Sentencia 31652 de mayo 31 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31652

Aprobado acta 213

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Para decidir, la Corte abordará los siguientes temas, en los cuales fijará su posición respecto de los alegatos presentados por los sujetos procesales: (i) la competencia; (ii) la prueba susceptible de análisis; (iii) la injerencia del bloque “Élmer Cárdenas” de las autodefensas al mando de Fredy Rendón Herrera alias “el Alemán” en el departamento de Córdoba y el proyecto político “Marizco” y, (iv) el concierto para delinquir agravado.

Primero. La competencia

En criterio de la Sala, tal y como se dijo desde cuando se resolvió la situación jurídica del enjuiciado al igual que en la resolución de acusación, es de su competencia investigar, acusar y juzgar al mismo en virtud de que el concierto para delinquir agravado por el cual se procede está estrechamente vinculado con las funciones que ejerció como congresista, pues aunque sus nexos con las autodefensas habrían tenido lugar desde antes de su elección como senador de la República en el año 2002, de acuerdo con lo que la prueba refleja, fueron las funciones que llegaría a ejercer —como en efecto lo hizo— las tenidas en cuenta por el grupo armado ilegal que apoyó su candidatura a través del proyecto político que el mismo impulsaba.

Al respecto ha dicho la Sala:

“Debe reiterarse que el parágrafo del artículo 235 constitucional no establece que las conductas a través de las cuales se dota de competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista sino simplemente que “tengan relación con las funciones desempeñadas”, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse o agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales.

Pero también ocurre que durante el desempeño del cargo, el aforado ejecuta conductas delictivas, no propias de la función, pero sí íntimamente ligadas con ella, como podría suceder, a título de ejemplo, con el congresista que bajo el pretexto de hacer proselitismo político, se reúne con jefes de grupos armados al margen de la ley, en aras de asegurar apoyo logístico que le permita conservar la curul en las elecciones venideras, a cambio de prebendas tales como otorgar —de inmediato y dada la condición de senador o representante que para ese momento se ostenta— contratos a esos grupos.

Igualmente, puede suceder que un aspirante a una curul en el congreso reciba dineros para adelantar su campaña, con el compromiso de que una vez alcanzado el propósito se erigirá representante o emisario en el seno congresional de quienes favorecieron ilícitamente la elección.

En tal caso, la investidura y la tarea desarrollada en el Congreso por el aforado no resultan ajenas a ese hecho fundacional concreto o, en otras palabras, no se puede sostener que ese manejo proselitista previo no tiene relación con las funciones desempeñadas, cuando no se duda que las dichas funciones representan cumplimiento de lo pactado previamente”(3).

Ahora, no obstante el acusado desempeñara su cargo durante los períodos constitucionales 2002-2006 y 2006-2010, acorde con lo certificado por el subsecretario general del Senado de la República(4), la competencia de la Corte se mantiene, pues el fuero congresional lo sigue cobijando dada la relación evidente entre el delito imputado y las funciones que ejerció, conforme con lo previsto en el numeral 3º y el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, pues dicha norma superior asigna a esta corporación el conocimiento privativo de la investigación y juzgamiento de las conductas punibles cometidas por los congresistas y se extiende, como se dijo en la audiencia preparatoria: “1) a los delitos perpetrados con antelación a su posesión y en ejercicio del cargo, tengan o no relación con sus funciones, si el proceso se adelanta cuando se encuentran ocupando la curul (C.N., arts. 186, 234 y 235.3); 2) se mantiene, cuando cesan en el ejercicio del cargo, si los delitos imputados tienen relación con las funciones desempeñadas (parágrafo del art. 235 ibíd.) y, 3) a las conductas punibles cometidas antes de obtener la condición de congresistas y que tengan relación con esas funciones, así hayan perdido esa calidad”.

Por otro lado, de una vez se afirma, a pesar de que más adelante se desarrollará el tema, a fin de responder algunos argumentos defensivos en torno a la competencia, que para definir la misma lo que interesa es establecer el vínculo entre el delito imputado y las funciones del congresista sin que resulte indispensable acreditar que en la realidad estas se hayan puesto al servicio del grupo armado ilegal, pues, como se sabe, el concierto para delinquir de que aquí se trata es de mera conducta y no de resultado.

Por ello, pese a que alguno de los involucrados o ninguno de ellos cumpla lo convenido, tal condición en nada incide respecto de la configuración del reato que se mantiene incólume por cuanto la misma no depende de dicho cumplimiento.

Ahora, la concertación con fines de contribución mutua bien puede ser un compromiso tácitamente acordado, precisamente en razón de la confluencia de quienes participan en determinadas actividades convocadas por algunos de los interesados, pues se concibe que quienes concurren a las mismas tienen la finalidad de apoyarse entre sí, aunque más tarde y de acuerdo con lo que la realidad enseña, cambien su postura al respecto.

Segundo. La prueba susceptible de análisis en este fallo

Otro aspecto que amerita pronunciamiento anticipado es el referido a la prueba que debe valorarse en esta sentencia, pues según los argumentos presentados en audiencia pública por los sujetos procesales, algunos de los testimonios recibidos y las pruebas trasladadas, no podrían ser analizados sino más bien excluidos por vulnerar el derecho a la defensa o el debido proceso.

Particularmente se ha señalado que los testimonios rendidos por Otoniel Segundo Hoyos Pérez alias “Rivera” y Catalino Segura Moreno alias “Asprilla”, luego de haber sido entrevistados por una investigadora del CTI en la cárcel de Itagüí que les habría mostrado una fotografía del acusado para su reconocimiento posterior, en los cuales involucran al acusado con las autodefensas “retractándose” de lo que inicialmente adujeron en el sentido de no conocer vínculo alguno entre los mismos, no deben ser objeto de análisis dada la actividad ilegal de la funcionaria.

Y de otra parte se critica que se valore la prueba recopilada en el radicado 330 que adelanta la Fiscalía 25 de la unidad nacional contra el terrorismo, la cual fue incorporada a la causa de acuerdo con lo dispuesto oficiosamente en la audiencia preparatoria —y solicitado después por el acusado(5)—, toda vez que ni la defensa —material y técnica— ni el Ministerio Público han podido controvertir tales medios probatorios.

Pues bien, conforme con lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Política: “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”; lo cual significa que cuando se violan las formas sustanciales del medio probatorio o cuando el mismo se incorpora al proceso con detrimento de los derechos fundamentales, la sanción es la inexistencia de la prueba.

Por su parte, el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 —que rige este asunto—, prevé que toda providencia debe fundarse en pruebas “legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación”, y el 239 de la misma normatividad advierte que “Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código”; mientras que el artículo 259 ídem señala que los documentos deben allegarse al proceso en original o copia auténtica y, de acuerdo con lo que la Sala ha decantado, la autenticidad se adquiere “cuando es autorizada por el funcionario donde se encuentra el documento genuino o copia autenticada del mismo; cuando una tal condición es certificada por notario; cuando es compulsada o cotejada en inspección judicial; y, cuando la parte contra quien se aduce en el proceso penal no rechaza su contenido antes de la audiencia pública (D. 22882/89, art. 1º, num. 117 y CPP, arts. 274 y 277)”(6).

La Sala ha diferenciado entre prueba ilícita y prueba ilegal, no obstante lo cual, en el evento de incorporarse al proceso cualquiera de ellas, su exclusión del acervo probatorio materia de examen es la consecuencia constitucional que impide al juez considerarla para efectos de resolver el asunto puesto bajo su conocimiento.

“La prueba ilícita como su propio texto lo expresa:

Es aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita (2).

Mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, extranjera y la jurisprudencia —como la citada entre otras— que la prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o producido con violación de derechos y garantías fundamentales, género entre las que se encuentran las pruebas prohibidas cuyas vedas son objeto de consagración específica en la ley (C.P., art. 224). Ella puede tener su génesis en varias causalidades a saber:

(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (C.N., art. 1º), esto es, efecto de una tortura (C.P., arts. 137 y 178), constreñimiento ilegal (C.P., art. 182), constreñimiento para delinquir (C.P., art. 184) o de un trato cruel, inhumano o degradante (C.N., art. 12).

(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (C.N., art. 15), al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos (C.N., art. 28 y C.P., arts. 189, 190 y 191), por violación ilícita de comunicaciones (C.N., art. 15 y C.P., art. 192), por retención y apertura de correspondencia ilegales (C.N., art. 15 y C.P., art. 192), por acceso abusivo a un sistema informático (C.P., art. 195) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (C.P., art. 196).

(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (art. 442 C. Penal), de un soborno (C.P., art. 444) o de un soborno en la actuación penal (C.P., art. 444 A) o de una falsedad en documento público o privado (C.P., arts. 286, 287 y 289).

La prueba ilegal o prueba irregular que extiende sus alcances hacia los “actos de investigación” y “actos probatorios” propiamente dichos, es aquella

En cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley (3).

Desde una interpretación constitucional y en orden a la visión y concepción de la casación penal como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segunda instancia, se debe considerar que tanto en los eventos de ilicitud y de ilegalidad probatoria como de ilicitudes o ilegalidades que recaen sobre los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, lo que se produce normativamente son efectos idénticos de exclusión dadas las inexistencias jurídicas por tratarse en esos eventos de medios de convicción que constitucionalmente se predican “nulos de pleno derecho” y que, de consecuencia, dichos resultados de “inexistencia jurídica” de igual se transmiten a los que dependan o sean consecuencia de aquellos o a los que solo puedan explicarse en razón de la existencia de las excluidas, pues como es de lógica jurídica y por sobre todo constitucional, las “inexistencias jurídicas” no pueden dar lugar a “reflejos de existencias jurídicas”(7).

Así las cosas, respecto de los testimonios rendidos por Otoniel Segundo Hoyos y Catalino Segura el 9 de julio de 2010, luego de ser visitados por una funcionaria del CTI que les puso a la vista una cartilla electoral con las fotografías de los candidatos al Senado 2002 entre las cuales se encontraba la del acusado, cuando averiguaba sobre eventuales relaciones de miembros del Congreso con la organización armada ilegal a la cual aquellos pertenecieron, acorde con misiones de trabajo dispuestas por la Sala en diversos radicados, quien ninguna prevención les hizo para que advirtieran algo a favor o en contra del doctor Náder Muskus, según surge del análisis conjunto de las afirmaciones de los testigos, ya se dijo por la corporación en la resolución de acusación que con ello no se violentaron las formas propias de esas declaraciones, pues las mismas fueron ordenadas por la Corte y al momento de su aducción en la investigación preliminar se garantizaron por el magistrado comisionado que las practicó los derechos fundamentales tanto de los testigos como de los sujetos procesales, al punto que fue precisamente a través de las mismas que se conoció el aludido proceder de la funcionaria, como se advierte, totalmente ajeno a los testimonios en sí mismos considerados.

Todo ello permite inferir que tales testimonios resultan válidos y legalmente allegados al encuadernamiento para ser analizados en este fallo por no estar prohibidos en la Constitución o la ley, haber sido ordenados y practicados por funcionario competente con sujeción a sus propias ritualidades, respetando los derechos fundamentales y en oportuna etapa procesal.

No se olvide que lo entonces conocido dio lugar a que no se finiquitara el reconocimiento fotográfico que se intentaba de parte de Segura Moreno, y en cuanto al que ya había cumplido Otoniel Segundo Hoyos en la primera sesión de la ampliación de la fecha mencionada, porque nada informó sobre lo acontecido al respecto, solo y exclusivamente dicho reconocimiento será excluido del recaudo probatorio, para evitar cualquier suspicacia, sin que trascienda ello para los efectos de lo que aquí se decide.

Ahora, sobre la crítica formulada respecto de las pruebas que del radicado 330 proseguido por la Fiscalía 25 de la unidad nacional contra el terrorismo se ordenó trasladar a esta actuación, en la audiencia preparatoria, sobre la que se advierte ausencia de oportunidad para controvertirlas, con semejante argumento desconocen de plano los sujetos procesales el arriba citado artículo 239 de la Ley 600 de 2000, según el cual se autoriza en materia penal que las pruebas efectuadas válidamente al interior de otra actuación (judicial o administrativa) puedan trasladarse en copia auténtica, siempre que allí no hayan sido desconocidas o anuladas por ilegales, además que para su traslado o aducción, constituye requisito sustancial que haya una manifestación diáfana de voluntad jurisdiccional mediante la cual se ordena reproducir el respectivo elemento de prueba para que sirva a los fines inherentes de una actuación que está en curso, siendo necesario que en el proceso de destino se garantice la publicidad y contradicción del medio de prueba trasladado.

Todas esas exigencias se colman en el proceso pues, como se dijo, la Sala ordenó en la audiencia preparatoria el traslado de las pruebas recopiladas en la investigación adelantada por la Fiscalía y esta, a su vez, ordenó remitir las mismas y actualizó ello hasta el 21 de marzo pasado(8), es decir, antes de que culminara el período probatorio del juicio en medio de la audiencia pública, lo cual aconteció el 29 de marzo siguiente(9), garantizándose así la publicidad de tales medios probatorios y, por ende, su contradicción por parte de los sujetos procesales, tal y como lo evidencian precisamente los argumentos que defensa y Procuraduría presentaron sobre los mismos en sus alegatos de conclusión.

A pesar de ser un tema ventilado con insistencia por la Sala, debe reiterarse que: “la controversia de la prueba se materializa a través de diversas maneras, como por ejemplo: asistiendo a su práctica e interviniendo en forma activa en la respectiva diligencia, que tratándose del testimonio puede traducirse en el interrogatorio del deponente; permitiendo al procesado y a su defensor contradecir en un plano argumentativo aquellos elementos de juicio incorporados al plenario que le son adversos; mediante la solicitud y aporte de pruebas favorables a los propios intereses; impugnando las decisiones en las que se les concede un mérito probatorio del cual se discrepa; o bien demostrando la ilegalidad del medio o de la forma como fue obtenido para excluirlo del análisis del juzgador”(10).

Tercero. La injerencia del bloque “Élmer Cárdenas” —BEC— de las autodefensas unidas de Colombia en el departamento de Córdoba y el proyecto político “Marizco”

Incontrovertible la incidencia del BEC en el departamento de Córdoba de acuerdo con lo que al respecto se ha señalado ampliamente en las decisiones mediante las cuales se definió la situación jurídica del procesado y se le formuló acusación, con fundamento en lo que la totalidad de la prueba demuestra.

Además de lo que señalan al respecto los testimonios de los ex militantes de dicha organización armada ilegal Fredy Rendón Herrera alias “el Alemán”, Otoniel Segundo Hoyos Pérez alias “Rivera”, Catalino Segura Moreno alias “Asprilla”, Humberto León Atehortúa Salinas alias “Juan Diego”, Daniel Enrique Martínez Caraballo alias “Ramón”, y los de los señores Luis Alberto Rojas Cuadrado (alcalde de San Bernardo del Viento de 1998 a 2000), José Félix Martínez Bravo (alcalde del municipio de Moñitos en los períodos 1995-1997 y 2001-2003), Fredy Felipe Soto Doria (alcalde de Puerto Escondido durante el período 1999-2002), Armando José Lambertínez Bolaño (alcalde de Canalete durante los períodos 2001-2003 y 2008-2011), Mirlenia María Isaza Núñez (concejal de San Bernardo del Viento durante los períodos comprendidos entre 2001 y 2007) y Alcibíades Ávila Castro (concejal de Moñitos en el período 1998 a 2003), examinados y valorados en la acusación —amplia, detallada y coincidente por sí misma—, hoy se tiene lo señalado por Salvatore Mancuso Gómez, reconocido ex jefe paramilitar del Bloque Córdoba, quien adujo en la vista pública no solamente que en dicho departamento tuvieron injerencia varias organizaciones de autodefensas entre las cuales se cuenta la de Rendón Herrera(11), sino que cuando el señor procurador le preguntó si el acusado tuvo “componendas” o “pactos políticos” con “el Alemán”, respondió:

Por supuesto que sí, en una reunión que tuvimos con el comandante Castaño, el comandante Alemán nos contó que él estaba desarrollando un proyecto en la zona costanera, recordemos que nuestra participación en política como movimiento que sea identificable nace con la creación de Clamor Campesino Caribe para el final de la década de los 90, en este Clamor Campesino Caribe el comandante Alemán desarrolló en la zona de Urabá el primer proyecto político que él desarrolla en esta zona de Urabá y si mal no recuerdo se llamaba Poder Popular Campesino, que desembocó más tarde en el proyecto político regional de Urabá y que terminó siendo el proyecto político de Urabá unida, grande y en paz; este mismo proyecto político, cuando estuvimos reunidos con el comandante Castaño, que el comandante Castaño lo citó para peguntarle si era cierto que estaba impidiendo el libre ejercicio de la actividad política de las elecciones que se adelantaban para el año 2002 para el Congreso de la República, lo desarrolló el comandante Alemán también en algunas otras regiones, especialmente en esta margen izquierda del río Sinú en el departamento de Córdoba en los municipios del área costanera y lo denominó proyecto Marizco, básicamente decía que esta era una parte del Urabá cordobés (...) nos dijo que él estaba tratando de emular, de simular, de desarrollar el mismo proyecto que había desarrollado en Urabá en esta zona de Córdoba, que había tenido algunas reuniones con los líderes políticos, con juntas de acción comunal, que él se había dado a la tarea de crear juntas de acción comunal, de elegir concejales, alcaldes, y que había hecho un pacto en una reunión donde justamente habían dado creación al proyecto y le habían dado el nombre Marizco, creo que fue en el municipio de Arboletes donde hicieron la reunión o cerca de Arboletes (...) y que se había primero pactado que iban a llevar a alguien a la Asamblea de Córdoba, un señor si mal no recuerdo Mario Buendía que pertenecía al Mipol, grupo político del senador Mario Salomón Náder y de Reginaldo Montes, también nos dijo que luego tuvo una nueva reunión con los alcaldes o líderes políticos para definir a quién iban a apoyar al Congreso de la República y que definieron ellos apoyar al Congreso de la República a Mario Salomón al Senado y a Reginaldo a la Cámara de Representantes, quienes fueron los que estuvieron allí en esa reunión?, los municipios costaneros, los que son 100% del comandante Alemán (...) Moñitos, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Canalete y Los Córdobas, creo que también buscaban un acercamiento a través de otro señor que se llamaba Manuel Causil si mal no recuerdo, en Montería, pero para llevar a alguien a la Asamblea o algo así (...) nos dijo que habían creado unas oficinas del proyecto Marizco en cada uno de los municipios (...) que tenían un director de esto, que cada una de las alcaldías tenía un representante (...) que los alcaldes se habían comprometido a través de contrataciones para recaudar dineros para el proyecto político Marizco, que no solamente llevaba a Mario Salomón y a Reginaldo, sino como le digo anteriormente, a la Asamblea departamental en cabeza del señor Buendía y con un pacto que hicieron con un señor Causil, también ese mismo proyecto se encargaría de ser un soporte y un músculo, además de político financiero, a través de las contrataciones para las elecciones de alcaldes y de concejales, básicamente esto nos explicó el comandante Alemán en lo que tiene que ver con el proyecto Marizco. Ahora, cuando yo voy donde el comandante Castaño ya tenía conocimiento del proyecto Marizco, en la medida de que yo me di a la tarea de citar a todos los líderes políticos regionales de los diferentes municipios para que me dieran un porcentaje entre el 5 y el 10% de la votación que ellos les iban a poner a los diferentes líderes políticos, se lo colocaran Eleonora y Miguel Alfonso, así que estas personas que yo citaba venían y me contaban, hombre en la zona costanera es bien complicado el manejo porque hemos hecho un pacto con el comandante Alemán y luego va ser difícil (...) esas fueron las informaciones que yo recibí tanto de las poblaciones y los líderes de esas poblaciones que venían como del mismo comandante Alemán frente al comandante Carlos Castaño cuando nos estaba explicando, inclusive al punto que el comandante Alemán dijo que no tenía inconveniente de que las personas entren a hacer política, los diferentes aspirantes, pero que él direccionaba ese poder político y de votos y sufragios que tenía con la población, hacía los líderes con los que había pactado, sin ir en detrimento de lo que yo había pedido a las poblaciones para el caso de Miguel Alfonso y de Eleonora, al punto de que él sacó un comunicado público que esta referenciado en uno de los medios, periódicos locales, el meridiano de Córdoba, 21 de febrero del año 2002, ese fue producto de esa reunión” (énfasis de la Sala).

Y en la declaración que rindió dentro del radicado 330 ante la Fiscalía 25 de la unidad nacional contra el terrorismo —en el cual se investigan “los hechos relacionados con presuntos vínculos y nexos de políticos, servidores públicos y particulares de los municipios ubicados en la margen izquierda del río Sinú del departamento de Córdoba con las autodefensas, en desarrollo del proyecto político que denominaron Marizco, el cual fue liderado y direccionado por el ex comandante Fredy Rendón Herrera alias el Alemán y sus comisarios políticos y militares que hicieron presencia en los municipios de Los Córdobas, Canalete, Moñitos, San Bernado de Viento y Puerto Escondido”, por lo cuales se impuso detención preventiva contra los señores Bonifacio Contreras Díaz, Pedro José Martínez Humanez, Aniris Muñoz Vera, José Félix Martínez Bravo, Alfredo Hidalgo Arrieta Flórez, Juan Antonio Habib Flórez, Gerson Valentín Causado Murillo, José Acosta Navarro, Saúl Carreazo Silgado, Oscar Darío Álvarez Domínguez, Mario José Buendía Vásquez, Isaías Enrique Martínez Castro, Noé de Jesús Doria González y Urbano Antonio Viana Madera, por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiamiento de grupos al margen de la ley “Autodefensas del Bloque Élmer Cárdenas”, entre otros(12), descartando ello la falta de relación con los hechos que dieron lugar a este proceso y juicio —como lo argumentó el acusado—, cuando se le cuestionó si tenía conocimiento del proyecto “Marizco”, aseguró:

“Si tengo conocimiento, fue un proyecto desarrollado por la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas, encabezado por el comandante Alemán, era una réplica en la zona costanera del proyecto político Urabá Grande Unido y en Paz que desarrollaron en esta otra región de dominio y control del Bloque Élmer Cárdenas, recordemos que este nace desde la creación de Clamor Campesino Caribe que tuvo cierta evolución y luego terminó en el proyecto político Marizco, proyecto que se adelantó en los municipios costaneros entre ellos, Canaletes, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, además no recuerdo bien en estos momentos si la margen izquierda sobre el río Sinú de otros municipios que estuvieron también bajo el dominio y control del Élmer Cárdenas, como Montería, Cereté, San Pelayo y Lorica hicieron parte de ese proyecto ya que esas áreas fueron manejadas por el comandante Alemán durante un período de tiempo que se extendió hasta más o menos mediados del 2003, cuando me regresó todos estos municipios que he mencionado para devolvérselos al Estado a través de las negociaciones políticas de paz que realizamos con el gobierno del presidente Uribe, para que este asumiera la responsabilidad de los mismos (...) Recuerdo haber tocado someramente el tema con el comandante Alemán, a quien le informe que el comandante del Bloque Córdoba, Sinú y San Jorge, Andrés Angarita recibiría estos municipios, por lo que Alemán lo puso en contacto con los comandantes del Bloque Élmer Cárdenas que le harían entrega de esos municipios. El comandante Andrés me comentó luego de recibirlos algunas cosas que ya sabía y otras que no, me dijo que en esas áreas adelantaban un proyecto político llamado Marizco, el coordinador del mismo era un señor llamado Mario Buendía, que ese proyecto se amarraba con otro que adelantaban en Montería, que manejaba si mal no recuerdo un señor Causil, que para conformar ese proyecto las Alcaldías municipales habían aportado dinero y entregaron contratación para desarrollar el mismo (...) Le pregunté que cuales eran las personas vinculadas a ese proyecto y me dijo que habían hecho unos pactos para llevar un representante a la cámara, que se truncó porque debieron apoyar a Eleonora Pineda, que es con la que realmente se concreta el trabajo hecho por ese proyecto político y asamblea departamental que se concretó con Mario Buendía, también me nombró que este mismo proyecto apoyó a la gobernación de Córdoba a Mario Prada Cobos exalcalde de Valencia y que también pactaron con algunos alcaldes de los que recuerdo Armando Lambertines, a José Félix Martínez, Fredy Soto y otros que no recuerdo en este momento (...) Andrés me contó que el señor Mario Buendía pertenecía al movimiento Mipol de los congresistas Náder y Montes, los que al parecer buscaron alianzas con el Bloque Élmer Cárdenas (...)”(13).

Es más, en la audiencia dijo haberlo visto en una reunión convocada por los jefes paramilitares en “Piamonte” en 2001 o 2002 —lo cual también es afirmado por Édwar Cobos Téllez, quien aclara que para ese momento aquel ya era candidato al Senado(14)— y, además, en la finca la “15” en 2003 reunido con Carlos y Vicente Castaño(15).

De donde surge contraevidente que la Procuraduría, la defensa técnica y el propio acusado sustenten su inocencia en la declaración de Salvatore Mancuso porque manifieste no haber hecho pactos directamente con aquel, pues pese a ello afirmativamente y con lujo de detalles destacó la concertación entre el procesado y el grupo de autodefensas comandado por Fredy Rendón Herrera alias “el Alemán”, a través de la cual resultó promocionando la misma, como surge de escuchar simplemente su versión, resultando intrascendente que “el Alemán” haya guardado silencio acerca de la relación con el acusado en sus primeras salidas procesales o que, en su lugar, adujera haber sostenido un encuentro con el padre de aquel, pues con lo ahora conocido conforme lo advertido por Mancuso Gómez, resulta palmario que el desarrollo del proyecto político “Marizco”, adelantado por el BEC en la zona de su injerencia en Córdoba, fue el móvil de la relación que conoció existió en la realidad entre dicha organización y el procesado.

Como si ello fuera poco, a la audiencia pública concurrieron a declarar el ex congresista Manuel Darío Ávila Peralta, quien aceptó cargos y fue condenado anticipadamente por la Sala como autor del delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promocionar al BEC, y los señores José Vicente Morelos Muñoz, José de las Mercedes Hernández González y Efrén Manuel Pérez Lora; quienes coinciden en afirmar la incidencia militar y política del grupo armado ilegal en la zona izquierda del río Sinú en Córdoba, entre otras.

Así lo pregona Manuel Darío Ávila Peralta:

“el señor Fredy Rendón Herrera, una vez nosotros en la región de Urabá hicimos un proceso de selección de unos candidatos para estar en la lista a la Cámara, una vez pasado ese proceso, ese evento electoral que fue selectivo y en el cual yo quedé encabezando la lista por la región de Urabá, el señor Fredy Rendón Herrera a través de un coordinador de nuestro proyecto político me hizo una invitación para que yo expusiera delante de unos dirigentes de la región de los municipios que forman parte o hacen parte de lo que se denomina la margen izquierda del río Sinú, son 5 municipios de Córdoba, le hiciera una exposición de cómo logramos nosotros en la región de Urabá sacar una lista a la Cámara, en razón de que yo fui la persona que encabezó esa lista (...) yo asistí allá con tres coordinadores, un coordinador de Arboletes que se llama Manuel Morales Rengifo y dos coordinadores del proyecto político nuestro “Urabá grande, unida y en paz” de San Juan de Urabá, Gabriel Alvarado y Campo Elías La Rosa; estuvimos en esa reunión, no conocíamos los dirigentes porque son lógicamente de Córdoba, nosotros trabajamos Antioquia, y en esa reunión el señor Fredy Rendón Herrera me pidió el favor que hiciera una exposición de cómo hicimos el proceso, les conté como había sido, primero una selección de cada uno de los dirigentes por municipio, después la subregión norte de Urabá que son 4 de los 11 municipios me escogieron a mí, posteriormente fui a una asamblea ya regional con los 11 municipios y le gané a 3 candidatos que estuvieron ahí, y yo encabecé la lista, los propósitos era que la provincia tuviese la oportunidad, porque Urabá siempre había tenido una votación importante, más de 50 mil votos y nunca habíamos tenido representación en el Congreso, esa era la motivación, entonces le contamos el cuento, cómo lo hicimos, el desprendimiento que tuvimos que hacer entre todos los partidos y movimientos, liberales, conservadores, esperanza, paz y libertad, los de la Unión Patriótica que todavía están en la zona, sindicatos, en fin, y nos desprendimos de la condición partidista los dirigentes y nos sometimos liberales, conservadores, de todas las fuerzas, a participar de ese proyecto y le decíamos pues que teníamos unos propósitos de desarrollo regional y una cosas, le conté todo el cuento a esos líderes si, una hora más o menos, almorcé con ellos y eso fue los límites municipio de Arboletes con municipio de Canaletes, les conté el cuento, ellos se quedaron conversando y se fueron, posteriormente sé que ellos le pusieron ese nombre de Marizco y que su aspiración también era como la de sacar una lista para la Cámara, pero repito la convocatoria y la invitación no me la hicieron los dirigentes porque no los conocía, me la hizo el señor Fredy Rendón Herrera alias “el Alemán” (...) no preciso la fecha, pero la selección de mi nombre como candidato y cabeza de lista a la región de Urabá se hizo en agosto y eso fue más o menos un mes después de esa fecha o algo así, digamos estamos hablando de septiembre, octubre, se llama una finca “El Solito” en el municipio de Canalete-Córdoba (...) estamos hablando de 2001, septiembre octubre de 2001 fue la reunión con esos dirigentes (...) el señor Alemán era el que estaba en esa reunión, la dirigió, dio el almuerzo y me dio la palabra (...) ni de candidatura a Cámara ni de candidatura al Senado —se habló—, simplemente el proceso, ya ellos después buscarían nombres (...) no sé ellos después que yo me fui, yo demoré una hora en la reunión, si tocaron el tema”.

Por su parte, José de las Mercedes Hernández González, ex concejal del municipio de Moñitos 2001-2003, adujo en la audiencia pública:

“Para el año 2001 no sé si fue a final del año, comienzo del año, se comenzó a hablar de ese tema —proyecto “Marizco”— (...) en una reunión que se llevó a cabo en el municipio de Canalete fuimos convocados todos los concejales de ese momento de los municipios de San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete, algunos de Lorica, San Pelayo, presidentes de acciones comunales, líderes cívicos, comunitarios a una reunión en Canalete donde se comenzó a hablar de ese tema (...) era un proyecto pues dizque se venía ejecutando en Urabá y querían pues como que hacerlo también allá en la margen izquierda del departamento de Córdoba, en los municipios de la zona costanera de Córdoba y para eso pues se hizo esa reunión (...) no recuerdo —la fecha— (...) según nos dijeron fueron las autodefensas —las que convocaron— (...) había gente uniformada con prendas privativas de fuerzas militares y armados (...) se presentó un señor que dijo llamarse Alemán que fue quien dirigió esa reunión (...) hasta el momento no habíamos escuchado hablar de él (...) después de esa se hicieron dos más en el municipio de Arboletes (...) estuve en una reunión de esas en Arboletes (...) ya era como que hablando más específicamente del tema de ese proyecto político pero que eso en nuestro municipio, me refiero a Moñitos, no tuvo el alcance que ellos le dieron”.

Y si bien negó que en esas reuniones se hubiera solicitado apoyar a algún candidato en particular, escuchado el nombre del acusado o solicitado su favorecimiento electoral, esgrimiendo que todos los aspirantes al Congreso hicieron proselitismo en la región y que la votación de aquel fue la menos afortunada en las elecciones de 2002 en Moñitos, más adelante, cuando se le hizo mención a la declaración que había rendido con antelación ante la Fiscalía 25 de la unidad nacional contra el terrorismo, y fue enterado de que la misma se había incorporado a la actuación, con absoluta nitidez y espontaneidad dijo:

“El tema era que se iba a escoger un candidato único para apoyarlo todos por la margen izquierda de la costa cordobesa, pero nosotros pues nos opusimos, en el sentido de que la gran mayoría veníamos trabajando ya con parlamentarios pues diferentes al doctor Mario Salomón, que ni siquiera pues lo conocíamos pues en ese entonces y era difícil para nosotros pues irnos todos apoyar a un solo candidato, pedimos pues que nos dieran libertad de seguir trabajando con quien veníamos trabajando”.

De donde emerge diáfano que contrario a su inicial postura, en aquellas reuniones el nombre del acusado fue propuesto para “apoyarlo todos por la margen izquierda de la costa cordobesa”, lo cual precisamente traduce “Marizco”, esto es, el proyecto político auspiciado por el BEC, lo cual se pone a tono con las manifestaciones de Salvatore Mancuso Gómez y Manuel Darío Ávila Peralta arriba destacadas.

Efrén Manuel Pérez Lora, ex concejal de San Bernardo del Viento 2001-2003, tanto en la declaración que rindió ante la Fiscalía 25 atrás citada como en la audiencia pública, además de dar a conocer la violencia ejercida por el BEC en la zona, relata haber asistido a varias reuniones que convocaron y en las cuales impulsaron la creación del proyecto político de la margen izquierda de Córdoba —”Marizco”— y la idea de apoyar a un candidato al Congreso que representara a los municipios de San Bernardo, Moñitos, Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido; refiere específicamente la ocurrida en una finca próxima a Canalete en 2001, con afluencia de unas 300 personas entre las cuales se encontraban los concejales de todos esos municipios, donde “el Alemán” presentó a alguien del Urabá que allí les explicó cómo habían desarrollado el proyecto político en esa región, el cual pretendía emularse en Córdoba, y aun cuando reconoce que algunas sedes de “Marizco” alcanzaron a funcionar, entre otras la de San Bernardo, dice que ello ocurrió por espacio aproximado de un mes, que fue lo que tuvo de vida el proyecto, pues los concejales se opusieron a la idea de apoyar el candidato único que las autodefensa nunca señalaron, además de que al acusado jamás lo vio en aquellas reuniones a las que asistió, incluidas las ocurridas cerca de Arboletes donde pretendía dársele cuerpo a ese proyecto.

Así, Pérez Lora confirma la reunión celebrada en la finca “El Solito”, la presentación que hizo Manuel Darío Ávila Peralta sobre el proyecto desarrollado en el Urabá antioqueño y que allí se trató el tema “Marizco”, pero niega que el acusado haya sido escogido por este como candidato que la región debía apoyar para las elecciones al Senado en la reunión a la que asistió en Arboletes con las autodefensas, aunque advierte que en ese territorio hubo otras reuniones a las que no compareció.

José Vicente Morelos Muñoz, por su parte, adujo que en Moñitos siempre ha vivido en casa de su padre y que frente a la misma se habló “que iba a funcionar una oficina de Marizco (...) yo pensé que era cuestiones de mar, más adelante voy entendiendo lo que pasaba”, y agregó que los señores conocidos en Moñitos con los pseudónimos “La Kika” y “Julio El Guapo” son sus amigos, se desempeñan como vendedora de pescado y carretillero, y viven cerca de su casa, lo cual se pone a tono con lo afirmado por José Félix Martínez Bravo, quien sobre el tema dijo “el directorio —de “Marizco”— funcionaba frente a donde Vicente Morelo (...) estaba la Kika, así es conocida la señora, y Julio “el Guapo” le dicen —otros vecinos de “Marizco”—” (16). El que adujera que pensó que se trataba de un establecimiento relacionado con productos de mar, en forma alguna desvirtúa la realidad de su funcionamiento en el municipio, como la defensa técnica lo entiende.

Las anteriores declaraciones desmoronan la tesis de los sujetos procesales según la cual el proyecto “Marizco” no nació sino que fue abortado, pues de manera clara y detallada dan a conocer las varias reuniones convocadas por las autodefensas en la región para promulgar y sentar las bases del mismo en connivencia con los líderes de los municipios de la margen izquierda del río Sinú en Córdoba, con quienes previas las elecciones al Congreso 2002 se escogió al acusado como el candidato al Senado que la región representada en el aludido proyecto político debía apoyar, cuyas sedes funcionaron, así fuera temporalmente.

La real existencia del proyecto “Marizco” emerge, de otra parte, con la prueba trasladada del radicado 330 tantas veces citado, al cual se allegaron los documentos denominados “Acta de acuerdos programáticos” suscritos presuntamente por los señores Óscar Álvarez y Pedro José Martínez Humanez el 27 de enero de 2004(17), como personeros de Los Córdobas y Canalete, y por Guillermo Rafael Álvarez Domínguez, Noé de Jesús Doria González, Bonifacio Contreras Díaz y Rosangela Solano Díaz, el 6 de octubre de 2003, como aspirantes a las alcaldías de Canalete y Los Córdobas(18), en su gran mayoría mencionados por Fredy Rendón Herrera en su versión rendida el 10 de junio de 2010 como partícipes del mismo(19).

Para complementar ello se cuenta, además, con lo afirmado por Samuel José Pérez Domínguez, ex concejal de Los Córdobas 2001-2003, quien adujo sobre las reuniones convocadas por las autodefensas:

“Si fuimos citados todos los concejales de los municipios de Cereté, San Pelayo, Lorica, San Bernardo, San Antero, Moñiyos, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canelete ha solicitud del Alemán para socializar los ideales del Bloque Élmer Cárdenas con la dirigencia política, esa citación la hicieron por intermedio de los PDS, llegó el PDS al concejo municipal, el PDS Fredy estábamos todos reunidos y nos dijo que os necesitaban a todos a las 9 de la mañana en la hacienda El Solito, dijo que necesitaban gente que estuviera (sic) vocación de servicio para la defensa del mal manejo que le estaban dando las administraciones a la región, la mayoría fuimos a la reunión, en la citación no hubo ninguna amenaza o exigencia para que fuéramos, lo que pasa es que ya habían concejales amenazados estaba Fredy Polo, Fredy Cassarrubio y por eso todo mundo fue a la reunión y por temor (...) nosotros llegamos a las 10 a.m. ya había comenzado la reunión, estaba interviniendo el Alemán, donde manifiesta que necesitaba personas con sentido de pertenencia para que gobernara los recursos que por ley le correspondían a cada uno de los municipios, que ellos no estaban para meterse en lo político pero que en vista de que el gobierno no le prestaba la atención necesaria a la región, ellos sabiendo que eran ilegales iban a tratar de organizarnos para que así recibiéramos del Estado lo que verdaderamente nos debía dar el Estado, que debíamos votar por personas y senadores de nuestro departamento, que estarían organizando la región con obras, que estuvieran al alcance de ellos, organizar las juntas de acción comunal, los gremios, nos dio ejemplo de un proyecto político del Urabá Grande que posteriormente nos estaríamos reuniendo cuando se acercaran las elecciones, nos invitó a que disfrutáramos de una carne asada y a cada vehículo le dieron el combustible, en esa reunión intervino el Alemán y otro asesor que era un senador de Antioquia, y la intervención de a réplica de los concejales de la asamblea (...) dijo que posteriormente en cada municipio se estaría haciendo la socialización de un proyecto político no solamente con los concejales sino con toda la clase dirigente de cada municipio (...) nos reunieron a toda la clase de la dirigencia política, a todo el municipio de Los Córdobas en El Ébano en el corregimiento de Los Córdobas. Recuerdo que allí nos socializaron el proyecto político (...) para hacer el trabajo que había dejado el comandante Alemán, no preciso la fecha, fuimos los concejales, líderes políticos y otras personalidades del pueblo y todos los gremios de los municipios Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete, quiero hacer claridad que a los alcaldes y candidatos a la alcaldía lo manejaban de manera independiente, los citaban a ellos directamente, en esa reunión del Ébano intervino un asesor de las autodefensas (...) nos dijo que la propuesta del comandante Alemán seguía en firme, que debía buscar el nombre al movimiento y fue donde salió Marizco, este nombre lo propuso Mario Buendía, lo sacaron como una sigla del Movimiento de la Margen Izquierda del río Sinú o de Córdoba, Mario Buendía estuvo en la reunión, él se disputó con Alberto Muñoz Rojas la postulación a hacer (sic) candidato a la asamblea, y ganó Mario Buendía, se dijo de que (sic) obligatorio votar por los candidatos que escogiera el Bloque Élmer Cárdenas, en esta reunión se hizo la propuesta de los candidatos que se iban a escoger, la hizo el asesor ese que vino, y dijo para la asamblea a Mario Buendía por el movimiento Mipol y que las autodefensas le darían el respaldo. Concluyó la reunión citando para una próxima reunión para que se hiciera con los líderes que no fueron y se siguiera la directriz del bloque Élmer Cárdenas en la que nos irían a informar cuales iban a ser los candidatos para el Congreso que debíamos apoyar. Posteriormente en una reunión con el Alemán en una finca de Antioquia que no recuerdo el nombre, donde fuimos citados los concejales de Los Córdobas y ahí el Alemán propuso que votáramos por Reginaldo Montes y Mario Salomón Náder, entonces Reginaldo Montes se le paró al Alemán y le dijo que no aceptaba que se limitara la democracia pues todos sus compañeros aspirantes debían entrar a la región, entonces contra la decisión de ellos y nosotros nos fuimos y quedaron allá, Mario Salomón estuvo presente en esa reunión e intervino en la reunión, manifestando la intención que tenía en sus aspiraciones al Congreso, para esa reunión el Alemán citó a todos los candidatos de los movimientos o partidos políticos para el Congreso pero los únicos que asistieron fueron Reginaldo Montes y Mario Salomón Náder, a esa reunión fuimos citados todos los concejales de la margen izquierda del río Sinú per (sic) a diferentes horas, nosotros los de Los Córdobas fuimos citados a las 10 de la mañana y después iban llegando las otras comitivas (...) sobre la junta directiva si se habló —del proyecto “Marizco”— de que en cada municipio iba haber una junta directiva eso se habló en la reunión del Ébano y que iba a hacer (sic) una en representación de los cinco municipios”(20).

José Acosta Navarro, igualmente ex concejal de Los Córdobas en el período ya mencionado, en principio dijo desconocer reuniones convocadas por las autodefensas o haber asistido a las mismas, el proyecto “Marizco” y eventuales vínculos del acusado con aquellas, en indagatoria rendida el 24 y 25 de octubre de 2011(21), pero en ampliación de injurada(sic) del 9 de diciembre de 2011 expresó en relación con lo anteriormente aducido que:

“la primera vez que llegué a su despacho que me fue preguntado si algún día me había reunido con las autodefensas, o grupos que estuvieran al margen de la ley, con lo atemorizado y dolido que he pasado con los frutos que ha dejado la violencia en el territorio quizá por temor, más que todo por miedo, dije que no le dije a la Fiscalía que no, y mi conciencia de hombre bueno que según mi edad y según mis calidades familiares debo decirle a la ley la verdad, que es que todos teníamos que ir a las reuniones, éramos obligados que teníamos que ir, cuando digo todos me refiero a los concejales, presidentes de juntas de acción comunales, secretarios, educadores, en términos generales todos los que fuéramos citados teníamos que ir (...) fueron varias veces y no fueron convocatorias sino que se cuadraba una camioneta de color verde que nos recogía y nos llevaban a las reuniones”.

Y el 19 de diciembre de 2011 continuó de la siguiente manera:

“las reuniones eran a cada rato, y le citó los lugares específicos, kilómetro 13 municipio de Arboletes, kilómetro 20 municipio de Arboletes, El Tambo, portada hacía la Candelaria, Candelaria, y el Kiosco de la Trinidad, otro corregimiento del municipio de Arboletes (...) las hacían por decir algo como en un mes una vez a veces se aguantaban dos meses y la hacían (...) en el kilómetro 13, el mismo señor comandante Alemán, que estaba amarrado con una moña citó a todos los concejales del municipio de Los Córdobas, ellos tenían una persona que le decían PDS, que significaba promotor de desarrollo social y él era el que decía una reunión con el señor en el kilómetro 13 (...) a esa reunión accedieron todos los concejales del período 2001 a 2003, en esa reunión estaba el señor Reginaldo Montes Álvarez, Mario Salomón Náder, entonces nos citaron para que se le brindara apoyo, y hubo una discusión entre el senador o representante Reginaldo y el señor Alemán, dijo que no aceptaba que le violaran los derechos constitucionales a sus otros amigos de la democracia, que no aceptaba que lo impusieran como candidato para esas elecciones, que si era así él se venía de esa reunión (...) el Alemán intervino para decirle a Mario Salomón, que era el candidato que debíamos respaldar, no solo nosotros los de Los Córdobas, sino todo el sector de la margen izquierda donde tuviera mando él, Mario Salomón no intervino (...) en otra reunión que estuve fue en El Solito que estuve una vez, donde hablaron de los proyectos de Urabá Grande Unida, de Marizco (...) había gente de varias partes”(22).

Armando José Lambertínez Bolaño, ex alcalde de Canalete 2001-2003, es otro de los testigos que refiere en indagatoria rendida dentro del radicado 330 citado:

“La presión la hubo en las elecciones de Senado y Cámara, ahí fue donde hubo la presión en el municipio de Canalete y yo estuve molesto que yo le dije al gobernador al doctor Jesús María López Gómez, que era el gobernador en ese entonces, y estuve en el despacho y le dije que se estaba formando un grupo político Marizco por parte de las autodefensas, que estaban presionando a la comunidad, a los líderes políticos, a los ganaderos, que me estaban presionando a mí como alcalde para que votara por ese grupo político, le comenté todos esos detalles en el despacho, y le dije si podíamos militarizar el municipio y fue donde me dijo, mijo eso es peligroso te vas a enfrentar a un ejército muy grande, déjame ver qué puedo hacer (...) las mismas autodefensas iban por las veredas, corregimientos en el casco urbano en los barrios para que votaran por el proyecto político de ellos (...) escuché que habían sacado cuatro mil y pico de votos en Canalete al Senado y Cámara. Lo candidatos de ese proyecto fueron Mario Salomón Náder Muskus y Reginaldo Montes (...) los concejales del partido Mipol, los líderes concejales del partido Mipol, movimiento creado por Salomón Náder Náder padre de Mario, los concejales y los líderes de ese movimiento votaron por su candidato al Senado y Cámara de Representantes, que ellos los líderes concejales venían anteriormente años atrás apoyando su movimiento político y de la noche a la mañana las Autodefensas aparecen apoyando a Mario Salomón y a Reginaldo Montes con el proyecto Marizco”(23).

Entonces, ciertamente hay prueba independiente a aquella que dio lugar a imponer la detención preventiva y a formular la acusación en contra del procesado, que junto a esta termina por brindar certeza acerca del punible enrostrado y la responsabilidad en cabeza de aquel y que saquea la enarbolada tesis de las “mentiras” y “amañadas” imputaciones, que según los sujetos procesales, construyeron conjuntamente Fredy Rendón Herrera, su abogado, Otoniel Segundo Hoyos y Catalino Segura Moreno, con la ayuda de una funcionaria del CTI, para involucrar al acusado en los hechos que son materia de juzgamiento, pues, se repite, con la prueba allegada en la etapa de juzgamiento aflora que lo sostenido por los ex militantes del BEC en el sentido de que Mario Salomón Náder Muskus resultó aliándose con esa organización a través del proyecto político “Marizco” impulsado por la misma, con miras a obtener la curul del Senado de la República en las elecciones de 2002, corresponde a la realidad.

Con lo anterior, esgrimir que el proyecto político “Marizco” impulsado por el BEC no tuvo vida, como lo hacen los sujetos procesales, es pasar sin atender, y hasta desconocer, la prueba abundante existente en el plenario que demuestra lo contrario, pues a pesar de que no se pueda establecer con precisión la fecha en la cual se realizó la reunión en la finca “El Solito”, donde al parecer inicialmente se dan las primeras puntadas del proyecto, de acuerdo con lo sostenido por Manuel Darío Ávila Peralta, José de las Mercedes Hernández González, Efrén Pérez Lora, Samuel José Pérez Domínguez, José Acosta Navarro, Mirlenia María Isaza Núñez y Alcibíades Ávila Castro, además de lo aducido por Rendón Herrera, Otoniel Segundo Hoyos, Catalino Segura Moreno, Humberto Atehortúa Salinas —incluido lo que señaló en el radicado 330(24)—, lo cierto es que desde ese momento —que algunos de los testigos fijan en el primer semestre y otros en el segundo del 2001— se hizo tangible en la región de Córdoba referenciada en múltiples oportunidades, que las autodefensas del BEC impulsaban en esa zona de su dominio, la idea de apoyar a candidatos a cargos de elección popular postulados a través del proyecto político que desarrollaban, alcanzando dicho cometido cuando en la reunión que se adelantó en la finca “Las Margaritas”, previas las elecciones al Congreso del 12 de marzo de 2002, se advierte por el jefe de dicha organización armada ilegal que los escogidos a Senado y Cámara eran Mario Salomón Náder Muskus y Reginaldo Montes Álvarez, respectivamente, quienes estaban presentes, sin que se haya aducido negativa u oposición alguna de parte del primero, pues, por el contrario, algunos testigos manifiestan que hasta se pronunció para dar a conocer su aspiración por alcanzar la curul, descontando lo ya demostrado respecto de las sedes de “Marizco” abiertas en San Bernardo del Viento y Moñitos.

Ahora, las razones por las cuales un testigo cambia de postura o se retracta de lo que ha manifestado con antelación pueden ser innumerables y de distinto talante, pero independientemente de ello corresponde al juzgador, a través de las reglas de la sana crítica, confrontar cada una de sus versiones con el material probatorio allegado al proceso a fin de establecer cuál de sus salidas procesales comporta mayor credibilidad(25), atendidas también, como en todo testimonio, la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por los cuales se percibe, el tiempo y modo en que ello ocurre, la personalidad del declarante, la forma como declara y las singularidades del testimonio, sin que resulte acertado relegar dicha prueba por las calidades o cualidades —confesos delincuentes, testaferros— de quien rinde la declaración(26).

Así fue como se procedió desde un principio al analizar los testimonios de los señalados testigos de cargo, tal y como se extracta del contenido de la resolución de acusación en los acápites siguientes que se integran a esta decisión, donde puede advertirse, además, lo sustancial del cargo imputado:

“4.15. Por el contenido circunstanciado de las declaraciones precedentes, muy a pesar de que al rendir sus declaraciones los ex militantes del Bloque “Élmer Cárdenas” hayan incurrido en inconsistencias que, antes que descalificarlos, sirven para acreditar su espontaneidad, fácil resulta comprender que la penetración del grupo en aquella región de Córdoba, contigua a la zona que dominaba en el norte del Urabá antioqueño, posibilitaba su manera de incidir en política de la misma forma como lo venía haciendo a través del proyecto político “Por una Urabá grande, unida y en paz”, postulando, en convenio con líderes de la zona, los nombres de candidatos a cargos de elección popular con incidencia departamental y nacional, que como representantes de la región viabilizarían su desarrollo, tesis presentada en la reunión celebrada en la finca “El Solito”, que dio lugar a la creación de lo que se llamó el proyecto “Marizco”, a la cual concurrieron la mayoría de los alcaldes —actuales y futuros— y concejales —en ejercicio y suplentes— de los cinco municipios de Córdoba tantas veces mencionados, así como ganaderos, comerciantes y líderes comunitarios, con quienes “el Alemán” acordó la conformación de la directiva del proyecto y su financiación a través de las alcaldías.

4.16. Para concretar lo acordado, antes de las elecciones al Congreso 2002 y aproximadamente uno o dos meses después de la reunión en la finca “El Solito”, se realiza otra en la finca “Las Margaritas” en Arboletes, a la que no concurrió la misma cantidad de gente que lo había hecho a la anterior, pues ya no era necesaria una convocatoria de tal envergadura, sino que llegaron las cabezas representativas de los líderes regionales y quienes resultaron elegidos como candidatos del proyecto “Marizco” a la Asamblea departamental —cuya elección sería en 2003—, Cámara de Representantes y Senado de la República. Y si bien es cierto Mirlenia María Isaza y Alcibíades Ávila niegan la presencia de congresistas en las reuniones a las que asistieron, sin saber a ciencia cierta si lo hicieron a la de que aquí se trata, Fredy Rendón Herrera y los demás ex integrantes del Bloque “Élmer Cárdenas” arriba mencionados, coinciden en que a esta concurrieron Mario Buendía, Reginaldo Montes y Mario Salomón Náder Muskus, como la fórmula del proyecto, en su orden, a los aludidos estamentos.

4.17. Rendón Herrera dijo: “esa reunión donde estuvo Mario Salomón Náder también estuvo Reginaldo Montes y allí se definió con los alcaldes el apoyo que ellos darían al proyecto Marizco y digamos que el señor Mario Buendía sería el candidato de la región a la Asamblea y Mario Salomón Náder sería el candidato al Senado y Reginaldo Montes que en ese momento era el candidato a la Cámara, digamos que se volvió un equipo ahí en el cual Marizco apoyaría abiertamente y esa reunión se llevo a cabo en Las Margaritas (...) finca al sur de Arboletes (...) nosotros simplemente como teníamos un trabajo con las comunidades, con los presidentes de juntas de acción comunal, dijimos vamos a votar por este candidato que es el de la Asamblea nuestra (...) y que lo sacamos elegido, y que al Senado bueno vamos a apoyar a Mario Salomón Náder”(27).

4.18. Otoniel Segundo Hoyos Pérez afirmó: “el Alemán llegó a esa reunión tipo 9 de la mañana, 8 y media pa’ (sic) 9 más o menos (...) empecé a hablar con él cosas del frente (...) ya el Alemán como que había informado cual era la finca y les había explicado, ellos llegaron sin ningún imprevisto a esa finca (...) yo estoy con el Alemán ahí, donde vemos que empezaron a llegar unas personas ahí, o sea, en ese momento yo quedo mirando los carros, quedo con el Alemán ahí al ladito, él les da la mano a las personas, les da la bienvenida y él se fue para el kiosco, ahí yo era encargado de la logística en ese momento, había una persona que la puse para que le brindara agüita, tintico a la gente mientras estuvieran ahí, en esos momentos cuando llegan las personas me dice el Alemán ya llegaron los invitados, mire ese es Mario Salomón, mire ese es Reginaldo y me mentó, llegó a esa reunión, estuvieron otras dos personas ahí, no sé si eran invitados del señor Mario, de Reginaldo (...) y me dijo esto es lo que vamos a tratar aquí para el proyecto Marizco porque estas son las personas que se van como que a hacer lo mismo que se estaba haciendo en Urabá, a patrocinar para lanzarlos por la zona de los municipios de Córdoba (...) el señor me dijo este es Mario Salomón, esté es el que va, me lo traen los políticos para organizar lo del proyecto Marizco”(28), reconociendo luego que se trataba de Mario Salomón Náder Muskus y Reginaldo Montes.

4.19. Catalino Segura Moreno, por su parte, aseveró: “sé que en esa reunión de las Margaritas sí estuvieron, no me acuerdo bien los nombres o no me acuerdo los nombres, pero sí estuvieron representantes a la Cámara y se reunieron con el Alemán”, y luego, cuando se le requirió aclarar si el sumariado había estado en la reunión de “Las Margaritas”, adujo: “él sí estuvo, estuvo él como otros (...) sé que él estuvo hablando con el Alemán allá (...) en la del Solito yo no le puedo decir si estuvo o no estuvo porque allá fue mucha gente (...) él estuvo hablando con el Alemán, yo no sé que hablaban pero sí, yo no puedo decir no, sabiendo que sí”(29), y más tarde, señaló: “lo único que me consta es lo que yo estoy diciendo y que hubieron (sic) unos acuerdos en la finca Las Margaritas y en la finca El Solito, donde estuvo Mario Salomón Náder, donde se acordaron los cinco millones que yo estoy diciendo”(30).

4.20. Mientras Humberto Atehortúa Salinas expresó: “hace presencia el señor Mario Buendía candidato a la Asamblea Departamental de Córdoba, hace presencia el señor Reginaldo Montes candidato a la Cámara y no lo vi pero me contaron que también fue el senador Salomón Náder, según supe en esa reunión expusieron sus postulados políticos y recibieron el apoyo del comandante Alemán y del proyecto Marizco”(31), aclarando luego: “a esa reunión llegó un señor llamado Mario Buendía (...) a él no le faltaba sino estar en la nómina de la autodefensa (...) sé que tenía pretensión de llegar a la Asamblea de Córdoba (...) me contaron que fue Mario Salomón (...) Mario Salomón Náder, allá me dijeron que ahí estaba él, estaba otro man (sic) llamado Reginaldo Montes (...) era como los que iban a, los que se organizaron en Marizco que iban a apoyar para el Senado, la Cámara y la Asamblea”(32), y más adelante aseveró: “la reunión la lideró el señor comandante Alemán, me comentaron que allá fue el Mario Salomón Náder (...) yo no lo vi (...) asistió Mario Buendía (...) también llegó un señor Reginaldo Montes”(33).

4.21. A lo anterior se adiciona que Otoniel Segundo Hoyos Pérez reconoció, en el álbum fotográfico incorporado a la actuación(34), al hoy procesado como quien correspondería a la persona que estuvo en la reunión de “Las Margaritas” tantas veces citada y que fue señalado por Fredy Rendón Herrera como el hoy procesado, así: “eso hace mucho tiempo ya (...) pero se me tiende a parecer como a este señor pero no estoy tan seguro que sea este (...) eso hace ya mucho tiempo, yo conocía a este señor personalmente no ese día que el Alemán me dijo este es (...) esto lo hago yo voluntariamente, en ningún momento el señor me ha dicho usted tiene que declarar esto, no porque yo estoy diciendo es lo que yo viví en mi estadía en el Frente Costanero, yo no le puedo decir más sino que ese día me lo presentaron al señor, me dijeron este es Mario Salomón... por eso le digo no estoy tan seguro que sea este señor, me parece pero no estoy tan seguro”(35).

4.22. Es más, la espontaneidad del mencionado testigo y Catalino Segura Moreno, emerge diáfana si se considera que cada uno desde su particular forma de dar a conocer lo acontecido, con nitidez y sin animosidad diferente a rememorar sus vivencias, destacan lo ocurrido con las investigadoras del CTI que les cuestionaban si conocían de vínculos de políticos de Córdoba con las autodefensas, para lo cual les facilitaron la cartilla electoral de candidatos al Senado 2002, conforme con las misiones de trabajo que se les había encargado realizar para esclarecer hechos como los aquí investigados, lo cual descarta las presuntas irregularidades que la defensa material y técnica señalan en el actuar de tales funcionarias —que de todas maneras no tendría incidencia en las prueba recaudadas—, siendo lo cierto que de acuerdo con el material probatorio allegado al encuadernamiento, quedan al descubierto los nexos que el procesado tuvo con el bloque “Élmer Cárdenas” de las autodefensa unidas de Colombia cuya explicación, con fundamento en dichos medios de convicción, se establecerá seguidamente.

4.23. Acerca de la credibilidad de la prueba testimonial, como lo enseña la jurisprudencia, las modificaciones que introduce un mismo declarante no conducen inexorablemente a su descalificación, pues resulta necesario examinar ello a la luz del contenido del mismo testimonio, las razones en que se fundan esas variaciones y lo que las demás pruebas arrojan sobre el tema.

4.24. Y en cuanto a la crítica formulada contra lo sostenido últimamente por Fredy Rendón Herrera, es un hecho cierto que en principio no hizo alusión a sus vínculos con el procesado sino que adujo haberse reunido con Salomón Náder padre(36), asegurando luego que Salvatore Mancuso así se lo había pedido(37), pero también es cierto que este conocía que Rendón se había reunido con Mario Salomón, porque así se lo había comentado(38), motivo por el cual bien pudo haberle hecho la solicitud por la razón que fuera, solamente que al momento de rendir sus versiones, cada uno optó por relatar lo que a bien tuvo.

4.25. Ahora, del análisis precedente, conforme al conocimiento y la experiencia de quienes hicieron parte del grupo armado, no obstante incurrir en algunas imprecisiones que resultan justificadas, como se dijo, en virtud de la densidad de los hechos desarrollados en el curso de muchos años, aunado el paso del tiempo desde cada episodio, su relato se torna creíble por ser vívido, colmado de cuestionamientos, referentes, afán por recordar, etc., y porque, además, en lo que se relaciona con la influencia de la organización ilegal en los asuntos políticos de la región, el impulso decisivo, la conformación del proyecto “Marizco” y su finalidad, armoniza, se integra y complementa con lo predicado por los habitantes y ex funcionarios de los municipios de Córdoba atrás referidos, en especial con la luz que arrojan al respecto los testimonios de Mirlenia María Isaza y Alcibíades Ávila.

4.26. Resultaría ingenuo, por decir lo menos, esperar que el señalado proyecto político “Marizco”, creado a instancias del bloque “Élmer Cárdenas”, estuviera registrado en oficinas públicas que pudieran acreditar ello, y si tampoco la defensa encontró referencias de su ilícita procedencia, ello podría obedecer a que todas aquellas personas que de una u otra forma resultaron vinculados con el mismo, no quisieran dejar rastros de tales nexos o afectaciones, pues al fin y al cabo de por medio está la organización armada ilegal que se desmovilizó hasta el año 2006, sin que haya dudas de que, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación tiene pruebas acerca de lo ocurrido en el departamento de Córdoba con “Marizco”, tal y como puede advertirse en las copias allegadas del testimonio rendido por Humberto León Atehortúa Salinas dentro del radicado número 330 que adelanta la Fiscalía 25 de la Unidad Nacional contra el terrorismo(39), además de lo que ya había señalado al respecto Fredy Rendón Herrera en sus versiones ante la Fiscalía de justicia y paz”(40)”.

Además de lo valorado al respecto en la providencia mediante la cual se resolvió la situación jurídica así:

“Es más, los testigos señalados han sido especialmente cuidadosos en no magnificar su percepción de los hechos, sino que los han delimitado para describir que tan solo pudieron percatarse de la presencia del procesado en la reunión sin que conocieran a fondo los términos de su participación en la misma, lo cual puede descifrarse con los demás medios de prueba que destacan la conformación del denominado “Proyecto Marizco” en los municipios de la margen izquierda de Córdoba —del cual resultó como candidato el procesado en los comicios al Senado 2002—, a imagen y semejanza del movimiento “Por una Urabá grande, unida y en paz” que también desarrolló el bloque “Élmer Cárdenas” de las AUC en el Urabá antioqueño, como ya se señaló.

La crítica que se hace sobre la credibilidad de quienes fueron miembros de las organizaciones armadas ilegales que causaron tanto daño a la comunidad está neutralizada por el hecho de que solamente ellos tuvieron la oportunidad y el conocimiento propio de quien participa de su actividad ilegal, acorde con lo que pudieron percibir con ocasión de su pertenencia al grupo ilegal, evocando lo que cada uno recuerda sin ir más allá de lo que estuvieron en capacidad de conocer en razón de su jerarquía dentro del grupo ilegal.

Recuérdese que de lo que aquí se trata es de establecer hechos sucedidos dentro de la clandestinidad de aparatos organizados de poder, que precisamente por tal circunstancia generalmente solo los que participan de ellos están en capacidad de ofrecer un relato acerca de su historicidad. De otro lado, así se trate de ex militantes del grupo armado ilegal incursos en delitos atroces del pasado, ello no desacredita per se su testimonio al estimarse que pretenden engañar o falsear la verdad, cuando podría pensarse, como lo advirtió Catalino Segura Moreno(41), que si el propósito de su desmovilización fue abandonar la senda del crimen y ante la oportunidad de pena alternativa que ofrece el sistema de justicia transicional, lo que quiera es precisamente colaborar con la justicia y contar la verdad de lo acontecido.

Además, la prueba testimonial debe valorarse bajo la axiología de las ciencias sociales donde anida la razón intersubjetiva y, por ende, resulta equivocado pretender su credibilidad solo si coincide linealmente con otras declaraciones, como si se tratara de moldes antes que de vivencias con sus naturales divergencias y, en lo atinente al testimonio de los desmovilizados deviene apenas obvio que siempre habrá en ellos por lo menos rodeos de interés propio, en medio del sentimiento de temor o inseguridad que provoca la criminalidad sistemática y permanente con la cual estuvieron emparentados.

El análisis precedente permite establecer que los testigos de cargo han mencionado lo que por su capacidad y vivencia percibieron sin añadiduras y, con ello, la imputación contra el doctor Náder Muskus que se genera a partir de las declaraciones de los confesos miembros de las autodefensas cuya pertenencia está acreditada en el expediente, tiene la seriedad para verificar la probabilidad de que el acuerdo para promover grupos armados al margen de la ley en el sentido que lo manifiestan, haya ocurrido. Por tal razón, la prueba acerca de la eventual responsabilidad del procesado satisface las exigencias del artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para imponerle medida de aseguramiento”.

En este punto es pertinente recordar, conforme con lo que Salvatore Mancuso Gómez, Édwar Cobos Téllez y Fredy Rendón Herrera manifiestan, que en el departamento de Córdoba confluían diversos grupos de autodefensas con dominio en las zonas asignadas a cada organización, las cuales se respetaban, por tanto, la razón indica que las alianzas que hacían con candidatos a cargos públicos de los niveles departamental y nacional ameritaban también un acuerdo previo entre los diferentes grupos o acatar los pactos que independientemente hacían, tal y como específicamente lo refieren los dos primeros ex jefes paramilitares citados; circunstancia esta que podía incidir respecto del momento en que uno de ellos decidiera contar lo ocurrido, pues podría afectar lo que otro ha resuelto callar; igual cosa ocurría en relación con la prueba documental a exhibir si es que con ella resultaba comprometido lo acontecido con otras organizaciones de autodefensa asentadas en la región.

Lo anterior para dar razones ejemplificativas sobre el porqué, en veces, la verdad fluye transcurrido algún tiempo pese a que con antelación se haya guardado silencio sobre eventos y personas involucradas en conducta delictivas, en especial en tratándose de organizaciones armadas ilegales que guardan jerarquía.

Con los argumentos referidos queda visto que, contrario a lo sostenido por la defensa, el Ministerio Público y el acusado, el cargo elevado y por el cual hoy es juzgado el último no se circunscribe al simple hecho de haberse reunido con miembros de las autodefensas, lo cual también fue objeto de pronunciamiento al resolverse la impugnación interpuesta contra la resolución de acusación, mediante auto del primero de junio de 2011 —que junto con ella son ley y presupuesto de este juicio—, en el que se señaló:

“(...) el acuerdo de voluntades mediante el cual se configura la conducta delictiva, en el caso concreto emerge en virtud de la confabulada escogencia del procesado como candidato al Senado que representaría los intereses del proyecto “Marizco” apoyado e impulsado por el grupo armado ilegal, como desarrollo de su penetración en la política nacional acorde con los ideales de la organización, y el reconocimiento y exaltación que con esa manera de proceder hizo aquel de las autodefensas, se repite, sin que fuera menester que fenomenológicamente se obtuviera resultado alguno como consecuencia de esa alianza, llámese electoral o de otra índole, porque ello no es exigible en el proceso de adecuación típica del concierto para delinquir agravado imputado”.

Las críticas que se hacen de fondo —porque las adjetivas ya fueron atendidas en el acápite denominado “la prueba susceptible de análisis en este fallo”— a la prueba trasladada del radicado 330 adelantado por la Fiscalía, son apenas el personal criterio de cada uno de los sujetos procesales, quienes se empeñan en tildar de mentiroso, amañado o interesado a todo aquel que señale vínculos del acusado con las autodefensas o que diga haberlo visto en reuniones con las mismas, desconociendo que solamente los que participaron directamente en los hechos son quienes pueden dar a conocer los pormenores de lo ocurrido en aquellos escenarios donde se desarrollaron los mismos, muy a pesar de que se trate de confesos delincuentes o de quienes eventualmente se conciertan con los mismos, pues ya se ha dicho con insistencia que la condición del testigo en modo alguno impide la valoración de sus afirmaciones.

Ninguna irregularidad emerge porque la Fiscalía 25 de la unidad nacional contra el terrorismo cuestione, en el radicado que adelanta contra los no aforados por sus relaciones con el proyecto “Marizco”, y hechos conexos, lo atinente a los eventuales vínculos del aquí procesado, pues es indudable e irrefutable que los hechos investigados están relacionados y, por ende, su averiguación podría servir para establecer lo de su resorte, como igual acontece en nuestra causa, en la cual, además de la prueba trasladada ya evaluada, las declaraciones de Deyanira Mejía Nisperuza, Juan Antonio Salguero, Fredy Cassarrubio, entre otros, acreditan la incidencia política del BEC y su proyecto político en la región hasta mucho tiempo después de celebradas las elecciones de 2002.

Como añadido a las sindicaciones directas que hicieran los ex paramilitares Fredy Rendón Herrera, Otoniel Segundo Hoyos y Catalino Segura Moreno en la instrucción, transcritas y debatidas ampliamente en decisiones precedentes, en la audiencia pública dijo Rendón Herrera:

“A mí en determinado momento se me solicitó por parte de unos investigadores, no recuerdo si fue en justicia y paz o ante la corte que se me solicitó el dar unas declaraciones frente a la relación que tuvo el bloque Élmer Cárdenas y mi persona con el señor Mario Salomón Náder, en ese momento se encontraba el señor Salvatore Mancuso en la penitenciaría de Itagüí, y el señor Salvatore Mancuso me manifestó que en esa declaración debía de manifestar que con quien me había reunido era con el señor Salomón Náder padre del señor Mario Salomón Náder, yo le manifesté en ese momento que eso no era así, que no podía ser así, pero él me persuadió en ese momento, yo di esa declaración , pero posterior a esa declaración volví a testificar y manifesté que esa primer declaración había sido incorrecta porque la relación había sido con el señor Mario Salomón Náder quien se encuentra vivo (...) manifesté a la justicia era que el caso concreto era que si nos habíamos reunido con Mario Salomón Náder y que había hecho parte del proyecto político Marizco (...) el proceso arranca con una reunión en la finca El Solito por allá como en enero o febrero del año 2002 donde concurren más de 500 personas, concurren los alcaldes de la margen izquierda del río Sinú del departamento de Córdoba, donde asisten los concejales de casi la totalidad de los 5 municipios, donde yo presido la reunión, donde están los PDS que están al frente de la coordinación del trabajo social que desarrollaba el bloque Élmer Cárdenas en ese departamento, que concurren y que de esa reunión después del desgastante trabajo que hicimos (...) durante todo el día en la finca El Solito se acuerda que se van a crear las juntas municipales que son las encargadas de trabajar para que en un mes posterior pudiéramos llevar a cabo una reunión en un sitio por establecer (...) que sería la finca Las Margaritas donde llevarían una propuesta al bloque Élmer Cárdenas y que yo estaría presente allí, de cuál era la lista que apoyaríamos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, y que a esta reunión de Las Margaritas igual la presido yo, al igual convocamos y asumió el bloque Élmer Cárdenas gastos por entre 28 y 35 millones de pesos en la financiación de la reunión del Solito y de la reunión de Las Margaritas donde se llevó la propuesta por un grupo de líderes de las asambleas que se habían creado en Las Margaritas en el mes de febrero sino estoy equivocado y donde hacen presencia los señores Mario Salomón Náder, Mario Buendía que era el candidato cercano a las autodefensas que era el candidato a la asamblea, hace presencia el señor Reginaldo Montes, de igual manera representantes del señor Manzur y de Juancho López dentro de esa reunión para acordar esa lista a la Cámara (...)”.

Otoniel Segundo Hoyos Pérez señaló:

“en ese momento que a mí me preguntaron por el señor Mario Salomón no me acordaba, dije (...) no lo conozco, pero después hablando, porque es que yo ingresé a las autodefensas en 1993 y hice parte de grupos al margen de la ley hasta 2006, 12 de abril el día de la desmovilización, y no sabía con que me iba a enfrentar después en este proceso, cuando el comandante Fredy Rendón nos dice que teníamos que enfrentarnos a la justicia, le dije yo acepto no tengo ningún problema, pero a medida de la versión libre nos dicen que tenemos que decir la verdad (...) el día que me preguntaron no recordaba, dije no lo conozco, pero después hablando con los compañeros me dicen usted sí estuvo en la reunión acuérdese señor que esa reunión se dio así y así y ahí fue cuando me propuse enviar el documento para ampliar mi versión porque ahí sí estaba omitiendo la verdad (...) esa reunión la hicieron pocos días después, no tengo la fecha exacta, pero fue después de la reunión del Solito (...) busqué una finca que tuviera acceso para los visitantes de la reunión cerca de Arboletes (...) llegaron varios carros (...) esa finca todavía existe (...) está cerquita de Arboletes (...) ahí llegaron varios carros, llegaron como 3 ó 4 carros (...) llegaron aproximadamente por ahí como unas 10 personas, no es un dato exacto porque yo estaba de seguridad, no estaba dentro de la reunión (...) yo me alejé enseguida (...) el Alemán se bajó, empezó a darle la mano a las personas (...) me dijo ya llegó el señor Mario Salomón (...) por ahí una distancia como de 10 metros —lo vio— (...) el señor Alemán la organizó porque iba a organizar lo que habían acordado de la primera reunión que quedó de la finca El Solito (...)”.

Y Catalino Segura Moreno, adujo:

“me toca doctor Mario Salomón Náder decirle ante la Corte que yo sí lo vi, pero no en la reunión del solito sino en la reunión de las margaritas, yo sí lo vi, no sé qué hablaron con el Alemán, pero sí lo vi en esa reunión (...) el doctor sí estuvo en la reunión, lo que no sé qué habló (...) la verdad la verdad para decirles todo y con todo el respeto, yo no quiero meterme ni con militares ni políticos, la política es el poder (...) mejor es uno estar como al margen, entonces hay cosas que yo directamente no me quería meter (...) han llegado en veces muchas amenazas (...) no podemos ponernos a darnos rodeos o cosas así dentro de esa fecha que usted estuvo en la reunión, porque si vamos a eso yo le preciso, conciso y preciso tal, usted estuvo en esa reunión y no nos podemos echar mentiras, ya lo que usted tiene que hacer doctor, con todo el respeto que se merece, usted ya está detenido, destape la olla de sus otros compañeros que estuvieron allí, no vamos a entrar en polémica, usted sí estuvo reunido, usted estuvo reunido con Alemán, lo único que no le puedo asegurar es qué(sic) ustedes pactaron, entonces no pongamos que fechas, que yo si estuve que no estuve, porque?, porque cuando yo estuve los 6 meses ya yo me movía y yo tenía carro, yo tenía conductor, yo tenía escolta, entonces yo me movía para donde yo podía con muletas, entonces no entremos en esas polémicas, vamos a lo que es, yo lo he respetado mucho, esto lo hice también para que ustedes declaren, porque entre esas ollas podridas que tienen hay muchas cosas que se tienen que aclarar, mientras usted paga, porque usted está preso por contradicciones políticas (...) que hay que declarar lo que es, es lo que le dice a uno —“el Alemán”—”.

Ratificando con ello sus imputaciones en frente del procesado, lo cual se concatena armónicamente con el resto del caudal probatorio anteriormente examinado, para sustentar:

1. Que desde 2001, después de que el BEC había logrado conformar la lista de candidatos a la Cámara de Representantes 2002 en el Urabá antioqueño a través del proyecto “Por un Urabá grande, unido y en paz”, procedió a replicar el mismo procedimiento en la margen izquierda del río Sinú que dominaba en Córdoba, mediante lo que llamó el proyecto político “Marizco” a fin de que la región tuviera también candidatos al Congreso con su anuencia, que era como desde la cúpula de las autodefensas se pretendió y logró —según ha podido demostrarse— intervenir en los procesos electorales para llevar a personas afines a cargos de representación popular, inclusive en el ámbito nacional.

2. Que aproximadamente desde el año 1999, ese mismo bloque de las autodefensas ejerció la violencia, entre otras actividades, como método para controlar la mencionada región izquierda del río Sinú, no solamente en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo del Viento, sino también en fracciones de Montería, San Pelayo, Lorica y Cereté.

3. Que en el departamento de Córdoba tuvieron asiento y dominio diversos grupos de autodefensas que se distribuyeron su territorio para ejercer cada uno control en sus zonas, lo cual tenía incidencia en lo que a pactos con miembros de la política se refiere.

4. Que como consecuencia de ello, en ese departamento fueron elegidos para el Congreso de la República en 2002, varios candidatos que lograron su curul atendidas las alianzas que hicieron con grupos de autodefensa los cuales han sido condenados por concierto para delinquir agravado y otros delitos — Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, entre otros—, además de que aún son investigados muchos más.

5. Que los diversos grupos armados ilegales tenían como norte confluir en lugar de controvertir con los candidatos al Congreso.

6. Que esas alianzas con los diversos grupos que dominaron determinados territorios en el departamento y que, a su vez, interrelacionaban, de acuerdo con su jerarquía, trajo como consecuencia diferentes resultados electorales.

7. Que los candidatos al Congreso que asistieron a varias reuniones con los paramilitares en aquella época terminaron, por lo general, haciendo alianzas con los mismos.

Confrontados los testimonios reseñados en precedencia con la fuerza de convicción que tiene esta evidencia, debe concluirse que ciertamente el hoy acusado Mario Salomón Náder Muskus fue partícipe de la reunión de “Las Margaritas”, en la que el proyecto político “Marizco” impulsado por el BEC lo promocionó como candidato representante del mismo al Senado de la República en las elecciones de 2002, donde llegó por su propia iniciativa y de ninguna forma controvirtió lo allí resuelto, pese a que algunos de los asistentes a la misma, como Humberto Atehortúa Salinas, traten de ocultar esa realidad —no obstante haber sido importante interviniente en lo allí ocurrido, según lo refieren varios testigos—.

Nada de extraño tiene que en Córdoba las autodefensas del BEC escogieran un candidato al Senado que ya desarrollaba campaña como representante de su proyecto político, dado lo tarde que comenzó dicha tarea esa organización en el departamento, justamente porque la venía realizando en otras zonas de su influencia como ha podido establecerse respecto del Urabá antioqueño y chocoano.

Es más, logró conocerse que el acusado no solamente concurrió a reunirse con jefes paramilitares en la finca “Las Margaritas”, en la época previa a las elecciones 2002, sino también en la vereda Piamonte cerca de Caucasia, cuando allí precisamente se ventilaban temas políticos relacionados con esa gesta electoral(42), además de que con posterioridad se dice que se reunía con Carlos y Vicente Castaño.

En ese orden de ideas, para la Sala las declaraciones de los testigos de cargo merecen credibilidad, pues además de su confluencia, nada les impedía percibir los hechos acaecidos en aquella época, conforme con lo que surge del contenido de sus manifestaciones detalladas, claras y objetivas.

Que la Corte haya analizado en pretérita oportunidad —sentencia proferida dentro del radicado 26.942— un testimonio allí rendido por Fredy Rendón Herrera, que fue trasladado, para nada obstaculiza que nuevamente aquí proceda a su evaluación teniendo como perspectiva el objeto de juzgamiento, que es como en cada caso debe hacerse; por ello, cuando la defensa plantea la necesidad de que la Sala se pronuncie sobre los efectos de haber dado credibilidad a esa prueba en aquella investigación y, en esta a un testimonio posterior del aludido ex jefe paramilitar, en el que advierte haberse reunido con el acusado y no con su padre, como antes lo había dicho, lo procedente es observar de qué manera se examinó en la aludida sentencia, y fue así:

“Como suficiente para desestimar la causal excluyente de responsabilidad, obsérvese además que en otras reuniones con mandos del grupo ilegal no expresó el temor que dice haberlo asaltado en la reunión de Santafé de Ralito. En efecto, su encuentro con alias el “alemán” en el municipio de Canalete lo sintetiza el jefe paramilitar en los siguientes términos:

“Me reuní en una oportunidad, lo acompañó Reginaldo Montes, invitamos a Salomón, el papá de Mario Salomón, llegó a la zona de Canalete. Este señor venía a reclamarnos que había unos líderes de la zona que decían que los votos no iban a ser para ellos sino para otros.

“Les dije que mi trabajo es social, que yo no vengo por votos, puede moverse libremente por aquí, busque sus votos. Yo me pondré a investigar acerca de esas personas que a nombre de las autodefensas los amenazan que no voten por ustedes. Yo no hice acuerdos con ellos, yo nos los apoyé en nada. La reunión fue para aclarar esos temas.

El doctor Reginaldo Montes dijo que eso era un irrespeto que se iba a atentar contra la democracia, y le dije que como me iba a echar un cantaleta de esas. Le dije que esa regañada que me pega no tenía objeto. Nunca me dieron las gracias ni nada. Eso terminó allí, después de la regañada que me pegó Reginaldo Montes”.

Los elementos de juicio indicados, demuestran que el doctor Reginaldo Montes Álvarez concurrió libremente a la reunión de Santafé de Ralito y que suscribió el documento confidencial y secreto con el cual las autodefensas buscaban avanzar hacia otros espacios de acción igualmente ilegales, conclusión que no necesita afianzarse en la declaración de Luis Eduardo Urán Lara, debido a que no ofrece la claridad necesaria para establecer otros contactos entre el doctor Montes Álvarez y Salvatore Mancuso y menos que ellos se hubiesen realizado con la finalidad de promover al grupo ilegal”(43).

De donde fácil se advierte que el análisis de la prueba de ninguna forma estuvo relacionado con el asunto que ahora se juzga, sino con la situación concreta allí ventilada, esto es, la del entonces enjuiciado Reginaldo Montes Álvarez, por lo que nada impide que en este juicio se le brinde credibilidad a lo que en últimas ha sostenido el testigo, valorado ello en conjunto con el resto del material probatorio incorporado a esta actuación, sin que implique variación alguna respecto de lo entonces decidido.

A partir de esta precisión, no puede invocarse un eventual contrasentido jurídico, pues con ello se desconocería la autonomía y competencia del juzgador para adoptar pronunciamientos frente a los hechos puestos a su consideración en cada caso particular, amparado en las pruebas legalmente incorporadas a cada proceso; y es que lo resuelto en otro radicado por el juez, así aluda a temas relacionados con aquellos que debe analizar en un caso diverso y que no pueden ser los mismos, en virtud del principio del non bis in ídem, en manera alguna lo vinculan.

Cuarto. El delito de concierto para delinquir

El tipo penal imputado en la acusación —C.P., art. 340—, se estructura atendiendo diversas formas de afectación de la seguridad pública en una escala progresiva que no oculta la gravedad de las conductas, y por ello se sanciona: i) el acuerdo de voluntades para cometer delitos; ii) el acuerdo para promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley; y, iii) la ejecución material del acuerdo, consistente en promover, armar o financiar efectivamente grupos armados al margen de la ley; inscribiéndose los dos primeros comportamientos dentro de los denominados tipos de peligro y el tercero dentro de los de lesión(44).

Por otro lado, debe distinguirse entre promover efectivamente un grupo armado al margen de la ley (C.P., art. 340, inc. 3º), y el concierto para promover una organización de ese tipo (inc. 2º ídem)(45), señalando que cabe un mayor desvalor de la conducta y un juicio de exigibilidad personal y social más drástico para quien organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien solo lo acuerda, el cual traduce la celebración de consensos ilegales con grupos armados al margen de la ley que coparon por la fuerza territorios y espacios sociales, y que requerían de alianzas estratégicas con fuerzas políticas para consolidar su dominio y expansión.

“El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo de voluntades para promocionar, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley lo que le da sentido al injusto, en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso implica que se describen conductas secuenciales en escala de menor a mayor gravedad cuya lesividad se refleja precisamente en el tratamiento punitivo, como corresponde al principio de proporcionalidad”.

(...).

“En la escala progresiva de protección de bienes jurídicos, el acuerdo que da origen al concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, se diferencia de la efectiva organización, fomento, promoción, dirección y financiación del concierto, moldeando diferentes penas según la ponderación del aporte que se traduce en un mayor desvalor de la conducta y en un juicio de exigibilidad personal y social mucho más drástico para quien efectivamente organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien solo lo acuerda”(46).

El precedente análisis corresponde a una lectura del tipo penal que resalta las distintas formas en que el concierto puede manifestarse en la realidad.

Ahora, teniendo como norte que es el bien jurídico el que le confiere sentido a los tipos penales, en el estado actual de la teoría no puede tenerse de él una visión estancada cuya única finalidad sea la ordenación sistemática de conductas.

Sobre el contenido de la conducta y la manera como se manifiesta el concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover grupos armados al margen de la ley, cuando nace de consensos entre congresistas y actores armados, la Sala ha expresado:

“Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta(47)—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales —que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto—, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se crean condiciones materiales mediante inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente.

“En otras palabras: la distorsión de la función estatal, cuando eso sucede, es la prueba del acuerdo; así como en el concierto simple, los delitos ejecutados en función del acuerdo son la manifestación del consenso ilegal. En el primer evento, si la distorsión de la función estatal implica la consumación de un injusto, concursará con el concierto para delinquir agravado, así como los delitos comunes lo hacen con el delito de concierto para delinquir simple”(48).

Así las cosas, dada la estructura dogmática del tipo y la concreta imputación de que trata la acusación, se requería probar que el doctor Náder Muskus se concertó para promover un grupo armado ilegal, cuya responsabilidad surge de indicios como los que a continuación se examinan y que evidencian la realidad de tal acuerdo.

De conformidad con la real injerencia del BEC en la margen izquierda del río Sinú en el departamento de Córdoba —lo cual es aceptado por los sujetos procesales— y de acuerdo con la fortaleza de la prueba ha podido demostrarse que para desarrollar su “proyecto” penetraron las esferas de las comunidades allí asentadas, entre las cuales se contaba la política, pues a través de ella incidirían en la órbita nacional, como se pudo establecer en la sentencia proferida en el caso del Urabá antioqueño traída a colación por los sujetos procesales.

Se argumenta que algunos miembros del movimiento político Mipol liderado por el procesado fueron asesinados, amenazados y desplazados, por hacer proselitismo a favor del mismo y/o para que no lo hicieran, lo cual sirve de soporte para desvirtuar cualquier vinculación con el grupo armado, pasando por alto que algunos de esos hechos —los asesinatos de Pedro Pablo Montiel y de Yolanda Izquierdo— no se cometieron en la época de las relaciones imputadas en la acusación, según emana de la prueba, además de que precisamente una de las maneras como el grupo armado demostraba su dominio en los territorios donde incidía era la violencia, pues de este modo sometía a su arbitrio a quienes pretendieran ingresar o ejercer actividades en el mismo, como así lo pregonan la mayoría de los testigos, en especial, quienes fueron concejales y alcaldes de los municipios de la región aludida durante el período 2001-2003, entre los cuales se cuenta a quienes específicamente refieren que eran convocados por las autodefensas para asistir a reuniones que se celebraban en zona rural, previas las elecciones al Congreso 2002, en las que el comandante Fredy Rendón Herrera perfiló el proyecto político “Marizco” y en últimas adujo que Mario Salomón Náder Muskus y Reginaldo Montes, eran los escogidos por el mismo como candidatos a Senado y Cámara que la región debía apoyar.

La inexistencia de un documento en el cual estuvieran reflejados esos acuerdos, como sucedió en otros casos, no es suficiente para descartarlos, porque cuando de la comisión de conductas ilícitas se trata, lo primero que los delincuentes prevén es ocultar sus actividades para no dejar rastro; con mayor razón tratándose de hechos punibles que son perpetrados por una organización delictiva que pretende un reconocimiento social y hasta político, como sucede en el caso concreto; recuérdese que la documentación hallada del denominado proyecto “Por un Urabá grande, unido y en paz” fue incorporado a una investigación, gracias a una fuente humana desconocida(49) y no porque haya sido un documento conocido públicamente, lo cual también sucedió con el llamado “Pacto de Pivijay” y el “Pacto de Ralito”, que era secreto hasta cuando Salvatore Mancuso Gómez decidió aportarlo en una diligencia judicial, sin que pueda desconocerse la documentación allegada sobre los municipios de Los Córdobas y Canaletes que evidencian pactos del BEC con miembros de la política regional, acorde con lo proyectado a través de “Marizco”.

De otro lado, justificar la ausencia del acuerdo en los resultados electorales minoritarios obtenidos por el acusado en los 5 municipios tantas veces mencionados, en manera alguna desvirtúa la celebración de un convenio con las autodefensas que, como se destacó, surge dados los indicios evaluados y la prueba testimonial directa y hasta de oídas que destacan su realidad, además de que, como ya se dijo, el departamento de Córdoba era epicentro de varios grupos paramilitares, algunos de ellos con mayor relevancia que el BEC, el cual debía respetar intereses regionales según se puso de presente, a fin de que en la zona de su dominio se permitiera hacer proselitismo aun a candidatos al Congreso con quienes no hubiera tenido contacto “el Alemán”, y por otro lado, desconoce tal postura el hecho de que la organización armada también tenía incidencia en otros municipios donde pudo desarrollar gestión electoral.

Así que la tesis según la cual la intervención de las autodefensas, antes que favorecer, perjudicó la votación del acusado, es apenas una hipótesis que como estrategia defensiva pretende desconocer lo que refleja la prueba.

Ninguna duda cabe acerca de las convocatorias hechas por el BEC a los líderes políticos de la región, entre otros personajes, pues sobre las mismas abundante prueba testimonial señala que con antelación a la tantas veces mencionada elección a Congreso, se convocó a los ya aludidos para instruirles sobre la manera en que se iba a desarrollar la política en la región, de acuerdo con el proyecto “Marizco” que se impulsó por las autodefensas y aun por los mismos líderes a través de las sedes que funcionaron, así fuera de manera temporal.

Así, la única forma de conocer lo ocurrido en desarrollo de las actividades del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, que se constituyó como una verdadera estructura armada de poder, cuyos actores y quienes a su lado se beneficiaron actuaban de manera clandestina y sutil, es a partir de lo reconstruido por vía indiciaria o a través de los testimonios de quienes formaron parte de esa organización, fueron destinatarios de su proceder y/o se confabularon con la organización, pues son quienes pueden dar fe de sus acciones, la forma de operar y las relaciones que tenían.

En tales condiciones, la perspectiva que brindan en este caso los medios de convicción examinados, como ya se anticipó, acreditan el acuerdo de voluntades exigido por el tipo penal, pues la sola actitud del candidato que asiente acudir a zonas dominadas por la organización que hizo presencia uniformada y armada, a reuniones en las que se ventila por esta la manera en que debe desarrollarse la actividad proselitista previa una gesta electoral, resultando designado por ese grupo como representante de su proyecto político, sin cuestionamiento alguno de su parte, descubre su complacencia y acomodamiento a la voluntad del mismo, lo cual traduce, ni más ni menos, la promoción de los ilegales.

Sexto(sic). Dosificación punitiva

Demostrada, pues, la responsabilidad del procesado en la comisión del concierto para delinquir agravado de que trata el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, en virtud de la certeza que al respecto brindan los medios de prueba valorados en conjunto, resta imponer la pena que legalmente corresponda.

El delito en cuestión tiene prevista pena de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la resolución de acusación se dedujo para la conducta punibles imputada la circunstancia de mayor punibilidad estipulada en el numeral 9º del artículo 58 del Código Penal, que se refiere a la posición distinguida que el sentenciado ocupaba en la sociedad, por su cargo, condición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio.

Sobre la misma, dice la defensa que no puede considerarse en este fallo por cuanto ni en la indagatoria ni al momento de definirse la situación jurídica del acusado fue imputada, según exigencia jurisprudencial, pero no cita la misma, siendo lo cierto que a partir de la sentencia proferida por la Sala el 23 de septiembre de 2003, radicado 16.320, lo sostenido pacífica e insistentemente ha sido que las circunstancias de agravación punitiva, hoy llamadas de mayor punibilidad, específicas o genéricas, deben aparecer imputadas fáctica y jurídicamente en la acusación para poder ser atendidas en el fallo al momento de dosificar la pena correspondiente(50), como garantía del principio de congruencia.

Sin embargo, por ausencia de fundamentación material resulta viable desatender la agravante deducida.

Así las cosas, los límites determinados en el tipo penal —seis a doce años de prisión—, es decir, entre setenta y dos (72) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses, han de dividirse en cuartos y quedarían de la siguiente forma: el primero de ellos, oscila entre setenta y dos (72) y noventa (90) meses; los cuartos medios se encuentran entre noventa (90) meses un (1) día a ciento veintiséis (126) meses; y el último cuarto será de ciento veintiséis (126) meses un (1) día a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

En tal virtud, por hallarse imputada legalmente la circunstancia de mayor punibilidad aludida y existir a favor del procesado la de menor punibilidad consagrada en el artículo 55.1 del Código Penal, el quantum punitivo debe determinarse en el primer cuarto, que van de setenta y dos (72) y noventa (90) meses, acorde con lo señalado por el artículo 61 de la Ley 599 de 2000; considerándose justo y legal imponer una pena de noventa (90) meses de prisión.

Lo anterior en consideración a la gravedad manifiesta de esta conducta punible, no solo por su expresión objetiva, sino por la intensidad del dolo que se refleja en el hecho de pactar voluntariamente con grupos armados que están por fuera de la institucionalidad, lo cual configura un ataque frontal al bien jurídico de la seguridad pública, en su más alto significado, encarnado en tan alto representante del poder legislativo.

El agravio inferido se traduce en un menoscabo evidente a los valores que nutren un modelo de Estado democrático, que por esencia y definición debe estar inspirado en los principios de la probidad, la transparencia de quienes están llamados a alcanzar sus altos y nobles fines.

Siendo consecuentes con esas definiciones, la pena de multa será de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por último, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor Náder Muskus a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.

Para la Corte es igualmente claro que de acuerdo con el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse probado que se hubiesen causado perjuicios materiales y morales, no procede la condena por ese aspecto.

Tampoco hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley solo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque solo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal; condiciones que no se cumplen en el presente caso.

Quinto(sic). Otras consideraciones

Es un hecho cierto que con la prueba traída al juicio pudo establecerse que el grupo armado ilegal presionó a los electores en favor del acusado, como consecuencia de la alianza que conformaron a fin de conseguir su curul en el Senado de la República en los comicios del 2002, según lo atestiguan Salvatore Mancuso Gómez, Samuel José Pérez Domínguez, José Acosta Navarro y Armando José Lambertínez Bolaño, en el entendido que aún si se tratara de la violencia ejercida contra el único sufragante de una población el constreñimiento se configuraría.

Por tal razón no fue objeto de imputación en la resolución de acusación el delito de constreñimiento al sufragante, pues en la instrucción apenas ello estaba perfilado como hipótesis investigativa.

Pero dado el tiempo transcurrido desde que dicha conducta punible tuvo su acontecer, que con creces supera el máximo de la pena imponible en lo que a dicha conducta se refiere, la prescripción de la acción penal es lo que aflora y, por ello, no resulta procedente la compulsación de copias para investigar la misma, en armonía con lo dispuesto por los artículos 20, 83, 387 —originales, por favorabilidad— de la Ley 599 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONDENAR a Mario Salomón Náder Muskus Castro, de condiciones civiles y personales referidas en esta determinación, ex senador de la República, a noventa (90) meses de prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como responsable, en calidad de autor, del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previsto en los artículos 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, por el cual se le formuló resolución de acusación.

2. CONDENARLO igualmente al pago de una pena de multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. DECLARAR que no hay lugar a condena por el pago de daños y perjuicios y que no son procedentes la condena de ejecución condicional, la prisión ni la reclusión domiciliaria, acorde con lo advertido en la fundamentación.

4. RECONOCER como parte cumplida de la pena el tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de su libertad, por cuenta de este proceso.

5. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad —reparto—, para lo de su cargo.

6. La secretaría de la Sala remitirá las copias del fallo a las autoridades que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.

7. Contra esta sentencia no procede recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Auto 01/09/2009, radicado 31.653.

(4) Folio 35, c. o. 1.

(5) Folios 1 y 2 del c. o. 6.

(6) Sentencia 08/07/2004 Radicado 19.634.

(7) Auto 23/04/2008 Radicado 29.416.

(8) Como se advierte con los oficios vistos a folios 15 y 16, c. o. 6, y 1 c. o. 7.

(9) Tal y como se aprecia en el acta respectiva vista a folio 96 del c. o. 7.

(10) Casación 02/12/2008, radicado 29.091.

(11) “En el departamento de Córdoba no solamente actuaba el Bloque Córdoba en cabeza mía como comandante, también actuaba en la margen derecha del río San Jorge el bloque del comandante Ramiro Vanoy, el Bloque Mineros; en la región del alto Sinú, margen izquierda, Valencia y Tierralta actuaba el bloque Héroes de Tolobá y actuaba la seguridad del comandante Carlos Castaño y un grupo de inspecciones en cabeza de H2 (...); también estuvo el BEC influencia e injerencia en la margen izquierda del río Sinú, en los municipios antes mencionados... fueron 9 municipios; también el bloque Héroes de los Montes de María tuvo injerencia sobre algunos municipios, Lorica, alguna parte de San Bernardo del Viento, también en la zona que va hacía Sahagún y toda esta región del noroccidente del departamento de Córdoba, así que fueron varios bloques los que tuvieron influencia y cada uno de ellos tuvo sus componendas y pactos políticos”.

(12) Como así rezan las resoluciones mediante las cuales la Fiscalía impuso las medidas de aseguramiento señaladas (fls. 1-73 y 164-266, cdno. anexo 18).

(13) Folios 96-107, c. o. 4.

(14) Declaración trasladada del radicado 26.625 CD.

(15) “Yo vi al señor Mario Salomón Náder, en Piamonte, en la zona de Caucasia, en alguna ocasión no recuerdo si fue para el año 2001 finales o principios de 2002 (...) no puedo decirle qué sucedió en la reunión (...) se estaban tocando justamente las propuestas que estaba haciendo el comandante Ernesto Báez con relación a una lista única al senado de la República y todo este tema político (...) luego en el transcurso de mi pertenencia a las autodefensas, como en un par de ocasiones vi al señor Mario Salomón Náder en algunas reuniones en la casa Castaño en la finca la 15 con el señor Vicente y Carlos Castaño (...) pero no se qué temas estarían tratando (...) así que aproximadamente en dos ocasiones más lo volví a ver en zonas de las autodefensas unidas de Colombia (...) lo vi en un kiosco donde estaba sentado —en Piamonte— (...) sencillamente lo saludé, saludé a Reginaldo, me presento al doctor Mario Salomón porque no lo conocía (...)”.

(16) Declaración del 22/07/2009 CD.

(17) Folios 79-84, anexo 6.

(18) Folios 85-92, anexo 6.

(19) Ver DVD de la aludida versión allegado (fls 1-68, c. o. 7).

(20) Folios 12 -32, anexo 11.

(21) Folios 140-176, anexo 17.

(22) Folios 143-162, anexo 26.

(23) Folios 82-128, anexo 28.

(24) Folios 10-29, anexo 3.

(25) Ver sentencias de casación 02/07/2008, radicado 27.964, y 12/02/2009, radicado 29.711, por ejemplo.

(26) Sentencia casación 19/02/2009, radicado 31.077, entre otras.

(27) Declaración del 24/04/2009 CD.

(28) Declaración del 23/06/2010 CD.

(29) Declaración del 09/07/2010 CD.

(30) Declaración del 16/03/2011, trasladada del radicado 31.653 CD.

(31) Declaración del 07/04/2010, trasladada folios 155 y 156, c. o. 3.

(32) Declaración del 14/08/2009 CD.

(33) Declaración del 24/10/2010 CD.

(34) Folios 86 y 87, c. o. 2.

(35) Declaración del 09/07/2010 CD.

(36) Declaración del 23/08/2007 CD.

(37) Declaración del 24/04/2009 CD.

(38) Declaración del 27/05/2009 CD.

(39) Folios 139-158, c. o. 3.

(40) Folios 194-288, c. o. 1.

(41) Declaración del 09/07/2010 CD.

(42) Ver al respecto la sentencia del 01/18/2012 proferida dentro del radicado 32.764.

(43) Sentencia 25/11/2008.

(44) Sentencia 19/12 2007, radicado 26.118.

(45) Auto 14/05/2007, radicado 26.942.

(46) Sentencia 25/11/2008, radicado 26942.

(47) Welzel consideraba que las estructuras lógico objetivas constituían un límite al poder de configuración de legislador. En consecuencia, el legislador no crea las conductas sino que las extrae de la vida social. Por lo tanto, desde ese mismo punto de vista, que el juez no puede desconocer el sentido ni el contenido de las conductas.

(48) Sentencia 09/12/2009, radicado 28.779.

(49) Ver informe del CTI a folios 76-78, anexo 6.

(50) Como puede consultarse en las sentencias de casación de 30/11/2006, 09/04/2008 y 22/09/2010, radicados 23.050, 23.754 y 34.811, respectivamente, entre otras.