Sentencia 32177 de abril 20 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 32177

Acta 32177

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá. D.C., veinte de abril de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, de fecha 5 de febrero de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral promovido en su contra por Army Judith Escandón de Rojas.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Corte

Como lo pone de presente la réplica, es cierto que de manera irregular el tribunal admitió que el recurso de apelación que se interpuso por el instituto demandado contra el fallo de primera instancia se sustentara dentro del término previsto en los artículos 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mas esa irregularidad no impide el estudio del cargo, pues contra esa decisión se presentó un recurso por el apoderado de la demandante, que así no fuera el procedente, significa que la cuestión fue debatida y decidida en el trámite de la segunda instancia, de suerte que no puede ser abordada por la Corte en sede de casación, con mayor razón si implica el estudio de una nulidad procesal y se plantea por la parte opositora.

Entrando al estudio del cargo y en lo que concierne con la violación del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo denunciada, importa anotar que aún cuando el análisis que hizo el tribunal de los temas propuestos en la sustentación del recurso de alzada pudo ser más completo, ello no significa que hubiese dejado de pronunciarse sobre alguno, particularmente el referente a los cambios bruscos en las sumas sobre las que se cotizó, como surge del siguiente aparte del fallo impugnado, que también transcribe el instituto impugnante:

“Ahora con respecto a la inconformidad de la entidad demandada en su escrito de apelación, con los cambios bruscos de los aportes realizados por el causante en sus último (sic) años, encuentra esta corporación que revisado el expediente, no aparece prueba alguna que la parte pasiva hubiere realizado investigación administrativa sobre el incremento variable y elevado en el ingreso base de cotización para pensión por parte del actor, situación que la sala se abstiene de estudiar por cuanto no se demostró tal hecho y de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba le incumbe a las partes, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (fl. 45, cdno del tribunal).

Es claro, así las cosas, que específicamente se refirió a la inconformidad que planteó el demandado respecto de los cambios bruscos en los aportes. Cuestión distinta es, como se dijo, que su análisis hubiese sido superficial, precario o, incluso, equivocado, pues una cosa es que omitiera pronunciarse sobre un tema materia del recurso de apelación y otra, distinta, que lo hiciera en forma deficiente.

Por lo tanto, no es dable considerar que el juzgador de la alzada infringió el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual la sentencia de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.

La controversia que se propone por vía directa es la determinación de a quien le corresponde demostrar la justificación de los incrementos extraordinarios en las cotizaciones de un trabajador independiente.

Se parte del supuesto que el afiliado cotizó sobre las siguientes bases salariales según se desprende de la Resolución 0139 de 2004, así:

Año------------ Base salarial

1995 ---------$ 6.130.000.oo

1990 ---------$ 30.250.000.oo

2001 -------- $ 46.820.000.oo

Lo que se controvierte no es el hecho de esta variación, sino a quinen le correspondía demostrar que esos cambios que los revelan como significativos son injustificados, o si simplemente son simulados a fin de obtener un derecho pensional que no corresponde con el nivel de ingresos.

El ad quem no acepta la objeción de la administradora de pensiones porque no allegó al expediente la investigación administrativa que dé cuenta sobre si el afiliado tenía un nivel de ingresos al que correspondía en las cotizaciones efectuadas.

Esta afirmación encierra una equivocación del tribunal que no advierte que quien debe justificar, que tenía unos ingresos laborales en el transcurso del periodo a considerar para el IBL eran reales y no artificiales es el afiliado mismo.

La controversia judicial se origina justamente porque el ISS liquidó el derecho reclamado con el valor promedio de las cotizaciones, creyendo ajustarse así a lo que prescribe la ley, en el sentido de que los ingresos declarados por el trabajador deben guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.

Esta decisión administrativa es controlable judicialmente y le corresponde a la parte interesada demostrar que las variaciones en su nivel de ingresos correspondía a una realidad económica y laboral; esto es, el tema litigioso se resolvía allegando al proceso las pruebas con la que demostrara que la actuación de la administradora de pensiones carecía de fundamento, que es justamente lo contrario que percibe el tribunal, toda vez que, echó de menos la ausencia de prueba y esfuerzo probatorio para acreditar la veracidad de las condiciones económicas del afiliado.

Esta Sala ya se ha pronunciado en un caso similar, en sentencia radicado 24136, así:

La correcta apreciación de los documentos que señala el cargo, lleva a la Corte a considerar, que le asiste razón al Instituto demandado cuando estimó que los cambios bruscos en las cotizaciones del afiliado independiente en el año anterior a la adquisición del derecho pensional no se encontraban justificados, pues en verdad, no se observa prueba que demuestre la sensible modificación en los ingresos del trabajador como para tomar como base para calcular el monto de la cotización una cinco veces mayor a la que tradicionalmente había declarado.

Aunque es cierto que el parágrafo segundo del artículo 20 del Decreto 1818 de 1996, en el que se apoyó el tribunal en su providencia, contemplaba la posibilidad para el trabajador independiente de cotizar una suma distinta al valor liquidado a partir del ingreso base de cotización inicialmente declarado, esta facultad debe ser entendida dentro de un marco de razonabilidad y en armonía con los principios que rigen el sistema de seguridad social en pensiones, en cuanto no puede dejarse al libre albedrío del beneficiario, al final de su vida laboral, inflar de manera desmesurada el ingreso base de cotización sin ninguna consonancia con los ingresos efectivamente percibidos, con el único fin de incrementar el monto de la pensión de vejez, porque esta como lo ha dicho la Corte en otras oportunidades, aún en el sistema de prima media, debe tener correspondencia con los aportes efectuados durante toda la vida laboral. Un entendimiento distinto llevaría a aceptar que por unas cotizaciones altas antes de la adquisición del derecho pensional, se distorsione el valor de la pensión en relación con lo que fueron los ingresos reales del trabajador, lo que a la larga rompe el equilibrio financiero sobre el cual se edifica el sistema de seguridad social.

La Sala en sentencia de 16 de octubre de 2003, radicación 21375, señaló lo siguiente: “la libertad para elevar los montos de los aportes durante períodos breves que inciden en el monto final de las prestaciones, conduciría al desequilibrio en la financiación del sistema, en el que los déficit han de ser enjugados por fondos comunes, los formados por aportes de todos los demás afiliados o del presupuesto nacional”.

Por lo demás se ha de señalar que el ingreso base de cotización para trabajador independiente, efectuados en el sub lite están regulados por los artículos 30, 31 y 32 del Decreto 1406 de 1999.

Por lo anterior prospera el cargo, y el fallo será casado en su integridad.

Dada la resulta del cargo primero, queda la Sala relevada del estudio del segundo cargo.

En sede de instancia, se revocará la decisión proferida por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Neiva, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva del fallo de casación.

Sin costas, en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, de fecha 5 de febrero de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Army Judith Escandón de Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales; en sede de instancia, se revoca la decisión proferida por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Neiva, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva del fallo de casación.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación. Las de las instancias serán a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».