Sentencia 31273 de marzo 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 73

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De la motivación

Previo al análisis del caso concreto, estima necesario la Sala delimitar el tópico de motivación de las providencias judiciales y, en especial, de las sentencias penales, pues, en Colombia existe una arraigada tradición en la materia, fruto de lo que sobre el particular han consagrado no sólo los códigos, sino la Carta Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Ello, no huelga resaltar, porque la adecuada sustentación de las decisiones judiciales representa en nuestro país no sólo un bastión insustituible del debido proceso, sino garantía específica de los derechos de defensa y contradicción, para no hablar de la correcta identificación del tema con el principio democrático, pues, la legitimidad entregada al funcionario judicial, en cuanto ajeno a la elección popular, viene dada precisamente por la manera en que expone su apego, en lo resuelto, a las normas expedidas por el legislador.

Una tan diametral afirmación deriva de la misma consagración constitucional, pues, cuando el artículo 29 de la carta Política determina como garantías esenciales del procesado, el debido proceso y derecho de defensa, incluye en su texto la necesidad de que el principio de presunción de inocencia se preserve “mientras no se haya declarado judicialmente culpable” a la persona, quien, además, tiene derecho a “impugnar la sentencia condenatoria”.

Se entiende, entonces, que ese debido proceso y el anejo derecho de defensa, materializado en el de contradicción, implican necesario que la providencia judicial que declara judicialmente culpable a la persona, contenga los elementos fácticos, probatorios y jurídicos en la que se basa la condena, para que así, además, se cumpla con el principio de publicidad.

Solo si el procesado, y en general las partes e intervinientes, conocen la s razones de la decisión, pueden adelantar efectiva su posibilidad de controversia, sin dejar de lado que esas razones son la s que convierten el legítima la sentencia.

Por lo demás, si el artículo 230 de la Constitución Política colombiana, establece que “Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”, menester se hace que esos funcionarios expliquen en sus decisiones cómo llegaron a la conclusión, para que así se advierta el cumplimiento o no del precepto constitucional.

En seguimiento de lo anotado, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, consagra.

“Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en le proceso por los sujetos procesales.

La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”.

La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que lo respaldan que los magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”.

En seguimiento de las pautas arriba reseñadas, expresamente los códigos de procedimiento vigentes –Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, establecen criterios concretos de motivación de las sentencias.

Al efecto, el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, estatuye:

Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:

1. Un resumen de los hechos investigados.

2. La identidad e individualización del procesado.

3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

4. El análisis de los de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.

5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.

6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios, en los eventos que proceda.

7. Las condenas a las penas principal o sustitutiva y accesorias que correspondan, o la absolución.

8. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar.

9. Si fueren procedentes, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

10. Los recursos que proceden contra ella.

La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley””.

Por su parte, de manera más genérica el artículo 162 de la Ley 906 de 2004, establece:

“Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir los siguientes requisitos.

1. Mención de la autoridad judicial que los profiere.

2. Lugar, día y hora.

3. Identificación del número de radicación de la actuación.

4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

5. Decisión adoptada.

6. Si hubiere división de criterios la expresión de los motivos del disenso.

7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo.”

Ahora bien, amplio ha sido el aporte jurisprudencial que tanto la Corte Constitucional como la Suprema, han efectuado respecto del deber de motivación, su naturaleza y efectos.

Específicamente, al realizar el análisis previo de exequibilidad de la Ley Estatutaria de Justicia, abordando el artículo 55, la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, estableció:

“De acuerdo con los argumentos expuestos al analizar los principios que informan el proyecto de ley estatutaria, no cabe duda que la más trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideración (C.P., art. 228.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposición que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma diáfana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto.

Ahora bien, la norma bajo examen establece que la parte resolutiva de todas las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”. Al respecto, debe señalarse -en primer lugar- que, para la Corte, se trata de un asunto que puede ser definido en una ley estatutaria de administración de justicia y que en nada vulnera los preceptos constitucionales.

En segundo lugar, nótese que la frase en comento resulta aplicable a todas las sentencias que profieran los despachos y corporaciones del país. Así, administrar justicia en nombre de la República significa, en su sentido clásico, que se está realizando una tarea en representación de la cosa pública —res publica—, es decir de aquello que le es común a todo el pueblo. Como lo señala Cicerón, hay cosas que se le deben al pueblo por naturaleza o por convención; dentro de las primeras se encuentran los asuntos públicos y dentro de estos se halla la justicia. Así, ésta se constituye en un principio máximo de la república, que debe ser siempre dirigido hacia el pueblo, aunque en el momento de satisfacer el derecho se concrete en cada persona singular y concreta. En consecuencia, si la justicia se constituye en un fin que le pertenece al pueblo, entonces la administración de la misma también habrá de ser suya. Por ello, la frase en mención no sólo implica que se está ejerciendo una labor en representación de todos los asociados sino también en virtud de un mandato que ellos han establecido.

De igual forma, al referirse la expresión a la autoridad de la ley, es necesario entender ese término en su acepción más amplia o genérica, es decir, como aquél precepto dictado por una autoridad competente, a través del cual se manda, se permite o se prohíbe algo, de conformidad con la justicia, el interés general y el bienestar común. Sin embargo, la Corte advierte expresamente que la fórmula “en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución”, contenida en el artículo 20 del Decreto 2067 de 1991, que determina el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional (C.N., art. trans. 23), no puede ser modificada por lo dispuesto en el artículo 55 del proyecto de ley que se examina, por ser una norma procesal especial para la Corte Constitucional.”

A su turno, la Sala, reseñó en ocasión anterior, respecto del recurso de apelación y el fundamento de respuesta de la segunda instancia(1):

“El proceso penal, en esencia, es un escenario de controversia. A través de él el Estado ejercita su derecho de investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Esa actividad, sin embargo, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria. La ley establece las reglas de su adelantamiento y a ellas debe sujetarse la actividad del fiscal, del juez y de las partes. Es la manera de ordenar el debate procesal, el cual, adicionalmente, debe encontrarse permanentemente ceñido a los principios impuestos por la Constitución Nacional, como condición de validez de los actos del proceso. El derecho del sindicado a la defensa durante toda la actuación judicial y como expresiones de éste los de contradicción e impugnación, hacen parte de esas garantías, que de no cumplirse tornan el proceso en inconstitucional, debiendo acudirse al mecanismo jurídico de la nulidad como forma de saneamiento de la conculcación.

La Constitución Política, aunque le permitió excepcionar al legislador, consagró en el artículo 31 el principio de la doble instancia frente a las sentencias judiciales, bien por vía de apelación o de consulta. El artículo 29, por su parte, estableció como derecho fundamental procesal del sindicado el de impugnar la sentencia condenatoria, el cual naturalmente opera, salvo las excepciones legales (procesos de única instancia), frente a los fallos que por disposición de la ley deban consultarse. La posibilidad de acceso a la segunda instancia, sin embargo, está condicionada por la ley. El recurso, en primer lugar, debe ser interpuesto oportunamente y, en segundo, ser sustentado por escrito ante la primera instancia o en forma oral ante el superior jerárquico.

La fundamentación de la apelación, por el aspecto indicado, es ya un acto trascendental. No le basta al recurrente afirmar una inconformidad general frente a la providencia que recurre, sino que le es imperativo concretar aquello de lo que disiente presentando los argumentos de hecho y de derecho que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada. Sustentar indebidamente, en consecuencia, es como no hacerlo, y la consecuencia de la omisión es que el recurso se declara desierto.

Es claro, entonces, de acuerdo a lo anterior, que la sustentación de la apelación es una carga del impugnante, que se constituye en un acto condición para acceder a la segunda instancia. Pero cumplido el requisito, dicha fundamentación —en tanto identifica la pretensión del recurrente— adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos impugnados, de acuerdo a como lo dispone el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal.  La sustentación, en otras palabras, fija el radio de acción del funcionario de segunda instancia y es limitativa de su actividad.

Si los fundamentos de la impugnación establecen el objeto de pronunciamiento del funcionario de segundo grado y ellos están referidos a discutir los términos y conclusiones de la decisión de primera instancia, es clara la relación de necesidad existente entre la providencia impugnada, la sustentación de la apelación y la decisión del juez de segunda instancia. Providencia impugnada y recurso, entonces, forman una tensión, que es la que debe resolver el superior. Se trata de una de las manifestaciones más decantadas del principio de contradicción o controversia que rige el proceso penal y que explica el deber legal que tiene el juez de integrar a la estructura del fallo el resumen de los alegatos presentados por las partes y el de analizarlos, de acuerdo a como se encuentra previsto en los numerales 3º y 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal.

Si el derecho de contradicción hace parte del derecho de defensa y los dos son elementos que estructuran la garantía del debido proceso constitucional, no oír a las partes constituye una irregularidad insubsanable, un acto de despotismo jurisdiccional que socava la esencia controversial del proceso penal y que por lo mismo no se puede tolerar.

Si el sujeto procesal tiene la carga de sustentar, se logra el equilibrio con la imposición al Estado de escucharlo, analizar lo que dice y ofrecerle una respuesta motivada. La técnica de la casación, por otro lado, no se explica sino en concordancia con estas exigencias. Una sentencia inmotivada dificulta hasta hacer imposible, la crítica clara y la impugnación precisa de sus premisas o sus conclusiones. Los falladores deben comprometerse con el contenido del proceso para que sus análisis puedan luego ser debatidos en el recurso extraordinario dado que este demanda atacar sus fundamentos y demostrar la inconsistencia de los juicios de valor allí formulados.

Más recientemente, ha significado la Corte(2):

“… Consecuente con el Estado democrático y social de derecho, a efectos de controlar la arbitrariedad judicial, se ha instituido el derecho a la motivación de la sentencia como una garantía que tiene el procesado, y que constituye un componente del derecho fundamental al debido proceso y de defensa.

… El principio de motivación de las decisiones judiciales desempeña una doble función: (i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional(3).

… El derecho de motivación de la sentencia se constituye en un principio de justicia que existe como garantía fundamental derivada de los postulados del Estado de derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser racional y controlable (principio de transparencia), asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio de legalidad.

… Para el cabal ejercicio del derecho de contradicción, se demanda del funcionario judicial la motivación de sus decisiones para conocer debidamente sus argumentos que le sirven de sustento y así poder con mejor facilidad emprender la tarea de su contradicción bien sea controvirtiendo la prueba que le sirvió de soporte, allegando nuevos elementos de juicio que le desvirtúen o, en últimas, impugnando la providencia correspondiente.

… las decisiones que tome el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro del proceso —v.gr. una sentencia—, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, en efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que reconocen la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, el principio de contradicción o el de impugnación —todos reconocidos por el art. 29 Const. Pol.—, ha de ser precisamente la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada determinación, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial(4).

… Esta garantía fue prevista en una norma positiva expresa en nuestro ordenamiento constitucional anterior(5), ahora el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, impone al juez el deber de hacer referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por los sujetos procesales, al igual que lo hacen los artículos 3º de la Ley 600 de 2000 que en cuanto a sus normas rectoras establece que el funcionario judicial “deberá motivar” las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales, y 170 y 171, pues la providencia judicial no puede ser una simple sumatoria arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la comunidad y hacia los sujetos procesales.

Configura uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y social de derecho, al garantizar que una persona investida de autoridad pública y con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre las personas en general, en virtud de los cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, consagrado por el ordenamiento jurídico vigente(6), de manera que puede que sea concebida desde este enfoque como la contrapartida del derecho constitucional del libre acceso a la jurisdicción efectiva en virtud del cual todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial material que concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes (C.N., art. 230), presentando desde luego pretensiones legítimas pues no resulta suficiente la posibilidad formal de llegar ante los jueces con la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, porque su esencia reside en la certeza que en los estrados judiciales se surtirán los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión(7).

Una sana argumentación es la explicación de las razones que conducen a adoptar una determinación y permite el control de la legalidad de la principal manifestación del poder judicial propio de todo Estado democrático. Así se somete la providencia al escrutinio de los sujetos procesales y de la sociedad pues si bien el pronunciamiento jurisdiccional tiene un efecto inter-partes, también concita el interés general, amén del fin pedagógico que demuestra y persuade que se trata esa de la mejor solución posible, no la expresión cruda del ejercicio de una competencia sino el caro fruto de la lógica y la razón. Desde otra perspectiva, la respuesta judicial genera un elemento de estudio y doctrina para casos similares, creando jurisprudencia y una fuente de derecho.

La sentencia judicial es un acto de comunicación del Estado con la sociedad, en ella se da cuenta de cómo se ejerce la autoridad en su nombre, no se trata de sojuzgar o subordinar al ciudadano por la sola investidura que la sociedad ha prestado a órganos accidentales de una misión trascendental para la sociedad. La majestad de la justicia supone un ejercicio magisterial que demanda una preocupación permanente por comunicarse con el individuo, por mostrarse racional y coherente en la decisión, cuando esta no es comprendida por el destinatario, el epílogo del proceso arroja un saldo de agresión y no el plus pedagógico necesario para legitimar la función ejercida(8).

… Es decir, como lo afirma Osvaldo Alfredo Gozaíni,

“… el contenido de la motivación no es otro que resolver con razones que se justifiquen sin esfuerzo dialéctico. Debe existir una ponderación jurídica que acompañe el proceso lógico de aplicación normativa, con el sentimiento implícito de hacer justicia que ésta sea perceptible a quien se dirige y, en dimensión, a toda la sociedad.

Dicho en otros términos, como lo hace Farell: la circunstancia de que los jueces deban juzgar de acuerdo con razones excluye también la posibilidad de que ellos decidan con base en la simple expresión de sus preferencias. Los jueces emiten juicios basados en razones, y tratan de alcanzar una “verdad”, entendida en este caso como una buena interpretación del derecho vigente.”

… En torno a la ponderación del aspecto fáctico y su incidencia en la aplicación del derecho como factores trascendentes de la motivación de la sentencia,

“debe recordarse que a la fijación del aspecto fáctico se llega a través de la elaboración de juicios de validez y de apreciación de los medios de convicción, orientados éstos últimos por las normas de la experiencia, de la ciencia o de la lógica, o de las reglas que les asignan o niegan un determinado valor. El mandato constitucional impone que la fundamentación de la sentencia debe comprender el correspondiente juicio sobre los elementos probatorios y que el mismo sea expreso y asertivo y no hipotético, toda vez que si el fallo no es explícito o determinante sino que se manifiesta de manera imprecisa, remisa o contradictoria, o se limita a enunciar las pruebas, omitiendo su debida evaluación y discusión y, por ende, el debido mérito persuasivo o conclusivo, necesariamente el acto jurisdiccional es defectuoso en cuanto no es posible su contradicción por parte de los sujetos procesales.

Precisados los hechos prosiguen las consecuencias jurídicas, escenario en el que igualmente la fundamentación se constituye en una exigencia de orden constitucional, pues al juez se le impone el deber de expresar sin ambigüedad tanto los argumentos jurídicos de sus conclusiones como la obligación de responder de manera clara, expresa y suficiente los planteamientos presentados por los sujetos procesales.

Por consiguiente,

“una propuesta de nulidad en casación por falta de motivación de la sentencia debe encontrarse vinculada a la insuficiente o nula fundamentación del supuesto fáctico que concluyó probado el juez o de su encuadramiento jurídico, que son los aspectos que estructuran la sustancialidad de la sentencia”(9)(10)(11)”.

Sobran mayores precisiones para advertir el carácter basilar que en un Estado democrático de derecho comporta el deber de motivar las sentencias, pues, ello no sólo traduce un amplio catálogo de principios caros a la sistemática penal, sino que faculta la materialización de otros inherentes la persona.

En consecuencia, si de verdad se demuestra que la decisión judicial carece de mínimos ponderables de motivación, apenas puede concluirse en su ilegitimidad y, por ende, la necesidad de restablecer principios y derechos conculcados con la omisión a través del remedio máximo de la nulidad, pues, no existe otra manera más adecuada de restañar tantos cuantos daños se producen.

El caso concreto

Desde un comienzo debe significar la Corte que, en efecto, como lo postula el Ministerio Público en su concepto, aunque las sentencias de primero y segundo grados no constituyen un paradigma de fundamentación amplia, cuando menos abordan los aspectos cruciales del delito, la responsabilidad del procesado y las argumentaciones de ausencia de responsabilidad planteadas por la defensa, ya en curso de la audiencia de juzgamiento, ora en el escrito impugnatorio de la sentencia condenatoria de primera instancia.

Precisamente, en adecuado desarrollo de la jurisprudencia traída a colación por el casacionista en su demanda, es posible afincar la tesis contraria a su querer, advirtiendo limitadas pero no insuficientes las providencias atacadas.

En concreto, esto dice la jurisprudencia en cuestión(12).

“De manera reiterada, ha dicho la Sala que los defectos de motivación de la sentencia, con efectos invalidantes, pueden consistir en:

i) Ausencia absoluta de motivación, que se presenta cuando no se precisan los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan el fallo.

ii) Motivación incompleta o deficiente, que ocurre cuando la precaria sustentación impide saber cuál es el sustento de la decisión o no analiza sus fundamentos fácticos o jurídicos.

iii) Motivación equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente, cuando la providencia contiene conceptos o argumentos que se excluyen entre sí, de manera que finalmente se ignora el sentido de la motivación, o cuando las razones expuestas en la parte motiva no explican la decisión contenida en la resolutiva.

iv) Motivación sofística, aparente o falsa, cuando no está respaldada en la verdad probada en el proceso.

El recurrente radicó su crítica en el segundo de los defectos de motivación arriba reseñados, vale decir, la insuficiente o incompleta fundamentación del fallo, a cuyo cargo no se conoce el sustento de la decisión o se verifica que no fueron analizados los fundamentos fácticos o jurídicos.

Empero, a pesar de que la crítica se dirige a ambas sentencias, de primero y segundo grados, una severa revisión de su contenido permite advertir, en el primer caso, que el juzgado municipal abordó todos los factores necesarios para construir la condena, sin que sea posible señalar que se desconocen las razones de esa decisión u omitió entronizar los correspondientes razonamientos fácticos y jurídicos; y en el segundo, que el Juzgado del Circuito, aunque no de manera prolija, respondió en lo sustancial a la crítica presentada por el defensor del procesado y el representante del Ministerio Público.

Así, en el fallo de primer grado se lee, luego de los correspondientes acápites formales que resumen los hechos, la intervención de las partes y el contenido de la resolución de acusación, una concreta definición de cuál ha de ser el conocimiento para emitir sentencia de condena, abordándose lo dicho, dentro del amplio plexo testimonial, por José Gustavo Mosquera, a quien se dio entera credibilidad y por cuyo medio se tomó noticia de lo ocurrido antes, durante y después del lesionamiento del afectado.

Ese testimonio, rendido precisamente por la persona a la que dice el acusado buscó proteger cuando lesionó al afectado, sumado a lo dicho por el mismo procesado, quien aceptó haber lanzado un puño en contra de la humanidad del que estimó injusto agresor de su amigo, constituyeron el haz probatorio a partir del cual se reconstruyó el apartado fáctico soporte de la sentencia.

Pero, además, se relacionó lo expresado por José Javier Montoya, Edgar Pardo Rodríguez, Silvia Jannet Toloza Sastoque, Gladys Rojas Triana y Carlos Alberto Otálora, en aras de significar corroborado que, en efecto, el ofendido hizo objeto, previo a los hechos, de trato degradante a José Gustavo Mosquera, radicando allí el origen de lo que después se materializó cuando, pretendiendo continuar el vejamen Jaime Gracia Vargas, intervino el acusado para hacerlo cesar.

Y, junto con lo anotado, se aludió al dictamen médico legal y sus efectos, determinándose en 35 días la incapacidad, a más de secuela permanente por perturbación funcional del órgano de la visión.

Ahora, como se planteó por la representación legal del procesado la posibilidad de que éste actuase en legítima defensa, a ello respondió el despacho de primer grado, del siguiente tenor:

“Respecto de la legítima defensa solicitada por el defensor del procesado, esta en el caso bajo examen no tiene asidero jurídico, puesto que no existió un ataque que pareciera poner en riesgo la vida del doctor Gustavo Mosquera, simplemente se trataba de una provocación de parte del señor Gracia, entendiendo así que el implicado se anticipó a los hechos reaccionando de manera inapropiada”.

Es cierto que el fallador no trajo a colación profusas disertaciones respecto de la causal de ausencia de responsabilidad advertida por la defensa, ni se ocupó a despacio del tema de la antijuridicidad.

Pero ello no verifica que la decisión deba asumirse inmotivada o no contemple las razones para rechazar la postulación defensiva. Mucho menos, si se tiene claro que ese rechazo se funda en un aspecto eminentemente fáctico y no en hondas disquisiciones jurídicas.

Vale decir, cuando de entrada el sentenciador, independientemente de la crítica que a su soporte probatorio pueda hacerse, asevera que no había motivo para defender al tercero, dado que lo ejecutado por el ofendido apenas representó una provocación que no se encaminaba a afectar su vida, desde luego que está verificando una postura concreta y suficiente respecto del tópico de legítima defensa planteado.

En registro de lo argumentado, más adelante el a quo, al momento de abordar específicamente el tema de antijuridicidad, significó que el actuar del acusado “…no se encuentra amparado por ninguna causal de justificación”.

Ahora, no puede tener buena fortuna la pretensión del demandante, basada en la presunta inmotivación de los fallos emitidos por las instancias, cuando para el efecto reitera lo recogido probatoriamente e intenta ofrecer una muy particular interpretación de sus alcances en torno de la alegada legítima defensa, haciendo radicar el yerro, no en la ausencia de motivación, sino en que los juzgadores concluyeron de manera diferente a como él lo hace.

Esa argumentación podría verificar algún tipo de violación indirecta de la ley (por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio), pero para el efecto era menester demostrar que efectivamente el fallador incurrió en tales desatinos.

Lejos de ello, debe advertirlo la Sala, la auscultación de lo referido por las instancias en sus fallos, los elementos fácticos tomados en consideración y las pruebas que los soportan, permite concluir que lejos de analizarlos fragmentariamente o desconocer los medios suasorios presentados por la defensa, los jueces de primero y segundo grados se basaron precisamente en esos elementos de juicio para de allí extractar la definición del delito y consecuente responsabilidad penal atribuible al procesado.

Es por ello que la crítica enfilada por el recurrente bajo el supuesto de que se obvió tomar en cuenta por los testigos de descargos, asoma gratuita.

En efecto, arriba se hizo un recuento detallado de lo argumentado por la primera instancia para fundamentar la condena, y claro se aprecia que los hechos fueron soportados en lo dicho por los allegados al procesado y éste mismo en sus diligencias injuradas.

Asunto distinto es que a partir de esas manifestaciones la instancia construya unos hechos, no tanto diferentes a los que estimó ocurrir el casacionista, sino con efectos ajenos a la pretensión de que se tome en cuenta la causal de ausencia de responsabilidad de legítima defensa.

De otra parte, aunque se verifica que las argumentaciones de los apelantes operaron profusas en alusiones probatorias y jurídicas, ello no significa que de igual tenor deba emerger la respuesta de la segunda instancia, en tanto, debe precisarse, en tratándose de una sentencia que confirma integralmente lo dicho por el a quo, resulta innecesario que deban repetirse, cuando se comparten, los fundamentos de la primera instancia, operando ambas sentencias como complementarias.

Y, si a pesar de su parquedad, la decisión responde el objeto central de los cuestionamientos, de ninguna manera puede decirse que es inmotivada o no deja conocer las razones por las cuales se desatienden las solicitudes del censor.

La Sala observa que lo sustentado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mitú, obedece a una sucinta pero suficiente definición de los problemas centrales presentados por los impugnantes, básicamente dirigidos a cuestionar la valoración probatoria efectuada por el a quo, que condujo a desestimar la tesis de legítima defensa.

El ad quem, entonces, partió por hacer un amplio resumen de los motivos de inconformidad de la defensa y el Ministerio Público, para después asumir demostrado, a partir de la prueba engastada en el informativo, que efectivamente el procesado agredió a la víctima.

Así describe lo probado el juzgado de segundo grado:

“De la abundante prueba testimonial recaudada dentro del plenario se puede concluir que el día sábado doce (12) de octubre de dos mil dos (2002), en la celebración de las Fiestas de ésta localidad, cuando se encontraban departiendo y conversando en una de las casetas coloniales, los señores José Gustavo Mosquera Sánchez y el aquí denunciante Jaime Garcia Vargas, se acercaron unos indígenas a pintarles la cara con “carayuru”, mientras pintaban el rostro del Dr. Mosquera, el señor Gracia le apagó un cigarrillo en la cabeza, procediendo el primero de ellos a tratarlo de “gamín”, a raíz de esa chanza tan pesada y salió de la caseta Cabuca, para evitar inconvenientes, quedando el asunto así, es decir, no hubo ningún tipo de bronca o altercado por este incidente.

“Ese acontecimiento se lo comentó el Dr. Mosquera a sus amigos y acompañantes esa noche, incluido su pariente Jaramillo Hurtado, procesado dentro de esta causa; como a las nueve u ocho de la noche, cuando se encontraban dando una vuelta por el parque principal de esta ciudad, se cruzaron nuevamente con el señor Gracia, al verlo le dieron la espalda y este sin mediar palabra alguna, procedió a tomar por la espalda a José Gustavo y teniendo como precedente el impase (sic) sucedido entre estos dos en la colonia “Cabuca”, Luis Fernando procedió a atestarle un golpe al aquí denunciante, tratando de separar a Jaime de su amigo y cuñado, cayendo Gracia Vargas al piso, quien al parecer había ingerido licor esa misma noche, presentándose una riña entre los allí presentes, interviniendo la policía para separar a los intervinientes en la rencilla. Por su parte el médico detuvo a su cuñado, separándolo del grupo, llevándoselo, para que no pasara a mayores; Gracia Vargas se fue a dormir; como a eso de las dos de la madrugada del día siguiente al insuceso, según la dicción rendida ante el instructor por el señor Héctor Valencia Román (fl. 271, cdno. original 1), se lo encontró a media cuadra de la casa del Dr. Mosquera, en el barrio la unión, señaló que Gracia se hallaba acompañado por unos indígenas, en alto grado de alicoramiento y portando un arma de fuego la cual se la puso en su estómago”.

Esa transcripción se hace necesaria para advertir cómo carece de legitimidad o interés lo sustancial del alegato del casacionista, pues, fundado éste en que el fallador de segundo grado eludió realizar razonamiento probatorios y, en particular, tomar en consideración lo dicho en la prueba de descargos, pasa por alto que esos hechos, tal cual se narran en precedencia, consultan precisamente lo que fácticamente estima haber sucedido la defensa, con respaldo en lo declarado por los acompañantes del acusado.

Así las cosas, carece de sentido que el recurrente atribuya a los juzgadores no señalar específicamente que lo demostrado se basa en los testimonios de cargos o descargos, cuando evidente aparece, se reitera, que esa delimitación fáctica fue compuesta tal cual lo dijeron los acompañantes del procesado.

Es diferente, desde luego, que a los hechos en cuestión el ad quem les otorgue una significación jurídica distinta a la que quiere el impugnante, específicamente, en lo que atiende a la configuración o no de la causal de ausencia de responsabilidad de legítima defensa, tópico que en esencia es el discutido por el casacionista.

Respecto del elemento subjetivo del punible, el ad quem recalcó en lo dicho durante sus varias injuradas por el procesado, transcribiendo aspectos puntuales, para derivar de allí que, en efecto, el acusado reconoció haber golpeado al afectado, buscando separarlo de su cuñado.

Y, sobre el tema central de impugnación, la legítima defensa, esto precisó el Juzgado Promiscuo del Circuito:

“Veamos entonces si es aplicable lo solicitado por los apelantes en el sentido de dar aplicación al numeral sexto del artículo 32 de la obra subjetiva penal, el cual señala: “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión…”, en el subjúdice, aunque con el actuar del señor Gracia, cuando sujetaba al médico Mosquera por la espalda, el señor Jaramillo, salió en defensa de un derecho ajeno, sintiéndolo como propio al ver que el bien jurídico, como lo era el de la integridad física de su cuñado, estaba siendo vulnerado en manos de Jaime, no es aceptable para el despacho que la defensa fue proporcionada a la agresión, pues con un solo golpe dado, tumbó al aquí denunciante”.

Puede asumirse digno de controversia lo sostenido por la ad quem acerca de la desproporción en la reacción. Sin embargo, es claro que con ello contesta lo argumentado de forma prolija por la defensa en el recurso de apelación.

Apenas como soporte jurisprudencial de lo que antes se anotó, cabe citar lo que recientemente dijo la Corte sobre el tema en cuestión(13):

“En ese contexto, tratándose de un fallo de segunda instancia, ha dicho la Sala(14), lo que debe examinarse en punto a la motivación es si la providencia dictada por el ad quem es suficiente por sí sola para explicar la decisión que finalmente toma frente a las argumentaciones del impugnante, sea que confirme, revoque o modifique la decisión revisada, independientemente de las referencias que haga de la sentencia de primera instancia, o que para desarrollar el discurso adopte el mismo método e idéntico orden que el utilizado en aquella, o que se apoye en similar prueba y se valore de igual manera a como se hizo en el grado inferior.

De allí que el deber de motivación no puede llegar al extremo de tener que resolver el funcionario cada una de las ideas o posturas que los recurrentes presenten, sino lo que realmente se impone es la construcción de la decisión en las cuestiones sustanciales objeto de debate, punto en el cual no puede desconocerse que los fallos conforman una unidad inescindible en todo aquello en que no se contradigan, por lo que puede suceder que el ad quem omita citar “una a una” las pruebas en que fundamenta su decisión, pero al confirmar la decisión del a quo hace suya la relación y valoración asumida en ese aspecto, y ello resulta suficiente.

Finalmente, no puede dejarse de lado en el análisis de un cargo de nulidad por falta de motivación de la sentencia, la verificación de la trascendencia del yerro, es decir, la causación de un perjuicio y, la posibilidad de éxito de los argumentos omitidos en el análisis del fallador, con menoscabo de la legalidad del proceso, aspecto que para nada asume el demandante”.

De esta manera, la Sala debe desestimar el cargo que por supuesta falta de motivación de las sentencias de ambas instancias interpuso la defensa del procesado, pues, se recalca, aunque las decisiones no se caracterizan por la profusión argumental, sí contienen los mínimos elementos de fundamentación a partir de los cuales verificar que en lo sustancial referenciaron las razones fácticas, probatorias y jurídicas que soportan el fallo de condena, también delimitando los motivos por los cuales no se comparten los alegatos de las partes, propuestos en la audiencia pública de juzgamiento, o se niegan las pretensiones de los apelantes de la sentencia de primer grado.

Casación oficiosa

Aunque, como atrás se vio, la demanda debe ser desestimada en su pretensión básica, encuentra la Corte, dentro de la labor de verificación de garantías fundamentales que le corresponde, evidente un yerro ostensible de las instancias, por virtud del cual se hace necesario revocar lo decidido por las instancias y, en su lugar, absolver al procesado.

Ello, en reiteración de lo que sobre el particular ha dicho la Corte(15):

“Demostrada la agresión actual y el riesgo inminente en que fue puesto el vigilante, es para la Corte procedente reconocerle que actuó cobijado por la causal excluyente de antijuridicidad de la legítima defensa. Y tal reconocimiento es viable hacerlo, así el procesado no haya planteado la circunstancia en su favor (...) simplemente porque de acuerdo al examen probatorio realizado, ha quedado demostrada la concurrencia de los elementos integrantes de la legítima defensa objetiva”.

Al efecto, como argumento subsidiario, aunque contenido en el cargo básico de falta de motivación de los fallos, postuló el recurrente que debe reconocerse al procesado la atenuante de pena por exceso en las causales de justificación que contempla el inciso segundo del numeral 7º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000.

Sobre el particular, es necesario partir por aclarar al casacionista, que si la discusión opera porque la segunda instancia, no obstante reconocer que el acusado actuó de manera desproporcionada frente a la agresión, dejó de aplicar la atemperante en cita, el escenario de demostración del cargo no es el de la falta de motivación, sino la posible vulneración directa de la ley sustancial, en tanto, reconocido el fenómeno, el juzgador no tomó en cuenta las consecuencias expresas diseñadas en la norma.

Y, debe reconocer la Corte, asiste plenamente la razón al recurrente, así haya equivocado la vía del disenso, pues, de la simple lectura de lo consignado por la segunda instancia respecto del fenómeno exculpatorio, fácil se advierte que, en efecto, reconoció en el procesado un tipo de actuar evidentemente dirigido a proteger la integridad de un tercero, su cuñado, pero significó que ese comportamiento del procesado excedió los límites propios que el hecho demandaba para superar la inminencia del mal.

Empero, a pesar de tan expreso reconocimiento, y aquí radica la esencia del vicio directo advertido por el recurrente, el ad quem obvió aplicar lo ordenado por el inciso segundo del numeral 7º del artículo 32 del Código Penal, así redactado:

“El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible”.

Sin embargo, para la Sala el yerro no estriba apenas en que se reconociese un exceso y se dejase de aplicar la norma que regula la consecuente atemperación punitiva, sino que, en efecto, el acusado actuó en legítima defensa de un tercero, sin exceder los límites de la eximente de responsabilidad penal, y ello fue obviado por las instancias, a pesar de que las pruebas incontrastablemente lo verifican, a través de argumentaciones bastante deleznables.

En efecto, el juzgado de primera instancia sólo advirtió frente a la solicitud de que se tuviera en cuenta la actuación del procesado como propia de la causal de ausencia de responsabilidad de legítima defensa, que ello no era posible dado que no se hallaba en peligro la vida del tercero a quien pretendió ayudar.

A su vez, la segunda instancia reseña, como se dijo, que sí actuó el acusado en búsqueda de proteger la integridad en peligro de su cuñado, pero entiende excesiva la reacción, sólo porque con el golpe se tumbó al suelo al afectado.

Respecto de lo argumentado por a quo, cabe señalar su absoluto desconocimiento de la figura, pues, no admite discusión que ella opera respecto de variados bienes jurídicos, entre ellos la vida y la integridad personal, para no referirnos a otros de menor entidad como el patrimonio, y, en consecuencia, si se trata de que la persona actúa para precaver o enervar un ataque que pone en peligro la sola integridad física, es claro que se halla cobijada por la eximente de responsabilidad penal, como de manera reiterada y pacífica lo han sostenido jurisprudencia y doctrina.

No sobra recordar cómo, en punto de legítima defensa, consagra el numeral 6º del artículo 32 del Código Penal, atinente a las causales de ausencia de responsabilidad, que no hay lugar a responsabilidad penal cuando:

“Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”.

Pues bien, entiende necesario la Sala, para contextualizar el tema, reiterar la transcripción de lo que el ad quem dijo acerca del fenómeno de la legítima defensa.

“Veamos entonces si es aplicable lo solicitado por los apelantes en el sentido de dar aplicación al numeral sexto del artículo 32 de la obra subjetiva penal, el cual señala: “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión…”, en el subjúdice, aunque con el actuar del señor Gracia, cuando sujetaba al médico Mosquera por la espalda, el señor Jaramillo, salió en defensa de un derecho ajeno, sintiéndolo como propio al ver que el bien jurídico, como lo era el de la integridad física de su cuñado, estaba siendo vulnerado en manos de Jaime, no es aceptable para el despacho que la defensa fue proporcionada a la agresión, pues con un solo golpe dado, tumbó al aquí denunciante”.

De entrada se advierte que, en efecto, el juzgador de segundo grado estima que el acusado actuó buscando proteger la integridad física de su cuñado, que peligraba en razón a la maniobra ejecutada por el afectado, quien sin miramientos lo tomó por la espalda, rodeándolo con sus brazos y levantándolo en vilo.

El examen de lo que la prueba arroja verifica que efectivamente, el ad quem acierta cuando asume al procesado actuando en legítima defensa de un tercero, precisamente su cuñado, dado que éste, en verdad, soportaba un ataque injusto del hoy afectado.

Para el efecto, ya suficientemente se ha ilustrado cómo el ofendido, bajo el efecto del licor, en forma iracunda agredió a temprana hora al médico José Gustavo Mosquera Sánchez, apagándole el cigarrillo en la cabeza.

Esa inicial agresión, que no pasó a mayores gracias al comportamiento sereno del galeno, trató de repetirse horas después, cuando, en otro lugar del parque principal de la población, la víctima intempestivamente tomó por la espalda al médico Mosquera Sánchez, en un abrazo del que éste, levantado por los aires, no podía zafarse.

En ese preciso momento intervino el procesado, golpeando con su puño el rostro del aquí afectado, quien cayó al piso, con su ojo bastante afectado como después pudo saberse por los reconocimientos médico legales.

Así descritos los hechos, en corroboración de lo que de manera uniforme y reiterada relacionaron todos quienes acompañaban al médico José Gustavo Mosquera, éste e incluso el procesado; no cabe duda de que el acusado estaba facultado para intervenir en defensa de su cuñado, pues, la agresión que padecía emergía actual e injusta, notas características de la legítima defensa.

Injusta, sobra reiterar, porque el profesional de la medicina lejos de ofender, provocar o atacar al hoy afectado, fue víctima de la intemperancia de éste, quizás influenciada por el licor, si en cuenta se toma, como demuestran las pruebas recogidas, que eran amigos de vieja data.

Nada, por fuera de ese comportamiento errático de quien se halla bajo el efecto del alcohol, facultaba que Jaime Gracia Vargas, en un primer momento, apagase su cigarrillo en la cabeza de Mosquera Sánchez, ni mucho menos que después, no obstante los intentos de éste por esquivarlo, lo hiciera objeto de esa maniobra física que lo inmovilizó.

Y emerge actual la agresión injusta en comento, dado que desde el mismo momento en el cual asió con sus brazos al médico y le impidió cualquier movimiento, levantándolo por los aires, el hoy afectado materializó la agresión que buscó enervar el acusado. No se duda, al efecto, que la integridad física del profesional de la medicina estaba siendo objeto de directa agresión, lo que, sobra anotar, facultaba para que su cuñado interviniese en el cometido de hacer cesar ese acto agresivo.

En consecuencia, tal cual expresamente lo reconoció la segunda instancia, existía, latente, la necesidad de defender el derecho de un tercero, contra injusta agresión actual, como lo consagra, a manera de causal de ausencia de responsabilidad comúnmente denominada de legítima defensa, el numeral 6º del artículo 32 del Código Penal.

Sin embargo, yerra el fallador de segundo grado cuando, sin ningún desarrollo argumental, señala que no fue proporcional a la agresión la defensa, queriendo significar con ello que se excedió ese actuar del procesado.

Y el error asoma patente, pues, se tiene claro que para lograr desasir a su cuñado de esa especie de abrazo asfixiante realizado por la víctima, el procesado no recurrió a medio diferente que su propia fuerza física utilizada únicamente en el cometido de librar al galeno de la presión, sin reiteración en el golpe o maniobra diferente que permita asumir exagerado, desbordado o innecesario el actuar.

En efecto, debe tomarse en cuenta que un solo golpe propinó el acusado al injusto agresor y éste operó como medio necesario pero suficiente para lograr el cometido protectivo.

Ahora, que la persona cayera al suelo o el impacto generase daños oculares visibles, ellos son aspectos ajenos a la determinación de la efectividad y necesidad del medio, pues, de un lado, la simple inercia y el hecho de que el ofensor injusto se hallase embriagado, emergen como circunstanciales que naturalmente explican la caída, y del otro, no puede soslayarse que precisamente la causal de ausencia de responsabilidad implica que se causó un daño, de lo contrario ningún delito se estaría juzgando aquí, pero se entiende que ese es el precio que debe pagar el injusto agresor, en tanto, demostrado que el medio utilizado resultó proporcional, adecuado y suficiente para eliminar el daño que se estaba causando.

Este tipo de situaciones, huelga anotar, obligan del funcionario judicial una verificación ex ante de lo ocurrido, para efectos de examinar el contexto especial que gobernó el caso concreto, pues, son precisamente esas circunstancias las que permiten apreciar si la reacción operó o no adecuada y proporcional al hecho.

Entonces, si se conoce que horas antes el hoy afectado agredió al médico y continuó con su pretensión ofensora, pudiendo avistar el acusado el momento preciso en el cual se alzaba en vilo a su cuñado, apenas natural se ofrece esa reacción inmediata de golpear por una sola ocasión al injusto atacante, dada la inmediatez del daño y la inexistencia de otro tipo de medios adecuados para hacerlo cesar.

En consecuencia, cuando lo que se discute no es la prueba o sus efectos, sino la magnitud de la reacción defensiva del tercero reconocida al acusado, para la Sala se ofrece evidente que éste actuó legítimamente, dentro de lo que como causal de ausencia de responsabilidad contempla el numeral 6º del artículo 32 del Código Penal, sin desbordamiento o desproporción.

Acorde con ello, se hace necesario casar de manera oficiosa la sentencia impugnada, a efectos de revocar la condena proferida en contra de Luis Fernando Jaramillo Hurtado y en su lugar absolverlo del cargo que por el delito de lesiones personales le formuló la Fiscalía.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia impugnada, de conformidad con el cargo principal formulado por el demandante.

2. CASAR oficiosamente el fallo, REVOCANDO la condena proferida en contra de Luis Fernando Jaramillo Hurtado, para en su lugar ABSOLVERLO del delito de lesiones personales por el cual fue acusado.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Sentencia del 25 de marzo de 1999, radicado 11279.

(2) Sentencia del 26 de octubre de 2006, radicado 22733.

(3) Al respecto, Michele Taruffo, citado por Gladis E. de Midón en su libro sobre la casación, dice lo siguiente: “La obligación constitucional de motivación nace efectiva del Estado persona, autocrático y extraño respecto a la sociedad civil, y de la consiguiente afirmación de los principios por los cuales la soberanía pertenece al pueblo.” Esta transformación del modo de concebir la soberanía significa, en el plano jurisdiccional, “que la providencia del juez no se legitima como ejercicio de autoridad absoluta, sino como el juez rinda cuenta del modo en que se ejercita el poder que le ha sido delegado por el pueblo, que es el primer y verdadero titular de la soberanía.” “A través del control (social difuso), y antes por efecto de su misma posibilidad (con el deber de justificar las decisiones judiciales), el pueblo se reapropia de la soberanía y la ejercita directamente, evitando que el mecanismo de la delegación se transporte en una expropiación definitiva de la soberanía por parte de los órganos que tal poder ejercitan en nombre del pueblo”.

(4) Corte Constitucional, Sent. C-252 de 2001. También, Sents. T-175 de 1997, T-123 de 1998 y T-267 de 2000.

(5) Constitución Política de 1886, art. 161. “Toda sentencia deberá ser motivada”.

(6) Corte Constitucional, Sent. C-242 de 1997.

(7) Corte Constitucional, Sent. C-242 de 1997.

(8) Edgardo Villamil Portilla, Las falencias en la argumentación judicial, XXI Congreso colombiano de Derecho Procesal, 2000, pág. 63.

(9) Corte Suprema de Justicia, Ver, entre otras, casación 14647 del 25 de octubre de 2001, casación 21044 de 19 de enero de 2005, casación 23186 de 11 de mayo de 2005.

(10) Corte Suprema de Justicia, Auto junio 1 º de 2006, rad. 25382.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sent. Cas. Sept.28/2006, rad. 22.041.

(12) Sentencia del 13 de octubre de 2004, radicado 20.944.

(13) Auto del 17 de junio de 2009, radicado 31517.

(14) Sentencia del 21 de febrero de 2007, radicado 25.799.

(15) Sentencia del 16 de diciembre de 1999, radicado 11099.