Sentencia 31558 de marzo 11 de 2009

 

Sentencia 31558 de marzo 11 de 2009 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Como bien se puede observar, el cargo somete a consideración de la Corte, el tema relativo a la prescripción de la solicitud de reliquidación de un derecho pensional, en cuanto al límite máximo previsto en la ley para establecer el valor de la pensión de jubilación.

La pretensión principal de la demanda inicial, consiste en la reliquidación de la pensión de jubilación otorgada al demandante, dado que la accionada fijó su cuantía hasta un tope equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes, cuando debió limitarse a un máximo de veinte (20) salarios mínimos conforme a lo señalado en los artículos 18 parágrafo 3º y 32 parágrafo único de la Ley 100 de 1993, y el Decreto 314 de 1994.

Por el contrario, la empresa demandada sostiene que el monto de la pensión, se ajustó al ordenamiento legal vigente para la data de la desvinculación laboral del trabajador y al reconocimiento de tal prestación pensional, esto es, el artículo 2º de la Ley 71 de 1988. Lo que significa, que la controversia gira en torno a definir la normatividad que gobierna el asunto a juzgar, respecto al quantum máximo en que era posible conceder la jubilación al actor.

El tribunal para declarar la prescripción extintiva de la acción, señaló que la pensión de jubilación le fue reconocida al accionante a partir del día 24 de diciembre de 1993, mediante Resolución 001 del 13 de enero de 1994, y la demanda introductoria se presentó solo hasta el 1º de abril de 2005, habiendo por tanto transcurrido más de tres (3) años. Y en respaldo de su tesis, se soportó en la sentencia de casación de fecha 15 de julio de 2003 radicado 19557, relativa a la prescripción de los reajustes que se pretenden por la inclusión de nuevos factores económicos que conforman la base salarial para el cálculo de una pensión, antecedente que estimó plenamente aplicable al caso.

Por su parte, la censura en este cargo cuestiona el análisis de la colegiatura, porque considera que incurrió en un yerro hermenéutico al entender que la situación tratada en la jurisprudencia acogida era igual a la debatida en el examine, cuando es sustancialmente diferente, pues la reliquidación demandada no está basada en los factores económicos que integran la base salarial que sirve de parámetro para la liquidación de la prestación, sino en la determinación del límite máximo del valor de la pensión, aspecto último que está inmerso dentro del criterio general de la imprescriptibilidad del derecho en sí mismo, siendo únicamente viable decretar la prescripción pero de mesadas causadas con anterioridad a los tres (3) últimos años a la presentación de la demanda con que se dio apertura a la controversia.

Visto lo anterior, la razón está de parte del recurrente y no del fallador de alzada, toda vez que en el sub lite en puridad de verdad no operó el fenómeno jurídico de la prescripción, en lo que atañe al derecho demandado en los términos establecidos en la segunda instancia, y ciertamente las enseñanzas o directrices expresadas en la sentencia del 15 de julio de 2003 radicado 19557, no encajan dentro de los presupuestos del asunto que ahora se somete a consideración de esta corporación, habida consideración que los topes mínimos y máximos de las pensiones, no son ni se asimilan a un factor salarial.

En efecto, como lo pone de presente el recurrente, la reclamación dirigida a determinar el límite máximo con que se debió haber reconocido al accionante su jubilación, tiene una relación indivisible con el otorgamiento de la prestación pensional como tal, que como es sabido se trata de un derecho imprescriptible, debiendo correr estos dos eventos la misma suerte.

Por consiguiente, al estar estrechamente ligados o entrelazados estos derechos constitutivos de un todo jurídico, ninguno de ellos admite la prescripción extintiva del derecho en sí mismos, y lo único que podría prescribir serían las mesadas o diferencias pensionales con excepción de los últimos tres años contados desde la reclamación o presentación de la demanda hacia atrás.

Es menester aclarar, que con el límite máximo que aspira la parte demandante se le conceda la pensión de jubilación, no se está variando de ninguna manera la base salarial con que se liquidó la pensión, puesto que no es un factor que incremente el IBL, es así que cualquiera que sea la decisión del fondo de la litis, se mantendría inmodificable lo establecido en la Resolución de reconocimiento 001 del 13 de enero de 1994, en el sentido de que siendo el salario promedio mensual del último año de servicios del actor la cantidad de “US $2.620,65” y el 75% de esa suma “US $1.965,48” que “al tipo de cambio oficial de $915.56 pesos vigente cuando cumplió los requisitos de pensión arroja una mesada pensional de un millón setecientos noventa y nueve mil quinientos diecinueve pesos con 42/100 ($1.799.519,42) m/cte.” (fl. 16 del cdno. del juzgado); no resultando en consecuencia acertada la postura del tribunal, en cuanto estimó que con la acción instaurada se persigue “la modificación del ingreso base de liquidación de la susodicha pensión”, lo cual en su sentir “se encuentra bajo el fenómeno jurídico alegado por la demandada en tiempo folio 49 de prescripción”.

Así las cosas, frente a ese monto invariable de la pensión ($ 1.799.519,42), lo que realmente se cuestiona dentro de esta causa, es si dicha cuantía podía legalmente limitarse a 15 salarios mínimos mensuales legales de la época de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, como procedió la demandada al fijar como tope en la misma resolución de reconocimiento, una mesada inicial a pagar para el año de 1993 equivalente a “$ 1.222.650,oo” ($ 81.510,oo x 15), o, si por el contrario correspondería a una mesada que se limite a un máximo de 20 salarios mínimos legales por la suma de $ 1.630.200,oo ($81.510,oo x 20), según lo preceptuado en los artículos 18 parágrafo 3º y 32 parágrafo único de la Ley 100 de 1993, y el Decreto 314 de 1994; lo cual se repite no prescribe en lo atinente al derecho que le da origen a esta clase de reliquidación o reajuste impetrado.

Cabe agregar, que el mencionado pronunciamiento jurisprudencial en que se apoyó el ad quem, sentencia del 15 de julio de 2003 radicación 19557, mantiene el criterio de imprescriptibilidad del derecho pensional por su carácter de vitalicio, pero adoctrinó que tratándose de factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la determinación de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum de la prestación, en la forma como lo haya dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes, prescribirá transcurrido el término que para tal fin prevé los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S., que como atrás se dijo no es la situación que en esta oportunidad se debate.

Entonces, no es posible que los juzgadores generalicen la aplicación de lo expuesto en esa sentencia rememorada, sin entrar previamente a distinguir lo que verdaderamente se está planteando en cada caso, que fue lo que aconteció en este asunto donde el tribunal no identificó en debida forma lo reclamado y lo confundió con un factor salarial cuando no lo era, lo cual conllevó a que equivocadamente declarara probada la excepción de prescripción de la acción, sin haber lugar a ello.

Por todo lo dicho, se concluye que el juez colegiado cometió los yerros jurídicos atribuidos por la censura, lo que conlleva a que esta primera acusación resulte fundada, sin que se haga necesario el estudio de los dos cargos restantes en virtud de que persiguen igual cometido.

En tales condiciones, prosperan los cargos y habrá de casarse la sentencia impugnada.

IX. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiar la acusación, cabe agregar que son hechos indiscutidos en esta litis los siguientes: (i) Que el demandante laboró para la Flota Mercante Gran Colombiana, entre el 27 de diciembre de 1966 y el 6 de junio de 1990, esto es, por más de 20 años, como consta en la liquidación definitiva de prestaciones sociales obrante a folio 15 y vto. del cuaderno del juzgado; (ii) Que las partes el 11 de junio de 1990, celebraron conciliación laboral ante el Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, donde el empleador le otorgó al trabajador, una pensión plena de jubilación a partir de cuando cumpliera 55 años de edad, con el tipo de cambio oficial del dólar para la data en que completara los requisitos para acceder a esa prestación, conforme aparece en el acta pública especial de conciliación de folio 86 a 89 ibídem; (iii) Que el actor arribó a la edad requerida el 24 de diciembre de 1993, por haber nacido el mismo día y mes del año 1938, y a partir de esa fecha fue que la accionada le concedió al actor la pensión de jubilación en pesos; y (iv) Que la cuantía de la pensión corresponde al 75% del salario promedio mensual del último año de servicios, valga decir, la suma de $ 1.799.519,42, pero limitada a 15 salarios mínimos legales de la época de conformidad a la Ley 71 de 1988, quedando en un monto mensual de $ 1.222.650,oo, tal como se desprende del texto de la Resolución de reconocimiento 001 del 13 de enero de 1994 visible a folios 16 y 17 ídem.

De igual modo, es pertinente destacar que el juez de conocimiento, que sí estudió el fondo del asunto, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas, argumentando básicamente que si la empresa determinó que el tope máximo de la pensión del demandante era de 15 salarios mínimos legales mensuales, “lo hizo con fundamento en una ley que hasta ese momento se encontraba vigente”, esto es, el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, pues para la fecha de otorgamiento del derecho y causación del mismo, aún no había entrado en vigor la Ley 100 de 1993 que elevó el límite del monto de la pensión a 20 salarios mínimos, y por tanto

“comoquiera que el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor se produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, cuando se encontraba vigente el límite máximo para pensiones de 15 salarios mínimos, nos encontramos frente a una situación jurídica que quedó consolidada al amparo de la vigencia del artículo 2º de la ley 71 de 1988, normatividad que según lo precisado por la honorable Corte Constitucional, “continúa irradiando sus efectos en estas materias” justamente, como en el presente caso, respecto de las situaciones jurídicas consolidadas bajo su vigencia, lo cual tornaría en improcedentes las súplicas del actor, pues el límite de las pensiones hasta 20 salarios mínimos legales mensuales solo vino a operar en virtud de la Ley 100 de 1993, es decir, una vez que había sido definido el derecho pensional del actor, razón por la cual su pensión se encontraba regida por la limitante establecida en el citado artículo 2º de la Ley 71 de 1988 y no por la Ley 100 de 1993”.

Contra esta decisión apeló la parte actora, que en resumen, sostuvo que la norma aplicable a la presente causa era el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, que extendió el beneficio del límite máximo de veinte (20) salarios mínimos, a quienes se hubieran pensionado con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, que fue promulgada el 18 de mayo de igual año, según el Diario Oficial Nº 40451, y el demandante adquirió el derecho pensional el 24 de diciembre de 1993 cuando reunió los requisitos de tiempo de servicios y edad, ello con fundamento en los principios de retrospectividad de la ley laboral en materia pensional, favorabilidad, igualdad, irrenunciabilidad y derechos mínimos, donde “Los límites máximos obligan por igual a las entidades públicas y privadas que reconocen pensiones de jubilación o vejez”.

Bajo esta órbita, el punto central de debate gira en torno en el ordenamiento legal aplicable a la situación pensional del actor, en lo referente al límite máximo de su pensión de jubilación.

En relación a esta puntual temática y para un mayor entendimiento, esta corporación estima necesario hacer un recuento normativo de los topes mínimos y máximos de las pensiones, así:

En un comienzo la Ley 4ª de 1976 consagró en su artículo 2º, que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, “no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario”.

Posteriormente la Ley 71 de 1988 artículo 2º, entró a modificar esos topes mínimo y máximo, para lo cual señaló que

“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales. PAR.—El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de la presente ley”.

Luego la Ley 100 de 1993 en su artículo 18 parágrafo 3º, eliminó el límite máximo de los 15 salarios mínimos legales, al establecer que “Cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos, el monto de las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida no podrá ser superior a dicho valor”, limitación que el ejecutivo llevó a cabo con la expedición del Decreto 314 de 1994 en cuyo artículo 2º se determinó que “En desarrollo del parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida, no podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales”.

Igualmente, el artículo 35 de la citada Ley 100, ratificó el tope mínimo al estipular que “El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente”, y adicionalmente en su parágrafo consagró que “Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica (salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas en el artículo 279 de esta ley)” (resalta la Sala), donde el texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-089 del 26 de febrero de 1997.

Y finalmente el artículo 5º de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 4º y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, fijó el límite de la base de cotización en veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los trabajadores del sector público y privado, y consecuentemente aumentó a ese número de salarios el tope máximo de las pensiones; lo cual está en armonía con lo regulado en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 que estableció en su parágrafo 1º que “A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública”.

Así las cosas, descendiendo al caso en particular del demandante, si bien es cierto su derecho a la pensión de jubilación se consolidó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 24 de diciembre de 1993 cuando cumplió la edad de 55 años, también lo es, que el reconocimiento se realizó después del 18 de mayo de 1992 cuando entró a regir la Ley 4ª de ese mismo año, que es el referente que trae el parágrafo del artículo 35 de la citada Ley 100, para inaplicar por mandato legal el tope previsto en el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, y en sana lógica acoger el límite máximo de los 20 salarios mínimos legales.

Importa decir, que esta Sala de Casación Laboral tuvo la oportunidad de interpretar el aludido parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 y estimó que la prerrogativa allí contenida, era aplicable a toda clase de pensiones legales otorgadas con anterioridad al sistema de seguridad social integral, siempre y cuando se satisfaga la condición de ser concedidas luego de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, como en esta oportunidad ocurre con la pensión del accionante, si se tiene en cuenta que se causó en diciembre de 1993 y corresponde a la legal de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que exige 20 años de servicios y 55 años de edad, equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios.

Ciertamente en casación del 11 de julio de 2002 radicado 16935, reiterada en sentencias del 6 de agosto de 2002 y 17 de febrero de 2009 radicación 17929 y 33536 respectivamente, esta última proferida en un proceso seguido contra la misma demandada Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, se adoctrinó lo antes expuesto, y en la primera de las mencionadas se puntualizó lo siguiente:

“(…) Para desvirtuar ese soporte jurídico de la sentencia, el recurrente destaca que el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 no se encuentra vigente, citando al efecto el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica” (la parte restante del parágrafo fue declarada inexequible por sentencia C-89 de 1997 de la Corte Constitucional).

De ese precepto, bien puede extraerse lo siguiente: a) Que la no aplicabilidad del tope consagrado en el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 rige para las pensiones concedidas a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, que empezó el 18 de mayo de ese mismo año, según se evidencia del Diario Oficial Nº 40451; b) Que como tal norma incluyó las pensiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin especificar cuál o cuáles, debe suponerse que cobijó no solamente las consagradas en esa ley, sino además, las referentes a otros sistemas de pensiones; c) Que consecuencialmente, el tope de 15 salarios mínimos establecido en la Ley 71 de 1988 fue derogado para toda clase de pensiones legales y, d) Que como la norma no discrimina los tipos de pensiones a que se refiere, dentro de ellas pueden incluirse las convencionales que se remiten a la ley para establecer los topes máximos de su cuantía.

De acuerdo con ello, para la Corte, tiene razón el recurrente cuando sugiere e insiste, que el tope máximo de la pensión establecido en el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 no es el aplicable al caso bajo estudio, entre otros motivos, por haber sido expresamente derogado por la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, como la norma vigente sobre límites a la cuantía de las pensiones es el artículo 2º del Decreto 314 de 1994, que los fijó en 20 salarios mínimos mensuales, no puede haber duda que es a ese tope al que remite la norma convencional” (resalta y subraya la Sala).

Desde la anterior perspectiva, los preceptos legales llamados a definir lo concerniente al tope máximo de la prestación pensional de marras, son los invocados por la parte actora desde la demanda introductoria, artículos 18 parágrafo 3º y 35 parágrafo único de la Ley 100 de 1993.

De ahí que, procede la reliquidación reclamada, y por ende se revocará parcialmente el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar, condenar a la sociedad demandada a reajustar al actor la pensión de jubilación cuya cuantía se fijó en la suma de “$ 1.799.519,42”, limitando su pago a una mesada inicial de $ 1.630.200,oo que corresponde al tope de veinte (20) salarios mínimos vigentes para el año 1993, aclarando que el pago únicamente comprende el valor de la diferencia entre lo que aquí se reconoce y lo que la accionada hubiera cancelado.

Se declara probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada en lo concerniente a las mesadas pensionales anteriores al 1º de abril de 2002, de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S., habida cuenta que la demanda genitora se presentó el 1º de abril de 2005 de acuerdo con la constancia de folio 18 del cuaderno del juzgado, y por consiguiente únicamente se hará efectiva la cancelación de diferencias pensionales a partir del 1º de abril de 2002».

(Sentencia de casación, 11 de marzo de 2009. Radicación 31558. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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