Sentencia 3215 de diciembre 16 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 03215

Magistrado Ponente:

Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Como de antaño se tiene por establecido, cuando el ataque que en casación se perfila por la vía directa, con arreglo a la primera de las causales del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se parte de la base de que la inconformidad del recurrente recae única y exclusivamente en la inteligencia que el tribunal hizo de las normas que gobiernan el caso concreto, al margen de toda consideración sobre los aspectos fácticos discutidos por las partes. En ese escenario —el de la vía directa— todo el debate habrá de girar en derredor de la manera como el juzgador entendió los preceptos de derecho sustancial con miras a determinar cómo operan los efectos de las premisas normativas en la contienda específica que compromete la tarea de la jurisdicción, de suerte que fuera quedan las incidencias de abolengo probatorio que corroboran las premisas fácticas del litigio decidido. Como ha enseñado la Corte, “... cuando se formula un cargo por la vía directa, resulta perfectamente claro que el casacionista no puede separarse en lo más mínimo de las conclusiones a que llegó el fallador en la determinación de los hechos; el único análisis que puede formularse como sustento del cargo ha de limitarse a las normas sustanciales que considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que discrepen de la apreciación del juzgador en el campo fáctico, o que persigan poner de presente un nuevo examen crítico de este aspecto” (G.J. Tomos CXXXII, pág. 193, CXLII, pág. 46, y CLVIII, pág. 187).

2. De otro lado, debe recordarse que a voces del artículo 1º de la Ley 1ª de 1980, se denominan cheques fiscales “aquellos que son girados por cualquier concepto a favor de las entidades públicas definidas en el artículo 20 del Decreto 130 de 1976”, a lo cual agrega ese mismo precepto que estos se caracterizan porque: “1. El beneficiario solo podrá ser la entidad pública a la cual se haga el respectivo pago. 2. No podrán ser abonados en cuenta diferente a la de la entidad pública beneficiaria. 3. No podrán modificarse al reverso la forma de negociación ni las condiciones de los mismos establecidas en el artículo 713 del Código de Comercio. 4. No son negociables ni podrán ser pagados en efectivo. A estos cheques se aplicarán en lo pertinente las normas contenidas en los artículos 737 y 738 del Código de Comercio. PAR.—Prohíbese a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria acreditar o abonar en cuentas particulares cheques girados a nombre de las entidades públicas”.

Por su parte, el artículo 5º de la citada ley prescribe la responsabilidad del sistema financiero cuando establece que “Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo prescrito en la ley, responderán en su totalidad por el pago irregular y sus empleados responsables quedarán sometidos a las sanciones legales y reglamentarias del caso”, norma que acompasa con el artículo 799 del estatuto tributario (D. 624/89), a cuyo tenor, “Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago irregular y sus empleados responsables quedarán sometidos a las sanciones legales y reglamentarias del caso”.

3. En lo que aquí concierne, luego de expresar conformidad con los elementos básicos de la responsabilidad, argumentó el tribunal que el departamento carecía de legitimación, pues no sufrió daño alguno, en la medida en que la obligación antecedente a la emisión del título subsistía. A este propósito se juzga que el hecho de que el beneficiario de un título valor pueda tener otra acción contra el girador del cheque, no excluye el derecho a reclamar contra la entidad financiera que permitió la pérdida del instrumento al haber pagado el cheque a quien no debía. Sea lo primero advertir a este respecto que el artículo 882 del Código de Comercio invocado por el tribunal para decidir el caso resulta absolutamente impertinente, pues el litigio no estuvo planteado sobre la premisa de un pago efectivamente hecho al tenedor del título, de modo que tampoco puede invocarse la resolución de ese pago, menos que el cheque no haya sido descargado, pues cabalmente lo fue, salvo que con destinatario distinto de su beneficiario natural.

En efecto, el artículo 882 del Código de Comercio supone para su aplicación un primer presupuesto ineludible, esto es, que el cheque no haya sido pagado o descargado de cualquier manera. Acontece en el caso, como ya se dijo, que el cheque sí fue pagado por el banco librado con dineros del girador, de lo cual se sigue que resulta descaminado recurrir al citado precepto para prodigar la solución puesta al escrutinio de la jurisdicción.

Y siguiendo tras los errores argumentativos del tribunal, resulta fuera de razón imponer al frustrado beneficiario —el departamento del Putumayo—, la carga de acudir a la obligación originaria o fundamental, pues de existir esta posibilidad legal, a dicha entidad correspondería la elección del camino que la llevara al reclamo de la obligación primitiva, escogencia en la cual no podría ser sustituida por el tribunal o por la parte demandada.

Pero si lo anterior no fuese bastante para mostrar el yerro de la sentencia, no hay cómo explicar que se exija al demandante el cumplimiento de un requisito imposible, pues no tendría el departamento del Putumayo cómo devolver unos títulos que nunca han estado en su poder, justamente porque jamás los recibió materialmente, menos con la intención de extinguir una obligación anterior.

Hay en el razonamiento del tribunal, además, una contradicción severa, pues la invocación del artículo 882 del Código de Comercio parte de dos supuestos: que hubo “entrega” al acreedor y que con ello se produjo el “pago” de la obligación, cuando nadie discute que en el caso de ahora no hubo entrega al acreedor legítimo y por lo mismo tampoco hubo pago con tal entrega, menos que dicho pago pudiera ser resuelto por el advenimiento posterior de la falta de descargo, cuando toda la evidencia muestra que el título sí fue descargado. En conclusión, el argumento de ausencia de legitimación del demandante derivado de una improbable relación negocial con un tercero, no excluye la responsabilidad extracontractual planteada en este litigio con arreglo al pago irregular que hiciera el banco demandado.

4. De otro lado, las previsiones y precauciones que el legislador dispuso para los cheques fiscales, por la propia naturaleza de estos, hace que tengan una circulación restringida; son seguridades que en lo fundamental protegen al beneficiario y al girador, pues este también es salvaguardado cuando recurre al giro de cheque fiscal, en tanto que por este medio adquiere la plena certeza de que los fondos con que aprovisiona su cuenta corriente llegarán al destino verdadero, y así, nadie distinto del beneficiario puede tomar esos valores, con lo cual la seguridad de extinción de la deuda es total. Dicho de otro modo, cómo afirmar, con la contundencia que el tribunal emplea, que subsiste la obligación de ICEL, si es que este giró un cheque fiscal —con toda la seguridad que ello implica— para extinguirla.

Síguese de ello que desatendidas como fueron las precauciones y seguridades por parte del banco, el beneficiario del cheque fiscal tiene legitimación bastante para reclamar a dicho banco por todo el perjuicio que hubiere padecido, como nítidamente dispone la Ley 1ª de 1980 antes citada.

5. En síntesis, en lo que tiene que ver con la legitimación del demandante para invocar las súplicas de la demanda, debe decirse que no puede el banco que ha incurrido en una culpa que a todas luces es independiente y autónoma, exonerarse de responsabilidad alegando que hay otra culpa anterior que impide la suya. En verdad, aunque se admite que el girador (ICEL) jamás debió haber entregado los cheques al alcalde de Puerto Leguízamo, esa entrega irregular deja de tener toda importancia en atención a lo singular de los títulos entregados (cheques fiscales), pues estos solo podían ser descargados en la cuenta del beneficiario.

Se afirma lo anterior, porque la modalidad de cheque fiscal, busca blindar de tal modo un instrumento de esta especie que a pesar de su pérdida o extravío nadie distinto a su beneficiario lo pueda cobrar. La experiencia señala que la sustracción de cheques oficiales y el desvío de fondos públicos suceden con más frecuencia de lo deseado, y aunque así no debieran pasar las cosas, en verdad el sistema de salvaguardas del cheque fiscal, casi torna intrascendente su pérdida, pues nada vale ese título para quien lo halle o sustraiga, ya que en verdad está prohibida su circulación, o al menos reducida al acto de simple cobro entre bancos, si es que se cumple lo que la ley manda al respecto, es decir, que solo puede ser cobrado por el beneficiario único, lo que en este caso no aconteció por culpa evidente del banco demandado.

En esta dimensión de las cosas, la culpa del banco que paga un cheque fiscal a persona diferente de su beneficiario es independiente de todo evento anterior, pues precisamente la tenencia indebida de un cheque fiscal carecería en absoluto de significado para el detentador, comoquiera que tal instrumento, creado y entregado aunque a persona distinta de su beneficiario, nada vale en manos ajenas. Por el contrario, el instrumento adquiere significado económico, potencialmente generador de efectos dañinos, cuando el banco admite, contra toda prohibición legal, pagarlo a persona distinta de su beneficiario exclusivo. Dicho a manera de tropo, un cheque fiscal en manos de quien no es su beneficiario exclusivo es como un explosivo sin detonante, pues el poder destructor viene de la conducta del banco y no del desvío material del cheque fiscal o de su sustracción.

El alegato de la demandada —que llevó al tribunal al error—, según el cual la parte demandante no ha sufrido perjuicio, contiene una verdadera petición de principio, pues parte de que se acepte sin discusión que la obligación de Ecopetrol e ICEL subsiste, juicio que tiene como amparo apenas su propia afirmación. Acontece que la forma de razonar el tribunal comporta juzgar que en la emisión sí hubo pago en el acto, hecho por ICEL, pero que estuvo mal efectuado y que sigue debiendo el dinero, sin que esa institución pudiera oponer ninguna defensa.

La legitimación de la demandante viene entonces de acusar que un efecto negociable, del que era destinatario natural y exclusivo, se pagó indebidamente por culpa de la demandada, sin que esta pueda anteponer que la obligación original subsiste, pues la validez y efectividad del pago mediante la emisión del cheque cubre y ampara también al emitente. Presumir que el ‘ICEL’ nada pagó, a pesar de haber girado un cheque fiscal y no obstante que el dinero fue debitado de su cuenta bancaria, es tanto como admitir que la circulación absolutamente restringida del cheque fiscal en nada protege al girador, y pero aún, que un cheque girado con tantas prevenciones puede ser cobrado por cualquiera, y que el resguardo que este brinda tampoco cobija al beneficiario, porque otro puede suplantarlo sin consecuencias para la entidad financiera que observa tan irregular proceder. Esta forma de razonar debe ser descalificada, pues el cheque fiscal, guarece tanto al beneficiario como al girador. En lo que respecta a este, en el momento que gira el instrumento con tan severa restricción, tiene la certeza del patente efecto liberador del acto, con mayor razón si realmente es que resulta debitado de su cuenta, como aquí ocurrió, pues justamente es en este momento final en el que el título es descargado de la cuenta, atado a la emisión restringida, cuando el girador adquiere la plena certeza de que el dinero ingresó a las arcas de su acreedor y no a las ajenas. Desde luego que la protección se extiende al beneficiario que confiado puede estar de que si el cheque fiscal lleva su nombre en la casilla del beneficiario, exclusiva por mandato legal, la pérdida, sustracción o extravío, no comporta mayor peligro, pues nadie más en su nombre lo puede cobrar en el sistema bancario por el cual deben pasar. Justamente, tan especiales circunstancias hacen superlativo el deber de cuidado que se exige de las entidades financieras, las cuales, de antemano, ya están obligadas a desarrollar sus actividades con especial prudencia y diligencia, pues como recientemente dijo la Corte, “hoy nadie discute la importancia social y económica que tienen las empresas dedicadas al manejo y aprovechamiento de los recursos provenientes del ahorro privado, al punto que, de tiempo atrás, el manejo del ahorro es una verdadera palanca del crecimiento económico que ha sido considerada de interés público, justamente porque trasciende la esfera privada de las empresas que intervienen en las operaciones de captación y de colocación de los recursos del público, en las cuales se compromete la sociedad toda y, claro está, el Estado, a quien se le ha otorgado una especial facultad de intervención con el fin de regular y vigilar el ejercicio de una actividad que tiene como soporte capital la confianza pública (C. Pol. art. 150 num. 19, lit. d), y art. 335).

Esa circunstancia, impone a las instituciones financieras el deber de actuar con un grado especial de diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto social, pues la infracción de una cualquiera de las normas legales o estatutarias llamadas a gobernarlas, no solo puede repercutir en el patrimonio de las personas directamente vinculadas a la respectiva operación de crédito, sea ella activa o pasiva, sino también en el de terceros que, por rebote, pueden resultar afectados por la desatención de dichos establecimientos en el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones que les son propias, pues toda práctica insegura afecta no solo a los accionistas de la entidad financiera sino a los ahorradores y la credibilidad de un sistema basado en la confianza.

Todo lo anterior explica la existencia de normas como las contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93), que imponen a las instituciones del sector el deber de “emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes” (art. 98, num. 4,), lo mismo que a sus administradores el de “obrar no solo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales” (art. 72), dictados que otrora, si bien no fueron explícitos, sí inspiraron reglas como las consignadas en el artículo 92 de la Ley 45 de 1923, que mandaban que todo director de entidad bancaria, debía “prestar juramento” por el que se comprometiera “a administrar diligentemente los negocios del establecimiento y a no violar a sabiendas, ni permitir que se violen, ninguna de las disposiciones legales a él aplicables”, todo lo cual revela la importancia que en los órdenes social y económico se reconoce —de antaño— a la actividad de intermediación financiera, que por involucrar recursos ajenos, más concretamente los del ahorro privado, demandan de quienes a ella se dedican, una carga especial de diligencia en la atención de los asuntos que le son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos, que amén de poner en peligro la estabilidad económica de la institución misma y de la Nación toda, tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza pública en un servicio en el que, se itera, existe un interés general.

Desde esta perspectiva, la diligencia exigible a las instituciones financieras no es apenas la que se espera de un buen padre de familia, referida por tanto a los negocios propios, sino la que corresponde a un profesional que deriva provecho económico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un interés público. Con otras palabras, a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva” (Sent. Cas. Civ. ago. 3/2004, exp. 7447).

Síguese de todo ello que el tribunal, cuando despachó el asunto al amparo del artículo 882 del Código de Comercio sí cometió el desbarro que denunció la censura por ello habrá de enmendarse el yerro mediante la casación del fallo acusado.

Sentencia sustitutiva

Visto está que ciertamente, conforme se anotó en las consideraciones que preceden, el demandante estaba asistido de legitimidad para reclamar el resarcimiento de los perjuicios que le ocasionó la demandada a consecuencia del pago irregular de los cheques fiscales 7134857 y 9439144, por las sumas de $ 20.633.462.64 y $ 28.396.383.12, respectivamente, los cuales habían sido girados a su favor por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ‘ICEL’, porque en todo caso, el pago irregular de esos efectos de comercio le generó un agravio.

A ello, hay que añadir que el banco demandado incurrió en un proceder negligente, configurativo de culpa, pues sin mayor esfuerzo puede concluirse que a pesar de las expresas y contundentes previsiones impuestas en los artículos 5º de la Ley 1ª de 1980 y 799 del estatuto tributario, pagó los referidos títulos valores a quien no era su exclusivo beneficiario.

Ese hecho, sin lugar a dudas, causó un perjuicio a la demandante, pues tan irregular proceder del demandado impidió que llegaran al patrimonio del actor unos valores ciertos y determinados que estaban representados en los dos cheques desviados, los cuales a partir de su otorgamiento y entrega, y por la voluntad unilateral del girador —aceptada implícitamente por el beneficiario que aquí reclama su importe—, representaban un crédito efectivo que hacía parte de los activos del departamento del Putumayo.

Entonces, configurados como aparecen los elementos que conducen a declarar la responsabilidad del demandado, se abre paso la indemnización rogada en la demanda, consistente en el pago de las sumas —concretas y determinadas— que están representadas en los referidos cheques, que —se insiste— fueron pagados irregularmente a quien no era su verdadero beneficiario.

Los capitales incorporados en los cheques 7134857 y 9439144, por las sumas de $ 20.633.462.64 y $ 28.396.383.12, respectivamente, deberán actualizarse a valores presentes desde la fecha en que cada uno de los títulos fue indebidamente pagado (fl. 21 cdno. 2), hasta cuando se solucione la obligación, teniendo como base para tal propósito la variación del índice de precios al consumidor. Durante el mismo periodo dichos montos devengarán intereses legales del 6% anual, todo de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala (1) .

No hay lugar a acceder a la indemnización del daño moral enunciado en la demanda, comoquiera que tal especie de perjuicio —entendido como la aflicción, el padecimiento y el dolor espiritual que pudo sufrir la gobernación del Putumayo— no es de aquellos que pueda padecer una persona jurídica, en la medida en que respecto de estas, dado su carácter eminentemente ficto, no resulta predicable la existencia de una lesión de tal naturaleza, pues tales estados de ánimo son propios exclusivamente de las personas naturales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 3 de mayo de 2002, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, proferida dentro del proceso ordinario promovido por el departamento del Putumayo contra el Banco Popular.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de agosto de 2001 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá).

2. En su lugar, se declarará civilmente responsable al Banco Popular, por el pago irregular de los cheques 7134857 y 9439144, por las sumas de $ 20.633.462.64 y $ 28.396.383.12, respectivamente.

3. En consecuencia, se condena al Banco Popular al pago de $ 20.633.462.64 y $ 28.396.383.12, sumas que habrán de ser expresadas en términos reales al momento de que se haga el pago, teniendo como base para su actualización la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha en que los pagos irregulares se efectuaron —2 de abril de 1990 y 28 de diciembre de 1989 respectivamente— y hasta cuando se atienda efectivamente la obligación, durante el mismo intervalo se liquidarán sobre dichos montos actualizados, intereses legales del 6% anual.

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Las costas de ambas instancias corren por cuenta de la parte demandada.

Sin costas en el recurso de casación debido a la prosperidad de la impugnación.

Cópiese, notifíquese y vuelva al tribunal remitente».

(1) Sentencias de 12 de septiembre de 2005, expediente 0248-02, 3 de agosto de 2004, expediente 7447; 19 de noviembre de 2001, expediente 6094; 16 de febrero de 1995, expediente 4460; y 15 de febrero de 1991, Gaceta Judicial, t. CCVIII, pág. 46.

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