Sentencia 32183 de noviembre 17 de 2009

 

Sentencia 32183 de noviembre 17 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 358

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., noviembre diecisiete de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la corte

1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados en primera instancia por los tribunales superiores que deciden sobre las solicitudes de preclusión realizadas por las fiscalías delegadas ante esas corporaciones, conforme se dispone en los artículos 32, numeral 3º, 176 y 177, numeral 2º de la Ley 906 de 2004.

2. Estima la Corte que no es posible declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por falta de motivación, debido a que el recurrente con apoyo jurisprudencial, planteó por qué había sido oportuna su solicitud de práctica de algunos elementos materiales probatorios en sede de la audiencia preliminar adelantada ante el Tribunal Superior de Ibagué el pasado 19 de junio.

3. En la referida providencia el a quo basó la decisión de rechazo de la solicitud elevada por el representante de la víctima, refiriéndose a estos temas:

3.1. La extemporaneidad de la petición probatoria del representante de la víctima.

La mencionada petición fue realizada por el representante de la víctima la realizó en la audiencia celebrada el 11 de junio de 2009, en cuyo desarrollo la Fiscalía invocó la preclusión, después de la intervención del ente acusador, según el trámite dispuesto en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004.

Para el evento se hace necesario resaltar lo tratado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, al declarar la exequibilidad condicionada del referido artículo 333, y se refirió a los derechos de las víctimas, así:

no permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad (...).

Entonces, se declararáexequible el artículo 333 en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal...

3.2. Si de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es dable que la víctima se oponga a la preclusión de la investigación, ello puede darse de manera posterior a la intervención del fiscal tras conocer las razones esgrimidas que le permitan controvertirlas bien a travésde contra argumentos y solicitudes probatorias.

En este sentido el Tribunal Constitucional expresó:

... no obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión...

3.3. Entonces, se entiende que de no permitirse la práctica de pruebas como ejercicio de oposición a una petición de preclusión, se harían nugatorios los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación debida.

El trámite de la solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas: (i) la intervención del juez de conocimiento para la adopción de la decisión; (ii) la exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté fundada en elementos materiales probatorios y evidencia física; (iii) la posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado, hagan uso de la palabra para controvertir la petición del fiscal y; (iv) que esté previsto que contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión proceda la apelación”.

3.4. De lo anterior surge el argumento que el criterio de la extemporaneidad tenido en cuenta por la primera instancia no es relevante para fundamentar la negativa de práctica de elementos materiales probatorios. Por el contrario, para el caso concreto la petición en comento debe someterse al tamiz de pertinencia, conducencia, utilidad, eficacia y necesariedad.

Según el artículo 375(1) de la ley 906 de 2004, deben ser rechazadas aquellas que no conduzcan a acreditar los aspectos fácticos o jurídicos la conducta punible de que se trate, así como las que sean prohibidas o ineficaces, versen sobre hechos notoriamente impertinentes, o sean manifiestamente superfluas, razón por la cual compete al actor señalar esos rasgos en los elementos materiales probatorios cuya aducción o práctica pretende.

3.5. Así las cosas, el representante de la víctima Orfelia Esperanza Saavedra Gaona solicitó tener para esos efectos “la copia íntegra de los procesos ordinarios laborales seguidos por Francelenny Rojas Sierra y Gladys Mahecha Sabogal tramitados en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar cuya titular es la doctora Fanny Velásquez Varón”.

Al respecto considera la Corte que si dichas actuaciones ya figuran en la actuación, inútil y superflua se comporta la petición de tenerlos como tales, resultando acertada la postura negativa del a quo, máxime cuando el recurrente —como se vio en la sustentación— no se ocupó para nada en argumentar la trascendencia de los mismos y la incidencia que podrían tener en orden a controvertir o socavar la petición de preclusión que se elevó por parte de la Fiscalía a partir de una valoración de atipicidad de la conducta.

4. La solicitud de allegar el plan metodológico desarrollado por la Fiscalía.

4.1. En relación con esta petición, es indispensable recurrir al artículo 345 de la Ley 906 de 2004, en el cual se establecen restricciones al descubrimiento de prueba, así:

Las partes no podrán ser obligadas a descubrir:

(...).

3. Apuntes personales, archivos, documentos que obren en poder de laFiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición (...).

De lo anterior se comprende que el programa metodológico al que hace referencia el recurrente y que ha solicitado se ordene su acopio, es una herramienta para la organización de la investigación y se constituye en presupuesto que orienta el desarrollo procesal olas etapas que lo integran. De esta manera lo ha entendido la jurisprudencia:

Ahora bien, para lo que interesa en este asunto, importa destacar que lo asignado al delegado ante la Corte fue la elaboración del plan metodológico, el cual, conforme al artículo 207 de la Ley 906 de 2004, implica la proyección de los objetivos de la investigación “... en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los criterios para evaluar la información; la delimitación funcional de la tareas que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados; los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos”, plan con fundamento en el cual “el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción de los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito.

En otros términos, el plan metodológico involucra ni más ni menos que la planeación de la investigación con miras a establecer la procedencia del ejercicio de la acción penal, como que es allí donde se definen las actividades que deberán desarrollar los investigadores de la policía judicial para confirmar o descartar la hipótesis delictiva, de donde surge sin ambages su importancia superlativa(2).

4.2. Puede afirmarse que el plan metodológico no puede ser objeto de descubrimiento alguno, de suerte que la invocación de su allegamiento a la actuación resulta de manera ostensible inútil e improcedente.

A mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Confirmar el auto de 19 de junio de 2009 mediante el cual el Tribunal Superior de Ibagué rechazó la solicitud de práctica de elementos materiales probatorios elevada por el representante de la víctima.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Ley 906 de 2004. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos y circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o un perito.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto única instancia, Radicación 28445, de 31 de octubre de 2007.