Sentencia 3189 de abril 1º de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 3189 electoral

Rad.: 2520012331000200300175 01

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Luis Fernando Gaviria Giraldo

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: « Designación de jurados de votación

“La norma transcrita muestra que los registradores municipales deben designar 6 jurados de votación, de tal forma que se garantice la presencia de los mismos en cada mesa de votación, en tanto que resulta evidente que la designación de los jurados de votación es una función propia de la preparación de las elecciones que requiere la adopción de medidas necesarias para ello.

De otra parte, no debe olvidarse que a pesar de que si bien es cierto el artículo 105 del Código Electoral dispone que “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación”, no lo es menos que el artículo 108 del Código Electoral dispone causales de exoneración de sanción por la no asistencia del jurado, con lo cual se infiere de manera evidente que existen causas que justifican la inasistencia de una persona a ejercer la función de jurado de votación.

En este orden de ideas, se tiene que el hecho de que se hubieren designado jurados de votación un día antes de la elección o, incluso, el mismo día de ella, no sólo no viola las normas que se invocan como vulneradas sino que se ajusta perfectamente a ellas porque esas decisiones se profirieron para garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales”.

Votación de jurados de votación cuyas cédulas no se encontraban en el censo electoral.

“Eso significa, entonces que, de acuerdo con las normas a que se hizo referencia, un ciudadano puede votar por autoridades nacionales o departamentales en el lugar donde considere conveniente, pero para sufragar por autoridades locales o para tomar decisiones de ese carácter, sólo puede hacerlo en el municipio donde reside y en el puesto de votación donde, conforme al censo electoral, está autorizado para votar.

Lo anterior es especialmente relevante para la votación por autoridades locales, pues el artículo 316 de la Constitución dispone que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”. Y, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, “para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquélla en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral”. Esa norma agrega que “se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio”.

El anterior análisis permite inferir dos conclusiones. De un lado, sin excepción, en la elección de alcaldes sólo pueden participar los ciudadanos inscritos en el censo electoral del respectivo municipio, pues por disposición de la ley, ese es el lugar donde se presume que tienen su residencia electoral. De otro lado, por regla general, los ciudadanos inscritos en el censo electoral sólo están autorizados para sufragar en el puesto de votación donde se hubieren inscrito y en la mesa de votación asignada por la organización electoral. En efecto, esta última regla tiene excepciones legales que autorizan la votación de ciudadanos en mesas y puestos de votación diferentes a las señaladas por la organización electoral, tal es el caso de los jurados de votación.

Específicamente en relación con el voto de los jurados de votación debe tenerse en cuenta lo siguiente:

De un lado, si el ejercicio del cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación (Código Electoral, art. 105) y, de otro, si los ciudadanos sólo pueden votar en el municipio donde residen y en el puesto de votación donde se inscribieron (arts. 78 y 81 del Código Electoral), resultaría que en la mayoría de los casos los jurados no podrían ejercer su derecho al sufragio porque el ejercicio del encargo ocupa todo el día de elecciones, de tal forma que le impediría trasladarse al sitio donde tiene inscrita su cédula. Precisamente, para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de los jurados de votación a elegir (art. 40, num. 1º, de la Carta) y, al mismo tiempo, para facilitarles el cumplimiento de su deber de ejercer la función transitoria encomendada, la ley previó la posibilidad de que los jurados voten en la mesa donde ejercen la función. Así, el artículo 101 del Código Electoral dispone que “cuando los jurados ejerciten el derecho al sufragio deberán hacerlo en la mesa donde cumplen sus funciones”.

En este sentido, para la Sala resulta claro que la autorización para sufragar en la mesa donde los jurados de votación ejercen esa función constituye una excepción a la regla según la cual sólo es válido el voto depositado en el puesto de votación en el que el ciudadano se inscribió o en el que la ley dispuso y en la mesa que la organización electoral señaló para el efecto, pero de ningún modo constituye una excepción para sufragar en un municipio donde no se encontraba inscrito para votar. En efecto, el artículo 101 del Código Electoral que autoriza a los jurados de votación a sufragar en la mesa donde ejercen su función, no puede ser interpretado aisladamente sino que debe ser leído en forma sistemática, de tal manera que armonice con lo dispuesto en los artículos 316 de la Constitución, 4º de la Ley 163 de 1994, 78 y 81 del Código Electoral.

En conclusión, la disposición legal que permite a los jurados de votación depositar su voto en la mesa donde ejercen sus funciones, esto es, en un lugar diferente al de la inscripción, no los autoriza a sufragar por autoridades locales en un municipio donde no estaban inscritos en el respectivo censo electoral, pues la norma constitucional no establece excepciones a la prohibición de sufragar para elecciones de autoridades locales en municipios diferentes al de residencia. En consecuencia, el hecho de que los ciudadanos aceptaran el cargo de jurado en un municipio diferente al de su residencia electoral no los autoriza a sufragar en forma contraria a la Constitución.

A esa misma conclusión llegó esta Sala en anterior oportunidad, a partir del análisis de otras disposiciones. Al efecto, dijo:

“si bien es cierto que según el artículo 101 del C.E. en armonía con el artículo 1º de la Resolución 7831 de 1994 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los jurados de votación deben sufragar en la mesa en que actúan como tales, esta norma parte del supuesto de que para ser jurado de votación se debe tener autorización legal de votar, es decir ser residente y estar inscrito en el censo electoral del respectivo municipio. Corrobora la anterior conclusión la norma del artículo 108, literal c), del C.E. que establece como causal de exoneración de la designación de jurado de votación el no ser residente en el lugar en donde se fue designado, y el artículo 2º de la Resolución 155 de 1997 del Consejo Nacional Electoral que prohíbe la designación como jurados de votación de las personas a quienes les haya sido anulada la inscripción de su cédula por violación del artículo 316 constitucional (fl. 406, cdno. 1). Las personas mencionadas no tenían autorización legal para votar porque mediante la Resolución 769 de septiembre 6 de 2000 el Consejo Nacional electoral dejó sin efectos la inscripción de sus cédulas; por consiguiente, no debieron ser nombradas jurados de votación y, dado que lo fueron y sufragaron en las condiciones reseñadas, se incurrió en contravención de ambas prohibiciones (1) ”.

Ahora, conforme a la actual jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (2) , la violación de la regla impuesta en el artículo 316 de la Constitución puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía. Luego, si se demuestra que los jurados de votación sufragaron en el municipio de Puerto Asís sin estar autorizados para ello se establecería una irregularidad que podría conducir a la nulidad del acto acusado.

Visto lo anterior, entonces, la irregularidad que reprocha el demandante requiere de la demostración de tres aspectos, de tal manera que si uno de ellos no está probado no prospera el cargo. El primero, la designación del cargo de jurado de votación, lo cual se demuestra con los actos administrativos expedidos por la autoridad competente para nombrarlos. El segundo, que el jurado de votación sufragó en la mesa donde ejerció esa función. Ello debe probarse con la observación del formulario E-11 o lista y registro de votantes, que es el documento que la Registraduría Nacional del Estado Civil entrega a los jurados de votación para que ellos registren, frente al número de cédula de ciudadanía y el código de barras de los autorizados para sufragar en cada mesa preimpreso, el nombre de cada uno de los titulares de las cédulas que se presentan a votar. En este documento, los jurados de votación deben registrar su voto con el número de cédula y su nombre completo. Y, el tercero, que el jurado de votación no se encontraba autorizado para votar en el municipio de Puerto Asís. Para ello, basta con revisar el censo electoral de esa localidad, que figura en el formulario E-10 o lista de sufragantes. En ese documento aparecen organizadas, para cada una de las mesas de votación por orden numérico, todas las cédulas de ciudadanía de las personas autorizadas para votar en el respectivo municipio”.

Incidencia de los votos irregulares en el resultado electoral

Ahora, tal y como lo ha advertido esta Sala en anteriores oportunidades, la nulidad de una elección popular no sólo puede tener como fundamento las causales específicas establecidas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, sino también pueden invocarse las causales generales de nulidad de los actos administrativos consagradas en el artículo 84 de esa misma normativa. Entonces, al invocar la irregularidad de varios votos, esto es, al encontrar que el acto administrativo impugnado tuvo como fundamento actos que infringieron normas en que deberían fundarse o que fue expedido en forma irregular, se concluye que existen causales que podrían generar la nulidad de la elección demandada.

De hecho, la jurisprudencia reiterada de esta sección (10) y de la Sala Plena de esta corporación (11) , ha dejado en claro que no todas las irregularidades en el proceso electoral generan nulidad de la elección, pues en aplicación del principio de eficacia del voto válido es indispensable demostrar que los votos irregulares tienen incidencia en el resultado electoral final”.

(1) Sentencia del 14 de diciembre de 2001, expediente 2718.

(2) Entre otras, sentencias del 28 de enero de 1999, expediente 2125; del 1º de septiembre de 1999, expediente 2292; del 26 de octubre de 2000, expediente 2422; del 14 de septiembre de 2000, expediente 2415 y del 15 de noviembre de 2001, expediente 2712.

(10) Sentencia del 9 de noviembre de 2000, expediente 2424 y del 25 de enero de 2002, expediente 2766, entre otras.

(11) Sentencia del 23 de marzo de 2004, expediente S-554, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

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