Sentencia 31301 de febrero 10 de 2009

 

Sentencia 31301 de febrero 10 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Cumple precisar que es evidente e indiscutible que el Tribunal resolvió el asunto aplicando el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, cuando asentó que esa norma “consagra el principio de territorialidad de la ley según el cual la ley colombiana solo se aplica en el territorio nacional”, y que “la demandante fue contratada para prestar sus servicios en la ciudad de New York como ella misma lo confiesa en la demanda, a partir del 26 de mayo de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1998, como se colige del oficio mediante el cual se le comunicó la decisión de tomar sus servicios y se le indicó el salario y demás beneficios a que tenía derecho (fl. 325) y la carta de desvinculación (fl. 326)” (fl. 699); que “residía en dicha ciudad cuando fue contratada y lo sigue haciendo como se colige también de la demanda”; y que, por tanto, no le asiste derecho “para reclamar prestaciones sociales con base en la ley colombiana pues no hay prueba que hubiese trabajado en el territorio nacional y tampoco se dan las circunstancias señaladas por la jurisprudencia para estimar que el servicio prestado en el extranjero se entiende regulado por las disposiciones colombianas” (fl. 700).

Al desarrollar ese aserto, concluyó que a pesar de lo alegado por la parte demandante en su escrito de apelación, no había prueba de que el poder subordinante se ejerciera por las demandadas desde Bogotá, como tampoco que la demandante estuviera sometida a la legislación laboral colombiana, para lo cual tomó apoyo en varias de las pruebas del proceso.

Aunque la demanda de casación dista de ser un modelo de claridad, pues no se puntualizan en capítulo aparte los desaciertos fácticos atribuidos al fallo impugnado, de su desarrollo es posible a la Corte desentrañar que se le critica al Tribunal que concluyera que no se dan las circunstancias señaladas por la jurisprudencia para considerar que el servicio prestado en el extranjero se entiende regulado por la normatividad laboral colombiana, esto es, que la subordinación laboral se ejercía respecto de la demandante desde Bogotá.

Para ello se basa fundamentalmente en el criterio expuesto en la sentencia proferida el 28 de junio de 2001, radicación 15468.

Como lo destaca el cargo, en la aludida sentencia explicó la Sala:

“Conviene precisar que conforme a la jurisprudencia mayoritaria de la Corte sobre aplicación de la ley en el espacio, el principio general es que con arreglo al artículo segundo del Código Sustantivo del Trabajo la legislación colombiana no se aplica a servicios prestados en el exterior, salvo que sea inequívoca la continuidad de la subordinación desde Colombia o que las mismas partes dispongan expresamente el sometimiento a la legislación colombiana durante ese lapso, caso en el cual el empleador contrae un deber cuya fuente es su propia voluntad, sin que nada impida que se obligue a ello, preservándose así los principios de autonomía de la voluntad, buena fe y lealtad.

Cuestión distinta es cuando las partes —como ocurre en el caso aquí debatido— acuerdan expresamente lo contrario, esto es, que los servicios prestados por un trabajador en el exterior no se tengan en cuenta en Colombia para fines de salario o de prestaciones sociales, porque de conformidad con el precitado artículo segundo del Código del Trabajo esa estipulación es lícita, también desarrolla los postulados de autonomía de la voluntad, buena fe y lealtad, y por tanto no le es dable a ninguna de las partes rebelarse contra ella ni desconocerla”.

La impugnación parte de un equivocado entendimiento de la jurisprudencia respecto de las excepciones a la aplicación del principio de territorialidad establecido en el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente de los criterios jurídicos vertidos en la sentencia arriba transcrita. Y ello es así porque es cierto que ha considerado esta Sala que la regla que se ha dado en denominar lex loci solutionis, contenida en el artículo 2º aludido y que es fiel desarrollo del principio de territorialidad de la ley, no es absoluta y admite algunas excepciones a su aplicación, que permiten que, pese a que el contrato de trabajo no se ejecute en Colombia, se aplique la legislación laboral del país.

Sin embargo, la específica excepción relativa a que la subordinación se continué ejerciendo desde Colombia no se configura en el evento que alega la censura, pues no basta que se ejecute esa subordinación desde el país, sino que esta se continúe ejerciendo desde el territorio nacional, esto es, se requiere que antes de que el trabajador comience a prestar sus servicios en el exterior haya estado trabajando en Colombia y que la subordinación laboral se ejerciera en el país; y, además, que luego de ser trasladado a trabajar fuera del territorio patrio, la subordinación sobre el empleado se siga ejerciendo desde aquí. Situación esta última que permite inferir que, pese al traslado del trabajador, es intención de las partes que se siga desarrollando el contrato de trabajo en las mismas condiciones anteriores al cambio de sede laboral y, dentro de ellas, desde luego, la aplicación de la ley colombiana.

Quiere decir lo anterior que el criterio jurisprudencial que reclama la demandante para su caso no puede aplicarse cuando el contrato de trabajo se ha celebrado en el extranjero y allí se ha ejecutado completamente, pues en tal evento no es posible aplicar la legislación laboral colombiana, así existan actos de subordinación ejercidos desde Colombia.

De igual modo, cumple precisar que cuando en la sentencia en comento se indicó como hecho de excepción a la aplicación de la regla lex loci solutionis que la subordinación se continúe ejerciendo desde el país, debe entenderse que la Sala se refirió al caso en que el grueso de los actos del empleador que configuran el ejercicio de la subordinación laboral, como dar órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos, se ejerzan permanentemente desde Colombia y no cuando existan algunos actos aislados que puedan ser configurativos de subordinación, pero, pese a ellos, en realidad la facultad subordinante la ejerza el empleador, directamente o a través de sus representantes, en el lugar de prestación de servicios en el extranjero.

Y en este caso la impugnación no alega que en la ciudad de los Estados Unidos en la que ella trabajó, su empleadora no ejerciera actos de subordinación.

Entender de manera distinta a la arriba expuesta el criterio de la jurisprudencia laboral contenido en la sentencia bajo estudio, sería extender la aplicación del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo a relaciones laborales que él no contempla, pues ese precepto es suficientemente preciso al referirse al “territorio nacional”.

De igual modo, una interpretación, como la propuesta implícitamente por la impugnación, podría generar eventuales conflictos territoriales de aplicación de la ley con otros países, porque aceptar tal exégesis extensiva del citado artículo del estatuto laboral y de la jurisprudencia que lo ha desarrollado, equivaldría a invadir el ámbito de aplicación territorial que otras naciones le han fijado a sus normas laborales, pues, importa aclarar, la territorialidad de la ley, que es, sin duda, muestra de soberanía de una nación, no es un principio que sólo rija en nuestro sistema constitucional y legal, ya que tiene aplicación universal.

Cumple también precisar que el asunto sometido al estudio de la Corte en el proceso en el cual se dictó la sentencia del 28 de junio de 2001, se dio en condiciones fácticas que difieren del que ahora ocupa su atención, porque en aquel caso se trató de un trabajador que fue contratado en Colombia, en donde se desarrolló el contrato en gran parte, y luego fue trasladado, en comisión, a Lima, Perú. En cambio, en el presente caso la trabajadora fue contratada en los Estados Unidos, donde siempre se ejecutó el contrato de trabajo, es decir, nunca trabajó en Colombia.

Por esa razón, es claro que no pudo incurrir el Tribunal en el error que se le imputa cuando concluyó que “le asiste razón a la demandante para reclamar prestaciones sociales con base en la ley colombiana pues no hay prueba que hubiese trabajado en el territorio nacional y tampoco se dan las circunstancias señaladas en la jurisprudencia para estimar que el servicio prestado en el extranjero se entiende regulado por las disposiciones colombianas”, pues esa conclusión se corresponde con la jurisprudencia antes transcrita, correctamente entendida.

En consecuencia, inane resulta el análisis de los medios de convicción que se citan en el cargo, pues aun de encontrar que la Corte que ellos acreditan que en el caso de la actora se ejercían actos de subordinación desde Colombia, contrariamente a lo que concluyó el juzgador, que su trabajo beneficiaba las exportaciones del país, o que le fueron pagadas prestaciones laborales consagradas en las leyes colombianas, ello no sería suficiente para dar al traste con la decisión que se impugna, por las razones antes expuestas, en la medida en que, se insiste, la demandante fue contratada en el extranjero y no trabajó en Colombia, hechos que ella no discute.

Al respecto esta Sala de la Corte ya tuvo la ocasión de pronunciarse en un asunto similar al presente, en el que fueron demandadas las mismas entidades que aquí fungen como tales. Así en la sentencia del 14 de septiembre de 2005, radicación 24464, lo que a continuación se transcribe y que se cita dada la similitud de la situación fáctica debatida:

“No obstante lo anterior, si la Corte analizara la conclusión que el Tribunal extrajo del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo con fundamento en las sentencias de casación transcritas, y en las conclusiones fácticas en cuanto a que tanto el contrato como la prestación de servicios de la demandante se efectuaron en la ciudad de Nueva York, bajo las condiciones de los estatutos de Proexpo, que señalan que “las personas que se enganchan en las oficinas del exterior estarán sujetos a la legislación del país en el cual presten sus servicios, en lo que hace a las relaciones laborales” (fl. 418, cdno. 2); resulta que no fue desacertado su entendimiento, por cuanto, la jurisprudencia ha sostenido con base en el principio de la lex loci solutionis que su carácter no es absoluto, por cuanto en especiales circunstancias en que el contrato es realizado en el país, entre nacionales y bajo las leyes colombianas, pero ejecutado en el exterior, cabe su solución dentro de nuestra legislación laboral; situación que no corresponde a la aquí analizada, por cuanto de acuerdo a los hechos establecidos e inmutables dentro de la vía seleccionada para formular el cargo, la demandante fue contratada en la ciudad de Nueva York y fue allá donde se ejecutó el contrato de trabajo”.

Por lo expuesto, el cargo no prospera».

(Sentencia de 10 de febrero de 2009. Radicación 31301. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza).

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