Sentencia 32003 de abril 14 de 2010

 

Sentencia 32003 de abril 14 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32003

Aprobado Acta 114

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

Norma inaplicada

El artículo 171 del Código Penal, modificado por el artículo 4º de la Ley 733 de 2002, cuya violación el casacionista denuncia por falta de aplicación, dice textualmente,

“Circunstancias de atenuación punitiva. Si dentro de los quince (15) días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad.

“En los eventos del secuestro simple habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad”.

Línea jurisprudencial vigente

La doctrina reciente de la Corte ha venido sosteniendo de manera uniforme que la atenuante prevista para el secuestro simple en el inciso segundo del artículo 171 del Código Penal, debe cumplir para su reconocimiento los mismos presupuestos que la norma exige en el inciso primero para el secuestro extorsivo, es decir, (i) que la liberación se produzca dentro de los 15 días siguientes a la retención, (ii) que sea voluntaria, y (iii) que los plagiarios no hayan obtenido el fin propuesto.

En respaldo de esta postura doctrinal se ha dicho que el secuestro simple persigue también una finalidad, y que radicando la diferencia entre las dos especies delictivas en que en el extorsivo el propósito es específico, y en el simple es indeterminado y residual, puesto que los verbos rectores que describen la conducta típica son literalmente idénticos, no resultaba racional ni jurídicamente sostenible exigir para el secuestro simple el solo cumplimiento de las dos primeras condiciones.

Adicionalmente se ha precisado que establecer criterios diferenciadores entre los requisitos exigidos para la obtención de la diminuente punitiva frente a una y otra modalidad delictiva, desnaturalizaba la teleología del precepto y las motivaciones de política criminal que lo inspiraban, porque lo que se busca con esta rebaja es estimular al secuestrador para que renuncie a la realización del propósito perseguido, no para que precipite su accionar delictivo con el fin de lograr el objetivo buscado en el menor tiempo posible.

De acogerse la interpretación que propugna por establecer diferencias entre los requisitos de esta atenuante, se propiciaría una incoherencia insalvable en la justificación de su razón de ser, como quiera que terminaría beneficiando a quien ha dejado en libertad a la víctima por el solo hecho de hacerlo cuando ya ha ejecutado en su integridad la conducta típica, lo cual no deja de contrariar los principios de política criminal que deben orientar este tipo de reconocimientos.

Los argumentos centrales de esta postura jurisprudencial vienen siendo expuestos por la Sala en los siguientes términos:

“6. Acorde con el artículo 171 de la Ley 599 de 2000, la pena para el delito de secuestro extorsivo comporta un descuento punitivo “hasta en la mitad” si la víctima es dejada voluntariamente en libertad dentro de los quince (15) días siguientes al secuestro, siempre y cuando no se haya obtenido alguno de los fines previstos para esta delincuencia. El segundo párrafo de esta disposición refiere que respecto del secuestro simple se ameritaría similar descuento si dentro del mismo lapso el secuestrado es también voluntariamente liberado.

“Evidenciado que el tipo penal de secuestro nominado como simple exige y contiene por igual la presencia de un elemento o ingrediente subjetivo, no resultaría jurídicamente sustentable en la aplicación de la causal atenuante de la pena admitir un criterio diferenciador para esta modalidad delictiva y la concerniente al extorsivo.

“En efecto, dos son los supuestos de la atemperante punitiva: la liberación de la víctima dentro de los quince (15) días siguientes al plagio y que no se hayan verificado los fines previstos para la retención extorsiva, esto es, ‘el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político’ y ‘propósitos distintos’ a los destacados, tratándose del secuestro simple.

“Es evidente que el criterio diferenciador en la aplicación de la causal atenuante de este delito, cuya base ha estado en la escueta literalidad del texto legal, acusa un tratamiento inexplicablemente disímil a situaciones no pasibles de mengua punitiva por revelar conductas punibles de secuestro con materialización del propósito del agente que hacen inocua la liberación dentro del simplemente objetivo marco de los quince (15) días previsto como uno de los presupuestos para su viabilidad.

“La atenuante en comento se ha edificado sobre la base de un criterio de lesividad que frente al delito de secuestro impone entender que cuando el propósito de realización ultratípico por parte del agente se materializa —trátese de la modalidad extorsiva o simple de dicha delincuencia—, no hay lugar a menguar la drasticidad punitiva.

(...).

“6. Para la Sala, el hecho de producirse la liberación de la víctima dentro de los quince días siguientes al secuestro no puede conducir en forma automatizada e inexorable a la rebaja de pena y solamente soportar un trato benigno en tanto el móvil de la retención no se haya materializado.

“No se está confundiendo, desde luego, la exigencia que hace viable la atemperante de pena para el delito contra la libertad individual, con la circunstancia consecuente de que con la conducta el agente de lugar a un concurso delictivo por afectación de diversos bienes jurídicos e independencia típica, caso en el cual, desde luego, cada delincuencia se hace merecedora de la pena respectiva a la confluencia de delitos.

“En condiciones tales, la pretensión del actor bajo el supuesto de constatar el simple factor temporal como elemento sine qua non y único en orden a sustentar una rebaja de la pena para el delito de secuestro simple es jurídicamente inaceptable y en este sentido no concurre falta de aplicación del precepto 171 del Código Penal, toda vez que, repítese, aún tratándose del reato de secuestro simple, es siempre forzoso determinar si en el caso concreto se ha consolidado alguno de los fines para el delito distintos de los previstos para igual índole delictiva en su modalidad extorsiva”(1).

El caso concreto

Los registros procesales informan que el día 20 de diciembre de 2007, alrededor de las 8:00 de la mañana, Hermes Aguilar Gómez inició el recorrido en compañía del supuesto cliente, y que aproximadamente media hora después fue desviado por un carreteable donde esperaban tres sujetos más dotados de armas de fuego.

Allí lo bajaron del vehículo y lo internaron en un cañaduzal, donde permaneció vigilado por dos personas, con las manos atadas atrás, hasta aproximadamente las 4 de la tarde, cuando uno de ellos le comunicó que se marchaban y que otros compañeros vendrían a desamarrarlo media hora después. Pasado ese tiempo logró liberarse de las ataduras y salir a buscar ayuda.

Este recuento fáctico muestra que el requisito temporal requerido por la norma para el otorgamiento de la atenuante prevista en el artículo 171 del Código Penal se cumple en el presente caso, como quiera que la liberación se produjo el mismo día del secuestro, pero igual afirmación no puede hacerse con las dos exigencias restantes, relacionadas con la liberación voluntaria de la víctima y la renuncia a la realización del fin que los autores se propusieron con la retención.

Aún cuando jurídicamente podría afirmarse que la conducta delictiva cesó en el momento en que los plagiarios decidieron abandonar a la víctima, esto no significa que haya existido liberación ni que hubiese sido voluntaria. Para que este presupuesto se cumpla se requiere que los plagiarios liberen a la víctima de cualquier limitación que pueda impedir su libre locomoción, o que creen al menos las condiciones necesarias para que pueda lograrlo en los momentos siguientes, situaciones que no se revelan cumplidas en el caso en estudio.

Los registros indican que Hermes Aguilar Gómez fue abandonado por los plagiarios en un paraje solitario, donde no era fácil recibir ayuda, con sus manos aún atadas atrás, y que la liberación se logró no porque los encargados de su custodia hubiesen dejado creadas las condiciones para que la víctima lo consiguiera, sino por ingenio y méritos propios, quien a base de esfuerzos logró deshacerse de las ligaduras que le impedían levantarse y movilizarse.

Igual acontece con el tercer presupuesto. La retención de Aguilar Gómez se materializó con el propósito de evitar que denunciara el hecho a las autoridades mientras ponían a salvo el vehículo hurtado, pretensión a la que jamás renunciaron, pues la realidad probada indica que mientras la víctima permanecía retenida, dos de los autores del hecho emprendieron viaje con el automotor, con el fin de asegurarlo, y que solo ocho horas después, cuando consideraron que ya no existía ningún riesgo, dieron la orden de abandonar a la víctima.

El cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no proceden recursos».

(1) Casación 28563 de 11 de marzo de 2009. En el mismo sentido casación 31219 de 21 de mayo de 2009. Casación 27932 de 23 de septiembre de 2009 y casación 32559 de 9 de noviembre de 2009, entre otras.