Sentencia 3196 de octubre 11 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN

EFECTOS

EXTRACTOS: «a) Sabido es que cuando un mandato civil o comercial no lleva consigo la representación del mandante (arts. 2177 del C. C. y 1262 del C. de Comercio), evento que se da cuando el mandatario no exterioriza ante terceros esa condición o sea que no les hace saber que en el negocio correspondiente desempeña una gestión por cuenta y riesgo de otra persona en cuyo nombre actúa, en principio no se crean relaciones jurídicas entre el mandante y esos terceros contratantes, esto por cuanto si no media representación y por ende no puede tener aplicación el artículo 1505 del C. C., los efectos del mandato —ha dicho la Corte—”... se limitan a los contratantes, según el principio del efecto relativo de los contratos a que alude el artículo 1602 ejusdem...”, concepto cuyos alcances precisos explica también la misma doctrina más adelante diciendo que

“... cuando el mandato no es representativo, el mandatario es, ante los terceros con quienes contrate, el titular de los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos que con ellos celebre. Conozcan o ignoren la existencia del mandato, tales terceros no pueden ser obligados a tener al mandante como parte en el pacto, puesto que, no habiendo representación, es el mandatario quien en éste es realmente parte...'''' (G. J. Ts. CLII, pág. 153 y CLVIII, pág. 42).

Significa lo anterior, en resumen, que el carácter del mandato no representativo estriba en que, interiormente, entre mandante y mandatario existe por hipótesis un contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse por sus propias reglas, mientras que en el plano exterior no se da esa percepción jurídica del mandato pues la representación —se repite— no existe ya que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su mandante. Por lo tanto, forzoso es diferenciar la relación entre aquél y los terceros, de un lado, y del otro la relación entre el mandante y el mismo mandatario que fungió como gestor de sus intereses; no existe, pues, vínculo directo del mandante y los terceros como sí se presenta en el mandato común, lo que en materia de obligaciones lleva a sostener que, en tesis general, tratándose del mandato no representativo no hay un nacer, espontáneo e inmediato, de prestaciones a favor del tercero contra el mandante o viceversa, postulado este cuya razón de ser se halla en que, dadas las particulares características de esta forma de contratación, los terceros y el propio mandante la usan porque abrigan confianza en el proceder del mandatario en cuanto hace con el cumplimiento de su cometido y por eso, enseñan autorizados expositores, lo hacen funcionar como una especie de “órgano conmutador'''' en el sentido de que siendo dueño del negocio, en él está la titularidad de derechos y obligaciones, pero obviamente los riesgos que a éstas son inherentes y por cuanto desde un punto de vista preponderantemente económico ellas van a redundar en provecho del mandante, tendrán que gravitar —dichos riesgos— sobre el patrimonio de este último y no sobre el que quien fuera su mandatario, concepto del que con facilidad se comprende, se siguen consecuencias de notable importancia para el estudio del caso sub lite.

En efecto, si bien ha de aceptarse como canon de vigencia para la generalidad de los supuestos que, en el tipo de mandato del que se viene hablando, entre el mandante y los terceros que con el mandatario contrataron no se crean de suyo vínculos directos ni por activa ni por pasiva, ello no impide en modo alguno que aún después de realizada la gestión y materializada ella en un negocio jurídico, por virtud de un pacto expreso que puede perfectamente aparecer como elemento de un acuerdo transaccional de mayor alcance, el mandante reconozca su posición para todos los fines a los que hubiere lugar según las circunstancias, lo que en otros términos significa que los efectos de algo que empezó siendo un mandato no representativo son reemplazados por los de uno ordinario, eventualidad esta en que aquél negocio, celebrado en desarrollo del encargo, deja de producir sus efectos entre el mandatario y los terceros contratantes, pues los producirá directos entre estos y el mandante a partir del momento en que el último, dentro del marco del mentado pacto y concurriendo desde luego el consentimiento de todos los interesados, declare que el negocio celebrado para él en verdad le pertenece y que toma para sí sus consecuencias, desligando retroactivamente de todo compromiso al mandatario. Y por cierto, no está por demás rememorar que esto precisamente fue lo que la Corte, insistiendo acerca del significado de varios preceptos que en la derogada codificación de 1887 se referían al mandato comercial (comisión) no representativo, dejó sentado al subrayar que un examen cuidadoso de tales normas “... que reglamentan las relaciones y responsabilidades entre comitentes, comisionistas y terceros que contratan con ellos, nos indica que tienen por objeto impedir que se sorprenda a los terceros que contrataron con el comisionista, o que a su vez estos terceros puedan sorprender al mandante. Pero si en desarrollo del contrato el mandante o los terceros aceptan el hecho de que el contrato fue celebrado por el comisionista en nombre del primero y, consecuencialmente, se hacen públicos entre ellos los incidentes que puedan suscitarse en el cumplimiento de la obligación, es lógico aceptar que entre ellos se ha establecido el vínculo jurídico o contractual que en un principio les fue desconocido...'''' (G. J. T. LIX, pág. 756).

b) En en este orden de ideas, aquello que de ordinario envuelven acuerdos de esta naturaleza son auténticos reconocimientos de deuda que efectúa el mandante admitiendo la existencia de obligaciones contractuales a su cargo para estar a las consecuencias que en derecho correspondan, reconocimientos que por ser tales, además de irrevocables, no son por definición innovatorios —recognito nihl dat novi— pues dejan el vínculo en el mismo estado que antes tenía, luego es su efecto propio el de situar sobre nuevas bases jurídicas los intereses de los terceros y del mandante, eliminando la posibilidad para los primeros de esgrimir en el futuro pretensiones contra el mandatario a menos que, como es apenas natural inferirlo, de manera concluyente haya consentido dicho mandatario en permanecer obligado junto con aquél por cuya cuenta y riesgo obró. En esta contextura, entonces, la idea de novación resulta extraña en tanto esta figura exige necesariamente, al lado de la concurrencia lógica de dos obligaciones distintas entre sí —la primigenia que se extingue y la nueva que se crea en su reemplazo (art. 1687 del C. C.)—, la conciencia expresada de modo inequívoco por los interesados de producir los efectos extintivos inherentes a la novación, esto por cuanto la voluntad de novar jamás se presume (art. 1693 íb).».

(Sentencia de octubre 11 de 1991. Expediente 3196. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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