Sentencia 31448 de enero 27 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 31448

Aprobado Acta 016.

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Vistos

Bogotá, D.C., enero veintisiete de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Encuentra la colegiatura que tal como lo señala el Ministerio Público, el demandante precisa el objeto de su inconformidad, esto es, que el juicio comenzó a tramitarse bajo la égida del Decreto 2700 de 1991, pero en el curso de la audiencia pública se permitió que la Fiscalía variara la calificación jurídica de la conducta de estafa agravada a peculado por apropiación, amén de que se dio curso a tal instituto reglado en la Ley 600 de 2000.

No obstante, sin dificultad se advierte que no atina a señalar de qué manera el mencionado proceder lesionó de manera alguna el debido proceso o los derechos y garantías de los intervinientes, pues debe recordarse que cuando se invoca la causal tercera de casación orientada a deprecar la invalidación de lo actuado, es deber del censor, no sólo señalar con claridad la especie de incorrección sustantiva que determina la nulidad, los fundamentos fácticos y las normas que estima conculcadas, con la indicación de los motivos de su quebranto, además de especificar el límite de la actuación a partir del cual se produjo el vicio, así como la cobertura de la nulidad y demostrar que procesalmente no existe manera diversa de restaurar el derecho afectado, sino que, lo más importante, es de su resorte acreditar que la anomalía denunciada tuvo incidencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), pues este recurso extraordinario no puede sustentarse en especulaciones, aspectos irrelevantes, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto.

Conforme a lo anterior, es claro que si bien el demandante denuncia el quebranto del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, por considerar que la audiencia pública debió adelantarse en su integridad conforme a la normativa procesal del Decreto 2700 de 1991, y no de acuerdo a la Ley 600 de 2000, no dice, ni la Sala constata, de qué manera con la supuesta incorrección denunciada se quebrantaron las bases del debido proceso.

En efecto, hay un aspecto sobre el cual nada dice el defensor y que permite suponer su conformidad, referido a que la pertinente adecuación típica del comportamiento motivo de este averiguatorio corresponde al delito de peculado por apropiación, y no al de estafa agravada, circunstancia a partir de la cual se advierten errores en la resolución acusatoria al calificar jurídicamente tal conducta, es decir, se trata de equívocos sustanciales en el nomen iuris que integra la imputación jurídica, situación que imponía su respectiva corrección.

Desde luego, para tal propósito era menester conforme a la legislación de 1991 decretar en la audiencia pública la nulidad de lo actuado incluyendo la resolución acusatoria, a fin de que se procediera a enmendar la imputación jurídica, y luego, rehacer el juicio surtiendo traslado a las partes para que solicitaran pruebas, además de volver a realizar la vista pública.

Pese a ello, en el caso de la especie se optó por permitir que la Fiscalía acudiera al instituto especial dispuesto para variar la calificación jurídica en el juicio, contenido en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, según el cual, “Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación (…) [el Fiscal] procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias. Si se suspende la diligencia, el expediente quedará inmediatamente a disposición de los sujetos procesales por el término de diez días para que soliciten las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el traslado, el juez, mediante auto de sustanciación, ordenará la práctica de pruebas y fijará fecha y hora para la continuación de la diligencia de audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez días siguientes”.

Al verificar el trámite adelantado en este asunto se encuentra que la audiencia pública se desarrolló el 19 de enero de 2005, época para la cual ya se encontraba vigente desde el 24 de julio de 2001 el artículo 404 de la Ley 600 de 2000. Además, una vez la Fiscalía introdujo la referida variación de la calificación jurídica provisional, el a quo surtió traslado a los sujetos procesales, quienes tuvieron la oportunidad de solicitar la suspensión de la diligencia para analizar la nueva calificación y deprecar la práctica de pruebas necesarias para salvaguardar sus intereses, de modo que no les fue quebrantado de manera alguna el debido proceso.

Así pues, efectivamente los defensores solicitaron la suspensión de la audiencia y se puso a disposición de los sujetos procesales el expediente por un lapso de diez días, decisión debidamente notificada a todos ellos. Durante dicho término los procesados José Abello Martínez, Fredy Miguel González y Jorge Manuel Camargo Gallardo solicitaron la nulidad de la actuación y la práctica de algunas pruebas, cuyas peticiones fueron resueltas de manera adversa mediante auto del 8 de febrero de 2005.

Como viene de verse, es evidente, en primer término, que la acusación denotaba yerros en la calificación jurídica de la conducta, los cuales tenían la obligación de corregir los funcionarios, so pena de permitir que el trámite siguiera un curso contrario a la legalidad. En segundo lugar, el mecanismo utilizado fue el establecido en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, siguiendo para ello de manera minuciosa cada uno de los lineamientos establecidos en tal precepto, todo ello con el fin de garantizar los derechos de los acusados y demás sujetos procesales en punto de defender sus derechos frente a la nueva calificación jurídica, como en efecto ocurrió.

En consecuencia, es palmario que si la incorrección en la calificación fue enmendada conforme a la ley procesal y con el respeto irrestricto a los derechos de los intervinientes, concluye la Sala que la queja del demandante es infundada, amén de que no consigue acreditar lesión alguna para los derechos o garantías de sus asistidos.

Finalmente es oportuno recordar que en punto de la variación de la calificación jurídica provisional dentro de la fase de juicio al amparo del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, dijo la Sala en providencia del 23 de abril de 2008 (rad. 29339) que se hacía necesario precisar la línea jurisprudencial fijada a partir del auto del 14 de febrero de 2002 (rad. 18457) en la cual se estableció “que las variaciones de la calificación para hacer más gravosa la situación del procesado pueden hacerse no solo como consecuencia de prueba sobreviniente ‘sino también prueba antecedente’”.

Entonces, en la primera de las decisiones mencionadas se puntualizó en algunos de sus apartes:

“De acuerdo a la normativa en cita (L. 600/2000, art. 404) se ha imperado de manera inequívoca que las variaciones agravadas de calificación referidas a un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, reconocimiento de una agravante y la variación de desconocimiento de una atenuante se pueden efectuar sólo mediante el presupuesto de ‘prueba sobreviniente’, requerimiento de procedibilidad y probatorio que la disposición en cita de igual establece tienen cabida es ‘tras la conclusión de la práctica de pruebas’”.

Según el claro texto del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 “las variaciones de agravación diferentes a la errónea calificación solo son procedentes en la medida en que se dé el presupuesto fáctico de ‘prueba sobreviniente’”.

“Al hallarse ubicada la variación de la calificación al interior de la etapa del juicio, fase de características esenciales de concentración y de contradicción probatoria, es como se comprende de acuerdo a lo imperado por el artículo 404 que las variaciones de la calificación distintas a los temas de errónea calificación que dicen relación con nomen juris diferentes, solo son procedentes conforme a dicha normativa en la medida en que hubiesen surgido ‘pruebas sobrevinientes’ y que en su contrario ante la inexistencia material y jurídica de estas en la etapa del juicio, por ausencia de ese requisito de procedibilidad y postulado de necesidad de la prueba no es viable efectuar ninguna variación agravante de calificación” (resaltado fuera de texto).

En suma, es claro que si los errores en torno a la calificación jurídica podían enmendarse con prueba antecedente, conforme a la jurisprudencia imperante en el momento en que adoptó la decisión, como ocurrió en este caso, sin excluir, desde luego, la posibilidad de prueba sobreviniente, ninguna irregularidad se advierte en el proceder de la Fiscalía durante la audiencia pública, ni del Presidente de la fase de juzgamiento sobre el particular.

Las razones expuestas son suficientes para concluir que el cargo no está llamado a prosperar.

1.2. Segundo cargo: Quebranto del principio de congruencia entre acusación y fallo.

Al amparo de la causal segunda de casación reglada en el numeral 2º del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el impugnante advera que el fallo no se encuentra en consonancia con la resolución de acusación, en cuanto considera que el funcionario de primer grado no debió haber permitido que en el debate público la Fiscalía variara la calificación jurídica provisional contenida en la pieza acusatoria, es decir, de estafa agravada a peculado por apropiación, pues con ello desconoció el marco jurídico al amparo del cual se estaba desarrollando la audiencia, esto es, los artículos 449 a 456 del Decreto 2700 de 1991, proceder que a la postre dio lugar a un aumento considerable de la pena.

A partir de lo expuesto, el defensor solicita a la corporación casar la sentencia, para proferir en su reemplazo la que en derecho corresponda.

Concepto del Ministerio Público

Considera que el tema de la variación de la calificación fue dilucidado en el cargo anterior y que la figura de la congruencia ha sido suficientemente desarrollada por esta colegiatura, de modo que no solamente debe compararse la acusación y el fallo, sino también las variaciones que a aquella se hayan efectuado, de manera que si en este caso de modificó la calificación jurídica en la etapa de la causa al intervenir el fiscal en la audiencia pública, no hay ruptura de la congruencia, pues fue conforme a tal calificación que se profirió la sentencia.

En apoyo de lo expuesto transcribe apartes de las decisiones de 14 de febrero de 2002, radicado 18457 y del 27 de octubre de 2005, radicado 23282.

Con base en lo anotado, el procurador delegado considera que el reproche no debe prosperar.

Consideraciones de la Sala

Encuentra la corporación que una vez abordado en el cargo primero el tema referido a la legalidad de la variación de la calificación introducida por la Fiscalía dentro de la vista pública conforme a los lineamientos del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, los argumentos del recurrente acerca de la incongruencia entre acusación y fallo devienen inconsistentes.

En efecto, si ya la Sala dijo que no encontraba irregularidad en la variación de la calificación establecida en la audiencia pública cuando se cambió el delito de estafa agravada por el cual venían acusados los procesados, por el de peculado por apropiación, sin dificultad se constata que si tanto el a quo como el ad quem profirieron fallo por el punible contra la administración pública, no hay duda que mantuvieron la consonancia exigida entre acusación y sentencia.

Adicionalmente se tiene que tal como ya ha tenido oportunidad de señalarlo esta Sala “La resolución de acusación, su mutación y la manifestación del juez sobre la necesidad de hacerlo no se excluyen para efectos de la congruencia, por lo que la sentencia puede armonizarse con cualquiera de ellas(1) (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, el reproche propuesto no consigue la casación del fallo impugnado.

2. Demanda a nombre deManuel Arturo Jiménez Sánchez (segundo cargo).

Con base en la causal tercera de casación, la censora postula la vulneración del debido proceso cuando se varió en el juicio la calificación jurídica de estafa consumada y tentada en la modalidad agravada a peculado por apropiación consumado y tentado.

Precisa que conforme lo ha señalado esta Sala(2), cuando se presenta un yerro en la denominación jurídica y la conducta omitida es más gravosa, debe decretarse la nulidad del proceso desde la resolución de cierre de la instrucción, pues, en su criterio, solo de esa manera se garantiza el pleno ejercicio de las garantías fundamentales inherentes al debido proceso, tales como las de solicitar y allegar pruebas que desvirtúen la imputación, presentar alegatos previos a la calificación del mérito del sumario, interponer recursos contra la eventual resolución de acusación, hacer uso del término establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y presentar alegatos de conclusión en la audiencia pública.

A partir de lo expuesto solicita a la Sala la casación del fallo, en el sentido de invalidar lo actuado desde la resolución de cierre de la instrucción.

Concepto del Ministerio Público

Asevera que la defensora parte de un supuesto equivocado, al considerar que no es posible variar la calificación jurídica cuando de agravar la imputación se trata, cuando por el contrario, es en tales casos que resulta indispensable acudir a tal mecanismo.

Recuerda que la calificación jurídica contenida en la resolución de acusación es provisional, en cuanto se halla sometida a confirmación en el juicio, circunstancia que torna procedente su variación en forma pública, clara y precisa, con el propósito de garantizar al procesado el ajuste de su estrategia defensiva conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000.

Igualmente puntualiza que el trámite de la variación de la calificación es imperativo cuando se va a agravar la situación del procesado, no así cuando se trata de degradar la responsabilidad, según lo ha dilucidado esta colegiatura en diferentes decisiones como las del 14 de febrero de 2002 (rad. 18457), 15 de junio de 2005 (rad. 23069) y 27 de julio de 2007 (rad. 26468).

Añade que nada diverso a lo anterior ha señalado la Corte en la decisión correspondiente al radicado 21494 que cita la libelista, y que al revisar el trámite de la variación de la calificación impartido en este diligenciamiento, se logra verificar que se sometió a lo establecido en la legislación procesal penal vigente, pues la audiencia pública tuvo lugar el 19 de enero de 2005 y la Ley 600 de 2000 entró a regir el 24 de julio de 2001.

Destaca que una vez la Fiscalía varió la calificación de estafa a peculado por apropiación, el a quo surtió traslado a los sujetos procesales, quienes tuvieron la oportunidad de solicitar la suspensión de la diligencia para estudiar la nueva calificación y solicitar pruebas, la cual fue aprovechada por algunos de los acusados para deprecar la invalidación del trámite y la práctica de medios probatorios, pedimentos sobre los que se pronunció el juez mediante auto del 8 de febrero de 2005.

De conformidad con lo expuesto, el delegado considera que tampoco este reproche debe prosperar.

Consideraciones de la Sala

Una vez más consigue verificar la Sala que el sustento medular del reparo se refiere a la variación de la calificación jurídica por parte de la Fiscalía dentro de la vista pública.

Igualmente se observa que nuevamente, como ocurriera en el primer reproche analizado, la defensora se limita a plantear el cargo, pero no señala, ni la Sala advierte, de qué manera la aplicación del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 tiene la virtud de quebrantar el debido proceso del acusado.

En efecto, es evidente que si la Fiscalía observa que es necesario atenuar la imputación, no requiere acudir a la variación de la calificación jurídica provisional, pues le basta así plantearlo en su intervención final, para que sea el juez quien decida si lo tiene en cuenta o no, de modo que la referida variación solo es necesaria cuando se trata de hacer más gravosa la situación del acusado, v.g. se varía de homicidio culposo a doloso, de cómplice a coautor, etc., y es por tal razón que en el mencionado precepto se alude al “reconocimiento de una agravante” o al “desconocimiento de una circunstancia atenuante”, en el entendido que el juez está facultado para degradar la responsabilidad.

Es oportuno señalar que el mecanismo de corrección del nomen iuris en la acusación que propone la defensa, esto es, declarar la nulidad de la actuación incluida la resolución de acusación, amén de la nueva realización del juicio, de preferencia sobre el procedimiento reglado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, no se aviene con los principios que reglan la declaratoria de invalidación.

Sobre el particular se tiene que en virtud del principio de trascendencia, quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que esta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso, labor que en este asunto no emprende la recurrente, pues se limita a señalar cuál era el procedimiento correctivo del yerro en el nomen iuris que en su criterio debió emplearse, sin concretar quebrantos para los derechos de su representado.

Tampoco la impugnante se sujeta al principio de residualidad, en virtud del cual, corresponde al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad, pues como sin dificultad se observa, la pretensión invalidatoria no tiene objetivo diverso al de arribar al mismo estadio ya superado, que no es otro que el de acusar por el delito de peculado por apropiación, circunstancia que permite advertir lo inane del reclamo.

Pero lo más importante, es que en la demanda analizada no se pondera el principio de instrumentalidad de las formas, el cual postula la improcedencia de la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual está destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.

En efecto, en el caso de la especie se constata que si los procesados fueron enterados de la variación de la calificación jurídica provisional y se surtió el trámite pertinente para que solicitaran pruebas y se pronunciaran sobre el particular, como realmente ocurrió, carecería de sentido en el momento actual disponer la invalidación de la resolución acusatoria para rehacer lo actuado y llegar al mismo resultado, vale decir, es palmario que el proceder del a quo se ajustó a la necesidad de proteger los derechos y garantías de los sujetos procesales, de modo que el acto tachado de irregular cumplió cabalmente su cometido y no lesionó derecho alguno.

De conformidad con lo anotado, considera la Sala que el reproche no puede prosperar.

3. Demanda presentada por el procurador judicial.

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, dispuesta en el numeral 1º del artículo 207 de la normativa procesal de 2000, el Ministerio Público aduce que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial, derivada de la interpretación errónea del artículo 397 del Código Penal.

En el desarrollo del reparo afirma que el tribunal consideró erróneamente que el citado precepto sustancial limita la multa al valor máximo de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, sin tener en cuenta que dicha disposición en realidad establece que la pena pecuniaria puede imponerse hasta por cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Agrega que tal yerro determinó que el ad quem disminuyera ostensiblemente la sanción de multa, al imponer unos montos que no exceden de veintitrés millones de pesos ($ 23.000.000), en tanto que las apropiaciones superaron la no despreciable suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000).

Entonces, solicita la casación de la sentencia para, en su lugar, proferir fallo de reemplazo en el cual se modifiquen las penas pecuniarias impuestas a los procesados.

De otra parte, el procurador judicial afirma que el ad quem trasgredió el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, pues a los procesados Jorge Manuel Camargo, Carmen Name Rubio, César Augusto Colpas Haac y Dubys Ramos Ramos les impuso pena de multa, pese a que las conductas por las cuales se profirieron los fallos no consiguieron consumarse, es decir, quedaron en grado de tentativa, circunstancia que impedía cuantificar dichas sanciones condicionadas al valor de lo apropiado.

Entonces, depreca maginar las penas pecuniarias para los mencionados ciudadanos.

Concepto del Ministerio Público

Dice el delegado que le asiste razón al recurrente al plantear la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 397 de la Ley 599 de 2000, toda vez que el monto de la pena de multa debió tasarse conforme al valor de lo apropiado, pues el límite de dicha sanción establecido en la citada legislación no es de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales como lo asumió el ad quem, sino de cincuenta mil (50.000) salarios.

Advera (sic) que tal interpretación errónea comporta un quebranto para el tesoro nacional, pues lo que se pretende en los delitos de peculado es “la recuperación de los bienes objeto de apropiación indebida” y retribuir a los sentenciados por el comportamiento antijurídico que realizaron.

De otra parte, afirma el Ministerio Público que se impone revocar parcialmente el fallo de segundo grado respecto de los procesados que fueron condenados por delitos tentados y pese a ello les fue impuesta pena de multa, dado que no consiguieron apropiarse efectivamente de dinero del erario, circunstancia que torna improcedente imponerles la citada sanción pecuniaria de conformidad con el principio de legalidad y lo reglado en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, en cuanto se ata la multa al valor de lo apropiado, sin que el artículo 27 de dicho ordenamiento establezca salvedad alguna para cuando se trata de delitos tentados.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, el delegado solicita a la Sala casar parcialmente el fallo atacado, en el sentido de ajustar la pena de multa al monto de lo apropiado, y excluirla para aquellos que fueron condenados por delitos en grado de tentativa.

Consideraciones de la Sala

1. En cuanto se refiere a la violación directa por interpretación errónea del artículo 397 del Código Penal, considera la Sala que le asiste razón al procurador judicial, pues en el fallo de segunda instancia proferido el 4 de diciembre de 2006 por la Sala de Descongestión del Tribunal de Bogotá se afirmó:

“La multa, bajo las directrices del Decreto 100 de 1980, equivalía al valor de lo apropiado, ya en la Ley 600 (sic) de 2000 se limita en cuantía equivalente a lo apropiado sin que supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, circunstancia que resulta más favorable a los intereses de los procesados” (resaltado fuera de texto).

Del párrafo transcrito se concluye que el ad quem incurrió en la mencionada violación directa de la ley sustancial, pues no es cierto que en el artículo 397 de dicha legislación (que corresponde a la Ley 599 y no a la 600) se haya establecido como tope máximo de la multa para el delito de peculado por apropiación cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino cincuenta mil (50.000).

Por tanto, no podía argumentarse que en virtud del principio de favorabilidad se imponía acudir el precepto citado, sino por el contrario, aplicar dicha norma en toda su integridad, esto es, reconociendo que el monto de la sanción pecuniaria es equivalente al valor de lo apropiado, sin que exceda el citado tope de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales.

El referido yerro in iudicando del ad quem impone la casación parcial del fallo, con el propósito tasar conforme a la ley (principio de legalidad) las multas impuestas a los procesados.

Conviene precisar que con la casación de la sentencia no se persigue asegurar “la recuperación de los bienes objeto de apropiación indebida”, como equivocadamente lo señala el procurador delegado, pues la pena de multa resulta por completo ajena a la indemnización de perjuicios, pese a que el monto de una y otra puedan resultar iguales o por lo menos similares, al punto que el pago de la pena de multa está ordenado en favor del tesoro nacional, en tanto que la cancelación de la indemnización de perjuicios se dispone en beneficio de la persona jurídica titular del bien jurídico lesionado.

Advertido lo anterior y teniendo en cuenta para ello lo establecido en las actas en las cuales intervinieron los acusados, se revoca la tasación de las multas efectuada por el tribunal, para en su lugar cuantificarlas como sigue, sin olvidar que para el año 1998, época probable de realización de la defraudación, el Decreto 3106 de 1997 estableció el salario mínimo legal mensual en $ 203.826, de manera que cincuenta mil (50.000) salarios equivalían a $ 1.019.300.000.oo, tope máximo para la pena de multa establecido en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000.

(i) Melba Esther Erazo Hernandez: Multa de $ 1.300.914.956,20, se impone tasar por el monto máximo de $ 1.019.300.000.oo.

(ii) Manuel Arturo Jiménez Sánchez: Multa de $ 1.154.958.785.oo, impera tasar por el monto máximo de $ 1.019.300.000.oo.

(iii) Jorge Vitaly Monroy: Multa de $ 3.300.025.114.oo, es necesario dosificar por el tope más alto establecido en la ley de $ 1.019.300.000.oo.

(iv) Víctor Cipriano Mendoza Santiago: Multa de $ 3.513.513.502.oo, se tasa por el monto máximo de $ 1.019.300.000.oo.

(v) Fredy Miguel González Muñoz: Multa de $ 4.579.842.036.oo, se dosifica en el límite máximo de $ 1.019.300.000.oo.

(vi) José Abello Martínez: Multa de $ 3.075.599.712.oo, se tasa en el tope máximo legal $ 1.019.300.000.oo.

(vii) Myriam del Carmen Rodríguez: Multa de $ 2.397.635.965.oo, se dosifica en el monto máximo definido en la ley de $ 1.019.300.000.oo.

2. Respecto de la marginación de las penas de multa para aquellos procesados cuyas conductas no consiguieron consumarse, considera la Sala que también le asiste razón al procurador judicial demandante, así como al delegado en su concepto, toda vez que si el artículo 397 de la Ley 599 de 2000 establece que la sanción de multa será “equivalente al valor de lo apropiado”, resulta incuestionable que la apropiación se erige en factor-condición, determinante al cuantificar la sanción pecuniaria, de manera que si no consigue consolidarse dicho verbo rector y la conducta queda en grado de tentativa, es improcedente imponer la referida pena.

De conformidad con lo anterior, también se impone casar parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de marginar las sanciones pecuniarias respecto de los acusados Jorge Manuel Camargo, Carmen NameRubio, César Augusto Colpas Haac y Dubys Ramos Ramos, cuyas conductas no consiguieron consumarse.

Cuestión final

En atención a que las sanciones impuestas en este trámite son consecuencia de delitos que han afectado el patrimonio del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Carta Política se dispone imponer inhabilidad para el desempeño de funciones públicas a quienes ostentaban la condición de servidores públicos al momento de cometer los comportamientos por los cuales se les sanciona, esto es, Jorge Vitaly, Víctor Cipriano Mendoza, Fredy Miguel González y José Abello Martínez.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia recurrida, con base en los planteamientos de los defensores de José Abello Martínez, Fredy Miguel González Muñoz, Myriam del Carmen Rodríguez Vega y Manuel Arturo Jiménez Sánchez, de acuerdo con las razones contenidas en la anterior motivación.

2. CASAR parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de tasar en $ 1.019.300.000.oo el monto de la pena de multa impuesta a cada uno de los acusados Melba Esther Erazo Hernandez, Manuel Arturo Jiménez Sánchez, Jorge Vitaly Monroy, Víctor Cipriano Mendoza Santiago, Fredy Miguel González Muñoz, José Abello Martínez y Myriam del Carmen Rodríguez por las razones expuestas en esta providencia.

3. CASAR parcialmente la sentencia atacada, en cuanto se refiere a marginar la sanción de multa impuesta a los procesadosJorge Manuel Camargo, Carmen Name Rubio, César Augusto Colpas Haac y Dubys Ramos Ramos.

4. PRECISAR que a los procesados Jorge Vitaly, Víctor Cipriano Mendoza, Fredy Miguel González y José Abello Martínez, se les impone la inhabilidad de que trata el artículo 122 de la Carta Política.

5. SEÑALAR que los restantes ordenamientos de la sentencia se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Radicación 18457.

(2) Cita el fallo del 23 agosto de 2006. Radicación 21494.