Sentencia 31748 de agosto 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 31748

Aprobado Acta 254

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., agosto nueve de dos mil diez.

Vistos

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Wilson Cruz Vela contra el fallo de segundo grado dictado por el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de abril de 2008, confirmatorio del proferido el 30 de enero de 2007 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, a través del cual lo condenó como coautor del concurso de delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte

Como primera medida debe destacar la Sala su disentimiento con la anotación del señor procurador delegado según la cual acorde con el planteamiento propuesto por el libelista la vía correcta para formular el reparo no era la violación directa de la ley sustancial sino la indirecta habida cuenta en la censura se discrepa sobre la valoración de las pruebas, por lo que ha debido enderezar la censura desarrollando un error de hecho por falso raciocinio.

Y aun cuando, como bien lo precisa el representante de la sociedad, no es este el momento oportuno para abordar esa discusión, pues, según lo tiene sentado la Sala, una vez la demanda ha sido admitida se considera superado el tema referente a los defectos lógico argumentativos que pueda evidenciar adquiriendo el casacionista el derecho a obtener una decisión de fondo del asunto, en este caso se estima necesario adentrarse brevemente en ello por no ser verdad que la demanda acuse el defecto enrostrado por el procurador.

Ciertamente, no solo se debe anclar en tal conclusión partiendo de que el censor fue reiterativo en indicar que no discutiría los hechos y las pruebas de la forma cómo fueron aceptados por el juzgador al estilo de una tercera instancia, sino porque fue consecuente con ese propósito a lo largo del planteamiento al ventilar una típica discusión en derecho. En efecto: el actor propone que aún partiendo de la valoración probatoria del ad quem en torno al dicho de Luis Carlos Mendoza Otavo, el que fuera vital para adjudicar la responsabilidad de su defendido en la concurrencia delictiva, no es viable extenderla al delito de homicidio agravado en la persona del plagiado Germán Ortiz Novoa.

Es decir, el recurrente no controvierte la credibilidad otorgada por los juzgadores a esta versión en cuanto informa que Wilson Cruz Vela fue quien, prevalido de su conocimiento y grado de confianza con la víctima, comunicó al resto de integrantes de la banda el momento exacto en el cual podían secuestrarlo, sino que a partir de ese aporte a esta conducta criminal no se lo puede responsabilizar por el injusto contra la vida que más adelante se consumó, el cual, desde su punto de vista, solo es imputable a sus ejecutores materiales, esto es, a los integrantes de la banda a cuyo cuidado quedó en el lugar a donde fue remitido Ortiz Novoa, por constituir un acto que extralimitó o rebasó los términos del acuerdo criminal y por el que solamente ellos deben responder.

Por otro lado, las posteriores referencias probatorias del actor están dirigidas a corroborar los términos de dicho acuerdo, coincidiendo en ello con la ponderación de los juzgadores, pues recuérdese que, como lo ha dicho la Sala, la mera referencia probatoria no implica necesariamente fijar la controversia en lindes de la violación indirecta de la ley sustancial.

Elucidado lo anterior, procederá la Corte, sin más preámbulos, a dar respuesta de fondo a la censura formulada en la demanda.

Como el tema está ligado al cumplimiento de los presupuestos de la denominada coautoría impropia, también denominada coautoría funcional, dominio del hecho funcional o simplemente coautoría, modalidad en la cual se estableció la responsabilidad de Cruz Vela, bien está recordar sus elementos a luz de la jurisprudencia de la Sala, es decir, la existencia de un acuerdo común, la división de tareas y la esencialidad del aporte, coincidiendo al respecto con la doctrina mayoritaria autorizada:

“Acuerdo significa conformidad, asentimiento, reflexión y madurez de determinación.

División quiere decir separación, repartición.

Aportar, derivado de “puerto”, equivale a llegar o presentarse a un lugar, hacer algo en pro de un fin común.

... Las anteriores exigencias coinciden con las generalmente adosadas, antes y ahora, a la coautoría, vale decir, acuerdo y decisión plural; sentimiento de actuar en una obra propia inserta en una labor global, común; comportamiento signado por esa directriz, o co-dominio del hecho; y aporte de algo importante durante la ejecución del delito, todo ello, desde luego, mirado objetiva y subjetivamente.

Observado el fenómeno de otra forma, para hablar de coautoría son indispensables dos exigencias, una subjetiva y una objetiva.

El aspecto subjetivo de la coautoría significa que:

Uno. Los comuneros se pongan de acuerdo, planifiquen la comisión del ilícito y, de consuno, decidan su perpetración.

Dos. Cada uno de los comprometidos sienta que formando parte de una colectividad con un propósito definido, el hecho es suyo, pero incluido dentro de una obra mayor, global, es decir, perteneciente, imbricada, realizada por todos los concurrentes o, dicho con otras palabras, la persona debe sentir que cumple tareas en interdependencia funcional.

La fase objetiva comprende:

Uno. El co-dominio funcional del hecho, entendiendo por tal que los varios individuos, sin sometimiento, dependencia o subordinación de uno o unos de ellos a otro u otros de ellos, se dirijan a la misma finalidad con un comportamiento esencial, mirado no en términos absolutos sino relativos.

Por conducta esencial se debe entender, primero, que sin ella es imposible cometer el hecho; o, segundo, que si una de las personas se opone o entra en divergencia con las otras, pueda hacer fracasar el plan, molestarlo o variarlo en su desarrollo; o, tercero, que la intrusión de las personas no debe ser meramente casual, accidental o secundaria.

Dos. Aporte significativo durante la ejecución del hecho, es decir, prestación de algo trascendente para su comisión, servicio importante que cada uno de los concurrentes presta a la gesta delictiva.

Esa contribución común en pro del mismo fin puede ser material o moral ‘espiritual’, por ejemplo cuando, en esta última hipótesis, la presencia definida de uno de los comuneros refuerza o estimula el cumplimiento del plan trazado, presiona y multiplica las energías de los otros, apoya al resto, reduce las defensas de la víctima, aumenta la intimidación padecida por esta, incrementa la agresividad de los otros autores o comporta una mayor seguridad para estos en cuanto, vgr., la cantidad de sujetos intensifica el amedrantamiento que sufre la persona objeto de la acción, etc.

Y el aporte durante la ejecución del hecho quiere decir que la prestación que hace la persona debe ocurrir, total o parcialmente, entre el momento en que se inicia la realización del verbo rector que guía la conducta criminal y el logro de la consumación. De esta manera, el comportamiento frente a la pura ideación delictiva o a los actos preparatorios, no constituye coautoría, como tampoco aquel subsiguiente a la consumación o al último acto en materia de tentativa de delito”(2) .

Ahora bien, como en el caso que se somete a estudio ningún reparo surge en cuanto a que Wilson Cruz Vela actuó como verdadero coautor en el delito de secuestro perpetrado en la persona de Germán Ortiz Novoa, tópico que pacíficamente acepta el casacionista tras resultar incontrastable la existencia de un acuerdo común en tal sentido, la distribución de tareas para lograr ese designio y la importancia de su aporte, ninguna disquisición se efectuará sobre ese particular, debiendo centrarse la atención exclusivamente en determinar si resulta válido imputarle responsabilidad en el delito de homicidio agravado de la víctima, el que fuera materialmente cometido poco después por los también integrantes de esa empresa criminal a cuya custodia quedó el plagiado en una cancha de tejo cercana de donde fue sustraído.

La problemática planteada, entonces, se circunscribe a establecer si esa conducta debe ser atribuida a Cruz Vela en virtud del principio de imputación recíproca inherente a la coautoría, el cual opera, como lo tiene sentado la Sala, “cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores es extensible a todos los demás, sin perjuicio de que las otras contribuciones individualmente consideradas sean o no por sí solas constitutivas de delito”(3).

El principio se deriva de la naturaleza misma de la coautoría en donde cada uno de los intervinientes realiza una parte del delito (aporte) cuya articulación permite alcanzar el designio propuesto en el acuerdo común, por lo que “a cada uno de los agentes no solo se le imputa como propio aquello que ejecuta de propia mano, sino también la conducta de los demás intervinientes. Por lo tanto, en esta forma de realización del delito, las diferentes aportaciones al hecho se engloban en un único hecho contrario a deber, del que responde cada uno de los coautores como si lo hubiera cometido solo”(4).

Este principio, a su turno, se resquebraja cuando el interviniente desborda los términos del acuerdo, cuando se excede respecto de lo pactado inicialmente, en cuyo caso, como lo advierte el profesor Roxín, el perpetrador “obra como autor único directo o, si se sirve de un compañero que nada sabe, como autor mediato”(5).

Para el casacionista atribuir dicha conducta a su defendido implica endilgarle un resultado típico que no hizo parte del acuerdo común inicial, ni de la división de trabajo y respecto del cual tampoco tuvo dominio funcional, en tanto la decisión la tomaron única y exclusivamente quienes se quedaron cuidando al plagiado. Por su parte, el Procurador Delegado se opone a esa argumentación, pues estima, en términos generales, que ese resultado típico sí le es atribuible porque es evidente que cuando se priva a una persona de su libertad, siendo uno de los bienes más preciados del ser humano, es apenas lógico que el plagiado pueda ofrecer resistencia, por lo tanto ese resultado es aceptado tácitamente por los coautores; además, porque, a diferencia de lo expuesto por el actor, la prueba demuestra que el procesado no se desvinculó del actuar criminal.

Para la Sala, no se remite a duda que el fundamento de la imputación recíproca de las conductas realizadas por los intervinientes estriba, necesariamente, en que haya hecho parte del acuerdo común (pactum scaeleris) o que se acepte como parte del mismo para asegurar el resultado, pues, como lo enseña Muñoz Conde: “Cada coautor responde del hecho, siempre que este permanezca en el ámbito de la decisión común acordada previamente(6). En consecuencia, procede establecer cuáles fueron los términos del acuerdo en este caso.

En tal sentido, señaló en su indagatoria William Marroquín Gaitán que “yo era el propietario del campo de tejo El Boyacense, donde íbamos a tener a la víctima secuestrada, obvio que no me podía dejar por fuera porque se necesitaba el establecimiento para guardar a don Germán Ortiz Novoa, ahí pensábamos tenerlo durante el tiempo que fuera posible, habíamos hablado que lo tendríamos ocho días, y luego lo sacábamos para otro lado, no sé a donde. Eso no se lo comentan a uno” (resaltado fuera de texto).

A partir de esta referencia concreta expresada por quien es considerado como uno de los cabecillas del colectivo criminal, pareciera que el acuerdo se limitaba a secuestrar a la víctima. Sin embargo, elementos de juicio obrantes en la actuación permiten colegir que la organización, dedicada al recurrente secuestro de personas(7), en ocasiones las ejecutaba, lo cual no configuraba obstáculo para continuar, de forma indolente, con la petición económica a sus familiares.

Así sucedió, no solo en el caso objeto de esta actuación, en donde el denunciante Pedro Guillermo Ortiz Nova, consanguíneo del occiso, continuó recibiendo llamadas en las que se le exigía el pago de una alta suma de dinero por la liberación de su hermano aún después de la ejecución, sino que igual lo hicieron con el taxista Franklin Aguilar Coy, a quien luego de plagiar también decidieron ultimar, desmembrando y calcinado su cuerpo, no obstante —con una sistemática similar a la aquí realizada— perseveraron en la solicitud económica a su cónyuge(8).

Además, si como bien lo explica el procurador delegado el acto fue producto de un exceso de los sujetos que se encargaron de la custodia de la víctima, quienes supuestamente molestos con su reacción optaron por asfixiarlo, no se entiende la razón para que otros integrantes de la organización, encabezados por el confeso William Marroquín Gaitán, se hubieran encargado del ocultamiento del cadáver, sepultándolo cubierto con una capa de concreto que dificultaba su hallazgo.

De esta forma la Sala entiende que en el caso sub exámine el acuerdo común de los coautores no solo contemplaba el secuestro de la víctima sino que asumía como probable el homicidio, acto que, por tanto, se debe imputar a todos los integrantes del colectivo criminal.

Y no se podrá decir que Cruz Vela desconocía esos términos del acuerdo, pues, como lo indicó el coprocesado Luis Carlos Mendoza Otavo, el motivo de aquel para proponer a William Marroquín llevar a cabo el secuestro de Germán Ortiz Novoa fue porque “Wilson Cruz sabe o ha conocido siempre a William Marroquín como delincuente, así como todos sabemos que William es delincuente; él ha participado más que todo en hurtos, piratería y en el secuestro que él hizo, él vivía diciendo que iba a hacer un secuestro”(9).

Se colige de esta manifestación, por tanto, que Cruz Vela era conocedor de los alcances y modus operandi de la organización delictiva y pese a ello propuso a Marroquín Gaitán la realización del secuestro en la persona de Germán Ortiz Nova.

En cuanto al argumento del actor en orden a que su defendido careció de dominio sobre el hecho luego de la sustracción de la víctima, este se ve refutado merced a aparecer varias llamadas realizadas en días posteriores a este suceso desde su celular al del móvil del multicitado William Marroquín Gaitán y al de otros integrantes de la empresa tales como Pedro Caifas y Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, este último, como bien lo recuerda el representante de la sociedad, quien fuera el encargado de efectuar las llamadas extorsivas a los familiares de la víctima(10), situación que desmiente su pretextada desconexión con la banda criminal.

De suerte que aun cuando el aporte de Cruz Vela a la empresa delictiva ponderado individualmente no evidencia intervención material o causal directa en la conducta homicida, tampoco lo exonera de responder por su comisión como coautor, en la medida en que, según está suficientemente demostrado, tal fin se aceptó como posible para lograr el designio criminal propuesto.

Finalmente, dígase que la Corte no comparte el argumento del censor de acuerdo con el cual entre las conductas cometidas (secuestro-homicidio) debe existir inmediación, toda vez que el referente preciso para establecer la imputación radica en los términos del acuerdo, pudiendo ocurrir, por ejemplo, que se haya pactado que si dentro de un tiempo determinado no se logra llegar a un arreglo económico o de cualquier otra índole para la liberación de un secuestrado se proceda a su ejecución, en cuyo caso no se podrá alegar que la conducta solo es imputable a los perpetradores materiales, sino a todos los coautores, en tanto hace parte, se repite, del acuerdo, a pesar de transcurrir un lapso entre el segundo resultado típico y el inicial.

Baste lo expuesto para inferir la improsperidad del único reparo contenido en la demanda presentada por el defensor del procesado Wilson Cruz Vela.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencia de fecha agosto 21 de 2003, Radicado 19213.

(3) Sentencia de 2 de julio de 2008, Radicado 23438. En el mismo sentido sentencia de 18 de marzo de 2009, Radicado 26631 y auto de 9 de noviembre del mismo año Radicado 28289.

(4) Urs Kindhäuser, Cuestiones fundamentales de la coautoría, traducción de Manuel Cancio Melía, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 7.

(5) Claus, Roxín, Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1998, pág. 315.

(6) Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant Lo Blanch, 2ª. Edición, Valencia (Esp.), 1996, pág. 456.

(7) Según informes de inteligencia esta organización criminal es responsable, al menos, de los secuestros de Oscar Corrales, Alfredo Arbeláez, Franklin Aguilar Coy y del menor WRSP, (fls. 5 y 19 del cdno. 1).

(8) Informe de captura, entre otros, de William Marroquín Gaitán, a folio 5 cuaderno 1.

(9) Fl. 5 del cuaderno 4.

(10) Fls. 149 y ss. del cuaderno 2 y 137 y ss. del cuaderno 3. Así mismo, informe de inteligencia de 28 de septiembre de 2004, a folio 131 del cuaderno 3.