Sentencia 31500 de septiembre 14 de 2009

 

Sentencia 31500 de septiembre 14 de 2009  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31500

Magistrado Ponente:

Dra. Yesid Ramírez Bastidas

Aprobado Acta 287

Bogotá, D.C.,septiembre catorce de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

1. La jurisprudencia de esta Sala en su evolución hasta las más comprensivas(1) sobre el tema de control aquí tratado, en su visión de ajustarse al respeto de los principios, derechos y garantías fundamentales del Estado constitucional, social y democrático de derecho, ha precisado los eventos y motivos por los cuales el tercero civilmente responsable puede interponer el recurso extraordinario de casación, destacándose los siguientes:

(i) Discusión exclusiva relacionada con la condena por indemnización en perjuicios a él derivada, evento en el cual deberá atender a la cuantía y las causales que regulan la casación civil.

(ii) Invocar la protección de derechos y garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal (entre las que se cuenta la violación a su derecho de defensa), objetivo propio y general a todos los sujetos procesales en la casación penal entendida como control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segundo grado, para lo cual puede acudir a la casación ordinaria o a la excepcional, evento singular para el cual no tiene importancia el monto de la indemnización de perjuicios por el que resultó condenado en las instancias.

(iii) Bajo el entendido que uno de los fines de la casación penal en la Ley 906 de 2004 es el de unificación de la jurisprudencia, el que igual era uno de los objetivos para acudir a la impugnación excepcional de que trata la Ley 600 de 2000, se comprende que constituye otro de los eventos en los que el tercero civilmente responsable puede acudir a la sede extraordinaria es en situaciones en las que los nuevos desarrollos jurisprudenciales o variaciones a las que se aspira se relacionen con el tema de intereses patrimoniales o indemnización de perjuicios.

(iv) Acusar mediante las causales de violación directa o indirecta de la ley sustancial sus motivos y sentidos, en el objetivo de demostrar la atenuante de la ira, la absolución del procesado porque la conducta causante del perjuicio no se realizó, porque el sindicado no tiene ninguna relación de dominio del hecho o funcional en el mismo ni tuvo nexos de colaboración en la conducta punible, es decir, porque el procesado no lo cometió, no es autor, coautor ni fue partícipe de ninguna índole, o porque obró en cumplimiento de un deber legal o bajo la excluyente de responsabilidad de legítima defensa.

(v) En la pretensión de demostrar la ausencia de nexo o relación con el interviniente en la conducta punible, la existencia de un tercero excluido en quien recae de manera directa y exclusiva la acción dolosa o la violación del deber objetivo de cuidado de que se trate. En igual sentido, por la presencia de una causa extraña ajena a su voluntad que le hizo imposible cumplir con su deber jurídico de vigilar, educar, controlar, o por la presencia de los fenómenos de la fuerza mayor, caso fortuito.

Debe advertirse que los anteriores eventos pueden ser declarados por la Corte de manera oficiosa, bajo la perspectiva de control constitucional y legal de la sentencia en la pretensión de hacer prevalecer el derecho sustancial, toda vez que de alguna manera en los mismos se recoge lo relacionado con la protección de derechos y garantías fundamentales de incidencia sustantiva o procesal relacionadas con el tercero civilmente responsable.

(Sic) 4. Para el caso se observa que los motivos por los que el tercero civilmente responsable acudió a la presente casación, en los tres cargos referidos a una presunta violación indirecta derivados de “error de derecho” se advierten al rompe ausentes en un todo de claridad, precisión y no dejan de ser unos escasos enunciados en los que el casacionista no se ocupo ni en lo mínimo de demostrar lo así formulado, ni menos de evidenciar la trascendencia de lo censurado en lo decidido en el fallo. En efecto:

3. En el cargo primero se limitó a plantear desde su singular perspectiva que el testimonio de Bertha Yaneth Rivera Medina y Carlos Alirio Caro padres del occiso, son versiones sospechosas en tanto tenían un interés en los resultados del proceso y que por tanto no “debieron tener valor probatorio”, acusaciones en un todo inanes y superficiales que no constituyen para nada algún error de hecho ni menos de “derecho” de los que trata la violación indirecta de la ley sustancial, y tampoco trascendencia alguna con potencialidad de lograr mutaciones totales o parciales en lo dispuesto en cuanto daños y perjuicios se refiere.

En igual sentido, alegó en libre discurso y sin medida que los testimonios de Rosa Inés García de Páez y Nairo Alberto Hernández Jarro, no tienen ningún valor porque no poseen un conocimiento propio ni refieren circunstancias de modo, tiempo y lugar. En esa medida, el casacionista recae en plantear su visión subjetiva de esos medios de prueba y lo hace lanzando juicios ligeros pero sin ninguna potencia de afectar las decisiones del tribunal en la condena que se dispuso por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

Una impugnación formulada y desarrollada en la forma como lo hizo el aquí censor no deja de ser un escaso memorial de instancia.

Por lo anterior, el cargo se inadmite.

4. En el cargo segundoocurre lo mismo pues en formas por demás breves se acusó al tribunal de haber valorado las pruebas relativas al soporte de la condena de daños y perjuicios de manera conjunta, pero sin que el actor hubiese elaborado ni siquiera dos renglones ocupándose de demostrar cuál habría sido la posible conclusión a la que se hubiera podido llegar de esa pretendida ponderación en plural a la que se refiere. En verdad fue tanta la poquedad de palabras utilizada en este cargo que ni siquiera hizo petición en concreto.

5. En el cargo tercero acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en error de derecho por la circunstancia de no haberse autenticado un contrato de trabajo (el cual no dijo de quien) circunstancia de la que afirmó se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política.

Sin mayores esfuerzos se advierte que el enunciado error de derecho por falso juicio de legalidad se halla distante en demasía de lo que en rigores se entiende por esa falencia sustancial. En efecto:

El error de derecho por falso juicio de legalidad de que trata el cuerpo segundo del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 y la causal tercera de casación del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, obedece sus contenidos al principio y garantía de legalidad de la prueba regulado en el artículo 29 de la Carta Política, en el cual se reportan “nulas de pleno derecho las pruebas obtenidas con violación del debido proceso”, imperativo que se reproduce en los artículos 23 y 455 —comprendidas sus salvedades— del Código de Procedimiento Penal en lo que dice relación con las pruebas ilícitas y en el artículo 232 y 360 ejusdem en lo correspondiente con las elementos materiales probatorios, evidencias físicas y pruebas ilegales, de lo cual se contrae normativamente un efecto-sanción de “inexistencia jurídica” y por ende de exclusión cuando de pruebas “ilícitas” o “ilegales” y de elementos materiales y evidencias físicas recogidas de manera irregular se trate.

En sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala de Casación Penal indicó:

El artículo 29 de la Constitución Política consagra la regla general de exclusión al disponer que “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal.

Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida.

La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, si que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales.

La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 superior.

En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba(2).

La prueba ilícita como su propio texto lo expresa:

Es aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita(3).

Mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, extranjera y la jurisprudencia —como la citada entre otras— que la prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o producido con violación de derechos y garantías fundamentales, género entre las que se encuentran las pruebas prohibidas cuyas vedas son objeto de consagración específica en la ley (C.P., art. 224). Ella puede tener su génesis en varias causalidades a saber:

(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (Const. Pol., art. 1º), esto es, efecto de una tortura (C.P., arts. 137 y 178), constreñimiento ilegal (C.P., art. 182), constreñimiento para delinquir (C.P., art. 184) o de un trato cruel, inhumano o degradante (Const. Pol., art. 12).

(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (Const. Pol., art. 15), al haberse obtenido con ocasión del allanamiento y registro arbitrario del domicilio o lugar de trabajo (Const. Pol., art. 28 y C.P., arts. 189, 190 y 191), por violación ilícita de comunicaciones (Const. Pol., art. 15 y C.P., art. 192), por retención y apertura de correspondencia ilegales (Const. Pol., art. 15 y C. Penal, art. 192), por acceso abusivo a un sistema informático (C.P., art. 195) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (C.P., art. 196).

(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (C.P., art. 442), de un soborno (C.P., art. 444) o de un soborno en la actuación penal (C.P., art. 444 A) o de una falsedad en documento público o privado (C.P., arts. 286, 287 y 289).

La prueba ilegal o prueba irregular que extiende sus alcances hacia los “actos de investigación” y “actos probatorios” propiamente dichos, es aquella

en cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley(4).

Desde una interpretación constitucional y en orden a la visión y concepción de la casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segunda instancia, se debe considerar que tanto en los eventos de ilicitud y de ilegalidad que recaigan sobre los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, lo que se produce normativamente son efectos idénticos de exclusión dadas las inexistencias jurídicas por tratarse en esos eventos de medios de convicción que constitucionalmente se predican “nulos de pleno derecho”.

Con lo anterior, se quiere significar que ni las pruebas ilícitas ni las ilegales pueden dar lugar a efectos reflejos. En efecto:

Si de acuerdo con los mandatos constitucionales del artículo 29 y de los artículos 23, 455, 232 y 360 de la Ley 906 de 2004, las pruebas como elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se hubiesen obtenido con violación del debido proceso reportan un efecto-sanción de nulidad de pleno derecho por lo que deben excluirse, porque comportan efectos de inexistencia jurídica, de correspondencia con ese imperativo de la Carta Política a su vez desarrollado en el Código de Procedimiento Penal, se podrá comprender que por virtud de esa exclusión, de las mismas no se pueden derivar efectos reflejos.

Lo anterior en el entendido que de las ilicitudes o ilegalidades probatorias no pueden surgir ni desprenderse licitudes ni legalidades probáticas, eventos todos anteriormente citados entre los que no se encuentra para nada lo denunciado en este cargo.

Por lo anterior el cargo se inadmite.

6. Puede afirmarse que los desarrollos de lo aquí demandado no convocan ni persuaden a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda ni desde la perspectiva oficiosa se advierte violación de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo de reemplazo.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado del tercero civilmente responsable “Transportes Santander S.A.”.

2. Advertir que contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 23 de agosto de 2005, Radicado 23.718 y auto del 7 de septiembre de 2005, Radicado 23.925.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 2 de marzo de 2005, radicado 18.103.

(3) A. Montón Redondo, citado por Manuel Miranda Estrampes, en El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Barcelona, Editorial Bosch, 1999, pág. 18.

(4) Manuel Miranda Estrampes, El concepto…, ob. cit., p. 47.