Sentencia 32138 de diciembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 458

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Previó a la contestación jurídica de la demanda, estima la Sala necesario realizar algunas precisiones sobre el punible de concierto para delinquir, en punto de la prescripción de la acción penal.

La dosificación punitiva realizada por las instancias de cara al injusto señalado, por favorabilidad, fue aplicada según lo previsto en el artículo 186, inciso 1º del Decreto 100 de 1980:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

La judicatura concluyó que en el caso objeto de estudio, la Fiscalía jamás le imputó el agravante del inciso 3º del referido canon, que estipulaba un aumento de pena “en una tercera parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan el concierto”, a pesar de acoplarse a los hechos jurídicamente relevantes, motivo suficiente para partir del tipo básico.

Como el acto antijurídico fue consumado en el año de 1997, las instancias, no le dedujeron las modificaciones contenidas en el artículo 8º de la Ley 365 del mismo año, porque ninguna circunstancia de agravación específica, vinculada al narcotráfico, se había distinguido en la normatividad sustancial anterior.

Ahora bien: el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, estipula que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente y, una vez ejecutoriada, se reinicia un nuevo término, el cual será igual al consagrado en el precepto 83, sin que pueda ser menor a cinco (5) ni superior a diez (10) años.

Por tanto, el tiempo prescriptivo de la acción penal, en punto a la ejecutoria de la resolución de acusación, se entiende en dos sentidos: (i) si se trata de un servidor público debe contabilizarse, como lo ha explicado la jurisprudencia(27) de esta Sala, en seis (6) años y ocho (8) meses, ii) por el contrario, si es un particular, el lapso tiene un límite de cinco (5) años.

El artículo 83,5 de la Ley 599 de 2000, inciso 5º, preceptúa: “el servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”; esa es y no otra la razón del incremento punitivo, que para el caso en estudio, como es obvio, por la condición de particular de Vicente Wilson Rivera González, no posee la calidad de funcionario.

Siendo ello así, la conducta prohibida del delito en examen, es de ejecución permanente, la cual, exhibe una prolongación indefinida de consumación en el tiempo hasta que se agote, sin embargo, para efectos de referentes procesales, esta Sala viene sosteniendo que su ejecutoria será desde la resolución de acusación(28)(29), momento que iniciará, en el juicio, a contabilizarla el nuevo término prescriptivo.

Se tiene, entonces, que la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de junio de 2003(30), confirmó la resolución de acusación, es decir, cobró ejecutoria el mismo día, por ello, con tal auto, se interrumpió el lapso prescriptivo, iniciándose, como es obvio, un nuevo término equivalente a la mitad del señalado en el artículo 83, el cual (para el caso en estudio) no puede ser inferior de cinco (5) años, con base en lo dispuesto en el aludido artículo 86, numeral 2º, incrementado en la (1/2) cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior, según lo disciplina el canon 83.6, ibídem.

Siendo ello así, se constatará si a Vicente Wilson Rivera González, le aplicó o no, el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años, con ocasión al injusto de concierto para delinquir por el que fue condenado, cuya pena oscila de tres (3) a seis (6) años.

Como se observa que la mitad de la sanción máxima fijada en el tipo penal de concierto para delinquir, para efectos de contabilizar la prescripción de la acción, es de tres punto cero (3.0) años, el cual asciende a cinco (5), según lo estatuye el código sustancial, más el aumento del punible por su consumación en el exterior; entonces, desde el 24 de junio de 2003 a la fecha, ha transcurrido un lapso superior a dicho límite normativo, es decir, el tope máximo para el caso en estudio, es de 7 años 5 meses, circunstancia por la cual, operó la prescripción de la acción penal el 24 de noviembre de 2010, en esas condiciones, el Estado colombiano como titular de la gestión pública, perdió la potestad, desde ese día, para investigar, perseguir y sancionar a los infractores de la ley penal, por cuanto el fallo atacado de segundo nivel, a la fecha, aún no ha cobrado ejecutoria.

Por tanto, atendiendo lo preceptuado en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal, se declarará la extinción de la acción penal por el delito de concierto para delinquir, en los términos señalados; decretándose así mismo, la cesación de todo procedimiento a favor del sentenciado Vicente Wilson Rivera González.

El efecto jurídico inmediato, fundamento de la anterior conclusión jurídica, será el excluir de la dosificación, la pena degradada contra el inculpado por el delito de concierto para delinquir, para dejar vigente la sanción penal atribuida por el punible de narcotráfico.

a) En esas condiciones, se tiene que los juzgadores al individualizar la pena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, le aplicaron el inciso 1º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986(31), el cual preveía una pena que oscilaba entre 6 y 20 años de prisión y multa de 100 a 50.000 smlmv; así mismo, duplicaron el mínimo por virtud del canon 38 del estatuto en comento, por tanto, los extremos punitivos fueron dispuestos de 12 a 20 años de prisión y multa de 200 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; siendo ello así, a tono con los parámetros consagrados en los artículos 60,5 y 61 del Código Penal, la individualización de la pena fue del siguiente modo:

Cuartos

 

MínimoSegundoTercerMáximo
12 a 14 años14,1 día a 16 años16,1 día a 18 años18,1 día a 20 años

 

Medios

Los funcionarios se ubicaron en el primer segmento, por ausencia de circunstancias de agravación, en esas condiciones, le impusieron como sanción principal 14 años o su equivalente de 168 meses de prisión y multa de 40.000 smlmv, apoyados en la altísima cantidad de sustancia prohibida incautada “casi una tonelada y media de cocaína” y, por ser el aquí inculpado, uno de los promotores de la organización criminal.

b) En relación con el reato de concierto para delinquir, las instancias partieron de la sanción prevista en el artículo 186 del Decreto-Ley 100 de 1980, que consagraba una pena de 3 a 6 años de prisión.

Cuartos

 

MínimoSegundoTercerMáximo
3 años a 3 años, 9 meses3a, 9m, 1d a 4 años, 6 meses4a, 6m, 1d a 5 años, 3 meses5a, 3m, 1d a 6 años

 

Medios

Como la Fiscalía no imputó ninguna circunstancia de agravación, aclararon los funcionarios judiciales, que el ámbito de movilidad era el primer guarismo, es decir, de 36 a 45 meses; dejando el último como pena principal, porque la asociación ilegal de la que hacía parte el procesado “perduró notablemente en el tiempo” y se materializó en el cargamento de cocaína incautada.

c) En lo atinente al concurso de delitos, los falladores incrementaron la pena, no hasta en otro tanto, sino en la mitad de 45 meses del concierto para delinquir por tener menor entidad punitiva, subsistiendo el resultado de 22 meses y 15 días, para imponerle al final: 190 meses, 15 días de prisión y multa de 40.000 smlmv

d) En consecuencia, por virtud de la exclusión punitiva del delito prescrito de concierto para delinquir (22 meses y 15 días), la Sala le impondrá al procesado Vicente Wilson Rivera González, 14 años o su equivalente en 168 meses de prisión, por la consumación a título de autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, lo inhabilitará para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por el lapso de 10 años, con base en el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980: declaración que se hará en la parte pertinente del presente proveído.

Por tal motivo, el juez de conocimiento devolverá las cauciones generadas y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que Vicente Wilson Rivera González, hubiese adquirido por razón exclusiva del delito de concierto para delinquir, hoy prescrito; también informará sobre la nueva situación jurídica del inculpado, a los organismos de seguridad del Estado a donde se hubiese oficiado.

2. La Corte advierte que al haber sido admitida la demanda de casación en lo atinente a los dos cargos subsidiarios elevados, se superaron los múltiples y complejos defectos lógico argumentativos exhibidos en ella, con el exclusivo propósito de analizar a fondo los ataques expuestos o las posibles falencias a las garantías fundamentales materializadas en las instancias, sin que lo precedente (casar el fallo por ejemplo), irremediablemente desencadene en su declaratoria, máxime si se constata todo lo inverso; es decir, que no se presentó ninguna afrenta o vulneración de entidad trascendente establecida por la ley y desarrollada por la jurisprudencia.

3. De igual modo, se hace imperioso explicar que, en atención a los ataques presentados, la crítica probatoria trajo consigo, disquisiciones subjetivas generadas desde una exclusiva visión del asunto y aunque el defensor previó algunos presupuestos lógicos en sus razonamientos, ellos en sí mismos, generan irremediablemente un caos argumentativo al imprimirle al proceso su preferente entendimiento sobre las apreciaciones probatorias cumplidas por la magistratura en atención a los temas por él seleccionados.

4. Primer cargo subsidiario, pretende el letrado la declaratoria de nulidad por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, en especial, por violación al postulado de cosa juzgada, en tanto, un juez panameño el 2 de octubre de 2001, absolvió a su protegido jurídico por los punibles de narcotráfico y concierto para delinquir, objeto de impugnación extraordinaria, habida cuenta que fue condenado por tales reatos en la presente actuación.

Indicó, además, que en el concepto de extradición proferido por esta Sala, jamás se analizó ni fue valorada la sentencia absolutoria, tampoco se precisó sobre la ejecutoria de la decisión judicial emanada del país vecino y mucho menos se dijo si se imponía la cosa juzgada internacional frente a la de las autoridades patrias, generándose una exegética restrictiva frente a los principios res iudicata y non bis in ídem, pues debió aplicar la judicatura colombiana, justamente, la normativa nacional: Ley 599 de 2000, articulo 17.2, más no el tratado suscrito entre Estados.

En síntesis, los hechos ilegales por los que fue sentenciado Vicente Wilson Rivera González, de los cuales las instancias excluyeron aquellos generados en Ecuador(32), Perú y Brasil, porque no hicieron parte de la resolución de acusación colombiana, fueron los siguientes:

• Los días 21 y 22 de marzo de 1997, la policía del Distrito de San Carlos, corregimiento de El Higo, área de Nazareno, Distrito de Chorrera, República de Panamá, incautó 1.339 paquetes de cocaína.

• Los actos prohibidos precedentes fueron atribuidos a Vicente Wilson Rivera González, en asocio con varios miembros de su familia, quienes comercializaban narcóticos, en calidad de jefes de esa organización criminal dedicaba a tales fines antijurídicos.

5. Reflexiones de la Sala frente al primer ataque. Tal y como lo plasmaron las instancias en profusas decisiones sobre los principios de non bis in ídem y cosa juzgada, desde ningún punto de vista le asiste razón al impugnante, quien permea su criterio desde tesis individualistas para resguardar su sistémico carácter absoluto, en franca oposición de las normatividades nacionales e internacionales que rechazan y descartan su inmutabilidad o supresión de sus efectos.

5.1. Uno de los derroteros del defensor para atacar los fallos condenatorios promulgados por las instancias judiciales colombianas, fue la decisión del 13 de agosto de 2002, en donde la Corte conceptuó desfavorablemente a la extradición de los ciudadanos colombianos Vicente Wilson Rivera González y su hijo Camilo Henry Rivera Ramos, impetrada al Gobierno de Colombia por su homólogo de la República de Panamá, por medio del cual, el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial del país vecino, les decretó la detención preventiva y abrió causa criminal, por la consumación de punibles contra la salud pública (narcotráfico).

Allí, el Gobierno Nacional reveló que era aplicable al caso, el Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Colombia el 24 de diciembre de 1927, aprobado mediante Ley 57 de 1928 y ratificado el 24 de noviembre del año citado; también trajo a colación, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988.

En esta línea argumentativa, es claro que el libelista ignoró que esta Sala, en el aludido concepto, realizó las siguientes precisiones, con ocasión a la posible vulneración del principio de non bis in ídem:

Finalmente, respecto de la manifestación de la defensa en el sentido que sería violatorio del principio non bis in ídem si en Colombia se dispone un nuevo juzgamiento en contra de sus representados, es de advertirse que en este preciso evento dicha posibilidad no se configura, pues ante la concurrencia de jurisdicciones de Estados distintos, el derecho y la práctica internacional apuntan a privilegiar la del Estado que tenga interés prevalente en la investigación del delito y la sanción del responsable, como en tal sentido ha sido precisado por el juez de constitucionalidad (Cfr. SU 110, feb. 20/2002).

En este caso, acorde con la voluntad de las partes expresada en el tratado (L. 57/28, art. 5º), como la extradición se torna improcedente atendiendo la nacionalidad por nacimiento de los requeridos, la jurisdicción penal colombiana debe aplicarse de manera imperativa con prevalencia sobre la del Estado requirente, pues este, a través del instrumento internacional, declina ejercer la acción penal por conductas delictivas cometidas en su territorio, bajo el entendido de que en el evento en que la extradición se niegue por razón de la nacionalidad, el Estado requerido queda comprometido a iniciar la investigación del delito porque se solicitó la extradición con base en las pruebas que suministre el estado requirente y las que el requerido estime conveniente allegar, juzgar al solicitado de conformidad con sus propias normas, y sancionarlo si es hallado responsable, sin que para ello tenga relevancia el sentido de las decisiones de las autoridades judiciales del país requirente, las cuales, por voluntad de las partes, y, por razón del sentido de la decisión a adoptar por el Gobierno Nacional, carecen de eficacia interna en ambos países.

Como bien se puede comprender, desde la fecha señalada en el concepto de extradición, la Corte plasmó su criterio sobre el rechazó a la vulneración de los principios enarbolados por el defensor, a tono con los instrumentos internacionales citados, que obligaban, una vez el concepto fuese negativo —como en el caso de estudio— a iniciar investigación penal por esos actos prohibidos perpetrados en el país vecino, tal y como lo ordenó esta judicatura.

Si ello es así, pierde validez cualquier cuestionamiento que se hubiese alegado en sede extraordinaria para hacer valer los mentados axiomas hasta extremos ilimitados, en tanto, el tratado de extradición suscrito entre Panamá y Colombia rigió los destinos jurídicos de su prohijado, sin que sea requisito forzoso —como lo propuso el recurrente— tener como fundamento para privar de efectos normativos la sentencia condenatoria elevada por el Tribunal de Bogotá contra Vicente Wilson Rivera González, por el hecho de existir una decisión absolutoria generada por la rama judicial de la República de Panamá.

5.2. Entre otras decisiones(33), esta judicatura viene ratificando el anterior criterio, tal y como sigue:

Al respecto ha de decir la Corte, en primer lugar, que el instrumento internacional no prohíbe a las partes contratantes la extradición de sus propios ciudadanos o nacionales, sino que prevé simplemente la posibilidad de negarse a concederla por esta causa, y cuando esto suceda, “ambas partes, se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última, y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del artículo 3º”.

5.3. El punible objeto de reproche penal, fue el consagrado en el inciso 1º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el canon 17 de la Ley 365 de 1997 (feb. 21), cuya pena fue elevada al doble del mínimo en atención al artículo 38 del mismo estatuto: de 12 a 20 años de prisión y multa de 200 a 50.000 smlmv, la cual, por aplicación de ley más favorable, las instancias decidieron adecuar el caso a las preceptivas normativas de la Ley 599 de 2000, en cambio del Decreto-Ley 100 de 1980.

5.4. Los postulados de non bis in ídem y cosa juzgada no tienen aplicación absoluta en el contexto del sistema de derecho penal. En principio, gozan de plena vigencia, sin embargo, en casos prevalentes como el que aquí se estudia, sus efectos no permean tales garantías, más bien, seden ante la protección de bienes jurídicos colectivos de mayor alcance y trascendencia, en pos de alcanzar la seguridad jurídica nacional, combatir la impunidad trasnacional, entre otros cometidos estatales de factura político criminal.

5.5. El artículo 8º del actual Código Sustantivo, consagra el principio de prohibición de doble incriminación, cuyo contenido es del siguiente tenor: “a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”.

La Corte Constitucional al momento de declarar la exequibilidad del preciado canon, afirmó:

En efecto, si bien diferentes pactos y tratados internacionales reconocen la garantía mínima fundamental a no ser juzgado ni sancionado por un hecho punible respecto del cual se ha sido condenado o absuelto de conformidad con la ley —principio cuya efectividad está garantizado por el canon 93 fundamental—, lo cierto es que la exigencia cada vez más grande de una justicia ecuménica, orientada a reprimir comportamientos que afecten bienes de gran interés y valía para toda la humanidad, ha llevado a los Estados a replantear la inmutabilidad de ciertos axiomas, entre ellos el de cosa juzgada y, por ende, el del non bis in ídem.

La razón es clara: así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in ídem —la protección de soberanía y la seguridad nacional—, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política, asociados a la dignidad del ser humano(34).  

La magistratura constitucional previó un contingente cese de efectos jurídicos del principio de non bis in ídem, aplicable en aquellas competencias nacionales e internacionales, cuando medien intereses de inapreciable valor social, con el fin de proteger la soberanía y la seguridad de los Estado partes, bajo el haz de una jurisdicción universal que vele por el bienestar general de la humanidad.

La jurisdicción universal tiene para Colombia fuerza vinculante en los eventos descritos en los preceptos 4 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988 y aprobada mediante la Ley 67 de 1993: instrumento internacional declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-176 de 1994, la cual estipuló, entre otras situaciones, que cada Estado Parte debe declararse competente para juzgar aquellos punibles enlazados con el narcotráfico, sin importar si los actos prohibidos fueron consumados fuera de su territorio, bajo condición que la persona vinculada —nativa o extranjera— a la investigación penal, no hubiese sido extraditado, según se haya consagrado en la legislación interna o como consecuencia de un tratado bilateral; en esa medida, opera tal principio de cara a la regla aut dedere aut iudicare(35) —extraditas o juzgas—.

Así lo reconoció el tribunal que conoció del presente asunto: “la calidad de los delitos objeto de juzgamiento —narcotráfico y concierto para delinquir con dichos fines— vulneran de forma grave los bienes jurídicos no solo de los habitantes del territorio colombiano, sino de la humanidad entera, motivo por el cual se debe acudir al principio de jurisdicción universal que obliga la aplicación de los pactos y tratados internacionales que al respecto han sido aprobados por Colombia”(36).

El referido postulado se encuentra disciplinado en algunos instrumentos internacionales signados por Colombia, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, por ende, adujo el juez colegiado que “el conocido principio de territorialidad del derecho penal no tiene vigencia absoluta en el ámbito del derecho penal internacional... así que el clásico criterio de la territorialidad del derecho penal es, frente al delito de tráfico de estupefacientes y los crímenes de lesa humanidad, inoperante”.

Significa lo precedente que, si en una región determinada se halla un ciudadano acusado de algún crimen tipificado por el derecho internacional —como el narcotráfico—, ese Estado tiene la inexcusable obligación de juzgarlo, extraditarlo o remitirlo a un tribunal universal para su enjuiciamiento: esto acorde con Amnistía Internacional(37) y la Corte Constitucional(38).

5.6. El artículo 17 de la Ley 599 de 2000, consagró lo relativo a los fallos dictados por otros Estados, con primacía del principio de soberanía nacional:

La sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales.

No tendrá el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1º y 2º.

El canon 16 del referido Código Sustantivo(39), para los efectos en estudio, es del siguiente tenor:

Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:

1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico y social excepto la conducta definida en el artículo 323 [lavado de activos] del presente código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiese sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor a la prevista en la ley colombiana(40).

La Sala es del criterio que el delito de narcotráfico trae consigo diversas vulneraciones a bienes jurídicos protegidos por el legislador, entre los que se describe el orden económico y social como el interés colectivo de la salud pública, tal y como se plasmó en la siguiente decisión:

... el bien jurídico protegido en los delitos de narcotráfico se circunscribe a la salud pública, cuando jurisprudencial y doctrinariamente se ha establecido que se trata de hechos pluriofensivos, porque en la misma medida se compromete la economía nacional (orden socio-económico) e, indirectamente, la administración pública, la seguridad pública, la autonomía personal y la integridad personal, intereses también protegidos en el Código Penal(41). 

Entonces, el connacional que en territorio extranjero infrinja injustos típicos descritos en Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia, por virtud de la jurisdicción universal contenida en tales instrumentos, le es propio aprehender el caso al Estado, si la persona se encuentra en el interior de sus límites geográficos, por preeminencia del axioma de soberanía nacional, sin importar la naturaleza de la decisión judicial extranjera, ni su momento de ejecutoria, justamente, por el principio ya descrito de extraterritorialidad dirigido a conductas penales como la del narcotráfico, puesto que también se entiende vulnerado el orden económico y social con la consumación de tales reatos, como ampliamente también lo viene desarrollando la Corte Constitucional:

En cuanto a ello hay que decir que hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico. Inicialmente la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en particular, la salud pública, postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunicad —C.N., art. 49, inc. final— y con el deber que le asiste a la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas —art. 95, num. 2º—.

Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no se trata solo de un tipo penal orientado a proteger la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y social. Lo primero, porque la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de convivencia. Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella.

5.7. Por otro lado, la acción extraordinaria de revisión es un crudo ejemplo jurídico de la ruptura del principio de cosa juzgada en Colombia y su consecuente haz negativo de non bis in ídem en identidad de sujeto, objeto y causa (que en principio imposibilita la repetición y reiteración del juicio); consagrada en los procedimientos patrios Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004; criterio estudiado y avalado por esta judicatura como por la Corte Constitucional al momento de estudiar la legalidad del numeral 4º del artículo 192 de la última normatividad instrumental citada, en atención a las infracciones a los derechos humanos.

Es aquí donde cobra importancia la acción extraordinaria de revisión prevista en los sistemas jurídicos con el propósito de enfrentar situaciones en las que no obstante haber operado el fenómeno de la cosa juzgada, que en situaciones normales activaría la fuerza protectora del non bis in ídem, en las circunstancias excepcionales en las que ella opera se genera una ruptura de ese principio, cuando hechos o circunstancias sobrevivientes develan que ella entraña una injusticia (...).

Con el auge que en las últimas décadas ha cobrado la preocupación por los derechos de las víctimas, particularmente en delitos que estructuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, esta perspectiva ha cambiado, en la medida que se ha introducido la posibilidad de revisión de sentencias absolutorias, en ámbitos muy específicos y con las debidas cautelas que una medida de política criminal de esta naturaleza exige (...).

Según lo ha señalado la Corte el principio del non bis in ídem previsto en el artículo 29 de la Carta, no reviste un carácter absoluto que excluya cualquier posibilidad de ponderación frente a otro principio o derecho constitucional, admitiendo por el contrario, limitaciones posibles, específicamente derivadas del derecho internacional de los derechos humanos:

“La Corte no puede hacer otra cosa que aceptar la validez constitucional de la excepción regulada en el artículo 8º del Código Penal, que consagra la prohibición de doble incriminación, puesto que nada se opone a que el legislador haya dispuesto que dicha garantía no opere en los casos previstos en los instrumentos internacionales que comprometen al Estado colombiano, excepción esta que según se expresó, guarda correspondencia con el postulado de la jurisdicción universal que es de observancia imperativa conforme a lo prescrito en el artículo 9º de la Carta Política.

La razón es clara: así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in ídem —la protección de la soberanía y la seguridad nacional—, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo, inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política, asociados a la dignidad del ser humano”(42). 

Sobre esa base ha considerado que es posible establecer limitaciones al derecho al non bis in ídem derivadas de valores constitucionales (C.N., preámbulo, arts. 2º y 229) como los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia y lograr un orden justo, con los cuales puede eventualmente entrar en conflicto, y que a su vez podrían no solamente autorizar, sino exigir una limitación de la garantía constitucional(43).

Así la fuerza normativa del non bis in ídem que entraña la inalterabilidad e inmutabilidad de la sentencia absolutoria en favor del sentenciado, debe ceder ante el incumplimiento del deber del Estado de investigar los delitos y sancionar los responsables a fin de lograr un orden justo, particularmente tratándose de delitos que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, ámbito al cual se contrae la norma parcialmente demandada.

La consideración a cerca de la relatividad del principio del non bis in ídem en los señalados eventos por parte de la Corte ha estado asistida de una ponderación acerca de los diferentes niveles de exigencia que soporta el Estado, de una parte, en materia de investigación y sanción de las conductas punibles en general, y de otra, respecto de los atentados contra bienes jurídicos que además de afectar los derechos primarios del individuo, cobran trascendencia universal, como es el caso de aquellos que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario(44)(45). 

5.8. Valga otro paradigma de las restricciones y limitaciones al postulado de cosa juzgada, concentrado en el análisis al Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde fueron puntualizados varios aspectos en la sentencia de constitucionalidad aludida:

Un evento implícito en el artículo 20, que garantiza la soberanía estatal para juzgar y sancionar crímenes, se presenta cuando después de que la Corte Penal Internacional ha asumido el conocimiento de una situación, absuelve al implicado por considerar que no cometió alguno de los crímenes descritos en los artículos 5º a 8º del estatuto, sino un crimen ordinario de competencia del Estado. En ese evento, el Estado que tiene jurisdicción podrá juzgar al implicado por un crimen ordinario, a pesar de la decisión de absolución de la Corte Penal Internacional en relación con alguno de los crímenes graves señalados en los artículos 5º a 8º del estatuto (...).

A partir de las referencias precedentes queda establecido, que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, la Constitución exige un especial celo investigativo de las autoridades, en materia de graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario dada la gravedad y potencialidad lesiva de tales comportamientos. La causal en estudio se inserta en esta perspectiva al posibilitar la reapertura de procesos de esta naturaleza que hubieren terminado con fallos absolutorios, en aquellos eventos en que en virtud de un pronunciamiento de una instancia internacional aparezca palmario el incumplimiento del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.

5.9. El Tribunal Supremo de España, Sala de lo Penal, en sentencia número 380/2003 de 22 de diciembre, al resolver un recurso de casación sobre los efectos transnacionales del principio de ne bis in idem, sostuvo en uno de sus apartes lo siguiente:

... el análisis de los distintos Derechos vigentes permite comprobar que las norma vigentes en tales Estados [EE.MM. de la U.E.] establecen limitaciones a la vigencia o, inclusive, la exclusión del efecto transnacional del principio ne bis in idem, lo mismo que ocurre en el derecho comunitario, e inclusive en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Por lo pronto, en el derecho de los EE.MM. de la Unión Europea predomina la limitación de los efectos del principio ne bis in idem solo al ámbito interno de cada Estado. Por el contrario, respecto de las sentencias dictadas en el extranjero los EE.MM. prevén mayoritariamente la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento, en el que sin embargo, se deberá computar la pena sufrida en el extranjero... Alemania... Bélgica... Francia... Luxemburgo... Por consiguiente, en estos Estados es posible un bis in idem”(46).

5.10. Glosas finales del cargo en estudio. Bajo los precedentes argumentos la Sala deniega de plano los planteamientos del profesional del derecho que pretende asegurar la validez del fallo absolutorio dictado en Panamá sobre el condenatorio proferido por autoridades judiciales colombianas.

Los explicaciones condensadas para lograr la nulidad del fallo atacado, no tienen peso jurídico ni soporte legal o constitucional, justamente, por las excepciones consagradas en la normatividad legal vigente y sus correspondientes decisiones de cierre jurisdiccionales de la administración de justicia constitucional y suprema —ampliamente exhibidas—, referidas a conductas punibles como la aquí juzgada de narcotráfico, pues los axiomas de cosa juzgada y non bis in ídem, deprecian o ceden sus efectos legales para proteger bienes jurídicos de indiscutible jerarquía internacional.

El defensor pretende que se excluya a favor de su prohijado la aplicación del tratado colombo-panameño y se acepte la ejecutoria de la sentencia absolutoria dictada en el país vecino, bajo la normativa patria, ignorando lo explicitado en precedencia sobre los límites a los principios en comento, desconociendo de facto, aquellos contenidos jurisprudenciales que indican lo equivocado de su juicio, en casos como el que aquí se decide, pues la vigencia de tales garantías procesales se circunscribe a fines político-criminales de superlativa entidad jurídica, en tanto, protege una pluralidad de bienes comunes de invaluable linaje típico, a fin de afianzar con holgura, la seguridad jurídica nacional junto con aquellos bienes transnacionales protegidos por el derecho penal, para el logro de una convivencia sosegada entre Estados partes y la consecuente represión de conductas prohibidas que atenten contra el orden económico y social y la salubridad pública.

Adujo el jurista que se debió aplicar el artículo 17 de la Ley 599 de 2000, en armonía con el 93 de la Constitución Nacional y el 14.7 del PIDCP, trasladando para su resolución estándares superiores de protección al debido proceso, sin importar que los diversos tratados no garanticen en la mayoría de los casos la vigencia del principio de cosa juzgada respecto a decisiones de otras naciones.

Desde luego, el fondo de sus premisas tiene connotaciones contradictorias, retraídas y deshilvanadas al contacto normativo con el mismo canon que dice debió aplicar la justicia colombiana, es decir, el 17 del Código Penal actual, cuando la misma ley procedimental ordena en el inciso segundo que: no tendrá el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1º y 2º; reatos que como ya se expresó, contienen conductas prohibidas como el narcotráfico al identificarlos la doctrina judicial como punibles perpetrados contra el orden económico y social.

Por tanto, vulneró el jurista el postulado de la lógica de no contradicción al afirmar en una misma línea argumentativa tesis, conceptos, hechos y circunstancias excluyentes, pues no es nada sesudo indicar que los funcionarios judiciales colombianos debieron aplicar el referido artículo, cuando el mismo precepto fue aprovechado judicialmente en su segundo inciso, el cual, le estaba mostrando al recurrente, objetivamente, la situación opuesta, a la hoy querida por él.

También vilipendió el referido axioma de la lógica el defensor cuando aceptó la existencia de instrumentos internacionales que de suyo comparten las limitaciones aquí expuestas a los principios referidos, pues no debe olvidarse que las excepciones al proceso debido no son consecuencia de pensamientos jurídicos aislados, individuales o separados de la realidad social, ni de teorías antigarantistas para restringirlos sin ningún motivo o quizás solo para enervar los estados de ánimo de los sujetos procesales, desde luego que no.

Alegó el recurrente que la decisión absolutoria del país vecino ya estaba en firme cuando esta Sala conceptuó negativamente para la extradición de su poderdante, requerida por el Gobierno de Panamá, con lo cual se violentó el postulado de cosa juzgada: tales argumentos no pasan de ser simples interpretaciones personales frente a la potencialidad de aquellos que muestran la urgente necesidad de investigar y juzgar aquellas conductas punibles que atentan contra la salubridad universal y el orden económico y social de los países afectados por el flagelo del narcotráfico, tal y como se ha venido estipulando en los diversos instrumentos internacionales signados por Colombia con esos exclusivos fines.

Véase, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, concertada y signada en Viena el 20 de diciembre de 1998 y aprobada en Colombia por virtud de la Ley 67 de 1993, la cual, a su turno, pasó el filtró de constitucionalidad con la Sentencia C-176 de 12 de abril de 1994, que al desarrollar el postulado de jurisdicción universal, se detuvo en la regla aut dedere aut iudicare —o juzgas o extraditas—, consagrada en los artículo 4º, 2º, 11), b) (competencia(47)) y 6º, 9º, a) y b) (extradición):

“9. Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal declarada de conformidad con su derecho interno, la parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente deberá: a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo l del artículo 3º por los motivos enunciados en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la Parte requirente; b) Si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2 del artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que la parte requirente solicite otra coca a efectos de salvaguardar su competencia legítima”.

Con todo, el concepto negativo de extradición fue signado por esta Sala el día 13 de agosto de 2002 y la sentencia absolutoria proferida por el vecino país quedó ejecutoriada el 24 de mayo del año anterior; ante lo cual, prima el contenido del artículo 5º del tratado bilateral de extradición suscrito el 24 de diciembre de 1927 entre las repúblicas de Panamá y Colombia y aprobado por Ley 57 de 1928:

Tampoco habrá lugar a la extradición si el individuo reclamado es nacional nativo del Estado requerido... Empero, cuando la extradición de un individuo se niegue por esta causa, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo de conformidad con sus propias leyes y mediante las pruebas que suministre el Estado requirente y las demás que las competentes autoridades del Estado requerido estimen conveniente allegar.

La anterior argumentación funge como fundamento para no acometer el estudio del fallo absolutorio panameño —tal como lo reclama el demandante— pues, por sustracción de materia, los principios de cosa juzgada y non bis in ídem, restringen su aplicabilidad frente a actos antijurídicos extraterritoriales como el aquí juzgado.

Menos aún, es acertada la afirmación del libelista respecto a que una sentencia absolutoria jamás puede quedar sin efectos, pues como en páginas precedentes se puntualizó, la acción de revisión es un mecanismo expedito para atacar una decisión de esa naturaleza jurídica; incluso, en el caso de la especie, se viene demostrando que tal aserción es producto de un defectuoso entendimiento del problema jurídico generado por el impugnante extraordinario, agravado por sus premisas particulares, como aquella en la que indicó que la administración de justicia patria debió “interpretar los hechos a la luz de la legislación interna y no conforme a lo establecido en el tratado”, sin que hubiese ofrecido a la judicatura algún razonamiento coherente para apoyar su tesis, en la medida que es la misma ley interna aquella que se opone a su pretensión.

Sostuvo el defensor que el alcance de relativización de los principios de cosa juzgada y non bis in ídem, no es aplicable al caso de marras, porque en la fecha en la que se conceptuó negativamente la extradición del aquí condenado, ya se había proferido la sentencia absolutoria en Panamá. Ante esto, baste señalar lo genérico del planeamiento, sin un desarrollo sostenible de cara al rechazo de plano de la jurisprudencia constitucional y el absoluto olvido del jurista frente a lo explicitado por la Corte al momento de emitir el concepto de extradición, junto con lo hasta aquí expuesto.

La censura no prospera.

6. Segundo cargo subsidiario, intenta el defensor desacreditar las decisiones judiciales por supuestas fallas en el raciocinio con evidente vulneración al principio de presunción de inocencia, por cuanto se condenó a su prohijado sin ninguna prueba incriminatoria directa o circunstancial (aplicando un derecho penal de autor), frente a los dos indicios construidos por las instancias, los cuales para el jurista, se elevaron con violación a las reglas de la experiencia, producto de multiplicar su fuerza demostrativa y pasar de simples sospechas a responsabilizarlo penalmente de un acto ilegal que no consumó.

Bajo tales presupuestos, la Sala contestará los indicios en bloque por emanar de una misma fuente cognoscente, tras este camino metodológico, se le aclarará al defensor su constante desacierto explicativo, para lo cual, se identificaran aquellos aspectos de mayor relevancia e impacto argumentativo, en pos de evidenciar su sinrazón jurídica.

a) En el primer indicio atacó los hechos indicadores condensados en las declaraciones de Roberto Escobar Gaviria Myriam Mireya Borráez, Mario Enrique Fonseca López; el informe de la policía judicial de Panamá allegado por cooperación internacional y el uso de doble identidad del procesado, con los cuales, se concluyó la calidad de narcotraficante de su mandante.

No sobra advertir que los falladores(48) excluyeron de plano la valoración probatoria referida a los informes de policía por carecer de aptitud demostrativa, dejando vivos aquellos medios con los cuales también se sostuvo la acusación, que aunque no son cuantiosos si se exhibieron suficientes para generar certeza de la comisión del punible objeto de reproche extraordinario contra Vicente Wilson Rivera González, quien estuvo al frente del transporte de 1.339 paquetes de cocaína, incautada los días 21 y 22 de marzo de 1997 en el país vecino de Panamá.

En el plexo probatorio se halla el dictamen realizado por el laboratorio técnico especializado, sección de sustancias controladas, del Departamento de Criminalística de Panamá, en el que se dejó plena constancia del análisis de los envíos aludidos, “forrados con cinta adhesiva... contentivos de una sustancia en forma de polvo de color blanco” que al ser analizada dio positivo para cocaína.

Por tanto, la administración de justicia colombiana se apegó a la materialidad del delito puesto en su conocimiento, tras el decomiso de los sicotrópicos aludidos en ciudad de Panamá.

En la actuación judicial panameña, fue desvelado el nombre del aquí procesado como la persona que estaba detrás del aludido cargamento de estupefacientes, tal y como se indicó en los documentos aportados mediante cooperación internacional por los países de Panamá y Colombia, el cual —como lo advirtieron las instancias— no era equiparable a un informe de policía judicial, sino a los resultados de la asistencia recíproca, en acatamiento del artículo 7º de la Convención de Viena sobre narcóticos en concordancia con el canon 506 de la Ley 600 de 2000.

Con base en ello, atacó el demandante el hecho indicador en punto a la calidad personal del implicado de narcotraficante, porque el abogado Mario Enrique Fonseca López no lo vinculó concretamente a los hechos ilegales; luego, en su opinión, el “indicio serio de responsabilidad” deducido por el tribunal, se cae porque el hijo del aquí procesado fue quien de manera exclusiva intervino para saber a cuáles de sus familiares se habían vinculado con el decomiso del alcaloide.

El juez colegiado, sobre el particular indicó: “la Sala considera que constituye un indicio serio de responsabilidad el hecho de que Camilo Henry Rivera Ramos, haya mostrado especial interés en conocer los motivos de la investigación originada en la incautación de droga realizada el 21 y 22 de marzo de 1997, hechos por los cuales se capturó a Omar González y Luis Enrique Rentería, último que vincula Vicente Wilson Rivera González como el dueño del alijo”.

El indicio elevado por las instancias al inculpado, tiene su fuente en varias declaraciones, de manera especial, la entregada por el abogado panameño Mario Enrique Fonseca López y tal como se construyó es una prueba indirecta, válida en Colombia, cuando surjan circunstancias —como en el caso de la especie—, de las que se pueda partir e inferir un hecho desconocido, no por ello, como lo pregona el defensor, debe despreciarse su ámbito demostrativo.

El libelista, de manera aislada, lo atacó afirmando que estaba basado en simples sospechas, con las cuales, la incriminación se tornaba en moral, desde luego, por fuera de los causes del derecho penal de acto; sin embargo, el defensor, incurrió en un falso juicio de existencia al ignorar la construcción del mismo, realizada por las instancias.

Los fallos cuestionados por el togado, al valorar la declaración del abogado panameño Mario Enrique Fonseca López(49), sostuvieron que fue determinante para vincular al aquí inculpado con los hechos de traslados ilegales de sustancias atrás descritos. Tal profesional del derecho fue asesor de la ex mujer de Vicente Wilson Rivera González y manifestó que él estaba comprometido desde los años ochenta en “actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico”. Incluso, declaró saber que aquel y su hijo, se ganaban la vida con negocios al margen de la ley: “yo no soy incauto, a mi manera de ver son actividades relacionadas con el narcotráfico”.

Incluso, para los juzgadores, fue más relevante el hecho de que el aquí condenado mostrara, “por intermedio de su hijo, un peculiar interés en la suerte del proceso penal en donde se hallaban vinculados Omar González, Luis Enrique Rentería y otros, es decir, las personas que, de acuerdo con el medio de prueba anterior, fueron sindicadas al proceso sobre el cargamento de cocaína incautado el 21 y 22 de marzo de 1997 en el Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá”.

Camilo Henry Rivera Ramos, le manifestó al testigo que estaba trabajando con su papá y, a su turno, exportaba pescado al Ecuador, que “él prácticamente había venido a ver qué era lo que pasaba con el expediente”. Pero las pesquisas procesales que debía realizar el aludido abogado iban más allá de una simple constatación de libros o datos generales de una computadora; se traducían en confrontar si alguno de los capturados en el vecino país (Luis Enrique Rentería, Omar González, Ranulfo Palacio Perea, Segundo Ignacio Góndola, Jorge Rentería cuervo, Marín Valencia, Henderson González Mora y Jaime Donato Batista), había relacionado a Vicente Wilson Rivera González como a su hijo, Camilo Henry Rivera Ramos, con el cargamento ilegal.

Acto seguido, el declarante informó a la administración de justicia del vecino país: “Yo conseguí la información y le dijes que en las indagatorias no había nada que los vinculara y le sugerí que no era necesario ventilar nada dentro del expediente. También le manifesté que no soy abogado penalista y que en el evento que hubiera alguna necesidad de entrar en el proceso tendrían que contratar a alguien que sí se dedicara a eso”.

Como se puede apreciar el testigo es contundente sobre el objeto de contratación con Camilo Henry Rivera Ramos, no era pues, como lo pregona el libelista, saber cuáles familiares estaban siendo investigados por el acto ilegal acaecido en Panamá, sino el de verificar —confrontado con el expediente— si a ellos los habían conectado con el trasporte de la sustancia prohibida; en estas circunstancias, es claro para esta Sala, que el indicio de interés en la actuación penal, construido contra Vicente Wilson Rivera González, se encuentra plenamente incorporado a la prueba objeto de ataque del defensor.

Más aún: sostuvo el recurrente que en gracia de discusión, una persona puede averiguar por la suerte de sus familiares y amigos en cualquier actuación penal, lo cual, es del todo cierto; pero hasta el punto de violar la reserva sumarial, enterarse del contenido de las injuradas recibidas a los capturados con el cargamento, como lo confesó el abogado panameño, ello, desde luego, no gravita sino en las fauces de la ilegalidad, por el temor a ser descubiertos.

Ignoró también el togado lo valorado por el juez de conocimiento, cuando expresó que las reglas de la experiencia muestran, que el oficio del narcotráfico trae con sigo la intervención necesaria y plural de individuos, que además, actúan de manera escalonada y jerarquizada, “de tal suerte que quienes más se lucran con las mismas son los que menos tienen contacto directo a la hora de transportar la mercancía a su destino. Y estos últimos, por obvias razones, son las personas más interesadas” para evitar que “delaten a quienes los contrataron”.

Tal presupuesto fue dejado en el limbo probatorio por el defensor, hasta el punto de ignorar por completo su concreción en las sentencias condenatorias, pues con esa omisión sustancial, dejo vacía su pretensión, esto es, incólume la prueba incriminatorio al atacar unos aspectos y dejar otros vigentes.

Por otro lado, Roberto Escobar Gaviria, testificó que el aquí condenado “es un narcotraficante que trabaja y vive en Bogotá y envía cocaína con cualquier socio, me explico, ha hecho negocios con el Cartel de Cali, como este, y con gente de Medellín... es uno de los mayores traficantes de droga en Colombia lo que pasa es que a él no lo conocen mucho porque trabajan con segundas y terceras personas”.

Como puede apreciarse también de esta declaración las instancias infirieron la calidad de narcotraficante del procesado, e incluso, avala la tesis de su marcado interés en el asunto punitivo iniciado en el vecino país, en tanto, sostuvo además que él venía desde los años 80, con ese ilícito proceder y que era amigo de su hermano Pablo Escobar Gaviria; narración de los hechos que pretende el letrado mermar su efecto persuasivo al indicar que fueron “simples opiniones negativas indemostradas”, olvidando el defensor el valor demostrativo de los indicios erigidos en conjunto por su convergencia, por las instancias contra su mandante.

Lo aquí de resaltar es la calidad de narcotraficante del inculpado, la cual fue inferida hasta la saciedad por los juzgadores, de la mano de otra declaración, pero esta vez, de una de sus ex esposas, la señora Myriam Mireya Borráez, quien comenzó a preocuparse por las actividades de su marido desde el año 1984, porque su nombre fue vinculado al tráfico de drogas en Colombia y Panamá.

El rechazo a la extradición del enjuiciado al vecino país, fue un nuevo elemento de juicio allegado al expediente, porque era nativo o nacional colombiano, sin embargo, el recurrente se sirve de tal auto para sostener, entre otras afirmaciones, que cuando el concepto salió a la luz pública, ya la absolución se había proferido por la justicia panameña; pero también aquí erró en sus razonamientos al dejar de lado sin consultar su contenido o fundamento jurídico, reseñado por la Corte y, el cual, para los fines pertinentes, es dable recordar:

1.3.1. En el auto proferido el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, consta que “Camilo Henry Rivera y Vicente Wilson Rivera, de generales conocidas en autos, procesado (s) por el delito contra la salud pública, no han sido localizados para que se presenten a estar en derecho en el acto de audiencia preliminar a celebrarse el día 27 de septiembre de 1999, por lo que vencido los diez (10) días de publicación del edicto emplazatorio es del caso proceder de acuerdo a las disposiciones de este proceso”.

“Visto y considerado lo anterior, tenemos que nos encontramos ante un delito que amerita detención preventiva, como lo es el delito contra la salud pública, por lo que se ordena la inmediata detención de los procesados Camilo Henry Rivera Ramos y Vicente Wilson Rivera” (fls. 232, carpeta anexa).

1.3.2. En el pronunciamiento proferido el trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se “Abre causa criminal en contra de Camilo Henry Rivera Ramos, varón, colombiano, con pasaporte AE-306290 o 79432883 o AF-140492 y demás generales desconocidas en autos y Vicente Wilson Rivera González o Antonio Roney Gómez Acosta, varón, colombiano, hijo de Camilo Rivera Avilés y Eloísa González, nacido en Leticia, República de Colombia, el día 26 de septiembre de 1943, casado, residente en Manaus, Brasil de demás generales desconocidas en autos, por infractores de las disposiciones legales contenidas en el título VII, capítulo V, del libro II del Código Penal, es decir por el delito genérico contra la salud pública, conforme se encuentra reformado en el texto único de las leyes de drogas”, sobre los hechos materia de juzgamiento, se indica lo siguiente:

“La presente encuesta penal se inicia con información internacional procedente de Ecuador, Brasil, Colombia y Holanda en donde ponen en conocimiento de las autoridades de la existencia de una organización criminal dedicada a actividades derivadas del narcotráfico.

“En la información suministrada se señala que la organización tiene su base en el hermano país de la República de Colombia; pero que sus estrechos colaboradores se encuentran en los Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Centroamérica, incluyendo a Panamá en donde se encuentran desde el año 1980 cuando ingresan a territorio patrio los primeros integrantes de la familia Rivera dirigida en ese entonces por el señor Vicente Wilson Rivera González y Camilo Rivera Avilés, quienes se encuentran estrechamente vinculados a actividades ilícitas producto del narcotráfico.

Señalan que Camilo Rivera Avilés, es el fundador de la organización criminal ya que personalmente dirigió todas las operaciones de narcotráfico. Posteriormente se encarga su hijo Vicente Wilson Rivera González, quien delega en sus hijos Vicente Wilson Rivera Ramos y Camilo Henry Rivera Ramos las operaciones de trasiego de las sustancias ilícitas.

“Se hace mención de que esta familia no solamente se dedica al trasiego de drogas, sino que también se dedica a la legitimación de capitales producto de este ilícito, y una de sus bases para operar la mantenían en Panamá en donde fueron adquiriendo bienes inmuebles, y sociedades mercantiles para estos fines.

De la investigación preliminar se desprende que se han incautado considerables cargamentos de drogas en nuestro territorio, los cuales han sido asociados con la familia Rivera, desde el año 1996 hasta la fecha” (resaltado de la fuente).

El libelista adujo que la solicitud de extradición no era ningún medio de prueba en Colombia, menos aún, tenía ninguna capacidad de demostrar nada, porque todos los datos allí consignados eran generales; desconociendo que adquiere la calidad de documento tal y como lo prescribe el artículo 233 de la Ley 600 de 2000(50): “son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio”. Motivo por el cual, hizo parte de las valoraciones judiciales, no como prueba directa para imputar y condenar por el delito en estudio, sino para fincar con este nuevo elemento de juico, los indicios construidos por los falladores, lo cual si es permitido por la legislación patria.

Así mismo, de cara a los cuestionamientos del defensor, quien no tiene idea cómo se acopió el concepto negativo de extradición a este proceso y, de suyo objetó su legalidad, sin más adiciones argumentativas; ante esto, se advierte que él mismo arribó al expediente el 30 de octubre de 2002, remitido por el secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho quien adjuntó la Resolución Ejecutiva 110 de 23 de agosto del año citado, por medio del cual, el Gobierno Nacional negó la extradición de los ciudadanos requeridos por Panamá.

El 10 de diciembre de 2002, esta Corte de Casación conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Vicente Wilson Rivera, elevada a la República de Colombia por su homólogo del Gobierno de Perú, mediante el cual, la Primera Sala Penal, Cuarto Juzgado Penal del Callao, el 17 de julio de 2001, declaró la existencia de mérito para juicio oral contra el aquí condenado por el punible de tráfico ilegal de drogas.

Los actos antijurídicos objeto de juzgamiento por parte del país requiérete, entre otros presupuestos para conceder la petición, fueron sintetizados de la siguiente manera:

Que en las investigaciones realizadas a la organización denominada ‘Los Camellos’ se colige que Vicente Rivera González, conocido como ‘Don Vicente’, de nacionalidad colombiana, conjuntamente con el llamado ‘Don Felipe’, eran socios, y desde el exterior gestionaron y financiaron el envío de droga a Europa, contactando con ellos Boris Foguel, quien conjuntamente con Bruno Chiappe, se encargaron en nuestro país de realizar los envíos de dicha sustancia, más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína y de acuerdo a las pesquisas se llegó a determinar que se encontraba en ciernes las preparaciones de otra cantidad similar, al habérsele encontrado en la localidad de Topará, Chincha, el Fundo de la Bodega, el laboratorio donde se habría venido procesando parte de los envíos y, así mismo, se encontraron enterradas más de dos toneladas de pasta básica de cocaína, 161 kilos de cocaína en sustancia líquida e insumos químicos, y en esta capital se halló la caleta donde se escondió la droga (...).

Rivera González Vicente Wilson (a) ‘Don Vicente’ (colombiano), nacido el 26 setiembre 43, en la localidad de Leticia —Colombia—, se conoce por acciones de inteligencia que este sujeto es el socio del Narcotraficante conocido como ‘Don Felipe’, con quien contactaba el no habido Boris Foguel Suengas en la ciudad de Bogotá —Colombia— para el envío de la droga ‘CC’ a Europa; su hijo Vicente Wilson Rivera Ramos (a) ‘Vicentico’, actualmente purga condena en la prisión de Manaos —Brasil—, al habérsele decomisado el 1º junio 94 un cargamento de 7.3 toneladas de Clorhidrato de Cocaína; así mismo el 1º abril 90, en Holanda fue hallado responsable de un lote de droga de 144 kilos de ‘CC’ ocultos en granos de cacao, habiendo sido detenido y puesto en libertad en esa oportunidad. Por ello, la persona de Vicente Wilson Rivera González es presumiblemente el jefe de toda la organización, teniendo como cabeza visible en Colombia al conocido como ‘Don Felipe’, a fin de evitar ser identificado”.

Estos sucesos, fueron excluidos de las valoraciones judiciales, por ausencia de identidad fáctica con los hechos objeto de imputación, habida cuenta, la Sala se atiene a lo allí ordenado sobre el particular, sin entrar a cuestionar, valorar o inferir circunstancia alguna contra el inculpado, respecto al cargamento de 2.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados en el terminal marítimo de El Callao, en el Perú, el 31 de marzo de 1999.

Obró también, en las apreciaciones probatorias elevadas contra el enjuiciado, sus inconsistencias y contradicciones como el hecho cierto de presentar, el día de la incautación de la droga prohibida, ante las autoridades panameñas una cédula falsa, haciéndose pasar por una persona distinta a él, con el nombre de Antonio Roney Gómez Acosta; ante lo cual, el defensor, inquirió que era una estrategia de su prohijado para evadir impuestos en Panamá o quizás para ocultarse de posibles atentados contra su vida gestados por la cantidad de negocios que tenía.

Los juzgadores frente a tal hecho, desvelaron la sinrazón del inculpado cuando expresó en la indagatoria que en Panamá se le estaba siguiendo otro proceso con el nombre de Antonio Roney Gómez Acosta; no obstante, dicha identificación falsa, la vine utilizando debido a la grave inseguridad de Colombia, porque varias veces ha sido amenazado por la guerrilla que lo pretendía secuestrar. Así lo expresó: “quiero aclarar que mi estadía en el Ecuador y el recorrido que hice por Cuba, Costa Rica y Panamá lo hice con el nombre de Antonio Roney Gómez Acosta, documento que he usado por la misma inseguridad que vivimos en el país”.

Desde luego, las señaladas explicaciones defensivas no son sino eso, argumentos de instancia para disfrazar su verdadero cometido, en tanto, si solo hizo un recorrido por los países señalados, incluido Panamá, no es diáfano que le hubiesen iniciado una investigación penal con su identidad ficticia, menos aún, es claro —más bien contradictorio— los diversos inmuebles y negocios que tenía en el país vecino con ese nombre, según lo declararon Maité Eskildsen Alfaro y Luz Graciela Alarcón Sierra.

Con todo, los indicios construidos por los juzgadores, también se basaron en el hecho que las autoridades migratorias de Panamá, reportaron que un ciudadano con visa de turista identificado como Antonio Roney Gómez Acosta, procedente de la República del Ecuador, ingresó a tal país, el 22 de marzo de 1997, día en el que se llevó a cabo la incautación del alijo de cocaína.

Y para rematar, sus hijos, Luis Martín Rivera Ramos y Alejandro Rivera Borráez, al preguntárseles en sus injuradas sobre si conocían a Antonio Roney Gómez Acosta, descartaron que fuera su padre el que utilizaba esa segunda identidad y los motivos para ello, más bien, lo ubicaron como el esposo de una señora Patricia y el último dijo no conocerlo, “con el ánimo de encubrir ante las autoridades su doble identidad”, lo cual también, como se observa, fue materia de análisis probatorio en los fallos condenatorios atacados.

Advirtió el profesional del derecho que las sentencias se basaron en sospechas, motivo por el cual, el falso raciocinio se acopló al caso en estudio, aunque se encuentre —advirtió— acreditado por muchos medios tal circunstancia de narcotraficante, ello no puede derivar en una comprobación efectiva de su participación en los actos ilegales aquí juzgados; por tanto, la construcción indiciaria denominada de unidad de conducción de vida, elevada contra su mandante, es un claro ejemplo de la aplicación del derecho penal de autor, pues por la mala reputación no se puede condenar a ninguna persona y menos con una vieja imagen de narco se puede construir un indicio sencillamente moral, sin importar con cuántas pruebas sea documentado.

El derecho penal de acto vigente en la legislación colombiana, trae como consecuencia la materialidad del evento imputado a una persona, lo cual se traduce en la exteriorización del comportamiento ilegal por parte del sujeto activo a fin de ser responsabilizado penalmente, desde luego, si se sostiene que a un procesado se lo condenó sin prueba alguna, se está en flagrante vilipendio de tal principio; no obstante, tales proposiciones cuando son fruto del desespero defensivo, la postura de sus argumentos por encima del de las instancias o el producto de premisas individuales, sin consultar las valoraciones judiciales, no es de recibo, desde ningún punto de vista jurídico.

Esto fue precisamente lo que aquí sucedió, pues la demanda es profusa en debatir la ausencia de medios incriminatorios con los que se condenó a su mandante, pero a su turno, en franca violación del principio de la lógica de no contradicción, los ataca, identificándose su juicio incomprensible, puesto que si su primera pretensión extraordinaria hubiese tenido la trascendencia que le quiso imprimir, la vía de embate en casación para demostrar tales falencias, desde luego, era otra.

Olvidó el jurista que la construcción indiciaria fue la prueba soberana en el análisis de los falladores, desde la complexión de los hechos indicadores hasta arribar a la conclusión sujeta a la inferencia lógica, que no se puede nivelar a simples sospechas o conjeturas, en la medida que los testimonios de los que se dedujo le brindaron a la judicatura claras muestras de la realidad vertida en el proceso, es decir, que el señor Vicente Wilson Rivera González, era la persona que clandestinamente —bajo la apariencia de una doble identidad— estaba al frente de la operación ilegal, tras auscultar los testimonios tantas veces referidos, se percató que nada diferente hacía el procesado en ciudad de Panamá sino vigilar que la inversión ilegal llegara a buen término, luego, en esas circunstancias, surgió a la luz jurídica, el compromiso judicial del penado.

El defensor pretende desligar de responsabilidad a su mandante, por el hecho que su hijo, exclusivamente quiso averiguar qué familiares estaban vinculadas con la investigación penal panameña, lo cual, atrás quedó descartado; no obstante, debe agregarse, que el desafuero argumentativo del libelista es amplio, en tanto, ensaya desconocer las actividades o la unión de propósitos del implicado y su consanguíneo, demostrada para estos efecto con la declaración del abogado Mario Enrique Fonseca, al desentrañar el contenido de las indagatorias y constatar que ellos no habían sido delatados.

Este episodio no fue obtenido de un periódico, de una revista o de una declaración de oídas como para significar que se está aplicando un derecho penal de autor de cara a los hechos indicadores, sino de una persona (profesional del derecho) que fue contratada para ese específico fin; con un aditamento más, dejado al azar por el abogado: la connivencia de ellos por averiguar qué estaba sucediendo al interior del proceso penal iniciado en Panamá, no daba lugar a que, en gracia de discusión, si su padre hubiese sido objeto de señalamientos directos con el cargamento ilegal, él como hijo, no le hubiera dicho nada ante semejante sindicación, porque estaba actuando solo, siendo este un suceso que no tiene la más mínima presentación racional.

Trajo a colación el demandante un fenómeno por él denominado “salto en el vacío de lo moral a lo fáctico”, con el fin de realizar una analogía entre la sospecha a la autoría, de lo posible a lo real frente a los dos indicios, pero su discurso se concretó exclusivamente a delimitar la acción judicial en esos términos, dejando el juicio de responsabilidad, si se quiere en el vacío moral, por ausencia de entidad demostrativa.

Nada más alejado de la realidad se torna su premisa, la que se asemeja a una aseveración más sin contenido ni sentido, dejando medios incriminatorios en el camino, desconociendo hechos indicadores, desde donde las instancias forjaron las inferencias lógicas; pues de lo que aquí se trató fue de construir la responsabilidad penal de su prohijado, justamente, por medio de la prueba indiciaria, la cual, jamás trabajó para menguar la sana crítica aplicada al caso, menos aún, fue activo su compromiso y discurso argumentativo en pos de traer a colación alguna regla de la ciencia, lógica para derrumbar los contenidos judiciales, sin los cuales, sus reflexiones se desploman en un abismo de hipótesis indemostradas.

Aceptó, de contera, que su prohijado hizo las averiguaciones judiciales en la vecina república, con fines lícitos, es decir, por solidaridad, simple información, temor o para afianzar una adecuada defensa; con ello, reitera su actuar contra el principio de no contradicción, al motivar en una misma línea explicativa, hechos, situaciones o circunstancias excluyentes, habida cuenta que, todo su alegato estuvo en principio encaminado a la ausencia de conocimiento de su poderdante sobre las averiguaciones de su hijo, para luego, admitir, sin razón lógica adecuada, qué por motivos diversos a los desvelados por los juzgadores, indagó junto con su hijo, si habían familiares envueltos en el tráfico de drogas instruido en Panamá.

Tanto así, que cuando citó una posible pauta de la experiencia violada: al decir que no solo los culpables de los delitos se interesan por una investigación sino también lo hacen los que no lo son, dejó en simples expectativas su propuesta, porque jamás explicó el uso general, frecuente y habitual de su afirmación, en tanto, hay también inculpados que a los que no le interesan los bemoles de una actuación iniciada en su contra, por tal razón, nacieron a la luz jurídica, la declaración de persona ausente, la defensa de oficio en casos en los que no se quiere proponer una activa participación, solo por proporcionar algunos ejemplos, como aquel, en donde el autor no le importa saber nada del proceso por haber consumado múltiples punibles. De modo pues, que su premisa se queda en el vacío jurídico, sin constatación real y generada en vivo ejemplo de alegatos en franca oposición a las valoraciones judiciales.

Cuando sostuvo que el tribunal puso a su mandante en las “fauces del lobo” al seguir el cargamento prohibido a Panamá, “buscando ser descubierto”; tal aseveración, en igual forma, se cae de su peso, justamente, porque él estaba preparado para no ser desenmascarado con su doble identidad, por eso utilizó una cédula falsa para estar tranquilo y seguir la pista de la cocaína. Las explicaciones por fuera de los anotado, son simples especulaciones —pues nadie amenazado en un determinado país por un grupo ilegal armado al margen de la ley— se toma la molestia de falsificar documentos públicos, es decir, acoplar su conducta a un tipo penal, para identificarse en otra nación con un nombre diverso al suyo.

Por último, expresó el libelista que las sentencias atacadas, construyeron la prueba indiciaria multiplicando los hechos indicadores y generando irreales conclusiones.

Para considerar un indicio como prueba se requiere la concreción de un juicio lógico por parte de los funcionarios encargados de administrar justicia, el cual, tiene que estar plenamente acreditado en el proceso para luego, iniciar el análisis a partir de un hecho conocido, incluido en el plexo demostrativo allegado legalmente a la actuación (declaraciones, documentos y aquellos otros que la legislación colombiana acepta como tales), para alcanzar un nuevo hecho, desde luego, ignorado, desconocido y oculto, mediante la aplicación de una pauta de la experiencia.

La creación indiciaria, entonces, no tiene límites en el proceso penal, sino los que le impone su propia construcción legal y la garantía de los derechos fundamentales constitucionales debidos a las partes, en tanto, reflexivamente es viable edificar un indicio con base en una exclusiva fuente de prueba o, inversamente, en una multiplicidad de ellas se puede alojar el hecho indicador: esta última hipótesis trae consigo el acopio final de un indicio tras el juicio inferencial y no de varios según los medios que le dan nacimiento al mismo, pues lo que se evidencia es una unidad del hecho indicador que jamás puede convertirse en pluralidad de indicios.

Por otro lado, es correcto que la judicatura en el instante de la producción y construcción indiciaria (decisiones de fondo), se sirva de una prueba (por ejemplo, una declaración), para extraer dos o más hechos indicadores y establecer dos indicios separados.

El yerro del libelista es amplio al pretender confundir a la judicatura, mediante una argumentación sofística, de cara a la unidad del hecho indicador, porque en su opinión, las instancias edificaron los dos indicios contra su mandante bajo el supuesto de la repetición de hechos indicadores o lo que podría entenderse como una doble valoración de un mismo suceso; ello, desde luego, es errado, baste traer a colación la declaración del abogado panameño Mario Enrique Fonseca López, para entender que de dicha acta procesal se extrajeron dos hechos indicadores: la calidad de narcotraficante y el interés en la acción penal iniciada en el país extranjero por el aquí condenado y su hijo: constatar en las indagatorias rendidas, si ellos habían sido delatados por los capturados.

De allí partieron los falladores para realizar la inferencia lógica pautada por las reglas de la experiencia, para concluir la calidad de traficante de tóxicos del implicado y su interés en la investigación iniciada en la vecina nación; junto con las demás piezas procesales y la unidad del hecho indicador extractada de las otras declaraciones y documentos, con todo lo cual, se demostró la responsabilidad penal del procesado.

Siendo ello así, los dos cargos subsidiarios elevados contra el fallo expedido por el Tribunal Superior de Bogotá, no tienen vocación de prosperidad.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar extinguida la acción penal por el punible de concierto para delinquir, mediante el cual, los juzgadores sentenciaron al ciudadano colombiano Vicente Wilson Rivera González.

2. Decretar, por tanto, la cesación de procedimiento a favor del procesado.

3. En consecuencia, condenar a Vicente Wilson Rivera González, a la pena principal de ciento sesenta y ocho (168) meses de prisión, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e, imponerle como sanción accesoria, la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por un lapso de diez (10) años, atendiendo las razones puntualizadas en la parte motiva de este proveído.

4. En todo lo demás el fallo atacado permanece incólume.

5. El Juzgado de primera instancia devolverá las cauciones generadas y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que Vicente Wilson Rivera González, hubiese adquirido por razón exclusiva del delito de concierto para delinquir; así como también, informará a los organismos de seguridad del Estado a donde se hubiese oficiado, sobre la nueva situación jurídica del inculpado.

6. No casar la demanda presentada con ocasión a los dos cargos subsidiarios elevados a nombre de Vicente Wilson Rivera González, por los motivos aducidos en páginas precedentes.

7. Contra lo decidido no procede recurso alguno.

8. Cópiese, comuníquese, cúmplase».

(27) Corte Suprema de Justicia, radicación 25.767 (20-09-06); 25.149 (5-10-06); 20.673 (1-9-04).

(28) Corte Suprema de Justicia, radicado 22.881 (10-6-09): en los delitos de ejecución permanente el “término de prescripción de la acción penal en conductas de esta naturaleza, es una especie de ‘corte de cuentas’ la contabilización del término prescriptivo de la acción penal luego de la interrupción del mismo, se hace a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin respecto del carácter permanente de la conducta con posterioridad a la fecha del llamamiento a juicio, pues, los efectos permanentes del comportamiento que se suscitan con posterioridad al cierre de investigación, no podrán ser objeto de análisis ni de reproche en el mismo proceso, sino, acaso, en otro diferente”.

(29) Corte Suprema de Justicia, radicado 36.981 (14-08-12): “Para efectos de prescripción en delitos de ejecución permanente, la Sala ha sostenido que la potencialidad del daño no se extiende hasta el querer finalístico del infractor, que concurriría en el ‘último acto’, sino hasta el cierre de investigación y, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, se inicia el término de la prescripción de la acción penal”.

(30) Ver folio 10, c.o. Fiscalía segunda instancia.

(31) Modificado por el 17 de la Ley 365 de 21 de febrero de 1997.

(32) El 10 y 14 de noviembre del año citado, las autoridades pertenecientes al aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, provincia del Guayas, Gobierno del Ecuador, decomisaron 368 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en un cargamento de pescado, propiedad de la compañía Mariscos Oreaba Maror; por estos actos ilegales, los juzgadores declararon la cesación parcial del procedimiento.

(33) Ver concepto de extradición: radicado 20.386 de 8 de abril de 2003.

(34) Sentencia C-454 de mayo 30 de 2001.

(35) También referido por las instancias.

(36) Ver folio 22, c.o. Juez colegiado.

(37) Citó el informe de España, EUR 41/003/2005 de 13 de mayo de 2005.

(38) Sentencia C-1189 de 13 de septiembre de 2000.

(39) También estipulado en el numeral 1º, artículo 15 del Decreto-Ley 100 de 1980.

(40) Modificado por Ley 1121 de 2006, artículo 22.

(41) Corte Suprema de Justicia, radicado 14.813 de 22 de agosto de 2002.

(42) “Así lo señaló la Corte en la Sentencia C-554 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y lo reiteró en la C-04 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

(43) “Cfr. C-04 de 2003”.

(44) “Cfr. sentencias C-5554 de 2001 y C- 04 de 2003”.

(45) En el fallo de constitucionalidad C-979 de 2005, también se afirmó: “El principio de la cosa juzgada se proyecta, complementa y realiza en materia sancionatoria en un postulado de singular importancia en la determinación de los límites al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad punitiva del Estado: la prohibición de doble incriminación o principio non bis in ídem, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, de explícita consagración en la Constitución (art. 29, inc. 3º) y en los tratados de derechos humanos que regulan las garantías judiciales. No obstante, la decidida importancia que en materia punitiva reviste el principio de la cosa juzgada, y su derivado, la prohibición de la doble incriminación fundada en un mismo hecho y respecto de un mismo sujeto, es evidente que no se trata de un derecho absoluto, particularmente cuando no se encuentra trascendido por el valor justicia. Ninguna cosa juzgada puede ser oponible válidamente en un asunto que envuelve un acto de intolerable injusticia.

(46) Ponente: Excmo. Sr. D. del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, citada en su libro “el debido proceso penal”, Ed., Hammurabi, r.l. Talcahuano, Buenos aires Argentina, pág. 251.

(47) “2. Cada una de las partes: a) Adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra basándose en que... o ii) El delito ha sido cometido por un nacional suyo; b) Podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra”.

(48) Expresó el juez de conocimiento sobre el particular: “el despacho desestimará el análisis de todas las piezas procesales citadas en la providencia acusatoria que constituyen informes de policía (esto es, informes sobre actividades de investigación e inteligencia realizados por autoridades panameñas, ecuatorianas y colombianas que cumplieron funciones propias de policía judicial), con las cuales la Fiscalía sostuvo la acusación, pues estas de ninguna manera podrán ser consideradas elementos de convicción”. Ver folio 65, falla primera instancia.

(49) De quien se expuso no violó ningún secreto profesional como para excluir la prueba, con base en lo afirmado por la Corte Constitucional, en Sentencia SU-159 de 2002: “La Constitución no protege un derecho a cometer delitos en privado”. Al respecto sostuvo el juez de conocimiento: “el testigo... no cometió infidencia alguna en contra” del aquí procesado, “sino que se limitó a hablar de la gestión profesional que su hijo Camilo Henry le encomendó al igual que de (sic) la impresión personal que tuvo sobre las actividades de los parientes de Myriam Mireya Borráez Quiñónez”. Ver folio 241, sentencia primera instancia.

(50) Igual contenido normativo estaba previsto en el canon 248 del Decreto 2700 de 1991.