Sentencia 31280 de 8 de julio 2009

 

Sentencia 31280 de 8 de julio 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXTRACTOS: «De manera preliminar la Sala abordará los siguientes tópicos los cuales servirán de baremo para examinar la legalidad de la sentencia objeto de impugnación: 1) La actividad de la Fiscalía General de la Nación respecto de los requisitos mínimos objetivos para formular imputación y su relación con el principio de coherencia que debe mantener a lo largo del diligenciamiento y 2) Las potestades del juez para la verificación del allanamiento a cargos o acuerdo celebrado entre la fiscalía y el procesado.

1. De la actividad de la fiscalía con miras a formular imputación y el principio de coherencia.

Es sabido que la imputación es el acto surtido ante un juez con funciones de control de garantías, en desarrollo del cual la Fiscalía General de la Nación le comunica a una persona la calidad de imputada al estar siendo investigada por su posible participación en una conducta punible.

En las voces del artículo 288 de la Ley 906 de 2004 como requisitos esenciales se cuenta, entre otros, con la obligación de expresar oralmente la concreta individualización, identificación y ubicación del imputado, así como la “relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

Si bien en ese momento no es menester descubrir los elementos materiales probatorios ni la evidencia física, si es necesario ofrecer al juez de control de garantías elementos de juicio tendientes a acreditar la índole penal del comportamiento y la relación del imputado con el mismo, no de otro modo se logra “inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”, como lo reza el artículo 287 de la normativa en comento.

En efecto, esa etapa embrionaria debe contar, de todas formas, con una inferencia razonable sobre el eventual compromiso penal del imputado con base en los medios persuasivos de que dispone la fiscalía, por ello, la Corte ha insistido en que la formulación de imputación ha de ser fáctica y jurídica. La misma se ubica en el terreno de la posibilidad al solo preceder la noticia criminal y las pesquisas tendientes a su verificación, luego, según el principio de progresividad, se allegarán elementos materiales probatorios y evidencia a fin de acreditar la materialidad del delito y la responsabilidad del incriminado con miras a sustentar la formulación de acusación con un grado de probabilidad de verdad, momento culminante de la investigación que la reviste de un halo definitivo delimitando el marco factual y jurídico dentro del cual habrá de surtirse el debate oral.

Además, resultaría imposible exigirle a la fiscalía que para el momento de la formulación de imputación tuviera y aportara toda la información otorgándole así a tal acto un carácter inmodificable y vinculante para el diligenciamiento; sin embargo, aquella se constituye en condicionante fáctico de la acusación, o del allanamiento o del preacuerdo, sin que los hechos puedan ser modificados, mediando así una correspondencia solo desde la arista factual lo cual implica respetar el núcleo de los hechos, sin que ello signifique la existencia de un nexo necesario o condicionante de índole jurídica entre tales actos.

En este orden, además del principio de congruencia que se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, se debe también abogar por un principio de coherencia a lo largo del diligenciamiento a fin de que entre los actos de formulación de imputación y acusación; entre el allanamiento a cargos o preacuerdos y alguna de aquellas audiencias; entre la formulación de la acusación y los alegatos de conclusión; así como entre el anuncio del sentido de fallo y la sentencia propiamente dicha se preserve siempre el núcleo básico fáctico de la imputación.

Lo anterior se impone para garantizar desde un inicio el derecho de defensa, pues al fin y al cabo el conocimiento de los hechos atribuidos y sus correspondientes consecuencias jurídicas permitirá que a partir de esa comprensión, el procesado de manera libre, consciente y voluntaria, una vez ha sido debidamente informado de las consecuencias, opte por aceptar los cargos con miras a lograr una sustancial rebaja de la pena (hasta del cincuenta por ciento) o continuar el trámite ordinario para discutir en el juicio los hechos o su responsabilidad, allegando pruebas en su favor o controvirtiendo las que se aducen en su contra.

Tratándose de terminaciones abreviadas, esa correspondencia se sopesará a partir del acta de allanamiento a cargos o del acuerdo celebrado entre el procesado y la fiscalía, en tal sentido la Corte Suprema desde la sentencia de 20 de octubre de 2005 (rad. 24026) —posición reiterada(1)—, ha indicado respecto de la formulación de imputación que:

“... no es suficiente con la imputación fáctica, pues al aceptar el procesado la responsabilidad debe quedar en claro cuál es jurídicamente la conducta por la que se procede, no solo por respeto al principio de lealtad que se materializa en el principio de congruencia, sino porque si se condena al sindicado por una conducta punible diferente, se le vulnera el derecho constitucional a la no autoincriminación al cual renuncia (C.N., art. 33).

Lo anterior significa que no por realizarse la audiencia de imputación, por lo general coetáneamente con la de control de legalidad de la captura, la fiscalía resulte exonerada de realizar la correcta adecuación de la conducta, máxime tratándose de comportamientos con perfiles y con consecuencias diversas, aún sí corresponden a diferentes modalidades de riesgo o lesión para el bien jurídico que se tratan en un mismo texto legal con consecuencias similares en relación con la pena considerada en abstracto, pero cuya forma de realización y la lesividad que expresan inciden dramáticamente en los aspectos operacionales de la pena”.

Como corolario de la justicia premial y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado de facilitar la participación de las personas en las decisiones que las afectan, se permite al procesado que, renunciando a su derecho a no auto-incriminación y a tener un juicio oral, público, concentrado, contradictorio, con inmediación probatoria, a través de la asunción de su responsabilidad penal obtenga una rebaja en la pena, (L. 906/2004, art. 8º lit. l y 131).

Obviamente, ese estadio ha de estar precedido de la información veraz entregada por parte del ente acusador, vertida en sus justas proporciones y sin algún tipo de exageración a fin de que el incriminado de manera libre y voluntaria admita su responsabilidad penal, de este modo se respeta su condición racional ante la capacidad de conocer y dimensionar las consecuencias de sus acciones, propio de una libertad con responsabilidad.

Por lo mismo, el artículo 283 de la Ley 906 de 2004 señala que la aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.

Esa admisión de responsabilidad, además de estar revestida del conocimiento exacto y del planteamiento de sus implicaciones, debe contar con una adecuada asistencia letrada, de ahí que se tengan como inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor (L. 906/2004, art. 354).

Bajo esta perspectiva, cuando en el ámbito punitivo está en juego la afectación de los derechos de la persona, y como uno de los más sagrados, la libertad personal ante la imposición de una medida de aseguramiento o una eventual condena, el órgano judicial encargado de la prosecución penal no puede improvisar.

Ciertamente, no se trata de enarbolar como dato estadístico el trámite y evacuación de un proceso más, como para mostrar resultados positivos de la gestión judicial. La administración de justicia demanda el reposo, la ponderación y el adecuado análisis desde el mismo momento en que se recibe la noticia criminis con el propósito de recolectar en debida forma la evidencia física la cual marcará la pauta para un adecuado trámite, de ahí que como organismo de investigación cuente con medios técnicos y personales idóneos para cumplir su cometido.

Si bien se imponen la celeridad y prontitud, las mismas no impiden establecer las circunstancias y aristas que rodearon los hechos y a quienes se vieron involucrados en ellos, en consecuencia, la fiscalía al momento de formular la imputación, presentar los preacuerdos o negociaciones y la acusación ha de exhibir los factores que pueden incidir en el grado del injusto.

Se insiste por lo tanto, en que la formulación de imputación ha de ser lo más ceñida posible a la realidad, pues va a ser el fundamento del fallo en caso de un allanamiento a cargos del procesado, o un acuerdo que celebre con la fiscalía al punto que con base en el marco fáctico y jurídico allí fijado el juez emitirá la respectiva sentencia por consenso, acercándose de esa manera a la verdad material y a la justicia de la misma índole.

Bien vale la pena evocar, sin que ello se considere como una mixtura por estar referidas a un diferente esquema procesal del implementado con la Ley 906 de 2004, las razones expuestas por la Corte Suprema acerca del necesario soporte para el fallo por consenso ante las previsiones de la sentencia anticipada conforme con la Ley 600 de 2000 cuando resaltó que las decisiones judiciales deben respetar irrestrictamente las garantías fundamentales entre las cuales está el debido proceso:

“... entendido como un método para aproximarse a la verdad y aplicar la ley sustancial.

Aproximarse a la verdad y aplicar la ley sustancial, en el lenguaje del proceso penal, no es nada distinto a la búsqueda por confirmar o desvirtuar la presunción de inocencia, a lo que se puede llegar por dos vías: (i) a través de un proceso ordinario con todas sus etapas, o (ii) mediante un proceso abreviado en donde el sindicado acepta voluntaria y libremente su responsabilidad. En uno y otro caso, pero para lo que ahora importa, en este último evento, el juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que este es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia”(2).

2. De las potestades del juez en la verificación de la legalidad del allanamiento o del acuerdo.

Con la óptica del sistema penal acusatorio colombiano, la facultad del procesado a través de la aceptación de cargos o de la celebración de acuerdos con la fiscalía, de renunciar a la garantía de no autoincriminación (art. 33 del texto superior), así como a contar con un juicio oral, público, concentrado, con inmediación probatoria, está sujeta a la aprobación del juez, sea de control de garantías o de conocimiento.

Así, el artículo 131 de la Ley 906 de 2004 preceptúa que uno u otro funcionarios judiciales deberán verificar si se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado.

También el artículo 293 del citado ordenamiento adjetivo indica:

Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.

Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia”.

En los antecedentes legislativos de la Ley 906 de 2004, el proyecto presentado por el Fiscal General de la Nación ante la Cámara de Representantes, tramitado inicialmente como proyecto de ley estatutaria 01 de 2003 se consagró en el artículo 363:

Sentencia anticipada: Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación y para que el juez del conocimiento convoque a audiencia para individualización de la pena.

Aceptado el acuerdo, no es posible la retractación de ninguno de los intervinientes”.

Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con una simple revisión formal. No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y el debido proceso.

Aparejado a ello, si bien por esa misma asunción temprana de la responsabilidad penal, no se cuentan con suficientes elementos probatorios, pues precisamente la economía por no adelantar el juicio es la que se le premia al procesado con la rebaja punitiva, es claro que tal admisión de culpabilidad debe contar con un grado racional de verosimilitud.

La Corte en relación con este particular ha indicado que:

“Si en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y este además repercute sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio del estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada acusación”(3).

De esta forma se evita incluso la asunción de responsabilidad por terceros ora que el imputado haya sido compelido a aceptar los cargos, medie acuerdo fraudulento para dicho allanamiento o se trate de pactos ilegales, o bien cuando el vicio de su consentimiento obedece a no haber comprendido con suficiencia las consecuencias de su admisión y de la renuncia a las garantías que le son propias.

La Corte Constitucional al confrontar el literal l del artículo 8º, de la Ley 906 de 2004 relacionada con la renuncia a los derechos de no autoincriminación y adelantamiento de un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación probatoria y sin dilaciones injustificadas precisó que tal abdicación:

“… no viola las garantías constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que se actuó en presencia del defensor. Lo anterior, por cuanto aceptado por el procesado los hechos materia de la investigación y su responsabilidad como autor o partícipe, y existiendo en el proceso además suficientes elementos de juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede dictar el fallo sin haberse agotado todo el procedimiento, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, según así también se consagra en el artículo 29 de la Constitución resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario competente, en cada caso, puede desvirtuar la confesión, por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso”(4).

En respeto al principio de la buena fe, a la lealtad procesal y para ofrecer seguridad al sistema acusatorio, en los casos en que el procesado renuncia a sus garantías para admitir su compromiso penal rige el principio de irretractabilidad el cual lo inhibe para revocar expresa o tácitamente los términos del allanamiento o el acuerdo, ora para deshacerlos o modificarlos, no de otra forma se desdibujaría el propósito de la política criminal de lograr una rápida y eficaz administración de justicia.

Así las cosas, a partir de la verificación de legalidad del allanamiento o del acuerdo, superada la inexistencia de irregularidades limitativas de las garantías del imputado no es posible la retractación de los intervinientes —prohibición que también cobija a la fiscalía—, procediéndose seguidamente a adelantar la audiencia de individualización de pena y sentencia, la cual será de carácter condenatorio ante la asunción de responsabilidad del procesado.

Por ello, la Corte Suprema ha señalado que:

“La aceptación o el acuerdo no solo es vinculante para la fiscalía y el implicado. También lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.

Y si bien es cierto que por estos mismos motivos, es decir, cuando el proceso abreviado se adelanta con fundamento en una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las garantías fundamentales, los sujetos procesales están legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en casación, también resulta claro que estas nociones difieren sustancialmente del concepto de retractación, que implica, como se ha dejado visto, deshacer el acuerdo, arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada”(5).

Tal momento también marca el límite respecto de la actividad investigativa de la fiscalía, en tanto no tiene justificación que luego del allanamiento y de la celebración del acuerdo con su respetiva aprobación el ente acusador siga recabando en la práctica, por ejemplo, de entrevistas o en el acopio de elementos probatorios, pues para ese fin ya contó con un término prudencial previo a la formulación de imputación para el cual tenía a su disposición medios técnicos, científicos y personales.

3. Del caso en estudio.

El 10 de octubre, dos días después de los hechos y luego de que Jhon James Porras Osorio voluntariamente se presentara ante las autoridades, la fiscalía en la audiencia de formulación de imputación presentó el aspecto fáctico así:

“El día 8 de octubre de 2007 a eso de las veintiuna horas en momentos en que departía en el establecimiento público bar “La Cabaña” el señor José Fisonder Villada López fue herido con arma de fuego heridas estas que causaron su muerte en ese momento y en ese lugar. Las heridas causadas al señor José Fisonder Villada López fueron realizadas con arma de fuego utilizada por otra persona que departía en el mismo establecimiento público y que pudo ser identificada por algunas de las personas que allí concurrían como Jhon James Porras Osorio”(6).

Luego, ante la expresa manifestación del imputado de aceptar los cargos en el escrito de acusación la delegada de la fiscalía anotó:

“Los hechos materia de investigación ocurrieron el día 8 de octubre del corriente año, en el establecimiento comercial denominado bar ‘La Cabaña’, de La Celia Risaralda, fecha y lugar en la que fue agredido mortalmente con arma de fuego el señor José Fisonder Villada Acevedo (sic) acontecimiento donde igualmente resultó lesionado el señor Jorge Acevedo Bermúdez ilícito que se le endilga al señor Jhon James Porras Osorio”.

A su turno, en la audiencia de verificación de legalidad del allanamiento la fiscal intervino al indicar que los hechos ocurrieron:

“El día 8 de octubre de 2007 en momentos en que en horas de la noche en el bar ‘La Cabaña’ del municipio de la Celia se encontraban departiendo varias personas, en mesas separadas se encontraban los señores Jhon James Porras Osorio y el señor José Fisonder Villada López, es así como esa noche levantándose las dos personas de las mesas en que se encontraban y portando el señor José Fisonder Villada López, hoy occiso, un arma cortopunzante con la cual causó, con la cual atentó —sic—, contra el señor Jhon James Porras Osorio este último procedió a causar lesiones con un arma de fuego al señor José Fisonder Villada López”.

Posteriormente, en la audiencia de individualización de pena y sentencia prevista en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 la misma funcionaria del ente acusador indicó:

“La fiscalía quiere dejar presente señora juez al momento en que se le hace imputación al señor Jhon James Osorio Porras, es decir, un día después de cometido el hecho, es decir, de haber fallecido el señor José Fisonder Villada López, el señor Jhon James Porras Osorio se presentó de manera voluntaria cuando no habían transcurrido veinticuatro horas del homicidio. La fiscalía tenía pleno conocimiento de la responsabilidad del señor Jhon James Porras Osorio respecto de la lesión causante de la lesión —sic— del ya mencionado. Es así como se procedió a formularle imputación por el homicidio. Posteriormente se continuó y se llevaron a cabo entrevistas en las que se puede establecer algunas circunstancias…”(7).

En este momento la juez le indagó del motivo de esas entrevistas después de haber hecho la imputación, aclarándole la instructora que se habían realizado con posterioridad toda vez que el procesado se presentó ante la autoridad sin que hubieran trascurrido veinticuatro horas del homicidio, y continuó la fiscal:

“Se pudo establecer con posterioridad y con entrevistas que el señor José Fisonder Villada se ausentó del lugar donde estaba consumiendo licor entre otras personas, en ese establecimiento se encontraba Jhon James Porras y que sin que mediara ningún tipo de agresión, de disputa, ningún tipo de provocación por parte de uno u otro, el señor José Fisonder Villada arremetió con un arma cortopunzante contra el señor Jhon James Porras Osorio quien inmediatamente procedió a disparar un arma de fuego causándole heridas mortales, se estableció por experticia médica que fueron seis impactos. Señora juez si bien es cierto la conducta adelantada por el señor Porras Osorio es ciento por ciento la causa de la muerte del señor Villada, la fiscalía no puede hacer caso omiso a esa información recaudada y es así como en este momento que se va a tasar la pena la fiscalía en cumplimiento de un deber legal de reportar, de informar y de presentar a usted la situación, las circunstancias agravantes, también las circunstancias que pueden influir la pena o determinar la pena a imponer, estas circunstancias son favorables al señor Porras Osorio y por lo tanto la fiscalía las pone en su conocimiento. Al tenor del artículo 32 del Código Penal en el cual en su numeral 7º contiene el segundo inciso de este numeral ‘el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º precedentes, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo’...”(8)

Seguidamente le replicó la juez de conocimiento por plantear una causal de ausencia de responsabilidad, a lo cual la fiscal le aclaró que solo se trataba de una circunstancia diminuente de la misma, y agregó:

“Es evidente que el señor Jhon James Porras Osorio respondió de manera excesiva a un ataque injustificado mediato, grave que estaba cometiendo el señor José Fisonder Villada López respecto de él. Señora juez es así como la fiscalía solicita que dé aplicación al contenido de la norma mencionada, y se le imponga o parte de esta pena”(9).

El defensor avaló la postura de la fiscalía al recalcar que los hechos ocurrieron de la forma por ella relatada, detallando que su asistido se presentó ante la autoridad cuando aún no se le requería, pues no había alguna orden de captura en su contra, insistiendo él en que buscaba así responder por sus actos.

Por lo anterior, la juez señaló que no era posible la variación de la calificación porque mediaba la aceptación de cargos debidamente aprobada y por lo mismo, había cesado la etapa investigativa del ente acusador, además, no se podía aceptar una retractación de la fiscalía ante la obligatoriedad del allanamiento.

El anterior recuento procesal le permite a la Sala evidenciar la ligereza o premura con la que actuó la fiscalía, por cuanto era necesario para el momento de formulación de imputación haber ofrecido mejores elementos de juicio.

Si bien es cierto que el hecho objetivo de haber causado la muerte a otro no se trasmutó, es claro que una conducta amoldada a una descripción típica en ocasiones puede resultar no delictiva, por ello, el funcionario investigador debe distinguir entre establecer la muerte violenta de un hombre por otro y averiguar las circunstancias en que la misma se produjo, verificando si mediaron actos que le restaban toda ilicitud o que degradaban la responsabilidad.

Efectivamente, para el momento de la formulación de imputación la fiscalía debió contar con el estudio de las particularidades del hecho, no con una apreciación en abstracto ante la muerte violenta de una persona, sino en concreto, no como hubieran podido ser los sucesos, sino como los apreciaron los protagonistas y lo develaban los datos objetivos.

Es sabido que la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente legitima el accionar del sujeto y conlleva la anulación del juicio de antijuridicidad, eximente de responsabilidad que no tiene cabida ante la desproporción en alguno de sus requisitos, bien entre la acción violenta y la reacción defensiva o en los medios elegidos para contrarrestar la agresión, obviamente, según las particularidades de cada caso, constituyéndose el exceso en la defensa legítima en una circunstancia cualificada de la responsabilidad ante la menor graduación del injusto, pues el comportamiento de todas formas es delictivo, solo que se disminuye o atenúa la pena.

En este caso, la falta de precisión del suceso permite deducir que el procesado no recibió, en principio, información veraz de las consecuencias de sus actos, precisamente por la precariedad investigativa del ente acusador para ese momento.

El argumento que expone el representante de ese organismo delegado ante esta corporación relativo a que Porras Osorio al tener mediana educación ha de saber que matar a otro es delito y merece pena, recibe su respuesta cuando también debe saber que en ocasiones tal comportamiento puede estar justificado, y que si hay exceso en la respuesta a la agresión acarrea punición atenuada.

Tampoco para la Sala puede prosperar la tesis planteada por el delegado del Ministerio Público ante esta sede extraordinaria acerca de la falta de trascendencia de la inapropiada intervención de la fiscal al solicitar el reconocimiento del exceso en la legítima defensa a favor de Porras Osorio, no solo porque no se trataba de la intervención de cualquier sujeto procesal, sino de aquel titular de la acción penal, además, porque según los elementos de juicio que dijo tener le permitían aseverar la existencia de tal circunstancia diminuente, los mismos develan la incertidumbre inicial que llevó indebidamente a la fiscalía a continuar las pesquisas mucho después de que el procesado en la audiencia de formulación de imputación aceptó los cargos.

Para la Corte, la petición de la fiscalía de reconocer el exceso en la legítima defensa en la diligencia de individualización de la pena y sentencia, no resulta vacua o irrelevante, como la tilda el representante del ente investigador en la audiencia de sustentación de la demanda de casación al argumentar que solo estaba referida a la graduación de la pena, por cuanto no se trataba de una simple alegación al punto que modificaba la graduación del injusto al alterar los límites punitivos (no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo).

Ahora, concerniente a la manifestación de que todo se reduce a una retractación del procesado, como también lo califica el delegado de la fiscalía ante la Corte, es claro que la apostasía difiere de cuando se busca la protección de los derechos fundamentales. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en fallo de 6 de septiembre de 2007 (Rad. 24786) al casar la sentencia pese a tratase de fallo de conformidad o de consenso por habérseles imputado a los incriminados indebidamente un concurso delictual, cuando el comportamiento solo se ajustaba a un tipo penal.

En la misma línea jurisprudencial, la Sala en sentencia de 15 de julio de 2008 (rad. 28872) casó la decisión de segundo grado que obedecía también a una terminación anticipada del proceso, al considerar que la circunstancia de agravación en relación con el delito de homicidio, pese a ser inicialmente admitida por los procesados, no era jurídicamente dable su imputación.

Allí concluyó que:

“Sin duda, el debido proceso es una garantía reconocida en la Carta Política y el principio de legalidad, como una de sus expresiones, puede resultar eventualmente lesionado cuando la conducta desplegada por el agente no se adecua al tipo penal imputado y con fundamento en el cual se profirió sentencia condenatoria, o cuando el proceder criminal solo encaja en una acción típica (...).

Por consiguiente, de comprobarse que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, no es posible oponer la manifestación libre y voluntaria del indiciado y el presunto cumplimiento de las formas, a los derechos y garantías fundamentales”.

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Retomando el tema en cuestión, dada la realidad procesal atrás reseñada surgen dos interrogantes, si como respuesta a la afectación de las garantías del procesado debe anularse la actuación a fin de retrotraerla al momento apropiado para que la fiscalía adecuadamente proceda a la formulación de imputación ante el juez de control de garantías, o si es dable a esta altura procesal un fallo de sustitución en el cual se reconozca a favor de Porras Osorio la diminuente del exceso en la legítima defensa.

Para el fin anterior, de acuerdo con la solución menos traumática y principalmente, acudiendo al argumento consecuencialista, con la mensurabilidad de las variables (teoría de la decisión) se deberá analizar aquellas dos proporciones condicionales(10) y en ese sentido establecer las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de reconocer la aludida diminuente de responsabilidad.

La labor del operador judicial y, en este caso de la Corte Suprema de Justicia como garante y protector de los derechos y garantías fundamentales, no puede quedarse en la simple aplicación de la ley, la labor hermenéutica ha de nutrirse de muchas aristas, aquí específicamente la variable que representa la anulación desde la audiencia de formulación de imputación y por ende de todo el diligenciamiento, si bien acarrea como efecto inmediato la libertad incondicional del procesado (pues al quedar sin efecto tal audiencia, significa que no hay imputado), ello no se compadecería con los fines de proceso, más concretamente con el propósito racional de economizar jurisdicción cuando se trata de un procedimiento abreviado.

Además, la inicial deficiencia en la labor investigativa de la fiscalía redundaría en últimas en mayores cargas para el sujeto pasivo de la acción judicial penal al verse nuevamente abocado al proceso, máxime cuando al comparar las consecuencias de la segunda proposición condicional relacionada con aceptar la diminuente de responsabilidad se advierte que el resultado de la libertad de Porras Osorio se obtendría ya no por una falla del sistema judicial, sino por el hecho evidente de haber cumplido la pena como pasa a explicarse:

En efecto, las consecuencias que se derivan de la variable de reconocer la degradación del injusto por razón del exceso en la legítima defensa invocada por la representante de la fiscalía encuentra justificación racional con miras a la decisión por adoptar, de un lado, porque en tal alegación se dio cuenta de los elementos estructurales de la figura dada la necesidad de defensa ante la agresión de que fue objeto Jhon James Porras Osorio por parte de José Fisonder Villada López(11) cuando este, sin razón valedera hizo uso de un arma blanca en contra de la humanidad de aquel. Tal circunstancia al ver comprometida su vida e integridad personal lo llevó a repeler el ataque, no obstante, la desproporción no ha de valorarse tanto frente a la comparación de las armas (revólver frente a un cuchillo), pues ambas tiene potencialidad letal, sino por la acción repetida del arma de fuego, como que fueron seis los disparos que realizó el procesado, resultando la herida que recibió en la cabeza la víctima la que “laceró el cerebro y finalmente llevó a la muerte” como se explica en el acta de necropsia(12).

De otro lado, es evidente que si bien la configuración típica sufrió una alteración, no se agregó un hecho nuevo, ni se cambió la esencia de la base fáctica. Se trataba sí de un cambio circunstancial que favorecía al procesado y con el cual el defensor estaba de acuerdo cuando ratificó la disertación de la representante de la fiscalía acerca de la forma como se desarrollaron los hechos.

Esa identidad fáctica, pese a la postrera variación jurídica de los cargos de homicidio simple a homicidio cometido en exceso de una legítima defensa no sorprendía ni afectaba al procesado pues no se trataba de una circunstancia de mayor entidad.

Bajo este entendimiento, de reconocer el exceso en la justificante según los parámetros del artículo 32 de la Ley 599 de 2000 (reducción en no menos de una sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo), con base en los mismos derroteros trazados por el juzgador se advierte que ante la privación efectiva de la libertad de Porras Osorio desde el 9 de octubre de 2007, para el día de hoy ya habría cumplido la pena.

Efectivamente, la juez de primer grado por razón del homicidio simple con una sanción de trece (13) a veinticinco (25) años y con el aumento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, tuvo como rangos punitivos doscientos ocho (208) meses a cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión y se ubicó el primer cuarto de movilidad [de 208 a 268 meses 15 días] dada la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad. Partió así de aquel mínimo (208 meses) a los cuales adicionó doce (12) meses más ante el delito concurrente de porte ilegal de armas, para fijar la pena en doscientos veinte (220) meses, lo cuales redujo a la mitad, esto es, a ciento diez (110) meses ante la aceptación de cargos por parte del procesado.

Respetando los marcos punitivos del delito de homicidio simple (con el aumento de la L. 890) pero cometido en exceso de la legítima defensa arrojaría un rango punitivo de treinta y cuatro (34) meses, veinte (20) días a doscientos veinticinco (225) meses de prisión y acogiendo el primer cuarto en el cual se ubicó la juez, así como el límite mínimo del cual partió, se tomarán los 34 meses 20 días a los cuales se le adicionará el porcentaje de 5.7% que corresponde al tenido en cuenta como ilícito atentatorio de la seguridad pública concurrente para adicionar 59 días más, arribando a un total así de treinta y seis (36) meses, diecinueve (19) días de prisión.

Tal monto se reduciría en la mitad por haber considerada esa fracción por el a quo ante la aceptación de cargos por el procesado, quedando en consecuencia una pena definitiva de dieciocho (18) meses, nueve (9) días de prisión y como según las constancias procesales Porras Osorio se encuentra privado de la libertad desde el 9 de octubre de 2007, al día de hoy conmuta más de veinte (20) meses, lo cual significaría que ya cumplió la pena privativa de la libertad la cual se le condenaría.

Para la Sala es evidente, entonces, que no resulta procedente acceder a la declaración de nulidad de la actuación desde la audiencia de formulación de imputación como lo invoca el demandante, sino reconocer la diminuente de responsabilidad por razón del exceso en la legítima defensa.

En este orden, el cargo carece de prosperidad; sin embargo, la irregularidad motiva a la Corte a casar de oficio y parcialmente la sentencia al reconocer el exceso en la aludida justificante.

Ante la redosificación punitiva ya expuesta, se impone librar la respectiva orden de libertad de Porras Osorio, con la advertencia de que cumplirá efectos si no es requerido por otra autoridad.

En el mismo lapso de la pena aflictiva de la libertad se le fijará la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas».

(Sentencia de casación, 8 de julio de 2009. Radicación 31280. Magistrado Ponente: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca).

(1) Sentencia de 22 de agosto de 2008. Radicación 29373, entre otras.

(2) Corte Suprema de Justicia. Providencia del 26 de enero de 2006. Radicación 20647.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 27 de octubre de 2008. Radicación 29979.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-1260 de 5 de diciembre de 2005.

(5) Corte Suprema de Justicia. Auto del 18 de abril de 2007. Radicación 27159.

(6) Disco compacto “imputación” record 12:44.

(7) Disco compacto Nº 4 record 05:57.

(8) Disco compacto Nº 4 record 07:44.

(9) Disco compacto Nº 4 record 11:22.

(10) Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se representa “si x entonces y”.

(11) En el mismo sentido Yulietth Isleny Villada Ecavarría, hija de la víctima en su escrito mediante el cual manifestó renunciar a ser representa en la actuación y a acudir al incidente de reparación integral indicó que las circunstancias que rodearon la acción de su padre fueron motivadas por él mismo: “el señor Jhon James Porras Osorio, a pesar de que mi padre José Fisonder Villada López, lo atacó con un cuchillo provocando que él tuviera que defenderse causándole la muerte...” (fl. 68, cdno. 1).

(12) Cfr. Folio 9, cuaderno 1.