Sentencia 3165 de julio 10 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

COMO OPERACIÓN DE CARÁCTER ADUANERO

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado José Ignacio Moreno Ospina, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 4º, incisos 1º, 4º y 5º del Decreto Nº 1105 de 1º de julio de 1992 “por el cual se modifica parcialmente el régimen de aduanas”, expedido por el Gobierno Nacional.

Disponen las normas cuestionadas:

“ART. 4º—Sanciones relativas al manifiesto de carga. La empresa transportadora responderá por la presentación en debida forma de la información contenida en el manifiesto de carga y demás documentos anexos suministrados a la Dirección General de Aduanas (...).

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, cuando se presenten diferencias en el número de bultos o en el peso de la mercancía, y este hecho fuere imputable a la transportadora y no existiere una explicación satisfactoria, se impondrá a la empresa transportadora una multa equivalente al ciento por ciento (100%) del valor determinado por la aduana para la mercancía aprehendida.

Cuando se presente el manifiesto de carga sin los requisitos básicos contemplados en el reglamento, la multa a la empresa transportadora será hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.

ART. 5º—Procedimiento para la aplicación de las sanciones relativas al manifiesto de carga. El procedimiento para declarar el decomiso y aplicar las multas señaladas en el artículo anterior será el siguiente:

Una vez aprehendida la mercancía se formulará pliego de cargos a quien tenga derecho sobre la mercancía y a la empresa transportadora, cuando sea el caso, quienes podrán presentar descargos dentro del mes siguiente a su notificación. En todo caso no será aceptable la presentación posterior de manifiestos de carga o de los anexos que no fueron puestos a disposición de la autoridad aduanera al momento del descargue de las mercancías.

Vencido el término anterior el jefe regional de aduana proferirá la resolución correspondiente, contra la cual sólo procederá el recurso de reconsideración”.

El punto central de la controversia gira en torno de establecer si el Gobierno Nacional podía o no hacer las regulaciones a que se refieren las disposiciones acusadas y si tales regulaciones constituyen o no una modificación de los artículos 1010 y 1011 del Código de Comercio.

En orden a dilucidar tales aspectos la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

Esta Corporación, en providencia de 24 de septiembre de 1993 (expediente Nº 2192, actor Jesús Vallejo Mejía consejero ponente doctor Yesid Rojas Serrano), al estudiar la demanda de nulidad contra el Decreto 1105 de 1992, contentivo de las normas que aquí se acusan, precisó, y ahora lo reitera, que del texto del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política se colige que el Gobierno Nacional está facultado, además de modificar los aranceles y las tarifas, para modificar todas las disposiciones concernientes al régimen de aduanas, sin que haya de exceptuarse lo que se relaciona con los aspectos sancionatorios, a que se contraen las normas acusadas, pues de no ser así la atribución constitucional quedaría expuesta a su inejecución por carencia de medios coercitivos idóneos para cumplir con dicho mandato constitucional.

Los artículos 982, 1010 y 1011 del Código de Comercio, entre otros, regulan el contrato de transporte, en cuya ejecución intervienen el remitente, el transportador y el destinatario.

Conforme se infiere de las disposiciones contenidas en el Código de Aduanas (Decreto 2666 de 1984, modificado por los Decretos 755 de 1990, 1622 de 1990 y 1105 de 1992), las normas de la legislación aduanera regulan las operaciones concernientes a la importación, exportación, almacenamiento y tránsito de mercancías.

En virtud del tránsito de mercancías, como operación de carácter aduanero que es, surge una relación de la misma connotación entre los sujetos que intervienen en él y el Estado.

Conforme al artículo 5º de la Ley 7ª de 1991, que constituye una de las leyes marco de comercio exterior a que alude el artículo 150 numeral 19 literal c de la Carta Política, que por mandato del artículo 189 numeral 25 ibídem corresponde desarrollar al Gobierno Nacional, es atribución de éste regular el transporte y el tránsito internacional de mercancías y de pasajeros con el fin de promover su competencia, facilitar el comercio exterior e impedir la competencia desleal contra las compañías nacionales de transporte.

De lo anterior infiere la Sala que una cosa son las obligaciones que pueden surgir en la ejecución del contrato de transporte entre el remitente, el transportador o el destinatario, y otra muy diferente cuando del ámbito meramente privado se trasciende a la esfera del control y vigilancia de las autoridades, en este caso aduaneras, pues en esta materia corresponde al Gobierno Nacional, como ya se dijo, entre otras facultades, reglamentar el transporte o tráfico internacional, y, en consecuencia, puede exigir de uno de los sujetos aduaneros el cumplimiento de determinadas obligaciones, las cuales pueden ir más allá de las que gobiernan las relaciones entre particulares.

Lo precedente conduce a la Sala a desestimar las súplicas de la demanda y, por ende, a levantar la medida de suspensión provisional de los efectos del inciso 1º del artículo 4º acusado, decretada mediante proveído de 19 de enero de 1995.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. LEVÁNTASE la suspensión provisional de los efectos del inciso 1º del artículo 4º acusado».

(Sentencia de julio 10 de 1995. Expediente 3165. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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