Sentencia 32108 de febrero 10 de 2010

 

Sentencia 32108 de febrero 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Aprobado Acta 38.

Bogotá, D.C., febrero diez de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

I. Cuestiones previas sobre el quantum de la pena como requisito para acceder a la casación y la ley procesal aplicable:

En este proceso se juzgaron hechos ocurridos en el año 2002, los cuales fueron resueltos en sentencia de segunda instancia proferida el 5 de septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Neiva que condenó, entre otros, a la procesada Yina Paola Méndez Bonilla por las conductas punibles de fraude procesal y obtención de documento público cuya pena máxima legislativamente determinada para el primer delito es de ocho (8) años de prisión y de seis (6) años para el segundo (arts. 453 y 288 L. 599/2000).

Para determinar el cumplimiento del requisito legal de procedibilidad referido al quantum punitivo para acudir a la casación, en el propósito de determinar si hay o no lugar a la admisión del recurso interpuesto por el defensor de la acusada Méndez Bonilla, previamente se harán las siguientes precisiones:

1. Los precedentes legales:

El legislador nacional, prolijo en la elaboración de estatutos procesales penales, desde 1971 hasta la fecha ha expedido diferentes normas para regular la procedencia del recurso extraordinario de casación, habiendo establecido en ellas un requisito referido al monto de la pena el cual ha variado en los siguientes términos:

1.1. En los Estatutos de Procedimiento Penal de 1971 —artículo 569—, 1987 —artículo 218— y 1991 —artículo 218—, se requería para acceder al recurso extraordinario una cantidad de pena igual o superior a los cinco (5) años. En el Código de 1991 se introdujo como novedad la denominada casación excepcional. Se dijo:

ART. 218.—Procedencia. El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

(...).

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos distintos a los arriba mencionados, a solicitud del Procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.

1.2. Con la Ley 81 de 1993 se elevó a 6 años la cantidad de pena mínima exigida para acceder al recurso extraordinario y se mantuvo la casación excepcional:

ART. 35.—El artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, quedará así: ART. 218.—Procedencia. El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

(...).

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, a solicitud del procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.

1.3. Con la Ley 553 de 2000 se modificó el Decreto 2700 de 1991 y en lo que tiene que ver con el quantum de la pena exigida para acceder a la casación, se dijo que la casación procedía en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años.

1.4. El Código de Procedimiento Penal de 2000 acogió tal aumentó en el límite punitivo para acceder al recurso extraordinario:

ART. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad(1).

1.5. El Estatuto Procesal Acusatorio o Ley 906 de 2004, variando la tradición legislativa, no estableció un monto de pena como requisito para la procedencia del recurso de casación. Se reguló la materia así:

ART. 181.—Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales...

Como ha quedado visto, tradicionalmente se exigió por parte del legislador, como requisito esencial para poder acceder al trámite del recurso extraordinario de casación que la sentencia correspondiera a un delito que tuviera señalada una cantidad de pena privativa de la libertad mínima, inicialmente establecida en 5 años y luego incrementada a 6 años y por último elevada hasta un tope máximo que debía exceder de los 8 años.

Fue el legislador de 2004, al desarrollar los estatutos necesarios para implementar el sistema acusatorio introducido mediante el Acto Legislativo 3 de 2002, quien dispuso abolir el requisito del quantum de pena privativa de la libertad, con lo que a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 2004 o Ley 906 de 2004, que en los términos del artículo 530 de dicho estatuto entró a regir a partir del 1º de enero de 2005 en forma progresiva en algunos lugares del territorio nacional, pueden acceder al recurso extraordinario de casación todos los procesados condenados por delitos sin importar la cantidad de pena que en abstracto consagra el tipo penal, siempre que se refiera a conductas punibles ocurridas a partir de su vigencia y teniendo en cuenta la gradualidad territorial de su implementación.

Es menester observar que a partir del Código de Procedimiento Penal de 1991 nació la casación excepcional o discrecional, con la que se facultó a la Corte para admitir demandas de casación bajo condición de sustentarse el recurso extraordinario en la necesidad de desarrollar la jurisprudencia y/o para hacer efectiva la protección y garantía de los derechos fundamentales, sin importar la cantidad de pena que en abstracto consagra el tipo penal ni el funcionario que en segunda instancia profirió el fallo.

2. Los precedentes de la Sala:

Dada la claridad de las diferentes regulaciones legales en lo que tiene que ver con el quantum de pena mínima exigida para la procedencia del recurso de casación, se permitieren decisiones de la Sala uniformes y votadas por amplia mayoría.

Los cambios de legislación y el aumento en el mínimo del monto de pena sí han propiciado la elaboración de decisiones en las cuales se ha impuesto una mayor carga argumentativa para resolver satisfactoriamente temas conexos, como lo son los referidos a la vigencia de la ley en el tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con las leyes que regulan la ritualidad de los procedimientos y el principio de favorabilidad(2), asunto al que no ha sido ajena la Corte Constitucional(3).

La Sala de manera uniforme venía señalando, apoyada en la mejor doctrina, que la posibilidad de apelar o recurrir contra una sentencia, puesto que es consecuencia de la sentencia misma, debía regularse según la ley bajo cuyo imperio fue pronunciada. Por tanto, las disposiciones de la ley vigente en el tiempo en que fue proferido el fallo, son las que determinan si cabe el recurso de casación(4), siendo tal línea jurisprudencial mantenida durante mucho tiempo, sosteniéndose que

el punto de partida es establecer cuál era la legislación vigente al momento de interponer el recurso y cuál la introducida para la fecha en que se resuelve a ese respecto; puesto que si un procesado o su defensor interpone en oportunidad un recurso bajo las condiciones que en ese momento consagra la ley y luego ésta modifica las exigencias para hacerlas más rigurosas, sería desleal, además de desfavorable, denegarle el trámite a esa impugnación. En cambio, si la sentencia se profiere después de que la ley ha modificado las condiciones de procedibilidad de un recurso, no es posible invocar y aplicar el principio de favorabilidad por la sencilla razón de que no surge una concurrencia legislativa con relación al acto de impugnación(5).

Adelante y siempre de manera reiterada, se reafirmó así:

En conclusión, el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991 nunca tuvo vida jurídica dentro de este proceso, pues el supuesto de hecho que el mismo exigía no existió durante su vigencia. De una norma de procedimiento que establece los requisitos de procedencia de un recurso, el supuesto de hecho es la existencia del acto procesal sobre el que puede ejercerse la impugnación, de donde resulta que las partes no pueden reclamar derecho alguno que se derive de una norma cuyo juicio de pertinencia y validez resulta negativo dentro del proceso concreto en que la pretenden hacer valer(6).

3. El nuevo criterio jurisprudencial derivado de la aplicación y vigencia de la nueva legislación procesal(7) :

La Sala consideró, a partir de una precisión sobre el alcance del artículo 29 de la Carta Política que hace énfasis en el principio de legalidad del delito, la pena, el juez y el procedimiento, en concordancia con el artículo 6º de la Ley 906 de 2004, que surge un contexto positivo desde el cual

pueden desbrozarse las distintas especies de normas que han de regir un proceso penal, al igual que el alcance de cada una de ellas, así: i) las sustanciales, cuyas permanencia —aún previa a la ejecución del delito— y aplicación —ya al interior de la actuación— perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de ejecución de la sentencia (C.P., art. 6º), a menos que una norma de similar naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta última bajo la condición de ser más favorable. ii) las simplemente instrumentales, que igualmente antecedentes al hecho, deben gobernar el proceso, aunque sujetas a ser desestimadas en su aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter, tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que de ellas —dada su neutralidad— sea demandable la favorabilidad. iii) las procesales de efectos sustanciales, cuyo manejo —desde luego al interior de la actuación— se asimila a las materiales, conforme lo señala el dispositivo últimamente trascrito.

Así, refulge que cometido un delito, toda la normatividad que lo regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que esta sea aplicada retroactivamente, tal como lo autoriza la norma superior, lo precisa la Ley 600 de 2000 y lo reitera para el futuro el nuevo código de procedimiento (L. 906/2004). En cambio, lo que sí choca contra aquélla —y aún con el sentido común— es que se aplique retroactivamente una nueva normatividad con efectos desfavorables. A su turno, lo que atañe a las disposiciones legales simplemente instrumentales, así como al cambio del juez (por razones de competencia) por otro igualmente existente antes de la comisión del delito, son de aplicación inmediata, sin que de su mutación —como se dijo— pueda reclamarse ingrediente alguno de favorabilidad.

4. Del caso concreto.

4.1. Este asunto se adelantó por los delitos de fraude procesal y obtención de documento público falso, conductas punibles que ocurrieron en el año 2002.

4.2. Para la época de los hechos estaban vigentes los artículos 453 y 288 de la Ley 599 de 2000, los cuales disponen una pena máxima ocho (8) años de prisión para el agente responsable de la primera de las infracciones y de seis (6) años para la segunda.

4.3. Igualmente, la normatividad procesal en vigor para el momento de ejecución de las conductas típicas es el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, de modo que para la procedencia de la casación ordinaria se exigía que el tipo penal al que se refería la sentencia atacada, con todas y cada una de las circunstancias que lo modifican, debía tener señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

4.4. Resulta evidente concluir en este caso que el recurso de casación común no procedía, como lo pretende el defensor de la procesada Yina Paola Méndez Bonilla, toda vez que las conductas por las cuales se adelantó el proceso tienen una pena privativa de la libertad que en su máximo no excede los 8 años, siendo de añadir que para estos efectos resulta inaplicable el incremento de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el cual solamente rige a partir del 1º de enero de 2005 y para los asuntos que se adelantan por el sistema acusatorio establecido en la Ley 906 de 2004.

En relación con este tema, la Corte expresó:

Sea lo primero recordar que no le asiste razón al libelista cuando refiere que al tener en cuenta en este caso el aumento de penas previsto en la Ley 890 de 2004, el delito de homicidio culposo quedaría con una sanción máxima de 12 años, aspecto que haría procedente la casación común pese a que por razón de la favorabilidad los jueces de instancia no aplicaron aquella normatividad.

En efecto, el fundamento del actor es equivocado, pues olvida que la Ley 890 de 2004 está ligada al nuevo sistema procesal implementado por la Ley 906 del mismo año, implicando que sólo debe operar en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar del sistema acusatorio oral, siendo evidente que en el Distrito Judicial de Buga, al que pertenece el municipio de Tuluá y donde ocurrieron los hechos, el nuevo sistema entró a regir el 1º de enero de 2006, mucho después de la fecha de ocurrencia de los acontecimientos fácticos, esto es, el 20 de agosto de 2002, época a la que no puede hacerse extensiva de manera retroactiva los efectos de la mencionada Ley 890.

Sobre este tema se ha pronunciado la Corte en los siguientes términos:

“Ahora bien, dado que la temática en discusión se circunscribe a la aplicación de la Ley 890 de 2004 en un distrito judicial en el cual, para cuando se adoptaron las decisiones tanto de primera, como de segunda instancia, aún no se había implementado el sistema acusatorio, oportuno resulta verificar que en el trámite previó a la aprobación y sanción de la referida ley se dijo que:

“i) ‘Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas...’(8) (negrillas fuera de texto).

“ii) ‘La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan’(9) (negrillas fuera de texto).

“iii) ‘El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (L. 906/2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal’(10). (negrillas fuera de texto)

“iv) ‘Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de Ley 251 de 2004 Cámara, 1 de 2003 Senado’(11) (negrillas fuera de texto).

“v) ‘El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue expedido por esta corporación’(12) (negrillas fuera de texto).

“vi) ‘Lo que hay que modificar son algunos artículos del Código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal’(13).

“Como viene de verse, es evidente que por voluntad del legislador, el incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación del sistema acusatorio (L. 906/2004), de donde puede concluirse que en aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha implementado el referido sistema procesal, no tiene aplicación el aumento de penas y por tanto, rigen los extremos punitivos establecidos en la Ley 599 de 2000”(14).

Tampoco era procedente dicho recurso extraordinario bajo los requisitos de procedibilidad que aceptaba la anterior jurisprudencia de la Sala, pues la ley procesal vigente para el momento de la sentencia contemplaba para tal efecto los delitos que tuvieran pena privativa de la libertad cuyo máximo excediera de ocho años.

4.5. De igual manera, se equivocó el demandante al proponer bajo el principio de favorabilidad que para los fines de la casación en este caso se tengan en cuenta los postulados de la Ley 906 de 2004 a un asunto adelantado por el trámite de la Ley 600 de 2000, en atención a que aquella normatividad eliminó el quantum de la pena y ya no distingue entre la común y la excepcional, porque como lo tiene definido la jurisprudencia de esta corporación y aquí se reitera:

Si se pensara en que la nueva normatividad procesal —la Ley 906 del 2004—, que rige desde el 1º de enero del 2005, es menos odiosa para asuntos como este porque no supedita el recurso a un límite punitivo y porque ya no distingue entre casación ordinaria y excepcional, bastaría responder, en breve síntesis, que no es cierto, porque:

Uno. En la nueva regulación, en todo caso, cualquiera que sea la causal aducida hay que vincularla íntimamente con la prueba de afectación de los derechos o garantías fundamentales, como lo exige la parte final del artículo 181.

Dos. De acuerdo con los artículos 180 y 184 del mismo estatuto, una demanda que no demuestre la utilidad del recurso para efectos de alguna de las finalidades de la casación, no puede ser seleccionada para estudio de fondo del proceso. Dicho de otra forma, en la demanda se debe comprobar que la casación es trascendente para efectivizar el derecho material, para hacer respetar las garantías de las partes, para reparar los agravios inferidos por la justicia y/o para unificar la jurisprudencia. Esa trascendencia la tiene que evidenciar el casacionista en su escrito.

Tres. Como dispone la última parte del artículo 183, en la demanda se deben presentar de manera precisa y concisa tanto las causales invocadas como sus fundamentos. Y dentro de estos, obviamente, se encuentran incluidos todos los temas atinentes a la guarda de los derechos fundamentales, aparte de los tradicionalmente exigidos frente a cada uno de los motivos de casación.

Al lado de los anteriores argumentos, que pueden ser tenidos como los básicos, existen otros también de enorme importancia en materia de casación. Por ejemplo:

Cuatro. A diferencia de la normatividad tradicional, incluida la Ley 600 del 2000, el nacimiento y el trámite de la casación en el nuevo estatuto suspende los términos de prescripción, como dispone su artículo 189.

Cinco. Si antes bastaba con la presentación de la demanda, ahora el casacionista debe confeccionarla, presentarla y, si es admitida, tiene que sustentar sus afirmaciones en audiencia pública ante la Sala Penal de la Corte, y eventualmente responder a todas las inquietudes y dudas que sobre el recurso interpuesto y su contenido le puedan plantear todos o algunos de los magistrados integrantes de la misma (inc. 4º, art. 184).

Seis. Y si se mira el punto en términos aritméticos que repercuten en el principio de celeridad, obsérvese cómo el nuevo estatuto prevé un lapso máximo de 125 días para resolver el recurso desde el momento en que se apersona del mismo la Corte (30 días, para decidir sobre admisión; 30 para la sustentación del recurso; 60 para dictar el fallo; y hasta 5 para la audiencia de notificación del mismo), mientras en el anterior el término total no excedería de 73 días (3, para admitir —o 10 para inadmitir—; 20, para el procurador, 30, para registrar proyecto; y 20 para decidir).

Como difícilmente se podría decir que el nuevo Código de Procedimiento Penal es menos severo que el anterior en materia de casación, resultaría imposible acudir a él para decir que por benignidad se aplicaría al caso de autos, simplemente porque no exige un mínimo punitivo y porque ya desapareció la diferencia entre casación ordinaria y casación excepcional(15).

5. Precisado lo anterior, observa la Sala que en este caso procedía el recurso de casación excepcional, como así lo entendió en forma correcta el defensor de los procesados Jaumer Alberto Cerquera Calderón, Edilma Brand Quintero, Silvia Magali Casas Ladino, Ana Milena David Jorge, Sandro Jorge Sánchez, José Fredy Ortiz Arias y Luis Alfonso Quesada Gómez, pero no así el procurador judicial de Yina Paola Méndez Bonilla quien no asumió previamente la demostración de que existía uno o los dos motivos que hacían procedente esa vía discrecional, sino que entró a plantear dos cargos de acuerdo con la causal primera, cuerpo primero, artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en postura que deviene insuficiente a los propósitos de la casación discrecional pues uno es el cargo que se formula dentro del marco de una determinada causal y otro es el motivo que justifica la necesidad de ejercer la facultad discrecional de abrir la puerta de la impugnación extraordinaria a un asunto que ordinariamente no tiene acceso a ella.

II. Aspectos generales frente a las demandadas presentadas por la vía excepcional.

1. De conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal de 2000, aplicable al presente asunto, el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de segundo grado proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal Superior Militar, en los procesos que se hubieren adelantado “por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años”.

2. Tratándose de fallos de segunda instancia no proferidos por los mencionados tribunales, o cuando la conducta punible por la cual se procede, como ocurre en el presente caso, tiene pena privativa de la libertad inferior al quantum punitivo señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, el inciso 3º del artículo 205 del mencionado estatuto procesal faculta a la Corte para admitir discrecionalmente la demanda de casación,

cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.

3. Cuando se acude a la casación excepcional, el demandante debe cumplir dos exigencias: (i) demostrar que la intervención de la Corte es necesaria para la protección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, y (ii) presentar una demanda que cumpla las condiciones mínimas de forma y contenido requeridas por la ley y la lógica casacional para su estudio.

4. En el primer evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que se hace necesario que el recurrente exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.

En relación con la casación discrecional compete al libelista expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.

Y si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.

5. Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación, de manera que si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.

6. Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance interpretativo de alguna disposición, o la unificación de posiciones disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que jurisprudencialmente no ha sido suficientemente desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de interpretación con criterios de autoridad(16).

7. La segunda condición presupone cumplir con los requerimientos mínimos de forma y contenido señalados en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, a saber: (i) identificación de los sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (ii) resumen de los hechos y de la actuación procesal, y (iii) demostración del cargo, exigencia que implica señalar la causal invocada, las normas procesales y sustanciales transgredidas, y las razones del reparo, todo dentro del marco de los principios que rigen la casación y la lógica de la causal planteada.

8. En consideración a que el único cargo planteado en las demandas presentadas a nombre de los procesados Jaumer Alberto Cerquera Calderón, Edilma Brand Quintero, Silvia Magali Casas Ladino, Ana Milena David Jorge, Sandro Jorge Sánchez, José Fredy Ortiz Arias y Luis Alfonso Quesada Gómez, y el primer reparo del libelo de la acusada Yina Paola Méndez Bonilla, abordan el mismo tema, aunque desde causales distintas —nulidad y violación directa de la ley sustancial—, ello permite abordar su estudio y respuesta de manera conjunta con las precisiones que la debida fundamentación exige.

8.1. En el primer libelo el defensor equivocó la vía de ataque porque si consideraba que la conducta de sus defendidos es atípica, carece de antijuridicidad o de dolo y los jueces de instancia se equivocaron al aplicar o interpretar la ley sustancial llamada a regular el caso, el reproche debió encausarlo por la causal primera, esto es, la violación directa como así lo atinó a proponer el defensor de la procesada Méndez Bonilla, si los jueces de instancia a pesar de reconocer la presencia de una causal de ausencia de responsabilidad sin embargo condenaron a los acusados, o por la vía indirecta si el desacierto sobrevino como consecuencia de la equivocada contemplación o valoración probatoria, pero no por la vía de la causal tercera o de nulidad que involucra irregularidades que afectan la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce las garantías fundamentales de los sujetos procesales (irregularidades de garantía), desaciertos que en el evento de prosperar conllevan por lo general a un fallo de reenvío y no de reemplazo que sería el apropiado de salir avante una transgresión a la ley sustancial por vía directa o indirecta.

8.2. Si se trataba de postular una violación directa de la ley sustancial, causal primera, cuerpo primero del artículo 217 de la Ley 600 de 2000, los casacionistas debieron tener en cuenta que en esta clase de desaciertos el error del juez es de juicio o in iudicando al momento de aplicar o interpretar la ley llamada a regular el caso a resolver, y puede acontecer por uno de estos sentidos:

falta de aplicación —error de existencia—, cuando se ignora que la norma existe, se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es aplicable.

aplicación indebida —error de selección—, cuando la norma escogida y aplicada no corresponde al caso concreto. E,

interpretación errónea —error de sentido—, cuando la norma seleccionada es la correcta, pero el juez no le da el alcance que tiene o lo restringe.

Frente a esta causal la jurisprudencia viene enseñando que el demandante debe aceptar los hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por los jueces de instancia en la sentencia, debiendo proponer una discusión eminentemente jurídica en la cual demuestre el error o errores del intelecto al momento de aplicar o interpretar la ley y la consecuente trascendencia del yerro en el sentido del fallo.

8.3. Cuando se demanda una sentencia por violación directa de la ley sustancial —que es lo que evoca el defensor de la procesada Yina Paola Méndez Bonilla— en cualquiera de sus tres modalidades (falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), el casacionista debe demostrar, sin desconocer los hechos plasmados en el fallo y sin discrepar de la forma como el juzgador los declaró probados, que entre las partes motiva y resolutiva de la providencia no existe armonía.

8.4. Al recurrente le resultaba imperioso acreditar, mediante la confrontación objetiva de esos dos elementos constitutivos de la sentencia que entre ambos, en lugar de un nexo lógico, existía falta de correspondencia. Sin embargo, los impugnantes en este caso no establecen que el tribunal en la motivación del fallo, hubiera reconocido sin lugar a equívocos que las conductas imputadas a sus defendidos eran atípicas, o en relación con ellas brillaba por su ausencia la antijuridicidad material o que no se acreditaba el dolo o se comprobaba alguna causal de ausencia de responsabilidad prevista en el artículo 32 del Código Penal y, no obstante, en la parte resolutiva los condenó.

8.5. Contrario a la pretensión de los casacionistas, los jueces de instancia al valorar en conjunto los elementos de prueba acopiados dedujeron certeza sobre los delitos investigado —fraude procesal y obtención de documento público falso— y la responsabilidad de los acusados en la medida que en búsqueda de adquirir una vivienda propia, pretendieron mediante mentiras y engaños, acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el subsidio de vivienda de interés social previsto para los habitantes de zonas de alto riesgo.

En desarrollo de ese devenir delincuencial los procesados faltaron a la verdad en cuanto a su lugar de residencia, ocupación e ingresos, bajo el unívoco fin de hacerse acreedores al subsidio de vivienda, a través de engaños o actuaciones fraudulentas obtuvieron el certificado de la oficina de emergencias y desastres, y posteriormente el acto administrativo que adjudicó los subsidios, resultando irrelevante a los fines de acreditar la tipicidad y antijuridicidad de la conducta punible de fraude procesal la renuncia que hicieron a tales beneficios al enterarse de la averiguación penal iniciada en su contra tratándose de un tipo penal de mera conducta, el cual se configuró por el acto mismo de la inducción en error, no así por la obtención del resultado buscado, menos aún con la verificación de un perjuicio económico para el erario, como así lo alegan los impugnantes.

En relación con la ausencia de dolo, el tribunal respondió a los recurrentes de la siguiente manera:

Volviendo sobre los fundamentos de inconformidad de la defensa debe decirse, corresponde desestimar los atinentes a la ausencia de dolo en el comportamiento de los referidos acusados, en tanto conforme ellos mismos lo aceptaron en desarrollo de sus indagatorias, les asistió en ánimo inequívoco de mentir acerca de su lugar de residencia para ubicarse en zonas de alto riesgo y aún acerca de sus ingresos y actividad económica, con el propósito de obtener de los respectivos funcionarios —director de la oficina de emergencia y notario— las certificaciones pertinentes, con miras a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al subsidio de vivienda.

Se tiene incuestionable que la voluntad de los postulados, estaba dirigida precisamente a persuadir al funcionario encargado de realizar el proceso de selección de los beneficiarios del subsidio, haciéndole creer falsamente que correspondían a habitantes de zonas de alto riesgo, con bajos ingresos económicos y núcleo familiar conformado, esto es, existió el dolo necesario para consumar la conducta típica imputada de fraude procesal, que se itera, no depende de la consumación de un beneficio económico, ni de la configuración de un perjuicio a la administración.

Si bien no puede exigírseles a los procesados un conocimiento pormenorizado de la ley penal, tampoco puede predicarse respecto de ellos la existencia de un error invencible, en tanto conforme ya se resaltó, les asistió el pleno convencimiento de actuar en forma contraria a la ley sancionatoria, al punto que procedieron a la renuncia del subsidio otorgado, además teniendo en cuenta que se trata en el caso concreto de personas con nivel medio y en algunos casos superior de educación, que se desempeñaban en cargos públicos y privados, respecto de cuyo nivel cultural y social es viable exigir la conciencia de antijuridicidad, que se hace notoria como se dijo, en la renuncia posterior al beneficio.

Ahora aún cuando se sabe que obtener una vivienda digna propia, es un deseo generalizado de los ciudadanos, este no puede utilizarse como justificación para la conducta engañosa desplegada por los encartados, que pretendieron su adjudicación en menoscabo no sólo de la verdad, la legalidad y la lealtad que se le debe a la administración, sino de los ciudadanos que realmente residen en zonas de alto riego, a favor de quienes fue previsto el proyecto de vivienda, consideraciones en virtud de las cuales además se estima inviable sacrificar la legalidad conforme lo pretende la defensa, que reclama un fallo en equidad, olvidando que las sanciones jurídicas penales están sometidas al principio de legalidad, al que también se supedita el ejercicio de los operadores judiciales.

Estas consideraciones llevaron a la corporación de segundo grado a inferir no sólo la tipicidad sino también la antijuridicidad y la culpabilidad en el comportamiento desarrollo por los procesados, valoraciones frente a las cuales los casacionistas se conformaron con pretender anteponer su criterio al expuesto por los jueces de instancia que llega a esta sede precedido de la presunción de acierto y legalidad que los libelistas no atinaron a demeritar.

8.6. El cargo segundo de la demanda presentada por el defensor de la procesada Yina Paola Méndez Bonilla resulta contradictorio y carece de la debida fundamentación en la medida que, frente a lo primero, no se explica por qué a su defendida se le debe aplicar la sanción penal correspondiente a las conductas punibles imputadas y sin embargo cuestiona que requiera el condigno tratamiento que la ley establece atendiendo los principios de las sanciones penales y las funciones de la pena que en relación con la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. De otra parte, tampoco atinó a demostrar cuáles serían las condiciones en las cuales ateniendo el principio de legalidad de la pena serían las apropiadas para el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad impuesta a su prohijada.

Por lo anterior, los cargos formulados en las demandas serán inadmitidos.

9. En consideración a que los libelos no cumple las exigencias mínimas requeridas para abrir paso a la casación excepcional, y la Sala no advierte violación de garantías fundamentales que deba proteger de manera oficiosa, se inadmitirán.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir las demandas de casación presentada por los defensores de los procesados Jaumer Alberto Cerquera Calderón, Edilma Brand Quintero, Silvia Magali Casas Ladino, Ana Milena David Jorge, Sandro Jorge Sánchez, José Fredy Ortiz Arias, Luis Alfonso Quesada Gómez y Yina Paola Méndez Bonilla.

2. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Recuérdese que el texto original señalaba la procedencia contra las sentencias ejecutoriadas, pero tal característica fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001.

(2) Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 19 de agosto de 2004, radicación 22238.

(3) Sentencia T-252 de 2001.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Recurso de hecho del 12 de julio de 1994.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Recurso de hecho del 18 de agosto de 1994.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia, abril 29 de 1997.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 16 de febrero de 2005, radicación 23006, opinión reiterada en autos de 2 de marzo de 2005, radicación 21614 y 20 de octubre de 2005, radicación 23981, entre otros.

(8) Exposición de motivos del Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.

(9) Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 1 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.

(10) Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(11) Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(12) Intervención del Vicefiscal General de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(13) Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(14) Fallo de tutela 24021 del 7 de febrero de 2006. Ver también sentencia de tutela 20020 de la misma fecha.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 23 de febrero de 2006, radicación 24109.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 26 de febrero de 2000, radicación 18447, entre otros.