Sentencia 32058 de junio 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 227

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «1.2.3. Consideraciones de la Sala.

Es oportuno recordar, que desde antaño la jurisprudencia de la Corte(25) ha decantado, que el error de derecho por falso juicio de legalidad tiene que ver con el proceso de formación de la prueba, las normas encargadas de regular de manera legítima su producción e incorporación al proceso —principio de legalidad probatoria—.

También se ha precisado, que esta clase de dislate “gira alrededor de la validez jurídica de la prueba, o lo que es igual, de su existencia jurídica (concepto que no debe ser equiparado con el de existencia material), y suele manifestarse de dos maneras: a) cuando el juzgador, al apreciar una determinada prueba, le otorga validez jurídica porque considera que cumple las exigencias formales de producción, sin llenarlas (aspecto positivo); y, b) cuando se la niega, porque considera que no las reúne, cumpliéndolas (aspecto negativo)”.

De esta manera, para su adecuada proposición se debe partir del reconocimiento de la existencia material de un medio de prueba, pues la controversia debe radicar en la transgresión del debido proceso y su legalidad en las etapas de formación e incorporación al juicio.

Precisada la censura encuentra la Sala, que el demandante propone un ataque compuesto, donde el objeto recae sobre dos entrevistas —las rendidas por Milton Contreras Amell y Reyes Andrés Benítez Martínez—.

Lo primero que se debe destacar, es que estos elementos no reúnen la condición de prueba.

Así mismo, en un primer momento lo hace fundado en que en el fallo se le asignó valor suasorio a la rendida por el acusado Milton Contreras Amell, la cual se produjo dentro del marco de los acuerdos y negociaciones para obtener beneficios, la que dice, sin cadena de custodia y la grabación editada fue incorporada de manera indebida en el juicio a través de los testimonios de Rodrigo Lara Restrepo y los policiales Óscar Daniel Vargas León y Ruby Alicia Gómez; y en segundo orden, por la irregular adición al debate oral de la entrevista en medio magnetofónico recibida a Reyes Andrés Benítez Martínez, sin que hubiera sido dada a conocer en las audiencias de acusación y preparatoria, incumpliendo la carga del descubrimiento oportuno de prueba a cargo de la fiscalía, contenidos que constituyeron soporte para declarar la materialidad del delito de concusión y responsabilidad del procesado en la sentencia recurrida.

De manera pacífica ha dicho la Corte(26), que el proceso adversarial está reconocido como un espacio imparcial donde los actores con asignación de roles específicos en la calidad de partes presentan una teoría para la decisión del caso puesto en conocimiento del juez, quien como árbitro, regido por principios y preceptos le da alcance a los derechos y atribuciones con que cuenta cada uno de los intervinientes.

Bajo estos derroteros y en igualdad de condiciones públicamente se enfrentan con ejercicio de la oralidad; la fiscalía en la búsqueda de derrotar la impunidad, y la defensa, con el compromiso de realizar la dignidad del acusado y consecuente materialización de todas las prerrogativas procesales que le son inherentes, bajo la inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

Esta cualidad exigible a la función judicial está reconocida en el ámbito de los tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(27) prescribe en el artículo 14:

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil” (resaltado y subrayado de la Sala).

A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos(28), en el artículo 8.1, reconoce que:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (resaltado y subrayado de la Sala).

Una de ellas corresponde a la prohibición de utilizar en contra del imputado el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse, como lo describe el artículo 8º literal d, de la Ley 906 de 2004, que realiza el derecho de defensa.

Bajo este entendido para determinar la ocurrencia de la primera parte del dislate alegado, la Sala verificará en el siguiente orden: a) si la entrevista de Milton Contreras Amell fue incorporada en el juicio; b) si fue valorada por los jueces; c) si se recolectó dentro del marco de un preacuerdo, negociaciones o búsqueda de mecanismos alternativos de conflicto; d) Si la entrevista de Reyes Andrés Benítez Martínez fue descubierta oportunamente y e) si las dos, fueron soporte determinante de declaratoria de responsabilidad de Contreras Amell.

De manera anticipada se anuncia, que los cuatro primeros eventos no acaecieron, motivo que lleva a la improsperidad de la censura, como lo solicitan la fiscalía y la procuraduría en sus alegaciones de oposición.

Igualmente se debe advertir la inconsecuencia e incorrección material del ataque alegado, el que dada la forma como está construido y propuesto, para una mejor comprensión de su respuesta, la Sala lo contestará por separado, como debió ser la forma correcta para su planteamiento.

1.2.3.1. De la indispensable y exhaustiva revisión del trámite, se corrobora, que en el desarrollo del juicio oral no se realizó la incorporación de la entrevista que el libelista alude como la rendida por el encartado Milton Contreras Amell, tampoco que su contenido haya sido objeto de valoración en el fallo.

Realizado seguimiento a los registros que contienen los testimonios de Rodrigo Lara Restrepo y los policiales Óscar Daniel Vargas León y Ruby Alicia Gómez, referidos en la censura, se descarta, que ese acto de investigación se haya aducido, tampoco, allegado a través de los intervinientes en la vista pública; menos aún, que al culminar el juicio público en el acta se haya relacionado como uno de los elementos materiales de prueba presentados por el ente acusador y luego como tal anexada al debate.

Por el contrario, al escuchar los audios que soportan la actuación, corrobora la Sala, que efectivamente en la sesión de 17 de mayo de 2007(29) durante el desarrollo del juicio oral, en el momento en que la fiscalía ejercía el interrogatorio del investigador testigo Óscar Daniel Vargas, el delegado del ente acusador solicitó autorización para emplear como evidencia demostrativa la entrevista recibida a Contreras Amell y el juez de conocimiento, el cual corresponde al mismo que profirió la sentencia de primer grado, negó tajantemente la pretensión bajo el amparo de cumplir las garantías inherentes a los intervinientes, el debido proceso, y expresó que ella, solo podría ser empleada accidentalmente como mecanismo de impugnación, en el evento en que este rindiera declaración.

Como esa situación no ocurrió, se negó su utilización.

Del mismo modo advierte la Sala a partir de la formulación de la misma censura y los soportes del caso, que la entrevista que rindió el acusado Milton Contreras Amell no se produjo dentro del supuesto contenido en el literal d) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, esto es, dentro de las conversaciones para lograr un acuerdo para la declaratoria de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un modo alternativo de solución de conflictos, pues como bien lo destaca el Ministerio Público en su concepto, este evento procesal no se contempló con el procesado, sí lo fue, la posibilidad de la aplicación del principio de oportunidad, instituto que excluye el primero.

En este —principio de oportunidad—, conforme los lineamientos del artículo 321 y ss., ibídem, se tiene como finalidad suspender, interrumpir o renunciar a la persecución de los autores o partícipes en los hechos que revistan las características de delito bajo el cumplimiento de las causales enlistadas en el artículo 324, ídem, —sin que implique la aceptación de responsabilidad y asumir sus consecuencias—; y en aquel, a partir del artículo 348 del ordenamiento citado, la fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso donde media la aceptación de responsabilidad del indiciado, que determinado por la etapa en que se surta, se tiene un beneficio en la pena a imponer, con ocasión procesal para su implementación a partir de la audiencia de la formulación de imputación.

Como acertadamente lo indica la procuradora, al verificar los registros y las actas nada de ello se reseña, por el contrario en la primera audiencia con ese fin, como quedó en la síntesis procesal de esta providencia, Contreras Amell rechazó la atribución que le endilgó la Fiscalía General de la Nación.

Siguiendo los derroteros trazados, al revisar el contenido del fallo encuentra también la Corte, que el tribunal sobre el tema de la entrevista de Milton Contreras Amell, realizó varias precisiones, al responder las inconformidades que la misma parte que aquí lo hace le propuso en el recurso de apelación y bajo similar planteamiento al ahora objeto de estudio. Ellas consistieron en que esta clase de elementos de conocimiento, por sí mismos no constituyen medio de prueba, pues para ello se requiere incorporarlos en el juicio mediante las herramientas de impugnación del testigo o para refrescar memoria, eventos que no ocurrieron en esta oportunidad, porque Contreras Amell no compareció a esa diligencia, por tanto, no hubo oportunidad para escucharlo y las partes no la emplearon con ese ni con otro fin.

De otro lado, se agrega en la decisión recurrida, que en los testimonios de Rodrigo Lara Restrepo se reporta conoció de actos de corrupción en la Superintendencia de Notariado y Registro, porque Yidis Medina se presentó en su oficina para poner en conocimiento ese tema que también había denunciado públicamente en un consejo comunal con presencia del Presidente de la República y expresarle que iba a llevar a Milton Contreras Amell como empleado de esa entidad quien deseaba rendir testimonio y declarar sobre hechos de esa naturaleza, sin que sobre el contenido de la entrevista se diera noticia alguna; de los policiales Óscar Daniel Vargas León y Ruby Alicia Gómez, que Contreras Amell hizo presencia voluntaria en la oficina del comisionado presidencial para noticiar la probable ocurrencia de un hecho punible en la Superintendencia de Notariado y Registro, el que luego se corroboró a través de los diferentes actos de investigación y recolección de elementos materiales de prueba.

Esto destacó el ad quem(30):

“Inicialmente a la Presidencia de la República llegaron rumores de que había corrupción en la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo que el presidente enteró al zar anticorrupción Rodrigo Lara Restrepo para establecer si tenían fundamento o no. En el juicio oral éste expresó que ‘Yidis Medina… fue a mi despacho… y me dijo que iba a llevar al señor Milton Contreras, que quería colaborar con el programa y rendir un testimonio sobre casos de corrupción en los cuales él era testigo, la solicitud de la señora Yidis Medina fue que se pudiera conversar con la fiscalía para que él obtuviera unos beneficios por eventual colaboración (…) la señora Medina solicitó que quería asistir con el señor Milton Contreras, se reunieron los funcionarios de policía judicial encabezados por el capitán Jáuregui, yo, la señora Medina y el señor Milton Contreras.

Con lo expresado por Milton Contreras Amell, coordinador del grupo interno de trabajo de actividades notariales de la dirección de gestión notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, al Zar Anticorrupción se estableció que no eran meros rumores lo referente a la corrupción en tal entidad, pues le manifestó ‘básicamente que él podía colaborar y que se podía hablar de unos casos de corrupción que involucraban al señor Superintendente de Notariado’ que manipulaba los fallos disciplinarios y dio a entender que recibió recursos para ello.

(…).

Aunque el zar anticorrupción Rodrigo Lara Restrepo, a raíz de lo contado por Yidis Medina al Presidente de la República en un consejo comunal en Barrancabermeja (Santander), la llamó telefónicamente y esta acudió y fue a su oficina. Yidis Medina no rindió versión sobre los hechos ni fue lo manifestado por ella lo que originó la investigación penal sino el relato de Milton Contreras Amell sobre un actuar delictivo concreto en el que intervino el superintendente de notariado y registro Guillermo Cuello Baute. Que Milton Contreras Amell efectuó la narración y fue escuchado por el (sic) Rodrigo Lara no se pone en duda ni siquiera por los recurrentes si no que hizo su exposición con el ánimo de causar daño a su superior Cuello Baute.

(…).

Igual acontece con el testimonio de la investigadora Ruby Alicia Gómez, pues aunque dijo que Milton Contreras Amell le comentó que estaba asustado y que tenía serías diferencias con el superintendente de notariado y registro Cuello Baute, se evidencia que ese estado lo percibió cuando habló con él meses después de la conducta delictiva y que Milton se refirió a discrepancias también posteriores.

Óscar Daniel Vargas León, subintendente de la Dijin, manifestó que intervino en la investigación y el 11 de septiembre de 2006 entrevistó a Milton Contreras Amell que ‘hizo énfasis sobre el manejo a… pues el señor Cuello aprovechándose de su cargo, de acuerdo a lo manifestado por el señor Milton, tuvo una intervención en cuanto a una solicitud, obviamente el señor Milton previamente autorizado por el señor Cuello, una solicitud de unas dádivas al señor Benítez, en ese entonces el Notario del municipio de Montelíbano en la cual iban a colaborar en segunda instancia para que se llevara… lo ayudaran en segunda instancian a cambio de unas novillas que tenían que dejar en la finca… cerca de la ciudad de Valledupar que estaba a nombre de los familiares del señor Cuello Baute.

Uno de los recurrentes tilda de irregular la entrevista porque a Milton Contreras Amell no se le dieron a conocer sus derechos. La entrevista per se no es prueba, por ser únicamente las practicadas y controvertidas en presencia del juez, conforme al artículo 379 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo se pueden emplear para refrescar la memoria del testigo (art. 392-d) o para impugnar la credibilidad del deponente (arts. 347, 393-b y 403)…

(…).

En el asunto examinado la entrevista de Milton Contreras Amell no fue empleada por las partes en el juicio para refrescar la memoria del investigador ni para impugnar credibilidad de aquél porque no asistió al enjuiciamiento” (resaltado de la Corte).

No podría ser más escrupulosa la precisión para demostrar la inconsistencia de la censura, que la claridad denotada en el discernimiento del juez de segundo grado en el último acápite evocado, al declarar y manifestar como un hecho procesal sin lugar a discusión, que la entrevista de Contreras Amell no fue ingresada al juicio, declaración judicial que conllevó a que tampoco fuera destinataria de asignación suasoria.

Si bien en las sentencias que constituyen el fallo, se da cuenta del origen de la noticia criminal a partir del reporte de Yidis Medina en un consejo comunal ante el Presidente de la República en la ciudad de Barrancabermeja, el testigo Lara Restrepo en ejercicio de sus funciones la presenció posteriormente en la Oficina Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a su cargo, actuación donde percibió con sus sentidos, la presentación voluntaria del ahora acusado Milton Contreras Amell. Luego en cumplimiento de sus deberes oficiales, remitió la queja a las autoridades de policía judicial y a la Fiscalía General de la Nación, dos últimos, quienes en conjunto trazaron el plan metodológico de investigación y procedieron a realizar actos de indagación en camino de su corroboración.

Una situación diferente es que los tres testigos hayan relatado la necesaria interacción con el acusado Milton Contreras Amell, que es producto de su propia percepción, como consecuencia indispensable de las verificaciones ejecutadas en cumplimiento de su actividad legal de indagación e investigación, sin que ello constituya afectación de garantías, tampoco revelación del conocimiento de conversaciones sostenidas con este tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de su responsabilidad, evento procesal último que se itera, no acaeció.

1.2.3.2. Igual suerte corre la segunda parte del cargo cimentado en la ilegal incorporación del contenido magnetofónico de la entrevista rendida por Reyes Andrés Benítez Martínez, motivada en que no se había revelado de manera oportuna, específicamente desde la audiencia de formulación de acusación.

El instituto del descubrimiento propio del sistema procesal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, procura un correcto desarrollo del debate del juicio oral, donde cada parte conozca de forma antelada los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente recogida, para evitar ser tomada por asalto en el juicio por la introducción sorpresiva de medios que no han permitido ejercer debidamente el contradictorio.

El escrito de formulación de acusación y la audiencia preparatoria son los momentos oportunos para su realización; sin embargo, el estatuto instrumental en sus artículos 344 y 346 autoriza al juez para permitir hacerlo excepcionalmente, más allá de estos entornos, incluso en desarrollo de la misma audiencia del juicio.

A partir de este marco general se da inicio a una dinámica en donde conforme a lo ordenado por el artículo 337, numeral 5º, ibídem, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde contener en el escrito de acusación un documento anexo en donde consten todas las aspiraciones probatorias a hacer valer en el juicio, los hechos que no requieran prueba, enlistar las anticipadas que se deseen aportar, señalar los nombres y datos de localización de testigos y peritos que se soliciten, incluso, referir los elementos favorables al acusado, las declaraciones y objetos que se van a aducir junto con los testigos de acreditación y copia de este hará entrega al acusado, al Ministerio Público y a la víctima.

Luego en el desarrollo de la vista pública de acusación, la defensa está autorizada para solicitarle al juez que ordene al ente instructor o a quien corresponda, la revelación de un elemento material probatorio específico o evidencia física que tenga conocimiento y es función del juez, como director de la audiencia, procurar porque el descubrimiento sea lo más completo posible.

Posteriormente, en la audiencia preparatoria, de la cual se ocupan los artículos 356 y 357 de la Ley 906 de 2004, el juez corroborará si se verificó el descubrimiento probatorio por parte de la fiscalía, si sobre ello existen observaciones de las partes, de manera puntual, con el que se debía llevar a cabo por fuera de la audiencia de formulación de acusación.

En esta diligencia le corresponde a la defensa descubrir los elementos materiales probatorios y evidencias físicas en su poder; y fiscalía y defensa enuncian la totalidad de pruebas que tienen intención de hacer valer en el juicio, luego expresan si cuentan con interés en efectuar estipulaciones probatorias y a continuación, en el mismo orden de intervención, le solicitan al juez las que requieran para sustentar su pretensión.

En el evento en que las partes acuerden dar por probado alguno o algunos de los hechos y circunstancias, los elementos materiales de prueba pueden corresponder o no a las enunciadas inicialmente.

Ahora y con ocasión al caso que convoca la atención de la Sala, como de manera juiciosa y acertada lo indican tanto la fiscalía y la procuraduría en sus alegaciones de oposición y concepto, respectivamente, la afirmación del demandante no se refleja en la realidad procesal.

Revisado el trámite se establece, que la entrevista de Reyes Andrés Benítez Martínez fue correctamente descubierta, por ende, las reglas de producción de la prueba objeto de reparo, no fueron violentadas como lo pretende hacer creer el libelista.

En efecto, a partir del escrito de acusación encuentra la Corte, que en documento anexo(31) se enlistaron los elementos materiales probatorios y en el acápite sobre declaraciones se detalla en el ordinal 6º, la del Notario Único de Montelíbano, Reyes Andrés Benítez Martínez, el cual fue leído en la audiencia con ese fin(32).

Al considerarlo necesario, los abogados defensores solicitaron aclaraciones y complementaciones de la descripción de los hechos y su relevancia jurídica; y descubrimientos probatorios adicionales a los relacionados en el escrito. En exacto rigor procesal, la juez de conocimiento dispuso tanto lo primero, como en segundo orden que en el término de 3 días siguientes a la vista, la fiscalía acatara lo normado en el artículo 344 de la Ley 906 de 2004 y dejara a disposición de los intervinientes copia de todos los elementos que tuviera en su poder(33).

Así, acatado el plazo, el 23 de enero siguiente, se suministraron a la defensa todos los elementos materiales de prueba y evidencia física en poder del ente investigador, de ello se dejó constancia escrita, la cual está rubricada, entre otros, por Hernán Gonzalo Jiménez Barreto, apoderado del acusado Manuel Guillermo Cuello Baute, en el juicio se afirmó verbalmente por el fiscal que la otra parte, manifestó no tenía interés en reproducirlos, acotación pública que no fue refutada.

Allí se relacionan 19 ítems. El número 12 corresponde a la entrevista de Andrés Benítez.

A su turno, en la audiencia preparatoria(34) el fiscal al sustentar las solicitudes probatorias, anunció: “En sexto lugar tenemos la declaración del Notario Único de Montelíbano Reyes Andrés Benítez Martínez, quien es la víctima de la concusión por la cual acusamos y ratificará los detalles de la misma, brindados a la policía judicial en entrevista y reiterada ante el suscrito bajo la gravedad del juramento” (resaltados y subrayado de la Corte), petición respecto de la que luego de surtirse el trámite para alegar exclusiones probatorias, ante el silencio de los abogados defensores, fue autorizada por el juez.

Ya en el debate oral, al momento de ejercer el interrogatorio de Reyes Andrés Benítez Martínez, ante el cambio de la versión del deponente, el fiscal consideró necesario impugnar la credibilidad del testigo(35). Facultado por la juez para utilizar la entrevista a él recogida, puso de presente a los abogados defensores el escrito donde constaba y sin objeción, la hizo leer de viva voz por el declarante.

Como Benítez Martínez expresó que el contenido de esta era producto del constreñimiento ejercido por los integrantes de policía judicial, el funcionario instructor, con la pretensión de desmentir tal aserto, informó a la audiencia que ese mismo acto de indagación también constaba en medio magnetofónico y corroborado por la juez que se trataba del mismo contenido, lo autorizó para exhibir el audio.

A esta decisión el apoderado de Milton Contreras Amell se opuso, dijo ser sorprendido con un nuevo elemento de prueba y lo sustentó con el argumento consistente en que en la audiencia preparatoria el fiscal solamente había hablado de una entrevista sin especificar la existencia de una grabación sobre el mismo contenido(36). La incorrección fue negada.

Luego, en la sesión de 21 de junio de 2007(37) en el momento en que la fiscalía contra interrogaba al testigo Roberto Burgos Cantor abogado de la Superintendencia de Notariado y Registro, la defensa se resistió a la exhibición de documentos con los que se pretendía impugnar su credibilidad bajo el argumento de no haber sido descubiertos, ante lo cual el fiscal expresó, sí lo había realizado con entrega de copias, y exhibió el soporte escrito ya reseñado(38) y sobre ello le expone a la juez de conocimiento, que: “… se trata de una situación su señoría en la cual se les puso de presente esa documentación y si pudieron, la tuvieron a disposición para efecto de copiarla al igual que los casetes de las entrevistas y los demás elementos que fueron aportados…”.

De esta reconvención los defensores de los dos acusados guardaron silencio.

Encuentra la Corte, que efectivamente la entrevista de Benítez Martínez con antelación al juicio, fue descubierta como consecuencia de la audiencia de formulación de acusación —3 días siguientes—, como lo autoriza el artículo 344 de la Ley 906 de 2004 y corroborado en la preparatoria.

Con ello se desdice cualquier sorpresa que limite, restrinja o afecte de forma alguna el derecho de defensa, tampoco el debido proceso, pues conforme a los parámetros delineados en el ordenamiento instrumental fue exhibida, específicamente en el interregno que prevé el inciso primero del último precepto evocado. Esto, como consecuencia de la firmeza impuesta por la juez de conocimiento en el primer momento procesal establecido para el efecto, como de manera acertada lo precisaron los no recurrentes en sus alegatos de oposición y concepto.

Carece de sustancialidad pretender controvertir que el elemento material de prueba descubierto fue una entrevista escrita y no la llevada al conocimiento del juez, que lo fue también, la contenida en un dispositivo magnético.

La afirmación del recurrente refleja un craso desconocimiento de la normatividad instrumental, porque precisamente el legislador autoriza a los intervinientes, incluso a la defensa, a recolectar esta clase de evidencia, en cualquier medio técnico idóneo y de manera específica, como fue presentada.

Así está precisado en el artículo 271, ibídem(39), como lo destaca el Ministerio Público y sin que sea de la esencia para su validez, el expresar el contenedor que la recoge, pues nada de ello exige el legislador para su eficacia.

De este modo, la fiscalía con oportunidad reveló la entrevista de Reyes Andrés Benítez Martínez.

La censura no prospera.

1.3. Tercer cargo subsidiario (falso juicio de identidad).

Se violó indirectamente la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 404, 29 y 30 del Código Penal, cuando en el fallo al valorar las atestaciones de Milton Contreras Amell, Óscar Daniel Vargas León y Reyes Andrés Benítez Martínez se distorsionó, desfiguró, tergiversó o cercenó su contenido para concluir que aquel actuó como autor del delito de concusión y no como un simple cómplice al ejecutar el hecho principal mediante una solicitud dineraria o en especie al Notario de Montelíbano.

Expresa, que en este sentido el fallo contiene inmensas contradicciones y desaciertos referentes a la participación de Milton Contreras Amell reflejadas en el siguiente orden:

— En un “párrafo inicial” se afirma que la prueba demuestra que Manuel Guillermo Cuello Baute en su condición de Superintendente de Notariado y Registro ejerciendo la competencia disciplinaria en contra del Notario de Montelíbano se aprovechó de esas circunstancias para solicitar por intermedio de Milton una dádiva para favorecerlo en la decisión de segunda instancia; de manera posterior, se dice, que Milton solicitó al notario previa autorización de Manuel Guillermo el dinero para beneficiarlo, como si la idea hubiera surgido de Contreras Amell, con lo cual se “presume” un hecho del que nada dicen las pruebas, pues según lo dicho en precedencia la idea surgía era del superintendente aprovechando esa condición; para luego, volver sobre la primera aseveración cuando el ad quem manifiesta, que de los testimonios de Óscar Daniel Vargas León y Reyes Andrés Benítez Martínez, se evidencia, Milton Contreras no obró solo, sino por cuenta de Manuel Guillermo Cuello Baute cuando hizo la solicitud y le entregó el mapa elaborado por este para que las diez novillas fueran entregadas en la finca La Providencia, de propiedad de Martha Baute de Cuello, progenitora del acusado Cuello Baute.

Destaca, que al verificar en conjunto el material probatorio se llega de manera fácil a la conclusión que Milton Contreras Amell no fue quien solicitó el dinero al notario, pues solamente sirvió de correo para expresar a la víctima el querer de Manuel Guillermo Cuello Baute, quien era el único que tenía el dominio del hecho en la medida de ser la persona autorizada para adoptar una decisión dentro del proceso disciplinario.

La participación de Milton Contreras Amell no era necesaria en la ejecución del punible, pues en su lugar se habría podido utilizar a otra persona vinculada o no a la entidad para llevar el mensaje al notario investigado o prescindir de ello y Cuello Baute hacerlo directamente, al corresponder a alguien de la misma región de la víctima, razón por la cual “necesariamente” no requería hacerlo a través de aquel.

Considera, que no se acreditó la coparticipación de su defendido ante la inexistencia de: i) un acuerdo común respecto de un plan criminal, al indicar el análisis del material probatorio que Milton era un emisario de su superior jerárquico, Manuel Guillermo Cuello Baute para transmitir al notario Reyes Andrés Benítez la solicitud dineraria a cambio de ser favorecido con la decisión procesal disciplinaria; ii) el reparto de tareas dirigidas a lograr el fin propuesto, al inexistir en las versiones citadas afirmación sobre este tópico; iii) el aporte importante en su ejecución, pues si Milton no cumplía el encargo de Manuel Guillermo, lo podía hacer cualquier otra persona; y iv) el dominio funcional del hecho, al afirmarse que no estaba ejerciendo su voluntad, sino la del superintendente Cuello Baute.

Por tanto, concluye la impugnante, la participación de Milton fue a título de cómplice en la medida de facilitar al superintendente la realización de la conducta típica, dolosa y antijurídica, al haber actuado como su mensajero, al extremo de no haber recibido la contraprestación ilícita que fue solicitada “si se tiene en cuenta que mediante un croquis elaborado por el mismo doctor Cuello Baute este indicó que el destino de los diez semovientes era la finca La Providencia ubicada en Valledupar de propiedad de su señora madre”.

Solicita a la Corte, favorecer al acusado Contreras Amell con la condena como cómplice y se redosifique la pena impuesta.

1.3.1. La fiscalía.

A partir de la descripción normativa del delito de concusión, destaca que este punible se consuma con la realización de cualquiera de los verbos “constreñir, inducir o solicitar”, independientemente que el dinero o utilidad penetre en el ámbito de disponibilidad del actor y está acreditado que Contreras Amell como servidor público de la Superintendencia de Notariado y Registro se ganó la confianza de Benítez Martínez quien llamaba con frecuencia para consultar algunos temas relacionados a la función, circunstancias bajo las cuales abuso de esa condición para realizar la solicitud a cambio de favorecerlo en los resultados de la investigación disciplinaria que se promovía en su contra.

Así determinó con plena conciencia su comportamiento y agotó el tipo penal en la condición de autor material, sin que sea aceptable predicar que su actuar fue simplemente una colaboración.

En apoyo a su argumento evoca las decisiones de esta corporación de 19 de diciembre de 2001, radicación 15950 y de 26 de enero y 9 de marzo de 2006, radicaciones 24237 y 22327, respectivamente, en las que se precisan los conceptos dogmáticos de autor, coautores y cómplices y afirma que entre los procesados existió un acuerdo previo donde se distribuyeron con claridad tareas que cada uno iba cumpliendo en la comisión delictual. A Contreras le correspondía realizar la exigencia de la dádiva, orientar como entregarla y Cuello se aprestaba a recibirla en la finca de su progenitora proporcionando un mapa elaborado por él y luego expedir la resolución de segunda instancia para favorecer al concusionado.

Estos hechos están plenamente demostrados en el juicio sin que signifiquen que Contreras Amell apenas prestó un auxilio poco significativo en el camino delictual.

1.3.2. Concepto de la procuraduría tercera delegada.

Para el Ministerio Público la inviabilidad del cargo se materializa a partir de la omisión por parte del demandante para hacer alusión a las pruebas cuyo contenido material se distorsionó. Citar solo apartes del fallo para interpretar los términos con los cuales el ad quem se refiere como “previa autorización” y “por cuenta de”, a los cuales da su personal significado y pretende desarrollar en camino a solicitar una complicidad.

El cargo está desarrollado como un alegato de instancia con el que se hace imposible identificar el yerro denunciado y proceder a su verificación.

1.3.3. Consideraciones de la Sala.

La controversia está soportada en la inconformidad por la valoración probatoria realizada a las declaraciones de Milton Contreras Amell, Óscar Daniel Vargas León y Reyes Andrés Benítez Martínez producto de la distorsión, desfiguración, tergiversación o cercenamiento de su contenido por parte de los jueces y concluir de manera equivocada, que aquel actuó como autor del delito de concusión, cuando fue simplemente un cómplice al realizar el hecho principal por encargo del procesado Manuel Guillermo Cuello Baute.

Debe precisar la Corte, que esta temática ha sido tratada en la jurisprudencia(40) como violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad el cual tiene presencia cuando el fallador tiene en cuenta el medio probatorio legal y oportunamente producido o incorporado; sin embargo, al apreciarlo lo distorsiona, tergiversa, recorta o adiciona en su contenido literal, hasta llegar a conclusiones distintas a las que habría obtenido si lo hubiese considerado en su integridad.

En esa hipótesis, el censor tiene la carga de confrontar por separado el tenor literal de cada prueba sobre la cual hace recaer el yerro, con lo que el ad quem pensó ellas decían; y una vez acreditado el desfase, continuar hacia la trascendencia de aquella impropiedad.

En otras palabras, quien así alega debe comparar puntualmente lo dicho por los testigos, o lo indicado por las pruebas de otra índole, con lo leído por el tribunal superior en esas específicas versiones testimoniales, o con lo que entendió indicaban los restantes elementos de convicción; todo con el fin de acreditar el distanciamiento del fallo, con la realidad objetivamente declarada por el acopio probatorio, por distorsión, recorte o adición en su contenido material.

Nada de esto demuestra el censor. Soslayó la carga mínima de enseñarle a la Corte el contenido literal de las atestaciones del acusado Milton Contreras Amell, la del policial Óscar Daniel Vargas León y de la víctima Reyes Andrés Benítez Martínez, omisión que lleva a la absoluta insustancialidad la censura, como lo precisaron fiscalía y procuraduría en sus intervenciones de oposición a la demanda.

Para la construcción lógica del reparo en camino a su estudio era imprescindible integrar el contradictorio, propósito dialéctico en el que era indispensable conocer qué expresaron de manera fidedigna cada uno de los testigos.

Esta sustracción estructural, impide a la Sala contar con el parámetro de contraste que evidencie el desquicio que se alegó.

Sin embargo, al haberse superado los defectos de la demanda, como se acotó en los aspectos preliminares de esta providencia, se procederá a su estudio.

Así, al revisar la audiencia del juicio oral se corrobora, en primer orden, que el acusado Milton Contreras Amell no compareció a la vista, consecuentemente, tampoco testificó.

Este hecho procesal, como ya se destacó en la respuesta del cargo anterior, lo precisa el tribunal en la sentencia recurrida, al destacarlo de la siguiente manera(41):

“En el asunto examinado la entrevista de Milton Contreras Amell no fue empleada por las partes en el juicio para refrescar la memoria del investigador ni para impugnar credibilidad de aquél porque no asistió al enjuiciamiento” (resaltado de la Corte).

Por sustracción de materia, inexistió la posibilidad material, jurídica e intelectual para que ese colegiado distorsionara, adicionara, tergiversara o cercenara su declaración. Para que fuera posible alguno de estos eventos, el fallador debía tener en cuenta el medio probatorio legal y oportunamente producido y en el caso sub lite, contrario a lo expresado por el recurrente este no fue aducido y así los jueces lo declararon en sus sentencias.

Los juzgadores no consideraron su existencia material. Tampoco la valoraron. Razón suficiente para declarar que el cargo no prospera por este motivo.

De otra parte, al verificar de manera individual el contenido de las declaraciones rendidas por Óscar Daniel Vargas León y Reyes Andrés Benítez Martínez en el debate oral, establece la Sala que sí fueron allegadas y son contestes en manifestar, que Milton Contreras Amell, como servidor público de la Superintendencia de Notariado y Registro, llamó telefónicamente a Martínez Benítez con ocasión al proceso disciplinario que se le adelantaba a este en esa dependencia como Notario Único de Montelíbano (Córdoba) y le solicitó para obtener en segunda instancia una decisión favorable, entregar una dádiva en dinero o en especie en beneficio de Manuel Guillermo Cuello Baute, quien para ese momento se desempeñaba como jefe de esa entidad y tenía a su cargo decidir el asunto, la que se concretó en 10 cabezas de ganado vacuno.

Al apreciar estos testimonios, en las partes pertinentes del objeto del reproche, esto dijo el tribunal(42):

“Óscar Daniel Vargas León, subintendente de la Dijin, manifestó que intervino en la investigación y el 11 de septiembre de 2006 entrevistó a Milton Contreras Amell que ‘hizo énfasis sobre el manejo a pues el señor Cuello aprovechándose de su cargo, de acuerdo a lo manifestado por el señor Milton, tuvo una intervención en cuanto a una solicitud obviamente, el señor Milton previamente autorizado por el señor Cuello, una solicitud de unas dádivas al señor Benítez, en ese entonces el Notario del municipio de Montelíbano en la cual iban a colaborar en segunda instancia para que se llevara… lo ayudaran en segunda instancia a cambio de unas novillas que tenían que dejar en la finca… cerca de la ciudad de Valledupar que estaba a nombre de los familiares del señor Cuello Baute’.

(…).

La prueba recaudada y concretamente el Notario de Montelíbano (Córdoba) [Reyes Andrés Benítez Martínez] dijo que fue llamado telefónicamente por Milton Contreras Amell para expresarle que conseguiría una decisión favorable en segunda instancia ante la destitución ordenada en el fallo de primer grado a cambio de una colaboración en dinero o especie.

Con dicha actividad se inicia la ejecución de la conducta delictiva o se realiza el verbo solicitar, en este caso, una utilidad indebida…

(…).

Las pruebas practicadas y aportadas en la audiencia del juicio oral y ahora analizadas llevan al (sic) conclusión de que Manuel Guillermo Cuello Baute y Milton Contreras Amell son responsables del delito de concusión por haber solicitado a Reyes Andrés Benítez Martínez diez semovientes con el fin del primero favorecerlo al decidir la apelación de la resolución de primera instancia que lo sancionó con la destitución del cargo de Notario Único de Montelíbano”.

Confrontados lo expresado por los dos testigos con los apartes del fallo no encuentra la Corte ninguna disonancia, mutación, agregado o ambigüedad que cambie o modifique su sentido, en perjuicio de los acusados.

Menos aún, que el eje del núcleo fáctico con relevancia jurídica sobre el cual se cimentó la acusación y condena a partir de estos elementos de conocimiento haya sido adulterado. Por el contrario, de los fragmentos transcritos de la sentencia se debe destacar, que diametralmente opuesto a lo afirmado en la demanda, el tribunal, con apego a la fidelidad de las atestaciones realizó transliteración de la declaración del policial Vargas León, testificales a partir de las cuales estableció la coautoría de los procesados en la realización del delito de concusión.

Como el aspecto de la participación hace parte de la censura, en el entendido que Contreras Amell debe responder como cómplice en lugar de autor, debe recordar la Sala, que el delito de concusión se encuentra descrito en el artículo 404 del Código Penal (L. 599/2000) bajo el siguiente tenor:

“El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años” (resaltado fuera de texto).

Supuesto de hecho donde la conducta se encuentra integrada por tres verbos rectores en forma alternativa: “constreñir, inducir y solicitar”, a partir de los cuales, para la estructuración del comportamiento como hecho punible, se requiere la actualización de por lo menos uno de ellos, como ocurre en el presente caso, cuando se le reprocha a Contreras Amell, en su condición de servidor público haber pedido de manera directa a Reyes Andrés Benítez Martínez una dádiva dineraria o en especie en beneficio de Cuello Baute, que luego se materializó en la entrega de 10 semovientes.

Conforme a la teoría del dominio del hecho estimada por Claus Roxin(43), refiere tres formas: (i) dominio de la acción, (ii) dominio de la voluntad y (III) dominio funcional.

La primera comprende la realización directa, de propia mano del tipo doloso, la cual se revela como la ejecución final de todos los elementos de este. La segunda, comprende los eventos en los cuales se realiza el supuesto de hecho mediante interpuesta persona que le sirve de instrumento a otro para sus fines y que no está en condiciones de oponer resistencia a la voluntad del dominante del hecho del otro, es el autor mediato. La tercera, la funcional, en la realización del hecho convergen pluralidad de sujetos, los cuales deben ser considerados autores, donde uno de ellos pueda realizar parcial o totalmente la conducta típica.

Es diáfano que Contreras Amell por sí mismo —de propia mano—, ejecutó uno de los verbos rectores —solicitar— descrito en la disposición punitiva.

Esta acción fue suficiente para perpetrar la conducta en la condición de autor material en los términos del artículo 23 de la Ley 599 de 2000, que establece lo es, quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.

Consumó de manera integral la conducta, sin que este comportamiento se pueda considerar como una simple aportación del recorrido delictual, como lo alega el recurrente.

Vale precisar, que Milton Contreras Amell no es susceptible de ser tenido como cómplice de concusión al corresponder su intervención no simplemente al aporte de una condición adecuada para que otro —Manuel Guillermo Cuello Baute— cometiera el delito, sino que él mismo realizó la conducta típica y antijurídica.

Fue quien, en su condición de servidor público, solicitó a la víctima una utilidad indebida, sin importar que esta se materializara a nombre o en beneficio de otro servidor público, tampoco, que con ello se pueda predicar, que su voluntad se encontraba bajo el dominio de Manuel Guillermo Cuello Baute a la que no podía resistirse, al inexistir elemento de juicio que pueda soportar tal aseveración.

Por el contrario, sí se acreditó, que como servidor público de la Superintendencia de Notariado y Registro tuvo el dominio integral del hecho y efectuó de manera completa el tipo y con Manuel Guillermo ofrecían una acción compartida, último encargado de expedir el acto administrativo para beneficiar a Benítez Martínez, luego de recibir el ganado en la finca La Providencia ubicada en la ciudad de Valledupar, que por estipulación probatoria y testimonio se acreditó es de propiedad de la progenitora de aquel y para facilitar su acceso, proveyó un documento elaborado a mano alzada, el que con base en el peritaje grafológico contenido en el testimonio del grafólogo forense Jorge Armando Mora Novoa, se estableció existía uniprocedencia con el material indubitado para afirmar había sido elaborado por Manuel Guillermo.

Por tanto, no resulta comprensible que con aplicación de las normas que regulan la participación de personas en el hecho punible, se diga que una intervención de esta naturaleza se pueda calificar como simple complicidad.

Conteras Amell no realizó simplemente una contribución, tampoco prestó una ayuda posterior. Inequívocamente realizó con Cuello Baute el comportamiento, protagonismo que lo ubica como coautor.

Es que los hechos declarados como probados en la sentencia impugnada, descartan que su intervención hubiese sido secundaria y accesoria frente a la solicitud de la utilidad indebida, indicación de su entrega y la coordinación institucional para la producción del acto administrativo que se ofreció a cambio, circunstancias que no le era posible llevar a cabo sin acuerdo previo con Manuel Guillermo, quien de manera anticipada señaló la finca de su progenitora para el recibo de la dádiva, el que a su vez tenía bajo su control funcional la expedición de la resolución que beneficiaría a la víctima.

Elementos de conocimiento todos, incorporados en el juicio.

Como lo afirma la fiscalía, existió un plan pre ordenado en el que los dos concertados distribuyeron tareas específicas encaminadas a su logro, en donde cada una de ellas, estaba determinada por el rol que cumplían al interior de la entidad pública a la cual se encontraban vinculados laboralmente y en ejercicio de la función pública de registro.

Fueron coautores del delito de concusión.

Como fue solicitado por la fiscalía y la procuraduría, el cargo no prospera.

2. Presentada en nombre del procesado Manuel Guillermo Cuello Baute.

2.1. Cargo único.

Amparado en el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, postula varios errores por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, bajo los siguientes argumentos:

2.1.1. Falso raciocinio en la apreciación del testimonio de Rodrigo Lara Restrepo, por transgresión de la regla de la lógica consistente en que “Un testigo que da cuenta de la ocurrencia de una denuncia, solo está dando fe de tal delación, pero no de lo que allí se cuenta o relata”.

Conforme al dicho del testigo Lara Restrepo, este solo conoció de la denuncia formulada por Milton Contreras Amell contra Manuel Guillermo Cuello Baute en su condición de “zar anticorrupción” y se limitó a remitirla a la autoridad competente sin realizar indagaciones, pues carece de facultades sancionatorias.

Con relación a las reuniones realizadas entre Milton Contreras Amell y la policía judicial, no se levantaron actas.

— El juez infirió al valorar el medio de prueba, que Milton Contreras Amell aceptó el “mandato” de Manuel Guillermo Cuello Baute para beneficiar al Notario de Montelíbano en el trámite de un asunto disciplinario de segunda instancia adelantado en su contra a cambio de un pago en especie —evoca apartes de la sentencia de primer grado—, acto procesal donde se presenta el yerro denunciado.

2.1.2. Falso raciocinio en la valoración del testimonio de Óscar Daniel Vargas León.

Con base en la atestación dada por este declarante, los jueces construyeron un indicio, en relación a la ubicación de la finca “La Providencia” de propiedad de Martha Baute de Cuello basados en un mapa “supuestamente” elaborado por el procesado.

El dislate se presenta por la transgresión de la regla de la lógica consistente en que:

“Para constatar la aptitud de un mapa —en aras de determinar si establece un indicio de responsabilidad— debe el experimentador ubicar el lugar indicado en el mapa valiéndose únicamente de este, o las señales que el camino le indique, o de las señas y explicaciones que los vecinos de los lugares cercanos que haya logrado tras la interpretación del plano; pero no previamente consultar el certificado de libertad y tradición del inmueble que pretende hallar, porque la utilización del mapa se hace inocua, toda vez que ese documento público contiene la información precisa de la ubicación del lugar”.

Para la demostración del error, transcribe apartes del fallo para expresar, que el tribunal al desatar la alzada no interpretó adecuadamente la censura consistente en la carencia de aptitud para indicar la ubicación de la finca ‘La Providencia’.

Dice, que de manera sofística el testigo Vargas León hace creer que al utilizar el croquis se podía arribar a la finca, cuando la herramienta utilizada para ello fue el documento de la oficina de registro de instrumentos públicos, obtenido de manera previa en los actos de indagación.

2.1.3. Falso juicio de convicción.

Los jueces valoran como pruebas de responsabilidad, medios de persuasión de referencia, con lo que se transgredió el mandato del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para expresar que el fallo no se puede fundamentar en el aspecto de la ocurrencia del delito y la responsabilidad del acusado, basado solamente en esta clase de elementos de conocimiento.

Para el censor no es válido exponer que al existir medios directos de persuasión para acreditar el ilícito, no se necesitan de ellas para soportar la autoría, pues se estaría vulnerando la tarifa legal negativa descrita en el precepto.

Define que prueba de referencia es toda declaración aceptada como tal en el juicio sin haber sido recibida de manera directa o presencial durante el debate.

Así, trae a colación apartes de las sentencias de instancia para afirmar que allí, los falladores valoraron el testimonio del coacusado Milton Contreras Amell quien no estuvo presente en el juicio, de esta manera las aseveraciones a él otorgadas, se tomaron de lo afirmado por Óscar Daniel Vargas Leal, quien relata entrevistó a Contreras Amell, el que a su vez, le contó sobre la autorización dada por Manuel Guillermo Cuello Baute para solicitar la dádiva al notario; de Ruby Alicia Gómez, a quien se le coloca en su boca lo que no ha dicho, de haber conocido los hechos por entrevista realizada a Milton Contreras Amell, la existencia de un mapa y la entrega de unas novillas; del notario Reyes Andrés Benítez, quien como testigo de cargo de la fiscalía, en el juicio termina desvirtuando su teoría del caso, pero los jueces establecen a partir de este la imputación de responsabilidad de Manuel Guillermo Cuello Baute con base en relatos de referencia; y de Aníbal Antonio Arnedo Care, quien al atestar en el juicio ofreció una versión diferente a la presentada por el acusador y fue la persona encargada de transportar el ganado desde Montelíbano hasta Valledupar, los cuales como pruebas de responsabilidad carecen de la calidad de testigos directos.

Como trascendencia del yerro expresa, que de no haber incurrido el tribunal en el error debió dar aplicación al principio universal de in dubio pro reo, según el cual, toda duda insuperable en el proceso debe resolverse a favor del procesado, la cual surge cuando existe falta de certidumbre o convicción.

Se violaron por falta de aplicación, los artículos 7º (presunción de inocencia e in dubio pro reo) y 381 (conocimiento para condenar) del Código de Procedimiento Penal, respecto de los cuales dice, llevaron a dejar incólume el fallo de primer grado que había aplicado indebidamente el artículo 404 (concusión) del Código Penal.

2.2. La fiscalía.

2.2.1. El falso raciocinio se motiva en que el testimonio de Rodrigo Lara Restrepo no va más allá de ser un indicador de la existencia de una denuncia en contra de Cuello Baute, sin que pueda referir los hechos que en ella se contienen.

Desconoce el censor, que el sistema procesal penal impone al juez en el artículo 379 de la Ley 906 de 2004 valorar en conjunto los diversos medios de prueba. No resulta acertado decir, que de esta declaración solo se extrae la existencia de la queja, pues también aporta, las circunstancias por las cuales Milton Contreras Amell llegó a la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República, después de haberse noticiado en un consejo comunal al Presidente de la República sobre hechos de esa naturaleza en la Superintendencia de Notariado y Registro.

De esa circunstancia fue testigo directo Lara Restrepo, al igual que de la reunión que se verificó cuando compareció a su despacho Yidis Medina, luego esta acompañada de Milton Contreras Amell, último que le manifestó:

“… Estaba muy preocupado por la presión y al mismo tiempo porque se conocía que probablemente este asunto iba a salir en los medios de comunicación y por lo tanto le podía causar un daño muy grande al Gobierno Nacional… el señor Contreras llevó un mapa que supuestamente indicaba la ubicación de una finca donde se tenía que entregar un ganado”.

Esto lo percibió de manera directa, al igual que del encuentro suscitado entre el Notario de Montelíbano Reyes Andrés Benítez Martínez, funcionarios de policía judicial y el fiscal que asumió el caso, donde el último accedió colaborar con la justicia e informó sobre las exigencias de personas de la superintendencia y la entrega que había realizado de un ganado, circunstancias que por haberlas vivenciado las podía declarar y así mismo, los jueces valorarlas.

Al revisar los registros, se corrobora que el declarante no se refirió a los hechos denunciados por Contreras Amell, pero sí lo hizo de su aptitud, preocupación, el documento que llevaba en sus manos, la reunión con Benítez Martínez y lo que escuchó de sus propios interlocutores.

El cargo carece de fundamento.

2.2.2. El segundo falso raciocinio se soporta en el razonamiento del testimonio de Óscar Vargas León en lo relacionado con la finca de propiedad de Martha Cuello Baute.

El declarante fue claro en afirmar, que con el documento denominado mapa y elaborado por Manuel Guillermo Cuello Baute junto con las averiguaciones con personas del sector a medida que realizaba el recorrido le fue suficiente para llegar a la finca La Providencia, sin que sea cierto, como lo pretende hacer creer el demandante, lo hizo solo a partir de la consulta en el folio de matrícula inmobiliaria, por tanto el elemento —documento con el dibujo— carece de aptitud probatoria.

Si la defensa considera que este adolece de idoneidad, debió probarlo con medios eficaces en el juicio y no pretender ahora hacerlo a través de especulaciones.

2.2.3. El falso juicio de convicción soportado en la tarifa legal negativa porque el fallo está fincado exclusivamente en pruebas de referencia no le merece mayores consideraciones.

Mal entiende el abogado el concepto de prueba de referencia para señalar los testimonios de Óscar Vargas León, Ruby Alicia Gómez, Reyes Andrés Benítez y Aníbal Antonio Arnedo Care, como tales, los dos últimos, por haber sido desmentidos con las entrevistas que previamente habían rendido a la policía judicial.

Declararon lo percibido, lo que les constaba y en lo que fueron confrontados con lo dicho en sus entrevistas se integró a la prueba como lo ha entendido la Corte en las decisiones de 6 de marzo de 2008, radicación 27477 y de 7 de febrero de 2007, radicación 26727, motivos suficientes para solicitar que no se case la sentencia.

2.3. Concepto de la procuraduría tercera delegada.

2.3.1. El falso raciocinio referido a la violación del principio de la lógica conforme al cual, solo se podía dar por probado de la declaración de Rodrigo Lara Restrepo el hecho de la delación que conoció, por cuanto no tenía competencia sancionatoria y su labor se limita a recibir quejas y enviarlas al competente, no está llamado a prosperar porque carece de fundamento fáctico.

Para el Ministerio Público es claro que el fallador simplemente se limitó a reseñar el testimonio de este testigo, en cuanto describió la forma y las circunstancias en que Milton Contreras Amell se presentó a su despacho a denunciar, sin elevar juicios de valor sobre el tema. El a quo invocó incluso, la jurisprudencia de esta corporación de 8 de julio de 2009, radicación 30601, para categorizar que esta testificación es prueba directa referida al hecho de relatar que se hizo una atestación en su presencia, mas no de su contenido.

2.3.2. El falso raciocinio que atañe a la equivocación del juzgador por dar aptitud al mapa de ubicación de la finca La Providencia incorporado en el testimonio de Óscar Daniel Vargas León, quien manifestó que para llegar a ese inmueble el investigador relató que consultó el certificado de libertad y tradición del bien que contiene los datos suficientes para su identificación y ubicación, motivo por el cual el croquis era inútil por sí solo.

La procuraduría, previa evocación del registro del juicio oral, precisa, eso no fue lo manifestado por el declarante, pues al contra interrogarlo la defensa, le aclaró, obtuvo el certificado de matrícula inmobiliaria pero con fines de identificación del bien y sus propietarios, pues en el documento, no se aportan datos del lugar.

El cargo es incoherente con lo probado en el juicio, por tanto, no se constata el yerro formulado.

2.3.3. El reproche por falso juicio de convicción motivado en que la sentencia está soportada exclusivamente en pruebas de referencia con desconocimiento en la tarifa legal negativa por apreciar los testimonios de Milton Contreras Amell quien no compareció al juicio; Óscar Daniel Vargas León y Ruby Alicia Gómez, investigadores, quienes entrevistaron a Contreras Amell y solo pueden dar fe de esa circunstancia mas no de su contenido; y el testimonio de Reyes Andrés Benítez, notario, Aníbal Antonio Arnedo Care, conductor que transportó el ganado, los que cambiaron en el juicio la versión dada en entrevista.

Se equivoca el defensor al catalogar como tales los testimonios y entrevistas utilizadas para impugnar credibilidad los cuales también fueron oportunamente descubiertos, practicados e incorporados en juicio, porque allí en presencia de la juez de conocimiento y las partes se examinó lo afirmado y después tuvo la oportunidad para determinar su veracidad, sin que ello las convierta a la calidad alegada por el recurrente.

Evoca jurisprudencia de la Sala(44) sobre la validez de las entrevistas y su necesidad de valorarlas frente al cambio de versión del testigo y su renuencia a declarar, para concluir, que ninguna de las censuras está llamada a prosperar. Las dos primeras carecen de sustento procesal y probatorio; la tercera, no permite su adecuación, motivo por el cual, al no haber derruido la doble presunción de acierto y legalidad de la sentencia, la solicitud de absolución basada en el in dubio pro reo es infundada.

2.4. Consideraciones de la Sala.

Desde ya se anuncia que la improsperidad del cargo llega por la ineptitud para su demostración al igual, que por no soportar su corrección material.

Propuestos dos falsos raciocinios y un falso juicio de convicción, debe la Corte en primer orden, como lo ha acrisolado en la jurisprudencia, destacar, que esa clase de dislates tienen presencia, los dos primeros, cuando a una prueba que existe legalmente y es valorada en su integridad, el juzgador le asigna un mérito o fuerza de convicción con transgresión de los postulados de la sana crítica; es decir, las reglas de la lógica, la experiencia común y los dictados científicos.

Esta especie de error exige al demandante indicar cuál postulado fue desconocido o aplicado incorrectamente por el juez; además, demostrar la trascendencia de ese yerro, de modo que sin él, el fallo hubiera sido diferente; y concomitantemente indicar cuál era el aporte científico correcto, el raciocinio lógico o la deducción por práctica que debió aplicarse para esclarecer el asunto debatido.

De otra parte, el falso juicio de convicción, al cual se refiere el defensor en el tercer reparo, tiene cabida, cuando el juzgador no le otorga a un determinado medio de prueba el valor asignado por el legislador.

Esta clase de yerro, en el sistema de apreciación probatoria de persuasión racional o sana crítica, rector del proceso penal colombiano, no tiene cabida, al inexistir en el ordenamiento instrumental norma encargada en asignar atributo suasorio a determinado elemento de conocimiento. Sin embargo, de manera reiterada ha precisado esta corporación que la única posibilidad de afectación de la tarifa legal, lo es de forma negativa, como mandato de proscripción para emitir sentencias soportadas exclusivamente en pruebas de referencia, evento que aquí no se convoca, como lo veremos más adelante, pues adicional a la objeto de censura, los jueces declararon certeza probatoria con base en heterogéneos elementos de conocimiento incorporados en el juicio, respecto de los cuales el recurrente guardó absoluto silencio, llevando por este camino de inconsecuencia a la insustancialidad del ataque.

2.4.1. El primer reproche, se funda en que al apreciar el testimonio de Rodrigo Lara Restrepo el tribunal transgredió la regla de la lógica consistente en que:

“Un testigo que da cuenta de la ocurrencia de una denuncia, solo está dando fe de tal delación, pero no de lo que allí se cuenta o relata”.

El reparo es absolutamente inexacto al atribuir al juicio particular del censor la categoría de postulado lógico.

Desconoce que la lógica formal atribuye esa condición a los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido, petición de principio y razón suficiente, encaminados a soportar la coherencia argumentativa del discurso, en los que no tienen cabida, expresiones caprichosas o especulativas de raigambre como la que aquí se anuncia, producto del discernimiento particular del libelista.

El testimonio de Lara Restrepo fue correctamente apreciado, se extrajo de él lo vivenciado en su condición de director de la Oficina Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, al noticiar y remitir a las autoridades competentes la existencia de una denuncia de esa naturaleza, actividad de la cual refirió, quien, cómo y cuándo en su presencia se radicó la queja, la cual constituyó la noticia criminal originaría de este asunto, atestación a la que se le asignó credibilidad.

El dislate carece de vocación de éxito, pues lo demás es llevar el recurso extraordinario a una controversia probatoria interminable, donde la disidencia no va más allá del parecer de los intervinientes, propio de un alegato de instancia, ajeno a esta sede.

2.4.2. El falso raciocinio en la valoración del testimonio de Óscar Daniel Vargas León, diligencia en la cual se incorporó, entre otros, el documento que contiene el dibujo a mano alzada en donde se indica la ubicación de la finca La Providencia, último al que no se le debió otorgar aptitud probatoria porque desconoce la regla de la lógica consistente en que:

“Para constatar la aptitud de un mapa —en aras de determinar si establece un indicio de responsabilidad— debe el experimentador ubicar el lugar indicado en el mapa valiéndose únicamente de este, o las señales que el camino le indique, o de las señas y explicaciones que los vecinos de los lugares cercanos que haya logrado tras la interpretación del plano; pero no previamente consultar el certificado de libertad y tradición del inmueble que pretende hallar, porque la utilización del mapa se hace inocua, toda vez que ese documento público contiene la información precisa de la ubicación del lugar”.

Al igual que en el anterior dislate, el censor no enseña el principio lógico que ampare su inconformidad.

Por lo expresado, su desconcierto radica en la ineptitud demostrativa del elemento gráfico de prueba, bajo el argumento de haberlo alcanzado, solo a partir del conocimiento adquirido por el testigo cuando en las labores de investigación extrajo la información del certificado de libertad y tradición del inmueble, al cual el tribunal, sin más, le asignó valor persuasivo.

La censura es un completo sofisma. Ello, porque para proponer el error de hecho, se acude a una de las hipótesis que la jurisprudencia ha decantado como las estructurales de esta clase de yerros; sin embargo, la premisa en que se dice sustentar no corresponde a los principios establecidos en la lógica formal.

Ella es producto de la especulación del demandante que no va más allá de su creativa intelección.

Es desafortunado pretender negar aptitud probatoria a este documento, del que por el contrario encuentra la Corte, corresponde a un elemento directo que acredita y compromete la responsabilidad de Manuel Guillermo Cuello Baute.

El dibujo permitió establecer en el juicio: i) a través de la prueba grafológica, su uniprocedencia con los documentos indubitados de los que Manuel Guillermo fue su amanuense; y ii) por su contenido, que la finca La Providencia de Valledupar, junto al río Callao, atañe a un bien inmueble de propiedad de Martha Dolores Cuello de Baute, madre del acusado Manuel Guillermo, como lo expresó ella misma en su atestación.

Sobre la controversia ofrecida por el recurrente de si era por sí solo idóneo para permitir la localización del inmueble, desconoce el demandante, como de manera acertada lo precisa el Ministerio Público, que este tema al agotar el eje fáctico que lo soporta fue zanjado desde la sesión de audiencia del juicio cuando el mismo actor, al ejercer el contra interrogatorio del testigo Óscar Daniel Vargas León se estableció(45):

Defensor de Manuel Guillermo Cuello Baute: “¿Usted afirmó igualmente, que antes de haber ido a la finca fue a la oficina de registro de instrumentos públicos?

O.D.V.L.: “Sí claro”.

D.M.G.C.B.: “¿Allí verificó exactamente la ubicación de la finca en el certificado de libertad?”.

O.D.V.L.: “No era con el fin de ubicarla. Era con el fin de establecer si la finca era de la familia del señor Cuello”.

D.M.G.C.B.: “¿Está la ubicación y la distancia?”.

O.D.V.L.: “Como le había dicho era para verificar la existencia de la finca, no para verificar el sitio o la llegada a la finca.

D.M.G.C.B.: “¿Le da alguna información sobre la finca o no, sobre la ubicación o no?

O.D.V.L.: “Simplemente dice sin dirección y dice La Providencia”.

Incorporado con el mismo testigo de acreditación el folio de matrícula inmobiliaria como prueba de la fiscalía, corroboraron las instancias y ahora lo hace la Corte, y ello con la finalidad de mostrar la incorrección de la alegación, que en este elemento no se dice nada sobre la ubicación del bien raíz más allá de serlo en la ciudad de Valledupar, circunstancia que autoriza el aserto del declarante, que fue suficiente con el dibujo y las pesquisas propias de un investigador judicial que acude a fuentes no formales, tales como, entrevistar a transeúntes o lugareños sobre determinados entornos, contextos, hechos o circunstancias, o acudir a otros parámetros de verificación.

Olvida por completo el libelista, que los jueces en el ejercicio intelectual de valoración fáctica, por mandato instrumental(46), la deben realizar en conjunto con los demás elementos de conocimiento.

De la misma manera, que en cumplimiento del postulado de libertad probatoria rector del sistema penal, proscriptor de cualquier forma de tarifa legal positiva, inexiste parámetro para establecer categorías demostrativas, menos aún el orden conforme al cual la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de su misión constitucional para la realización de los actos de indagación e investigación deba recolectar las evidencias bajo un criterio secuencial específico, pues más allá del límite que los tratados internacionales, la Carta Política y la ley le fijan del respeto irrestricto de los derechos fundamentales, los que también pueden ser superados, en los eventos autorizados previa o posteriormente del control de los jueces de garantías, no tiene ninguna otra limitación para ejercer su función.

Por tanto, árido y especulativo es discutir si a la ubicación de la finca La Providencia se llegó por el mapa elaborado a mano alzada por Manuel Guillermo Cuello Baute; si lo fue por otras actividades de investigación, como la elemental obtención del certificado de libertad y tradición; o por el recaudo indiscriminado de información legalmente recogida; incluso, si se logró a través de la asociación de varios elementos de conocimiento como consecuencia de procesos deductivos.

La censura es inocua.

4.2.3. Bajo la senda del falso juicio de convicción se alega, que los jueces se basaron exclusivamente en pruebas de referencia.

Se soporta en que el testimonio del coacusado Milton Contreras Amell quien no estuvo presente en el juicio, fue valorado al apreciar las atestaciones rendidas por Óscar Daniel Vargas Leal, quien relató lo entrevistó y en ella contó sobre la autorización dada por Manuel Guillermo Cuello Baute para solicitar la dádiva al notario; Ruby Alicia Gómez, a quien se le coloca en su boca lo que no ha dicho, pues conoció los hechos a través del mismo mecanismo; del notario Reyes Andrés Benítez, quien como testigo de cargo de la fiscalía, en el juicio termina desvirtuando su teoría del caso, pero los jueces establecen a partir de este la imputación de responsabilidad de Manuel Guillermo Cuello Baute; y de Aníbal Antonio Arnedo Care, quien al atestar en el juicio ofreció una versión diferente a la presentada por el acusador y fue la persona encargada de transportar el ganado desde Montelíbano hasta Valledupar, con transgresión del mandato del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que exige ese sustento en pruebas directas.

La Sala debe anticipar la improsperidad del cargo por este motivo, al no soportar su corrección material.

Lo primero, que constituye una reiteración de lo ya destacado en la respuesta a anteriores censuras, es la falta de inconsecuencia fáctica del yerro.

Revisado el fallo, fue claro el tribunal y lo es para la Corte, que Milton Contreras Amell no rindió testimonio, porque como se dejó precisado en la sentencia, no compareció al juicio.

Su atestación no fue objeto de valoración.

Por tanto, es un despropósito lógico fincar el reparo por falso juicio de convicción, con relación a un medio de prueba que no fue incorporado al debate. Podría ser otra clase de reproche, como el falso juicio de existencia por suposición, menos como fue argüida en la demanda.

De otra parte, las declaraciones de Óscar Daniel Vargas Leal, Ruby Alicia Gómez, Reyes Andrés Benítez, y Aníbal Antonio Arnedo Care, no denotan la condición de pruebas de referencia.

Es un hecho incontrovertible, que todos ellos comparecieron al juicio a rendir su atestación y en cada uno de sus relatos; los primeros, como parte del órgano de investigación narran las actividades verificadas en cumplimiento de su rol, desde la asignación del caso, la ejecución de pesquisas, la corroboración de la denuncia inicialmente formulada por Yidis Medina y luego reiterada por Milton Contreras Amell, la recolección de los elementos materiales de prueba, que como testigos de acreditación a través de ellos fueron válidamente incorporadas al debate.

Del tercero —Benítez Martínez—, en su condición de víctima de concusión, luego de la impugnación de credibilidad generada por la retractación que hizo de la versión vertida en la entrevista, depone la vivencialidad como sujeto de una acción disciplinaria de la solicitud indebida que fue objeto, la entrega de 10 novillas de su propiedad; y el último, describió desde su acontecer, haber sido la persona encargada de transportar el ganado desde Montelíbano hasta Valledupar.

Sobre estas temáticas, la Corte ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, específicamente en la oportunamente evocada por el Ministerio Público, allí precisó(47):

“1.3. En materia de apreciación de medios del conocimiento: entrevistas (CPP, arts. 205 y 206)9(sic) y testimonios (arts. 383 - 404 ib.) suele suceder —y es lo que advierte la Sala en este caso— que se presenten fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en la forma de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo como fuente directa del conocimiento de los hechos, porque es razonable que la persona que otrora declaró, reconoció, fue entrevistado, dictaminó, ante el órgano de indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio oral y público no rememora por las más diversas razones (entre las que no se descartan la voluntad renuente —nada sé, no recuerdo, nada digo, mi versión ya no revive al muerto, etc.—, el miedo, el terror, la amenaza, la amnesia, problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc.(1)), sencillamente porque no es tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral y público a uno dos o más procesados: “Tu mataste a mi hijo... a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es humanamente entendible!

No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos (es decir, el testigo de acreditación, el representante del órgano de indagación o de investigación, policía judicial, perito, experto técnico o científico, etc.) que accedió al medio de conocimiento comparece como testigo, rememora bien, se somete a los contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud el verdadero comportamiento del entrevistado, el verdadero sentido de sus respuestas, la verdadera incriminación, etc.

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la versión preliminar —entrevista, reconocimiento, acta—, la versión de la audiencia pública del testigo —algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.— y el testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material articulada.

(…).

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso.

Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del diálogo que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del elemento material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el juicio (art. 275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva del testigo en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con aquella que rindió ante el órgano de indagación e investigación para hacer inferencias absolutamente válidas(1), puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada prueba en concreto (testimonial, documental, etc.).

Por ello, el concepto de prueba testimonial como medio del conocimiento no es de cobertura restrictiva; no se puede entender cómo, si el testigo directo, en la audiencia del juicio oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada valen las imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de indagación, las evidencias que suministró y que fueron aportadas legítimamente por el testigo de acreditación que también declara en el proceso.

(…).

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no responder absolutamente nada — aquí algún testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del juicio que es, articulado con la evidencia que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación (policía judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, etc.), ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la contemplación material de la prueba testimonial, documental, etc. ¡Esa es la esencia del papel del juez!

(…).

El proceso penal es y sigue siendo un proceso dialógico(1) y la esencia del papel del juez radica en auscultar la credibilidad de todos los medios de conocimiento legalmente establecidos (pruebas directas, documentos, testimonios directos e indirectos, videos, cintas magnetofónicas, pruebas de referencia, inferencias lógicas, etc.) todo ello dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto de los derechos fundamentales(1).

Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y público por el representante del órgano de indagación e investigación a través de testigos de acreditación, después de aportadas legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables según los criterios de cada medio de convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación material es susceptible de conjurarse con la versión que suministre el testigo de acreditación”.

Óscar Daniel Vargas Leal, Ruby Alicia Gómez, Reyes Andrés Benítez, y Aníbal Antonio Arnedo Care, tienen la calidad de testigos directos para referir el conocimiento obtenido a partir de sus propias experiencias y la Corte halla la asignación suasoria a ellos otorgada fundada, razonable y acertada, la que por más fue producto del análisis conjunto de todos los elementos de persuasión que se llevaron a la comprensión de los jueces.

Los cuatro testigos fueron presenciales de los hechos que relataron. Sus atestaciones son la descripción de una crónica en la que ellos fueron protagonistas, intelección que adicional al discernimiento que permiten otros medios y que vistos de manera vinculada ofrecen el siguiente panorama fáctico, de los que por demás —los adicionales—, acota la Sala, no fueron objeto de censura.

A partir de la estimación del testimonio de la víctima Reyes Andrés Benítez Martínez se corroboró, que como Notario Único de Montelíbano fue objeto de la solicitud de una utilidad indebida por parte del funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro Milton Contreras Amell, consistente en 10 novillas en beneficio del jefe de esa entidad Manuel Guillermo Cuello Baute, las cuales debía entregar en una finca denominada La Providencia ubicada en la ciudad de Valledupar a cambio de modificar su situación jurídica que lo afectaba dentro del proceso disciplinario que en esa entidad pública se le promovía con una sanción provisional de destitución del cargo.

Para cumplir la exacción, se le suministró un documento, contentivo del croquis elaborado a mano alzada de la ubicación de la finca La Providencia.

Mediante estipulación probatoria se acreditó a través del certificado de libertad y tradición, que ese bien raíz existe en la ciudad de Valledupar y fue localizado conforme a las indicaciones del gráfico entregado al notario. La propietaria es Martha Dolores Baute de Cuello.

Escuchada Martha Dolores, manifestó ser la mamá del acusado Manuel Guillermo Cuello Baute, ejercer el derecho de dominio sobre el bien citado, destinado a la recreación y actividades agropecuarias.

Aníbal Antonio Arnedo Care, conductor de camión de quien se extrajo, transportó en diciembre de 2005 a solicitud de Reyes Andrés Benítez Martínez 11 novillas de Planeta Rica a la ciudad de Valledupar. En el juicio afirmó las había entregado en la subasta de Sagú de esa ciudad, manifestación que fue considerada una retractación a la entrevista que anticipadamente había rendido ante la fiscalía, motivo por el cual impugnada su credibilidad, los jueces otorgaron mérito a su primer dicho, esto es, que había sido en la finca La Providencia.

En peritaje producto del cotejo grafológico entre dibujo-mapa para localizar la finca La Providencia y el material indubitado recolectado en la superintendencia como producido por Manuel Guillermo Cuello Baute e incorporado a través del testigo Jorge Armando Mora Nova, se dictaminó, que fue elaborado por la misma persona que manuscribe los documento oficiales, por tanto, declaró su uniprocedencia. El amanuense fue Cuello Baute.

También fueron apreciados múltiples documentos, los cuales tampoco son objeto de censura. Ellos contienen:

— Los actos de nombramiento y posesión como servidores públicos de Milton Contreras Amell y Manuel Guillermo Cuello Baute(48).

— El proceso disciplinario adelantado contra Reyes Andrés Benítez Martínez al que le hace parte la Resolución 4062 de 20 de junio de 2007(49), emanada del despacho de la Superintendente de Notariado y Registro, por medio de la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por Reyes Andrés Benítez Martínez como Notario del Círculo de Montelíbano, contra la decisión de primera instancia dictada dentro del proceso disciplinario bajo la radicación 381 de 2002, que con Resolución 6860 de 14 de noviembre de 2006, lo sancionó con destitución del cargo y la modifica para imponerle suspensión en el ejercicio del cargo por 5 meses(50).

— Guía sanitaria de movilización interna de animales expedida el por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el 21 de diciembre de 2005, con vigencia hasta el 23 siguiente, para 10 semovientes, de la finca Villa Eudora, autorizados por Andrés Benítez Martínez y con destino a Darwin Polo, matadero de Valledupar(51).

— El bosquejo en el que se detalla la forma de acceder a la finca La Providencia de Valledupar(52), se lee:

“Hacienda providencia

Dawin Polo

C.C. # 77,184,294 V/dupar.

Carretera Bosconia ---- V/dupar.

A 5 mts V/dupar.

Puente sobre el río Callado

A namo(sic) derecha”.

Varios de estos elementos de conocimiento directos, no fueron objeto de reproche en la demanda y también le permitieron al tribunal y ahora a la Corte, declarar sin duda, que dos servidores públicos en sus condiciones de profesional especializado con funciones de coordinador del grupo interno de trabajo de actividades notariales de la dirección de gestión notarial de la superintendencia y Superintendente de Notariado y Registro, con plenas competencias para hacerlo, previo acuerdo, abusaron de sus funciones para solicitar de manera indebida a Reyes Andrés Benítez Martínez, la entrega de 10 semovientes vacunos en la finca La Providencia de Valledupar de propiedad de la progenitora de Cuello Baute, a cambio de beneficiarlo en las resultas del trámite disciplinario que se le promovía y en ese momento lo afectaba con destitución del cargo como Notario Único de Montelíbano, como efectivamente se verificó al declarar la nulidad de la actuación, que luego conllevó, a la imposición de una sanción menos gravosa.

Como lo solicitaron la fiscalía y procuraduría, la censura no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia impugnada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

3. Cópiese, léase en audiencia, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(25) Sentencia de 27 de febrero de 2001, radicación 15042, auto de casación de 15 de mayo de 2008, radicación 28559.

(26) Autos de 19 de febrero y 22 de abril de 2009; y de 24 de marzo de 2010, radicaciones 31093, 31509 y 33731, respectivamente.

(27) Vigente para Colombia desde el 23 de mazo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968.

(28) Vigente en nuestro país desde el 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972.

(29) Disco compacto 3, registro 30’16”.

(30) Folio 125, carpeta 1, página 16 de la sentencia de segundo grado.

(31) Carpeta 1, folio 59.

(32) Disco compacto 24’15”.

(33) Disco compacto 31’52” y 41’40”.

(34) Carpeta 1, folio 130. Disco compacto 12, 20’:50”, celebrada el 22 de febrero de 2007.

(35) Disco compacto 18, 1:01’:55”.

(36) Disco compacto 18, 1:22’:25”.

(37) Disco compacto 9, 43’10”.

(38) La constancia contiene un acta por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación el 23 de enero de 2007 pone a disposición de la defensa todos los elementos materiales de prueba y evidencia física en su poder, suscrita, entre otros, por Hernán Gonzalo Jiménez Barreto, apoderado del acusado Manuel Guillermo Cuello Baute. Se relacionan 19 ítems. El número 12 corresponde a la entrevista de Andrés Benítez.

(39) “ART. 271.—Facultad de entrevistar. El imputado o su defensor, podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística.

La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo”.

(40) Auto de casación de 9 de octubre de 2009, radicación 29949.

(41) Folio 125, carpeta 1, página 16 de la sentencia de segundo grado.

(42) Carpeta 1, folio 122 y ss.

(43) Roxin Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. 6ª edición.

(44) Sentencia de casación de 9 de noviembre de 2006, radicación 25738.

(45) Disco compacto 17, registro 01:10’:47”.

(46) Ley 906 de 2004. “Artículo 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo”.

(47) Sentencia de casación de 7 de noviembre de 2008, radicación 26411.

(48) Carpeta 1, folio 232 y 223.

(49) Carpeta 1, folio 333.

(50) Prueba 4, estipulación 4.

(51) Carpeta 1, folio 216.

(52) Carpeta 1, folio 215.