SENTENCIA 3189 DE OCTUBRE 4 DE 1991

 

Sentencia 3189 de octubre 4 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUCIÓN DE FALLOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA

Expediente 3189

Consejero Ponente:

Dr. Diego Younes Moreno

Santafé de Bogotá, D. C., cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno.

Federico García Torre, en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No 1491 de 24 de abril de 1985 proferida por la Directora de la Caja Nacional de Previsión Social y mediante la cual le fueron negados los intereses que a su juicio tiene derecho, en aplicación del artículo 177 del C. C. A., con ocasión del reintegro laboral a dicha entidad.

Como hechos en que fundamenta su solicitud, expresa que la sentencia mediante la cual se ordenó su reintegro laboral a la Caja Nacional de Previsión Social, quedó ejecutoriada el día 8 de octubre de 1984 y como la Caja de Previsión Social, no le dio cumplimiento en el año de 1984, le reiteró esta petición en marzo de 1985, con la advertencia de que a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta el 8 de abril de 1984 se causarían intereses comerciales y luego moratorios.

Agrega que el 26 de abril de 1985, se ordenó su reintegro, mediante el acto que impugna, pero omitiendo reconocer los intereses aludidos y expresando además que contra dicho acto no procedían recursos, por tratarse de un acto de ejecución, imposibilitando toda reclamación en la vía administrativa.

Señala que la condena impuesta a la Caja Nacional, consiste en el pago de una cantidad líquida de dinero, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 491 del C. de P. C.

Agrega que el procedimiento utilizado por la Caja Nacional de Previsión, es arbitrario, inconstitucional e ilegal y por ello accede a la vía contencioso administrativa.

Como disposiciones violadas cita los siguientes artículos: 2, 16, 17, 20, 26, 30, 51 y 62 de la C. N. (1886); 1, 176, 177 inciso final y 267 del C. C. A. y 491 del C. P. C. y 1494 del C. C.

La Caja Nacional de Previsión Social, se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando principalmente, que proponía las excepciones de falta de competencia del Tribunal Administrativo y de ineptitud de la demanda, porque el fallo del Tribunal se dictó, según la solicitud de la demanda, y como el fallo no ordena pagar una suma líquida de dinero, el actor pide un derecho que la ley no contempla.

En el término de traslado para alegar, las partes reiteran sus puntos de vista expuestos, tanto en la demanda, como en la contestación de ella.

El Fiscal Cuarto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de un análisis pormenorizado del debate procesal, solicita se declare la nulidad del artículo 5o del acto acusado, que niega la existencia de recursos en la vía administrativa; la nulidad parcial en cuanto niega el reconocimiento de los intereses reclamados y la consiguiente condena al ente demandado para que pague dichos intereses.

Entre otras consideraciones, la Agencia Fiscal del Tribunal, expresa:

``Por su parte, la Administración expidió el acto de ejecución de la sentencia concretado en la Res. No 1491 de abril 24 de 1985 (fls. 2 a 5 exp.) que como ya se dijo comprende realmente dos decisiones (ejecución de la sentencia y liquidación de la condena económica) pero en cuanto a la PARTE ECONOMICA sólo hizo el reconocimiento de los salarios y prestaciones insolutos cancelables mientras omitió (negativa presunta) el reconocimiento de los intereses reclamados con lo cual tácitamente niega la petición (negativa presunta) y esa es la razón por el ataque “parcial'''' del acto acusadó''.

El Tribunal Administrativo, mediante sentencia, se declara inhibido para decidir en el fondo del presente proceso, principalmente por considerar que las providencias dictadas por la administración en cumplimiento de un fallo favorable, no son susceptibles de acción administrativa, “...toda vez que, cuando la administración no cumple la sentencia o no la cumple en forma ordenada por la justicia, el interesado no puede proponer un nuevo debate jurisdiccional ya que ello haría prácticamente interminable la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa y, como lo ha dicho el H. Consejo de Estado, quedaría enervado el carácter de firmeza y obligatoriedad de las sentencias proferidas por esta jurisdicción''''.

Apelada la sentencia, las partes en el término de traslado, realizaron nuevamente las exposiciones correspondientes, reiterando sus argumentos ya expuestos.

La Fiscal Quinta del Consejo de Estado, solicita se confirme el fallo apelado, por considerar que

``... el fallo recurrido se ajusta, en términos generales, a los elementos de juicio que obran en el proceso, a la preceptiva jurídica que gobierna el asunto sub judice y a los lineamientos jurisprudenciales trazados por el H. Consejo de Estado, pues, evidentemente, al incumplir o al cumplir indebidamente la administración el fallo proferido por la jurisdicción contencioso administrativa, el interesado no debe proponer una nueva demanda ante lo contencioso administrativo, por cuanto con ello se haría infinita la resolución de asuntos sometidos al conocimiento de la mencionada jurisdicción. El camino adecuado para casos como el de autos no es otro que el proceso ejecutivo para el cumplimiento y ejecución de la sentencia, como bien lo alega la apoderada de la entidad demandadá''.

Para resolver

Se considera:

1. Para decidir la cuestión debatida, debe determinarse si el acto acusado, constituye una actuación administrativa sujeta al control de la jurisdicción contencioso administrativa.

2. Consagra el título XII del Código C. A., los criterios, requisitos y procedimientos que las autoridades judiciales, administrativas y los particulares deben seguir, para obtener el cumplimiento de las sentencias condenatorias proferidas en la jurisdicción contencioso administrativa, contemplando incluso la posibilidad de que la Nación o las entidades oficiales, puedan ser ejecutadas si no dan cumplimiento a lo ordenado en sus providencias.

El inciso cuarto del artículo 177 del C. C. A., preceptúa que las sentencias condenatorias, son ejecutables ante los jueces laborales correspondientes cuando luego de transcurridos 18 meses de su ejecutoria, no hayan sido cumplidas.

Textualmente expresa esta disposición:

``Artículo 177: Efectividad de condenas contra entidades públicas. (...)

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. (Se subraya).

3. En concordancia con el anterior precepto, el artículo 179 de la misma obra, consagra, que las condenas de otro orden, se rigen por el procedimiento dispuesto en el C. de P. C.

Literalmente prescribe el citado artículo lo siguiente:

``Artículo 179.--Otras condenas. Las condenas de otro orden, en favor o en contra de la administración, se regirán por los artículos 334 y 339 del Código de Procedimiento Civil''''.

4. Los artículos 334 y 339 del C. de P. C. expresan:

``Artículo 334: Procedencia. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, o partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el Superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivó''.

``Artículo 339: Derecho de retención. Cuando en la sentencia se haya reconocido el derecho de retención, el demandante sólo podrá solicitar la entrega si presenta el comprobante de haber pagado el valor del crédito reconocido en aquella, o de haber hecho la consignación respectivá''.

5. En la misma forma, ilustrativamente para el caso que nos ocupa, el Decreto-Ley 2282 de 1989, regula la ejecución contra las entidades de derecho público, y modificó el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil. Su texto reza lo siguiente:

``Artículo 336: Ejecución contra entidades de derecho público. La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o un municipio, la respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse el término establecido en dicho artículo.

El término de seis meses que establece el inciso anterior, se contará desde la ejecutoria de la sentencia o de la providencia que la complemente; pero cuando se hubiere apelado de aquella o de ésta, comenzará a correr desde la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior''''.

6. Sobre la competencia de la justicia ordinaria, ya la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la sentencia sobre la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 38 de 1989, dijo al respecto lo siguiente:

``Dicha remisión reitera a la vez, la posibilidad de que las condenas de que se viene hablando, sean ejecutables ante la justicia ordinaria, diez y ocho (18) meses después de su ejecutoria, término suficiente para que la Nación o la entidad de su órbita, cumpla los actos de tipo administrativo previstos en los incisos 1o y 2o del citado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y se eviten así, los sorprevisos embargos de rentas nacionales con los consiguientes desequilibrios fiscales que esta medida cautelar suele originar''''.

7. Por su parte, el artículo 492 del C. de P. C., modificado por el Decreto 2282 de 1989, prescribe la regulación de intereses en el proceso ejecutivo. Textualmente prescribe:

``Regulación o pérdida de intereses; reducción de la pena, hipoteca o prenda, y fijación de la tasa de cambio para el pago en pesos de obligaciones en moneda extranjera.

Dentro del término para proponer excepciones, el ejecutado podrá pedir: la regulación o pérdida de intereses; la reducción de la pena, hipoteca o prenda, y la fijación de la tasa de cambio. Tales solicitudes se tramitarán y decidirán en la forma prevista en el numeral 2 del artículo 510, si se hubiere propuesto alguna de las excepciones de mérito de que trata el artículo 510, si se hubiere propuesto alguna de las excepciones de mérito de que trata el artículo 509; en caso contrario, se tramitará incidente que se decidirá por auto apelable en el efecto diferidó''.

Como puede observarse, cuando las sentencias de esta jurisdicción, no sean cumplidas por las autoridades correspondientes, en la forma como se dejó descrita, tales providencias si desean ser ejecutadas, deberán serlo, ante la justicia ordinaria.

Tratándose de una relación laboral, será el juez laboral del circuito quien en primera instancia conocerá de la ejecución del capital y de sus intereses, pudiendo impugnarse la decisión judicial resolutiva ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial, si la considera lesiva de sus pretensiones.

Por consiguiente, como la motivación básica del actor, para acudir ante esta jurisdicción se fundamentó en que la Caja Nacional de Previsión Social le negó el pago de los intereses a que se refiere el artículo 177 del C. C. A. y como quedó demostrado, ellos deben hacerse efectivos mediante la intervención del juez laboral, la justicia Contencioso Administrativa, carece de jurisdicción para pronunciarse sobre el tema propuesto por el actor en la demanda que hoy se decide, y por lo tanto, el pronunciamiento deberá ser inhibitorio, debiendo confirmarse la sentencia del Tribunal Administrativo, por las razones que se dejan expuestas.

En mérito de lo antes expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. En firme este proveído, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó por la Sala en sesión celebrada el día once de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Dolly Pedraza de Arenas--Joaquín Barreto Ruiz--Clara Forero de Castro--Álvaro Lecompte Luna--Diego Younes Moreno.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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