Sentencia 3185 de julio 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

INHABILIDAD ELECTORAL POR CONDENA PENAL

LA SENTENCIA DEBE ESTAR EJECUTORIADA ANTES DE LA ELECCIÓN

EXTRACTOS: «La pretensión principal de la demanda está dirigida a obtener la nulidad de la elección del señor Juan Carlos Claros Pinzón como gobernador del departamento del Caquetá, para el período 2004 - 2007, contenida en el acta parcial de escrutinio de votos para gobernador, de los delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento de Caquetá, del 10 de noviembre de 2003 —Formulario E-26 AG— (fls. 73 a 81). En consecuencia, la Sala entra a examinar los cargos formulados contra ese acto administrativo de elección.

Primer cargo: violación del artículo 30, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000.

A pesar de que la demanda plantea varios cargos es evidente que el principal, del cual se derivan otros reproches, es el relacionado con la inhabilidad contemplada en el artículo 30, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000. Por lo tanto, la Sala comenzará por estudiar ese planteamiento.

El demandante sostiene que el señor Claros Pinzón se encontraba inhabilitado para ser elegido gobernador de Caquetá porque fue condenado mediante sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia a pena privativa de la libertad por el delito de peculado por uso.

La norma que invoca el demandante dispone lo siguiente:

“De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas” (subrayas fuera del texto).

En lo pertinente para este asunto, resulta evidente que el legislador señaló como causal de inhabilidad para ser inscrito, elegido o designado gobernador, el hecho de haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con la excepción de los delitos políticos o culposos. Entonces, para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio es necesario demostrar la existencia de la condena que reúna los siguientes supuestos: i) que se hubiere producido en cualquier época, pero antes de la inscripción, designación o elección, ii) que se hubiere proferido mediante sentencia judicial, iii) que se refiera a pena privativa de la libertad y, iv) que no se origine como consecuencia de delitos políticos o culposos.

El primer supuesto no solo deriva de la interpretación literal del artículo 30, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, que se refiere a la condena en cualquier época, sino también de la hermenéutica sistemática de aquella, en cuanto permite concluir que para configurar esta causal de inhabilidad es necesario que la condena judicial sea anterior a la inscripción, designación o elección. Ahora, a pesar de que, en principio, podría pensarse que la norma contiene un elemento intemporal que expresamente refiere la condena a cualquier época y que, por lo tanto, podría generar la inhabilidad aun con posterioridad a la elección o designación, lo cierto es que el concepto mismo de inhabilidad permite desestimar ese argumento. En efecto, como lo ha señalado esta sección en reiteradas oportunidades las inhabilidades son "prohibiciones para que alguien sea elegido o nombrado. Son anteriores a la elección y de prosperar llevan a anular el acto administrativo declaratorio de la elección o nombramiento. Es defecto o impedimento para ser elegido o nombrado en un cargo o para ocuparlo” (1) . Entonces, si la condena judicial se produce con posterioridad a la elección o designación —no después de la inscripción y antes de la elección—, es obvio que no existe prohibición para ser elegido y, por consiguiente, no existe inhabilidad.

De todas maneras, como lo ha dicho esta sección “las causas de inhabilidad, cuando son circunstancias anteriores, hacen nulo el nombramiento o la elección de que se trate, y la nulidad que determinan es vicio de origen, no así las incompatibilidades, que son circunstancias posteriores, y sus consecuencias, entonces, son otras, generalmente de carácter disciplinario” (2) .

En consecuencia, la condena judicial que puede originar inhabilidad para acceder al cargo de gobernador pudo haberse producido en cualquier época, pero antes de la inscripción, designación o elección.

En relación con el segundo supuesto, esto es, que la condena sea impuesta en sentencia judicial es indispensable averiguar a partir de qué momento puede decirse que hay condena judicial. Dicho de otro modo, al estudiar este requisito es indispensable averiguar cual es el momento a partir del cual se puede afirmar que una persona fue condenada judicialmente.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución, solo las condenas proferidas en sentencia judicial definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales.

En igual sentido, el artículo 7º de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, actualmente vigente, señala:

“Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.

En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.

Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales” (subrayas fuera del texto).

Haciendo referencia al principio de la presunción de inocencia, la Corte Constitucional dijo:

“...la presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tenga ese carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver serios cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un fallo se le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo), esta cuestión debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa juzgada” (3) .

Lo anterior evidencia que una persona solo puede considerarse condenada judicialmente cuando existe sentencia definitiva o ejecutoriada que le impute responsabilidad penal.

Ahora, al tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, “las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes". En consecuencia, por regla general, si en desarrollo del derecho de defensa y contradicción se interpusieron los recursos señalados en la ley, la sentencia no se encuentra en firme y, por ende, aún no existe condena judicial definitiva.

En especial, en relación con el tema que ocupa la atención de la Sala, esto es, de si la casación suspende la ejecutoria de las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, dispone:

“Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (el Tribunal Nacional), el Tribunal Penal Militar y el Tribunal Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que retina los demas requisitos exigidos por la ley” (subraya fuera del texto).

Esa misma norma se encontraba en el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, ”por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal”, que modificó el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991.

La expresión ”ejecutoriada” contenida en los artículos 205 del Código de Procedimiento Penal y 218 del Decreto 2700 de 1991, con la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en consideración con los siguientes argumentos:

“...observa la Corte que el legislador no modificó, en teoría, los fines de la casación, que literalmente siguen siendo los mismos, aunque su espíritu, como ya se ha anotado, dista mucho de identificarse con el anterior, ni varió el tribunal competente para avocarlo y resolverlo. Sin embargo, al quitarle el carácter de recurso extraordinario y convertirlo en una acción (aunque no la denomine así) que procede contra sentencias ejecutoriadas violó la Constitución, como pasa a demostrarse. (...)

Si se dicta una sentencia que adolece de vicios o errores de derecho se viola el debido proceso, pues tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no solo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena diferente de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a la comunidad toda que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad.

Esta la razón para que se haya instituido un medio de impugnación extraordinario, con el fin de reparar el error y los agravios inferidos a la persona o personas que puedan resultar lesionadas con la decisión equivocada de la autoridad judicial. Si ello es así, ¿cómo no aceptar que tal reparación se produzca antes de que se ejecute la sentencia equivocada?

La materialización de la justicia, tal y como cada ordenamiento la concibe, es el fin esencial del debido proceso.

Consecuente con lo anterior, si los fines de la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible (a la luz de nuestra norma superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el agravio sea irreversible. Nada más lesivo de los principios de justicia, libertad, dignidad humana, presunción de inocencia, integrantes del debido proceso y especialmente significativos cuando se trata del proceso penal. (...)

...es pertinente agregar que, según la ley demandada, mientras se resuelve la casación, la persona adquiere la categoría de condenado y se encuentra entonces sujeta a todas las consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y aun patrimoniales, que de ello se derivan. ¿Es esto constitucionalmente legítimo? Para la Corte es evidente que no, pues si una sentencia no ha sido expedida conforme a los mandatos superiores o a la ley por adolecer de errores sustanciales de derecho, no puede en manera alguna, consolidar una situación jurídica que puede resultar de efectos nocivos irreparables para los derechos esenciales de las personas.

Y, como bien lo anotó en la audiencia pública que se celebró en esta Corte uno de los intervinientes, los daños inferidos al condenado injusta o ilegalmente, aplicando la nueva ley, serían aún más lesivos si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 248 de la Carta esa condena se asume como definitiva, con todas las consecuencias negativas que ello implica, constituyendo antecedente penal que debe registrarse en el historial del afectado.

Por estas razones, las normas acusadas al establecer que la casación procede contra sentencias ejecutoriadas vulneran también el derecho a la libertad, principio rector del debido proceso“ (4) .

De lo anterior es posible deducir dos conclusiones. La primera, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “ejecutoriada” contenida en los artículos 205 del actual Código de Procedimiento Penal y 218 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 1º, de la Ley 553 de 2000, las sentencias de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que son objeto de casación penal no están ejecutoriadas cuando se interponga dicho recurso, pues solo adquieren firmeza cuando se resuelve el recurso de casación. La segunda, la casación suspende la ejecutoria de la sentencia condenatoria mientras se decide en forma definitiva dicho recurso. En otras palabras, mientras se surte el trámite de la casación aún no puede hablarse de sentencia condenatoria, por cuanto la decisión judicial no está en firme. Y, en consecuencia, se puede afirmar que una persona fue condenada judicialmente cuando existe sentencia ejecutoriada en tal sentido.

En cuanto al supuesto relacionado con la condena a pena privativa de la libertad debe tenerse en cuenta que la inhabilidad objeto de estudio esta referida exclusivamente a la pena principal que consiste en la privación de la libertad. Obviamente, ello no significa que la inhabilidad solamente se configura cuando el demandado hubiese sido efectivamente detenido, pues, de conformidad con la ley penal, existen circunstancias de extinción de la pena o de suspensión condicional de la ejecución de la pena, que si bien es cierto impiden la privación de la libertad no lo es menos que no borran la condena penal. De este modo, la extinción o la suspensión condicional de la ejecución de la pena se refieren a la efectividad de la pena. Entonces, el hecho de que se hubiere extinguido la pena no implica que hubiere desaparecido la responsabilidad penal ni que se hubiere suprimido la condena judicial que, de acuerdo con el artículo 30, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, inhabilita para ser elegido gobernador.

Con base en lo anterior, la Sala estudiará los elementos probatorios que reposan en el expediente dirigidos a demostrar la existencia de la causal de inhabilidad objeto de análisis.

Se encuentra demostrado que mediante sentencia del 13 de marzo de 2002, la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, revocó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad y, en su lugar, condenó al señor Juan Carlos Claros Pinzón como cómplice penalmente responsable del delito de peculado por uso a la penal principal de 10 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por igual período (fls 204 a 233).

Contra esa decisión se interpuso recurso de casación excepcional, el cual se resolvió por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 19 de noviembre de 2003, en el sentido de “inadmitir las demandas de casación presentadas por el defensor de los procesados...”. Contra ese auto se formuló recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante auto del 11 de diciembre de 2003. Y, por auto del 18 de diciembre de 2003, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió abstenerse de decidir sobre la solicitud de nulidad del auto del 19 de noviembre de ese año, presentada por el señor Claros Pinzón (fls. 204 a 300).

De otra parte, atendiendo la solicitud de información que, mediante auto del 29 de marzo de 2004, el magistrado ponente de este asunto dirigió a la señora magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ponente de la casación número 20.308, la secretaria de esa Sala certificó lo siguiente:

“La sentencia proferida por la Sala de decisión del Tribunal Superior de Florencia, quedo ejecutoriada materialmente el 11 de diciembre de 2003, fecha en la que se negó el recurso de reposición, interpuesto contra la decisión que inadmitió la demanda de casación excepcional. En consecuencia, se reitera, agotado el tramite casacional y, por consiguiente, ejecutoriada materialmente la decisión contra la cual se interpuso la impugnación, el fallo de segundo grado adquirió fuerza de cosa juzgada, tal como la Corte, tuvo ocasión de precisar, en la providencia proferida el 25 de febrero del presente año, cuya fotocopia adjunto” (fl. 152).

De este modo se tiene que, efectivamente, antes de la elección del demandado como gobernador del departamento de Caquetá, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Florencia lo condenó a pena privativa de la libertad por un delito que no es culposo ni político (la sentencia fue proferida el 13 de marzo de 2002 y la elección se produjo el 26 de octubre de 2003). Sin embargo, tanto en la fecha en que se produjo la inscripción como en la de la elección (la primera el 5 de agosto de 2003 y la segunda el 26 de octubre de ese año —folios 81 y 82—), la sentencia no se encontraba en firme. En otras palabras, aún no existía condena declarada mediante sentencia judicial definitiva, pues aún se encontraba en trámite la demanda de casación formulada por el demandado, la cual suspendió la ejecutoria de la sentencia proferida por el tribunal.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que no se presentó uno de los supuestos sine qua nonpara que se configure la inhabilidad que invoca el demandante. Por consiguiente, el cargo no prospera».

(Sentencia de 22 de julio de 2004. Expediente 3185. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

(1) Sentencia del 2 de marzo de 2002, expediente 2745. En este mismo sentido, sentencias del 15 de septiembre de 1995 y 6 de abril de 2000, expedientes 1383 y 2364, respectivamente.

(2) Sentencia del 6 de abril de 2000, expediente 2364.

(3) Sentencia C-252 de 2001.

(4) Sentencia C-252 de 2001.

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