Sentencia 31729 de junio 17 de 2009

 

Sentencia 31729 de junio 17 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 80

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá D.C., diecisiete de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Sería del caso que la Sala se pronunciara acerca de la admisión formal del libelo presentado por el defensor, pero se evidencia una circunstancia que impide hacerlo por encontrarse extinguida la facultad punitiva del Estado al haber transcurrido el término previsto por el legislador para la prescripción de la acción penal derivada de delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el cual fue condenado César Augusto Jaramillo Trujillo.

Es claro que ante la extraña pérdida del expediente, por cuanto aparece remitido por el Tribunal de Antioquia, pero no obra constancia de haber sido recibido por la Corte Suprema de Justicia para surtir el recurso de casación, debió ser reconstruido.

El carácter teleológico de la figura jurídica de reconstrucción de expedientes pretende eliminar un factor más de impunidad. En ocasiones bien por acción de la naturaleza —piénsese por ejemplo en inundaciones o incendios—, ora por las conductas de personas con intereses perversos que facilitan el extravío de las diligencias con el claro fin de obstaculizar la oportuna y debida administración de justicia, se hace necesario reponer la actuación procesal.

Ante el carácter escritural del diligenciamiento (como el que correspondió al trámite del expediente aquí extraviado), los ordenamientos procesales prevén la forma de hacer tal reconstrucción con el propósito de acreditar su existencia a fin de adoptar las decisiones de fondo que falte por adoptar.

Así el Código de Procedimiento Civil (arts. 133 y ss.) y específicamente en materia procedimental penal el Decreto 2700 de 1991 (arts. 164 y ss.) —bajo el cual se rituó (sic) este asunto—, preceptos reproducidos en la Ley 600 de 2000 (arts. 155 y ss.), disponen la manera cómo debe reconstruirse el expediente ante su pérdida o destrucción al contemplar que el funcionario ante quien se tramitaba debe realizar las diligencias tendientes a ello acudiendo de ser necesario a los sujetos procesales a fin de allegar copia de las providencias que se hubieren expedido, o a las entidades oficiales que las hayan enviado, las cuales harán presumir la existencia de la actuación a que se refieren y las pruebas en que se fundan.

Pero dicho carácter teleológico no se cumple cuando el trámite reconstructivo no se adelanta con prontitud, como efectivamente sucedió en este caso, cuando sólo más allá de los siete años de enviado, el 22 de junio de 2006 se requirió a la Corte para establecer el destino del proceso que aparece como remitido en abril de 1999, pero no allegado a esta corporación, sin que en el entretanto alguno de los sujetos procesales, ni las autoridades judiciales que conocieron del mismo hicieran alguna averiguación al respecto, lo cual habría permitido una reconstrucción oportuna.

Ciertamente, si el artículo 29 del texto constitucional impone como característica del debido proceso su adelantamiento sin dilaciones injustificadas, si bien la pérdida justifica en principio tal dilación, una tardía o demorada reconstrucción del expediente no cumple tal cometido.

Pese a lo anterior, legalmente el trámite de la reconstrucción en manera alguna suspende el término de prescripción de la acción penal, sólo media la salvedad respecto de la privación de la libertad del procesado al establecer que habrá lugar a su excarcelación si pasados ciento sesenta días (160) no se ha calificado el mérito del sumario.

Así las cosas, como la manifestación y ejercicio del poder punitivo tiene límites temporales, resulta diáfano que en este caso operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal regulado en los artículos 83 y ss., de la Ley 599 de 2000 (arts. 80 y ss., del anterior Código Penal, Decreto-Ley 100 de 1980), el cual opera durante la etapa instructiva si transcurre un término igual al máximo de la sanción privativa de la libertad establecida en la ley, pero en ningún caso en un lapso inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20) años y se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación para volver a contarse en la fase del juicio por un tiempo igual a la mitad del establecido para la instrucción, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).

En este caso, de acuerdo con la diligencia de formulación de cargos —la cual equivale a la resolución de acusación—, así como con los fallos, el procesado fue acusado y condenado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes previsto en el inciso 3º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 (modificado por el art. 17, L. 365/97) en razón a que la cantidad de sustancia alcaloide incautada no superó los 2000 gramos de cocaína, acarreando así una penalidad que oscilaba entre cuatro (4) a doce (12) años de prisión. Ese tipo penal fue reproducido en el inciso 3º del artículo 376 de la Ley 599 de 2000 al establecer una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión.

Sea que se adopte el primer precepto que arrojaría un término de prescripción en la fase del juicio de seis (6) años, o que por contemplar una sanción menor para tales efectos y por razón del principio de aplicación favorable de la ley, se adopte el último, que arrojaría un lapso de cinco (5) años, es claro que para el día de hoy ha operado la prescripción de la acción penal toda vez que la diligencia de formulación y aceptación de cargos se cumplió el 17 de julio de 1998, constatación eminentemente objetiva que impone así reconocerlo.

Finalmente, si bien es extraña la desaparición del proceso, en este momento no tendría sentido la compulsación de copias a fin de adelantar la respectiva investigación penal, por cuanto el eventual delito de sustracción o destrucción, supresión u ocultamiento de documento público al prever una penalidad máxima de ocho (8) años lo haría inoperante al también haber prescrito la acción penal si se tiene en cuenta que desde el 19 de abril de 1999 es la fecha a partir de la cual no se tiene noticia del expediente, habiendo así transcurrido ya más de diez (10) años.

En suma, la Corte se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación, pues debe declarar prescrita la acción penal derivada del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes por el cual se acusó a César Augusto Jaramillo Trujillo ordenando, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en su contra.

El juez de primera instancia procederá a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento, así como los registros y anotaciones originados por el mismo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR prescrita la acción penal derivada del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes por el cual se acusó al procesado César Augusto Jaramillo Trujillo, según las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. ORDENAR, en consecuencia, la cesación de procedimiento en favor del enjuiciado César Augusto Jaramillo Trujillo.

3. PRECISAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación tanto de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento, como los registros y anotaciones originados por el mismo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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