Sentencia 31580 de noviembre 24 de 2010

 

Sentencia 31580 de noviembre 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 385

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. No obstante la parquedad argumentativa con la que el actor asumió el desarrollo del único cargo y pese al distanciamiento, ocasional, del objeto de controversia inherente a la vía de ataque seleccionada, es criterio de la Sala que una vez la demanda se ha declarado ajustada, la censura no puede descalificarse por razones de técnica, y lo procedente es emitir decisión de fondo, como en efecto aquí lo acometerá.

Y ello es así, porque el caso ofrece la oportunidad de reiterar la jurisprudencia de la Sala en relación con la atribución al tipo subjetivo, frente una concreta situación fáctica que se reputa como adecuada o conforme con una descripción hipotética y abstracta contenida en el denominado injusto penal, esto es, en el precepto que alude al ámbito situacional sancionado con una determinada pena por el legislador.

2. Tal y como ya lo ha puntualizado la Corte(7), la Ley 599 de 2000, en el título dedicado a las normas rectoras, en su artículo 12, prevé como característica del hecho punible el “principio de culpabilidad”, en el sentido de que no pueden imponerse penas sin dolo, culpa o preterintención, y que en el ordenamiento jurídico penal colombiano queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva; a su vez, el artículo 9º ídem, señala que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, advirtiendo perentoriamente que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.

Desde esa perspectiva es claro que la responsabilidad penal es una consecuencia directa de la culpabilidad, entendida como una categoría político-jurídica de raigambre constitucional, dado que constituye el contrario de la presunción de inocencia, según la cual, conforme al artículo 29 de la Carta, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. El concepto, implica, entonces, también una garantía ciudadana y un límite inequívoco al ius puniendi, ya que sólo se puede ser culpable por un acto cometido dentro de condiciones de elegibilidad, vale decir, con la conciencia, tanto del acto que se ejecuta u omite, como de la posición del sujeto frente a la conducta, esto es, del papel que el Estado o la sociedad le asigne o que él mismo, personalmente asume, y que, como tal, lo vincula con la sociedad, ante la cual ese comportamiento trasciende. Es así como se ha desarrollado el principio de culpabilidad por el hecho(8).

Según lo prevé el actual ordenamiento penal sustantivo (L. 599/2000, art. 21), en el sistema colombiano se es responsable por conductas punibles dolosas, culposas o preterintencionales, pero en los dos últimos eventos sólo en los casos taxativamente señalados por el legislador.

2.1. La conducta punible se entiende que es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. El dolo, como manifestación o forma de culpabilidad (según el D.L. 100/80, art. 35) o como modalidad de ejecución de la conducta punible (L. 599/2000, art. 21), significa, en términos elementales, disposición de ánimo hacia la realización de una conducta definida en la ley como delictiva (tipicidad objetiva) y causante de daño o de puesta en peligro, sin justificación alguna (tipicidad o antijuridicidad material).

Tradicionalmente se ha definido al dolo como la conjunción de un conocer y un querer, materializado en la conciencia o psique del individuo. En consecuencia, el dolo se integra de dos elementos: uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal respectivo, y otro volitivo, que implica querer realizarlos. Por lo tanto, en materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización.

Dicho en otras palabras, el dolo requiere de lo cognoscitivo como de lo volitivo, dado que la conducta punible sólo es dolosa cuando se sabe, cuando se conoce y se comprende aquello que se quiere hacer, y voluntariamente se hace.

En reciente decisión la Sala puntualizó que de acuerdo con la dogmática, los aludidos componentes del dolo no siempre presentan los mismos grados de intensidad, ni de determinación, lo cual ha dado lugar a que la doctrina dominante distinga, en atención a la fluctuación de estos aspectos, tres clases de dolo: el directo de primer grado, el directo de segundo grado y el eventual.

“El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo acepta, o lo consiente, o carga con él, no obstante habérselo representado como posible o probable.

”En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación con este último sus contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se va desdibujando, hasta encontrarse con las fronteras mismas de la culpa consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), pero confía en poder evitarlo”(9).

2.2. De acuerdo con lo anterior, al sujeto activo se le atribuye el resultado dañoso, no sólo cuando obra con dolo directo de primero o segundo grado, sino igualmente cuando la realización de la conducta implica el riesgo de causarlo, sin que la probable producción detenga el actuar, con tal de obtener el propósito inicial, es decir, cuando actúa con “dolo eventual”, modalidad a la cual se refiere el ordenamiento penal sustantivo (L. 599/2000, art. 22) al señalar que la conducta punible también será dolosa “…cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.

En razón de la complejidad que en la práctica judicial entraña atribuir una determinada conducta punible a titulo de dolo eventual, por su cercanía o similitud con otra modalidad en la que es probable la realización del tipo objetivo, es decir, con la culpa, y específicamente con la culpa con representación, en la decisión acabada de rememorar se consignaron las siguientes reflexiones:

“Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como en la culpa con representación o consciente el sujeto no quiere el resultado típico. Y en ambos supuestos el autor prevé la posibilidad o probabilidad que se produzca el resultado delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de realización de los elementos objetivos del tipo penal.

”Muchos han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo eventual de la culpa consciente o con representación, y variadas las teorías que se han expuesto con ese propósito, pero las más conocidas, o más sobresalientes, o las que sirven generalmente de faro o referente para la definición de este dilema, son dos: la teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad o de la representación.

”La teoría de la voluntad o del consentimiento hace énfasis en el contenido de la voluntad. Para esta teoría la conducta es dolosa cuando el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico, en el sentido de que lo aprueba. Y es culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se producirá.

”La teoría de la probabilidad o de la representación enfatiza en el componente cognitivo del dolo. Para esta teoría existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo, y a pesar de ello decide actuar, con independencia de si admite o no su producción. Y es culposa cuando no se representa esa probabilidad, o la advierte lejana o remota.

”Lo decisivo para esta teoría, en palabras de MIR PUIG, es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Aunque las opiniones se dividen a la hora de determinar exactamente el grado de probabilidad que separa el dolo de la culpa, existe acuerdo en este sector en afirmar la presencia de dolo eventual cuando el autor advirtió una gran probabilidad de que se produjese el resultado, y de culpa consciente cuando la posibilidad de este, reconocida por el autor, era muy lejana. No importa la actitud interna del autor —de aprobación, desaprobación o indiferencia— frente al hipotético resultado, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro inherente a la acción(10).

”Si para la teoría del consentimiento —afirma Ramón Ragués I Vallés— el centro de gravedad lo ocupa la relación emocional del sujeto con el resultado, en los planteamientos de la teoría de la probabilidad pasa a ocuparlo la conducta peligrosa, que el sujeto debe conocer como tal, sin que sea necesaria actitud emocional de ninguna clase.

”Como puede verse —continúa diciendo el autor— la teoría de la probabilidad pone el acento en una cuestión motivacional, pero se diferencia de la teoría del consentimiento, en que esta última entra a valorar los deseos o intenciones del sujeto, mientras que los defensores de la teoría de la probabilidad se limitan a constatar un déficit de motivación del sujeto sin que importen sus causas (en palabras de Lagman, la representación de la probabilidad del resultado no aporta un motivo contrario a la ejecución de la acción)(11).

”Hasta el año 2001 la legislación colombiana se mantuvo fiel a los postulados de la teoría del consentimiento, como estructura dogmática que busca explicar la frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación(12). Pero en la Ley 599 de 2000, tomó partido por la teoría de la representación, al definir el dolo eventual el los (sic) siguientes términos: “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Sobre esta variación, dijo la Corte:

”‘[...] en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el Código de 1980 había acogido la llamada teoría estricta del consentimiento, —emplea la expresión ‘la acepta, previéndola como posible—’ en el que existe un énfasis del factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del resultado.

”‘El Código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante la voluntad en esta concepción del dolo eventual, [su diferencia con la culpa consciente sería ninguna o muy sutil, salvo que en esta, el sujeto confía en que no se producirá y bajo esa persuasión actúa, no así en el dolo eventual ante el cual], el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo’(13).

”Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un sector de la doctrina, la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no obstante ello decida actuar, con total menosprecio de los bienes jurídicos puestos en peligro.

“La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar.

“En la doctrina existe consenso en cuanto a que la representación de la probabilidad de realización del tipo delictivo debe darse en el plano de lo concreto, es decir, frente a la situación de riesgo específica, y no en lo abstracto. Y que la probabilidad de realización del peligro, o de producción del riesgo, debe ser igualmente seria e inmediata, por contraposición a lo infundado y remoto.

“Dejar la no producción del resultado al azar implica, por su parte, que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no obstante haberse representado la existencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico, y que lo hace con absoluta indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera.

”Dejar al azar es optar por el acaso, jugársela por la casualidad, dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin importar el desenlace, mantener una actitud de desinterés total por lo que pueda ocurrir o suceder, mostrar indiferencia por los posibles resultados de su conducta peligrosa, no actuar con voluntad relevante de evitación frente al resultado probable, no asumir actitudes positivas o negativas para evitar o disminuir el riesgo de lesión que su comportamiento origina.

“La voluntad de evitación y la confianza en la evitación son conceptos que tienen la virtualidad de excluir o reafirmar una u otra modalidad de imputación subjetiva, según concurran o no en el caso específico. El primero implica un actuar. El segundo, la convicción racional de que el resultado probable no se producirá. Si existe voluntad de evitación, se excluye el dolo eventual, pero no la culpa con representación. Si existe confianza en la evitación, y esta es racional, se reafirma la culpa con representación y se excluye el dolo eventual.

2Las dificultades que suscita la comprobación directa de los componentes internos del dolo eventual (cognitivo y volitivo), han obligado a que su determinación deba hacerse a través de razonamientos inferenciales, con fundamento en hechos externos debidamente demostrados, y en constantes derivadas de la aplicación de reglas de la experiencia, como el mayor o menor grado de peligrosidad objetiva de la conducta, o mayor o menor contenido de peligro de la situación de riesgo, o la calidad objetiva del riesgo creado o advertido”(14).

2.3. Ahora bien, en términos generales, la modalidad culposa de la conducta punible se concreta en aquellos eventos en que “el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo” (L. 599/2000, art. 23); esa definición de la responsabilidad penal por culpa conduce a predicar que es parte estructural del tipo penal respectivo y como tal debe examinarse en cada caso concreto, sin desatender los elementos objetivos y subjetivos que la integran.

Los componentes objetivos o normativos son: sujeto activo —que es indeterminado o calificado, como sucede, por ejemplo, en el peculado culposo—; acción extra típica, constituida por la infracción al deber objetivo de cuidado; realización de un resultado lesivo y relevante —descrito en la norma penal imputada—, y la relación de causalidad o nexo de determinación —la transgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado típico deben estar vinculados por una relación de determinación, es decir, la vulneración del deber ocasiona el resultado—.

Por lo tanto, como en el delito imprudente la reprochabilidad penal por culpa se ubica en la tipicidad, más concretamente en la acción, el operador jurídico debe interactuar con el concepto de riesgo permitido, con la invariable constatación de los elementos subjetivos que lo acompañan, como son los de conocer el riesgo y cuidado debido, adicionando el desvalor de resultado o el daño propiamente ocasionado.

Según la evolución doctrinaria y jurisprudencial del injusto imprudente, lo esencial de la culpa no reside en actos de voluntariedad del sujeto agente, superando así aquellas tendencias ontológicas que enlazaban acción y resultado con exclusivo apoyo en las conocidas teorías de la causalidad —teoría de la equivalencia, conditio sine qua non, causalidad adecuada, relevancia típica—, sino en el desvalor de la acción por él realizada, signado por la contrariedad o desconocimiento del deber de cuidado, siempre y cuando en aquella, en la acción, se concrete, por un nexo de causalidad o determinación, el resultado típico, es decir, el desvalor del resultado, que estuvo en condiciones de conocer y prever el sujeto activo(15).

A diferencia de lo que ocurre en la modalidad dolosa de la conducta punible, en la que existe una relación entre intención o voluntad dirigida a un fin y un resultado típico, en la modalidad culposa no hay una relación intencional, es decir, la conducta no está orientada o dirigida a un predeterminado fin o resultado típico, lo que se presenta es un acto voluntario con desconocimiento del deber de cuidado, que ocasiona con base en un nexo de causalidad un resultado dañoso que el sujeto agente pudo conocer y prever.

2.4. Finalmente, la modalidad preterintencional de la conducta punible consiste en que el “...resultado siendo previsible, excede la intención del agente” (L. 599/2000, art. 24). En esta forma de culpabilidad, habiendo dirigido el sujeto su voluntad conscientemente a la concreción de un resultado típico y antijurídico, produce a la postre otro de la misma naturaleza pero diverso y más grave del que directa e inmediatamente quería.

De acuerdo con un sector de la doctrina nacional(16), el fenómeno de la preterintención se caracteriza, desde el punto de vista objetivo, por la verificación de dos resultados típicos: el primero, hacia el cual se orientó voluntaria y concientemente la conducta del actor, y el segundo, más grave pero colocado en la misma dirección de aquel, que no fue querido y finalmente se produjo por falta del deber de cuidado que le era exigible al agente en el desarrollo de la conducta antijurídica.

Por contraste de lo que sucede en la conducta dolosa, en la preterintencional no hay coincidencia entre el propósito inicial del agente y el resultado, ya que lo ocasionado es un efecto dañoso superior o más grave, esto es, excesivo en relación con la intención del agente, un resultado ultra intencional.

Cuando el artículo 24 de la Ley 599 de 2000 señala que la conducta es preterintencional si su resultado, siendo previsible, rebasa la intención o referente psíquico del agente, está descartando toda forma de resultado típico que pueda atribuirse al caso fortuito, pues este siempre es imprevisible o inevitable, e igualmente aquel que pueda ser atribuido a dolo eventual, ya que en esa especie de dolo el resultado no excede el propósito del agente, por cuanto este lo acepta o lo deja librado al azar, una vez que, al advertir la probabilidad de su acaecimiento, de todas maneras actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia un resultado lesivo que él ya sabe cuál puede ser —para efectos de la atribución de responsabilidad penal a título de dolo, tanto da querer directamente el evento, como saber que se puede producir si no se hace nada para evitarlo—.

En síntesis, para la configuración de la conducta punible preterintencional, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: a) una acción dolosamente orientada a la producción de un resultado típico; b) verificación de un resultado típico más grave, al que no apuntaba la intención del agente, pero que era previsible por él; c) nexo de causalidad entre el uno y otro evento, y d) homogeneidad entre uno y otro resultado o, lo que es igual, identidad del bien jurídico tutelado.

3. Con fundamento en el anterior marco teórico, es evidente la improsperidad del único cargo propuesto por el demandante, tal y como también lo advirtió el delegado de la Procuraduría, pues frente a los hechos que se declararon probados en las sentencias de primer y segundo grado, resulta un imposible jurídico aceptar que las conductas punibles de homicidio y lesiones personales atribuidas al procesado se configuraron en modalidad preterintencional y culposa, respectivamente.

En cuanto tiene que ver con el fallecimiento de Sandra Leonor Contreras López, como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en el incendio deliberadamente provocado por el acusado, es palmario que con esa acción este no buscaba apenas causarle unas simples lesiones personales a aquella, ni solamente incinerar los bienes muebles que pertenecían en común al hogar, excediendo su intención el resultado finalmente concretado.

La prueba no refutada por el demandante acredita con absoluta certeza que Díaz Barreto, sabía que su obrar resultaba idóneo para atentar contra la vida de su consorte y hacia ese objetivo ejecutó actos voluntarios e inequívocos, al regar con el líquido inflamable el cuerpo y las prendas de vestir de esta.

Así se desprende con claridad de lo narrado por Janif Contreras López, hermana de la fallecida:

“...yo empecé a discutirle que dejara esos celos, que si no quería estar más con él que lo dejara, entonces en el momento en que estábamos alegando las dos fuerte, Roger estaba en el cuarto con el foco apagado y cerrado y salió soberbico (sic) estaba todo así, los ojos grandes, rabioso (sic) él dijo ‘voy a prender todo esto para que no quede nada’ cuando en ese momento él entra a la cocina y sale pa (sic) el patio y agarra la pimpina y yo me voy detrás de él y lo agarro por la cintura, por la cadera, lo agarré tan fuertemente y le dije ‘no lo hagas que hay niños y estamos mucha gente, hazlo por las niñas’ y él forcejeaba conmigo, empezó a regar gasolina, total fue que a mí se me soltó, él se agachó, mi hermana dijo unas palabras pero no las recuerdo, pero como que ‘no lo hagas’ o algo así, él cogió la pimpina y la bañó, se la vació en la cara a mi hermana, mi hermana quedó así que no veía, Roger cuando se agachó prendió fuego, los dos estaban prendidos, yo no sabía qué hacer, todo empezó a prenderse...”(17).

En un tal proceder no están presentes los elementos estructurales de una conducta punible en modalidad preterintencional (cuya completa reunión, sobra decirlo, es requisito indispensable para aceptar su configuración). Lo percibido es un proceder intencional del acusado orientado de manera inequívoca a destruir por medio del fuego, no solo los bienes materiales obtenidos en el matrimonio, sino a atentar contra la vida e integridad de su cónyuge, permitiendo ello afirmar que respecto del resultado que se concretó en su pareja el enjuiciado obró con dolo directo de primer grado.

Cualquier ser humano en ejercicio sano y cabal de sus facultades mentales, sin obstáculo alguno discierne que la acción de prender fuego a una persona a la que previamente ha rociado con gasolina, lleva aparejada la alta probabilidad de causarle la muerte. Dadas las condiciones psíquicas imperturbadas del procesado, como lo dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal, y atendidas sus condiciones personales (por su preparación académica con estudios universitarios y su ocupación como miembro de la Policía Nacional), aquel tenía el conocimiento de que su conducta era idónea para producir la realización del delito de homicidio (era consciente de que al pretender quemar los enceres también impregnó con el combustible el cuerpo de su esposa), y siendo conocedor del aspecto objetivo de la conducta reprimida, voluntariamente se resolvió a obrar en consecuencia al arrojar la cerilla encendida que precipitó la ignición.

En cuanto a la atribución de las lesiones personales sufridas por la hija de Sandra Leonor Contreras López, a consecuencia de las quemaduras sufridas en la conflagración promovida por el acusado, carece de acierto la escueta aseveración del demandante en el sentido de que tal comportamiento típico se concretó como fruto de un obrar simplemente imprudente.

Para descartar dicha propuesta, basta con observar que para construir con acierto una atribución de aquella conducta punible desde la teoría de la culpa, es imposible, frente al acontecer fáctico, sostener que el enjuiciado actuó dentro de la ejecución de un riesgo permitido excediendo o incrementando indebidamente los límites del mismo, por una parte, y por otra, impera recordar que al contrario de lo que sucede en la modalidad dolosa de la conducta punible —en la que existe una relación entre intención o voluntad dirigida a un fin y un resultado previsto en la ley como delictivo—, en las hipótesis de delitos imprudentes no hay nexo intencional con el resultado dañoso, sino una relación de causalidad por violación del deber objetivo de cuidado.

En el evento examinado, como se puntualizó en las instancias, el acusado obró con el propósito deliberado de atentar contra la vida de su esposa a quien ungió con el líquido inflamable para luego proceder a dar inicio a la combustión con el fósforo que arrojó, actuación a la que estaban ligadas otras consecuencias respecto de bienes jurídicos de las otras personas que se hallaban en el inmueble, y que el encausado no podía desconocer, pues, antes de trabarse la riña con su esposa, constató que en el apartamento no sólo estaban las dos hijas de ella sino una amiga que incluso intervino para calmar el primer altercado, y con posterioridad, cuando tomó la resolución de prender fuego a todo, su cuñada lo intentó persuadir de no ejecutar ese comportamiento recordándole la presencia de las niñas y otras personas, no obstante lo cual continuó en el proceso de materialización del fin propuesto.

Dicho de otro modo, en cuanto a las lesiones personales atribuidas en la acusación, el enjuiciado tuvo la oportunidad de conocer, y de actualizar ese conocimiento, acerca de los efectos necesarios o concomitantes que seguramente se ocasionarían con su obrar, asumiendo tal acaecimiento como inherente a la ejecución del acto concebido, motivo por el que la atribución al tipo subjetivo no se da en la modalidad de dolo eventual, sino en forma de dolo directo de segundo grado.

Para la Sala resulta obligatorio aclarar que aun cuando en los fallos condenatorios de primera y segunda instancia se endilgó el delito de lesiones personales a título de dolo eventual, la precisión conceptual que aquí se hace no comporta una modificación desfavorable para el enjuiciado, ni lo sorprende con atribuciones fácticas o jurídicas más gravosas a su situación, por lo que las garantías fundamentales inherentes a su condición se mantienen incólumes.

En conclusión, el cargo único formulado en la demanda a la sentencia de segunda instancia, por violación directa de la ley sustancial, no está llamado a prosperar.

4. Para terminar, no puede pasar inadvertido para la Corte que al dosificar la sanción correspondiente al concurso de conductas punibles, el a quo pretermitió la imposición de la concurrente pena de multa en el delito de lesiones personales, ocasionando un flagrante agravio al principio de legalidad, omisión que, sin embargo, el ad quem se vio impedido de corregir por acatamiento irrestricto del mandato constitucional que prohíbe agravar la situación del apelante único, criterio que mayoritariamente respalda la Sala, habida cuenta que el aludido axioma también rige en sede de casación, motivo por el cual no hará pronunciamiento alguno respecto del señalado yerro.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia condenatoria emitida contra Roger José Díaz Barreto, por la improsperidad del cargo propuesto por el censor en la correspondiente demanda de casación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen.

(7) Cfr. Sentencia de 18 de junio de 2008, radicación 29000.

(8) “Teoría político-criminal del sujeto responsable” en Lecciones de Derecho Penal. Vol. I. Pág. 153 y s.s. y vol. II, pág. 311 y s.s. Juan J. Bustos Ramírez. Hernán Hormazábal Malarée. Ed. Trotta. 197.

(9) Cfr. Sentencia de 25 de agosto de 2010, radicación 32964.

(10) MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, parte general, tercera edición, Barcelona, 1990, pág. 264.

(11) Ragués I Valles, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal. JB. Barcelona, 1999, págs.. 67 y 68.

(12) El artículo 36 del Decreto 100 de 1980 definía el dolo de la siguiente manera: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando la acepta previéndola como posible”.

(13) Cfr. Sentencia de 15 de septiembre de 2004, radicación 20860.

(14) Cfr. Sentencia de 25 de agosto de 2010, radicación 32964.

(15) Cfr. Sentencia de casación de 22 de mayo de 2008, radicación 27357.

(16) Culpabilidad, Reyes Echandía, Alfonso. Editorial Temis, segunda reimpresión de la tercera edición, 1997, págs. 115 a 134.

(17) Cuaderno original 1, folio 59.