décima más apreciables corresponden, precisamente, a los municipios de Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Pueblo Viejo, Ciénaga y El Retén, en su orden.

Es más, así Rapag Matar no hubiere obtenido ni un solo sufragio, lo verdaderamente reprochable es que, al margen de los resultados electorales, se hubiera vinculado al proyecto político de las autodefensas.

Sin embargo, en el evento analizado, indiscutible resulta que las votaciones le permitieron mantenerse en la posición de poder del nivel regional. Ello sin desconocer el demostrado interés legítimo de un buen número de ciudadanos de tales municipios en estas elecciones y en las de Congreso de la República del año 2006, dado el arraigo personal y económico, así como algún nivel de reconocimiento social por su trabajo político.

Sin embargo, es preciso indicar que la postura defensiva del acusado en torno al tema electoral entraña una evidente contradicción al precisar que se hizo merecedor del apoyo popular pero también reconocer que estuvo ausente de la zona por ocho años.

¿Cómo ganarse el aprecio y el apoyo de la gente del departamento del Magdalena desde la capital, Santa Marta, con el alto nivel de inconformismo colectivo que existía en dicho ente territorial por el desmedido centralismo y, el consecuente, olvido de la provincia?

Ello resulta, por decir lo menos, incoherente.

Además, la afirmación de la defensa conforme a la cual para el año 2003 los paramilitares no tenían opción de apoyar candidatos de otros partidos distintos a los del movimiento “Colombia Viva” a la Asamblea Departamental del Magdalena por las limitaciones del sistema de listas cerradas resulta, no sólo cándida, sino simplista.

Tal aserto implica equiparar los estándares del proselitismo y del ejercicio político legal a los inherentes al proyecto político paramilitar, manifiestamente ilegal.

No se pierda de vista que la ambientación teórica que efectúa “Jorge 40” deja entrever que el fenómeno rotulado “paramilitarismo”, en realidad apuntaló un modelo de gestión de los asuntos públicos locales, regionales e incluso nacionales paralelo y multipartidista que resultó afianzado con la incapacidad e indiferencia gubernamental y la ausencia de control institucional.

Por lo demás, el propio representante de la defesa técnica reconoce que a los verdaderos adeptos del proyecto político paramilitar se les adjudicaron municipios con el propósito de recibir beneficios electorales. Tal táctica es sin lugar a dudas ilegal y no resulta comparable con el libre juego democrático que se desprende de las listas cerradas, conforme a las cuales, si el partido opta por dicha alternativa, que entraña un voto no preferente, el ciudadano sólo cuenta con la opción de votar por el partido de su preferencia sin tener en cuenta nombres específicos de candidatos. En este caso, después del escrutinio, las curules se asignan en el orden de inscripción de las opciones dentro de la plancha.

4.3.1.5.4. Por otro lado, para la Sala, en realidad existen referentes de la presunta contribución económica por parte de Rapag Matar a la estructura armada ilegal liderada por Mangones Lugo.

Así es, el confeso comandante paramilitar anotó que el acusado pagaba un “impuesto de seguridad por la finca” que tenía en el corregimiento de Tucurinca.

Dicha revelación se vincula deductivamente con el hecho consistente en que el procesado, cada vez que visitaba la zona de dominio del frente William Rivas, llamaba a “Tijeras” requiriendo seguridad, según lo informado por éste de manera inicial y con suficiente contundencia y claridad.

Además, si Rapag Matar exigía una retribución material por el desembolso que efectuaba, quiere decir que dicho pago lo realizaba de manera voluntaria.

Resáltese que el señalamiento consistente en la contribución económica a la estructura paramilitar regentada por “Tijeras” se articula con el contexto delincuencial descubierto, así el encargado de los asuntos contables y financieros del frente no lo hubiera puesto de presente.

Además, se reitera que dicho comportamiento, conforme al conjunto probatorio consolidado, no adquirió plena autonomía delincuencial y, por ende, frente a la arista subjetiva del delito que se viene analizando, sólo resulta útil para comprobar las presuntas relaciones del Senador Rapag Matar enfocadas a la concertación para promover el grupo armado ilegal que el confeso paramilitar mencionado comandó.

Es preciso señalar que si bien Mangones Lugo no recordó el nombre del fundo, sí indicó que quedaba a cinco o seis kilómetros del casco urbano del corregimiento referido, específicamente, a “mano izquierda”, que tenía una extensión de más de cincuenta (50) hectáreas y que estaba destinado al cultivo de palma africana. Tales detalles y precisiones dotan de contundencia su indicación.

Adicionalmente, cabe revelar que el indagado informó que el predio “Clara Inés” está ubicado en el corregimiento de Tucurinca, municipio de Zona Bananera, a aproximadamente tres kilómetros del área poblacional del primero de tales entes territoriales.

Por lo demás, se logró constatar con diversos elementos de convencimiento y con el dicho del congresista mencionado, que éste es titular del derecho de dominio inherente a una finca llamada “Clara Inés”, ubicada en el municipio de Zona Bananera, cuya cabida inicial era cincuenta y dos (52) hectáreas y la final es de sesenta y una (61).

No se pierda de vista que en ampliación de declaración Garavito Zapata confirmó que cuando Rapag Matar visitaba su finca, personal paramilitar permanecía en los linderos de la misma pendiente de los movimientos y se sostenía en los puntos más vulnerables desde el punto de vista de la seguridad.

Por su parte, Caballero Caballero precisó que en el año 2003 se encontró al entonces diputado Rapag Matar acompañado de gente armada de aspecto “irregular”, es decir, vestida de particular, con barba y pelo largo.

Absolutamente nada aportan desde el punto de vista demostrativo las fotografías exhibidas en la audiencia de juzgamiento por el acusado en las que supuestos paramilitares no aparecen con barba ni “peludos”.

No existe forma de confirmar que, en realidad, las personas que se registran en dichas imágenes, que por cierto no fueron aportadas al proceso porque ya la oportunidad había fenecido, hubieran pertenecido a las autodefensas, concretamente, al frente William Rivas y, aceptando en gracia de discusión que se trataba de paramilitares, las fotografías pueden corresponder a algún acto de movilización que, se sabe, exigía una mayor atención del cuidado personal.

Para la Sala, las dos medidas de protección de las que dan cuenta los testigos mencionados pudieron concurrir al no apreciarse excluyentes en el contexto analizado.

4.3.1.5.5. Así las cosas, viable es concluir que el suspendido Senador de la República Rapag Matar, requirió y obtuvo del comandante del frente William Rivas apoyo para su aspiración electoral regional del año 2003.

4.3.1.5.6. En realidad, la presunta existencia de vínculos entre el suspendido Senador Rapag Matar y miembros de grupos de autodefensa que resulta posible especificar a partir de la información suministrada a la justicia por Mangones Lugo, la cual coincide con pruebas diversas y con el contenido de varios anónimos que han sido allegados a la actuación, incluyendo el que sirvió de fundamento para desarrollar las labores de verificación dispuestas antes del proferimiento del auto de apertura de investigación previa, no sólo se confirma sino que se robustece desde el punto de vista demostrativo, con el testimonio rendido por Carlos Enrique Pareja Mendoza, quien, se repite, tuvo alguna proximidad con personal paramilitar.

En efecto, el declarante mencionado señaló que Fuad Emilio Rapag Matar, a quien recordó como una persona que se había desempeñado como diputado y que no era oriunda de Santa Marta, cuando pretendía cambiar de “corporación”, ante la proximidad de las elecciones, concretamente en el año 2004 o 2005 y fungiendo en dicho cargo, concurrió a una casa ubicada en la calle 18 con carrera 11 de Santa Marta, cerca de la Avenida de los Estudiantes y detrás de la Escuela Santander, a entrevistarse con Gustavo Gómez, conocido con el alias de “Gali”, quien era el comandante urbano de las autodefensas en dicha municipalidad, solicitándole “un puente” o contacto con Hernán Giraldo Serna que se concretara en apoyo electoral en la medida en que necesitaba “más votos” para su novedosa aspiración(101).

El testigo indicó que presenció dicho encuentro porque se encontraba conversando con “Gali” acerca de un homicidio o un atentado verificado en el barrio donde residía en Santa Marta (“El Pando”).

Como se sabe, Rapag Matar renunció al cargo de diputado el 2 de febrero de 2006(102) y fue elegido Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Magdalena para el período constitucional 2006-2010(103).

Tales coincidencias objetivas dotan de eficacia demostrativa lo manifestado por Pareja Mendoza. Ello, al margen de que no se hubiera podido determinar la pertenencia de “Gali” a la estructura comandada por Giraldo Serna, quien fue el cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las autodefensas, en tanto podría tratarse de un sujeto inmerso en la realidad criminal que no necesariamente se vinculó, de manera directa y particular, con el paramilitarismo.

Por lo demás, lo indiscutible es que en el proceso se pudo comprobar que “Gali” sí existe. Se trata de Gustavo Gómez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 85’454.743, nacido en 1968 en Santa Marta y casado con la señora Patricia Orztegui. Así, se descarta la posición argumentativa encontrada asumida por el acusado.

Además, el CTI indicó que con fundamento en labores de vecindario fue viable determinar el lugar de residencia de la progenitora de Gómez Rodríguez y establecer que éste, aproximadamente hace un año,

“no se le ve por el sector”(104).

Retomando el dicho de Pareja Mendoza, éste indicó que las autodefensas transmitieron la orden de apoyar electoralmente al acusado, que dicha instrucción provenía de varios comandantes, entre ellos, de “Jorge 40” y se cumplió de manera efectiva; que entre el procesado y “Gali” existía una amistad, que aquél era bastante cercano al comercio del mercado público de Santa Marta y se saludaba de “mano” con varios paramilitares que permanecían en dicho lugar, entre ellos, “Giovany”, “el Tigre”, “el Ciego” y “Valero”; que lo vio reunido en una oportunidad con José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “el Canoso”, enlace político de la estructura armada ilegal comandada por Giraldo Serna, en un sitio ubicado en el número 17-20 de la Avenida del Ferrocarril de la ciudad aludida(105).

Las precisas revelaciones del testigo mencionado coinciden con lo informado por Mangones Lugo en el sentido que encontrándose privado de la libertad, vale decir, luego del 23 de julio de 2005, se enteró que Rapag Matar había buscado entrar en contacto con Félix Antonio Sarmiento Bermúdez para afrontar las elecciones al Congreso de la República del año 2006.

Para la Sala, ello equivale a sostener que el suspendido Senador Rapag Matar también buscó el apoyo de la estructura paramilitar comandada por “Tijeras” para dicho certamen electoral, como quiera que la figuración pública de Sarmiento Bermúdez resultaba equivalente a la de Mangones Lugo, tal como ya se demostró.

La Corte debe destacar del dicho de Pareja Mendoza la precisión en cuanto a la plena identificación y ubicación del procesado, concretamente, respecto de su actividad pública y el suministro de detalles, tales como direcciones (al margen de la exactitud) y fechas que, de manera general, coinciden con la trayectoria electoral del mismo.

Ello, sumado a lo que se ha venido precisando en relación con la declaración del mencionado ciudadano, conduce a la exaltación de su capacidad de percepción, retentiva y recordación y a la prédica de ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias acreditadas que puedan comprometer su imparcialidad. Por eso pierde relevancia que hubiera descrito al acusado como una persona morena, en tanto, sus facultades pudieron fallar en torno a un punto que puede ser voluble.

Adicionalmente, algunos testigos de descargo han señalado que Rapag Matar era una persona muy dada o entregada al pueblo. Tal calidad humana fue enaltecida con entusiasmo por el acusado en su ampliación de indagatoria.

En torno a dicho particular, Fulgencio Olarte Morales manifestó que su amigo era un hombre sencillo y hasta meloso, Carmen Julia Padilla Bustillo que gozaba de mucho afecto entre la gente y Juan de Jesús Diazlara Manjarrés que era cercano a sus electores.

Por lo anterior, no resulta disconforme ni mucho menos inverosímil que saludara de “mano” a los “paraquitos de la esquina” en el mercado público de Santa Marta ni que visitara dicho lugar.

Además, que los testigos de descargo no hubieren visto a Rapag Matar vestido con bermudas (pantaloneta larga) en realidad es un hecho baladí o intrascendente que no compromete la potencialidad demostrativa del dicho de Pareja Mendoza que, por el contrario, resulta afianzada con las coincidencias que vienen de destacarse.

4.3.1.5.6. Por otro lado, Gélvez Albarracín, en el marco de sus sesiones de versión libre, señaló de manera inicial, sin vacilaciones y con detalle, que Rapag Matar, en su condición de diputado de la Asamblea del Magdalena, hizo parte del proyecto paramilitar dirigido a controlar las alcaldías y los concejos de los municipios de dicho ente territorial que se consolidó en el “Pacto de El Difícil” y, por ende, fue apoyado electoralmente por las autodefensas para su aspiración política regional del año 2003 comprometiéndose, a cambio, a encauzar recursos provenientes de la contratación pública en educación y salud en los lugares en los que tenía influencia sobre los candidatos a tales posiciones oficiales.

Agregó que en una ocasión se reunió con el acusado y con “Tijeras” en Santa Marta, incluso reconoció al actual Senador (suspendido), sin dubitación de ninguna índole, en una fotografía que se le puso de presente, como una persona próxima a los paramilitares desde el punto de vista político. Finalmente, prestó juramento para respaldar el señalamiento.

Transcurridos varios meses, vale decir, en una sesión de versión libre posterior, Gélvez Albarracín trató de desvanecer la indicación pretextando que la consulta de una agenda, a manera de ayuda de memoria, le permitía dilucidar sus afirmaciones precedentes y señalar que Rapag Matar no tuvo nada que ver con el proyecto paramilitar. Lo propio ocurrió en la declaración rendida en esta actuación cuando se le interrogó sobre el particular.

Al margen de la motivación de la supuesta corrección, la cual no fue descubierta, lo cierto es que para la Sala ésta no resulta atendible al apreciarse artificiosa. Resáltese que a lo que no se ofrece viable aplicar dicho adjetivo es al señalamiento inicial. Nótese el categórico reconocimiento fotográfico del procesado como una persona próxima a los paramilitares en la órbita política, así como la contundencia y espontaneidad de la indicación. Dicho conjunto, suficientemente ilustrativo, se contrapone a la volatilidad probatoria y a la poca naturalidad que subyace en la presunta enmienda.

Adicionalmente, lo cierto es que la indicación coincide demostrativamente con la información suministrada por “Tijeras”, la cual, fue validada.

Dada su disfuncionalidad, mención especial requiere el hecho que el acusado, emulado a su anterior defensor, pretendiera afectar la potencialidad demostrativa del dicho inicial de “el Canoso” con un documento aportado con los alegatos de cierre que, en virtud de lo previsto en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, no puede ser apreciado por la Sala en la medida en que fue allegado al expediente de manera sorpresiva con la fase probatoria del juzgamiento clausurada, esto es, de forma absolutamente inoportuna.

Por lo demás, el señalamiento concretado inicialmente respecto del acusado por el confeso paramilitar Gélvez Albarracín no se disipa con el hecho que en una grabación —comentada en un diario de circulación regional— manifieste que los señalamientos de “Tijeras” en contra de Rapag Matar son falsos.

Resáltese que el suspendido Senador de la República fue reseñado por el segundo citado como una persona vinculada con el proyecto electoral de las autodefensas y, luego, la misma persona, trató inútilmente (conforme a las constataciones probatorias) de corregir o enmendar la indicación.

Adicionalmente, ya se precisó que si la lógica es el método con el que se cuenta para llegar a conclusiones de manera objetiva, derivándolas, sin contradicción, de los hechos y, en general, de la evidencia proporcionada por los sentidos, pretender validar una afirmación con una carencia material resultaba, por decir lo menos, inconsistente y un contrasentido, y que eso justamente fue lo que se pretendió en este caso con la agenda de “el Canoso” del año 2003.

4.3.1.5.7. Cambiando de óptica, la revisión del conjunto probatorio en realidad no permite verificar la existencia de ningún tipo de artimaña tendiente a afectar judicialmente al suspendido Senador Rapag Matar.

Al respecto, las únicas referencias con las que se cuentan se extraen de la posición defensiva conforme a la cual el presente proceso se vincula o se encuentra relacionado con una supuesta estrategia perversa o siniestra de asedio judicial al mencionado, orquestada por Trino Luna Correa y Jorge Luis Caballero Caballero, y encaminada a marginarlo de la política nacional y departamental del Magdalena.

Así, tales afirmaciones permanecen aisladas del acervo demostrativo.

4.3.1.5.8. En este punto, como quiera que el defensor del acusado, en su discurso final, destacó que Félix Antonio Sarmiento Bermúdez, se acogió a sentencia anticipada, es preciso recordar que tras el cierre de investigación(106), específicamente, a través de memorial radicado en la secretaría el 23 de marzo de 2012, el anterior representante judicial del suspendido Senador Rapag Matar solicitó a la Sala la designación de un funcionario

“con quien pueda adelantar un acercamiento verbal para discutir sobre las condiciones de la eventual posibilidad de terminación anticipada del proceso(107) (resaltado del texto original).

Respecto a dicho pedimento se dispuso, mediante auto del día 27 siguiente (marzo)(108), que por la misma dependencia, se le informara al representante de la defensa técnica que:

i) La sistemática que rige la presente actuación es la que se deriva de la Ley 600 de 2000 y no la que se desprende de Ley 906 de 2004.

Así, se señaló que en aquélla la única posibilidad de culminación adelantada o anormal del trámite es la sentencia anticipada prevista en el artículo 40 de dicho cuerpo normativo, la cual, en el ámbito teórico y como especie de derecho penal premial que es, pretende la consolidación de la economía procesal, la realización de la justicia material, la punición eficaz y cierta del infractor y la reducción de la carga misional del aparato judicial.

Además, que es un procedimiento que se surte durante la fase de investigación o juzgamiento, ante un funcionario investido de jurisdicción, en el que el imputado, asistido por su defensor, cuenta con la posibilidad de renunciar a garantías fundamentales tales como la presunción de inocencia, la judicialización integral y la no autoincriminación; que exige como presupuesto la vinculación al trámite del sindicado (a través de la indagatoria); que comporta una manifestación unilateral, espontánea e incondicional de responsabilidad por parte de éste que no admite retractación y que, por ende, va a sustentar una sentencia, cuyo sentido no puede ser sino condenatorio; y que implica una disminución sustancial en la sanción, la cual va a ser precisada por el juzgador, sin intrusión ni sugerencia alguna por parte de los intervinientes, vale decir, de manera facultativa o discrecional.

Por otro lado, se reiteró que la aceptación de cargos en sede de un trámite de sentencia anticipada implica una confesión simple la cual, a su turno, entraña un verdadero esquema de renuncias recíprocas por parte del procesado y del Estado.

En efecto, el primero, al declinar la controversia que compromete el llamamiento a juicio y los elementos de convicción que lo respaldan, pierde interés en el desenlace corriente o habitual del diligenciamiento.

A su turno, el segundo, al hacer lo propio con el ejercicio de sus facultades de investigación o juzgamiento, según sea el caso, reconoce que las pruebas allegadas a la actuación tienen la entidad suficiente para respaldar una sentencia de condena que involucre precisión de certeza en cuanto a la existencia del comportamiento desvalorado y el compromiso de responsabilidad del procesado en el mismo.

Por lo demás, se resaltó que el nivel de conocimiento requerido para proferir el fallo en el sentido anotado resulta validado con la aceptación consciente, libre, voluntaria, espontánea, informada e incondicional de los punibles endilgados por parte del sujeto pasivo del procedimiento. Y,

ii) El estatuto procesal penal aplicable al presente asunto no establece ninguna alternativa consensual o bilateral tendiente a anticipar la culminación del proceso.

Además, se resaltó que la Ley 600 de 2000 no viabiliza o posibilita ningún tipo de negociación con el propósito referido y que en dicho contexto normativo al juez simplemente le corresponde determinar la pena conforme al acto libre, voluntario y unilateral efectuado por el procesado.

De esta manera, la solicitud de designación de un funcionario “con quien pueda adelantar un acercamiento verbal para discutir sobre las condiciones de la eventual posibilidad de terminación anticipada del proceso” no prosperó al resultar irrealizable.

Independientemente de la falta de trascendencia procesal de dicho episodio, debe destacarse la aproximación concretada por el profesional del derecho que, luego, según lo informó el acusado, abandonó el proceso y, por ello, hizo expresa su intención de revocarle el poder que le otorgó(109).

Por lo demás, a dicha manifestación se le otorgó plenos efectos mediante providencia del 16 de octubre de 2012(110) y, con el propósito de establecer si los hechos relatados por el acusado y que presuntamente comprometen a su apoderado existieron y, en un evento afirmativo, si podría tener relevancia para el derecho disciplinario, vale decir, si se adecúan en alguna de las faltas previstas en la Ley 1123 de 2007, se dispuso expedir copia del memorial revocatorio y del auto referido, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el propósito que, en el escenario natural, se efectuaran dichas precisiones.

4.3.1.5.9. De esta manera, la Sala concluye que la actuación cuenta con los presupuestos suficientes para predicar que el suspendido Senador de la República Fuad Emilio Rapag Matar, en efecto se vinculó a los proyectos políticos inherentes a los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona y al bloque Norte.

Es más, los criterios de análisis referidos a la concertación para promover el bloque norte y el frente Resistencia Tayrona, validan y confirman el mismo comportamiento respecto del frente William Rivas.

Dicho desenlace deductivo, dada su férrea demostración, no se desvanece con los hechos consistentes en que varios testigos consideren que Rapag Matar es una persona transparente y totalmente desvinculada de prácticas ilegales en el ejercicio político.

Que varios ciudadanos que han interactuado en el terreno político con el acusado señalen que no se percataron de los vínculos que aquí fueron reprochados no significa que éstos no hubieran existido.

Además, aunque varias personas relacionadas con las autodefensas coinciden en que no conocen a Rapag Matar, tal como lo resaltó el acusado y la defensa, otros individuos absolutamente comprometidos con la realidad marginal paramilitar, cuyos testimonios ya fueron analizados con suficiencia, si lo ubicaron en dicho contexto.

4.3.1.5.10. Se resalta que el político Caballero Caballero señaló que siempre se contó con la opción de declinar las apetencias electorales y Sarmiento Córdoba que cuando Mangones Lugo “postuló” a una gran cantidad de posibles candidatos al concejo y a la alcaldía de Zona Bananera en el año 2003 unos, como su hijo Félix Antonio, aceptaron la nominación y otros la rechazaron.

Ello conduce al afianzamiento del dolo en el delito atribuido al procesado al validar la voluntariedad, así como el conocimiento de los hechos y de la prohibición.

Además, es preciso señalar que a través del proyecto político se pretendía que las autodefensas se consolidaran a dicho nivel a través del reconocimiento de interlocución, al margen que ello hubiera ocurrido efectivamente.

De manera que la conducta que se le atribuyó al suspendido Senador resultaría ser no sólo injusta y típica en toda su dimensión, sino también culpable.

Se enfatiza en que a través del mismo se vulneró, sin razón atendible alguna, el bien jurídico de la seguridad de la colectividad, y que encontrándose el procesado en posibilidad de obrar en consonancia con el marco jurídico optó por ejecutar el comportamiento delincuencial con conciencia plena de su tipicidad y antijuridicidad.

Por lo demás, la realidad social y política del departamento del Magdalena no resultaba indiferente al suspendido Senador Rapag Matar, quien en su condición de diputado a la Asamblea del Magdalena y como persona con un innegable y significativo arraigo económico en dicho ente territorial, directamente y por conducto de su esposa Rosario Martínez Morales y de los demás integrantes de su núcleo familiar(111). Además, jugó un papel activo en la creación de varios municipios, entre ellos, El Retén y Zona Bananera, el último de los cuales fue instituido a partir de la ordenanza 11 del 9 de agosto de 1999(112) y segregado de Ciénaga.

Así, la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en la posición distinguida del acusado en la sociedad por su cargo, situación económica y poder, guarda íntima relación con el delito de concierto para delinquir agravado.

4.3.1.6. Síntesis y consecuencia valorativa.

Lo que viene de considerarse conduce a precisar que para los comicios regionales del año 2003 en el departamento del Magdalena y los nacionales al Congreso de la República del 2006, el acusado, con el propósito de ser reelegido diputado y alcanzar una curul en la Cámara de Representantes, respectivamente, se incorporó a los proyectos políticos de los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona y del bloque Norte, al punto que bajo dicho esquema logró un importante apoyo electoral que le permitió promover, desde el punto de vista social, dichas estructuras paramilitares en las referidas posiciones de poder.

Así, las pruebas, legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación permiten sostener, con certeza, que el suspendido Senador Fuad Emilio Rapag Matar es responsable penalmente de haberse concertado para promover a las organizaciones paramilitares referidas, las cuales, se repite, tuvieron asiento en el departamento del Magdalena. Ese es el comportamiento que se le enrostró y por el que fue juzgado.

Además, debe señalarse que en el proceso jamás se sostuvo la existencia de delitos contra los mecanismos de participación democrática tales como el constreñimiento al sufragante. Se reitera, la comprobada presencia de una comunidad paramilitarizada, sometida y adoctrinada de manera previa, tornaba innecesario el despliegue de presión para que se articulara a los intereses de las estructuras de autodefensa.

Es preciso señalar que la potencialidad demostrativa de las pruebas torna irrelevante que varios ciudadanos, políticos y hasta presbíteros de la región indicaran en la instrucción y en el juzgamiento que no conocieron que el suspendido Senador se hubiera relacionado con personas pertenecientes a grupos armados ilegales.

Dichos testimonios, se encuentran relacionados con su proceder público y social y no con el entorno de marginalidad en el que se verificaron las relaciones por las que fue juzgado por la Corte.

Se reitera, en el presente evento imperioso se ofrece concluir que el suspendido Senador Fuad Emilio Rapag Matar, de manera consciente, voluntaria y conociendo las consecuencias de su comportamiento, se concertó con la finalidad de promover dos grupos armados al margen de la ley, en tanto, con su candidatura a la Asamblea del Magdalena y a la Cámara de Representantes, en ese orden, en los años 2003 y 2006, la permanencia al cargo regional y el ascenso al nacional, en ambos casos, mediante elección popular y su desempeño oficial en los períodos correspondientes, logró el posicionamiento del proyecto político de los frentes William Rivas y Resistencia Tayrona y del bloque Norte, conforme ha quedado demostrado en esta sentencia.

En este caso, el juicio de reproche no se estructuró por, simplemente, haber conversado con paramilitares de manera casual.

Así las cosas, se proferirá fallo de condena respecto de Fuad Emilio Rapag Matar como autor responsable de la conducta punible de concertarse para promover organizaciones armadas al margen de la ley, de que trata el artículo 340, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en la posición distinguida del acusado en la sociedad por su cargo, situación económica y poder.

5. Punibilidad y otras determinaciones derivadas de la condena.

El inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, norma aplicable a la posición jurídica del acusado, prevé una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con el propósito de especificar la sanción penal a imponer al acusado, deben tenerse en cuenta los parámetros señalados en el artículo 61 del Código Penal relacionado con la naturaleza y gravedad de la conducta, como categorías que expresan la antijuridicidad del comportamiento y la dimensión del injusto, necesarias en orden a brindar una respuesta proporcional a la agresión causada.

Además, consultando la misma cláusula legal, teniendo en cuenta que en la resolución de acusación se dedujo la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en la posición distinguida de Rapag Matar en la sociedad por su cargo, situación económica y poder, y que a favor del mencionado concurre la causal de menor punibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 55, relacionada con la carencia de antecedentes penales, la pena a imponer oscilará entre los parámetros de los noventa (90) meses, un (1) día a los ciento veintiséis (126) meses de prisión, que corresponden a los límites de los cuartos medios punitivos(113).

La Sala, ubicándose en el ámbito de movilidad referido y consultando la norma que viene de mencionarse (art. 61), estima que la pena a imponer será de ciento ocho (108) meses de prisión, monto que se compadece con la gravedad del comportamiento en concreto, no sólo por su expresión objetiva, sino también por la intensidad del dolo que se manifiesta en el hecho consistente en concertarse, de manera voluntaria, en la promoción de grupos armados que operan en la ilegalidad y, por ende, al margen de la institucionalidad.

En este punto, no se pierda de vista el daño generado por el comportamiento desplegado por el acusado, quien, defraudando en dos ocasiones el voto de confianza colectivo y, en consecuencia, la dignidad de su cargo de diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, optó por concertarse para promover grupos paramilitares.

Además, resulta incuestionable que la trascendencia y la connotación de la conducta descrita, así como la repercusión nacional e internacional de la misma, han generado un impacto desestabilizador al interior de las instituciones legítimamente constituidas, especialmente, en los departamentos y en el Congreso de la República. Por lo demás, tales factores se concretan en el desprestigio del sistema democrático nacional.

Por otro lado, es preciso señalar que el proceder al que se ha hecho referencia no sólo lesionó de manera efectiva el bien jurídico tutelado, cual es, la seguridad de la comunidad, sino también se puede sostener que contribuyó con el acrecentamiento del estado de violencia generalizado en el que se encuentra incursa nuestra sociedad y, por ende, al rezago general de tipo estructural en el que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional.

Finalmente, para la Sala, es indiscutible que el hecho consistente en que un diputado a la Asamblea del Magdalena, con gran influencia en los asuntos locales y regionales, y un reconocido empresario agroindustrial generador de empleo, llamara a un comandante paramilitar cada vez que visitaba su zona geográfica de influencia para requerir seguridad, comportó un indiscutible reconocimiento de la legitimidad del “estado de facto” al que se refirió Mangones Lugo y configuró el envío de un distorsionado mensaje al resto de la colectividad.

El cuadro es verdaderamente calamitoso, un célebre, reconocido y querido representante de la fidedigna institucionalidad del Estado y del poder económico regional exaltando y ennobleciendo una realidad delincuencial. Resáltese que no es equivalente, al no tener un impacto social siquiera cercano, que dicho ejercicio lo hubiera desplegado un ciudadano del común.

Todo lo que viene de referirse implica un mayor reproche y determina la imposición, en el ámbito de la discrecionalidad racional, de la pena privativa de la libertad referida.

En razón de dichas circunstancias y para preservar la igualdad punitiva, la multa que se impondrá al suspendido senador Rapag Matar corresponderá a diez mil setecientos cincuenta (10.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otro lado, en los términos del artículo 52 del Código Penal, la Sala le impondrá al acusado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo idéntico al de la pena principal.

Cambiando de óptica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal aplicable, no hay lugar a condena en perjuicios en razón de no haberse probado la causación de daños materiales y morales con el comportamiento que se le reprochó penalmente.

Finalmente, se advierte que no resulta procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni su sustitución por la prisión domiciliaria. En ambos casos por impedirlo un requisito objetivo. En el primero porque la ley sólo autoriza el mecanismo correspondiente frente a penas de prisión impuestas no superiores a 3 años y en el segundo porque sólo es viable la consideración de dicho reemplazo cuando la pena mínima prevista para el delito objeto de condena sea de 5 años o menos. Así lo prevén, en su orden, los artículos 63 (num. 1º) y 38 del Código Penal y resulta indiscutible que ninguna de esas condiciones se cumple en el evento analizado.

No obstante, al condenado se le abonará, como parte cumplida de su pena, el tiempo que lleva detenido en razón de este proceso, es decir, desde el 30 de agosto de 2011(114).

6. Asuntos finales.

6.1. Se recuerda que teniendo en cuenta que la extraña posición asumida por el testigo Arnover Carvajal Quintana en la audiencia de juzgamiento comporta falta de contribución con la verdad, la posibilidad de configuración de una infracción penal y hasta un trato descomedido con la justicia, dada su condición de postulado, se dispuso expedir sendas copias de las dos declaraciones rendidas por el citado durante la investigación previa(115) y la fase probatoria del juicio(116) (actas y archivos de audio y video), así como de esta providencia, con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías y a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el propósito que, en el escenario natural, se determine si el testigo mencionado incurrió en algún comportamiento relevante para el derecho penal y, en atención a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012, por cuyo medio se agregó el artículo 11 A a la Ley 975 de 2005, se estudie la posibilidad de exclusión del declarante del listado de postulados y, por ende, de los beneficios derivados del segundo de tales cuerpos normativos a través de la terminación del proceso penal especial de justicia y paz, respetivamente.

6.2. También se evoca que teniendo en cuenta el contenido de la intervención procesal de la testigo Ingrid Patricia Cuello Durán, la Sala expedirá copias de esta providencia y del primer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013, con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, con el propósito que se determine si la postura de la ciudadana mencionada tiene alguna relevancia para el derecho penal.

6.3. Recuérdese que José del Carmen Gélvez Albarracín, en el marco de sus sesiones de versión libre, señaló de manera inicial, sin vacilaciones y con detalle, que Rapag Matar, en su condición de diputado de la Asamblea del Magdalena, hizo parte del proyecto paramilitar dirigido a controlar las alcaldías y los concejos de los municipios de dicho ente territorial que se consolidó en el “Pacto de El Difícil” y, por ende, fue apoyado electoralmente por las autodefensas para su aspiración política regional del año 2003 comprometiéndose, a cambio, a encauzar recursos provenientes de la contratación pública en educación y salud en los lugares en los que tenía influencia sobre los candidatos a tales posiciones oficiales.

Además, recálquese que el mismo postulado añadió que en una ocasión se reunió con el acusado y con “Tijeras” en Santa Marta, incluso reconoció al actual Senador (suspendido), sin dubitación de ninguna índole, en una fotografía que se le puso de presente, como una persona próxima a los paramilitares desde el punto de vista político. Y, finalmente, prestó juramento para respaldar el señalamiento.

Con posterioridad, transcurridos varios meses, vale decir, en una sesión de versión libre posterior, Gélvez Albarracín trató de desvanecer la indicación pretextando que la consulta de una agenda, a manera de ayuda de memoria, le permitía dilucidar sus afirmaciones precedentes y señalar que Rapag Matar no tuvo nada que ver con el proyecto paramilitar. Además, lo propio ocurrió en la declaración rendida en esta actuación cuando se le interrogó sobre el particular.

Por lo anterior, se dispone expedir copias de las sesiones de versión libre referidas (registradas en un disco compacto fijado en una caja que registra el escudo de la Fiscalía General de la Nación), de la declaración rendida en esta actuación por el citado (acta oct. 8/2010 y tres archivos de audio correspondientes a igual número de sesiones) y, finalmente, de esta providencia, todo con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías y a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con el propósito que, en el escenario natural, se determine si el testigo mencionado incurrió en algún comportamiento relevante para el derecho penal y, en atención a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012, por cuyo medio se agregó el artículo 11 A a la Ley 975 de 2005, se estudie la posibilidad de exclusión del declarante del listado de postulados y, por ende, de los beneficios derivados del segundo de tales cuerpos normativos a través de la terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, respetivamente. Y,

6.4. Como una vez ejecutoriada la sentencia de única instancia, la Sala carece de competencia para lo relativo a la fase de ejecución de la pena, procedente se ofrece que, llegado ese momento, se remita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el proceso que concluyó con la imposición de la pena respecto del suspendido Senador Rapag Matar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar la nulidad planteada de manera implícita por el acusado y la defensa técnica, conforme a las consideraciones antecedentes.

2. Declarar penalmente responsable a Fuad Emilio Rapag Matar, de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, de que trata el artículo 340, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en la posición distinguida del mencionado en la sociedad por su cargo, situación económica y poder.

3. Condenar a Fuad Emilio Rapag Matar, a la pena de ciento ocho (108) meses de prisión y multa de diez mil setecientos cincuenta (10.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el momento de la comisión del hecho, a favor del tesoro nacional.

4. Imponer al condenado la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al señalado para la pena privativa de la libertad.

5. Declarar que no hay lugar a condena al pago de daños y perjuicios.

6. Precisar que la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria resultan procedentes. Se le abona sí, como parte cumplida de la sanción corporal, el tiempo que lleva detenido en razón de este proceso, esto es, desde el 30 de agosto de 2011.

7. Expedir las copias a las que se hizo referencia en el acápite “Asuntos finales”.

8. Ejecutoriada la presente decisión se le dará la publicidad que la ley establece (L. 600/2000, art. 472) y se remitirá la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Reparto que corresponda, para lo de su cargo.

9. Comunicar esta decisión al presidente del Senado de la República para lo que sea del caso.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(12) Cfr. sentencia del 24 de enero de 2007, radicado 22412.

(13) Cfr. sentencia del 14 de marzo de 2007, radicado 23780.

(14) Auto de casación del 12 de agosto de 2008, radicado 28520.

(15) Cfr. sentencias del 8 de noviembre de 2002, 25 de agosto de 2004 y 14 de noviembre de 2007, radicados 14243, 21313 y 24637, respectivamente.

(16) Sentencia del 26 de enero de 2009, radicado 30756.

(17) 12:00 y siguientes del primer archivo de audio.

(18) 15:00 y siguientes, ibídem.

(19) 16:00 y siguientes, ibídem.

(20) 24:30 y siguientes, ibídem.

(21) 32:33 y siguientes, ibídem.

(22) Folio 224, cuaderno original 1.

(23) Folio 232, ibídem.

(24) Folio 245, ibídem.

(25) Folios 85 y 86, ibídem.

(26) Folio 94, ibídem.

(27) Folios 22, 23 y 24, cuaderno original 3.

(28) Archivos de video 1 y 3 del disco correspondiente a la sesión de audiencia de juzgamiento del 28 de enero de 2013.

(29) Ver providencia del 14 de mayo de 2007, radicado 26942.

(30) Sentencia del 17 de agosto de 2010, radicado 26585.

(31) Trasladada a esta actuación.

(32) Zúñiga, Priscila, “Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena”, en Romero, Mauricio (Editor), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Corporación Nuevo Arco Iris - Cerec - ASDI, Bogotá, 2007, págs. 293-294.

(33) Folio 154 y siguientes, cuaderno original 1.

(34) Primer archivo de la declaración rendida el 21 de mayo de 2010 en la ciudad de Barranquilla.

(35) En el radicado 26470 y trasladada a la presente actuación.

(36) Folios 214 (envés) a 215, cuaderno original 7.

(37) Folios 198 a 239, ibídem.

(38) Disco compacto correspondiente.

(39) 7:40 y siguientes y 18:50 y siguientes.

(40) 20:20 y siguientes.

(41) Folio 149 y siguientes, cuaderno original 2.

(42) Folios 54 al 144, ibídem, allegados por el Cuerpo Técnico de Investigación —CTI— de la Fiscalía General de la Nación mediante informe 0399 del 14 de noviembre de 2010.

(43) El 25 de abril de 2007.

(44) Folios 70 a 177, cuaderno original 3.

(45) Cuarto archivo de video del disco correspondiente.

(46) 31 de mayo de 2010.

(47) 28 de enero de 2013.

(48) Declaración del 14 de marzo de 2012.

(49) Informe 00146 del 17 de junio de 2010.

(50) Folios 259 y siguientes, cuaderno original 5.

(51) Folios 240 a 246, cuaderno original 7.

(52) Folios 186 y 187, ibídem.

(53) Sentencia del 14 de diciembre de 2009 proferida respecto de Gonzalo García Angarita, radicado 27941.

(54) Primer archivo de la declaración rendida el 21 de mayo de 2010 en la ciudad de Barranquilla.

(55) Fecha en que fue capturado.

(56) Desde niño.

(57) El cual fue incinerado.

(58) Según lo consignado en el certificado de tradición y libertad de la finca aludida visible a folios 188 y 189, cuaderno original 1.

(59) Informe 00146 del 17 de junio de 2010 obrante a folios 154 y siguientes, ibídem.

(60) 01:02:06 y siguientes del archivo de video número 2 de la sesión de audiencia de juzgamiento del 18 de marzo de 2013.

(61) En ampliación de declaración del 28 de febrero de 2012 aclaró que en el contexto marginal en el que se involucró siempre fue conocido con dicho remoquete (“Nicolás”) y no con el de “Careniño”.

(62) 05:11 y siguientes del tercer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(63) Fue condenado el 18 de abril de 2008 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta a una pena de cuarenta años de prisión por los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo, y heterogéneo con los de concierto para delinquir agravado por la conformación de organizaciones armadas al margen de la ley, lavado de activos y falsedad material en documento público (fls. 70 a 177, cdno. original 3).

(64) Folio 149 y siguientes, cuaderno original 2.

(65) Folio 16, cuaderno original 1.

(66) Folios 207 y siguientes, cuaderno original 2 y disco correspondiente.

(67) Ver sentencias de casación del 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 de diciembre del 2000, radicación 13119; 8 de julio y 17 de septiembre de 2003, radicaciones 18025 y 14905, respectivamente; 28 de abril de 2004, radicación 22122; 17 de septiembre y 27 de octubre de 2008, radicaciones 28541 y 26416, respectivamente; entre otras.

(68) Sentencias del 5 de mayo, 17 de agosto y 15 de septiembre, todas de 2010, proferidas, en su orden, en los radicados 32712, 26585 y 28835.

(69) Folios 207 y siguientes, cuaderno original 2 y disco correspondiente.

(70) Minuto 30:40 y siguientes del segundo archivo.

(71) Minuto 1:38:54 y siguientes del tercer archivo de la sesión de audiencia de juzgamiento del 21 de enero de 2013.

(72) 1:04:39 y siguientes del segundo archivo de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(73) Folio 29, cuaderno original 1.

(74) Folios 24 y 25, ibídem.

(75) Informe 0175 del 15 de noviembre de 2011 visible a folios 34 a 37, junto con sus anexos.

(76) Declaración del 7 de octubre de 2010.

(77) Confrontar el disco correspondiente.

(78) Declaración del 7 de octubre de 2011, 31:13 y siguientes.

(79) Declaración del 14 de marzo de 2012, 28:26 y siguientes.

(80) Ampliación de declaración del 30 de septiembre de 2011.

(81) Folios 172 y 191, cuaderno original 1.

(82) Ésta, como se sabe, se produjo el 23 de julio de 2005.

(83) Folios 208 y siguientes, ibídem.

(84) Tal como lo refirió el mismo Diazlara Manjarrés.

(85) 01:02:06 y siguientes del archivo de video número 2 de la sesión de audiencia de juzgamiento del 18 de marzo de 2013.

(86) En ampliación de declaración del 28 de febrero de 2012 aclaró que en el contexto marginal en el que se involucró siempre fue conocido con dicho remoquete (“Nicolás”) y no con el de “Careniño”.

(87) 05:11 y siguientes del tercer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(88) Folio 17, cuaderno original 1.

(89) 1:13:00 y siguientes del segundo archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(90) 45: 57 a 55:36 del segundo archivo de audio.

(91) 56:17 y siguientes del tercer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(92) 35:00 y siguientes del segundo archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 28 de enero de 2013.

(93) 1:13:00 y siguientes del tercer archivo de video de la sesión de audiencia de juzgamiento del 22 de enero de 2013.

(94) Folios 208 a 224, cuaderno original 5.

(95) Con fijación fotográfica.

(96) Folios 166 y 167, 190 y 210, cuaderno original 1.

(97) 1:04:50 del primer archivo de la ampliación de indagatoria.

(98) Folio 103, cuaderno original 4.

(99) Declaración del 14 de marzo de 2012.

(100) Folio 171, ibídem.

(101) Primer archivo de audio de la declaración del 13 de octubre de 2010.

(102) Folios 191 a 193, cuaderno original 1.

(103) Folio 44, ibídem.

(104) Folio 103, cuaderno original 4.

(105) Segundo archivo de audio de la declaración del 13 de octubre de 2010.

(106) Auto del 14 de marzo de 2012 visible a folios 39 y 40, cuaderno original 6.

(107) Folio 53, ibídem.

(108) Folio 55, ibídem.

(109) Folio 53, cuaderno original 8.

(110) Folios 57 y 58, ibídem.

(111) Confrontar documentos reproducidos en la inspección al proceso de pérdida de investidura que se adelantó contra el procesado (visible a fls. 200 y ss., cdno. original 3).

(112) Folios 142 a 300, cuaderno original 4 y 1 a 33, cuaderno original 5.

(113) El rango general punitivo se divide en cuartos: Primer cuarto: Prisión entre 72 y 90 meses. Multa de 2.000 a 6.500 SMLMV. Segundo cuarto: Prisión entre 90 meses, 1 día y 108 meses. Multa de 6.500 a 10.750 SMLMV. Tercer cuarto: Entre 108 meses, 1 día y 126 meses. Multa de 10.750 a 15.000 SMLMV. Y, último cuarto: Entre 126 meses, 1 día y 144 meses. Multa de 15.000 a 20.000 SMLMV.

(114) Folio 267 y siguientes, cuaderno original 2.

(115) 31 de mayo de 2010.

(116) 28 de enero de 2013.