Sentencia 31491 de marzo 31 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31491

Aprobado Acta 96

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

Vistos:

Define la Corte la competencia para conocer de la audiencia de formulación de cargos en contra de Omar Enrique Martínez Ossias, dentro del trámite que se surte conforme con la Ley 975 de 2005.

Antecedentes

1. La titular de la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz solicitó el 12 de febrero de 2009 audiencia preliminar de formulación de cargos en contra de Omar Enrique Martínez Ossias - alias “Maicol”, postulado del gobierno para los beneficios de justicia y paz y quien fuera miembro del bloque norte de las AUC, por 221 hechos constitutivos del delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil (C.P., art. 159) y 55 hechos que se le imputan por delitos varios.

2. Sometida a reparto dicha solicitud, correspondió su conocimiento a la doctora Zoraida Anyul Chalela, como magistrada de control de garantías del Tribunal Superior de Barranquilla —por conocimiento previo—, quien mediante auto del 25 de febrero de 2009 convocó la celebración de la respectiva audiencia para el 11 de marzo del corriente año.

3. Llegada la fecha y hora señaladas y habiendo concurrido las partes interesadas en el trámite, la magistrada de control de garantías resolvió hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad e inaplicar el numeral 6º del artículo 13, el inciso 3º del artículo 18, el inciso 2º del artículo 19 y el último párrafo del artículo 22, todos de la Ley 975 de 2005 al considerarlos contrarios al artículo 250 numeral 4º de la Constitución Política, declarándose así incompetente para presidir la audiencia peticionada; en consecuencia ordenó el envío de las diligencias a esta corporación para que se surta el trámite previsto para la definición de competencias.

Fundamentos de la incompetencia

En un extenso escrito la magistrada de justicia y paz presenta los siguientes argumentos como sustento de la excepción propuesta.

Basa su decisión en que de acuerdo con el artículo 250 la Carta Política la competencia para conocer la formulación de los cargos está asignada inequívocamente al juez de conocimiento y no al de control de garantías, al estar reconocida jurisprudencialmente la equivalencia de dicha aceptación con la acusación.

De igual manera, que una doble audiencia para la formulación de formulación de cargos —una ante el juez de control de garantías y luego ante la Sala de conocimiento—, resulta dilatoria del procedimiento, cuando conforme con la Constitución y los instrumentos internacionales debe tornarse esta fase eficaz en defensa de las garantías de los intervinientes, pues si la labor del juez de control de garantías se resume a la verificación de ausencia de vicios de consentimiento, así como la comprobación de si es informada y además contó con la asesoría profesional, ello podría ser cumplido directamente y sin escalas por el juez colegiado de conocimiento; cuando con mayor razón la actuación debe estar inspirada en el respeto de un debido proceso sin dilaciones injustificadas, que lleve a una pronta reparación del daño que hayan sufrido las víctimas del injusto.

Por otra parte que las normas acusadas de inconstitucionalidad riñen con el derecho a la igualdad, pues se fracciona la audiencia de formulación de acusación en dos momentos y ante dos autoridades jurisdiccionales diferentes, creando una situación de diferenciación negativa frente a los trámites adelantados por la Ley 906 de 2004.

Consideraciones

Conforme a lo ya expuesto por esta corporación en decisiones del 30 de mayo y 8 de junio de 2006 (rads. 24964 y 25525), es competente esta Sala para conocer de la definición de competencia ya sea por manifestación de la autoridad jurisdiccional o a petición de la defensa (1) en aquellos momentos procesales en los cuales procede tal petición, debiéndose dar trámite por parte del juez al incidente planteado ante el superior jerárquico indicado (2) .

De igual manera la Sala ha aceptado la procedencia de la figura de la definición de competencia en trámites rituados bajo la Ley 975 de 2005, toda vez que la Corte no pierde la calidad de superior funcional de las salas especializadas de justicia y paz a las cuales compete la resolución de los litigios sometidos a su consideración (3) .

Habilitada entonces la corporación para pronunciarse, procede a decidir si conforme con los planteamientos de la magistrada a cuyo cargo está la función de control de garantías es posible declarar su incompetencia para adelantar la audiencia de formulación de cargos dentro del proceso que se surte contra Omar Enrique Martínez Ossias y de esta manera adjudicarla a la Sala Especializada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de conocimiento.

La fórmula empleada por la funcionaria es la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Carta Política colombiana, conforme con la cual en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales; de allí que resulte válida la manifestación de la magistrada actuante en tanto todo juez debe hacer un juicio de constitucionalidad anterior a la aplicación de la ley en procura de hacer prevalecer los preceptos superiores.

Sin embargo no debe perderse de vista que el empleo de la misma supone una carga argumentativa sólida, dado que con ella se pretende desconocer un mandato legal al cual igualmente está sometido el juez en consonancia con el artículo 230 de la misma norma de normas, razón por la cual se ha considerado que la utilización de la excepción sólo procede ante la presencia de unos presupuestos mínimos al punto que “el quebranto objetivo de la norma constitucional sea de tal forma flagrante o manifiesto que no permita la mínima interpretación en contrario y, por ende, no se requiera de sofisticados argumentos para sustentarla” (4) , pues si ello resultara necesario se estaría haciendo un juicio propio de la jurisdicción facultada para tal tarea, la cual no es otra que la jurisdicción constitucional como autoridad encargada de definir por vía general y con efectos erga omnes el ajuste de un precepto legal a la Constitución.

Al amparo de lo anterior es claro que tales postulados no se cumplen en el caso en cuestión, pues aunque la funcionaria presente un extenso escrito en el cual se incluyen las razones, considera esta célula judicial que ninguno de ellos muestra la contradicción ostensible y palmaria de las normas que pretende inaplicar con el texto constitucional; además que se parte del error que entraña asimilar el proceso transicional de justicia y paz con el procedimiento ordinario.

Al respecto resulta oportuno señalar que cuando se define la naturaleza, objetivos y fines de la ley de justicia y paz indicando que consagra una política criminal especial de justicia restaurativa, no está diciendo cosa distinta a que con ella se busca la solución pacífica al conflicto a través del relativo perdón, la reconciliación y la reparación del daño, involucrando a la víctima, al victimario y a la sociedad, como lo impone el plexo normativo internacional, a saber: Los tratados sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, Pacto internacional de derechos civiles y políticos (5) , Convención Americana de Derechos Humanos (6) , Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (7) , Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (8) , la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (9) , la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (10) , el estatuto de la Corte Penal Internacional (11) , que hacen parte de la Carta Fundamental en virtud del bloque de constitucionalidad, sin dejar de lado la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y a la no repetición, que por su relevancia como fuente de derecho internacional indudablemente vinculan al país en tanto constituyen autorizada interpretación de las prescripciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De manera que si en el ámbito de la justicia excepcional y transicional se abandonó el concepto de delito como infracción a la norma del Estado cuya vigencia se reafirma con la imposición de una pena, para adscribirse al concepto moderno de injusto como acción que produce fundamentalmente un daño a otro, base y fundamento de la reparación que se obtiene a través del mecanismo de la negociación, con la aceptación de la responsabilidad por parte del desmovilizado y garantizándose a las víctimas la efectiva reparación del daño, no podría desconocerse que se está frente a un procedimiento sustancialmente distinto del referente ordinario consagrado en la Ley 906 de 2004.

Evidentemente la ley de justicia y paz no regula un proceso de partes como incorrectamente parece entenderlo la magistrada de justicia y paz de Barraquilla, sino un proceso especial, particular y transicional; si se repara en sus características al rompe se advierte que no sigue los mismos derroteros del sistema implantado por el Acto Legislativo 03 de 2002, a pesar de que la Ley 975 de 2005 y el Decreto Reglamentario 4760 de 2005 hayan consagrado normas de integración.

En efecto, Ley 906 de 2004 regula un procedimiento dispositivo regido por el principio adversarial donde el fiscal, titular de la acción penal, investiga, acusa y demanda una condena, la prueba se practica en presencia del juez de conocimiento y con desarrollo del contradictorio, al paso que en el proceso consagrado en la Ley 975 de 2005 la actuación tiene lugar a iniciativa del integrante del grupo armado ilegal desmovilizado y previa postulación del Gobierno Nacional, acudiendo a la audiencia de versión libre de manera voluntaria para confesar de manera completa y veraz todos los hechos delictivos en los que participó o de los que tenga conocimiento, ocurridos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, activando en la fiscalía el mecanismo de verificación de la certeza de lo confesado.

En este procedimiento especial no hay inmediación de la prueba por parte del juez de conocimiento y menos controversia de la misma, o debate en torno a teorías antagónicas sobre los hechos develados porque invariablemente los intervinientes van por el mismo sendero en busca de los componentes de verdad, justicia y reparación, que junto a la contribución para la obtención de la paz nacional y la garantía de no repetición, constituyen el fundamento de concesión de la pena alternativa.

En el proceso previsto en la ley de justicia y paz se impone una pena alternativa sustancialmente reducida, que funge como contraprestación por la colaboración del desmovilizado al logro de la paz, al conocimiento de la verdad de lo sucedido, a la reparación de las víctimas y al compromiso de no repetición.

Tampoco se puede desconocer que a diferencia del procedimiento ordinario, el objetivo específico que persigue el proceso de justicia y paz es:

“... facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Desde esa óptica indudablemente se trata de un proceso de características sustancialmente distintas el previsto en la ley de justicia y paz y, en consecuencia, no es posible equipararlo al sistema acusatorio implantado con el Acto Legislativo 03 de 2002 reformatorio del artículo 250 de la Constitución Política, de donde se desprende que el argumento medular esbozado en la decisión del 11 de marzo del año en curso por la magistrada de justicia y paz para declararse sin competencia carece de sustento jurídico y por ende debe desecharse.

De otra parte, si en cuenta se tiene que el legislador —en virtud del amplio poder de configuración que le asiste— es quien debe diseñar los procedimientos (y aquí lo está haciendo), ninguna duda surge al estimar como válido, legal y con fundamento constitucional el señalamiento —con respecto de la formulación de cargos— de dos audiencias, con la intervención de distintas autoridades judiciales, vale recordar, una preliminar ante el magistrado de garantías en la cual se formulan los cargos, sirviendo este funcionario de garante a la manifestación de aceptación, y otra posterior, pública, a cargo de la Sala de conocimiento en cuyo desarrollo examinará la libertad, voluntariedad y espontaneidad que debieron guiar la aceptación de los cargos, características que una vez verificadas darán paso a la audiencia de sentencia e individualización de pena.

Así pues, la doble audiencia, exigida normativamente respecto de los cargos en su doble manifestación de aceptación y verificación de presupuestos de legalidad, encuentra justificación no solo en que es expresión autónoma del legislador sino en el realce que éste quiere darle a lo que será el fundamento de la sentencia.

En ese contexto no encuentra esta Corte contrariedad evidente, manifiesta, con normas superiores como para prohijar el planteamiento de la señorita magistrada.

De lo anterior se concluye que la competencia para conocer de la audiencia de formulación de cargos radica en la magistrada de control de garantías, no hallándole acierto a la pretensión que propuso en la audiencia del 11 de marzo del año en curso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar que la competente para conocer de la formulación de cargos dentro del proceso que se surte contra Omar Enrique Martínez Ossias es la magistrada de la Sala especializada de justicia y paz con función de control de garantías de la ciudad de Barranquilla, doctora Zoraida Anyul Chalela; en consecuencia remítasele el expediente para los fines pertinentes.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase.

Magistrados: Julio Enrique Socha SalamancaJosé Leonidas Bustos MartínezSigifredo Espinosa PérezAlfredo Gómez QuinteroMaría del Rosario González de LemosAugusto J. Ibáñez GuzmánJorge Luis Quintero MilanésYesid Ramírez BastidasJavier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Artículo 54, Código de Procedimiento Penal.

(2) En igual sentido auto definición de competencia radicación 29035 del 23 de enero de 2008.

(3) Algunas definiciones que se han resuelto respecto de procesos sometidos a la ley de justicia y paz son radicados 25831 del 22 de agosto de 2006 y 25830 del 28 de septiembre de 2009.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, colisión radicado 19517, 2 de julio de 2002.

(5) Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.

(6) Suscrita en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

(7) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.

(8) Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la Sentencia C-351 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

(9) Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará. Brasil, en 1994. Aprobada mediante la Ley 707 de 2001, revisada mediante la Sentencia C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(10) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre de 1948, aprobada por Colombia mediante la Ley 28 de 1959.

(11) Adoptado por la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998, aprobado mediante la Ley 742 de 2002, revisada mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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