Sentencia 31529 de abril 14 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 31529

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

EXTRACTOS: «Se examina en sede de casación la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), el 22 de agosto de 2008, confirmatoria de la emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, el 31 de marzo de 2004, mediante la cual se condenó a los acusados Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo, como coautores responsables del concurso de conductas punibles constitutivas de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Impugnada oportunamente dicha decisión a través del extraordinario recurso por el defensor del procesado Patiño Parra, presentada la correspondiente demanda y concedida la casación, el libelo fue declarado ajustado a las prescripciones legales.

Como la agencia del Ministerio Público en cabeza de la señora Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal ha emitido su opinión, se apresta la Sala a resolver lo pertinente.

Hechos

Mediante el informe 01033 del 20 de junio de 2000, el jefe del grupo de estupefacientes de la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional solicitó a la Fiscalía General de la Nación la interceptación de varios abonados telefónicos localizados en las ciudades de Manizales, Bogotá, Pereira y Popayán, así como teléfonos móviles, pues, de acuerdo con la información suministrada por la Administración para el Control de Drogas, DEA, en desarrollo de los programas de cooperación antidrogas con el Gobierno de los Estados Unidos de América, ellos eran utilizados por personas pertenecientes a bandas organizadas que se dedicaban al comercio y envío de sustancias alucinógenas, a través de “correos humanos”, por la ruta Manizales-Cali-Panamá-Honduras-Guatemala, hacia los Estados Unidos, en donde el estupefaciente era negociado, en tanto que, el producto de la venta era remesado a Colombia, por medio de diferentes casas de cambio.

Las múltiples interceptaciones telefónicas que fueron legalmente ordenadas, permitieron determinar la existencia de numerosas redes de narcotraficantes, conformadas por decenas de personas, entre las que se señalan a Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo, cuyo centro de operaciones estaba ubicado en la ciudad de Manizales (Caldas), desde la cual obtenían recursos para la financiación de la empresa y organizaban el tráfico de sustancias alucinógenas, en especial heroína, por medio de diferentes personas que eran contratadas para el efecto.

Una de ellas fue la señora Jacqueline Morales Cuéllar, quien fue capturada en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca) el 26 de octubre de 2000, cuando pretendía abandonar el país, rumbo a Panamá, portando 110 cápsulas de heroína en el interior de su cuerpo.

Estos hechos también fueron objeto de investigación por parte de la justicia americana, la cual procesó a Alexander Patiño Parra, quien fue condenado por el delito federal de “conspiración para fabricar y distribuir heroína, con conocimiento e intención que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.

Actuación procesal relevante

Con base en el citado informe 01033, la fiscalía especializada destacada ante la DIJIN con sede en Bogotá, dispuso la práctica de investigación previa, el 22 de junio de 2000.

Con resolución del 16 de mayo de 2001, la Fiscalía Especializada de Bogotá delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, UNAIM, ordenó la apertura de la investigación y la vinculación y captura de Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo, entre otras personas.

Mientras que a varios de los involucrados se les escuchó en indagatoria, a otros, entre ellos Patiño Parra, Sánchez López y Sierra Agudelo, se les emplazó y declaró personas ausentes, mediante resolución del 5 de septiembre de ese año.

Clausurada la investigación y evaluado su mérito respecto de los sindicados vinculados personalmente, se ordenó la ruptura de la unidad procesal, prosiguiendo la instrucción por separado con relación a los procesados ausentes, a quienes se les resolvió situación jurídica con resolución del 14 de mayo de 2002, en la que Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo fueron asegurados preventivamente con detención, sin beneficio de excarcelación, por su posible participación en el concurso de delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en tanto que, a los restantes investigados declarados personas ausentes, se abstuvo la fiscalía de aplicarles medida de aseguramiento.

Decretado el cierre de la fase pesquisitoria el 28 de junio de 2002, el ente instructor calificó el sumario el 15 de agosto de 2002, profiriendo resolución de acusación en contra de Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo, como coautores del concurso de ilícitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y precluyendo la instrucción a favor de los demás sindicados, por los mencionados delitos, y de los tres enjuiciados, por otra conducta constitutiva de tráfico de estupefacientes.

La providencia calificatoria quedó en firme el 17 de enero de 2003, luego de que la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá le impartiera confirmación.

La fase de juzgamiento fue asumida inicialmente por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali (Valle del Cauca), despacho que el 2 de abril de 2003 se declaró incompetente, por el factor territorial, y ordenó remitir la actuación a su homólogo de Manizales (Caldas), el cual avocó conocimiento el 29 de los mismos mes y año.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, entonces, realizó las audiencias públicas de preparación —el 2 de octubre de siguiente—y juzgamiento —en sesiones del 6 de enero y 3 de marzo de 2003—, y dictó sentencia el 31 de marzo de 2004, declarando la responsabilidad de los sindicados Alexander Patiño Parra, William Sánchez López y Ángela María Sierra Agudelo, en el concurso delictual por el cual se les acusó judicialmente.

Consecuente con su determinación, el a quo les impuso las penas principales de 12 años de prisión y el equivalente a 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. De igual modo, se abstuvo de condenarlos al pago de perjuicios y les negó el beneficio sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, disponiendo, por tanto, insistir en sus capturas.

Patiño Parra fue capturado el 9 de febrero de 2008, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), cuando realizaba trámites de inmigración, luego de que fuera deportado desde los Estados Unidos, a donde había sido extraditado para cumplir pena que le fuera impuesta por la justicia de ese país, en proceso que le adelantó por delitos federales de narcóticos(21).

Por esa razón, el defensor de Patiño Parra solicitó ante la segunda instancia la cesación de procedimiento, petición que le fue denegada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante fallo del 22 de agosto de 2008, en el que además confirmó íntegramente la sentencia de primer grado.

En contra de dicha providencia, el mismo sujeto procesal interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación y presentó la correspondiente demanda.

Recibido el proceso en esta corporación el 27 de marzo de 2009, algunos magistrados que suscribieron el concepto favorable a la extradición de Patiño Parra se declararon incursos en causal de impedimento, el cual fue declarado infundado por los restantes integrantes de la Sala, el 6 de junio siguiente.

Así, con auto del 8 de julio de 2009, la Corte admitió la demanda y ordenó remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación, oficina que allegó su concepto el 9 de febrero de 2010.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. Planteamiento del reproche.

De acuerdo con lo manifestado por el casacionista, el juzgador de segunda instancia incurrió en una violación indirecta de la ley sustancial, originada en un error de hecho por falso raciocinio en la apreciación de la prueba documental aportada, lo cual condujo al desconocimiento del principio constitucional del non bis in idem.

El yerro en la apreciación de la prueba, concreta, se presentó respecto de los medios documentales extranjeros, con los cuales, a su juicio, se acreditó que los hechos por los que el sindicado Alexander Patiño Parra fue juzgado y condenado en el exterior, corresponden a los mismos que son el objeto de procesamiento en esta causa.

Al efecto, trae a colación que en el análisis de esos elementos de convicción, el tribunal descartó que la condena fijada en los Estados Unidos, fuera por las mismas conductas punibles investigadas en Colombia; en ello, entonces, “estriba el falso entendimiento de la realidad oficialmente declarada en tal documentación y que ha resultado distorsionada”.

Como puede apreciarse, aunque el demandante postula un error de hecho por falso raciocinio en la apreciación del aporte documental, en últimas lo sustenta como si se tratase de un falso juicio de identidad.

Ello, porque si lo pretendido era alegar un error de hecho por falso raciocinio, atacando el valor probatorio que otorgaron los falladores a los documentos foráneos, debió cubrir las mínimas exigencias sustentatorias del recurso, indicando en qué forma operó el desconocimiento de la sana crítica, y de qué forma fueron vulneradas las reglas de la experiencia, los axiomas de la lógica o las leyes científicas.

En cambio, cuando se alega que la prueba fue erradamente valorada por cuanto se distorsionó lo que objetivamente se señala en ella —que es lo que aquí se plantea—, el reproche debe dirigirse por la vía del error de hecho por falso juicio de identidad.

De esa opinión es la Procuradora Tercera delegada, pues, sostuvo en su concepto que el error denunciado por el actor no consistió en un falso raciocinio, sino en un falso juicio de identidad, dado que, “una valoración adecuada de los documentos que dan cuenta del trámite de extradición del señor Patiño Parra, hubiera podido llevar a la conclusión de que, en parte, los hechos por los cuales se le solicitó y por los que posteriormente se le juzgó, eran los mismos”.

No obstante lo anterior, la previa admisión de la demanda implica dejar de lado las falencias formales evidenciadas en ella, para decidir de fondo acerca del cargo admitido, es decir, se definirá si se presenta o no el error en la apreciación de la prueba documental, para luego determinar si, en efecto, se desconoció la garantía del non bis in idem, y si ello tuvo alguna incidencia en la declaratoria de responsabilidad del procesado Alexander Patiño Parra, como coautor de la conductas punibles de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En este orden de ideas, la Sala hará algunas precisiones generales acerca del citado principio, para luego descender al caso concreto, examinando uno a uno los requisitos que al respecto ha decantado la jurisprudencia.

2. El principio del non bis in idem.

La jurisprudencia nacional ha sido unánime al determinar de manera reiterada, que el principio del non bis in idem hace parte de la garantía fundamental del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, del siguiente tenor:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (resalta la Sala).

Dicha garantía de prohibición de doble incriminación, la cual implica que a las autoridades competentes les está vedado aplicar doble sanción o adelantar un doble juzgamiento por unos mismos hechos, en los casos en que se adviertan identidad de sujeto, circunstancias fácticas y fundamentos, se reitera como canon rector en el artículo 8º de la Ley 599 de 2000, de la siguiente manera:

“A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”.

También la consagran los artículos 8-4 de la Convención americana sobre derechos humanos, 14-7 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 19 de la Ley 600 de 2000, este último referido a la cosa juzgada, así redactado:

“La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a esta se le dé una denominación jurídica distinta”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado en múltiples ocasiones que una vez concluido el proceso, el sindicado se ve amparado por la garantía del non bis in idem, en virtud de la cual no se puede someter dos veces a juicio a una persona por un mismo hecho, independientemente de si ella fue condenada o absuelta, es decir, que una vez terminado el proceso, no cabe, como regla general, que el sindicado sea sometido a nuevo juicio de la misma naturaleza por los mismos hechos.

(...).

La Sala, por su parte, también ha aludido a esa estrecha relación existente entre el non bis in idem y la cosa juzgada, advirtiendo que esta última “hace referencia a que las sentencias judiciales ejecutoriadas o cualquier otra decisión de esta misma fuerza vinculante, en cuanto ostentan al carácter de definitivas e inmutables, son material y jurídicamente intocables y resultan de obligatorio acatamiento para el juez, los sujetos procesales y, en general, para todo el conglomerado social”(22).

A su turno, sobre la primera garantía, y su vínculo con la segunda, se pronunció ampliamente en la sentencia del 6 de septiembre de 2007 (Rad. 26.591), de esta manera:

“(i) Alcance y contenido del principio non bis in idem. Su eventual vulneración en el caso concreto.

El principio non bis in idem forma parte de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. A ese principio se refiere la parte final del inciso cuarto de dicho precepto cuando establece como derecho del sindicado “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

El mencionado postulado está desarrollado legalmente en el artículo 8º del Código Penal de 2000 al establecer, como norma rectora, la prohibición de doble incriminación, y tiene, además, una estrecha relación con el principio de la cosa juzgada, consagrado en el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal de 2000, en la medida en que la prohibición de imputar más de una vez la misma conducta punible implica la imposibilidad de someter a nuevo juicio a quien le ha sido resuelta su situación jurídica de manera definitiva. Sobre este tema, se ha pronunciado la Sala en los siguientes términos:

“El principio fundamental de la cosa juzgada, según el cual las sentencias judiciales ejecutoriadas en cuanto ostentan carácter definitivo o inmutable son material y jurídicamente intocables y resultan de obligatorio acatamiento para el juez, las partes, los particulares, y, en general para el conglomerado, se halla íntimamente vinculado con el principio de non bis in idem que prohíbe a las autoridades juzgar dos veces o aplicar doble sanción por unos mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, objeto y causa que han sido materia de pronunciamiento definitivo e irrevocable en otro proceso (res iudicata).

“En materia penal, los principios de la cosa juzgada y non bis in idem se encuentran consagrados normativamente por los artículos 8º de la Ley 599 de 2000 y 19 de la Ley 600 de ese mismo año. La primera de las citadas disposiciones, formulada al amparo de la prohibición de doble incriminación, establece “A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”. La segunda, por su parte, prevé que “la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distintas”(23).

La trascendencia de los principios non bis in idem y cosa juzgada es tal, que han recibido tratamiento especial a través de instrumentos internacionales, de aplicación obligatoria en nuestro país en virtud del denominado bloque de constitucionalidad, según lo establece el artículo 93 de la Carta Política.

Es así como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos establece en su artículo 14-7: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. Por su parte, la Convención americana de derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala en su artículo 8-4: “El inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

Doctrinal y jurisprudencialmente se tiene dicho que el principio non bis in idem envuelve tres presupuestos, a saber: identidad de sujeto, identidad de objeto e identidad de causa o, como se les conoce por su expresión latina, eadem persona, eadem res y eadem causa(24). La significación de estos elementos ha sido comentada por la Sala, así:

“La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole.

“La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.

“La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos”.

Y, en la sentencia del 28 de octubre de 2009 (Rad. 27.678), refiriéndose al tema, esto dijo:

“En dicho orden se tiene que el principio non bis in idem integrado al precepto superior como garantía del debido proceso y reiterado en el artículo 8º de la Ley 599 de 2000 como norma rectora, comprende la genérica prohibición de la doble incriminación, cuyo nexo procesal —en relación de género y especie—, está emparentado con el instituto de la cosa juzgada que en su acepción original se postula bajo el enunciado según el cual aquello que se ha decidido en juicio contradictorio por una sentencia válida —o decisión que haga sus veces—, es irrevocable.

En su concepción inicial los efectos de la cosa juzgada eran predicables en tanto la demanda fuera instaurada sobre el mismo objeto, por la misma causa, contra la misma parte y con idéntica calidad o condición.

La expresión non bis in idem, que en su origen romano traduce “no dos veces sobre lo mismo”, incorpora un axioma de acuerdo con el cual por un mismo delito —hecho punible— no se ha de padecer más de una persecución penal y que la Ley 600 de 2000 previó en su artículo 19 bajo la premisa según la cual “La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a esta se le dé una denominación distinta”.

El sentido literal de todas aquellas disposiciones cuyo contenido propende por salvaguardar el derecho de las personas sindicadas a que se preserve su conducta de un nuevo escrutinio por la justicia, cuando en relación con la misma ya se ha desplegado por el Estado un esfuerzo investigativo y se ha adoptado una decisión definitiva, ha posibilitado en un primer momento asumir que basta al propósito de los efectos benéficos y tutores de dicho principio, con que exista identidad fáctica para que automáticamente se descarte una nueva pesquisa sobre ella en actuación independiente.

Sin embargo, las normas procesales han previsto desde antiguo que los hechos delictivos conexos se deben investigar y juzgar en forma conjunta, aun cuando nada obsta —en tanto no se afecten las garantías constitucionales—, para que por cada hecho punible, o incriminado, se adelanten diversas actuaciones.

Es que —con implicaciones en el devenir procesal bajo el sistema de la Ley 600 de 2000 y los instrumentos procesales que lo antecedieron—, si bien la doctrina ha convenido en considerar que no es criterio válido el número de resultados producidos a través de la acción en orden a determinar cuándo se está en presencia de un delito o de una pluralidad delictiva, es lo cierto que cuando se tiene que fijar el alcance de una conducta no siempre este juicio comprende la totalidad de efectos lesivos que, con independencia y autonomía típica posibilitan predicar una imputación concursal, en forma tal que si una investigación ausculta el hecho punible dentro del lindero de una de dichas expresiones y confluye en declarar en decisión definitiva su concurrencia —o inexistencia—, no es lo jurídicamente acertado aducir la prohibición de doble punición para descartar que en actuación separada se investiguen las demás delincuencias concurrentes —con mayor razón cuando en forma expresa la exclusión de una de ellas se produce bajo su taxativa descripción nominativa como hecho punible—, o lo que es igual, no hay lugar a alegar quebranto al principio non bis in idem en hipótesis semejantes por encontrar identidad sobre los hechos objeto de juzgamiento que inhiba la posibilidad de su persecución dentro de una investigación separada”.

Repasado, entonces, lo que de manera genérica ha considerado la jurisprudencia de la Sala acerca de los principios de non bis in idem y cosa juzgada, debe ahora abordarse lo concerniente a la determinación de cosa juzgada penal en materia de extradición, teniendo en cuenta que a partir de concepto del 19 de febrero de 2009, proferido en el trámite radicado bajo el número 30.374, estimó que tratándose de la extradición de colombianos por nacimiento, la función de la Corte no se limita a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley aplicable, sino también, de acuerdo con los fines del Estado, a propender por la efectividad de los derechos y garantías fundamentales contempladas en la Constitución Política, evitando que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho punible, por lo que su deber se extiende, en el trámite de extradición, acorde con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, a los aspectos que a pesar de no hacer parte de los que expresamente se señalan en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, constituyen presupuesto para su procedencia.

Sobre lo anterior se insistió en conceptos posteriores, entre ellos el del 3 de febrero del corriente año (Rad. 32.770), en el que se reiteran cuáles son los requisitos para determinar la existencia de cosa juzgada penal en materia de extradición.

Allí se manifiesta:

“Por esto, en relación con los principios de cosa juzgada y non bis in idem en tratándose de la extradición de nacionales, la Sala de manera unánime precisó:

“La cosa juzgada es un atributo reconocido por la ley a las sentencias declaradas en firme, que las torna inmutables e irrefragables, en aras de la garantía de la seguridad jurídica. Por virtud de ella, se declara cerrado el caso y se generan ciertos efectos jurídicos, de obligatorio cumplimiento, siendo uno de ellos el llamado por la doctrina y la jurisprudencia efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, que impide que respecto de la misma persona pueda dictarse una segunda sentencia por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgada.

“Esta prohibición, condensada en el principio non bis in idem, se encuentra garantizada en la legislación colombiana por la propia Constitución Nacional, en su artículo 29, como integrante del derecho fundamental del debido proceso, y complementariamente por el artículo 21 de la Ley 906 de 2004 (...).

“Entre los Estados Unidos de América y Colombia no existe en la actualidad tratado de extradición vigente, que consagre excepciones o condiciones distintas de las establecidas en la normatividad nacional y en los convenios multilaterales suscritos por Colombia, siendo por tanto, conforme a estas disposiciones que debe procederse, según lo previsto en el artículo 490 de la Ley 906 de 2004 y lo indicado por la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (...).

“Esto significa que si la persona que es solicitada en extradición ya ha sido juzgada por los mismos hechos que motivan la petición, se impone dar aplicación al principio de cosa juzgada penal, en su sentido negativo o excluyente, conforme a las previsiones normativas contenidas en las disposiciones citadas, que prohíben que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces por el mismo hecho.

“Tal prohibición sólo opera, desde luego, cuando se cumplen todos los presupuestos para declarar la existencia de la cosa juzgada penal, es decir, (i) cuando exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza vinculante, también en firme, (ii) cuando la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es solicitada en extradición, y (iii) cuando el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motiva la solicitud de extradición.

“En los demás casos, verbigracia, cuando no se ha iniciado proceso, o cuando habiéndose iniciado no ha concluido, o cuando la persona solicitada no es la misma, o cuando no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión en firme, el Gobierno Nacional goza de total libertad para tomar la decisión que considere más acertada, en aplicación de los criterios de conveniencia nacional y cooperación internacional”(25).

Igualmente, en reciente oportunidad(26), la Sala precisó las hipótesis en donde los principios de cosa juzgada y non bis in idem deben llevar a conceptuar desfavorablemente a una petición de extradición, así:

“8.9.1. Si antes de recibirse la petición de captura con fines de extradición existe en Colombia decisión en firme, con carácter de cosa juzgada, por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de envío fuera del país, el concepto será desfavorable con el fin de respetar los principios de cosa juzgada y de non bis in idem (art. 29 Constitucional; L. 600/2000, art. 19 y L. 906/2004, art. 21).

“8.9.2. Si hasta antes de emitirse la opinión por esta corporación existe en Colombia investigación por los mismos hechos que sustentan la solicitud de extradición, el concepto podrá ser favorable y se advertirá al Presidente de la República que tiene la opción de diferir la entrega hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo proceso (L. 600/2000, art. 522 y L. 906/2004, art. 504).

“8.9.3. Si la providencia de fondo adquiere el carácter de cosa juzgada en Colombia después del pedido de extradición y antes de emitirse el concepto, este último será desfavorable en los casos de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación y sentencia absolutoria, debido a que en estos eventos se ha ejercido la jurisdicción por nuestro país y, de llegarse a someter los hechos a un nuevo juzgamiento, se desconoce el principio de la prohibición de doble incriminación o de non bis in idem.

“8.9.3.1. En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias hipótesis.

“Cuando el fallo se dictó dentro de un proceso penal que agotó regularmente todas las etapas y quedó ejecutoriado antes de pronunciarse el respectivo concepto, éste será desfavorable en virtud a los principio de buena fe, eficacia en la administración de justicia y lealtad procesal (C.P. art. 83; L. 906/2004, arts. 10 y 12) teniendo en cuenta que el procesado se ha sometido a la justicia nacional.

“Si la sentencia se profiere como resultado de la aplicación de una de las formas de terminación anticipada del proceso penal (Vr. gr. sentencia anticipada —artículo 40 de la Ley 600 de 2000—, aceptación de la imputación, preacuerdos —artículos 293 y 348 ss. de la Ley 906 de 2004— etc.), el concepto será desfavorable, siempre y cuando se demuestre inequívocamente que con anterioridad al pedido de extradición se llevó a cabo la manifestación libre, consciente y voluntaria por parte del procesado de acogerse a uno cualquiera de esos institutos; la misma se plasmó en una acta con el total cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para tal efecto; y esa actuación condujo indefectiblemente al fallo de condena en los mismos y exactos términos en los cuales se aceptó o convino la responsabilidad del solicitado en extradición, siempre y cuando, —se reitera—, que la sentencia quede en firme antes de que la Corte emita su opinión.

“Lo anterior, porque de lo contrario se facilita que esas figuras sean utilizadas indebidamente para evadir la extradición en violación de los principios de buena fe, eficacia en la administración de justicia, lealtad procesal (C.P., art. 83; L. 906/2004, arts. 10 y 12), así como de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad (art. 189 ibídem).

“Con dicha exigencia no se aplica un trato desigual a quienes se acogen a esos mecanismos con posterioridad al pedido de extradición teniendo en cuenta que se trata de situaciones de hecho diferentes que ameritan soluciones diversas debido a que en los citados eventos los procesados han participado eficazmente en la definición de su caso y contribuido a una pronta y cumplida justicia desde antes de la intervención extranjera confiando en la recta y cumplida justicia colombiana (L. 906/2004, art. 348; L. 270/96 o estatutaria de la administración de justicia, art. 4º)”.

En este orden de ideas, en el presente asunto nos encontramos con que ya se ha dictado sentencia condenatoria en el exterior —incluso se ha cumplido la pena—, por unos hechos que, según el impugnante, corresponden a los mismos que son objeto de investigación y juzgamiento en este proceso, en el que se ha emitido fallo de segunda instancia.

Así las cosas, de establecerse que el procesado Alexander Patiño Parra ya fue juzgado por los mismos hechos que motivaron su extradición a los Estados Unidos, es claro que se impondría dar aplicación al principio de cosa juzgada penal, en su sentido negativo o excluyente, conforme a las previsiones normativas y jurisprudenciales traídas a colación, que prohíben que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, conforme lo reseñó la Procuradora Tercera delegada, es menester analizar si concurren o no los presupuestos para determinar la existencia de cosa juzgada penal en materia de extradición.

Tales requisitos, conforme lo ha decantado la citada jurisprudencia de la Sala, son:

(i) que la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es solicitada en extradición,

(ii) que exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza vinculante, y

(iii) que el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motiva la solicitud de extradición.

Dicho examen será abordado en el siguiente acápite.

3. Análisis, en el caso concreto, de los requisitos para determinar la existencia de cosa juzgada penal en materia de extradición.

3.1. Identidad de la persona.

En la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales el 31 de marzo de 2004, la cual fue confirmada por el tribunal, en el acápite correspondiente a la “identificación e individualización de los procesados”, respecto del acusado Alexander Patiño Parra se consignan los siguientes datos:

“... alias “Tarzán Cuatro”, identificado con la cédula número 4’938.611 de Suaza Huila (sic), natural de Cali Valle (sic), nacido el día 16 de agosto de 1956, con 47 años de edad, hijo de Cecilia y Benjamín, casado con Marisol Morales Cuéllar, grado de instrucción segundo de bachillerato, con 1.62 mts. de estatura y de color piel trigueño, sin más datos ya que es procesado como reo ausente”.

Como quedó consignado en los antecedentes del caso, Patiño Parra fue capturado el 9 de febrero de 2008, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), cuando realizaba trámites de inmigración, luego de que fuera deportado desde los Estados Unidos, a donde había sido extraditado para cumplir pena que le fuera impuesta por la justicia de ese país, en proceso que le adelantó por delitos federales de narcóticos.

Dicha captura fue realizada por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en cuyo informe anotan como sus “generales de ley”, los siguientes:

“Nombres y apellidos: Alexander Patiño Parra

Identificación: C.C. 4938611 de Suaza

Padres: Benjamín y Cecilia

Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1956.

Lugar de nacimiento: Cali-Valle

Domicilio: Calle 78 E # 21C-15 Los Robles

Estado civil: Casado

Ocupación: Comerciante”.

Datos estos que también aparecen en el acta de derechos del capturado, en la que Patiño Parra estampó su firma y huella dactilar.

De igual modo, en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición, rendida por el agente especial de la DEA Stephen F. Fraga, se señala que Patiño Parra es ciudadano colombiano nacido el 16 de agosto de 1956, agregando que “es varón con cabello oscuro y ojos color oscuro. Él vive en Manizales, Colombia y sus alrededores. Su número de cédula colombiana es 4’938.611”.

A su vez, en el concepto emitido por la Corte el 5 de septiembre de 2006 (Rad. 25.625), favorable a la solicitud de extradición que el gobierno de los Estados Unidos elevó respecto de Alexander Patiño Parra, se estableció que de acuerdo con las notas diplomáticas aportadas por ese país, el requerido es ciudadano colombiano y titular de la cédula de ciudadanía Nº 4’938.611.

En esa oportunidad, la Sala concluyó que el requisito de la plena identidad se encontraba satisfecho, por cuanto Patiño Parra, al ser capturado con fines de extradición, “no sólo respondió a ese nombre y se identificó con tal documento, sino que procedió a escribir en el acta de notificación de la resolución que ordenó su aprehensión, debajo de su rúbrica, el número de la citada cédula de ciudadanía, así como en el poder que otorgó para su representación en el presente trámite”. Ello sumado a que en dicho trámite, no se puso en cuestión la identidad del requerido.

Como puede apreciarse, no cabe la menor duda de que la persona que fue enjuiciada y condenada en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, es la misma que posteriormente —antes de la emisión de la sentencia de segundo grado—, fue capturada en la ciudad de Barranquilla, luego de que fuera deportada desde los Estados Unidos, en donde purgó pena de prisión tras ser declarada su responsabilidad penal en la comisión de delitos federales de narcóticos.

Dicha sanción pudo efectivamente cumplirse en el territorio del país que lo condenó, precisamente porque el gobierno colombiano decidió su extradición hacia los Estados Unidos, luego de que esta Corporación emitiera concepto favorable al respecto, tras verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales demandados para el efecto.

Cotejados, entonces, los datos que se tienen en este proceso, así como los que fueron aportados al trámite de extradición referido, no puede concluirse nada diferente a que el hoy sindicado Alexander Patiño Parra es la misma persona que luego de ser extraditada hacia los Estados Unidos, fue condenada por actividades de narcotráfico por la Corte Federal para el Distrito de Columbia, dependencia que a su vez le otorgó el beneficio de la libertad vigilada por el término de tres años y dispuso su deportación a Colombia.

Por lo tanto, se cumple cabalmente con el requisito de la identidad de la persona.

3.2. Sentencia en firme.

De acuerdo con la información contenida en la documentación foránea aportada, la cual se encuentra debidamente apostillada(27), cuando el procesado Alexander Patiño Parra compareció ante la Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para responder por el delito deducido en la acusación Nº CR 05-134 —por la cual se ordenó su extradición—, “se declaró culpable al cargo”.

Por esa razón, dicho tribunal declaró su responsabilidad penal en el delito federal de conspiración para fabricar y distribuir heroína con conocimiento e intención que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, de conformidad con lo previsto en el Título 21, Secciones 959, 960 (a) y 963, del Código de ese país.

Además de lo anterior, la Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia certificó, el 15 de febrero de 2008, que “la pena impuesta ha sido cumplida cabalmente por el acusado por los cargos atribuidos en el informe adjunto”.

Consecuente con ello, le concedió a Patiño Parra el beneficio de la libertad vigilada por el término de tres años y ordenó su deportación hacia Colombia, disponiendo que “el ICE (Servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos) lo despache lo más pronto posible”.

De lo anterior puede concluirse que, en efecto, respecto de la conducta punible de concierto para delinquir existe una sentencia extranjera debidamente ejecutoriada, en la medida en que hay constancia de que a Alexander Patiño Parra se le impuso una pena por ese delito, la cual cumplió a cabalidad, lo que propició que las autoridades judiciales americanas no solo dispusieran su libertad, sino también su deportación hacia Colombia.

Recuérdese, además, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del Código Penal, la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero, tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales, debiendo añadirse que frente a la ejecutoria del fallo proferido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, como lo acotó la delegada del Ministerio Público, “no tiene discusión por cuanto dio lugar al cumplimiento de la pena por parte del condenado”, y tiene, por tanto, “pleno valor de cosa juzgada para los efectos legales en Colombia”.

De ahí que se encuentra satisfecho, igualmente, el presupuesto de la sentencia en firme.

3.3. La identidad del hecho.

(...).

3.3.3. La reseña fáctica que viene de realizarse permite concluir que se colma, también, el requisito de la identidad del hecho.

En efecto, se trata de unos mismos acontecimientos que fueron investigados conjuntamente por las autoridades judiciales de los Estados Unidos y Colombia, en desarrollo de los programas de cooperación antidrogas con el gobierno del primer país, por conducto de la Administración para el Control de Drogas, DEA, dependencia que pudo detectar la existencia de bandas organizadas que se dedicaban al comercio y envío de sustancias alucinógenas —especialmente heroína—, a través de “correos humanos”, por la ruta Manizales-Cali-Panamá-Honduras-Guatemala, hacia los Estados Unidos, en donde el estupefaciente era negociado, en tanto que, el producto de la venta era remesado a Colombia, por medio de diferentes casas de cambio.

El soporte probatorio inicial de ambas investigaciones descansa en las múltiples interceptaciones telefónicas que se realizaron en el exterior y las que luego solicitó a la Fiscalía General de la Nación el Jefe del Grupo de Estupefacientes de la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional, el cual suscribe el informe 01033 del 20 de junio de 2000, en el que refiere varios abonados telefónicos localizados en las ciudades de Manizales, Bogotá, Pereira y Popayán, así como teléfonos móviles.

El resultado de las interceptaciones legalmente ordenadas por la Fiscalía colombiana confirmó la información suministrada por los Estados Unidos, en el sentido de que existían numerosas redes de narcotraficantes, conformadas por decenas de personas, lográndose identificar como una de ellas a Alexander Patiño Parra, cuyo centro de operaciones estaba ubicado en la ciudad de Manizales (Caldas), desde la cual gestionaba la financiación de la empresa criminal y organizaba el tráfico de sustancias alucinógenas, por medio de diferentes personas que eran contratadas para el efecto.

Una de ellas fue su cuñada, Jacqueline Morales Cuéllar, quien fue capturada en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca) el 26 de octubre de 2000, cuando pretendía abandonar el país, rumbo a Panamá, portando 110 cápsulas de en el interior de su cuerpo, las cuales contenía aproximadamente 800 gramos de heroína.

El recuento fáctico que acaba de hacerse, encuadra cabalmente en los hechos que fueron investigados y juzgados en los Estados Unidos, y los que ahora son procesados en Colombia. Se trata, como quedó dicho, de una bien conformada organización dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes, en la que varias personas se concertaron para introducir al territorio estadounidense la sustancia vedada mediante el envío de “correos humanos”.

Dichos sucesos ocurrieron entre los años 2000 y 2001, involucra a las mismas personas y se nutre de los mismos medios de prueba.

Y, en lo que respecta a Alexander Patiño Parra, tanto en el proceso americano como en el colombiano, se determinó su efectiva participación en esa empresa criminal, por todos los actos que realizó tendientes a obtener recursos para financiar el tráfico de estupefacientes, y por un hecho más concreto, como lo es la tantas veces referida captura de Jacqueline Morales Cuéllar, su pariente, a la que contactó para transportar hacia los Estados Unidos 110 cápsulas contentivas de 800 gramos de heroína, utilizándola como “correo humano”.

De igual modo, en ambas investigaciones se ventiló y tuvo en cuenta que luego de la aprehensión de Morales Cuéllar en un aeropuerto nacional, mediante sobornos Patiño Parra pretendió que la heroína fuera cambiada por cocaína —con el fin de atenuar los efectos del hecho—, y que la mujer recuperara su libertad o se le concediera el beneficio de la detención domiciliaria, en el curso del proceso penal que se inició en su contra.

Sin mayores esfuerzos, entonces, la Sala ha verificado, a partir de la documentación extranjera aportada en el juicio, que los hechos que en su momento motivaron la extradición de Alexander Patiño Parra y su posterior condena en los Estados Unidos, son los mismos objeto de juzgamiento en este proceso, es decir, corresponden al sustento fáctico de la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, la cual fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad.

De ahí, entonces, que el ad quem, en efecto, se equivocó en la apreciación de la referida prueba documental, pero no por la vía del error de hecho por falso raciocinio invocado por el casacionista, sino, como se dijo antes, del falso juicio de identidad, en la medida en que dio al contenido objetivo de los documentos, una lectura ajena a lo que allí se informa.

4. La solución.

Examinados los requisitos para determinar la existencia de cosa juzgada penal en materia de extradición, la Corte concluye que todos ellos convergen en el presente asunto, esto es, la persona juzgada doblemente es la misma, obra sentencia en firme y no hay duda sobre la identidad de los hechos.

Ello quiere significar que es viable pregonar la existencia de cosa juzgada penal en este proceso, por cuanto el gobierno colombiano, al conceder la extradición del nacional Alexander Patiño Parra, renunció a que su juzgamiento se llevara a cabo en el país.

Recuérdese que entre las sentencias de primera y segunda instancias, emitidas el 31 de marzo de 2004 y 22 de agosto de 2008, respectivamente, transcurrieron más de cuatro años, lapso dentro del cual hubo tiempo suficiente para que se ventilara de manera completa el trámite de extradición que culminó con el concepto favorable de la corporación y la decisión de entrega por parte del Estado, e incluso para que aquél fuera procesado, condenado y cumpliera la pena que le impuesta por la justicia americana.

Entonces, para la fecha en que la Corte emitió su concepto —el 5 de septiembre de 2006— y el gobierno colombiano accedió a la entrega de Patiño Parra al de los Estados Unidos, el proceso se encontraba surtiendo el trámite de segunda instancia, por apelación de la sentencia condenatoria.

En esa oportunidad, la Sala reconoció la existencia de la condena en contra del sindicado por los mismos hechos que generaron la petición de su extradición, pero recordó que sobre el particular, había sostenido invariablemente “que como es al Gobierno Nacional al que le corresponde decidir si concede o no la extradición de conformidad con las conveniencias nacionales, y como el Presidente de la República es el supremo director de la relaciones internacionales del país, también le corresponde establecer si el requerido está siendo investigado en Colombia o ha sido juzgado en el país por los mismos hechos que motivan la petición de extradición, a fin de resolver conforme a lo señalado en la Constitución y en la ley”(28).

De esta manera, está claro que el gobierno nacional, al decidir la entrega de procesado Patiño Parra, era consciente de que estaba siendo investigado por los mismos hechos en el país y que incluso ya se había dictado fallo condenatorio de primer grado, pero no obstante ello, renunció a que continuara siendo juzgado por las autoridades judiciales colombianas.

Ahora bien, aquella postura jurisprudencial acerca del reconocimiento del principio del non bis in idem en el trámite de extradición varió posteriormente, determinando la Sala que su concepto no se restringía a los limitados temas referidos en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, sino que abarcaba, también, el examen de asuntos que estando por fuera de dicho precepto, se constituyen en presupuesto de procedencia de la extradición, como así ha de suceder con la determinación de que en Colombia el requerido no haya sido ni esté siendo juzgado por los mismos hechos que sustentan el pedido al momento en que este se formule.

En efecto, en el concepto del 19 de febrero de 2009 (Rad. 30.374), así se pronunció:

“Es claro por tanto que la presencia de la cosa juzgada o del principio del non bis in idem constituye una causal de improcedencia de la extradición, como lo es el hecho de que si bien es cierto el único facultado en nuestro ordenamiento para extraditar es el Gobierno Nacional, no menos lo es que la única facultada para determinar los requisitos de procedencia del mecanismo es la Corte Suprema a través del concepto que de ella se demanda en estos asuntos.

En ese orden es apenas obvio que a la Sala concierne el estudio no sólo de las exigencias a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, pues evidente es que por fuera de dicha norma existen otros presupuestos que para efectos de la extradición la Sala debe estudiar como en efecto lo ha venido haciendo, por manera que no sólo examina la validez formal de la documentación presentada, la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, sino también y además —en términos de los artículos 35 de la Carta y 490 de la Ley 906—que los hechos imputados al colombiano por nacimiento hayan sido cometidos en el exterior y en fecha no anterior al 17 de diciembre de 1997, que no se trate de delitos políticos; que el delito materia de la solicitud de extradición se halle reprimido en Colombia con sanción privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años (L. 906, art. 492); que el solicitado se encuentra en el país o se presuma estarlo; que la demanda de extradición se haga por la vía diplomática y en casos excepcionales por la consular o de gobierno a gobierno; que se adjunte copia autentica de las disposiciones foráneas penales aplicables al caso (art. 495 ídem) y finalmente de conformidad con el artículo 29 de la Constitución debe constatar la Corte como órgano límite de la jurisdicción ordinaria que en nuestro país no se haya ejercido, ni se esté ejerciendo jurisdicción sobre el hecho que sustenta el pedido de extradición.

Como se advierte, no es por tanto cierto que la Corte restringe su concepto sólo a los limitados temas del referido artículo 502; por el contrario la Sala examina asuntos que estando por fuera de dicho precepto se constituyen en presupuesto de procedencia de la extradición, como así ha de suceder con la determinación de que en Colombia el requerido no haya sido ni esté siendo juzgado por los mismos hechos que sustentan el pedido al momento en que este se formule.

Pero además, si bien puede afirmarse que la justicia nacional tiene jurisdicción sobre todas las conductas que puedan encuadrarse en las hipótesis de los artículos 14 a 16 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, la determinación de ella en sí misma no es la razón para que proceda o no el mecanismo de cooperación internacional toda vez que precisamente éste tiene sentido sólo cuando el presunto infractor de la ley penal se encuentra sometido a la jurisdicción penal del Estado requerido, de modo que si éste decide concederlo omite juzgar al solicitado de acuerdo con su ley penal, para permitir en consecuencia que sea juzgado en el Estado requirente.

Por eso cuando el gobierno, una vez verificados por la Corte los requisitos de procedencia de la extradición, decide renunciar al juzgamiento del requerido conforme a la legislación penal nacional, el principio del non bis in idem trae como consecuencia la imposibilidad de iniciar procesos que sobre los mismos hechos y en contra de las mismas personas se pudiesen adelantar en Colombia.

Por lo mismo, cuando previamente a la solicitud de extradición el requerido ya ha sido juzgado, la extradición se hace improcedente y la ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con prevalencia sobre la del Estado requirente.

Constituyendo entonces el ejercicio de la jurisdicción por nuestras autoridades judiciales para el momento en que se formule el requerimiento, causal de improcedencia de la extradición, es imperativo colegir que en este asunto el concepto de la Sala ha de ser negativo al pedido formulado por las autoridades norteamericanas pues en aplicación de lo antes aseverado el principio del non bis in idem y el de cosa juzgada impiden que el Estado colombiano decline la jurisdicción ya ejercida para cederla a favor del Estado que hace la solicitud.

Baste finalmente precisar que para el examen de esta causal de improcedencia ha de determinarse que para el momento en que se haga el requerimiento del país extranjero ya debió haberse ejercido jurisdicción a través del proferimiento de sentencia condenatoria y que para dichos efectos debe entenderse por requerimiento del Estado solicitante cualquier manifestación que por las vías diplomáticas se exprese en interés de obtener la efectividad del mecanismo, vr.gr. la solicitud de captura con fines de extradición”.

Como puede apreciarse, para la Corte no hay duda de que cuando el gobierno decide renunciar al juzgamiento del requerido conforme a la legislación penal nacional —previo, desde luego, concepto favorable de la Sala—, el principio del non bis in idem trae como consecuencia la imposibilidad de iniciar procesos que sobre los mismos hechos y en contra de las mismas personas se pudiesen adelantar en Colombia.

Por ello, entonces, le asiste razón al casacionista, motivo suficiente para casar en su totalidad, y no apenas parcialmente, la sentencia impugnada, en los términos que más adelante serán especificados.

Lo anterior quiere significar, que no se comparte la postura de la delegada de Procuraduría, pues, si bien admite la identidad naturalística de los hechos objeto de juzgamiento en los Estados Unidos y Colombia, al final señala que ello es apenas parcial, debido a que en tanto que la justicia extranjera los encuadró en la única conducta de “conspiración para fabricar y distribuir heroína, con conocimiento e intención que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”, la cual equivale al “concierto para delinquir con fines de narcotráfico”, la justicia colombiana los ubicó en el concurso delictual de “concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

De acuerdo con lo aseverado por la delegada, aceptar llanamente la condena extranjera por el ilícito concierto para delinquir, conduciría a dejar de lado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, teniendo en cuenta que el último es independiente del primero.

Dicha independencia no se discute. Sin embargo, el argumento de la representante del Ministerio Público para declarar la cosa juzgada penal “parcial” no es de recibo, puesto que está trayendo a colación un requisito adicional que, conforme al amplio acopio jurisprudencial previamente reseñado, no existe.

En efecto, la procuradora demanda una identidad jurídica, pese a que la exigencia se centra, meramente, en una identidad fáctica, es decir, basta que se acredite este último aspecto, como aquí se hizo, independientemente de la denominación jurídica que a esos “mismos hechos” se le otorgue en las legislaciones de uno u otro país.

Vale decir, cuando se habla del principio non bis in idem, la valoración obligada de hacer es necesariamente material, para efectos de verificar si determinados hechos, en toda su integridad, ya fueron objeto de juzgamiento, independientemente de la coincidencia o no de las normas o tipos penales que describen esa manifestación fáctica objetiva.

Al efecto, no puede soslayarse, en el examen del asunto, que éste comporta una arista colateral de obligada consideración en el caso concreto, pues, aquí no se trata de que, dentro del mismo contexto jurídico penal, se adelanten dos procesos o emitan sendas sentencias por los mismos hechos, que sean regulados por una normativa sustantiva penal similar, sino de que esa conducta o conductas han sido tratados, en su denominación típica, por dos sistemas penales disímiles.

Entonces, la evaluación ha de regirse —no sólo porque así lo indica el principio taxativamente, como ya se vio, sino por obvias razones prácticas—, por la determinación material de los hechos, a efectos de verificar si estos, en su integridad, conforman o no la tramitación penal y consecuente decisión que solucionó con vocación de cosa juzgada la cuestión.

En consecuencia, si se tiene claro que existe absoluta identidad fáctica entre lo que ahora juzga Colombia y lo que ya juzgaron los Estados Unidos, independientemente de que allí ello se englobe en un solo delito, que integra todas las aristas típicas de la conducta, la conclusión no puede ser que solo parcialmente se vulneró el principio non bis in idem, pues, ello representa evidente desatención de la teleología del instituto, al punto que, finalmente, en la práctica, la persona sí va a ser juzgada de nuevo por los mismos hechos.

Porque, con el mismo criterio de la procuradora, perfectamente podría decirse que no existe violación al principio tantas veces relacionado, cuando esa conducta recibe un nombre diferente en otros países.

Lo que importa, para finalizar, es que esos dos hechos, actividades, conductas, omisiones, que en Colombia se separan para construir dos delitos distintos, hayan sido tomados en consideración, integralmente, por la justicia de los Estados Unidos, así se engloben en un solo delito —conspiración para fabricar y distribuir heroína, con conocimiento e intención que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos—, pues, huelga anotar, esa condena penal incluye el apartado fáctico que ahora echa de menos la representación del Ministerio Público, apenas porque confunde los hechos con su denominación jurídica.

En suma, se casará la sentencia impugnada y como es claro que no es posible absolver a Alexander Patiño Parra —porque se trata de unos hechos por los cuales ya se le condenó—, ni anular lo actuado —porque la acción penal no puede proseguirse—, se declarará extinguida la acción penal, en virtud del principio constitucional y rector del non bis in idem, y se dispondrá la cesación de procedimiento a su favor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 600 de 2000.

De igual modo, se ordenará la libertad inmediata del procesado Patiño Parra.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR el fallo impugnado y, por cuanto la acción penal no puede proseguirse, se declara su extinción y la consecuente cesación del procedimiento adelantado en contra del sindicado Alexander Patiño Parra, por el concurso de conductas punibles de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ordénase la libertad inmediata del procesado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

(21) Al respecto, vale anotar que esta corporación emitió concepto favorable a su extradición, el 5 de septiembre de 2006 (Rad. 25.625).

(22) Sentencia del 17 de septiembre de 2003, radicado 18.793.

(23) Auto del 5 de diciembre de 2002, Radicado 12.621.

(24) Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Editores del Puerto s.r.l. Buenos aires, 2ª edición, 2ª reimpresión 2002, pág. 603.

(25) Conceptos de extradición del 19 de febrero y 6 de mayo de 2009, radicados 30.377 y 30.373, respectivamente.

(26) Concepto de 16 de septiembre de 2009, radicado 31.036.

(27) Cuaderno original Nº 22 B, folios 589 y ss.

(28) En esa oportunidad se citó el Concepto de extradición del 22 de agosto de 2006, radicado 25.172.