SENTENCIA 3136 DE AGOSTO 16 DE 1991

 

Sentencia 3136 de agotso 16 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

POR LAS DEUDAS FISCALES DE LA SOCIEDAD

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Abella Zárate

Ref.: Expediente 3136

Actor: Maristi Pereira Limitada. Autoridades Nacionales.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., agosto dieciséis de mil novecientos noventa y uno.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la representante judicial del Ministerio de Hacienda, contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda del 6 de julio de 1990, mediante la cual anuló parcialmente las resoluciones 2 del 28 de octubre y 704 del 28 de diciembre de 1988 dictadas por la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira.

Antecedentes

La Sociedad Marisiti Pereira Ltda. figuraba como deudora de impuestos sobre la renta por el año gravable de 1983 según cuenta corriente, por el año de 1982 según liquidación de revisión 191 de noviembre 27 de 1984 y por el año de 1984 según liquidación provisional 131 de diciembre 23 de 1985. Con base en estas deudas la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira libró mandamiento ejecutivo (D. 2503/87, art. 103) por $ 1.116.699 contra la citada sociedad y además contra sus socios Alirio Loaiza Santa, Judith Henao Sierra de Loaiza y Efraín Aristizábal Z. el día 15 de septiembre de 1988 fecha en la cual fue notificado personalmente el señor Alirio Loaiza, representante legal de la citada sociedad.

Contra dicho mandamiento de pago la apoderada de los socios Alirio Loaiza y Judith Henao propuso excepciones que se resumen en la alegada “falta de títuló” contra los socios ya que si la demanda es por razón de impuestos o a cargo de la sociedad sólo podrían cobrarle a los socios los causados a partir de 1987 según el artículo 26 de la Ley 75 de 1986 y que el señor Loaiza se había retirado de la gerencia en mayo de 1984 y no podían responsabilizarlo por tales deudas de la compañía, que estaba disuelta.

La Administración de Impuestos dentro del trámite administrativo de cobro coactivo regulado por el Decreto 2503 de 1987 no aceptó las excepciones planteadas mediante las resoluciones 2 y 704 de 1988 en las cuales no aceptó la afirmación sobre la disolución de la sociedad al decir que la apoderada no mencionó la escritura 146 de enero 31 de 1983, Notaría 2ª sobre prórroga de la sociedad y que estando vigente los socios tienen responsabilidad sobre los negocios sociales y la obligación tributaria.

La DEMANDA además de pedir la nulidad de las citadas resoluciones concretó la pretensión de restablecimiento del derecho con relación a los poderdantes Alirio Loaiza y Judith Henao en el sentido de responder solidariamente con la sociedad Maristi Pereira Ltda. hasta por el monto de sus aportes al 27 de noviembre de 1984, en la cual se produjo la liquidación final 191 de la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira.

Citó como violados los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional. El artículo 353 del Código de Comercio que consagra la responsabilidad de los socios hasta el monto de sus aportes; alegó errónea aplicación del literal b) del artículo 3o de la Ley 52 de 1977 que atribuye solidaridad de los socios pero en las sociedades disueltas, a prorrata de lo recibido en liquidación. Afirmó no ser aplicable el artículo 26 de la Ley 75 de 1986 que consagra solidaridad por las deudas tributarias pero que se causen a partir del año de 1987 y atacó de falsa motivación las resoluciones por aplicar una norma relativa a sociedad disuelta cuando ésta no lo estaba, remitiéndose al efecto al certificado de la cámara de comercio de mayo de 1989.

La SENTENCIA materia del recurso que se estudia, desechó por improcedente los cargos de violación de los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional. Criticó a los abogados defensores pues la primera apoderada alegó la disolución de la sociedad el 9 de febrero de 1983 y luego que no, lo que hizo incurrir en error a la administración. Sobre el artículo 353 del Código de Comercio afirma que no puede deducirse solidaridad alguna sino al contrario, responsabilidad independiente de socios y de la sociedad que responde con su patrimonio. Que la notificación del mandamiento de pago se hizo en septiembre 16 de 1988 ya vigente el Decreto 2503 de 1987, según el cual prestan mérito ejecutivo las liquidaciones de impuesto producidas antes según el artículo 103 y siguientes pero, finalmente, anula en forma parcial las resoluciones acusadas en cuanto ordenan continuar la ejecución contra los socios, conservando la de la sociedad.

La APELACION de la entidad oficial se inicia con crítica a la defensa por haber variado de posición respecto a la prórroga de la sociedad; no participa de la interpretación del artículo 353 del Código de Comercio que le dio el a-quo y afirma que no es posible a los socios sustraerse de sus obligaciones y responsabilidades y que no ha probado la disolución de la sociedad sino el ánimo de no pagar sus deudas fiscales.

Concepto fiscal

La doctora Olga Lucía Zuluaga Vásquez como Fiscal Sexta ante esta corporación, luego de analizar y precisar varios aspectos de la responsabilidad de los socios sobre deudas fiscales de la sociedad, considera que la sociedad quedó disuelta por disposición legal sin necesidad de formalidad alguna el 9 de febrero de 1988 (sic) sin que pueda aceptarse la afirmación contraria hecha por la cámara de comercio y como los actos administrativos demandados y el mandamiento de pago son posteriores (sept. 15, oct. 28 y dic. 28/88) a la disolución de la sociedad, era plenamente válida la aplicación del artículo 3º de la Ley 52 de 1977 invocada por la administración, lo que permite concluir que la excepción de inexistencia del título no se configuró, debiendo mantenerse la vinculación de los socios al cobro coactivo adelantado contra la sociedad por obligaciones fiscales anteriores a 1987.

Pide revocar la sentencia y confirmar la actuación administrativa.

Consideraciones de la Sección

La responsabilidad del socio por la deuda fiscal de la sociedad limitada

El tema central que se ha debatido en este proceso es el de la responsabilidad del socio de sociedad de responsabilidad limitada por el impuesto sobre la renta a cargo de ésta. Al. efecto la Sala comienza por recordar algunas nociones sobre las cuales se dieron distintas versiones en el curso de la controversia, sobre aspectos que inciden en la comprensión del problema, a saber:

a) En principio, la obligación fiscal del pago del tributo recae en forma directa sobre el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación sustancial y por ello son distintas la responsabilidad de la sociedad y la de sus socios. La independencia de las obligaciones de éstos tiene su soporte legal además del artículo 353 del Código de Comercio, en la propia ley fiscal que señala como sujeto pasivo del impuesto a las sociedades de responsabilidad limitada, sin perjuicio del que les corresponde pagar a sus socios por sus aportes y participaciones (D. 2053/74, art. 5º).

b) Es la sociedad la que debe responder con su patrimonio por los impuestos a su cargo siendo el único deudor. La característica más destacada de la sociedad de responsabilidad limitada y que la distingue de las demás, es la de que aun perteneciendo al grupo de las denominadas de persona o intuito personae, el socio, por razón del contrato social, no responde sino hasta por el monto de su aporte, más el valor adicional que pacte voluntariamente.

c) En términos generales las obligaciones son divisibles cuando existen varios deudores, caso en el cual, la regla es que cada uno es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda. La excepción a esta regla es la solidaridad u obligación in solidum en virtud de la cual se permite exigir a cada uno de los deudores el total de la deuda. Las fuentes de la solidaridad son la ley, la convención o el testamento y por ello siempre debe ser expresa (C.C., art. 1568).

d) La obligación sustancial tributaria se origina al realizarse el presupuesto de hecho previsto en la ley como generador del tributo, pero es la liquidación impositiva como acto administrativo de carácter eminentemente declarativo la que establece la certeza y le da forma a la obligación y permite al sujetivo activo exigir su pago. La liquidación no es un elemento interno constitutivo de la obligación sustancial, sino el ejercicio de la atribución constitucional de recaudar los impuestos, que se traduce en obligación de determinarlos y cobrarlos. De ahí que el ``título ejecutivó'' por excelencia en materia tributaria es la liquidación de impuestos (E.T. art. 828), que en cuanto a su forma y características está sujeta a la ley vigente en el momento en que se produzca.

En materia tributaria y más concretamente en el impuesto sobre la renta, dado el carácter personal y directo de este gravamen ha sido norma general la responsabilidad directa del contribuyente, pero progresivamente la legislación ha extendido la responsabilidad de su pago a otras personas, en aras a la efectividad del recaudo.

Inicialmente el Decreto 1651 de 1961 contempló en el artículo 104 algunos casos de ``responsabilidad solidariá'', dentro de los cuales se destacan la de los socios respecto de las obligaciones de las sociedades de hecho y las de los comuneros con administración respecto de las deudas a cargo de la comunidad, entre otros, claramente señalados, pero no la estableció entre los socios de compañías regular y legalmente formadas.

La Ley 52 de 1977 avanzó más en esta materia y en sus artículos 2o a 6o trató el tema de la responsabilidad por el pago del tributo distinguiendo los responsables directos de los indirectos y los casos de responsabilidad solidaria.

Dentro de estos últimos está la contenida en el literal b) del artículo 3o conforme a la cual responden con el contribuyente por el pago del tributo ``los socios de sociedades disueltas, hasta concurrencia del valor recibido en la liquidación social''''.

Consagra esta disposición la mencionada responsabilidad solidaria de los socios para con la obligación fiscal de la compañía en cualquier clase de sociedades, pero concretada al momento de la extinción del contrato social por disolución y liquidación del ente social. En consecuencia, de no tratarse de una sociedad disuelta o en proceso de disolución y liquidación no es posible aplicar la solidaridad a sus socios puesto que ésta, por ser la excepción, debe interpretarse en forma restrictiva.

Posteriormente en la reforma de 1986 al suprimirse la denominada ``doble tributación'''', desgravando a los socios por las participaciones y dividendos, como mecanismo para reforzar la garantía del recaudo de los impuestos a cargo de las sociedades y además como medida de prevención de la evasión y elusión fiscales mediante la utilización de las llamadas ``sociedades de papel'''', en el artículo 26 de la Ley 75 de 1986 se estableció la responsabilidad solidaria de toda clase de asociados en cualquier compañía, a prorrata del interés y durante el tiempo en que lo fueron, pero esta disposición solamente rige a partir del año gravable de 1987, o sea, sobre las liquidaciones correspondientes a los años gravables de 1987 y siguientes, por ser éstas las primeras en las que se aplicó el régimen de desgravación a los socios.

Ambas normas mencionadas, tanto la de la Ley 52 de 1977 artículo 3º, literal b), como el 26 de la Ley 75 de 1986 están vigentes e incorporadas en el estatuto tributario, en los artículos 793 y 794.

El caso que se debate

Tenidos en cuenta algunos de los conceptos anteriormente expuestos, se analiza el caso que ha sido motivo de controversia y sobre el cual radica el recurso que se resuelve en esta providencia, con las siguientes consideraciones.

Mediante auto de decreto oficioso de pruebas (abril 5/91) la Cámara de Comercio de Pereira en respuesta del 23 de julio remite un certificado del cual se destaca que la sociedad constituida por Escritura 219 del 9 de febrero de 1978 quedó DISUELTA por vencimiento del término el día 9 de febrero de 1988.

Teniendo en cuenta que las deudas cobradas corresponden a los años gravables de 1983 y 1984, es decir, que no comprenden deudas por el año de 1987 (a las cuales se aplica el régimen de la L. 75/86) el día 15 de septiembre de 1988 (fecha del mandamiento de pago) la situación de los socios estaba reglada por el artículo 3o de la Ley 52 de 1977, es decir, en principio podían soportar responsabilidad solidaria por deudas tributarias en proporción a lo que recibieran en la liquidación de la sociedad disuelta siete meses atrás en febrero de 1988.

Sin embargo, la vinculación al cobro de los socios en su condición de responsables solidarios no podía hacerse directamente en el mandamiento de pago, sin que a éste lo precediera un acto administrativo en el cual se analizaran las circunstancias de hecho y de derecho que los declaren responsables solidarios de la deuda a cargo de la sociedad. No existe tal acto, tan solo la administración produjo una carta de cobro al señor Alirio Loaiza Santa con la cual se refería a los impuestos determinados a la sociedad, pero sin ninguna fundamentación, ni precisión, ni forma de acto administrativo. En consecuencia, no podía la administración incluir a los socios en el mandamiento de pago sin título que lo justificara, motivo por el cual la excepción alegada desde un principio por la apoderada de los socios es válida y así ha debido reconocerlo la administración.

En consecuencia, aunque por razones distintas, debe ser confirmada la sentencia apelada en cuanto dispuso la anulación parcial de las resoluciones 02 de octubre 28 de 1988 y 704 de diciembre 28 de 1988 en la parte que ordenaron continuar la ejecución contra los socios de Maristi Pereira Ltda. Alirio Loaiza y Judith Henao y vigente en cuanto la ordenan contra dicha sociedad.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia dictada en este proceso por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 6 de julio de 1990.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Jaime Abella Zárate, Presidente—Guillermo Chahín Lizcano—Carmelo Martínez Conn—Consuelo Sarria Olcos.

Jorge Torrado Torrado, Secretario.

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