Sentencia 31934 de septiembre 1º del 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 31934

Acta 34

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.

Si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, hacía referencia de manera expresa al requisito de la convivencia para la cónyuge o la compañera permanente del pensionado, también lo es que no lo era para eximir de dicha exigencia cuando el fallecido fuera el afiliado, sino para cualificar la del pensionado en cuanto a que en esa hipótesis la convivencia debía acreditarse —por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y— hasta su muerte, y hubiera convivido con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a la muerte, salvo que hubiere procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. Lo anterior sin perjuicio de que la expresión en bastardilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001.

Ahora bien, la legislación en este tema con anterioridad a la expedición de la Ley 797 de 2003, que es la aplicable al sub lite, exigía a la compañera permanente en caso de que el causante fuere un afiliado, una convivencia por un lapso no inferior a dos años; el Decreto 1889 de 1994, en el artículo 10 preveía que “para efectos de la pensión de sobrevivientes del afiliado, ostentará la calidad de compañero o compañera permanente la última persona, de sexo diferente al del causante, que haya hecho vida marital con él, durante un lapso no inferior a dos (2) años”.

Esto significa que a diferencia de lo que estimó el Tribunal, no bastaba para la compañera permanente cuando se trata de un afiliado —regulada la situación por la normatividad vigente antes de la expedición de la Ley 797 de 2003—, probar la convivencia con el causante al momento de la muerte para ser beneficiaria de la pensión de supervivencia, sino que era menester que demostrara que se dio esa comunidad de vida en pareja como mínimo por dos años continuos con anterioridad al fallecimiento.

Frente al requisito de la convivencia que se exigía a la compañera permanente como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado, en vigencia del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, esta Sala de la Corte en fallo de 20 de mayo de 2008, Radicado 32393 donde rememoró el de 5 de abril de 2005, Radicado 22560, sostuvo lo siguiente:

“En sentencia del 5 de abril de 2005 (Rad. 22560), esta Sala hizo una exégesis del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, antes de ser modificado por la Ley 797 de 2003, en el punto especial a si la convivencia mínima de los dos años que establecía la norma, en el inciso segundo del literal a), debía entenderse sólo respecto al caso del pensionado fallecido, o si tal exigencia debía predicarse igualmente respecto a los beneficiarios del afiliado. El literal a) de la norma en cuestión disponía.

“ART. 47.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite”.

“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante (por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte), y haya convivido con el fallecido nomenos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido” (el texto entre paréntesis fue el declarado inexequible mediante Sent. C-1176 de la Corte Constitucional).

“En esa ocasión se estimó que el requisito de la convivencia al momento de la muerte del causante, era indispensable para definir el derecho de los beneficiarios tanto del pensionado como del afiliado, por varias circunstancias a saber: i) porque si el inciso se refería específicamente al pensionado, era para efectos de establecer que la convivencia debía darse necesariamente, por lo menos, desde el momento que éste había adquirido el derecho a la pensión; ii) porque si el artículo 46 ibídem, estableció como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indistintamente, a los ‘miembros del grupo familiar’ del pensionado o afiliado fallecido, no se veía razón para que el artículo 47 estableciera una discriminación respecto a los beneficiarios de uno u otro, distinta a la que surgía de la simple condición de ser pensionado o no, y que a la postre resultó eliminada por la Corte Constitucional; iii) porque se entendió como ‘miembros del grupo familiar’ a quienes mantuvieran vivo y actuante su vínculo ‘... mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por más de veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero (a) permanente, hubieren procreado hijos’”.

Así las cosas, el tribunal se equivocó al conceder el derecho deprecado a la accionante; en consecuencia, el cargo prospera y el fallo del tribunal será casado en su integridad.

Dadas las resultas de esta acusación, la Corte por sustracción de materia queda eximida de abordar el estudio del cargo segundo, que pretendía esencialmente evitar un doble pago de la pensión por parte de la administradora.

En instancia se ha de advertir, que a folios 43 y 44 obra copia de la partida de matrimonio eclesiástico del causante con Gloria Irene Serna, y su correspondiente inscripción en la Notaría 16 del círculo de Medellín. No aparece constancia alguna en el expediente de que ese vínculo matrimonial hubiere sido disuelto o cesado en sus efectos.

Tampoco que para que se entendiera que faltaba el cónyuge, que la convivencia con la actora se extendió por el término mínimo de dos años anteriores al fallecimiento de manera exclusiva con ella, pues la prueba documental esencial en que se apoya la pretensión, eso es, el acta aprobatoria de la diligencia de conciliación entre los esposos en relación con la cuota alimentaria de la hija común de 21 de marzo de 1997 (fl. 10), no prueba de manera contundente que durante los dos años anteriores al deceso del causante ocurrido el 13 de noviembre de 1999 no hubo convivencia entre los esposos —pues no podría probar hechos futuros—, ni mucho menos que durante ese mismo lapso hubo convivencia con la compañera permanente.

En cuanto a los testimonios Julio César Tettay Calle y Jorge Iván Zapata Moncada sobre la supuesta convivencia de la actora con el afiliado, no fueron tenidos en cuenta por el Juzgado por no haber sido legalmente decretados y esto no fue desvirtuado en la apelación. De las declaraciones extraproceso que aportó no solicitó su ratificación en el proceso por lo que fueron desestimadas.

En consecuencia, es razonable la decisión de primer grado cuando concluyó que la actora no probó la convivencia con el de cujus de mínimo dos años con anterioridad a la muerte, por lo que la decisión será confirmada.

Sin costas en el recurso extraordinario; las de la segunda instancia a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de septiembre de 2006, en el proceso ordinario laboral promovido por Marisol Medina Díazcontra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y Gloria Irene Serna Moreno. En sede de instancia CONFIRMA el fallo del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de 4 de octubre de 2005.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».