Sentencia 31593 de septiembre 14 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31593

Aprobado acta 287

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., septiembre catorce de dos mil nueve.

EXTRACTOS:Consideraciones de la Corte

1. El inciso 1º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal de 2000, el cual rige el presente caso, establece como requisitos para acceder a la casación por vía ordinaria que la pena máxima fijada para la conducta punible objeto del proceso sea de más de 8 años y que la sentencia la haya dictado un tribunal superior de distrito o el tribunal penal militar.

Si bien es cierto que en este caso el último se encuentra concurrente es manifiesto que el primero no: los delitos imputados fueron lesiones personales dolosas con incapacidad para trabajar inferior a 30 días y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, contemplados en los artículos 112 y 365 del Código Penal de 2000 con penas de prisión de 1 a 2 años y 1 a 4 años, respectivamente.

Quedaba la posibilidad, no obstante, de la casación excepcional, efectivamente invocada en tiempo por el recurrente y sustentada en la necesidad de intervención de la Corte para la protección de los derechos fundamentales de su representado.

Ni las razones contenidas en el escrito a través del cual solicitó el recurso ni en las censuras constitutivas de la demanda, sin embargo, comprueban la posibilidad de que una lesión de esa naturaleza haya tenido ocurrencia.

2. El examen de unas y otras deja claro el planteamiento de las siguientes supuestas irregularidades:

2.1.La captura del procesado fue ilegal. En el acto, adicionalmente, no se le pusieron de presente sus derechos y dejó de notificársele la decisión de apertura de la investigación.

Debe recordarse, en primer lugar, que al no ser la captura elemento sustancial de la estructura básica del proceso, su indebida producción —incluida allí la falta de aviso al aprehendido sobre sus garantías—, su prolongación arbitraria o en general cualquier afectación de la libertad, en manera alguna vicia de nulidad el trámite y en esa medida no constituye una anomalía que dé lugar a fundar una propuesta en casación(1). Eso en ninguna forma significa la desprotección constitucional de dicho derecho, cuya tutela es inmediata a través de la acción de hábeas corpus prevista en el artículo 30 de la Carta Política y de mecanismos expeditos de control dispuestos dentro de la propia actuación penal.

Cabe advertir, más allá de lo anterior, de acuerdo con constancias verificables en el expediente, que la retención de John Jairo Ronderos tuvo lugar el 3 de enero de 2005 y el mismo día firmó el acta de lectura de sus derechos y quedó a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata, la cual ordenó la apertura de la instrucción el mismo día. El 5 siguiente rindió indagatoria y, acto seguido, fue dispuesta su libertad inmediata y nunca más en el proceso fue privado de ella.

Es notable, por ende, que ninguno de los reclamos atrás relacionados se encuentra vinculado a un desafuero que pueda ser remediado por la Sala. Aun si se admitiese la ilegalidad de la captura, la circunstancia no afectaría la validez de la indagatoria, luego de la cual habría quedado restablecido el quebranto del derecho.

El organismo de instrucción, por otra parte, cumplió el debido proceso. Tan pronto se dejó al imputado a su disposición le pidió al Jefe de la Sijin mantenerlo encarcelado y, pese a no ser necesario en el caso por considerarse realizada en flagrancia la aprehensión —aunque otorgando así máximas garantías—, le notificó el 3 de enero de 2005 el auto cabeza de proceso(2), donde decretó vincularlo mediante indagatoria por las conductas punibles de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

En el marco del primer cargo, además, el libelista denunció como agravios: inculpar “mentirosamente” al imputado de tentativa de homicidio al informársele de sus derechos; violación de su garantía a guardar silencio en tanto sus captores lo entrevistaron; e incautación del trabuco utilizado en el crimen sin orden judicial.

La primera circunstancia, que es cierta, ni es error y menos tiene trascendencia. El policía encargado de la respectiva lectura simplemente dejó constancia en el acta acerca de la adecuación legal que a su juicio comportaban los hechos acaecidos momentos antes en el parqueadero La Estrella. Su deber era dejar en claro por cuál razón se producía la privación de la libertad y no hay duda que cumplió a cabalidad. De todas formas, así se hubiera equivocado en la comunicación del motivo, el asunto no serviría de fundamento en casación para anular la sentencia, por la misma razón que tampoco es fuente de invalidez un evento de captura ilegal.

Con relación a las otras dos situaciones, son solo afirmaciones sin ningún tipo de desarrollo. Por ende, aparte de no conseguir el casacionista acreditar los supuestos expresados, esto es, que los miembros de la fuerza pública entrevistaron al capturado y que en la obtención del arma se contrarió la ley, se trataba de cuestiones atinentes a la apreciación probatoria, naturalmente susceptibles de plantearse en el marco de un cargo de violación indirecta de la ley sustancial originada quizás en error de derecho por falso juicio de legalidad.

2.2. Se dejó de realizar la audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley 600 de 2000.

Una diligencia así, ciertamente, no se llevó a efecto. No obstante, no la imponía la ley.

La conciliación, según esa norma, “procede en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral”. Permiten la primera, a la vez, los delitos querellables, entre los cuales se encuentra el de lesiones personales sin secuelas, cuando la incapacidad para trabajar o la enfermedad no exceda de 60 días (arts. 35 y 37 ibíd.).

A primera vista, entonces, parecería obligatorio haber intentado un arreglo entre las partes como lo pensó el censor, solo que en el presente caso el sujeto pasivo de la conducta punible fue una menor y en casos así la ley manda que se investigue y juzgue oficiosamente el hecho, según excepción a la querella como requisito de “procesabilidad” consagrado en la primera parte del artículo 35 citado.

Ahora bien: si existió inclinación del procesado a reparar el daño causado y de la agredida a acordar lo pertinente, podían haberlo hecho con efectos limitados a la acción civil pues la penal no era disponible de los sujetos procesales, en virtud de su carácter oficial y público asociado a la circunstancia de no haber cumplido la lesionada 18 años de edad para la fecha de los hechos.

La inadvertencia, en conclusión, no tuvo ocurrencia.

2.3. Motivación deficiente de la sentencia.

Tras el examen de los pronunciamientos de primera y segunda instancia, que conforman unidad jurídica en cuanto se complementan al orientarse en el mismo sentido, no se sostiene la objeción.

En el del Juzgado Penal del Circuito se afirmó que los medios de prueba recaudados acreditaban la responsabilidad penal del implicado por los delitos materia de la acusación. El dolo de las lesiones personales, específicamente, lo dedujo el despacho judicial de la denuncia formulada por la señora Luz Ramona Pineda Africano, madre de la víctima, y de la declaración de esta. Las dos afirmaron que vieron a John Jairo Ronderos, cuando ya se retiraban del parqueadero, apuntándoles, amenazante, con un “revólver”. A continuación se escuchó el disparo. Esa revelación, en la cual creyó el a quo, condujo lógicamente a descartar la versión del sindicado, según la cual el arma de fuego cayó al piso al intentar sacarla del cajón donde se encontraba, produciéndose accidentalmente su detonación. Suprimida la “coartada” la conclusión de que Ronderos Moncada actuó con intención de lesionar, así no se expresara con esas palabras, resultó evidente. Los siguientes argumentos no dan campo a dudarlo:

“Nótese que el aquí sindicado —dijo el Juez—, una vez originada la lesión a la víctima no socorre a la misma, por el contrario su comportamiento fue el de huir del lugar de los hechos y evadir la acción de la justicia, siendo su comportamiento un indicio más en su contra, ya que si hubiese sido un accidente como lo afirma en su declaración, era su deber auxiliar a quien infortunadamente había lesionado, por el contrario todas estas contradicciones hacen que el despacho sin lugar a dudas le endilgue la responsabilidad del reato investigado al acá procesado.

“Igualmente manifiesta el acá encartado, que trabajaba en el parqueadero La Estrella, que allí desempeñaba labores de vigilancia y que el arma hacia parte del parqueadero, pero por el contrario, la señora Yaneth Martínez, representante legal del parqueadero, ha señalado que el procesado no desempeñaba ninguna labor dentro del parqueadero y que dentro del mismo no existía arma alguna para la vigilancia, ya que de esta función se encargaba únicamente la señora Zuly Rodríguez”.

A juicio del funcionario judicial con el acto de esgrimir el arma contra las mujeres, después de sacarla de donde estaba guardada, selló la conducta de portarla ilegalmente.

El tribunal, por su parte, expresó las razones por las cuales no compartió las pretensiones del defensor apelante, vale decir, no tipificación de la conducta contra la seguridad pública y causación del atentado contra la integridad personal debido a caso fortuito o como resultado de una actividad imprudente del procesado.

Del verbo rector “portar” aseguró, en primer lugar, que no abarca únicamente la acción de llevar el arma consigo sino igual la de tenerla al alcance para la defensa personal, estructurándose plenamente en el evento examinado.

“En el caso que aquí nos ocupa —precisó el ad quem— encontramos que el procesado tomó el arma del cajón donde se encontraba guardada, quedando así subsumida su conducta o acción en el verbo rector de portar, pues al tener materialmente el arma en sus manos, así fuese por corto tiempo, se realizó el accionar descrito por el legislador. (...) Nótese que el señor abogado quiere alegar atipicidad bajo el argumento de que nunca se configuró el mentado porte, apreciación que no comparte la Sala, pues resulta claro que la acción de portar se materializó una vez el joven decidió tomar el arma para apuntar a la víctima y a su señora madre”.

Respecto a las lesiones personales la corporación judicial aclaró primero que el impugnante efectuó solicitudes excluyentes: buscar el reconocimiento de una causal de irresponsabilidad penal (caso fortuito) o declararlo responsable a título de culpa. Enseguida respaldó el criterio de la primera instancia al considerar comprobado que Ronderos Moncada disparó deliberadamente contra las mujeres, desvirtuándose así las explicaciones que en su defensa suministró el mencionado en la indagatoria.

“... por las razones expuestas —se concluyó en esa sentencia—, no es creíble la versión del imputado que una vez tomó el arma esta cayó al suelo y se accionó sola, lesionando a la menor, en la medida en que lo probado en el proceso evidencia que Ronderos Moncada de forma voluntaria accionó el arma de fuego, y no que el arma se accionase sola, como lo alegó el procesado en su injurada.

“Finalmente en cuanto a la conducta desplegada por el incriminado para la Sala no cabe duda alguna de que John Jairo Ronderos Moncada obró a título de dolo bajo la clasificación de indirecto o eventual, toda vez que, el procesado estaba plenamente consciente de que su comportamiento (accionar el arma de fuego) hacia unas personas a tan corta distancia produciría muy probablemente un resultado dañoso, dejando al azar la producción o no de dicha consecuencia o resultado dañoso, luego se tipifica plenamente el dolo eventual o indirecto...”.

Es notable, pues, que el defecto de motivación no tuvo ocurrencia. Por ende, no hay lugar a la admisión de la demanda con relación a esa supuesta equivocación, no sin advertir que el tercer cargo, el cual se ocupó de la misma, dejó traslucir como real inconformidad del casacionista la circunstancia de no habérsele concedido crédito al relato de su defendido, aspecto marginal al recurso de casación cuando —como aquí sucede— se afirma simplemente sin vincularlo a un error de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

Se incluyó impropiamente en la misma censura un reclamo de incongruencia. Sucede ella, según ha dicho la Sala,cuando el juzgador al dictar la sentencia desborda el marco fáctico fijado por el enjuiciamiento, o condena por una especie delictiva distinta de la que fue objeto de acusación, o incluye circunstancias de agravación no deducidas en el calificatorio, o desconoce las atenuantes que allí se reconocieron, o deja de considerar uno o varios delitos sobre los que debió pronunciarse, entre otras hipótesis susceptibles de ocurrir.

Aquí, al no demostrarse falta de correspondencia entre los hechos y dejarse claro que la calificación jurídica de ellos fue lesiones personales dolosas en la resolución de acusación como en la sentencia, es evidente que no quedó acreditada la supuesta lesión del debido proceso, que en manera alguna puede estimarse quebrantado por estimar el ad quem, respecto de los hechos tenidos en cuenta por la fiscalía en la acusación, que el resultado obedeció a dolo eventual y no directo, conforme se había considerado durante todo el trámite.

2.4. El juzgador incurrió en error de hecho en la apreciación probatoria.

Corresponde al cuarto cargo del libelo y no logró con él la defensa persuadir a la Corte que un yerro de esa naturaleza haya conducido a la producción de una sentencia injusta, como para en relación con el punto admitir la casación excepcional.

Persiste allí el profesional en su idea relativa a que debió creerse a su procurado y a la imposibilidad de inferir el dolo del delito de lesiones personales de las escasas pruebas allegadas al expediente.

Sin duda es su punto de vista sobre la forma como a su parecer debieron examinarse las pruebas, fundamentado en la idea errónea de pensar la casación como tercera instancia del proceso penal.

Así las cosas, no hay lugar a la admisión de la demanda en razón de los argumentos ofrecidos por el impugnante y tampoco a casar oficiosamente el fallo pues no se advierte quebrantamiento alguno de los derechos fundamentales de los sujetos procesales que deba ser remediado por la Sala.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado John Jairo Ronderos Moncada.

Contra la presente decisión, que queda ejecutoriada con su firma, no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Cfr., por ejemplo, las siguientes providencias de la Sala: del 9 de abril, 29 de julio y 19 de agosto de 2008; radicaciones 23.022, 29.411 y 29.106, respectivamente.

(2) Folio 8/1.