Sentencia 31561 de diciembre 3 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 374

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Primer cargo. Falso raciocinio

El censor alega la vulneración de las reglas de la sana crítica, específicamente de las máximas de la experiencia, porque los juzgadores no dedujeron que las actas de conciliación laboral y la demanda ejecutiva laboral instaurada por los hermanos Juan Camilo y Jaime Rafael Isaza Velásquez, fueron los medios utilizados por los procesados para engañar a la judicatura, buscando obtener decisión judicial que permitiera dejar sin posibilidad de cobro el crédito desembolsado por Conavi a la firma FMS Ltda., del cual era codeudor el señor Jaime José Isaza Restrepo, padre de los anteriores, lo cual era deducible porque el proceso ejecutivo laboral se inició con posterioridad al préstamo y cuando ya se había constituido a favor de la entidad crediticia hipoteca abierta, garantizada con el 50% del inmueble ubicado en la calle 16 # 45-45 de la ciudad de Medellín, que finalmente no pudo ser perseguido por el acreedor hipotecario, al ser desplazado por el acreedor laboral.

Sobre la manera como se aborda la valoración del acervo probatorio en el sistema que nos rige, ha dicho la Sala que:

“La sana crítica, que no es nada distinto en la explicación de su nominación y en busca de sus contenidos y fines, que el sometimiento de las pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y la conductas frente a la sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma “sana”, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y “crítica”, es decir, que con base en ellos los hechos objeto de valoración, entendidos como “criterios de verdad”, sean confrontados para establecer si un hecho y acción determinada pudo suceder, o si ello fue posible de una u otra manera, explicable dentro de las reglas de la lógica, de la ciencia y la experiencia, no ante la personalísima forma de ver cada uno la realidad, sino frente a estos postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos”(8).

La experiencia es una forma específica de conocimiento que se origina por la recepción inmediata de una impresión. Es experiencia todo lo que llega o se percibe a través de los sentidos, lo cual supone que lo experimentado no sea un fenómeno transitorio, sino un hecho que amplía y enriquece el pensamiento de manera estable.

De esa manera, las reglas de la experiencia, lo ha reiterado la Corte, se configuran a través de la observación e identificación de un proceder generalizado y repetitivo frente a circunstancias similares en un contexto temporo- espacial determinado. Por ello, tienen pretensiones de universalidad, que solo se exceptúan frente a condiciones especiales que introduzcan cambios en sus variables con virtud para desencadenar respuestas diversas a las normalmente esperadas y predecibles(9).

De allí que, las reglas de la experiencia corresponden al postulado “siempre o casi siempre que se presenta A, entonces, sucede B”, motivo por el cual permiten efectuar pronósticos y diagnósticos. Los primeros, referidos a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de una causa específica (prospección) y los segundos, predicables de la posibilidad de establecer a partir de la observación de un suceso final su causa eficiente (retrospección)(10).

Atendiendo ese concepto, el enunciado que expone el casacionista no corresponde a una regla de la experiencia, porque no es posible aseverar que siempre o casi siempre que se ejecuta una acreencia con prevalencia sobre otro crédito, se busca engañar al funcionario judicial para defraudar al último acreedor, en cuanto se trata de un pronóstico que admite diversas variables dependiendo la realidad que ello envuelva, y, por ende, sin posibilidad de predicarse con pretensiones de universalidad.

En el presente evento, basta repasar la realidad que circunscribe el presente evento, la cual llevó a concluir que el Juez Laboral del Circuito de Rionegro no fue inducido en error, con base en los siguientes supuestos fácticos, que se declararon probados en los fallos de instancia:

Entre los hermanos Isaza Velásquez y la empresa Delkita, representada por el señor Jaime José Isaza Restrepo, padre de los anteriores, existió una relación laboral, a cuyo término no le fueron canceladas a los primeros las prestaciones sociales a que tenían derecho, razón por la cual estaban en su derecho de reclamar por la vía legal el reconocimiento y pago de sus acreencias.

Es cierto que aún cuando el vínculo laboral terminó para uno de los hermanos Isaza Velásquez desde el año 1984, y para el otro desde 1994, y que solo hasta el año de 2001 ejercieron las reclamaciones ante la jurisdicción laboral, fecha para la cual ya habían prescrito las respectivas acciones laborales, también lo es que el demandado Isaza Restrepo, al momento de contestar la demanda presentada con base en las conciliaciones suscritas con sus hijos el 10 de julio y el 1º de agosto de 2001, no excepcionó la prescripción, allanándose a las pretensiones.

Si bien es cierto que la omisión de excepcionar la prescripción, “puede tomarse como una maniobra encaminada a desplazar de su derecho a Conavi”(11), con ella no se indujo en error al juez laboral, porque la ley no obliga a la parte interesada a alegarla, tal como se deduce del artículo 2531 del Código Civil, en cuanto preceptúa que quien quiera aprovecharse de la prescripción, debe alegarla, sin que el juez pueda declararla oficiosamente, normatividad que rige el proceso laboral.

De esa manera, la demanda laboral y las conciliaciones no pueden considerarse como medios fraudulentos para inducir en error al juez laboral, porque, de un lado, los procesados Jaime Rafael y Juan Camilo Isaza Velásquez estaban en su derecho de cobrar sus acreencias laborales, independientemente del vínculo que les unía con su demandado, y, de otro, este último —Jaime José Isaza Restrepo—, en su derecho de no alegar la prescripción de la acción laboral instaurada por sus hijos.

Para la Sala, el razonamiento realizado por el tribunal no desborda la racionalidad del juicio, toda vez que lo catalogado por el recurrente como regla de la experiencia vulnerada, no pasa de ser una interpretación personal que no resiste la pérdida de la eficacia procesal realizada por la judicatura.

Conforme lo adujo la procuradora delegada, el trámite del proceso laboral se vio libre de mecanismos que dieran lugar al engaño del juez laboral, por cuanto la existencia de la prescripción de las acreencias laborales no era óbice para su reclamación judicial, siendo como es, se reitera, una facultad del demandando optar por su alegación al excepcionar las pretensiones de la demanda.

Luego entonces, si los derechos laborales tenían una base real y verídica, no hay forma de catalogar las pretensiones de los hermanos Isaza Restrepo como medios fraudulentos para la comisión de la conducta punible de fraude procesal, pues una declaratoria en ese sentido, requería, necesariamente, la demostración de que las acreencias laborales reclamadas no eran reales, aspecto que ni siquiera aparece insinuado en el presente evento.

Además, si como lo tiene determinado la jurisprudencia de la Corte(12), el ingrediente subjetivo del tipo penal de fraude procesal requiere que “la conducta tenga como finalidad la obtención de una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley(13)”, es lo cierto que en el presente evento, el inicio del tramite laboral, así sea sospechosa su ejecución, tal y como lo menciona la procuradora en su concepto, se dio dentro del procedimiento legal encaminado a obtener el pago de unas acreencias laborales, que se encuentran acreditadas, debidas por los socios de la firma Delkita Ltda. a los procesados Jaime Rafael y Juan Camilo Isaza Velásquez, independiente, de que entre estos y el representante de la firma en cuestión, existiera una relación de parentesco.

De esa manera, el tribunal no incurrió en el error que se le atribuye cuando para descartar la tipicidad de la conducta, adujo que en este evento no existieron maniobras engañosas encaminadas a distorsionar la realidad frente al servidor público, porque se probó que las acreencias laborales que se buscaron hacer efectivas a través del proceso ejecutivo laboral no fueron fingidas, razonamiento que no contradice los dictados de la sana crítica.

Los falladores nunca afirmaron que a través de actas de conciliaciones laborales o demandas de esa misma índole, no se puede ejercer maniobras engañosas para lograr una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; lo aducido, se reitera, es la existencia real de la obligación por parte del demandando, que dio lugar, conforme a las leyes laborales, a asegurar el pago de lo debido, que prevalecía frente a otras obligaciones civiles por disposición legal, y en esa medida, la falta de consolidación del medio fraudulento encaminado a inducir en error al juez laboral para obtener una decisión contraria a la ley.

En tales condiciones, el cargo no puede prosperar.

Segundo cargo. Violación directa de la ley sustancial

Razón asiste a la procuradora delegada cuando advierte que la argumentación traída por el censor para sustentar este segundo cargo no es más que una prolongación de la discusión planteada en el primero, pues aunque parta de señalar que el fallador incurrió en una errónea interpretación del concepto de “medio fraudulento”, elemento estructurante del tipo penal de fraude procesal, lo cierto es que continúa en la crítica de la valoración probatoria asumida por el juzgador, fundamentalmente, porque el centro del debate no es si los medios legales pueden ser utilizados para maniobras fraudulentas, aspecto frente al cual no hay disenso con la tesis del tribunal, sino si en este caso en concreto, los medios legales fueron utilizados fraudulentamente para engañar al juez laboral en busca de una decisión contraria a la ley.

Acerca de lo debe entenderse por “medios fraudulentos”, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos(14):

“Ahora, en lo atinente al tema cuestionado por el censor, recuérdese que el verbo rector de la conducta punible de fraude procesal, esto es, inducir, significa conducir, determinar, instigar o provocar el error mediante actos fraudulentos idóneos con el fin de presentar una falsa realidad de los hechos objeto de la decisión (sentencia, resolución o acto administrativo).

“En consecuencia, los medios fraudulentos idóneos están referidos a los elementos de juicio que se pretenden hacer valer en un determinado diligenciamiento como instrumento inductor del error y a la trascendencia valorativa que el servidor público otorgue a los mismos para acceder o negar las pretensiones que se discuten, dentro del régimen probatorio correspondiente. O, dicho de otra manera, debe tener la aptitud procesal (presupuesto de idoneidad) para provocar la equivocación en el servidor público” (resaltado fuera de texto).

Si lo que concluyó el tribunal en la sentencia, es que los medios utilizados por los procesados para conseguir el reconocimiento y pago de las acreencias laborales —actas de conciliación y demanda ejecutiva laboral—, no fueron un instrumento inductor en error para que el servidor judicial entrara a avalar los acuerdos a que llegaron las partes, y con posterioridad procediera al embargo y secuestro del bien propiedad del demandado a fin de solucionar el pago de las acreencias laborales, porque estas existieron realmente, no se puede admitir que el tribunal erró en la interpretación del elemento “medio fraudulento”.

De esa manera, al ser reales las acreencias laborales, no se advierte cuál era el error en que se buscó inducir al juez laboral, pues como también lo reconoce la delegada, no puede sostenerse que el reconocimiento de prestaciones sociales prescritas sea una decisión contraria a la ley. Los procesados no escondieron al juez esa realidad, ni mintieron sobre la existencia de las obligaciones, de donde el medio utilizado no puede catalogarse como fraudulento, independiente de los perjuicios patrimoniales que ese reconocimiento judicial causó frente a derechos patrimoniales de terceros, ajenos a la relación laboral.

Es cierto, como lo alega el actor, que se puede inducir en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, utilizando medios lícitos, pues lo que realmente importa es su idoneidad para producir engaño, esto es, por “contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad”(15).

Pero el tribunal no desconoce esa realidad, sino que parte de descartar que el medio utilizado sea fraudulento, tal como se evidencia en el siguiente apartado del fallo demandado:

“... no es válido sostener que el mencionado funcionario (Juez Laboral del Circuito de Rionegro) fue inducido en error por la utilización de medios engañosos, toda vez que los hermanos Isaza Velásquez, lo que hicieron fue ejercer un derecho legal, como era reclamar sus prestaciones sociales, por lo que las conciliaciones celebradas no pueden tildarse de ilegales, y menos los posteriores procesos ejecutivos labores que promovieron ante el mencionado despacho, con base en las actas de conciliación”.

En esas condiciones, no existe el error demandado, porque, se reitera, el fallador no interpretó erradamente el concepto de “medio fraudulento”, sino que de acuerdo con la prueba, concluyó que en el presente evento el medio no colmó esa exigencia, porque las acreencias cobradas se acreditaron en el proceso, aspecto último que no cuestiona el censor en su demanda.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase».

(8) Sentencia del 4 de septiembre de 2002, radicación 15.884.

(9) Sentencia de septiembre 28 de 2006, radicado 19.888.

(10) Ibídem.

(11) Página 6 de la sentencia de primera instancia.

(12) Sentencia de casación del 8 de agosto de 2008, radicado 27.473.

(13) En este sentido providencias del 2 de septiembre de 2002. Radicado 17703, 4 de octubre de 2000. Radicado 11210 y 29 de abril de 1998. Radicado 13426, entre otras.

(14) Sentencia del 19 de mayo de 2004, radicado 18.367.

(15) Sentencia de agosto 17 de 2005, radicado 19.391. En el mismo sentido, entre otras, decisiones del 29 de abril de 1998, radicado 13.426 y del 19 de mayo de 2004, radicado 18.367.