SENTENCIA 3132, 3142 DE JUNIO 21 DE 1991

 

Sentencias 3132 y 3142 de junio 21 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

TITULO EJECUTIVO

DEUDORES SOLIDARIOS DE IMPUESTOS

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Abella Zárate

Ref.: Expediente 3132 y 3142

Actor: Juan Guillermo Angel Mejía. Autoridades nacionales.

Fallo

Bogotá, D. E., junio veintiuno de mil novecientos noventa y uno.

Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del Ministerio de Hacienda contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 6 de julio de 1990 en el juicio No 1195 promovido por el señor Juan Guillermo Angel Mejía, contribuyente del registro de Pereira. Igualmente se decide recurso de apelación que en igualdad de circunstancias interpuso la administración contra la sentencia dictada el 6 de julio de 1990 proferida con relación al señor Iván Enrique Gómez Valencia en el juicio 1190.

Estos dos juicios fueron acumulados mediante auto del 15 de febrero de 1991 por ser idénticos en su contenido, motivación y pretensiones.

Las demandas tuvieron por finalidad obtener la declaratoria de nulidad del mandamiento de pago dictado el 12 de septiembre de 1988 por la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira por razón de las deudas de impuestos sobre la renta y ventas a cargo de la sociedad Dacar Ltda. según reconocimientos anteriores a julio de 1986 en cuantía de $6.037.089, vinculando a cinco socios dentro de los cuales se encuentran los demandantes Juan Guillermo Angel Mejía e Iván Enrique Gómez Valencia de conformidad con el artículo 3o de la Ley 52 de 1977. La solicitud de anulación se extendió a las Resoluciones Nos. 01 y 076 del 2 de enero y 13 de marzo de 1989, respectivamente, mediante las cuales se rechazó de plano el escrito de excepciones presentado por los socios de Dacar Ltda., por no estar contemplados en la ley como tales, ordenando continuar el proceso ejecutivo contra los mismos.

Al decir de la Fiscalía, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de julio 6 de 1990, declaró la nulidad de las dos resoluciones acusadas y, en su lugar, resolvió declarar probada la excepción propuesta y continuar la ejecución contra la sociedad Dacar Ltda. Se basa en que las obligaciones tributarias que se cobran por jurisdicción coactiva corresponden al período gravable ``enero-febrero de 1986 otros anteriores'''' y que por tanto, en lo referente a la posible solidaridad de los socios, se debe acoger lo dispuesto en la Ley 52 de 1977. Que una vez determinado el impuesto a cargo de la sociedad no surge automáticamente la responsabilidad solidaria del socio pues se requiere que se trate de impuestos generados en período posterior a la disolución de la sociedad y que el socio recibía algo en la liquidación de aquella. Y que mientras estos supuestos fácticos no sean conocidos, no puede predicarse que haya responsabilidad solidaria y por tanto los actos que determinan el tributo a cargo de la sociedad, no son por sí solos título ejecutivo frente al socio.

En el recurso de apelación la entidad demandada sostiene que el procedimiento seguido en el ejecutivo contra la citada sociedad y la vinculación a los socios fue legal. Critica la sentencia porque la disolución se efectuó no en 1983 sino en noviembre de 1988 dos meses después de notificado el mandamiento de pago y si la hubo en 1983 no se comunicó a la Administración como es deber conforme al artículo 232 del Código de Comercio de dar aviso a todos los acreedores sociales.

La apelante, para justificar el cobro solidariamente con los socios, se apoya en el artículo 353 del C. de Co. porque lo que se cobra es el impuesto a cargo de la sociedad y obviamente no hay liquidaciones a cargo de los socios y no hay prueba de que no hubieran dejado de percibir alguna suma en la liquidación como lo afirma sin respaldo el actor.

Para la Fiscalía a cargo de la doctora Olga Lucía Zuluaga de Vásquez, es claro que por tratarse en este caso de deudas anteriores a 1987, no es aplicable la Ley 75 de 1986 que estableció la solidaridad de los socios como compensación a la desgravación por razón de sus aportes y participaciones y que en consecuencia, es preciso dar aplicación al artículo 3o de la Ley 52 de 1977 según el cual dicha solidaridad se predica de los socios en el evento de la disolución de la compañía y hasta por el monto de lo recibido en la liquidación. Dentro de este enfoque afirma que ``también está probado, por afirmación del demandado, que la sociedad estaba disuelta; e igualmente que cuando se libró el mandamiento de pago vinculando a los socios --12 de septiembre de 1988-- no se había registrado la escritura de liquidación hecho que tuvo cumplimiento el 23 de noviembre del mismo añó''. (Subraya la Sala).

Concluye que fue acertada la actuación de la Administración al vincular a los socios, por encontrarse la sociedad, ``según su propia afirmación'''', disuelta desde 1983.

Consideraciones de la Sección

1. Responsabilidad de los socios por la deuda fiscal de la sociedad

En materia de responsabilidad del contribuyente por los impuestos a su cargo ha sido regla general de nuestra legislación la de establecer la responsabilidad directa por su pago.

La ley fiscal (art. 5o Dcto. 2053/74) señala como sujeto pasivo del gravamen a las sociedades de responsabilidad limitada, sin perjuicio de las que le corresponde pagar a sus socios por sus aportes y participaciones.

En principio es la sociedad la única deudora de los impuestos liquidados a su cargo y tratándose de compañías formadas regularmente, con todos los requisitos legales, responde con la totalidad de su patrimonio. En las sociedades de responsabilidad limitada los socios no respondieron en el pasado por las deudas de la sociedad puesto que la de ellos está limitada al monto de sus aportes, los cuales quedan involucrados en el patrimonio social.

La solidaridad es una excepción a la regla de la indivisibilidad de las obligaciones. Por ello siempre debe ser expresa y es de interpretación restrictiva.

En materia de impuesto sobre la renta el Decreto 1651 de 1961 contempló en el artículo 104 algunos casos de ``responsabilidad solidariá'' dentro de los cuales se destaca la de los socios respecto de las obligaciones de las sociedades de hecho, pero no la estableció sobre los socios de las compañías regularmente formadas, conservando así la independencia de la sociedad y sus socios, fincada en el artículo 353 del Código de Comercio.

Con posterioridad, la Ley 52 de 1977 avanzó en la materia y distinguió los responsables directos de los indirectos y renovó las normas sobre responsabilidad solidaria, estableciendo en el literal b) del artículo 3o la de ``los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la liquidación social''''.

Se observa, como lo anotó el a-quo, que en esta época de nuestra legislación siendo la regla la de la responsabilidad individual por la obligación tributaria, la excepción que consagró se refirió no a las sociedades vigentes o en actividad, sino a las disueltas, con el objeto de evitar que por este medio de extinción de la sociedad del Estado fuera burlado, pero limitándola en cabeza del socio hasta el valor recibido en la liquidación del haber social.

Este era y sigue siendo el sistema legal con relación a los socios y sociedades de responsabilidad limitada regularmente formadas con relación a las obligaciones de ejercicios anteriores a 1987, pues a partir de éste, el legislador a la par que desmontó la llamada ``doble tributación'''' (de sociedad y socio) estableció en cambio la responsabilidad solidaria de los socios a prorrata de su interés social y durante el tiempo en que lo fueron, pero se repite, este sistema rige respecto a las liquidaciones de 1987 y siguientes (art. 26 Ley 75/86). Este es el origen y significado de los artículos 793 y 794 del estatuto tributario.

2. El título ejecutivo respecto al responsable in solidum

Siendo la regla la responsabilidad directa y la excepción la indirecta por solidaridad, el título ejecutivo en uno y otro caso debe estar ajustado a las peculiaridades de la fuente de la obligación.

El artículo 828 del estatuto tributario señala en primer lugar como títulos ejecutivos a las liquidaciones privadas y las oficiales ejecutoriadas en los ordinales 1o y 2o y solamente respecto a ellas volvió a autorizar ``la certificación del administrador de Impuestos o su delegado sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales'''', que había suprimido el artículo 68 del Decreto 01 de 1984.

Respecto a los demás títulos ejecutivos no es procedente la certificación del administrador sino que la obligación debe constar en el documento original o auténtico que la establezca, como sucede con las garantías y cauciones (ordinal 4o) que suponen la expedición de un acto de la Administración que declare elincumplimientooexigibilidaddelasobligaciones garantizadas.

Algo semejante sucede con las obligaciones cuando nacen indirectamente en razón de la solidaridad prevista en la ley: las liquidaciones a cargo del contribuyente o deudor principal no cobijan en forma automática a los deudores solidarios. Respecto a éstos la administración debe producir un acto en el que examine las circunstancias de hecho y de derecho, constate los presupuestos previstos en la ley y determine individualmente lo que corresponda a cada deudor solidario, (por ejemplo la época y proporción en que una persona fue socia y la cuantía que le corresponde).

Estos actos son los títulos que están comprendidos en el numeral 3o del artículo 828 del Estatuto Tributario cuando indica como tales ``los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional''''.

En consecuencia, no es válida la ``vinculación de los socios'''' hecha o decretada directamente en el mandamiento de pago, sin que previamente en un acto susceptible de recursos, se hayan configurado los presupuestos de hecho y de derecho de su responsabilidad solidaria con la deuda de otro contribuyente determinada ésta en una liquidación oficial.

La trascendencia de las anteriores observaciones en el campo de las EXCEPCIONES es evidente: siendo necesario un acto especial de la Administración en el que declare y cuantifique la obligación del responsable indirecto, por solidaridad, garantía o caución, acto que es diferente a la liquidación oficial o la privada, debe existir y constar en el expediente para que sea procedente dictar el mandamiento de pago. Respecto a aquella no es válida la ``certificación'''' de la Administración y menos aún su establecimiento en el mismo mandamiento de pago con una simple orden de ``vinculación''''.

En consecuencia, la inexistencia de tal acto cabe dentro de la excepción prevista en el numeral 7 del artículo 831 del Estatuto Tributario como ``la falta del título ejecutivo...''''.

3. El caso que se controvierte

Dentro del criterio anteriormente expuesto se puede concluir que le asistió la razón a los socios ejecutados cuando, frente al mandamiento de pago alegaron la excepción de ``inexistencia del título ejecutivó'' y, en cambio, se equivocó la Administración al ``rechazar de plano el escritó'' en el que la presentaron.

Es evidente que tanto el mandamiento de pago que ``vinculó"a los socios demandantes, en forma directa sin acto previo que determinara su responsabilidad solidaria por la deuda fiscal de la sociedad, fue violatorio del artículo 828 del Estatuto Tributario invocado por la demanda y las Resoluciones 01 y 076 de 1989 que rechazaron de plano la excepción de falta de título, fueron violatorias del artículo 831 ibídem, también invocado por el actor.

En cuanto al régimen aplicable a los socios, diferente en razón de si al momento de expedir el mandamiento --septiembre 12 de 1988-- la sociedad se encontraba vigente o en estado de disolución, la Sala se inclina por la primera posibilidad con base en las siguientes consideraciones:

a) Ciertamente los actores alegaron desde un principio que la sociedad se había disuelto por pérdida de su capital en 1983 pero aunque esta afirmación no les favorecía totalmente, la verdad es que nunca la comprobaron.

b) La Administración de Impuestos de Pereira, contrariando o soslayando la orden del tribunal (auto admisorio) no remitió todos los antecedentes administrativos y por ello no puede conocerse el texto de la escritura pública No 4980 de noviembre 23 de 1988, Notaría 3a. de Pereira, que por las distintas referencias que hay de ella, contiene la liquidación de la cuenta final de Dacar Ltda. y que fue producida dos meses después de notificado el mandamiento de pago.

c) La consecuencia desde el punto de vista probatorio es que la Administración no estableció, ni consta en el expediente, que por haber sido disuelta la sociedad antes de septiembre de 1988 no le era aplicable el régimen de responsabilidad solidaria a sus socios conforme al literal b) del artículo 3o de la Ley 52 de 1977.

d) La Sala no comparte el enfoque contrario deducido por su colaboradora Fiscal de la afirmación del demandado, como prueba de la disolución del ente social. No era posible aceptar ``su propia afirmación'''' porque la disolución por ser reforma del contrato social necesariamente debe cumplir con el requisito de la publicidad para que produzca efectos ante terceros; la única causal de disolución que opera de plano por ministerio de la ley, es la del vencimiento del término previsto para la duración del contrato, pero todas las demás requieren escritura y registro en la cámara de comercio (arts. 218, 219 y concordantes del C. de Co.).

En el caso que se resuelve no se ha mencionado tal causal, sino la pérdida de capital, o sea, que requería de tales formalidades que, no se acreditaron.

Por lo dicho, la Sala concluye que no era aplicable el literal b) del artículo 3o de la Ley 52 de 1977 a los socios de Dacar Ltda., y menos aún era procedente vincularlos directamente en el mandamiento de pago, siendo procedente la excepción de inexistencia del título planteada por los actores Juan Guillermo Angel Mejía e Iván Enrique Gómez Valencia.

Lo anterior conduce a la confirmación de la sentencia apelada, pero como ésta anuló los actos acusados en forma total, la Sala debe limitar los efectos de esta anulación únicamente a los actores mencionados, puesto que los demás socios ni son representados por éstos, ni consta actividad alguna de ellos ante esta jurisdicción.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICANSE las sentencias del 6 de julio de 1990 del Tribunal Administrativo de Risaralda —Expedientes 1190 y 1195— en las que declaró la nulidad de las resoluciones 1 del 2 de enero y 76 del 13 de marzo ambas de 1989, de la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira en el sentido de que la nulidad allí decretada favorece únicamente a los socios Juan Guillermo Angel Mejía con C.C. 10.058.108 de Pereira e Iván Enrique Gómez Valencia con C.C. 17.115.674 de Bogotá. CONFIRMASE en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Jaime Abella Zarate, Presidente—Guillermo Chahín Lizcano—Consuelo Sarria Olcos.

Jorge Torrado Torrado, Secretario.

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