ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

CERTIFICACIONES DE LA PROCURADURÍA

EXTRACTOS: «2. Para la época de los hechos estaba vigente el Decreto 1950 de 1973, reglamentario de los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, relacionados con el régimen disciplinario del personal civil que prestaba su servicios en empleos de la Rama Ejecutiva del poder público en lo nacional, con excepción del personal adscrito Ministerio de Defensa. El artículo 140 consagraba como sanciones disciplinarias la amonestación privada, amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensual, suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta (30) días sin derecho a remuneración, y la destitución. A su vez en el artículo 160 se disponía que “en los casos de destitución, en el mismo acto administrativo que la imponga, se determina el tiempo de la inhabilidad para el desempeño de cargos públicos, que no podrá ser mayor de un (1) año”. (negrillas fuera del texto).

Finalmente, el artículo 161 ibídem enseñaba que “toda sanción disciplinaria distinta de la amonestación deberá imponerse mediante providencia motivada, de la cual se enviará copia al jefe de personal para efectos del registro”.

Y, el artículo 166 del referido decreto preceptuaba que “Copias de las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias, se archivarán en la hoja de vida del empleado para efectos del registro de antecedentes e información”. (negrillas fuera de texto).

De las normas antes transcritas, se repite, vigentes para la fecha de la comisión de la falta imputada a B... se deduce que en su hoja de vida podían ser anotadas las sanciones disciplinarias, cualquiera que fuera su género de las previstas en el artículo 140 mencionado pero solamente aquellas contenidas en providencias debidamente motivadas, distintas de la amonestación privada y amonestación escrita con anotación en la hoja de vida ya que éstas no pueden constituir antecedentes disciplinarios con capacidad para inhabilitar al empleado en el desempeño de cargos públicos.

Además, si el artículo 160 del Decreto 1950 de 1973, para la falta más grave, es decir, la de destitución, consagraba una inhabilidad para el desempeño de cargos públicos hasta por un (1) año, ninguna de las otras (multa y suspensión) podrán tener superiores consecuencias, o sea, la virtualidad de inhabilitar por un término de veinte años, para cargos en la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, notarías, alcaldías municipales, etc.

Ley 13 de 1984, mediante la cual se establecen normas relativas a la administración de personal civil y demás servidores en la Rama Ejecutiva del poder público en lo nacional, en su artículo 15 preceptúa que las faltas leves dan origen a la aplicación de sanciones de amonestación escrita sin anotación en la hoja de vida, censura con anotación en la hoja de vida o multa que no exceda la quinta parte del sueldo mensual. El concurso formal o material de faltas leves, las faltas graves o la reincidencia en faltas leves, dan origen a la aplicación de las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta (30) días sin derecho a remuneración, o a la destitución.

Entonces, la amonestación escrita no puede figurar en la hoja de vida del empleado; la censura con anotación en ella y la multa solamente pueden figurar durante doce (12) meses, para ser apreciadas en su conjunto y determinar la categoría de la nueva sanción a imponer, vencidos los cuales, deben desaparecer en atención a lo preceptuado en el artículo 44 del Decreto 482 de 1985, reglamentario de la Ley 13 de 1984 que consagra las mismas sanciones pero, en su inciso final, enseña que “Para efectos de la reincidencia en las faltas leves se tendrán en cuenta las faltas cometidas por el empleado en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la comisión de la que se juzga”.

Si las faltas leves que dan origen a la censura con anotación en la hoja de vida y multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensual, no pueden ser tenidas en cuenta sino por doce (12) meses para la aplicación de una nueva sanción, no existe razón valedera para que figuren en las certificaciones que se expidan por petición del interesado o de cualquier autoridad pública, pues ello vulnera el derecho constitucional fundamental previsto en el artículo 15 de la Carta Política.

3. El Decreto 2164 de 1989 que regula el régimen disciplinario para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, expedido de acuerdo a las facultades extraordinarias conferidas al señor Presidente de la República en la Ley 43 de 1988, en su artículo 18 clasifica las sanciones en amonestación simple con anotación en el folio de vida, amonestación severa con anotación en la hoja de vida, multa entre el diez (10) y treinta (30) por ciento de la asignación básica mensual vigente cuando quede en firme la providencia que la impuso, suspensión en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración de cinco (5) a setenta (70) días, y la destitución, modificando las normas anteriormente citadas a partir del 20 de septiembre de 1989, o sea, aplicable exclusivamente a los hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia.

El artículo 23 del referido Decreto 2164 del 89 prescribe que “la sanción de destitución acarrea inhabilidad para el desempeño de funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años y se decretará en la misma providencia que determine la separación del cargo”, es decir, en aquellos casos por hechos ocurridos con posterioridad al 20 de septiembre de 1989. Exclusivamente la sanción de destitución acarrea inhabilidad para ocupar cargos públicos de uno a cinco años, sanción que le será impuesta en la misma providencia en la que se decrete la destitución. Por ello, no admite duda que cualquier registro con capacidad de probar la inhabilidad para el desempeño de cargos públicos de los servidores a que se refiere esta norma, no podrá subsistir por un tiempo superior al determinado en la ley y menos, en tratándose de sanciones distintas a la de destitución como ocurre en el caso sometido a consideración de la Corte.

4. Con relación a las anotaciones de antecedentes disciplinarios en la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, se tiene:

El Decreto 1660 de 1978 en su artículo 8º consagra las inhabilidades para ser designado como funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público o de las direcciones de instrucción criminal, a ningún título entre otras, “... 6. Quienes ... por falta disciplinaria, hayan sido destituidos o suspendidos por segunda vez, o sancionados por tres veces cualesquiera que sean las sanciones ...” y en el parágrafo correspondiente enseña que “el término de las inhabilidades a que se refieren los numerales 5º, 6º y 7º, será de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la providencia que disponga la destitución o de la expiración del término de suspensión” (negrillas fuera de texto).

A su vez el Decreto 2400 del 29 de julio de 1986 (publicado en el Diario Oficial Nº 37571 del 1º de agosto de 1986), en su artículo 211 tenía previsto que “La Procuraduría General de la Nación a través de la división de registro y control, expedirá el certificado de antecedentes disciplinarios, en un plazo máximo de 20 días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la solicitud. El certificado deberá referirse a los últimos 5 años”, es decir, que si la sanción de multa que se le impuso a B... por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa lleva fecha de 3 de junio de 1981, es claro que pasados cinco (5) años, a partir de la vigencia del Decreto 2400 de 1986, los certificados sobre registros de sanciones disciplinarias deben expedirse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 211 transcrito en lo pertinente (negrillas fuera de texto).

Si bien es cierto que el Decreto 2400 de 1986 fue derogado por el 052 de 1987, con excepción de los artículos 67, 188 a 194, 201, 206 y 207 y que en este último estatuto, como el 1888 de 1989 que lo sustituyó en la mayoría de sus disposiciones, y, finalmente el Decreto 2281 de 1989 que modificó el artículo 3º del 1888 de 1989, con base en las facultades otorgadas en la Ley 30 de 1986, no reprodujeron el artículo 211 del Decreto 2400 del 86, también lo es que el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989 (inhabilidades e incompatibilidades), en su literal d) enseña que “Quienes hayan sido condenados por delito doloso. Esta inhabilidad subsistirá durante los cinco (5) años posteriores al cumplimiento o extinción de la respectiva pena y en el literal g), contempla la inhabilidad para ocupar cargos públicos a “Quienes por falta disciplinaria hayan sido destituidos, o suspendidos por tercera vez de un cargo público y dentro de los cinco (5) años anteriores ...”, es decir, que mantiene la restricción para ser designado y ejercer un cargo público exclusivamente, entratándose de sanciones disciplinarias, a quienes registren como antecedente una destitución o tres suspensiones, dentro de los cinco (5) años anteriores, indicando con ello que los registros superiores a dicho término no tienen razón de existir y por tanto, resultaba innecesario reproducir la norma del Decreto 2400 de 1986 ya transcrita.

5. La Resolución 5 del 23 de mayo de 1990 emanada de la Viceprocuraduría General de la Nación, consagra en su artículo 4º que

“El registro tendrá por objeto expedir al interesado o autoridades que así lo requieran los certificados de antecedentes disciplinarios tendientes a demostrar la inexistencia de inhabilidades para el ejercicio de cargos en las ramas del poder público y organismos especiales de la administración o aquellos que impliquen transitoriamente el ejercicio de funciones públicas” .

En su artículo 5º establece que

“Serán objeto de registro tanto las sanciones consagradas en los estatutos generales como las establecidas en los regímenes especiales, salvo aquellas que no constituyan antecedentes disciplinarios”.

Finalmente, en su artículo 10 se contempla que

“El certificado contendrá los antecedentes registrados durante los últimos cinco anos, pero comprenderá un término superior cuando el solicitante así lo invoque o su destino sea d de demostrar la existencia de inhabilidad para desempeñar cargos con régimen especial. En el evento de no existir anotación al respecto, así se certificará” (negrillas fuera de texto).

Conclúyese de lo anterior, que los certificados expedidos por la Procuraduría para cualquier fin, sólo podrán contener las sanciones disciplinarias impuestas en providencia motivada, dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria. pues si pasado este término, se repite, de acuerdo a las disposiciones antes mencionadas, dejan de producir efectos de inhabilidad. Dicha resolución en cuanto establece que para efectos de inhabilidades para desempeñar cargos públicos comprenderá un término superior al ya mencionado resulta inaplicable por cuanto contradice el espíritu de la Constitución y la ley, con violación de los derechos constitucionales fundamentales previstos en los artículos 15 y 25 de la Carta Política.

Según lo preceptúa el inciso 2º del artículo 2º de la Carta Magna, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, razón por la cual, la tutela pretendida por el actor, como bien lo destacó el Tribunal de instancia en su fallo debe prosperar a fin de que la Procuraduría General de la Nación, como ya lo hizo en cumplimiento de la sentencia recurrida, en lo sucesivo expida los certificados de antecedentes disciplinarios referidos a las anotaciones que le figuren en los últimos cinco (5) años, pues hacerlo por mayor tiempo, implica que B... eventualmente pueda ser rechazado en su aspiración de ocupar un cargo dentro de la administración de justicia o en la administración pública.

(...).

Cabe anotar que las entidades públicas pueden registrar todo tipo de sanción disciplinaria, incluso aquellas que no representan antecedente disciplinario, pero no podrán expedir de oficio o a solicitud de funcionario público certificados en que consten tales anotaciones, pues ello atenta contra el derecho constitucional previsto en el artículo 15 de la Carta Política. Solamente podrán hacerse constar, si el propio interesado así lo solicita y con destino exclusivo a él, en cuyo caso, las anotaciones podrán superar los cinco (5) años a que se ha hecho referencia».

(Sentencia de tutela, octubre 28 de 1992. Expediente 317. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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