Sentencia 314 de octubre 20 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 314

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil cinco.

Recurso de apelación contra la sentencia de 11 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “A”.

Actor: Instituto de Tránsito de Boyacá.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Como se desprende del resumen que antecede, la controversia en este caso gira en torno de establecer si operó o no el fenómeno de caducidad de la facultad sancionatoria.

En orden a dilucidarla, la Sala tiene en cuenta siguiente:

El artículo 14 del Decreto 1270 de 1991 “por el cual se determina el régimen de sanciones aplicables a los organismos de tránsitos”, prevé:

“La facultad que tiene el Intra para imponer las sanciones a que se refiere el presente decreto caduca a los tres (3) años de producido el último acto constitutivo de la falta”.

Del texto de la disposición transcrita no se deduce que la imposición de la sanción en legal término esté condicionada a la ejecutoria del acto que la ordena.

En tratándose de la facultad sancionatoria de la administración y para los efectos de la aplicación de la caducidad, la Sala en algunos pronunciamientos ha precisado que siendo la interposición de los recursos una circunstancia que depende enteramente de la voluntad del administrado, el cual, a su arbitrio, decide si debe acometerla o no, no debe ser tenida en cuenta para establecer tal fenómeno; por ende, lo que debe exigírsele a la administración se reduce a que resuelva sobre la situación del investigado y notifique su decisión dentro del lapso que le confiere la norma, sin que se requiera la firmeza o ejecutoria de ese acto, (sent., sep. 6/2001, exp. 6283, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Así también lo ha venido interpretando la Sección Cuarta de esta corporación desde 1994, conforme se reitera en sentencia de 8 de septiembre de 2000 (exp. 25000-23-24-000-1995-5976-02-10056, actores: Inmobiliaria El Rosal S.A. y otros, C.P. Julio Enrique Correa, Restrepo), que al efecto expresó:

“... Esta tesis intermedia, que considera válido el ejercicio de la acción contravencional con la expedición y notificación del acto principal, esto es el que impone la sanción, es la vigente; ha sido avalada y ratificada por la jurisdicción y permanecido inmodificable desde las sentencias del 24 de marzo de 1994, expedientes 5044... tesis mayoritaria que ha venido sosteniendo esta sección desde tiempo atrás, que hoy se reitera y que vino a ser confirmada con el Decreto 1746 de 1991, que desligó del término de caducidad de la acción lo atinente al recurso gubernativo y el acto correspondiente que lo decide, al establecer: “El término de caducidad de la acción de las infracciones cambiarias será de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. El anterior término se interrumpirá con la notificación del acto de formulación de cargos y correrá por un (1) año más a partir de dicha notificación. La vía gubernativa se regirá por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”.

En este caso el acto sancionatorio principal, esto es, la Resolución 7195 de 18 de diciembre de 1997, se expidió y notificó dentro del término que tenía la administración para hacerlo, pues el último acto constitutivo de falta se produjo, en cada uno de los distritos, el 26 de septiembre de 1995 (Duitama); el 22 de abril de 1996 (Combita) y el 11 de marzo de 1996 (Puerto Boyacá). Y como quiera que la resolución sancionatoria se expidió el 18 de diciembre de 1997 y quedó notificada el 18 de febrero de 1998, según consta a folio 51 del cuaderno principal, no se había configurado la caducidad.

En consecuencia, debe la Sala analizar el cargo restante para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:

Según el actor se violaron los artículos 29 de la Constitución Política y 8º, literal b), del Decreto 1270 de 1991, ya que se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa, pues la Resolución 780 de 14 de febrero de 1997, través de cual se le abrió investigación, cita como quebrantado el artículo 3º, literal c), de la Resolución 717 de 13 de febrero de 1995 y describe una conducta diferente de la allí contemplada y de la que se tuvo en cuenta en la Resolución 7195 acusada, la cual alude a la violación del artículo 1º, numeral 3º, literales c y g.

En su opinión, el ministerio le obstaculizó su defensa pues el actor se defendió de los cargos de la Resolución 780.

Considera que las normas presumiblemente violadas no son aplicables a los organismos de tránsito, pues la Resolución 717 de 1995 no configuró obligaciones respecto de ellos sino que reguló la delegación de funciones a los asesores regionales y seccionales del ministerio.

La Resolución 780 de 14 de febrero de 1997, obrante a folios 89 a 97 del cuaderno de antecedentes, por la cual se abrió investigación al actor, da cuenta de que en la visita realizada al Distrito de Tránsito 3 (Duitama), según informe de 15 de septiembre de 1995, radicado el 26 del mismo mes y año, el Instituto de Tránsito de Boyacá, incurrió en irregularidades, al matricular algunos vehículos, tales como la falta de factura de la carrocería e inscripción de la empresa carrocera; sin concepto de capacidad transportadora y con solo la carta de aceptación de la empresa; con un documento inconsistente de la Alcaldía de Soacha, sin el lleno de los requisitos de que trata el Decreto 493 de 1990; sin planilla de registro automotor; con doble facturación, etc.

Que, igualmente, según informe de 22 de abril de 1996, en el Distrito de Tránsito 1 de Combita, se incurrió en irregularidades tales como matricular un vehículo que fue transformado sin el concepto técnico de transformación; y según informe de 11 de marzo de 1996, en el Distrito de Tránsito 8, Puerto Boyacá, por la refrendación de un permiso circulación restringida; por no entregar oportunamente la renovación de una licencia de conducción y no dar respuesta al requerimiento que le hizo el ministerio en tal sentido.

De la lectura del acto administrativo en estudio no se deduce que el Ministerio de Transporte hubiera formulado pliego de cargos al actor por violación del artículo 3º, literal g) de la Resolución 717, sino que claramente se lee a folio 93 que la mención que se hace de esta resolución como parte de los considerandos, es para poner de relieve una de las funciones que tienen las asesorías regionales y/o seccionales del Ministerio de Transporte. De otra parte, en el artículo primero de tal resolución se advierte que el pliego de cargos se fórmula por presunta violación a la legislación de tránsito transporte vigente que hace incurso al actor en las causales d) y e) del artículo 6º del Decreto 1270 de 1991 (fl. 97).

La citada norma, prevé:

“ART. 6º—Será sancionado con multa equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes conductas:...

d) Exigir requisitos diferentes a los establecidos legalmente para los trámites que se adelanten ante dichos organismos;

e) Cometer acto arbitrario con ocasión de sus funciones, o excederse en el ejercicio de ellas”.

Para la Sala las conductas descritas en la parte motiva de la Resolución 780 de 1997, por la cual se formuló pliego de cargos al actor encuadran dentro de las causales antes mencionadas; y tales conductas son las mismas que aparecen relacionadas en la Resolución 7195 de 18 de diciembre de 1997 que impuso la sanción y frente a las cuales se rindieron los correspondientes descargos. Así se deduce claramente de lo consignado a folios 32 a 38 del cuaderno de anexos.

En consecuencia, no se vislumbra la violación del debido proceso ni del derecho de defensa alegada por el actor, razón por la que debe revocarse la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la denegación de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2005».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, disiento de lo decidido en la sentencia referenciada, mediante la cual se negó la nulidad del acto administrativo demandado, expedido por el Ministerio del Transporte, por medio del cual se resolvió imponerle a la entidad actora una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 1995, equivalentes a $ 17.840.025, siendo que ha debido declararse la nulidad de las mismos, en razón a las siguientes consideraciones:

1. La actora pidió la nulidad de las resoluciones 7195 de 18 de diciembre de 1997, expedida por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor del Ministerio de Transporte, por la cual se sanciona al Instituto de Tránsito de Boyacá —ITBOY—, con multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año de 1995, equivalentes a $ 17.840.025; 264 de 30 de agosto de 2000, expedida por la misma entidad, que resolvió el recurso de reposición; y la 3392 de 22 de noviembre de 2000 por la cual se decide el recurso de apelación interpuesto por el ITBOY, contra la Resolución 7195, confirmándola, expedida por el Viceministro de Transporte.

2. Para el efecto señaló como violado, entre otros, el artículo 14 (1) del Decreto 1270 de 1991, según el cual la facultad que tiene el Intra para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el último acto constitutivo de falta; que conforme a las fechas de los trámites de los vehículos cuyas irregularidades se imputan, ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha del último acto presuntamente constitutivo de falta a la fecha en que quedó ejecutoriada la sanción, no obstante lo cual el ministerio toma en cuenta la fecha en que se expidió la resolución que lo sancionó o sea, el 18 de diciembre de 1997.

3. El tribunal a quo acogió dicho cargo al hallar que conforme a la norma mencionada la entidad demandada disponía de tres años para imponer la sanción al Instituto de Tránsito de Boyacá, los que se cuentan desde que la entidad tiene conocimiento de las irregularidades cometidas; que en este término debe computarse desde el día en que se realizó la visita a los distritos del ITBOY hasta la fecha en que quedó ejecutoriado el acto que impuso la sanción, esto es, la Resolución 7195 del 18 de diciembre de 1997, respecto de lo cual calculó el término en relación con las diferentes investigaciones que concluyeron con el acto acusado, y explica que la Resolución que sanciona al Instituto de Tránsito de Boyacá adquirió firmeza el 18 de diciembre de 2000, día siguiente a la fecha en que se resolvió el recurso de apelación, mientras que la facultad para hacer efectiva tal garantía ya había caducado y por tanto el Ministerio de Transporte ya no era competente para expedir los actos acusados.

Explica, igualmente, una de las diferencias fundamentales entre la prescripción y la caducidad, consistente en que aquella es susceptible de interrupción del cómputo del término, mientras que esta no se interrumpe aunque en algunos casos expresamente señalados en la ley puede dejar de operar (CPC, art. 90); que este fenómeno, no obstante, no es predicable en este caso, pues se trata de ejercer la facultad sancionatoria que implica la aplicación de una pena con surtimiento total del correspondiente proceso que apareja la firmeza de la providencia que la impone (C. Pol., art. 248); y concluye que la sanción solo es tal cuando es susceptible de ejecutarse por los correspondientes órganos del Estado, circunstancia que solo se da cuando se encuentra ejecutoriada o en firme, con la aclaración de que la firmeza debe producirse dentro del término en que la administración tiene la facultad sancionatoria; vencido el mismo, podrá seguir investigando pero en ningún caso podrá sancionar por carencia de competencia para ello. Al punto, se apoya en el precedente dado en sentencia 6 de agosto de 1992 magistrado ponente Guillermo Chahín Lizcano.

4. La entidad demandada apeló la sentencia controvirtiendo dicho cargo como el principal motivo de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia (2) , de modo que la apelación dirimida en la sentencia referenciada se circunscribía a lo expuesto en el mismo.

5. La Sala acogió la posición de la recurrente y, en consecuencia, decidió revocar la sentencia referida tras haber considerado que del texto de la disposición comentada no se deduce que la imposición de la sanción en legal término esté condicionada a la ejecutoria del acto que la ordena; que entratándose de la facultad sancionatoria de la administración y para los efectos de la aplicación de la caducidad, la Sala en algunos pronunciamientos ha precisado que siendo la interposición de los recursos una circunstancia que depende enteramente de la voluntad del administrado, el cual, a su arbitrio, decide si debe acometerla o no, no debe ser tenida en cuenta para establecer tal fenómeno; por ende, lo que debe exigírsele a la administración se reduce a que resuelva sobre la situación del investigado y notifique su decisión dentro del lapso que le confiere la norma, sin que se requiera la firmeza o ejecutoria de ese acto. En apoyo de esa tesis cita la sentencia de esta Sala de 6 de septiembre de 2001, expediente 6283, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y jurisprudencia de la Sección Cuarta desde 1994, conforme se reitera en sentencia de 8 de septiembre de 2000, expediente 25000-23-24-000-1995-5976-02-10056, actores: Inmobiliaria El Rosal S.A. y otros, consejero ponente Julio Enrique Correa Restrepo.

Que en este caso el acto sancionatorio principal, la Resolución 7195 de 18 de diciembre de 1997, se expidió y notificó dentro del término que tenía la administración para hacerlo, pues el último acto constitutivo de falta se produjo, en cada uno de los distritos, el 26 de septiembre de 1995 (Duitama); el 22 de abril de 1996 (Combita) y el 11 de marzo de 1996 (Puerto Boyacá). Y como quiera que la resolución sancionatoria se expidió el 18 de diciembre de 1997 y quedó notificada el 18 de febrero de 1998, según consta a folio 51 del cuaderno principal, no se había configurado la caducidad.

6. Sin embargo, observo:

6.1. Que el comentado artículo señala lo siguiente:

“La facultad que tiene el Intra para imponer las sanciones a que se refiere el presente decreto caduca a los tres (3) años de producido el último acto constitutivo de la falta”.

6.2. Que esta sección, en sentencia de 31 de enero de 2003 (3) , reiteró que “al respecto (de la caducidad de la facultad sancionatoria), la Sala tiene dicho que el procedimiento administrativo es una unidad un todo, conformado por dos etapas, la actuación administrativa y la vía gubernativa, y que culmina con la firmeza del acto administrativo que le pone fin a la primera etapa, según se desprende del título III de la primera parte del Código Contencioso Administrativo, en cuanto se denomina “Conclusión de los procedimientos administrativos - Firmeza de los actos administrativos”. Por consiguiente, se ha considerado que solo hay decisión definitiva del procedimiento sancionatorio respectivo cuando el acto que la contiene quede en firme” (negrillas no son del texto).

Y que con fundamento en esa premisa, “en la sentencia de 20 de agosto de 1998, expediente 4958, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa, ... se dijo:

“3ª. ..., la determinación de la caducidad de la acción de las infracciones cambiarlas está supeditada al cómputo que se haga, o no, del lapso que comprende la vía gubernativa.

Sobre el punto, no ha habido una posición consistente de la corporación. En efecto:

a) La Sección Primera, con ponencia del magistrado Rodrigo Vieira Puerta, dijo: “... para tomar una decisión, entendiéndose por esta la resolución definitiva del asunto. lnferible es de ello, que si llegado el momento de decidir sin que queden ya más recursos y ese momento está sobrepasando los cuatro años fijados por la ley, la resolución ... no ha podido ser otra que la de declarar la prescripción en forma oficiosa... (sent., jul. 12/90, exp. 1499, actor Bernardo Fernández Meza).

b) La misma Sección Primera, en fallos de los que fueron ponentes los magistrados Miguel González Rodríguez, Yesid Rojas Serrano y Libardo Rodríguez Rodríguez, sostuvieron, en esencia, que la notificación y la oportunidad para interponerlos recursos no hacen parte del procedimiento administrativo con el que se pone fin a una actuación de esa naturaleza (sents., ago. 15/91, exp. 1457; jul. 18/91, exp. 1567 y jul. 25/91, exp. 1476, en su orden).

c) La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Guillermo Chahín Lizcano, sostuvo que para imponer sanciones se hace necesaria la diligencia de notificación del acto que pone fin a la actuación administrativa y de las decisiones ulteriores necesarias para que el acto sancionatorio quede en firme (sent., jun. 8/92, exp. 4040, actor: Banco Cafetero, reiterada en providencia de 12 de agosto de 1994, exp. 5533, actor: Banco de Occidente).

d) Esa misma sección, con ponencia del magistrado Delio Gómez Leiva sostuvo que “el acto administrativo que impone una sanción debe ser expedido y notificado dentro del término de prescripción” (exp. 5861, actor: Banco de Santander, sent., mayo 19/95).

A juicio de la Sala. la posición correcta es la que señala que se hace necesaria la notificación del acto que pone fin a la actuación administrativa y de los actos posteriores integrantes de la vía gubernativa para que aquel quede en firme, lo cual implica rectificar la tesis adoptadas por esta sección en las providencias de 15 de agosto de 1991, expediente 1457; 18 de julio de 1991, expediente 1567 y 25 de julio de 1991, expediente 1476 (negrillas no son del texto).

(...).

Conviene tener en cuenta, además, que es regla común del derecho sancionatorio que a nadie se le quede considerar sancionado o penalizado mientras la providencia respectiva no esté en firme, principio que aparece implícito en el artículo 248 de la Carta, en tanto prescribe que “únicamente las condenas proferidas en sentencia judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales” (destaca la Sala) (subrayas no son del texto).

6.3. Si bien no hay pronunciamiento específico de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, considero que por tratarse de acción administrativa con efectos contra el sujeto pasivo de la misma, es pertinente atender también los criterios y la jurisprudencia sentada en la sentencia de 7 de mayo de 1991 en lo que corresponde a la acción administrativa que la DIAN puede adelantar con base en el artículo 1081 del Código de Comercio, en la forma como aparece en las siguientes consideraciones:

“Y el señalamiento de que no es menester que tal ejecutoria se presente dentro del término de los dos años dispuestos por el artículo 1.081 del Código de Comercio, sencillamente haría nugatoria la efectividad de accionar, en virtud del fenómeno de la prescripción consagrado en el citado precepto del estatuto mercantil, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, así:

“‘De manera que si el título ejecutivo no se conforma dentro de los 2 años señalados por la norma primeramente citada, (se refiere al art. 1.081 del C. de Co.) no será viable el cobro ejecutivo por jurisdicción coactiva de la obligación derivada del contrato de seguro, en razón a que la obligación y el derecho ya se encuentran prescritos...” (4) ’.

Posición jurisprudencial que fue seguida por esta Sala en sentencia de 21 de septiembre de 2000 (5) , al examinar el Concepto 15, en cuanto sostuvo lo siguiente:

“Ahora bien, el artículo 1.081 del Código de Comercio señala el término de dos años para ejercer las acciones derivadas del contrato de seguro, por manera que no encuentra la Sala que proferir el acto de declaratoria de incumplimiento dentro del mismo transgreda el orden jurídico pertinente.

Cosa distinta es que se establezca, a través del concepto cuestionado, que no se requiere que el acto que declara el incumplimiento y ordena hacer efectiva la garantía quede en firme dentro del término de los dos años, contados a partir de la ocurrencia del hecho o del momento en que tuvo conocimiento del mismo, pues, es incuestionable que el acto de la administración ha de quedar ejecutoriado a fin de constituir el título que, tal como lo señala el artículo 68, numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, preste mérito ejecutivo para lograr la efectividad de la póliza” (negrillas no son del texto).

6.4. De otra parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación analizó de manera exhaustiva el tema de la caducidad examinada en este proceso, habiendo concluido lo siguiente:

6. La correcta interpretación de los decretos reglamentarios en materia del régimen sancionatorio del transporte. Inaplicación del principio de favorabilidad.

Ha quedado expuesto que la norma aplicable a la caducidad de la potestad sancionadora en materia de transporte es el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, y que dentro de este término deben producirse y quedar ejecutoriados los actos definitivos que ponen fin al correspondiente proceso.

Como se señaló al exponer las normas que han regulado el tema (punto 2) los decretos reglamentarios 1556 y 1557 de 1998, adicionaron al término de caducidad de tres años, que es el legal, la posibilidad de interrumpir la caducidad con la “notificación de la resolución de apertura de la investigación”. Estos decretos estuvieron vigentes hasta el 2003, con la expedición del Decreto 3366 de 2003, reglamentación que rige actualmente, la cual consagra el mismo término de caducidad del Código Contencioso Administrativo.

De lo expuesto surgen estas conclusiones:

a) Que la interrupción de la caducidad contemplada en los decretos reglamentarios citados, contraría el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo; y,

b) Que para los procedimientos en curso sobre, faltas cometidas durante la vigencia de los decretos 1556 y 1557 de 1998, debe tenerse en cuenta el término de caducidad de tres (3) años sin que exista causal de interrupción de la misma.

Para la Sala es claro que existe un solo término para el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración en materia del transporte, de tres años como ha quedado dicho, por lo cual los decretos reglamentarios citados al contrariar la norma legal contenida en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, no pueden aplicarse, ni tampoco puede predicarse que sean reglas jurídicas más o menos favorables a los administrados, pues se insiste, en régimen es uno solo.

Se reitera que el Código Contencioso Administrativo es la regla común aplicable a todos los procedimientos y actuaciones administrativos, y que es de la esencia de los reglamentos integrarse a las normas reglamentadas para conformar una unidad lógica, de suerte que si los primeros contrarían las segundas, y no es posible obtener esa unidad de sentido, debe preferirse la aplicación de las reglas de rango legal, excluyendo las de carácter secundario.

(...).

Con base en los anteriores razonamientos, LA SALA RESPONDE:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, dentro de los tres (3) años siguientes a la comisión de la infracción, previstos por el legislador como término de, caducidad de la facultad sancionadora, la administración deberá proferir, notificar y agotar la vía gubernativa, del acto administrativo que impone una sanción. En consecuencia, si el término previsto en el citado artículo ha transcurrido sin que se haya dictado y ejecutoriado el acto que le ponga fin a la actuación administrativa correspondiente, la administración habrá perdido competencia para pronunciarse al respecto.

2.,3.,4.,5. Si la administración consideró interrumpidos los términos de caducidad con la notificación de la resolución de apertura de la investigación en las acotaciones administrativas sobre infracciones a las normas de transporte iniciadas en vigencia de los decretos 1556 y 1557 de 1998, y dejó transcurrir los tres (3) años señalados en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, sin contar con una decisión ejecutoriada, deberá concluir su actuación. Esto implica declarar la caducidad de oficio o a petición de parte, para lo cual, contará el tiempo transcurrido a partir de la comisión de la falta. El mismo término de caducidad de la acción opera respecto de las investigaciones que se adelantan con base en el Decreto 3366 de 2003. En relación con las investigaciones iniciadas en vigencia del Decreto 1927 de 1991, en las cuales, la administración dejó vencer el término de caducidad de seis (6) meses, previsto en dicho decreto, sin una decisión en firme, se deberá declarar de oficio la caducidad’ (6) .

6.5. Mi convicción en este punto es la de que debió seguirse y atenderse los criterios antes consignados, en especial los de esta sección, en el sentido de que la caducidad de la facultad sancionatoria corre mientras la decisión respectiva no adquiera firmeza, puesto que se trata de una forma de ejercicio de la facultad punitiva del Estado, en la cual no puede predicarse sanción alguna, con sus consecuencias, sin que esté en firme, tal como jurídicamente se sustenta en la sentencia de esta sala atrás reseñada, lo que resulta armónico con el carácter unitario del procedimiento administrativo y con la reseñada jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Es tan fundada jurídica y axiológicamente esa posición que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación terminó adoptándola como corolario después de un meticuloso y estructurado estudio del tema desde los puntos de vista jurídico, jurisprudencial y doctrinal en el concepto atrás citado.

Por consiguiente estimo que lo ahora decidido sobre esa cuestión no está conforme con la regulación jurídica pertinente ni la línea jurisprudencial que ya tenía la Sala, la cual ni siquiera se consideró en este fallo, pese a ser claramente pertinente, sin que se hubiera expuesto justificación alguna para no atenderla.

En esas circunstancias encuentro que el fallo de primera instancia se encontraba enteramente ajustado a derecho y debió ser confirmado y como, por el contrario, se revocó no tengo opción distinta a la de salvar el voto en el presente fallo, pues es evidente que a la luz de dicha jurisprudencia el acto acusado viola el artículo 14 del Decreto 1270 de 1991, toda vez que según se da cuenta en autos, quedó en firme mucho después de vencido el término señalado en esa disposición, es decir, que se configuró la caducidad de facultad sancionatoria que con base en el mismo adelantó el Ministerio de Transporte contra la actora.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 

(1) “La facultad que tiene el Intra para imponer las sanciones a que se refiere el presente decreto caduca a los tres años de producido el último acto constitutivo de la falla”.

(2) En síntesis, la demandada aduce que adelantó la investigación administrativa conforme al artículo 14 del Decreto 1270 de 1991, pues como se demostró en el transcurso del proceso, la resolución sancionatoria se expidió el 18 de diciembre de 1997, acto que fue notificado por edicto 002 de 1998 fijado el 5 de febrero hasta febrero 18 del mismo año, es decir, dentro de la oportunidad legal; y que el tribunal al analizar ese artículo no tuvo en cuenta la expresión “Imponer sanciones”, dándole un alcance mayor a la norma y centró su atención en el término de caducidad alejándose del querer del legislador, pretendiendo que el acto sancionatorio, en relación con el término de caducidad debe ir aparejado con la ejecutoria de la resolución que impone la sanción; desconociendo lo planteado por el Consejo de Estado en sentencia de 15 de junio de 2001, expediente 11869, C.P. Ligia López.

(3) Sentencia de 31 de enero de 2002, expediente 6270, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(4) Sentencia de 30 de abril de 1991. Sala Plena, exp. R087.

(5) Sentencia de 21 de septiembre de 2000, exp. 5796, C.P. Olga Inés Navarrete.

(6) Concepto de 25 de mayo de 2005, número de radicación 2632, C.P. Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

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