Sentencia 31277 de diciembre 3 de 2009

 

Sentencia 31277 de diciembre 3 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31277

Acta de Sala 374

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Es competente esta célula de la Corte para pronunciarse acerca de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias proferidas por los tribunales superiores de Distrito Judicial (L.600/2000, art. 75.3). En consecuencia, acreditada como está la calidad de juez de la República del investigado para la fecha de los hechos, se procede a desatar el recurso interpuesto por el defensor del sentenciado, limitando el estudio al objeto de la impugnación y a los aspectos inescindiblemente ligados al mismo.

Con tal cometido, se advierte que la materia del recurso de apelación así interpuesto está determinada por la pretensión de que la Sala revoque la sentencia del a quo y en su lugar lo absuelva del cargo imputado en la acusación, porque en la perspectiva del recurrente no se reúnen las exigencias legales que reclama el proveimiento de una sentencia de índole condenatoria.

En un todo de acuerdo con el tribunal, la Sala no revocará el fallo impugnado. Las siguientes son las razones:

La Corte ha venido ofreciendo herramientas conceptuales para concretar el contenido de las dos modalidades que ha de revestir el acto oficial que pretende reputarse típico del delito de abuso de autoridad y en ese propósito se ha dejado encauzado que:

“... si bien el acto arbitrario tradicionalmente se ha concebido como aquel que lleva a cabo el servidor público de manera caprichosa haciendo prevalecer su propia voluntad o privilegiándola, es decir, sustituyendo la voluntad de la ley por la suya propia para realizar fines personales que no se corresponden al interés público, de esta concepción no escapa que la realización de la función, así verificada, se concrete externamente a través de una acto que pueda identificarse como contrario a la ley, vista ella como reflejo fiel de los valores que la misma tutela.

Así pues, la arbitrariedad del acto puede manifestarse como extralimitación de la función o como desvío de ella hacia fines no contemplados en la ley, lo que nuevamente sugiere que para tildar el acto de arbitrario no basta con acudir a la especial motivación que guió al servidor público en la realización del acto oficial censurado sino que es necesario, además, que en el plano meramente externo se manifieste el capricho como negación de la ley.

A su turno, la injusticia suele identificarse a través de la disparidad entre los efectos que el acto oficial produce y los que deseablemente debían haberse realizado si la función se hubiere desarrollado con apego al ordenamiento jurídico; en esencia, la injusticia debe buscarse en la afectación que se genera como producto del obrar caprichoso, ya porque a través suyo se reconoce un derecho una garantía inmerecida, ora porque se niega uno u otra cuando eran exigibles”(10).

Aspectos de orientación jurisprudencial estos que evidentemente fueron observados por la corporación a quo como fundamentos argumentales y probatorios en la decisión de primer grado, por medio de la cual resolvió condenar a José Domingo Barrios Reyes, conforme los segmentos que arriba se dejaron transcritos, en consecuencia, en el fallo apelado se hace referencia a las exigencias del artículo 416 del Código Penal vigente, es decir, a la conjunción que debe existir entre el acto arbitrario y la injusticia del mismo para la estructuración de la conducta delictiva que describe el aludido tipo penal.

Por modo que lo probado, apunta a corroborar las conclusiones de la acusación y el fallo que se ataca por vía de impugnación.

Véase:

Es claro que la arbitrariedad y la injusticia en la conducta del procesado Barrios Reyes tuvieron realización plena. En efecto, contrariando consciente y voluntariamente las normas, emitió un acto administrativo de insubsistencia(11) matizado de craso antojo discrecional, porque fue una respuesta vindicativa al empleado judicial (Benítez Quinceno) que osó ofrecer un testimonio al interior de un procedimiento disciplinario que en la perspectiva del encausado ciertamente le advenía perjudicial. El sentenciado acudió al instituto jurídico de la declaratoria de insubsistencia previsto en el numeral 9º del artículo 149 de la Ley 270 de 1996 —estatuto de la administración de justicia— por simple capricho de poder de nominador; así lo señalan las pruebas recogidas en el proceso penal que por vía de apelación ahora se revisa por la Corte.

Puede ser cierto que el empleado arbitrariamente retirado del servicio fuera deficiente en el desempeño de sus tareas judiciales habituales lo que por manera alguna descarta la Sala como testimonialmente lo informa la escribiente del juzgado Lilyam del Socorro Londoño Betancur, pero precisamente para precaver un comportamiento arbitrario, inexcusablemente le correspondía al sindicado agotar las previsiones para comprobadamente enrostrar las deficiencias estructurales del rol que le correspondía llevar a cabo a Benítez Quinceno como secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Angostura-Antioquia. Pero lo que ciertamente trasunta la arbitrariedad de adoptar la decisión de insubsistencia (abr. 6) es la concomitancia temporal con la circunstancia de haber ofrecido su testimonio este último(12) en contra de aquel, lo que revela que la determinación fue el producto de una reacción arbitraria de represalia, malquerencia y desquite del señalado operario judicial hacia el empleado que estaba bajo su subordinación judicial y, en torno de su autoridad desarrolló la conducta punible porque no lo hizo sin referencia al marco legal sino por fuera de toda facultad normativa. La secuencia de la arbitrariedad corresponde a una comprobada vindicta del juez procesado.

También del contexto que deriva de la valoración objetiva de la prueba, se refracta el comportamiento injusto del sindicado, porque retiró del servicio judicial al secretario Benítez Quinceno sin que existiera motivo comprobado que lo justificara, en consecuencia, se prescindió de un servidor judicial con manifiesta indolencia y desviación de poder, por interés personal, lo que torna el despido en un acto externo que materializa una injusticia.

A la Sala no le cabe duda alguna de la injusticia del acto perpetrado por el servidor judicial vencido en juicio, no solo porque con arreglo a su formación profesional, jurídica y académica tenía absoluta claridad mental, sino porque sabía lo que hacía y su ánimo fue el de procurar voluntariamente la creación de una situación personal adversa con el acto de insubsistencia.

No obstante que la acción de tutela tiene fines distintos por el que propende el derecho penal, se comparte que en este caso concreto, la resolución de insubsistencia de un empleado judicial, como lo hubo de señalar la Sala Civil del Tribunal de Antioquia, se originó “como retaliación ante las declaraciones que este suministrara (se refiere a Benítez Quinceno) contra el titular del despacho en la personería municipal, el 22 de marzo del año en curso. Allí se señaló que el juez nunca cumplía el horario de trabajo, que solo laboraba tres horas diarias, que sin tener permiso para abandonar la sede se desplazaba diariamente a Yarumal y que, en general, no había una adecuada prestación del servicio en el juzgado...”.

Así las cosas, la secuencia de acontecimientos que determinaron la actuación que por vía de apelación se revisa, se adecuan a cabalidad al tipo penal que describe y sanciona el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, no solo al escrutar la motivación que gobernó el comportamiento del sentenciado Barrios Reyes, esto es, censurar un comportamiento en su perspectiva desleal de un empleado judicial bajo su subordinación, sino que externamente tal acto se manifiesta absolutamente caprichoso.

Esa desmedida utilización del poder por el incriminado, termina por convertirse en una agresión también a las garantías fundamentales y, de contera, en un obrar en contravía de la ley, como efectivamente ocurrió en este caso concreto. El actuar caprichoso del doctor. Barrios Reyes negó la garantía al empleado Benítez Quinceno de que ciertamente la facultad discrecional de un nominador no sea además de arbitraria también injusta por su no apego al ordenamiento jurídico.

Por todo lo que viene de decirse, estima la Sala que el soporte probatorio del fallo recurrido resulta suficiente para la determinación de la responsabilidad del procesado. No hay duda, como allí se dijo, que el doctor Barrios Reyes, caprichosa y voluntariamente realizó un injusto penal, contrario a lo que opina la defensa técnica.

El opugnador advierte que el acto de insubsistencia no fue una retaliación del juez encausado, pero para el tribunal a quo como para la Corte la actuación de aquel estuvo precedida por un marcado interés personal, por motivaciones afectivas negativas y por sentimientos de animadversión hacia el subalterno que había ofrecido una declaración en su contra al interior de un procedimiento disciplinario.

El procesado Barrios Reyes estaba revestido de una facultad legal de poder declarar la insubsistencia del secretario del juzgado del que era su titular, pero abusó de ella al orientarla a una finalidad contraria a aquella para la cual le fueron conferidas, finalidad esta que el tribunal concreta en la manifiesta intención del servidor judicial de causar daño a la administración de justicia con el injusto retiro del servicio del referido empleado.

La Corte no desentraña en sede penal el debate jurisprudencial de otras jurisdicciones alrededor de si frente a un empleado designado en provisionalidad en un cargo de carrera, puede el nominador retirarlo del servicio en uso de la facultad discrecional sin necesidad de motivar la decisión, o por el contrario para adoptar una determinación de esa jaez se requiere siempre la motivación expresa del acto administrativo de insubsistencia, porque en uno u otro caso lo que se requiere es que frente a cada situación fáctica haya asunción de razones para arribar por el nominador al ejercicio de la discrecionalidad al amparo de los principios de la administración de justicia de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional (L. 270/96, art. 1º) apaleando en un todo al siquiera mínimo marco del debido proceso que debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C.N., art. 29).

Arguye el apelante que la circunstancia de que su defendido no hubiera formalmente llamado la atención al secretario del juzgado por sus deficiencias o ineptitudes laborales no significa que estas no existieran, pero para la Sala por el contrario si en realidad el doctor Barrios Reyes hubiese tenido el convencimiento de que su actuación se ajustaba a derecho ha debido llenarse de razones comprobadas para lo cual habría dispuesto previamente la apropiación de las falencias de Benítez Quinceno habida circunstancia de ocupar un cargo de carrera pero en provisionalidad.

La anterior secuencia argumental permite inferir razonablemente que en la Resolución del 09 de abril del año 2000 emitida por el juez acusado cognoscitiva y voluntariamente se aprovechó de su cargo y utilizó mecanismos legales para objetivos totalmente alejados a los fines para los cuales fueron consagrados. Razón le asiste, pues, al acusador de segundo grado cuando dejó señalado “que en los planos objetivo ni subjetivo la declaratoria de insubsistencia cuestionada obedeció al ejercicio de una facultad discrecional. Por el contrario, está demostrado que no fue más que un pretexto o subterfugio para retirar a Gabriel de Jesús Benítez Quinceno del cargo de secretario del juzgado promiscuo municipal de Angostura, pues mas allá de las razones de índole laboral aducida posteriormente por el procesado Barrios Reyes, subyace como verdad de a puño que el acto administrativo estuvo inspirado en la animadversión que el titular del despacho se generó con ocasión del testimonio rendido bajo juramento por el mencionado empleado ante la personería, dispuesto en la investigación disciplinaria que en comisión cursaba en esa dependencia” (13) .

Por otra parte, no encuentra la Sala que la sentencia recurrida riña con la verdad del proceso, por las razones que aduce el apelante.

Consecuente con lo señalado, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Antioquia, contra el procesado José Domingo Barrios Reyes por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

No procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvanse las diligencias al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 23285., 20 de abril de 2005.

(11) (fl. 38 C.O., Nº 1).

(12) 22 de marzo de 2000.

(13) Resolución del 30 de septiembre de 2003, Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, pág. 21.