Sentencia 32174 de septiembre 2 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32174

Aprobado Acta 277

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., septiembre dos de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, aplicable al presente asunto, el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de segundo grado proferidas por los tribunales superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal Superior Militar, en los procesos que se hubieren adelantado “por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años”.

2. Tratándose de fallos de segunda instancia no proferidos por los mencionados tribunales, como acontece en este caso en el cual fue dictado por un juzgado penal del circuito, o cuando la conducta punible por la cual se procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quántum punitivo señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, el inciso 3º del artículo 205 del mencionado estatuto procesal faculta a la Corte para admitir discrecionalmente la demanda de casación, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.

3. Cuando se acude a la casación excepcional, el demandante debe cumplir dos exigencias: (i) demostrar que la intervención de la Corte es necesaria para la protección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, y (ii) presentar una demanda que cumpla las condiciones mínimas de forma y contenido requeridas por la ley y la lógica casacional para su estudio.

4. En el primer evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que se hace necesario que el recurrente exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.

En relación con la casación discrecional compete al libelista expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.

Y si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.

5. Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación, de manera que si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.

6. Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance interpretativo de alguna disposición, o la unificación de posiciones disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que jurisprudencialmente no ha sido suficientemente desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de interpretación con criterios de autoridad(1).

7. La segunda condición presupone cumplir con los requerimientos mínimos de forma y contenido señalados en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, a saber: (i) identificación de los sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (ii) resumen de los hechos y de la actuación procesal, y (iii) demostración del cargo, exigencia que implica señalar la causal invocada, las normas procesales y sustanciales transgredidas, y las razones del reparo, todo dentro del marco de los principios que rigen la casación y la lógica de la causal planteada.

8. Así entonces, el recurrente no asumió previamente la demostración de que existía uno o los dos motivos que hacían procedente esa vía discrecional, porque en relación con la necesidad de protección de los derechos fundamentales de la parte civil ni siquiera precisó la garantía transgredida, las normas constitucionales que la protegían y menos demostró su desconocimiento en el fallo, y respecto del segundo motivo desatendió el deber de indicar si es que sobre la conducta punible de lesiones personales culposas existe algún vacío, la necesidad de unificar posiciones encontradas en la doctrina de esta corporación, la actualización de la jurisprudencia sobre nuevas realidades fácticas y jurídicas, como tampoco trató la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al suceso juzgado y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, limitándose en forma genérica a criticar la sentencia absolutoria de segunda instancia proferida a favor del procesado con el propósito de que se obtenga la indemnización de perjuicios sin ninguna precisión sobre los motivos que viabilizan la casación excepcional.

9. No obstante estas falencias, de por sí suficientes para desestimar el acceso a la casación discrecional, al recurrente no le asiste razón en la fundamentación y la manera de exponer los dos cargos formulados contra la providencia recurrida, por lo siguiente:

9.1. El impugnante omitió tener en cuenta que cuando se invoca la violación indirecta de la ley sustancial —causal primera, cuerpo segundo, artículo 207 Ley 600 de 2000; numeral 3º, artículo 181, Ley 906 de 2004—, el recurrente debe concretar cada uno de ellos, si de derecho o de hecho, la prueba o pruebas sobre las que recae y demostrar su trascendencia o incidencia en la transgresión de la ley.

Si se trata de un error de derecho, el cual entraña la apreciación material de la prueba por el juzgador, quien la acepta no obstante haber sido aportada al proceso con violación de las formalidades legales para su aducción, o la rechaza porque a pesar de estar reunidas considera que no las cumple (falso juicio de legalidad); también, aunque de restringida aplicación por haber desaparecido de la sistemática procesal nacional la tarifa legal, se incurre en esta especie de error cuando el juez desconoce el valor prefijado a la prueba en la ley, o la eficacia que esta le asigna (falso juicio de convicción).

Si el yerro es de hecho, le corresponde indicar la modalidad y especie del mismo, es decir, esta clase de errores se pueden presentar cuando el juzgador se equivoca al contemplar o valorar el medio, bien porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso, ora porque la supone existente sin estarlo o se la inventa (falso juicio de existencia); o cuando no obstante considerarla oportuna y legalmente recaudada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella (falso juicio de identidad); o, porque al apreciar la prueba transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, esto es, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria —existente en el trámite de este asunto— (falso raciocinio).

Cuando el reparo se dirige por error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición de prueba, es deber del casacionista demostrar el yerro mediante la indicación correspondiente de la sentencia donde se alude a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por omisión de prueba, le compete concretar en qué parte de la actuación se ubica esta, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar el sentido del fallo.

Si lo pretendido es denunciar la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, el recurrente debe señalar qué en concreto dice el medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y lo más importante, la trascendencia del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia.

Y si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los principios de la sana crítica, se debe precisar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y de qué manera; y, finalmente, demostrar la consecuencia del desacierto indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto al impugnado.

9.2. En el cargo primero el demandante postuló errores de hecho por falsos juicios de existencia, identidad y raciocinio, en una amalgama de argumentos sobre algunas pruebas pasando de problemas de contemplación o apreciación a temas de valoración probatoria sin ninguna distinción ni trascendencia.

9.3. Sobre el falso juicio de existencia el libelista omitió señalar cuál o cuáles fueron los medios de convicción que el ad quem se inventó o ignoró. Tampoco precisó las pruebas que a pesar de haber sido tenidas en cuenta en el fallo de segundo grado se extendieron o limitaron en su real alcance, y si se trataba del desconocimiento de las reglas de la sana crítica desatendió el deber de concretar qué decía la prueba, qué infirió de ella el juzgador, cuál fue el mérito persuasivo otorgado, no señaló cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que se debió de tener en cuenta y de qué manera, y, omitió igualmente demostrar la incidencia del desacierto en el sentido de justicia declarado en el fallo.

9.4. Al estudiar el fallo proferido por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, contrario a lo sostenido por el casacionista, encuentra la Sala que el ad quem sí apreció y valoró el croquis levantado en el lugar del accidente, la declaración del agente de la policía que suscribió el anterior documento, los testimonios de Adolfo Alfredo Carrillo Carantón, de la menor Alejandra López Palomo y de la víctima Sol Hasbleidy Herrera Palomo, de cuya valoración en forma individual y en conjunto llegó a la conclusión razonada de que no existía certeza para inferir que el conductor de la buseta conducía a exceso de velocidad y que por ello, debía responder como autor responsable de la conducta punible de lesiones personales culposas porque

en la medida en que las versiones y apreciaciones, incluyendo la del agente de tránsito que realizó el levantamiento del croquis, no dejan de ser simples apreciaciones sin ningún tipo de respaldo científico o técnico; es que de una huella de frenada de la dimensión que quedó consignada en el croquis del accidente —4.40 metros, precisa la Corte—, se podría inferir lo contrario de lo concluido en primera instancia, es decir que el vehículo no iba a exceso de velocidad, justamente por lo corto de la misma.

La ausencia del experticio, no allegado ni ordenado por la fiscalía dentro de la etapa de instrucción ni solicitado en la audiencia preparatoria por ninguno de los sujetos procesales, lo que deja en duda acerca de la velocidad a la cual se desplazaba el vehículo. Esta duda, al tenor de lo establecido en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal debe ser absuelta a favor del procesado.

9.5. Antes de abordar el tema de la velocidad a la que posiblemente se desplazaba el procesado, la Sala tratará lo relacionado con el tipo penal imprudente, la concurrencia de riesgos, la posición de garante, algunas normas sobre la circulación, prohibiciones y limitaciones a peatones en particular al cruzar vías, y las circunstancias que se dieron hasta el momento en que ocurrieron las lesiones padecidas por la menor víctima, aspectos que al igual que el primero no fueron tratados con atención en el fallo impugnado.

9.5.1. Tradicionalmente se ha considerado que los accidentes de tránsito que generan lesiones o muertes deben ser considerados como acontecimientos cubiertos por una acción culposa o imprudente. Se ha entendido que el riesgo ejecutado apenas corresponde a un aumento del riesgo permitido por infracción del deber objetivo de cuidado. La Corte sobre las conductas punibles culposas, ha sostenido:

El delito culposo (como se le denomina en nuestra legislación) o imprudente (como se califica legal y doctrinalmente en otros ámbitos, por ejemplo en España) se presenta cuando se emprende la ejecución de una acción peligrosa sin ánimo de lesionar un bien jurídico, pero por falta del cuidado debido deriva en la efectiva lesión del bien penalmente protegido. El desvalor en los delitos culposos se encuentra en el incumplimiento por parte del sujeto activo de la exhortación que tiene de actuar de manera cuidadosa.

A partir de los años 30 Engish empezó a elaborar una teoría que es la que se ha terminado por imponer en torno a los delitos imprudentes y es la relativa al cuidado debido. Este comenzó a hablar del incumplimiento del cuidado debido como elemento esencial de los delitos culposos. Ese cuidado se ha venido perfilando doctrinalmente y se le ha calificado como objetivo (situaciones concretas en las que se desenvuelve el sujeto), general (porque gobierna todas las situaciones en que se infringe el cuidado debido) y normativo (porque implica la realización de un proceso valorativo). Cuando una persona actúa de manera cuidadosa, respetando todas las normas, imposible resulta afectarla en un juicio por incumplimiento del cuidado, pues el resultado ya no depende de una actitud desconsiderada del agente.

El carácter normativo del deber objetivo de cuidado obliga a mirar la categoría culpa o imprudencia en el tipo penal y no se acepta que sea estudiado en la culpabilidad pues se hace un reproche personal en el que se da una contradicción de la acción con la norma.

Una de las características que identifican y diferencian el tipo penal culposo del tipo penal doloso es la exigencia del resultado en los delitos imprudentes. Es de la esencia del juicio de imputación de una conducta imprudente que se produzca el resultado de lesión del bien jurídico, pues de no darse no hay conducta punible imprudente o culposa. Contrario sensu: la simple puesta en peligro del bien jurídico nos puede situar ante un delito doloso o ante inexistencia del delito.

Se ha tenido la teoría de la imputación objetiva del resultado como el instrumento teórico idóneo para explicar la relación que debe mediar entre la acción y el resultado, entre otros, en los delitos culposos. Reemplaza una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales, introduciendo consideraciones jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. En este marco, la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente, para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar si la acción del autor ha creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro —jurídicamente desaprobado— creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal(2). Recuérdese que el causalismo se preguntaba si la acción era la causa de un resultado, en cambio la imputación objetiva se pregunta si una relación de causalidad concreta es la que quiere ser evitada por el ordenamiento jurídico. Por ello ahora la cuestión jurídica principal no es averiguar si se presentan determinadas circunstancias sino establecer los criterios conforme a los cuales se quiere imputar determinados resultados a una persona.

Por todo lo expuesto, hoy se afirma que en el delito culposo el tipo objetivo se integra a partir de los siguientes elementos esenciales: (i) el sujeto; (ii) la acción; (iii) el resultado físico; (iv) la violación del deber de cuidado impuesto por las normas legales o reglamentarias que regulan el tráfico automotor(3); (v) la relación de causalidad entre la acción y el resultado(4); y, (vi) la imputación objetiva que debe surgir a partir de la atribución jurídica del resultado a la acción desplegada por el sujeto.

Resáltese el influjo que en el curso causal de las imprudencias y en la gradación de las mismas puede tener lugar la llamada culpa de la víctima. La concurrencia de esta última circunstancia puede llegar a exonerar de responsabilidad al autor del hecho culposo cuando la naturaleza de la misma sea de tal entidad que minimice la causalidad de la conducta desencadenante del resultado o cuando jurídicamente el resultado no pueda ser imputable a la acción riesgosa(5).

Sobre el tipo subjetivo en el delito culposo o imprudente no hay una solución jurisprudencial o doctrinal que genere consenso más teniendo en cuenta que el tipo se puede presentar en la modalidad consciente o con representación o con conocimiento y la inconsciente o sin representación o sin conocimiento, lo que motiva que las soluciones sean diferentes según se trate de una u otra modalidad de imprudencia.

Así se tiene que, para hacer referencia a la doctrina más autorizada(6), y para poner de presente las diferentes posturas que reclaman atención sobre el asunto, Roxin expone que resulta adecuado reconocer en la imprudencia consciente un tipo subjetivo que consiste en la representación de todas las circunstancias del hecho como un peligro no permitido y en la confianza en la ausencia de realización del tipo; pero en la imprudencia inconsciente falta el tipo subjetivo porque precisamente el sujeto no ha incluido en su representación los elementos y presupuestos del tipo objetivo. Struensee dice que el tipo subjetivo del delito imprudente consiste en que el que actúa conoce una porción típicamente relevante de las condiciones del resultado producido de lo cual surge según la valoración del ordenamiento jurídico un peligro intolerable (riesgo no permitido), para concluir que el injusto del delito imprudente y el injusto doloso tienen una estructura similar. Del lado hispanoamericano se tiene dicho por Zaffaroni que en el tipo culposo hay requerimientos tanto objetivos como subjetivos, pero la estructura del tipo es diferente a la del delito doloso; indica como elementos propios del tipo subjetivo del delito culposo la finalidad, la previsibilidad del resultado y la posibilidad de conocimiento o conocimiento potencial del hecho.

En el sistema jurídico colombiano a partir de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 599 de 2000, el tipo subjetivo del delito culposo surge de la exigencia de establecer que el autor tuvo la oportunidad (1) de conocer el peligro que la conducta crea a los bienes jurídicos ajenos y (2) de prever el resultado conforme a ese conocimiento(7).

9.5.2. Uno de los tópicos que permea la responsabilidad penal en los delitos culposos tiene que ver con las personas que por razones de sus deberes frente al supuesto fáctico concreto deben brindar cuidado o protección a un bien jurídico o controlar las fuentes de riesgo que puedan afectarlo.

Tal fenómeno lleva a que las personas que tengan “posición de garante” e incumplan sus deberes, a la luz del artículo 25 del Código Penal, se les puede hacer penalmente responsables.

Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo (primera hipótesis); y existe posición de garante en los casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio; mantiene una estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una actividad riesgosa con otros individuos; o crea con antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente(8).

9.5.3. Al analizar la “concurrencia de riesgos” o “concausalidad” en las conductas punibles culposas, la Sala ha resaltado que de acuerdo con dicha figura, en la realización del resultado intervienen varios cursos lesivos, los cuales pueden ser producto de la acción de un tercero o por la propia víctima, esto último en especial cuando infringe sus deberes de auto protección(9).

Frente a esa constelación de casos “existen supuestos en los que concurre, sin duda alguna, una conexión suficiente entre el riesgo inicial creado por el autor y el resultado final, y en los que esa conexión no se ve desvirtuada por una conducta de la víctima o una conducta de otro sujeto. En los supuestos en los que se trata de una conducta concurrente de otro sujeto, cuando son dos los riesgos que explican el resultado —cadena de imprudencias—, la solución es sencilla: se tratará de un supuesto de autoría accesoria, ambos sujetos responderán”(10).

Si de conformidad con los lineamientos básicos de la teoría de la imputación objetiva —como viene de verse— o de otros esquemas dogmáticos bajo la óptica del instituto de la concausalidad, en caso de confluir varios cursos lesivos del bien jurídico de un tercero la solución está orientada hacia la responsabilidad conjunta de los autores, no parece apropiada, en principio, la salida adoptada en el presente caso por el tribunal consistente en eximir de toda responsabilidad a J.L.C.R., salvo demostrarse que su conducta no tuvo conexión suficiente con el resultado producido.

En orden a establecer la conexidad entre el riesgo y el resultado producido, la teoría de la imputación objetiva ha diseñado mecanismos en la mayoría de las veces de gran utilidad para su determinación apelando a los denominados cursos causales hipotéticos, conforme a los cuales se asume que aún frente a un comportamiento diverso del autor la consecuencia en todo caso se hubiera producido, básicamente porque “un resultado no puede serle imputado al creador de un riesgo jurídicamente desaprobado si dicho resultado se hubiere producido incluso con una conducta diversa del autor”(11), problemática que conduce a confrontar esta situación con la inevitabilidad del resultado.

9.5.4. La falta de cuidado o vigilancia sobre los niños puede comprometer la responsabilidad de los padres, tutores, curadores, maestros, guardador, etc., a cuyo cargo estaba el menor que fuere arrollado por vehículo al cruzar la calzada cuando no era llevado de la mano por persona mayor, como lo ordenan los reglamentos de tránsito, punto que se tratará adelante. La fuente de esta responsabilidad dimana del artículo 25 de la Ley 599 de 2000 al disponer que la posición de garante asignada por la Constitución y la ley impone al sujeto el deber jurídico de impedir la ocurrencia del resultado típico y lo hace responsable de su acaecimiento. La norma en cita dice lo siguiente:

ART. 25.—Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.

PAR.—Los numerales 1º, 2º, 3º y 4º solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales.

9.5.5. Desde antaño ha sido preocupación del legislador la protección de los menores de edad en el ámbito del tráfico automotor, al punto que mediante Resolución 390 de 1956, por la cual se reglamentó el tránsito de peatones en las vías públicas, emanada de la Superintendencia Nacional de Transporte, en su artículo 6º dispuso:

Los niños menores de ocho años, solo podrán pasar por sitios demarcados llevados de la mano de una persona mayor(12).

En relación con la circulación peatonal(13), el artículo 57 del Código de Tránsito y Transportes (L. 769/2002), establece:

El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.

El artículo 58 del mencionado estatuto, fija las siguientes prohibiciones a los peatones:

Los peatones no podrán:

— Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en esta en patines, monopatines, patinetas o similares.

— Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito.

— Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril.

— Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.

— Remolcarse de vehículos en movimiento.

— Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.

— Cruzar la vía atravesando el tráfico vehículo en lugares en donde existen pasos peatonales.

— Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros al lado y lado del eje de la vía férrea.

— Subirse o bajarse de los vehículos, estando estos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando.

— Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.

PAR. 1º—Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con el STTMP, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello.

PAR. 2º—Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta.

Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse solo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.

El artículo 59 del Código Nacional de Tránsito y Transporte fijó limitaciones a los peatones especiales, así:

Los peatones que se anuncian a continuación deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores de dieciséis años:

— Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.

— Las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos.

— Los invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías por sí mismos.

— Los menores de seis (6) años.

— Los ancianos.

9.5.6. De acuerdo con los preceptos que se acaban de citar, los niños y niñas pueden circular libremente por las bermas y zonas verdes de las carreteras, así como por las aceras y andenes; pero cuando uno de ellos haya de cruzar una vía pública en los perímetros urbanos, deberá hacerlo acompañado por personas mayores “llevados de la mano” y el cruce deberá hacerse por los sitios demarcados zonas peatonales, si los hubiere, o por las esquinas. Esto significa que la persona mayor a cuyo cuidado está el menor (padre, madre, tutor, curador, guardador, etc.), tiene a su cargo la obligación de llevar de la mano al menor cuando este, por cualquier razón o circunstancia, vaya a cruzar la calzada.

9.5.7. En el asunto tratado, si bien la madre de la menor lesionada quien la acompañaba el día de los hechos tenía la obligación legal de velar por ella e impedir cualquier tipo de daño sobre su vida o integridad personal por el solo hecho de la relación filial que las unía, su conducta y responsabilidad no fue materia de este proceso, como tampoco la de la tía de aquella Piedad Palomo, pero sí ha de decirse que comprobado está que esta mandó a su hija Alejandra López Palomo de 12 años con su prima Sol Hasbleidy Herrera Palomo, de siete años de edad, a una vidriería para que cortaran un vidrio, sitio que si bien era cercano a su residencia (3 cuadras) las menores debían atravesar una calle de doble vía (transversal 77 B sur con calle 58) y de tráfico de vehículos tanto de servicio público como particulares.

Según las manifestaciones de la menor Alejandra López Palomo, ellas intentaron pasar la vía por la mitad, delante de unos vehículos que estaban estacionados al costado derecho de la calzada, alcanzado ella a pasar no así Sol Hasbleidy, a quien no le pudo dar la mano porque las tenía ocupadas con el vidrio y ésta fue atropellada por la buseta que pasaba en esos momentos.

9.5.8. De lo anterior se infiere la falta al deber de cuidado de quienes tenían a cargo las dos menores, porque ellas estaban en la obligación de hacerlas acompañar de una persona mayor que incluso tomara de la mano a la niña de escasos siete años de edad para que cruzara la vía en la forma como lo indican las normas que reglamentan la materia antes tratadas.

9.5.9. Además las niñas pretendieron cruzar la vía por la parte delantera de unos vehículos que estaban estacionados al costado derecho en el sentido norte-sur, el mismo de la buseta conducida por el procesado, tal como ellas lo afirmaron en sus declaraciones. Frente a este aspecto, el agente de la policía asignado a tránsito y transporte José Daniel Quevedo Díaz, cuya credibilidad reivindica el casacionista, en su testimonio al responder una pregunta formulada por la fiscalía en el sentido de que manifestara de acuerdo con su experiencia en estos casos cuál creía él que fue la causa del accidente, afirmó lo siguiente:

Pues si es como dice el conductor de que la niña salió por delante del vehículo estacionado, ahí si fue imprudencia de la niña, la frenada tiene 4.40 mts, o sea que el conductor trató de esquivar el impacto con la niña, si la niña hubiera salido por detrás del vehículo estacionado habría sido imprudencia del conductor, yo no puedo asegurar nada puesto que el vehículo como dije antes no se encontraba parqueado, claro que por la ruta que llevaba la buseta y por la distancia sí se ve que fuera a pasar un vehículo, en ese sector no hay semáforo, lo que hay es señal de velocidad de 30 km por hora, pero el conductor llevaba más de esa velocidad por la frenada y si hubiera ido a esa velocidad alcanzaba a evitar el accidente (subraya fuera de texto).

De esa primera situación, esto es, que la niña trató sola de pasar la vía de manera intempestiva además por delante de los vehículos estacionados, se estaría ante la llamada culpa de quienes estaban a su cargo que podría llegar a exonerar de responsabilidad al procesado, porque aquella, por su minoridad (7 años), aún no estaba capacitada para evaluar los peligros que se derivaban de la circulación de vehículos por las vías públicas en las zonas urbanas, pero si se demuestra que el acusado concurrió igualmente con la producción del resultado por su falta al deber objetivo de cuidado el compromiso penal sería de este como lo pretende el demandante.

10. La responsabilidad penal del procesado el recurrente la pretende derivar del aparente exceso de velocidad con el cual conducía la buseta de servicio público, aspecto que la juez de segunda instancia demeritó aplicando el in dubio pro reo al no estar demostrada a través de un experto.

10.1. El artículo 106 del Código de Tránsito y Transportes, modificado por el artículo 1º de la Ley 1239 de 2008, establece los límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales, así:

En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora.

El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora.

10.2. En cuanto a la reducción de velocidad, el artículo 74 ejusdem, prevé:

Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

— En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.

— En las zonas escolares.

— Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

— Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

— En proximidad a una intersección.

10.3. En el presente asunto no se ordenó ni practicó dictamen de experto que conceptuara sobre la velocidad de desplazamiento del acusado al momento del accidente, lo cual hubiese sido lo ideal, prueba que ninguno de los sujetos procesales solicitó ni el juez de oficio dispuso, sin embargo bien ha podido la juez de segunda instancia acudir a la doctrina que para la determinación de la velocidad con base en huellas de frenada tiene dicho:

Como dijimos atrás, cuando un vehículo en movimiento se frena totalmente, deja sobre el plano vial las huellas de la frenada, las cuales se producen por el arrastramiento de las ruedas, permitiendo su longitud determinar la velocidad del móvil.

La fórmula más usada para este cálculo la presenta Righi(14) así:

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de donde:

V es la velocidad inicial que se pretende determinar;

2 es un número fijo (una constante) resultante de cálculos mediante los cuales se ha llegado a instituir la fórmula relativa a la comprobación de la velocidad inicial. En cualquier texto de mecánica se puede profundizar este punto;

f es el coeficiente de “rozamiento” entre ruedas y suelo vial;

g es la aceleración de gravedad, o sea la variación de la velocidad en el tiempo. Por cuanto este factor se torna negativo a consecuencia de la acción de la frenada y en concurso con “f”, se habla entonces de aceleración. Al factor “g” los expertos en la fórmula, le han atribuido un valor fijo de 9,8 metros por segundo 2;

e es el espacio o sea la longitud en metros de las huellas de la frenada(15).

10.4. Si se sustituyen los valores del caso en la fórmula antes indicada, teniendo en cuenta que según el plano elaborado por el agente de policía adscrito a tránsito y transportes José Daniel Quevedo Díaz, la huella de frenada dejada por la buseta conducida por el procesado sobre el pavimento fue de 4.40 metros, se tendría:

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2 = 2 (constante)

f = 0.65 (coeficiente de “rozamiento” considerado racional en vía y capa de rodamiento en buenas condiciones).

g = 9,8 m/s2 (valor fijo de la desaceleración o aceleración de gravedad).

e = 4,40 metros (huella de frenada, en metros).

La solución de la fórmula es, por tanto, la siguiente:

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El resultado se estima en razón de metros por segundo, porque en la fórmula g se expresa en m/s y e en metros.

Para luego transformar la velocidad 7.4870554 m/s, en km/h, basta multiplicar esta medida por 3600 y dividir por 1000, porque 3600 son los segundos contenidos en una hora y 1000 los metros que integran un kilómetro.

Por consiguiente:

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10.5. Si lo anterior es así, razonablemente se infiere que el procesado Arnulfo Ardila Quiroga al momento de los hechos conducía la buseta de servicio público por sector residencial dentro del margen de velocidad permitido por la ley (30 kms/h), de manera que no le asiste razón al casacionista en la deducción de exceso de velocidad que le atribuye, y si a lo anterior se suma que aquél frenó y giró el rodante hacia su izquierda ante la aparición sorpresiva de la víctima por delante de unos vehículos automotores estacionados queriendo evitar atropellarla con la parte frontal, de ahí la limpieza hallada en dictamen técnico practicado al automotor en el costado delantero derecho de la buseta, su conducta no tuvo conexión suficiente con el resultado producido, deviene improcedente la crítica que sobre el particular el libelista le formula al fallo impugnado.

10.6. Ha de reiterarse que en el tráfico automotor la velocidad máxima autorizada es un factor que determina los límites del riesgo permitido, de donde se tiene que el exceso de velocidad supone un incremento del peligro que en caso de concretarse en la lesión de bienes jurídicos implica la posibilidad de imputar tales afectaciones al sujeto responsable de la acción que incrementó el riesgo. Y si se establece que un vehículo circula dentro del límite de velocidad permitida se ha de concluir que en tal punto no se está incurriendo en riesgos prohibidos.

10.7. El demandante cuestionó la declaración de la pasajera de la buseta Flor María Camargo Páez, reproche que surge intrascendente por cuanto esa declaración no fue tenida en cuenta por el ad quem.

11. En el cargo segundo el recurrente no atinó a demostrar cuál es el valor que la ley le tiene fijado al informe del agente de tránsito y al testimonio rendido por éste, pasando por alto que en la sistemática procesal por la cual se adelantó este asunto no existe la tarifa legal, de todas maneras estas pruebas el ad quem sí las valoró, solo que lo hizo en sentido contrario a lo querido por el censor.

12. Así, pues, y en consideración a que la demanda no cumple las exigencias mínimas requeridas para abrir paso a la casación excepcional, y la Sala no advierte violación de garantías fundamentales que deba proteger de manera oficiosa, se inadmitirá.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil.

2. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al Juzgado de origen. Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 26 de febrero de 2000, radicación 18447, entre otros.

(2) La doctrina y la jurisprudencia contemporáneas adhieren mayoritariamente a la teoría de la imputación objetiva de resultados propuesta por Roxin. Por todos, véase Tribunal Supremo Español, Sala Segunda, sentencia de 19 de octubre de 2000, Ponente: Sr. Granados Pérez y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 19 de enero de 2006, radicación 19746. Lo anterior no significa seguir los postulados de Jakobs. Una visión sobre las diferentes teorías de la imputación objetiva se puede estudiar en Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996.

(3) También se manifiesta la infracción al deber objetivo de cuidado a través del principio de confianza y el criterio del hombre medio.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 19 de enero de 2006, radicación 19746.

(5) Es el ejemplo clásico del conductor que se desplaza a una velocidad mayor a la permitida y atropella a un suicida que estaba a la espera del primer automotor que cruzara por el lugar con el propósito de poner fin a su existencia.

(6) Para más detalles véase María Inmaculada Ramos Tapia, “Sobre la imputación subjetiva en el delito de conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás”, en la Ley 5069, Madrid, martes, 6 de junio de 2000.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia mayo 30 de 2007, radicación 23157.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia julio 27 de 2006, radicación 25536.

(9) Manuel Cancio Melia, Conducta de la víctima e imputación objetiva, pág. 280 y ss. RDPCr 2ª. Época, Nº 2, 1998.

(10) Manuel Cancio Melia. Líneas básicas de la teoría de la imputación objetiva, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1999, pág. 119.

(11) Yesid Reyes Alvarado, Imputación objetiva, Bogotá, Editorial Temis, 1994, pág. 218.

(12) Nelson Mora y Alicia Franco, Accidente automoviliario, Bogotá, Editorial Temis, Segunda Edición, 1989, pág. 96.

(13) Lección 26. Las aceras. Así como la calzada es una zona de uso exclusivo de los vehículos, el peatón tiene su zona de circulación que es la acera o el andén.

Ellas están construidas para que las personas que caminan (peatones) se desplacen con seguridad de uno a otro sitio en desarrollo de sus actividades. Al andar a pie se debe utilizar la acera por seguridad y comodidad.

No utilice las calzadas, por ellas ruedan los vehículos automotores y por tanto existe peligro.

El peatón debe circular por la parte derecha de la acera, para hacer que el tránsito de personas sea más fluido. No se deben formar grupos que obstaculicen el paso y obligue a otros peatones a bajar la calzada exponiendo sus vidas.

Cómo cruzar la calle:

El peatón se ve obligado necesariamente a ocupar las zonas de circulación de vehículos (calzadas) cuando tiene que pasar de una acera a otra.

Durante esta maniobra está ocupando una zona que no es suya y por tanto deberá cruzar con máximo cuidado y permanecer en la calzada el menor tiempo posible. Para cruzar con seguridad una vía tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Cruce por las zonas peatonales. En ellas hay seguridad. Si no está demarcado el cruce peatonal, pase por las esquinas ya que en ellas hay un semáforo o una señal. Los vehículos disminuyen la velocidad al llegar a una intersección. Nunca cruce a mitad de cuadra.

2. Observe la señal del semáforo; espere a que los vehículos se hayan detenido completamente.

3. Antes de bajar la acera, mire: primero a la izquierda, luego a la derecha; si no hay vehículos aproximándose, atraviese en línea recta y en sentido perpendicular a la vía (véase Francisco Antonio Díaz Rubio y Delfín Acevedo Restrepo, Transporte, tránsito y seguridad vial L. 105/93 - L. 336/96, pág. 204).

(14) F. Righi, Ibídem, pág. 23.

(15) Carlos Alberto Olano Valderrama, Tratado técnico-jurídico sobre accidentes de circulación y materias afines, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, Tercera Edición, pág. 451.